CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL...

Documentos CODHES No. 7

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CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS YEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

CODHES

Bogotá, diciembre de 2007

En los límites del Plan Ecuador


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El Contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a la agencia cooperante.

Caratula:

Alejandro Rojas [email protected]

Diagramación e Impresión:Ediciones Ántropos Ltda.PBX: 433 7701 • Fax: 433 3590

www.edicionesantropos.com

Impreso en Colombia

ISBN: 978-958-44-2481-6

EN LOS LÍMITES DEL PLAN ECUADOR

Marco Romero

Presidente

Jorge Rojas

Director

Alexis Ariza

Coordinación Investigacióny Trabajo de campo en Putumayo.Zully Laverde

Coordinación Investigacióny Trabajo de campo en Nariño

Marcela González González

Investigador asistente

Adriana Carrillo

Alejandra Romero

Hernán Rojas

Omar Salazar

Colaboradores.

Bibiana Ortiz

Diana Rivera

Sistema de Información sobredesplazamiento forzadoy derechos humanosSISDHES

Diciembre de 2007.


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Presentación .................................................................................. 5I. El Conflicto Armado Interno .......................................................... 11

LAS FARC ...................................................................................... 11LAS FUERZAS ARMADAS ......................................................... 15EL PARAMILITARISMO EN EL PUTUMAYO ......................... 21HOMICIDIOS Y SECUESTROS ................................................. 28TENDENCIAS Y PROYECCIÓN .............................................. 29

II. Economías del Conflicto ............................................................. 31EL PETRÓLEO ........................................................................... 31EL NARCOTRÁFICO ................................................................ 34

III. Crisis Humanitaria y Desplazamiento Forzado ............................. 41CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO ........................................... 47DESPLAZAMIENTOS MASIVOS ............................................. 53

IV. Respuesta del Estado: Políticas Públicas para la atencióna la Población Desplazada ............................................................ 57

Intruducción ................................................................................. 73I. CONTEXTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ...................... 74

Necesidades Básicas Insatisfechas ................................................... 74Cooperación Internacional en Nariño .............................................. 76Cooperación para Población Vulnerable ....................................... 76

II. INTENSIFICACIÓN DEL CONFLICTOARMADO INTERNO ..................................................................... 771. Presencia de actores armados ..................................................... 77 El riesgo por las elecciones ........................................................ 782. Cultivos de uso ilícito ............................................................... 79 ¿Los cultivos de uso ilícito en Nariño: un problema de cifras? ....... 80 Fumigaciones y erradicación manual Cultivos de Coca ............. 81

Contenido


NARIÑO EN LA ENCRUCIJADA


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1. Las fumigaciones continúan ........................................................ 822. Incremento de las acciones armadas .......................................... 833. Rearme Paramilitar .................................................................... 844. Aumento de los homicidios en el departamento ........................ 85 Criminalidad en Tumaco .............................................................. 86

III. DESPLAZAMIENTO FORZADOY CRISIS HUMANITARIA .......................................................... 881. El desplazamiento forzado en Nariño durante los últimos años ............................................................ 88 Tendencias del desplazamiento forzado ..................................... 89 El desplazamiento transfronterizo ............................................... 90 Fumigaciones y Desplazamiento ................................................ 90 Los desplazamientos masivos ....................................................... 922. La situación de vulnerabilidad del Pueblo Awá frente al conflicto armado ........................................................... 933. La situación de la Cordillera y el drama de las minas antipersonales ........................................................ 94 El caso de Samaniego ............................................................... 964. Política Pública y Respuesta Institucional ................................. 96 El Plan Integral Único de Restablecimiento –PIUR ................. 101

CONCLUSIONES .......................................................................... 103

Anexos ......................................................................................... 105


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No es fácil la situación de Colombia en el vecindario. Las relaciones políticascon Venezuela están afectadas por un duro enfrentamiento entre los presi-dentes tras la abrupta decisión del gobierno colombiano de suspender la me-dición del gobierno bolivariano para un acuerdo humanitario, mientras quelas relaciones con Ecuador siguen girando alrededor de los impactos delconflicto armado y de las fumigaciones de cultivos de coca en la frontera.

Las relaciones con Venezuela motivan la convocatoria de emergencia de laComisión Asesora de Relaciones Exteriores y absorbe buena parte de laagenda diplomática colombiana, mientras que en la frontera sur persistenfocos de tensión no resueltos que, pareciera, merecen menos atención porparte del gobierno nacional.

Según el Ministro de Defensa del Ecuador, su país no limita en el nortecon Colombia sino con las guerrilla de las FARC y el ELN y esta duraafirmación refleja el nivel de afectación y preocupación de su gobierno porlos impactos de la guerra irregular colombiana que se hacen visibles en laaspersión aérea de cultivos de uso ilícito en la frontera, el uso indebido desu territorio por parte de los actores armados, el desplazamiento continuode población y el incremento de las solicitudes de asilo.

Para Ecuador el conflicto es una amenaza externa que el gobierno colom-biano intenta minimizar con argumentos como la reducción de cultivos decoca y amapola en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, laextinción del paramilitarismo y la derrota estratégica de las guerrillas. Noobstante, estas afirmaciones reiteradas tienen poca credibilidad en el veci-no país y en las zonas fronterizas del conflicto armado en donde la gentepadece los impactos de la guerra.

Por estas razones, el gobierno del presidente Rafael Correa propuso un pro-grama de acciones sociales, derechos humanos y seguridad en las cincoprovincias ecuatorianas que rodean la frontera con Colombia (Carchi, Su-cumbíos, Esmeraldas, Imbabura y Orellana) bajo el nombre de Plan Ecua-dor, para intentar una atención integral a las comunidades de ambos paísesque habitan la zona limítrofe y con la intención de mitigar los impactos delconflicto armado colombiano en su territorio.

Presentación


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Este Plan Ecuador debe ser objeto de un juicioso estudio por parte del go-bierno y la sociedad colombiana que no deberían minimizar ni, muchomenos, menospreciar el esfuerzo del vecino país para enfrentar una reali-dad de abandono y pobreza, agravada por la amenaza cierta que provienedel país del norte.

Reducir las relaciones con Ecuador a la aplicación de la fase dos del PlanColombia, sin evaluar los resultados e impactos de la aplicación de estaestrategia entre los años 2000 y 2007, puede prolongar y agravar la tensiónbinacional antes que resolver las causas que la motivan. El Plan Colombiasigue siendo una estrategia de guerra de los gobiernos de Colombia y deEstados Unidos cuyos resultados en términos de paz, democracia, supera-ción del narcotráfico y fortalecimiento de la justicia son controvertidos poruna realidad de violencia, mafias e impunidad en diversas regiones del país.Cinco años después de implementación de esta estrategia de cooperaciónentre Estados Unidos y Colombia se diseminaron los cultivos de uso ilícitoen el sur y el oriente del país y se fragmentaron los carteles de la droga, detal manera que se garantiza la producción de drogas para abastecer la de-manda. El conflicto armado se extendió en forma dramática hacia Nariño,convertido hoy en un laboratorio de guerra y ahora se mueve hacia los de-partamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, mientras que la guerracontinúa en Caquetá, Guaviare, Tolima, Meta, Huila y Putumayo, epicentrodel llamado Plan Patriota, ahora conocido como Plan Consolidación. Por lomenos 1.200.000 personas fueron expulsadas de sus territorios en este pe-ríodo, en el que el desplazamiento adquirió la dimensión de crisis humani-taria. Justicia, desarrollo y democracia, siguen siendo referentes retóricosen la zona de frontera con Ecuador.

Es evidente que en la frontera colombo-ecuatoriana confluyen hoy dosmodelos distintos de seguridad, dos procesos diferentes de desarrollo y unasituación conflictiva, con altos niveles de violencia, que deberían ser abor-dados de manera franca por los dos gobiernos en la mira de construir unaagenda binacional antes que profundizar las diferencias.

Para ello, es necesario que el gobierno de Colombia admita que su conflictointerno es un factor que perturba las relaciones y afecta cualquier procesode integración regional y sub regional y que se requiere de propuestas inte-ligentes antes que echar más gasolina al fuego.

El énfasis debería estar puesto en un Plan Binacional concertado con lascomunidades que incorpore la erradicación manual de cultivos de uso ilíci-to, planes de desarrollo alternativo, inversión social, plena vigencia de losderechos humanos y fortalecimiento de la institucionalidad democráticalocal. Tal vez estos sería más efectivo para combatir a las guerrillas, des-mantelar de verdad el paramilitarismo y reducir los efectos perversos delnarcotráfico y el conflicto armado en el cordón fronterizo


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Para contribuir a la construcción de una agenda común es necesario cono-cer la realidad del conflicto en la frontera común. Este documento recogeuna observación sobre la evolución del conflicto armado en los departa-mentos fronterizos de Nariño y Putumayo, sus tendencias e impacto sobrela población civil, la dimensión y magnitud de una crisis humanitaria y dederechos humanos no superada y sobre las respuestas institucionales y so-ciales para enfrentarla.

Así mismo, transcribe el Plan Ecuador, para que su divulgación y análisisen Colombia contribuya a promover un diálogo binacional entre las or-ganizaciones sociales, no gubernamentales, Iglesia y academia, para iden-tificar esfuerzos y definir estrategias que ayuden a superar el conflictoarmado y la crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera delos dos países y promueva otras formas de integración y desarrollo. EnColombia asumimos que hacia el sur occidente limitamos con el PlanEcuador y que la frontera puede ser un escenario de paz y solidaridadentre los dos pueblos.

Esta publicación contó con el apoyo de Paz y Desarrollo de Canadá. Elinforme de investigación sobre Putumayo se realizó gracias al conveniosuscrito entre CODHES y la Agencia de Cooperación Española AECI. Elinforme de investigación sobre el departamento de Nariño se hizo en elmarco del proyecto de fronteras que adelanta CODHES con el ConsejoNoruego para Refugiados. A estas agencias expresamos nuestro públicoagradecimiento por su apoyo. CODHES es responsable del contenido deesta publicación que no compromete en ningún momento a las agenciasdonantes.

CODHES


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Las

otras

fronteras

del

Putumayo:

Informe sobre conflicto interno armado,crisis humanitaria y desplazamiento forzadoen el departamento del Putumayo.


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I. El conflicto armado interno

“A finales de junio pasado (2005), tras el ata-que de las FARC contra la base militar de Tete-yé, que dejó 22 militares muertos, el presidenteÁlvaro Uribe anunció el aumento del pie de fuer-za en el Putumayo. El Gobierno informó que4.600 soldados de un batallón energético y vialse concentrarían en la protección del OleoductoTrasandino y que dos brigadas móviles, ademásde los soldados de la brigada 27 y de los milita-res de la Fuerza de Tarea Conjunta, serían des-tinados a la lucha contra los frentes de las FARC.Seis meses después, el balance no es positivo”

LAS FARC:

Desde su entrada en el departamento en la década de los 80 -cuando paula-tinamente fueron ocupando los territorios dejados por los entonces gruposguerrilleros M-19 y EPL tras sus respectivos procesos de desarme- las FARChan adoptado una estrategia de control territorial significativo en la región,bien a través de la inserción en el tejido social en las zonas rurales pormedio del control de las dinámicas alrededor de los cultivos de uso ilícito,o bien a través del amedrantamiento de los campesinos y el desarrollo deacciones armadas relacionadas con atentados contra la infraestructura yhostigamientos contra las diferentes formas de presencia Estatal en el De-partamento.

El frente 32, el de mayor tradición en la región, inicialmente se asentó através de las actividades ilícitas alrededor de la economía petrolera propiade las zonas donde se lleva a cabo este tipo de explotación, la colonizacióny la ubicación alrededor de la frontera con el Ecuador. Posteriormente, yaentrados en una dinámica de expansión y fortalecimiento armado a travésde la financiación de las redes del narcotráfico y la economía de la coca seasentarían en el medio y bajo Putumayo en los municipios del Valle delGuamuez (La Hormiga), Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guz-mán, Mocoa y Puerto Garzón. Simultáneamente y de forma paulatina,fueron haciendo presencia los frentes 48, 2, 13, 14, 15 y 491.

1- Vicepresidencia de la República: Observatoriodel Programa Presidencial de Derechos Huma-nos y Derecho Internacional Humanitario. «Pa-norama Actual del Putumayo». Septiembre de2000.


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Para inicios de la primera década del siglo XXI, Las FARC, en el marco de susactividades financieras, ya se encontraba ejerciendo la presión que hasta hoypesa sobre los diversos grupos sociales vinculados con las diferentes formasde economía ilícita en la región. Si se tiene en cuenta que para esta época elDepartamento del Putumayo poseía casi el 41% de la superficie de cultivosde coca del país (66.022 Hectáreas registradas a Agosto de 2000 en el Depar-tamento, de 162.510 registradas en todo el país durante el mismo período2) esposible comprender, por lo menos de manera inicial, el importante aporte queel narcotráfico tuvo, e incluso al día de hoy tiene, en las dinámicas financierasde las FARC, así como en la economía “subterránea” de la región3.

De acuerdo al trabajo de campo, las fuentes oficiales y de los datos arroja-dos por el seguimiento a prensa del Sistema de Información SISDHES deCODHES, durante el 2006, las FARC, en el departamento del Putumayorealizaron, entre otras acciones, alrededor de 39 ataques contra la pobla-ción civil y bienes protegidos (incluidos entre estos la voladura de 4 puen-tes), 9 ataques a la infraestructura eléctrica de la región y 65 ataques ala infraestructura petrolera, estos últimos, particularmente en los muni-cipios de Orito, Puerto Caicedo, San Miguel y Valle del Guamuez4. De igualmanera, fueron atacados entre 225 y 356 vehículos civiles (8 de ellos depasajeros y 6 de carga); realizados 32 ataques contra la fuerza pública,fundamentalmente en los municipios de Puerto Leguízamo, Villa Garzón,Valle del Guamuez, Puerto Asís7; y reportados 17 retenes ilegales, cifraque corresponde al 27% del total nacional8.

En los primeros días del mes de enero de 2006, en la vereda Carrizal delmunicipio de Santiago, volaron tres torres de energía, dejando sin el sumi-nistro de luz a las 3 cuartas partes del Departamento, hecho que sumado a lavoladura de una torre de baja potencia en el municipio de Orito, y a lasvoladuras realizadas a finales de diciembre de 2005 que dejaron sin fluidoal municipio de Puerto Asís, y a las poblaciones de Orito, La Hormiga,La Dorada y San Miguel, terminaron por dejar sin energía eléctrica 9 delos 13 municipios del departamento.

“(…) El 31 de diciembre pasado, las FARC volaron ocho pozos petrole-ros y dejaron sin luz al bajo Putumayo. Unos días después, hicieron lomismo con varias torres de energía (…) Además, dinamitaron dos puen-tes, hostigaron al poblado fronterizo de San Miguel e intimidaron altransporte público, impidiendo que sus cerca de 1.000 vehículos salie-ran a prestar el servicio. El comercio y los transportadores se quejan depérdidas millonarias en plenas fiestas, aunque la gente intentó salir acelebrarlas pese a la adversa situación. La Policía prometió elevar supie de fuerza en 2.000 hombres; el Ejército anunció que traería tropa deotras zonas y blindados de Departamentos vecinos”9.

“El año 2006 comenzó con un nuevo ataque de la guerrilla de las FARCa la infraestructura petrolera en el departamento del Putumayo; en esta

2- Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y elDelito, «Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca»,Junio 2006.3 - Estos aspectos serán revisados con mayorcuidado en el siguiente capítulo.4- Vicepresidencia de la República, Situación deDerechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario. Informe 2006.5- Ibíd. Vicepresidencia de la República, de acuer-do a esta fuente 8 de ellos de pasajeros y 6 decarga6- De acuerdo a las entrevistas realizadas du-rante el trabajo de campo.7- Fundación Seguridad y Democracia, BalanceSeguridad 2006. Diciembre 21 2006.8- Ibíd., Fundación Seguridad y Democracia.9- El Tiempo, «Qué pasa en el Putumayo?» Ene-ro 10 2006, el subrayado es nuestro.


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ocasión en inmediaciones a la localidad de Orito, donde hay un com-plejo petrolero, los insurgentes activaron cargas explosivas contra va-rios pozos, causando el derrame del crudo sobre los ríos Guamuez yPutumayo. Este evento plantea de nuevo cuestionamientos acerca de lasituación de seguridad en este departamento y en especial sobre la ca-pacidad de la Fuerza Pública para evitar este tipo de acciones de sabo-taje por parte de la subversión”10.

“Tres explosiones en una de las torres de la línea de Jamundino, veredaEl Carrizal del municipio de Santiago, en límites con Nariño, dejaronsin luz a más de medio Departamento. Ahora son ocho municipios losque están en penumbras. Puerto Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel yPuerto Caicedo, que habían quedado a oscuras desde Año Nuevo, otravez vuelven a sacar sus velas y las plantas eléctricas. A estas poblacio-nes se sumaron Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán, que el año pasa-do vivieron una situación similar por otro atentado”11.

También en las primeras semanas de enero de 2006, fueron volados lospuentes sobre el río San Lorenzo, y el río Cuembí, entre el corregimiento dePuerto Vega y la vereda La Carmelita, en zona rural de Puerto Asís; asícomo tres tramos del oleoducto Trasandino en las veredas La 35, La 29 y LaTesalia.

“(…) Guerrilleros de las FARC volaron ayer un puente sobre el río Cu-embí, entre el corregimiento de Puerto Vega y la vereda La Carmelita,en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Según el gobernador FabiánBelnavis, el nuevo hecho “afecta el transporte de crudo, porque allí hayuna petrolera, y las comunicaciones”. El Ejército mantiene combatescon la guerrilla en el medio y bajo Putumayo12.

“Tres personas resultaron heridas luego de un hostigamiento del frente48 de las FARC al municipio de San Miguel, en el bajo Putumayo, infor-mó la Policía departamental. El ataque, que terminó alrededor de las 2de la mañana de ayer, habría alcanzado algunos tramos del oleoductoTrasandino. Este municipio, La Hormiga y Puerto Asís siguen sin ener-gía tras la voladura, el pasado viernes, de dos torres”13.

A Mediados de junio de 2005, en la zona rural del municipio de San Fran-cisco compañías del Ejército desactivaron una carga explosiva, que miem-bros de las FARC habían instalado en la base de la torre de conducciónenergética No 100.

A finales de Julio, se registraron combates entre miembros de la XVII Bri-gada del Ejército y guerrilleros de frente 32 las FARC en inmediaciones deOrito, cuando intentaban instalar cargas explosivas a lo largo de variostramos del oleoducto que recoge el crudo de campos petroleros como ElToroyaco y del Cidral. De acuerdo a la prensa, durante los enfrentamientosmurieron dos subversivos.

10- Fundación Seguridad y Democracia, «Los Ata-ques al Putumayo», Enero 12/2006.11- El Tiempo, «La luz no le duró ni un día aPutumayo», Enero 5/2006.12- El Tiempo, «Breves Nación» Edición Bogota,Enero 11/2006.13- El Tiempo, «Medidas por Masacre en el Naya»Febrero 2/2006.


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En los primeros días de Agosto, en el sector de El Jauno, localizado entre losmunicipios de Villagarzón y Mocoa, miembros de las FARC derribaron unatorre de energía, que, nuevamente dejó sin servicio de luz a los municipiosde Orito, San Miguel, Valle de Guamuez, Puerto Asís y Puerto Guzmán.

En Octubre, en la vía que de Puerto Asís conduce al sector conocido comoKilili, la Policía del Departamento del desactivó un artefacto explosivo quehabía sido instalado por este grupo irregular.

Tras triangular nuestras diversas fuentes14, la presencia en el departamento,o por lo menos el reporte que sus acciones se han presentado, en el últimoaño, de manera aproximada, puede establecerse de la siguiente forma:

Frente 48: rivera del río SanMiguel (Orito, Valle delGuamuez, Puerto Asís, SanMiguel y Leguízamo), loslímites del Departamentocon el Caquetá y la fronteracon el Ecuador.Frente 32: Orito, PuertoCaicedo, Villa Garzón yPuerto Guzmán. Frente 13: Puerto Guzmán,Mocoa moviéndose entre el

Departamento, y las inmediaciones de Santa Rosa y el Piedemonte del De-partamento del Cauca.Frente 2: Alto Putumayo (Santiago) teniendo que desplazarse paulatina-mente hacia el Departamento de Nariño frente a la presión ejercida por elejército.Frente 49: Aunque operan fundamentalmente en el Departamento del Ca-quetá, tienen incidencia en piamonte-Puerto Guzmán

Este control territorial, además estaría acompañado de diferentes formas depresión a la población civil, particularmente en las zonas rurales del depar-tamento, que incluye el establecimiento de cuotas para cada una de las fasesdel proceso del cultivo y comercialización de la coca (de acuerdo al númerode hectáreas cultivadas, por la producción y cultivo de la hoja, el estableci-miento de laboratorios propios y el cobro de dineros por la protección delaboratorios foráneos, por la seguridad de las aeronaves y del transporte víafluvial); el control de las vías y las posibilidades de movilización en laregión; y la generación de amenazas que conllevaron a desplazamientosforzados de funcionarios públicos y políticos que de alguna manera entra-sen en contravía contra su proyecto, más que político, centrado, a estasalturas de la historia en las redes del narcotráfico en el departamento y laregión occidental del país.

14- Entrevistas realizadas durante el trabajo decampo, respuestas a derechos de petición en-viados a las diferentes entidades territorialescomo parte de la estrategia de recopilación deinformación en la fase inicial del proyecto; análi-sis de prensa y de hechos acontecidos duranteel 2006 en el Departamento, y los documentosdesarrollados por la Defensoría del Pueblo, la Vi-cepresidencia de la República, y el equipo PIUdel Putumayo,


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Vale decir que ninguna de estas situaciones es nueva en el departamento.Varias de las entrevistas desarrolladas en el trabajo de campo revelan queel Putumayo, por lo menos en los últimos 20 años ha sido del control deeste grupo irregular. Que sus acciones no solamente se limitan a lo military al desarrollo de las actividades propias del narcotráfico, sino también,tal vez en parte frente a la necesidad de reestablecer su asentamiento en eltejido social, al desarrollo de formas organizativas especialmente en laszonas rurales

A pesar de la poilítica gubernamental de sustitución de cultivos, fortaleci-miento de las fuerzas armadas en la región, y las diferentes formas de fumi-gación, las FARC siguen ejerciendo un control importante de las dinámicaseconómicas y sociales del Putumayo.

LAS FUERZAS ARMADAS:

“A raíz de las movilizaciones sociales de granmagnitud que tuvieron lugar entre 1996 y 1998,concentradas en el reclamo de intervención es-tatal para atender las necesidades de una eco-nomía campesina que no encontraba salida porfuera del cultivo de la coca, el Estado se com-promete con las demandas campesinas y preten-de reforzar su presencia en un territorio fuerte-mente disputado por los actores armados” 15.

Como respuesta a los hostigamientos de las FARC en los últimos años, asícomo frente al tema de orden público, la reacción fundamental por parte delEstado -en el marco del Plan Patriota- ha consistido en un aumento signifi-cativo en el pié de fuerza por parte de las fuerzas armadas, contando con lapresencia en el Departamento de múltiples batallones y brigadas entre lasque se destacan la de la Vigésima Séptima Brigada y el Batallón de ASPCNo.27 “Simona de la Luz Duque de Alzate” en el municipio de Mocoa, elBatallón de Infantería No. 25 “General Roberto Domingo Rico Díaz” enVillagarzón, el Batallón de Infantería de Selva No. 49 “Sl. Juan BautistaSolarte Obando” la zona de La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo, elBatallón de Contraguerrillas No.59 “Mayor Bayardo Prada Ojeda” y la Bri-gada Móvil No13 en el corregimiento de Santana, el Batallón de Plan Espe-cial Energético y Vial No. 9 «Gr. José Maria Gaitán» en el municipio deOrito, y el Batallón Plan Especial Energético Vial No.11 “Ct. Oscar GiraldoRestrepo” en Puerto Asís16.

15- Comité Técnico Gobernación del Putumayo,RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIUpara la Atención a la Población en Situación deDesplazamiento por la Violencia en el Departa-mento del Putumayo, 2005. Pp1016- http://www.ejercito.mil.co/index.php


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“Entre las seis de la tarde y las cinco de la mañana no circularán vehí-culos en las carreteras del Putumayo, especialmente en el sector PuertoAsís-Santa Ana. (…) La decisión fue adoptada por el presidente ÁlvaroUribe, luego de la realización de un consejo de Seguridad en el Depar-tamento del Putumayo. La restricción también cobija la circulación noc-turna por las aguas del Putumayo, y otros afluentes, con el fin de prote-ger a la población civil de los ataques de la subversión. El Mandatariosostuvo que el desplazamiento entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 dela tarde será organizado por el Ejército y la Policía Nacional en cara-vanas, para impedir que los terroristas incineren los vehículos. Estarestricción se suma a la de Puerto Triunfo-Medellín y Sincelejo-Carta-gena. También hay restricción en otras vías secundarias”17.

“El presidente Uribe decidió prohibir el tránsito vehicular y fluvialen el Putumayo, desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., para preser-var la vida de los ciudadanos, sus bienes y restringir el movimiento dela subversión. El desplazamiento nocturno será organizado por lasFuerzas Armadas en caravanas, para evitar que las FARC “incinerenvehículos”18.

Este aumento, a la vez se ha visto reflejado en una mayor presencia porparte del Ejército en las zonas viales, las torres de energía, la periferia deloleoducto, las zonas de explotación petrolera, las áreas rurales de los dife-rentes municipios, y, particularmente las cabeceras municipales.

Durante el 2006, en materia de operaciones militares, las fuerzas armadasbuscaron generar formas de trabajo que les permitieran detectar anticipada-mente los posibles intentos de agresión contra la infraestructura del Depar-tamento, aspecto que permitió entre otras acciones, la desactivación de porlo menos 9 campos minados, y 11 artefactos explosivos a lo largo del año19,y en este sentido, logrando un avance significativo en materia de recupera-ción de las carreteras principales de la región, y en lo relacionado a protec-ción, en un sentido amplio de la palabra. Sentido que, de acuerdo a lassecuelas que traería frente a la población civil, en todo caso obliga a re-flexiones desde distintos niveles.

“Después de un consejo de seguridad realizado el miércoles en PuertoAsís, el ministro dijo que se realizarán pruebas científicas para detec-tar a las personas que han manipulado explosivos (absorción atómica).El objetivo es detener la escalada de atentados terroristas que han con-vertido a ese Departamento en el más afectado por los ataques contrala infraestructura petrolera y en el segundo más golpeado por la vola-dura de torres eléctricas, después de Antioquia. Las reacciones a lamedida, que se aplicaría especialmente en el medio y bajo Putumayo,no se hicieron esperar. Aunque el Ministro de Defensa reiteró ayer quelos procedimientos no serán indiscriminados y que en todo caso estarána cargo de la Fiscalía y se harán con orden judicial, algunos sectoresexpresaron su temor por un eventual repunte de las capturas masivas”20

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17- El Tiempo, «Suspenden trafico nocturno envías y ríos del Putumayo», Enero 7 200618- El Tiempo, «Uribe acepta Incursión en Ecua-dor», Enero 2 200619- Ver Anexo 1: Bitácoras de Prensa.20- El Tiempo, «Pruebas para rastrear uso deexplosivos en Putumayo no serán indiscrimina-das», Marzo 17 2006


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Desde una lectura inicial, poco prevenida y sin mayores grados de críticalos resultados arrojados por estas acciones pueden resultar bastante signifi-cativos: más de 19 allanamientos a campamentos, laboratorios y caletasde las FARC, más de 150 presuntos guerrilleros detenidos y un aproxi-mado de de 80 dados de baja en combates, de acuerdo a los diferentesmedios de comunicación; una reducción del 40% en materia de atenta-dos contra infraestructura energética con relación a 200521, del 6% enmateria de homicidios22, del 37% en actos de terrorismo23 y la publica-ción de comunicados y reportes por parte de los miembros del gobierno,incluido el Presidente, sobre los avances logrados en materia de seguridaddemocrática son muestra de esta tendencia:

“Los primeros resultados se dieron en el marco de la operación “Ejem-plar 1”, donde soldados del Batallón Contra el Narcotráfico No.2 “Co-yaimas”, sostuvieron combates contra un reducto de la cuadrilla 48 delas FARC, en la vereda Puerto Colombia, área general del corregimien-to de Teteyé en el Departamento de Putumayo, allí fue dejado fuera decombate un antisocial perteneciente a mencionada cuadrilla, a quien sela hallo en su poder un fusil AK-47, 140 cartuchos calibre 7.62 para Ak-47, 4 proveedores, un chaleco porta proveedores, un equipo de campa-ña y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Posteriormente en desarrollo de la misma operación fue desmanteladoun campamento perteneciente a la cuadrilla 48 de las FARC, en el sitioconocido como San Miguel jurisdicción del Municipio de San Miguel,en el Departamento del Putumayo, las edificaciones contaban con doscambuches con capacidad para albergar a 30 terroristas, dos puestosde enfermería, un comedor, dos ranchos adecuados para cocinas, doseconomatos, un deposito de almacenamiento, dos casas que eran utili-zadas como alojamiento de los cabecillas, una estructura adecuada comoguardia, un polígono, 5 canchas para polígono y 10 fusiles de madera.”24

“En últimas horas efectivos del Ejército Nacional, neutralizaron un aten-tado que pretendían realizar guerrilleros de las FARC en el Departa-mento del Putumayo, dando de baja al subversivo que planeaba ejecu-tarlo. El comandante de la Vigésima Séptima Brigada, Coronel NicolásYara Serrato, quien dirige personalmente las operaciones, señaló queen desarrollo de la operación ‘Espoleta II’ soldados del Batallón deInfantería No.25 ‘Roberto Domingo Rico Díaz’ dieron de baja a un te-rrorista de las FARC cuando pretendía dinamitar la torre de energía 59localizada en la vereda El Cascajo, jurisdicción del municipio de San-tiago (Putumayo). El terrorista, aún sin identificar portaba una grana-da de fragmentación, dos artefactos explosivos tipo cono, 50 kilos depentonita y 20 metros de cordón detonante. El delincuente muerto encombate pertenecía a las estructuras urbanas de las FARC, desempe-ñándose como uno de sus cabecillas”25.

“Unidades antiterroristas del Ejército Nacional, ocuparon y destruye-ron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides, al tiempo que

21- De 15 a 9, Según el Programa Presidencialde Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario.» Ataques contra InfraestructuraPública». http://www.derechoshumanos.gov.co/obser v ato r io / ind i cador es/2006/ in f r a-estructurapublica.pdf22- 404 en el 2005 vs 381 en 2006 según elreporte 2006 sobre la situación en DDHH y DIHde la Vicepresidencia de la república.23- 62 en el 2005 vs 39 en 2006, Ibíd.24- Agencia de Noticias del Ejército, Desman-telado Campamento de las FARC, 25 de diciem-bre de 2006 http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=18858925- Agencia de Noticias del Ejército. ANE, 26 deenero de 2006


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retuvieron a seis presuntos miembros de las FARC que se dedicaban alproceso de la hierba, en desarrollo de operaciones militares adelanta-das en el municipio de Puerto Asís, en el Departamento de Putumayo.El reporte del centro de operaciones del Comando del Ejército señala,que los hechos ocurrieron en una zona boscosa de la vereda Sevilla, 7kilómetros al noreste de la población, escenario de la operación ‘Presi-dente’. Hasta la construcción clandestina, de la cuadrilla 48 de lasFARC, ingresaron efectivos del batallón de contraguerrillas 87, de laBrigada Móvil 13, aprehendiendo a Álvaro Jaigaji Vargas, Jhon JaigajiRodríguez, Elmar Jair Jaigaji Vigal, Luis Armando Chidoy Chindoy ylos hermanos Angel Javier y Jorge Jiménez Jiménez. En el interior dellaboratorio las tropas hallaron cuarenta galones de gasolina, setentamás de gasolina preparada, 45 kilos de cal, veinte kilos de hojas decoca en proceso y cien kilos de precursores químicos. Los retenidos y elmaterial incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General dela Nación ”26.

Estrategia que a su vez vino acompañada de alrededor de 88 enfrentamientosarmados entre el Ejército y los grupos irregulares (84 de ellos contra lasFARC27) en las áreas rurales de Orito, Puerto Asís y Santiago; del desplaza-miento de alrededor de 2000 personas durante el primer trimestre del 2006-incluyendo un desplazamiento masivo a través del área de frontera con elEcuador28, y de más de 89.000 personas durante el 200629; así como derepresalias por parte de las FARC contra la población civil, concretadas,como se ha visto en las páginas anteriores, en la incineración de vehículos(a pesar de las caravanas de acompañamiento) y amenazas por parte de estegrupo armado contra quienes circularan en el territorio, a través del decretode un paro armado a inicios del mes de Marzo.

“Erradicada la coca –gasolina de la guerra– erradicadas las FARC:esa era, más o menos, la teoría oficial en boga. Y en efecto, por obra dela erradicación aérea, de varias decenas de miles de hectáreas, el De-partamento pasó a tener, a lo sumo, unos cuantos miles. Pero ni lasFARC desaparecieron ni la seguridad mejoró (…)

(…)Algo, pues, no funciona. Al parecer, la relación coca-guerrilla no estan directa como algunos quisieran. Ni el aumento del pie de fuerza, nila reducción de los cultivos de coca –la más notable en el país- hanimpedido que los frentes 48 y 32 sigan tan activos como siempre enPutumayo. De allí la pregunta, que tiene repercusiones nacionales y deseguridad: ¿qué explica lo que pasa en Putumayo?30

En este orden de ideas, la realidad de los habitantes del Departamento, pre-sentada por varios medios de comunicación, y expresada de manera pre-ocupante durante el trabajo de campo, nos muestra a su vez los efectoscolaterales de las acciones Estatales en materia de conflicto armado en eldepartamento del Putumayo: la violación constante del principio de distin-ción al vincular a campesinos como informantes, el uso de escuelas, fincas

26- Agencia de Noticias Ejército (ANE), 03 de fe-brero de 200627- Fundación Seguridad y Democracia, BalanceSeguridad 2006. Diciembre 21 2006.28- Particularmente de sectores alrededor de larivera rió san miguel, Teteyé, la Carmelita, PtoColón, y posteriormente en el Valle del Guamuez,Este aspecto lo revisaremos con mayor atenciónen el capítulo 3 de este documento.29- Ver capítulo 3: Desplazamiento y Crisis Hu-manitaria.30- El Tiempo, «Qué pasa en el Putumayo?» Ene-ro 10 2006.


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y viviendas de la población civil como sedes de acampada o para la cons-trucción de trincheras -como en el caso San Miguel-, y el desarrollo decampañas “integrales” donde se brinda atención Psicosocial por parte delas fuerzas armadas a los civiles afectados por cualquier hecho de violen-cia; los rumores de campesinos asesinados y posteriormente vestidos comoguerrilleros, así como sobre el señalamiento -sin pruebas concretas- porparte de miembros del Ejército a campesinos como colaboradores de laguerrilla, para justificar operaciones armadas; y la presentación de múlti-ples denuncias sobre maltrato y abuso de autoridad por parte de la fuerzapública, y en especial de las fuerzas militares contra la población civil,dan cuenta de ello31.

Problemática ahondada ante la ausencia de denuncias formales frente aestos hechos por temor a represalias y, en palabras de uno de los funciona-rios del Departamento: “un cierto temor reverencial a las fuerzas armadaspor parte tanto de habitantes como de funcionarios”. ¿Probablementecausadas más en razón de un desconocimiento real de las normativas enmateria de DIH y DIDH por parte de los funcionarios de las fuerzas arma-das? ¿Aún a pesar de las capacitaciones dadas por la ESAP en estos te-mas? ¿Probablemente por una dificultad de entendimiento de las relacio-nes sociales tan complejas que genera la presencia histórica de gruposilegales y su inserción en el tejido social en zonas como las del Putuma-yo? ¿Probablemente por una lectura indiscriminada de los campesinoscomo delincuentes cuando estos se dedican al cultivo de la coca comoúnica posibilidad viable de sustento? A pesar de las múltiples versiones,no resulta tan sencillo encontrar una respuesta.

Hay que resaltar que el gobierno nacional y las instituciones que le acom-pañan han realizado esfuerzos importantes para generar una apropiaciónreal, tanto en funcionarios públicos como en miembros de las fuerzas ar-madas, del espíritu del Derecho Internacional Humanitario y del DerechoInternacional de los Derechos Humanos; que incluso se han llevado es-fuerzos conjuntos entre las oficinas de Derechos Humanos a nivel depar-tamental con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, para generardiplomados y capacitaciones al respecto, en la búsqueda de un mejor ejer-cicio de la fuerza armada por parte de los miembros de la Fuerza Pública,pero, desafortunadamente en un gran número de casos, los efectos con-cretos de estos ejercicios no se ven reflejados en las acciones militarespor parte de las fuerzas armadas en medio del conflicto.

Probablemente, como comentó un miembro del Ejército “porque los gru-pos ilegales no van a respetar el DIH cuando se den los enfrentamientos,cuando realicen hostigamientos y emboscadas, o cuando instalen explosi-vos en el marco de los diferentes atentados a infraestructura que se dan enla región, e incluso, como definitivamente lo han demostrado, no tendránen cuenta ni el principio de distinción ni la convención de Ginebra cuan-

31- 4 de los entrevistados durante el trabajo decampo reportan hechos de violencia por partede las Fuerzas Armadas, donde campesinos fue-ron arrestados en las zonas rurales del depar-tamento mientras se movilizaban de una veredaa otra (en 2 de los casos con bultos de coca opasta de coca para ser comercializada) y poste-riormente aparecieron muertos, vestidos con uni-formes camuflados o de negro, y reportadoscomo miembros de las FARC muertos en comba-te en zonas aledañas a San Miguel y el Valle delGuamuez, así como en el municipio de Sibundoyen Septiembre del 2006. De igual forma, tantopoblación entrevistada como funcionarios de laDefensoría del Pueblo y las oficinas del Gobier-no (tanto municipal como departamental), e in-cluso de Acción Social UT Putumayo, repor tanmúltiples quejas por par te de campesinos quehan sido golpeados e incluso amenazados conarmas de fuego por par te de las Fuerzas Ar-madas durante las jornadas de erradicación decultivos ilícitos.


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do instalen retenes ilegales, ataquen y asesinen a civiles, siembren cam-pos minados o incendien vehículos –aún con civiles al interior de losmismos-”. Ningún acrtor armado puede justificar infracciones al DerechoInternacional Humanitario con la excusa de que el enemigo tampoco res-peta estas normas.

En este sentido, el informe de las Defensoría del Pueblo, en sus recomen-daciones señala:

“Frente a los abusos de la fuerza publica en contra de la población,se señala por parte de las organizaciones comunitarias e indígenasque se investiguen por parte de la procuraduría, hasta ahora no setiene un informe de dichas situaciones, en la zona del bajo Putumayohan ocurrido capturas y acciones del ejército y la policía con presen-cia de individuos encapuchados, en el caso de que esto ocurra es im-portante recomendar y exigir que no vuelvan a ocurrir. La comunidadinforme ante la procuraduría sobre el control en el paso de gasolina,insumos y alimentos, señalando específicamente el lugar donde se danpara dar paso a la investigación correspondiente, para hacer el se-guimiento requerido. Para esta función es importante la labor de lospersoneros” 32.

En este orden de ideas, vale la pena tener en cuenta, además, los distintospronunciamientos de la Corte Constitucional desde y alrededor de la sen-tencia T-025, donde se exige a las autoridades33 desarrollar programaspreventivos de atención a la población de zonas de conflicto que puedaresultar afectada por operaciones militares de permanente ocurrencia; comolas sucedidas en el Departamento del Putumayo durante los últimos 10años, y que seguirán ocurriendo durante un período importante durantelos años venideros.

Programas relacionados no solamente con proyectos productivos y sanea-miento básico, cuya importancia no se pone en duda, y tal como lo vere-mos más adelante responden a unas necesidades particulares del Departa-mento; sino también con la protección a la sociedad civil de los efectos(accidentales o no) de las acciones militares emprendidas en el Departa-mento y que, (de forma indiscriminada o no) afectan a los habitantes de laregión en su integridad física o mental; en hechos de violencia y maltratocomo los reportados en Piñuña Negro contra los campesinos en las jorna-das de erradicación; en hechos como los reportados en el trabajo de cam-po por las comunidades indígenas en el mes de mayo de 2006, o como lospermanentemente denunciados por las comunidades de la Dorada en SanMiguel sobre los efectos de las fumigaciones y erradicaciones, tanto en loreferente a su posibilidad de sustento como en lo referente a las agresio-nes y maltratos por parte de miembros del ejercito34.

32- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina deAtención al Desplazado del Departamento de Pu-tumayo, 2006- 2007, pp36.33- Locales y departamentales, militares y depolicía, en coordinación con las demás entidadesdel Sistema Nacional de Atención a la PoblaciónDesplazada.34- Varias de estas denuncias han sido acompa-ñadas por la Asociación para la Promoción So-cial Alternativa Minga, quienes han venido desa-rrollando un trabajo de acompañamiento in loco

frente a los graves efectos que estas accioneshan traído en materia de crisis humanitaria so-bre los habitantes del departamento.


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Si bien la apuesta por la recuperación del territorio nacional es una apuestatotalmente legítima por parte del Estado, es de tener en cuenta que dicharecuperación no es posible, bajo ninguna circunstancia, si se pasa por enci-ma de los derechos y del cuidado de sus habitantes.

EL PARAMILITARISMO EN EL PUTUMAYO:

“Se han desarticulado las estructuras visibles, perosiguen intactas las políticas y las económicas”, se-ñala el analista Garzón. Las denuncias sobre la in-jerencia de algunos jefes de las AUC en la campañapara el Congreso indican que ese aparato tiene aúnplena vigencia. Por eso, porque desmovilización noequivale a desparamilitarización, en varias regio-nes la realidad parece darle la razón a ‘Diego Veci-no’, jefe del ‘Héroes de los Montes de María’, quealguna vez dijo: “Se acaban las AUC como marcaregistrada. Pero el paramilitarismo sigue”35.

Para la comprensión de la presencia en 2006 de grupos paramilitares en laregión, y en este sentido, incluso las dinámicas actuales de su presencia enel departamento, es necesario ubicarse en dos momentos históricos recien-tes, sean estos: La presencia de las AUC hasta antes del proceso de pazdesarrollado con esta organización y su correspondiente desmovilización,siendo la del Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar (con 504integrantes), en Marzo de 2006, el evento más significativo al respecto, yposteriores desmovilizaciones de menor escala a lo largo del resto del añoque reportaron alrededor de 76 entregas individuales36, incluidas estas lasde los meses de Agosto y Septiembre en el Corregimiento de Santana (en lavía Puerto Asís-Mocoa).

Previamente a la desmovilización37, los miembros de las AUC se encontra-ban distribuidos en los municipios de San Miguel, Valle de Guamuez,

Puerto Asís y PuertoCaicedo, buscando hacercontrapeso al control terri-torial de las FARC y pro-curando debilitarles en loreferente al control de lasredes del narcotráfico enel Departamento. Dichapresencia, estuvo relacio-nada fundamentalmentecon asesinatos selectivosde supuestos colaborado-

35- El Tiempo. Así siguen mandando los paras,Marzo 05 200636- De acuerdo a informes de la oficina del Altocomisionado Para la Paz y el informe 2006 de laVicepresidencia de la República, Situación deDerechos Humanos y Derecho Internacional Hu-manitario.37- Las Autodefensas han tenido presencia enel Departamento del Putumayo desde finales dela década de los 80’s y ya desde entonces, sereconocían conexiones con el narcotráfico, par-ticularmente en la medida que estos grupos seencontraban asentados en terrenos reconocidoscomo de Gonzalo Rodríguez Gacha. Dicho asen-tamiento a su vez, estaba relacionado con lasdinámicas de procesamiento y explotación de laCoca. Posteriormente, el debilitamiento de los di-ferentes carteles entre 1992 y 1996, sumado auna ofensiva guerrillera, par ticularmente porparte de las FARC, llevaron a las autodefensas aun proceso de relativo repliegue, que en todocaso no dejó de lado las presiones contra la so-ciedad civil ni la búsqueda del fortalecimiento desus redes de comercialización alrededor de lacoca. A finales de 1997, e inicios del 98, las Auto-defensas en el Putumayo, presentan una nuevaetapa de desarrollo, caracterizada principalmen-te por frecuentes amenazas contra la poblacióncivil, asesinatos selectivos, masacres y desapari-ciones forzadas; hechos de violencia perpetradoscon especial fuerza en los municipios de PuertoAsís, Valle del Guamuez (La Hormiga), San Miguel,Puerto Leguízamo y Villa Garzón.


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res de las FARC, múltiples masacres, alrededor de 396 Fosas comunes38, ypresión contra la población, civil con especial énfasis en los cascos urbanosy cabeceras municipales, particularmente en la zona del bajo Putumayo:

“La Dorada Municipio de San Miguel en donde hacen presencia per-manente y esporádicamente en la vereda San Carlos, también tienencomo su zona de influencia La Hormiga, el Tigre, El Placer en el Valledel Guamuez”39.

(…)Un tercer lugar donde concentran su accionar es en la cabeceramunicipal de Orito con alguna presencia en el cruce del Yarumo y algu-nas entradas hacia la zona del Empalme, Inspección de policía Jardi-nes de Sucumbíos.

Además otro sitio que mantienen bajo su control es en la Cabecera mu-nicipal de Puerto Asís e incursionan en Puerto Vega y Santa Ana.

(…) Según informe de Pastoral Social “las AUC actúan en el cascourbano del municipio y realizan algunas incursiones en la zona rural deLa Cabaña, La Cristalina y Jordán. Su presencia y consolidación se diosimultáneamente con las fumigaciones del año 2000. Estas dos situa-ciones provocaron el desplazamiento forzado de varias familias a otrasveredas, al casco urbano y fuera del municipio del Valle del Guamuez”.

(…)Por último encontramos que otro espacio de accionar paramilitartiene como zona de influencia, Puerto Caicedo e incursionan desde lavereda San Pedro hasta El Cedral en Puerto Umbría”40.

De acuerdo con la defensoría del pueblo, y con las entrevistas realizadasdurante el trabajo de campo, aún después del proceso de desmovilizaciónen el 2006 se identifica un reagrupamiento de los diferentes grupos parami-litares, en donde prima su ubicación según áreas de cultivos ilícitos. Segúnel trabajo de terreno de esta institución, la comunidad manifiesta que lapresencia paramilitar continúa con un nivel de accionar diferente, accionarque se relaciona con la generación de redes de sicariato, de grupos de nomás de 3 personas, que se movilizan en motocicletas, vestidos de civil,extorsionando y amenazando a la población. Este sistema, además de dis-minuir significativamente el pie de fuerza utilizado para ejercer control te-rritorial y del mercado de la coca, representa además la posibilidad de des-vanecerse fácilmente en los cascos urbanos, y una difícil detección en laszonas rurales donde, de manera muy esporádica, realizan actividades.

Contrario a lo que se esperaría, los hallazgos del trabajo de campo reportanel fortalecimiento de las redes de narcotráfico de los grupos de autodefensaal interior de las zonas urbanas, ahora a través de la presencia de los llama-dos “grupos emergentes”41, grupos que por medio de asesinatos selectivos através del sicariato, y del homicidio de expendedores y distribuidores de

38- De acuerdo a declaraciones del Fiscal Gene-ral de la Nación Mario Iguarán en Septiembre de2006. Este tema lo abordaremos con mayor pro-fundidad en el capítulo 3.39- Ibíd., Informe Defensoría del Pueblo, Oficinade Atención al Desplazado del Departamento dePutumayo, 2006- 2007.40- Ibíd., Informe Defensoría del Pueblo, Oficinade Atención al Desplazado del Departamento dePutumayo, 2006- 2007.41- Ver capítulo 3 de este mismo documento.


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coca en los cascos urbanos, se han ido posicionando paulatinamente alrede-dor de las dinámicas del narcotráfico, ahora, en parte acordonados por losdiferentes contingentes del ejército que se interponen entre los cascos urba-nos y las zonas rurales, y, paradójicamente, en esa misma medida, protegi-dos de los ataques de la guerrilla. En este sentido, arrojando la sensación deuna delimitación territorial relativa tanto de funciones en lo que al procesode producción y comercialización de la droga se refiere, como a territoriosde presencia ilegal por parte de los diferentes actores42.

La defensoría del Pueblo advierte que se observa con preocupación, la apa-rición de nuevos grupos en la zona donde operaban las estructuras desmo-vilizadas. En ellas se verifica la participación de mandos medios – desmo-vilizados o no– que en algunos casos estarían reclutando a ex combatientesde las autodefensas. Estas estructuras, reportadas en el Sexto Informe (tri-mestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA), se encuentranen un proceso de expansión, encaminado al control de economías ilícitas.Si bien según el VII Informe Trimestral de MAPP OEA, con la desmovili-zación del Frente Sur Putumayo, en el Departamento del Putumayo, se ter-minaron de desmovilizar las estructuras armadas del Bloque Central Bolí-var, el mismo informe advierte sobre la continuidad en los fenómenos dereagrupamiento de sus miembros a nivel nacional en diferentes expresionesarmadas y delincuenciales.

(…)Tras el publicitado proceso de desmovilización de 504 de sus inte-grantes llevado a cabo en diciembre de 2005, en el corregimiento deSantana continúan ejerciendo control fundamentalmente en el cascourbano y en caseríos de los corregimientos de Santana y Puerto Vega(Puerto Asís) desde donde regulan el comercio de la base de coca. Lafuerza pública hace presencia con el batallón Plan Especial Energéticoy Vial No 11, la Brigada 13 ubicada en el corregimiento de Santana y laFuerza Naval del Sur que recorre el río Putumayo desde el municipiode Puerto Leguízamo43.

(…) en el casco urbano del (Valle del Guamuez) existe presencia de lasAUC, quienes ingresaron a la zona en 1998 y ubicaron su base de entre-namiento en el corregimiento del Placer. Las AUC continúan actuandoen la inspección de policía del Tigre, generando temor en la poblaciónque se ve obligada a desplazarse desde el área rural.44

Así las cosas, sobre la base de las entrevistas realizadas en el trabajo de cam-po con las unidades territoriales de Acción Social, la Defensoría del Pueblo,las Oficinas a cargo del tema de Derechos Humanos en la gobernación delDepartamento y las alcaldías locales; con las Organizaciones Sociales, y delas respuestas de los Derechos de Petición; y tras su correspondiente trian-gulación con las bitácoras de prensa Presidencia de la República, y variosartículos de el diario El Tiempo y el Diario del Sur,, las acciones reportadasde grupos “emergentes” de autodefensa, se ubican de la siguiente forma:

42- Sensación compartida, al parecer, no sola-mente por los habitantes del Departamento, loslíderes de organizaciones sociales de distinta ín-dole y los representantes de al población des-plazada, sino también, en algunos casos, porvarios funcionarios del Estado tanto en el nivelregional como nacional, según las entrevistasrealizadas para la elaboración del presente in-forme. Sin embargo, hasta la fecha no existendocumentos oficiales ni ningún tipo de pronun-ciamiento que otorgue a esta información uncarácter de mayor peso distinto al de una merahipótesis, sin ningún carácter acusatorio.43- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina deAtención al Desplazado del Departamento del Pu-tumayo 2006-2007, Pp14.44- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina deAtención al Desplazado del Departamento del Pu-tumayo 2006-2007, Pp14.


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Remanentes BloqueCentral Bolívar:Puerto Asís

Águilas Negras:Puerto Guzmán, Pie de

Monte (cauca);

Los Machos: Puerto

Caicedo, Puerto Asís,

La Hormiga (Valle del

Guamuez), San Mi-

guel;

Rastrojos: Puerto Asís,

Puerto Caicedo, La Hormiga, San Miguel, Villa Garzón.

Ante la movilidad del proceso de reagrupamiento que se viene presentandoa lo largo del país, resulta extremadamente difícil afirmar que a la actuali-dad hayan zonas específicas de presencia de cada uno de estos “nuevosgrupos” e incluso que sus nombres y formas de identificación no se encuen-tren fluctuando de manera permanente. Lo que si es un hecho confirmado,es que ya sea a través de la búsqueda de ciertos espacios de control delnegocio del narcotráfico, o por medio de ataques a la población civil, enmuchos casos presentados como efectos de delincuencia común, cada vez,con mayor fuerza, están haciendo muestra de su presencia y expansión enlas zonas en las que tradicionalmente habían permanecido.

“Mientras el país se centra en el tema de la parapolítica en el congreso,se les está olvidando que en las regiones las autodefensas siguen accio-nando de manera soterrada (…) Desde hace mucho tiempo se ha sabidoque el paramilitarismo tiene un asentamiento fuerte entre políticos im-portantes; eso no es nuevo, el asunto es que no se puede dejar de lado elhecho que además, sus peores acciones las realizan es en las regiones”45.

Vale llamar a atención sobre el hecho que en el marco de los efectos poste-riores a la desmovilización, en el período Julio- Octubre de 2006, fuerondescubiertas más de 10 fosas comunes en el Departamento, varias de ellasatribuidas a masacres y homicidios realizados por los grupos de autodefen-sa en los últimos años.

“Tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar, al mando de Car-los Mario Jiménez, ‘Macaco’, algunas de sus víctimas en La Dorada-San Miguel se acercaron a la Fiscalía para llevar a los investigadoreshasta los sitios donde creían que estaban las fosas. A esto se sumó unllamado que el organismo hizo a través de los parlantes de la alcaldíamunicipal para que los parientes de desaparecidos entre el 2000 y el2004 se acercaran a colaborar. (…)De inmediato, más de 20 familiaresempezaron a hablar, tras admitir que tuvieron que guardar silenciotodos esos años porque podían ser asesinados. La tarea cumple ya dos

45- Entrevista a funcionario del gobierno encar-gado del tema de DDHH y Población Desplazadaen uno de los municipios del departamento. Porsolicitud del mismo nos reservamos los datossobre su identidad.


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meses, pero aún falta mucho por hacer. Varios testigos aseguran que losmuertos enterrados en fosas comunes podrían ser más de 500. Hastaahora un equipo especial de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz,apoyado por el CTI, la Policía y el Ejército, ha identificado de formapreliminar 17 cadáveres de los 61 restos encontrados. Las pruebas deADN darán el resultado final. Los testigos contaron que el municipiotenía influencia de las FARC, pero que los ‘paras’ llegaron en el 2000 yempezaron una cadena de crímenes contra quienes señalaron de serauxiliadores de los subversivos. En las noches, cuentan, llegaban conlista en mano y se los llevaban de las casas y los desaparecían. Añadenque allí mandaban los comandantes ‘Blanco’, ‘Guillermo’, ‘90’ y ‘Ty-son’, de ‘Macaco’. “Yo busco a mis cuatro hermanas, a ellas se lasllevaron, las violaron y después las mataron”, contó una señora quienpidió que la ayudaran a encontrar los restos. Un hombre relató que lemataron a su compañera que estaba embarazada. Otra mujer dijo queel patrón de su esposo le debía más de 10 millones de pesos por sutrabajo y que un día los ‘paras’ se lo llevaron. “Lo mandó a asesinarpor la deuda”, dijo. Entre los restos aparecieron dos hombres con do-cumentos ecuatorianos: Harold Vicente Valencia Ayovy y Jesús AníbalVillareal Pozo46.

En el mes de Octubre, miembros del CTI hallaron ocho fosas comunes con24 cuerpos descuartizados, gracias a la confesión de un desmovilizado. Parael período de publicación del presente informe, el Fiscal General de la Na-ción, Mario Iguarán, informó que con la aplicación de la Ley de Justicia yPaz, el número de fosas comunes podría aumentar, que en el último semes-tre se han encontrado 211 cuerpos en el departamento, y que podrían llegara ser hasta 3000 solamente en el Departamento del Putumayo.

“Los cadáveres estaban enterrados en decenas de fosas comunes en lospredios rurales El Placer, La Dorada, El Tigre y San Miguel, del muni-cipio de La Hormiga, conocido como Valle del Guamuez, en el bajoPutumayo”47.

Llama la atención que, de acuerdo a los informes oficiales en 2007 se hapodido establecer que en las fosas comunes del Putumayo habría ciudada-nos ecuatorianos, lo que ha provocado diversas reacciones tanto del gobier-no ecuatoriano, como de la prensa del vecino país.

“En cada comunidad de Sucumbíos, provincia fronteriza con Putuma-yo, hay un promedio de dos casos de personas que nunca regresaron deColombia.Gloria Vélez abraza a sus hijas, Shirley, de 11 años, y Lucero, de 9. Lastres lloran (…) Ella lleva siete años con aquella diaria ilusión, que setransforma también en una rutinaria desilusión. Santos Fermín Álva-rez, su esposo, partió hacia Colombia la mañana del 14 de junio del2000, y no regresó (…) Desapareció junto a sus amigos Gleicer PuenteLara y Carlos Ortiz, residentes en la comunidad Pacayacu, a 35 km deNueva Loja y a 10 km de la frontera colombo-ecuatoriana. (…) Des-

46- El Tiempo, «Desplazados destapan fosas con61 restos», Octubre 23 2006.47- http://www.eluniverso.com. «ALDHU insta agobierno colombiano a aceptar responsabilidaden fosas comunes». Mayo 11, 2007.


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esperada por la ausencia, dos días después, Gloria fue a la frontera aindagar el paradero de su pareja, pero nadie le dio pistas. “Mejor meaconsejaron que no preguntara nada porque hasta nosotros corríamospeligro”, refiere. Tampoco denunció, porque “la ley no es capaz de ayu-dar al pobre” (…) Así transcurrió el tiempo. Hoy, las heridas por ladesaparición de Álvarez, Puente y Ortiz vuelven a sangrar, y con fuerza,en sus esposas e hijos, una vez que hace dos semanas personal de laFiscalía de Colombia desenterrara en La Dorada, frontera con Ecua-dor, los restos de 154 personas, entre estas al menos cinco ecuatoria-nas, según los primeros informes, víctimas de los paramilitares que ope-raron en la zona desde 1998.(…)Justamente la noticia de ese hallazgoprovoca que familiares de personas que viajaban ocasionalmente o vi-vían en esa parte de Colombia, desde la década del noventa hasta el2003, y no retornaron, se pregunten si esos restos son de sus parientes. (…) Pero es en la zona fronteriza que ese letargo de dolor se despiertaal conocer el hallazgo de fosas comunes en el lado colombiano. Asícomo en Pacayacu se vuelve a hablar de los tres desaparecidos delpueblo hace siete años, en la parroquia El Eno, al sur de Nueva Loja,los parientes de Emiliano Espinales Bravo y José Leonardo Peña Cal-derón reviven su dolor.(…)“Un vecino de apellido Bermeo me avisómeses después que a Emiliano lo habían acribillado y hecho pedazos.No denuncié en ningún lado porque como pasó en Colombia a una le damiedo”, agrega la mujer.

Elisa Estela Calderón es la madre del desaparecido José Peña, quientenía 26 años. (...)Ella me conversó que unos paramilitares le cogie-ron en La Hormiga y se lo llevaron para matarle. No sabemos nada desu cuerpo, lo tenemos como muerto pero no denunciamos”, indica.(…)(se estima que) que el 20% de desaparecidos por ataques parami-litares en el Putumayo colombiano podría ser ecuatoriano. En cadacomunidad hay un promedio de dos familias cuyos miembros estánperdidos. Si se toma en cuenta que en el cordón fronterizo de Sucum-bíos hay unas 250 comunidades, (...) serían unas 500 las víctimas delconflicto armado del vecino país. A ellos se suman los casos de co-merciantes, médicos, profesores y agricultores, hombres y mujeres,que de distintos sectores del país ingresaban a esa conflictiva región,y que no retornaron.

(…) El éxodo de ecuatorianos al Putumayo colombiano se dio por elboom de la coca en esa región, que entre 1985 e inicios del 2002 provo-có un intenso movimiento económico y coincidió con la presencia de laguerrilla de las FARC. A inicios de 1998 comenzaron las masacres porla llegada de grupos paramilitares, cuya misión era combatir, al mar-gen de la ley, a la guerrilla. Los paramilitares, según testigos y relatosde sus integrantes ante la Fiscalía colombiana, atacaban pueblos ente-ros, asesinaban a hombres, mujeres y niños, y sus cuerpos los arrojabana los ríos o los enterraban en fosas, parte de las cuales hoy se estándescubriendo.

(…) El terror traspasó la frontera y cuando algún ecuatoriano no regre-saba del vecino país, sus parientes no se atrevían a denunciar. Un miem-


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bro de la Fiscalía de Nueva Loja (...) explica que incluso las autorida-des de Sucumbíos se negaban a conocer los casos porque estos se pro-dujeron en otro país. No obstante, en los archivos de esa institución seregistra un promedio de 40 denuncias al año, entre el 2001 y 2003, pordesapariciones de personas en Nueva Loja, aunque sus parientes sa-bían que estas viajaron a Colombia, pero allá reinaba el terror y nopodían ir a denunciar.

(…) Mario Shingre, presidente de la Federación de Organizaciones Cam-pesinas del Cordón Fronterizo, y Fanny Pilco, de la Federación deDerechos Humanos de Sucumbíos, piden que el gobierno de RafaelCorrea o algún organismo internacional levante un registro de desapa-recidos ecuatorianos en esta zona de Colombia.

(…) “Es difícil que la gente denuncie. Ahora que están desenterrandolas fosas (en Colombia), hablan, y lo que han dicho en las comunidadeses totalmente cierto. Sería interesante hacer una evaluación. Sería idealque el Gobierno trate de establecer una cifra, que se forme un grupo deinvestigación”, dice Pilco48.

En este orden de ideas, en un comunicado, la Asociación Latinoamericanade Derechos Humanos ALDHU, con sede en Quito, señala que «permane-

cen sepultados ilegalmente los cuerpos de al menos 10.000 víctimas de los

paramilitares, en lo que constituye el peor genocidio cometido bajo gobier-

nos democráticos en la región».

Advierte, además, que «la mayoría de las víctimas fueron torturadas, des-

membradas y ejecutadas con tiros de gracia, al estilo de las masacres nazis

en la Alemania de Hitler».

“(…) repugna a la conciencia democrática de América Latina que elrégimen de (...) Uribe haya mantenido tan estrechos vínculos con losautores de estas masacres, permitiendo que altos funcionarios y diri-gentes políticos y hasta parlamentarios uribistas hayan compartidonegocios y beneficios con los genocidas».

«(…)Los privilegios con que el gobierno colombiano premió durantemás de tres años a los comandantes paramilitares retenidos en increí-bles condiciones de lujo y confort en San José del Ralito, les permitie-ron a estos seguir disponiendo la ejecución de masacres, el tráfico dedrogas, los crímenes por encargo, la extorsión de jueces y fiscales y supropia impunidad»,

Este documento afirma que los «nombres de los genocidas más feroces

como Víctor Múnera, Salvatore Mancuso, Jorge Cuarenta, Edgard Cobos,

Rodrigo Mercado, Gabriel Galindo, Ramiro Vanoy, Ramón Isaza, Manuel

Jesús Piraban deben asociarse con las masacres, decapitaciones, torturas

y ejecuciones de estos miles de campesinos».

48- El Universo.com (Ecuador), «Fosas comunesdan pistas a parientes de perdidos fronterizos».Mayo 13, 2007


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(…) la verdad profunda que evidencia a los mentalizadores y beneficia-rios de este genocidio aún está lejana y apunta a que hasta ahora solose empiezan a conocer las víctimas, los ejecutores, los cómplices y en-cubridores.

(…)»Los verdaderos autores permanecen aún perfectamente ocultos go-zando de plena impunidad, amparados en las más sólidas estructurasdel poder político y económico dentro y fuera de Colombia».

HOMICIDIOS Y SECUESTROS:

De acuerdo al informe sobre situación en Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario, del Programa Presidencial de Derechos Huma-nos y Derecho Internacional Humanitario de la vicepresidencia de la repú-blica, durante el 2006 fueron reportados 381 homicidios por el CIC de laPolicía Nacional en el departamento del Putumayo. Sin embargo de acuer-do a las entrevistas de campo realizadas en el municipio de Puerto Asís,solamente en este municipio se reportó un promedio de 2 muertes por cau-sas violentas a la semana durante el 200649. En el municipio de San Miguellas cifras tienden a ser más preocupantes, que de acuerdo a las entrevistasrealizadas, arrojan un promedio de 15 muertes al mes. De estos crímenes,solamente 10 fueron reportados por la prensa nacional; el primero de ellosen Mocoa, donde fue asesinado por desconocidos el representante de laMesa Departamental de Desplazados por el municipio, Lemesio Lesmes.El segundo, también en Mocoa, donde, en la vereda La Tebaida, desconoci-dos detuvieron un vehículo de transporte público e hicieron descender yasesinaron a la comerciante de verduras y frutas de la plaza de mercadoGloria Amparo Realpe. El tercero de ellos, el ya mencionado asesinato delconductor de Cootransmayo. Los tres siguientes, en zona rural de los muni-cipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís donde guerrilleros de las FARCasesinaron a tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, por negarse a ingre-sar a las filas guerrilleras. Los siguientes, todos en el mes de Junio: el pri-mero al interior de un centro recreacional del municipio de Villagarzón, deuna niña de 12 años de edad de edad, y posteriormente los homicidios de deOsiris Toro Álvarez, en el barrio Pablo Sexto de Mocoa; de Carlos RamiroCortéz Meneses, en la vereda El Zancudo del municipio de San Miguel; yde Oliver Papajilla Caicedo, un campesino de aproximadamente 35 años deedad, en zona rural del municipio de Villagarzón. Todos estos hechos, rea-lizados por “desconocidos”.

“Más adelante, conversando con mis entrevistados varios de ellos meharían saber que esa una de las formas más recurrentes de reportarasesinatos sin inculpar a los “paras” desmovilizados. Tal vez la másconveniente”50.

49- Uno de los líderes desplazados en PuertoAsís, incluso asevera que en el hospital del mu-nicipio se reciben entre 1 y 2 muertos diarios,donde el 80% de estos son resultado de hechosde violencia.50- CODHES, Diarios de Campo Putumayo. Textosin publicar, Febrero de 2007.


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Por otro lado, el mismo informe de la vicepresidencia reporta 8 secuestrosen la región en el mismo período. La Prensa reporta que en el mes de Mar-zo, en el sitio Hong Kong, (jurisdicción de Puerto Asís), guerrilleros de lasFARC liberaron a dos policías: Éder Almanza y Carlos Alberto Legarda,que habían sido secuestrados meses antes; que en mes de Abril, en el muni-cipio de San Francisco, agentes de la Policía capturaron a un Sargento acti-vo del Ejército y otra persona, cuando trasladaban a un secuestrado; que enel mes de Julio, en Puerto Asís, miembros del frente 48 de las FARC se-cuestraron a un grupo de 13 médicos, enfermeras y auxiliares mientras rea-lizaban una brigada de salud en la zona de atención, y que posteriormente,en el sector de Teteyé, fueron liberados 12 de ellos, quedando en poder delgrupo, el auxiliar de farmacia de la EPS Selvasalud, Jairo Miranda. Deigual forma, las desapariciones forzadas en el departamento son parte de lacotidianidad de los habitantes del mismo en el marco del miedo y la tensacalma que se vive en la región.

Tanto homicidios como desapariciones forzadas hacen parte del proceso dereacomodación de las fuerzas en el nuevo panorama del conflicto que sedesarrolla en la región tras el proceso de desmovilización de las antiguasAUC: rearme de los nuevos grupos emergentes y disputa por el controlentre estos y las FARC por las rutas y mercados de la coca en la región.Bien por ajuste de cuentas, bien por acusaciones de ser colaboradores deuno u otro bando, o bien por la demostración concreta del poder armado decada grupo como ejercicio de poder tanto frente a la población civil comofrente a los bandos contrarios y posibles detractores.

TENDENCIAS Y PROYECCIÓN

Al realizar una superposición de las zonas de presencia de los diferentesactores armados irregulares en el departamento, y sobre la base de locomentado a lo largo de este apartado, son varias las inquietudes que

pueden surgir:¿Por qué a pesar detener presencia en te-rritorios “comparti-dos” no se reportancombates entremiembros de lasFARC y de los gruposemergentes?¿Es acaso que la dis-puta territorial y decultivos es un temasuperado y, como di-cen algunas de las


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personas entrevistadas, se ha dado una distribución de las zonas de culti-vo entre estos grupos armados?¿Es acaso que quienes viven específicamente estas disputas entre los gru-pos son los campesinos y los miembros de la sociedad civil del departa-mento?¿Lo que sucede es que se encuentran separados por los cercos que hantejido las fuerzas armadas entre las zonas rurales y los cascos urbanos, yen este orden de ideas, por esta razón quienes confrontas a ambos bandosson las fuerzas del Estado?

De acuerdo a las entrevistas realizadas, las tres hipótesis son plausiblesdesde diferentes niveles de análisis. Aunque, contando con la reconfigu-ración del conflicto interno armado en la región, nada está dicho sobre elfuturo del departamento en materia de violencia. Lo cierto es que aún apesar de las acciones emprendidas por el plan patriota (y en algunos casosa consecuencia del mismo), los mayores perjudicados por estas dinámicasson los habitantes de la de la región. Bien por la imposibilidad sustantivadel Estado de garantizar seguridad permanente para las personas que, dadoel caso, decidan apostarle a los lineamientos de la seguridad democráticay de sustitución de cultivos abanderados por el Presidente Uribe; bien porel señalamiento de los diferentes actores armados, particularmente contracampesinos e indígenas, de ser colaboradores de uno u otro bando, y lasimplicaciones que dichos señalamientos pueden tener contra la integridady la vida de los habitantes de la región, más aún cuando no se tiene encuenta que frente a la “convivencia” de los actores en la región, la únicaposibilidad que tienen, consiste en dar a cada uno lo que pida indepen-dientemente de simpatías o distanciamientos políticos o económicos.

“Si llegan de la guerrilla a pedir agua o lo que sea y ud no se los da, pueslo van golpeando y hasta lo matan. Si llega gente del ejército a lo mismo,pues también toca darles porque luego van y lo acusan a uno de colaborar-le a la guerrilla y van y lo meten preso o lo desaparecen. Lo malo delasunto es que si ud le da a uno o al otro, pues el que queda lo va a señalar.Dígame ud, ¿qué salidas le quedan a uno entonces? Hay que ver que pasacon los paras pero la situación por aquí no va a mejorar al corto plazo”51

A esta situación, constante en todo el país, se suma el hecho de ser unaregión que, como veremos en el próximo capítulo, subsiste fundamental-mente del cultivo de la coca. Campesinos cocaleros (no narcotraficantes,como ellos mismos lo enuncian), que frente al plan patriota, más que unasolución a su seguridad encuentran dificultades frente a la posibilidad dejudicialización, riesgos importantes a su posibilidad alimentaria, y la im-posibilidad de tomar una distancia real frente a la guerra y al no ser seña-lados por los diferentes actores. Y con el temor a flor de piel frente a lazozobra que deja en el aire la reconfiguración de las fuerzas en conflictoen el que, aún sin quererlo, se encuentran permanentemente en medio.51- Entrevista a Líder Desplazado en Puerto Asís.


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II. Economías del conflicto

EL PETRÓLEO

Inicialmente, vale la pena anotar que de acuerdo a INGEOMINAS, el Depar-tamento del Putumayo hace parte de varias de las cuencas sedimentarias queactualmente se encuentran en producción, comenzando con la cuenca del Pu-tumayo, que tiene un potencial de hidrocarburos estimado en 2.400 millonesde barriles de petróleo equivalente, y que representa el 5.1% del total del país.

Este Departamentotambién hace partede la cuenca sedi-mentaria denomi-nada Caguán –Vaupés que aunqueno se encuentra enproducción, poseeun potencial de hi-drocarburos esti-mado en 500 millo-nes barriles52. Parael año 2006, seprodujeron 4,6 mi-llones de barrilesde petróleo en el

Putumayo, lo que representa el 2,4% de la producción nacional53. El mayorvolumen de producción proviene de los pozos Orito CPI (5.135 BPM), Acae-San Miguel (1.500 BPM), Guayuyaco (1.135 BPM) y Santana (1.504 BPM),los cuales son áreas de producción exclusiva de ECOPETROL, en los dosprimeros casos, y áreas de producción conjunta con la empresa canadienseGran Tierra, en los otros. Adicionalmente, en el municipio de Orito, ECO-PETROL posee una refinería que produce un pequeño volumen de 853 ba-rriles diarios de combustible, es decir el 0,26% del volumen nacional, quees encabezado por Barrancabermeja y Cartagena.

En este sentido, actualmente el departamento no parece ser una prioridaden materia de producción de petróleo, sin embargo es una de las zonas conmayor potencial para el hallazgo de nuevas zonas de exploración. De acuer-

52- Ibíd., Departamento Nacional de Planea-ción. Pp. 52.53- INGEOMINAS. «Producción a diciembre de2006 por Departamento». http://www.minminas.g o v . c o / m i n m i n a s / s e c t o r e s . n s f /870e3d03e406864905256def0072494c/8b79c9c789b5ff2705256def0070bd15/$FILE/ATTOCWMZ/PETDEP-06.pdf


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do al Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, además delas 7 áreas actuales de producción, existen 11 áreas en exploración y 1 enestudio, las cuales son operadas por ECOPETROL y empresas extranjerascomo Gran Tierra, Petrominerales (canadienses), C&C Energy & Emerald.El Mapa de Tierras del departamento muestra que la mayor parte de la cuencadel Putumayo corresponde a áreas para el desarrollo de procesos competiti-vos de exploración o hace parte de procesos de exploración actuales porparte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ECOPETROL. Una muestradel gran potencial de la región lo demuestra el reciente descubrimiento designificativos hallazgos de petróleo en el área Chaza, que estaba siendoexplorado por la empresa Gran Tierra. De acuerdo a las entrevistas de cam-po estas exploraciones han generado conflictos de distinta índole en losterritorios indígenas, en la medida que ni han sido concertadas, ni tienen encuenta el valor simbólico que la tierra representa para las comunidades.

Por otro lado, la posibilidad de mayor inversión para el desarrollo de activi-dades de exploración petrolera tiene como principal dificultad el gran nú-mero de ataques contra la infraestructura petrolera de que es víctima el de-partamento. De acuerdo a la información de ECOPETROL y el Observato-rio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacio-nal Humanitario, durante 2006 se produjeron 106 ataques contra la infraes-tructura petrolera, de los cuales, como mencionamos anteriormente, 65 ocu-rrieron en el departamento del Putumayo, la mayor parte de ellos, a su vez,ocurrieron entre los meses de enero y marzo (40). En el departamento estosactos fueron ejecutados en los municipios de Orito, Puerto Asís, PuertoCaicedo, San Miguel y Valle del Guamuez, donde se encuentra ubicada lainfraestructura petrolera de la Gerencia Sur de ECOPETROL (GSU). Es-tos ataques parecen corresponder a la estrategia de las FARC para demos-trar el control territorial en el departamento y demostrar el fracaso de laPolítica de Defensa y Seguridad Democrática alrededor del paro armadodesarrollado en este período. En respuesta, tal y como se mencionó enpáginas anteriores, estos ataques han ocasionado el aumento en el pie defuerza de la región, lo que se ha visto reflejado en una mayor presenciapor parte del ejército en la periferia del oleoducto y las zonas de explota-ción petrolera.

Vale decir que frente al tema de explotaciones, la Defensoría del Pueblo UTPutumayo reporta la presentación de quejas por parte de la población civilfrente a los altos grados de contaminación que estas presentaron durante el2006, particularmente en los sectores “El Empalme”, y “Temblón 1 y2”.

Como retribución económica y ambiental de esta explotación, el Departa-mento del Putumayo y sus municipios son beneficiarios de regalías y com-pensaciones de conformidad con la Constitución Política del 91 y la Ley141 de 1994 (Ley de Regalías). Sobre este tema, de manera preeliminar, esimportante anotar que el total de las regalías a distribuir entre los Depar-tamentos y municipios productores, los municipios portuarios y el Fondo


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Nacional de Regalías corresponde al 25% del total de los recursos que ge-nera la explotación petrolera, y de conformidad con la Ley 141 de 1994 y laLey 756 de 2002, de estos recursos solamente entre un 16% a 40% se distri-buye a entidades diferentes a los Departamentos y municipios productores.Esto quiere decir que de los ingresos generados por la explotación del pe-tróleo, sólo cerca de un 15% a 20% es distribuido a las entidades territoria-les donde se produce la explotación al interior del Departamento. Duranteel 2006 el total de las regalías giradas al Putumayo suman $57.019 millonesde pesos54 desagregados de la siguiente manera:

En este orden de ideas, hay dos aspectos a considerar al respecto de losrecursos de regalías: Por una parte, que estos son recursos que tienen desti-naciones específicas, lo cual hace que resulten inflexibles para el uso de lasentidades territoriales. La Ley de Regalías prevé que hasta que el departa-mento y los municipios beneficiarios de regalías y compensaciones no al-cancen unas coberturas mínimas en alcantarillado, agua potable, educaciónbásica, salud para la población pobre y máxima en mortalidad infantil, ten-drán que hacer uso del 60% de estos recursos en el caso de los departamen-tos, y 75% en el caso de los municipios, para financiar inversiones destina-das a lograr estas coberturas. Adicionalmente esta Ley establece que forzo-samente un 5% de las regalías deben destinarse a gastos de operación yfuncionamiento, y 5% al pago de interventorías técnicas de los proyectos deinversión financiados. Lo anterior limita la posibilidad de destinarlos a otrasinversiones prioritarias, tales como proyectos productivos para la genera-ción de ingresos propios o el fomento de pequeñas y medianas industrias, oempresas agroforestales, que permitan disminuir la dependencia departa-mental frente a la producción petrolera.

Por otro lado, estos recursos, así como otros bienes primarios ofrecen nu-merosas oportunidades para la llegada, permanencia y fortalecimiento degrupos armados ilegales; en parte porque estas dependen fuertemente deactivos duraderos e inmuebles y son también las de “mayor carga impositi-va: las mismas características que hacen que a los gobiernos les sea fácil

54- Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. «Re-galías 2006: Histórico de Regalías Pagadas».http://www.anh.gov.co/html/i_portals/index.php


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gravarlas con impuestos hacen que a los rebeldes les sea fácil saquear-las”55. Adicionalmente, en la medida en que estos fondos provienen de re-cursos naturales no renovables, con un comportamiento cíclico caracteriza-do por bonanzas temporales, se observa una mayor dificultad por parte delas entidades territoriales beneficiarias de realizar un manejo administrati-vo adecuado de los mismos. Municipios que antes no tenían acceso a grandesfuentes de financiación, se enfrentan, al momento de las bonanzas petroleras,con la responsabilidad de asignar una gran cantidad de recursos para los que notienen capacidades administrativas instaladas, y en esta medida se observanmayores posibilidades de desviación de estos recursos, en muchos casosinvoluntaria, hacia la financiación indirecta de grupos armados ilegales.

Adicionalmente, el control de los recursos petroleros es fundamental paralos grupos armados de la región en la medida en que este es utilizado para lafabricación de insumos químicos necesarios para la producción de base decocaína en el Departamento. De acuerdo a la Agencia Nacional de NoticiasPoliciales, ANNP, en el mes de mayo, fue hallado un complejo utilizadopara destilar el crudo sustraído ilegalmente del poliducto de ECOPETROL,en el cual se producía crudo refinado utilizado por el frente 32 de las FARCpara la elaboración de base de coca en el Departamento56. De esta manera elcontrol de los recursos petroleros no sólo favorece el posicionamiento ydemostración de poder por parte de los grupos armados que se encuentranen la zona, sino que hacen parte de sus fuentes de financiación y su econo-mía de guerra.

Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo del Departamento dePutumayo establece que “la ubicación fronteriza del departamento conEcuador y Perú, su acceso a importantes vías fluviales como los ríos Ama-zonas, Caquetá y Putumayo, los recursos provenientes de petróleo, la exis-tencia de una importante actividad cocalera, la proyección de megapro-yectos viales y energéticos, han hecho del Putumayo un lugar de importan-cia estratégica para los actores armados ilegales, que buscan aprovecharlas ventajas financieras y militares que se derivan de las condiciones antesmencionadas. Manteniendo una activa disputa por estos recursos, que setraduce en altos niveles de violencia y desplazamiento forzado en el depar-tamento57”.

EL NARCOTRÁFICO

«La economía ilícita de la coca unida a la débil presencia del Estado,se constituyeron en factores coyunturales de primer orden para la inter-vención/expansión de los actores armados ilegales, principalmente lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, quienes cons-truyeron un poder paralelo en las áreas rurales bajo su dominio. Tam-bién se asentaron en la región las Autodefensas Unidas de Colombia –

55- Collier, Paul. «Causas económicas de las gue-rras civiles y sus implicaciones para el diseño depolíticas».56- ANNP. Importante Operativo contra los inte-reses económicos de las FARC. Mayo 13 de 2006.57- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina deAtención al Desplazado del Departamento dePutumayo, 2006- 2007, pág. 14.


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AUC-, principalmente en zonas urbanas, repercutiendo en el incremen-to del conflicto armado. Estos actores entraron en disputa por el con-trol territorial y su participación en el negocio del narcotráfico, comofuente de financiación, desencadenando una oleada de muertes y des-plazamiento forzado que se convierte en una constante contra la pobla-ción del Putumayo. Las masacres de El Tigre y La Dorada, ocurridas enel año 2000 realizadas por las AUC58generaron los primeros desplaza-mientos forzados que oficialmente se registraron y que en la historiareciente son un punto de partida para el análisis de la evolución delconflicto, como hechos concretos reconocidos de la agresión de que hasido objeto la población civil”59.

Desde la vinculación de los grupos irregulares con las economías ilícitasrelacionadas con el narcotráfico, tanto en el departamento del Putumayocomo en el resto del país, esta, no solamente se convirtió en una de susfuentes más importantes de financiación para sus actividades militares,sino que a la vez, dadas las condiciones de pobreza y de dificultad para lacomercialización de productos agrícolas legales (por las condiciones delas vías que comunican al departamento y la falta de estrategias de com-petitividad claras), se convirtió en un escenario favorable para la consoli-dación de bases de apoyo popular entre aquellos grupos poblacionalesque hicieron del cultivo de la coca su principal, y en muchos casos únicafuente de ingresos. Clara muestra de este hecho, es el reconocimiento dela existencia de grandes extensiones dedicadas a este cultivo por parte delDepartamento Nacional de Planeación en los textos relacionados con lainformación básica del departamento; parte de las cuales se encuentranen zonas de resguardos indígenas (el Afilador, Piñuña Blanco, Buenavista,Santa Rosa del Guamuez y Yarinal).

De acuerdo con la Oficina Contra la Droga y el Delito del sistema de Nacio-nes Unidas60 el cultivo de coca en el departamento del Putumayo llegó a unmáximo de 66.000 hectáreas en el año 2000, hecho que, como menciona-mos en páginas anteriores implicaba que el 40% del total nacional se en-contrara siendo cultivado en esta zona. Después de cuatro años de reduc-ciones importantes y consecutivas, el cultivo de coca en Putumayo alcanza4.400 hectáreas en 2004, que representa únicamente el 5% del total nacio-nal. Esta tendencia habría de modificarse entre los años 2004 y 2005 dondeel aumento en este período reportó un crecimiento del 105%, en parte rela-cionado con la disminución del área de aspersión que se redujo de 17.524hectáreas en 2004 a 11.763 en 2005.

“la mayor parte de los cultivos de coca se establecieron en el piede-monte cercano a la frontera con el departamento del cauca. La asper-sión aérea es particularmente difícil en terrenos montañosos, lo quepuede ser una razón para el establecimiento de los cultivos en esta zonadel país. En el cinturón de 10km a lo largo de la frontera con Ecuador,

58- Mesa de trabajo Asistencia Humanitaria.Diagnóstico de la situación de desplazamientoen el Departamento de Putumayo. Mocoa. 2003.59- Comité Técnico Gobernación del Putumayo,RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIUpara la Atención a la Población en Situación deDesplazamiento por la Violencia en el Departa-mento del Putumayo, 2005.60- Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca, Ju-nio 2006.


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que cubre alrededor de 550.000 hectáreas de los departamentos de Na-riño y Putumayo, (en 2005) se identificaron casi 4.000 hectáreas decoca, lo cual representa un aumento de 1.000 hectáreas (+32%) en re-lación con el 2004.”

Aunque a la fecha no existen cifras públicas oficiales sobre las hectáreas decoca en el Departamento, de acuerdo a la oficina de prensa de la Presiden-cia de la República, entre diciembre de 2005 y septiembre de 2006, fechaen la que el Gobierno suspendió la aspersión aérea en la frontera con Ecua-dor, los cultivos ilícitos habían aumentado en un 93% en Putumayo. Lascifras suministradas por la Policía Antinarcóticos registran un incrementode cultivos ilícitos en esta franja, pasando de 3.496 a 6.750 hectáreas, enese mismo lapso de tiempo61. Adicionalmente, en el Consejo Comunal rea-lizado en Puerto Asís el 25 de Julio de 2006, Acción Social reporta que paradicha fecha habían sido erradicadas 2.360 Hectáreas de cultivos ilícitos enlo corrido de ese año.

De acuerdo al censo de cultivos de coca de la Oficina contra la Droga y elDelito de Naciones Unidas en Colombia, en el departamento del Putumayofueron fumigadas, a través de aspersiones aéreas, alrededor de 574 hectá-reas para 1997. Para el 98 esta cifra se incrementó a 3949, para 1999 a4980, para el 2000 a 13508, presentando un incremento paulatino durantelos siguientes 5 años, llegando a su punto máximo en el 2002 con 71894 ysu mayor punto de disminución en 2005 con 11763.

Este incremento pau-latino durante los úl-timos años de la déca-da de los 90’s asícomo en los años pos-teriores al 2000, tal ycomo lo evidencia lagráfica, redundaronen una caída significa-tiva en el número dehectáreas cultivadas

en el departamento, y, en este sentido, de acuerdo a las entrevistas de cam-po, en la economía de los habitantes de la región. Razón por la cual, con eltiempo, los campesinos han generado nuevas estrategias para el cuidado delos cultivos y la protección de los mismos frente a las aspersiones. Apren-

61- http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/diciembre/12/17122006.htm


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dizajes que, desafortunadamente no son extensibles a los cultivos de pan-coger, y en este orden de ideas, hacen de las fumigaciones aéreas uno de losmotivos fundamentales (adicionales al valor agregado de la coca) para ladesaparición paulatina de cultivos legales como fuente de ingreso para loscampesinos de la región.

“No obstante, debe tenerse en cuenta que la mezcla química tiene efec-to sobre las hojas y no sobre las raíces o el suelo y por lo tanto elarbusto puede volver a su ciclo de producción mediante soqueo a unos30cm. Del suelo para obtener una nueva cosecha en aproximadamenteseis meses

(…) Una vez que los lotes de coca son asperjados, se necesita entre seisy ocho meses para recobrar la productividad cuando se soguea y seresiembre. Sin embargo, cuando se presentan lluvias o cuando los cam-pesinos lavan los arbustos inmediatamente después de la aspersión, di-minuye la pérdida de la hoja de coca y el cultivo se recupera rápida-mente”.

De acuerdo a las entrevistas de campo, el uso de estas estrategias así comoel lavado de las plantas de coca con “aguamelasa”62 y “pony malta” hanpermitido a varios campesinos mantener sus cultivos de hojas de coca, aun-que esto redunde en la pérdida de aquellos que, incluso en el marco de losplanes de gobierno de sustitución, han logrado cultivar durante algún perío-do como forma de ingreso alternativo.

“la mezcla del herbicida, aplicada en concentraciones de exposiciónprobablemente similares a las que resultan del programa de fumigaciónaérea, en 96 horas mató al 50% de los anfibios expuestos. Esta tasa demortalidad indica un riesgo inadmisible para las ranas colombianas,sin importar si las especies están o no amenazadas o si sólo se encuen-tran en la zona donde ocurre la fumigación. (…) Esta identificacióndel riesgo potencial existente para los anfibios, es suficientementegrave como para justificar la suspensión de la fumigación hasta quese determine el verdadero nivel de riesgo o se encuentran alternativasmás seguras”63.

Además del grave impacto ambiental que las aspersiones han tenido en laszonas fumigadas, de acuerdo al trabajo de campo, estas a su vez han ocasio-nado la destrucción de una parte importante de zonas de cultivos legales,incluso en áreas donde se venían desarrollando planes de sustitución volun-taria por parte de los habitantes de las zonas rurales de la región. En estesentido, posterior a los aprendizajes en materia de protección por parte delos campesinos de las hojas de coca, las fumigaciones aéreas, no han resul-

62- Una mezcla de agua con azucares naturales.63- Interamerican Association for EnvironmentalDefense: Programa de Fumigación Aérea del PlanColombia- Análisis y Crítica del Informe del De-par tamento de Estado al Congreso de EEUU.Sobre el Riesgo para los Anfibios y Especies Ame-nazadas.


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tado un mecanismo efectivo para la destrucción de los cultivos ilegales ypor lo contrario, se han convertido en un factor de agudización de la crisiseconómica y de recursos alimentarios para los campesinos de la región,hasta el punto de llegar, de acuerdo a las entrevistas con funcionarios de laDefensoría del Pueblo, a “aumentar los grados de acidez de la tierra hastaun punto donde lo único que puede crecer en las zonas, son arbustos, y eneste sentido, matas de coca (…) las fumigaciones lo que han logrado, esuna tecnificación de la tierra para que el único cultivo posible en muchaszonas de la región, sea precisamente eso contra lo que estaban peleando”.

Frente a las erradica-ciones manuales porsu parte, se han repor-tado, como hemosmencionado en pági-nas anteriores, quejasde distinta índole porparte de los habitantesde la región frente aacciones de maltrato yestigmatización porparte de funcionariosde la Fuerza Pública,particularmente en laszonas de Piñuña Ne-gro y Piñuña Blanco,donde miembros devarios territorios indí-genas han sido sindi-cados como colabora-dores de grupos gue-rrilleros, frente al en-

cuentro, por parte de las fuerzas armadas de cultivos de coca en sus parcelasy zonas de cultivo. Estigmatización que, aún en el marco de la lógica delnarcotráfico que se vive en la región, deja de lado el hecho de que el cultivode la hoja de coca, en todo caso hace parte de los bienes de consumo tradi-cional por los grupos indígenas.

Si bien es justo reconocer que un efecto importante del plan patriota ha sidoel incremento relativo de los niveles de protección de vías, estructura petro-lera y cascos urbanos; lo difícil de la geografía de la zona así como la estra-tegia de guerrillas, hace que las FARC sigan siendo un actor predominanteen las zonas rurales, y en este sentido, mantengan de manera importante elcontrol de los cultivos de coca y amapola a lo largo del Departamento, asícomo de las dinámicas sociales de muchas de las veredas y corregimientosdonde históricamente han tenido presencia, y en este orden de ideas, pre-


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senten formas de inserción en el tejido social, ya sea como los comprado-res principales de hojas y pasta de coca de los campesinos que se dedicana esta actividad, o mediante amenazas y ataques que generan formas decontrol social de difícil permeabilidad, inclusive, a pesar de la presenciade comandos del Ejercito en las cabeceras municipales.

“La mayoría de los campesinos venden la base de coca que ellos pro-ducen en pequeñas cocinas ubicadas dentro de las fincas o cerca deellas. El conocimiento técnico para dicha actividad les fue transmiti-do durante la década de los 90 por los traficantes de droga para faci-litar e incrementar la comercialización de la cocaína.

Muchos cultivadores de coca venden su producción como pasta decoca (un producto llamado pasta básica) lo cual constituye un indica-do de la situación predominante del mercado de la coca en Colombia.No obstante, debe tenerse en cuenta que los grupos armados tienden amonopolizar el mercado e incluso imponen sus precios y condicionesa los cultivadores. EN consecuencia los precios no siempre reaccio-nan a las leyes de la oferta y la demanda”64.

Así las cosas, estas tendencias deben revisadas con detenimiento, por lomenos en 2 niveles de análisis:

1. Las implicaciones que tiene la erradicación masiva de la coca en unDepartamento que, hace de este cultivo ilícito, uno de sus ejes deingreso fundamental para las comunidades campesinas, ante la difi-cultad de generación de otro tipo de economías. La generación deotro tipo de cultivos y las posibilidades de comercialización haciafuera del Departamento a precios competitivos de los productos lí-citos generados en el sector agrario, enfrentan por la dificultad geo-gráfica propia del Departamento, el control vial que ejercen los gru-pos ilegales. Por las lógicas que durante muchos años se han venidogeneralizando y naturalizando alrededor de la “cultura del narcotrá-fico” en las comunidades campesinas65, la coca se ha convertido enuna unidad monetaria con la que se llegan a comprar incluso fincasy grandes extensiones de tierra.

2. Ante la dificultad del terreno un adecuado acompañamiento porparte de las fuerzas militares a la población ubicada en las zonasrurales, los campesinos de la región terminan en condiciones devulnerabilidad frente a los grupos ilegales luego de las jornadasde erradicación. En algunos de los casos revisados durante el tra-bajo de campo, se encontró que, incluso a pesar de la voluntad dealgunos campesinos de realizar la sustitución de cultivos ilícitos –con las implicaciones en rentabilidad que esto conlleva- se hanvisto forzados a continuar con el cultivo de la coca por presión delos grupos ilegales.

64- Naciones Unidas, Oficina contra la Droga yel Delito. Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca,Junio 2006.65- Sobre este punto, incluso en más de dosocasiones, durante las entrevistas realizadas enterreno fueron denunciadas compras de mate-riales e insumos agrícolas, animales, e inclusofincas completas, con pasta de coca como uni-dad monetaria entre campesinos, y por parte delos grupos armados ilegales.


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“La agitación por las fumigaciones y la erradicación manual de cocarondaba ayer la carretera Panamericana, donde una intermitente bata-lla campal entre campesinos y policías deja ya 65 lesionados. Mientraslas autoridades atribuyen la movilización de unas cinco mil personas alas presiones de las FARC, los cultivadores dicen que salieron porqueestán sitiados por los campos minados y porque están pasando hambredesde que arrancó la ofensiva contra la coca (…)

Lo anterior, sumado a la baja presencia de empresas privadas en el Putuma-yo66 y las consecuentes bajas oportunidades a nivel laboral, consolidan elcultivo de la coca como la principal fuente de ingresos para los habitantesde la región. De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo,a la fecha, de cada 15 desplazamientos forzados en el departamento, 10 deellos son ocasionados por las acciones de erradicación de cultivos ilícitos,particularmente de las veredas aledañas a los ríos y a las zonas de frontera.Las organizaciones sociales sugieren frente a esta situación, que más quesoluciones para la sustitución de cultivos en el Departamento, los esfuerzosdeberían concentrarse en la generación de soluciones para la sustitución yconsolidación de fuentes de ingresos, competitivas con aquellas generadasdesde las lógicas del cultivo de la coca. De lo contrario, es poco viable quelos campesinos dejen de cultivar, o, tal como viene sucediendo en lo corri-do del 2007, que como resultado de las erradicaciones forzadas por parte delas fuerzas armadas, se incrementen los desplazamientos masivos y lasmovilizaciones frente a la realidad de los campesinos de la región del notener físicamente, nada que comer.

66- Ibíd. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 23.


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III. Crisis humanitariay desplazamiento forzado

(…)Mientras a nivel nacional el año se cerró ce-lebrando la disminución significativa en homi-cidios, secuestros y otros indicadores de violen-cia, y los colombianos batieron records viajan-do por las carreteras y llenando hoteles, el De-partamento del Putumayo completará diez díasa oscuras. ¿Qué pasa en ese Departamento?Desde que el entonces ministro del Interior, Fer-nando Londoño, anunciara que allí no quedabani una mata de coca, lo lógico era asumir que labase del conflicto en el Putumayo estaba liqui-dada y, en consecuencia, las cosas habían cam-biado radicalmente”67

Adicional a los efectos permanentes que tiene en materia humanitaria lapresencia histórica de las FARC en el departamento y a las acciones queestas desarrollan para tratar de mantener el control territorial en la región,se suman los efectos del circulo de violencia que se crea alrededor de unaeconomía que gira alrededor de la coca, contrapuesta a los intentos del Es-tado por su erradicación a través de las fuerzas armadas, sin tener planesadecuados para disminuir el impacto que dichas acciones tienen sobre lasfamilias que viven del cultivo. Acciones entre las que se incluyen amenazaspermanentes contra la población civil, confinamientos tanto en municipioscomo en zonas rurales, la prohibición de la salida de ambulancias a otrosmunicipios después de las 6 de la tarde -como en el caso de Puerto Asís-, yla prohibición en algunas zonas como Teteyé y la Carmelita del traslado alos cascos urbanos y del uso de teléfonos celulares por parte de los habitan-tes frente a la acusación de ser informantes68.

Por otro lado, las condiciones de vulnerabilidad en las que vive la pobla-ción desplazada en el departamento, donde existen quejas sobre personas

67- El Tiempo, «Qué pasa en el Putumayo?» Ene-ro 10 2006, el subrayado es nuestro.68- De acuerdo a las entrevistas realizadas conlos funcionarios encargados de los temas deDDHH y población desplazada en los municipiosde Mocoa y Puerto Asís.


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desplazadas que llevan más de 2 años en la zona sin haber recibido atenciónhumanitaria (particularmente en los municipios de Puerto Asís y Mocoa) yproblemas de hacinamiento durante los desplazamientos masivos durante2006 e incluso 2007 -en el caso de la Dorada-; generan una sensación cons-tante de incapacidad por parte del Estado para atender de manera adecuadaa la población desplazada que llega a los diferentes municipios receptores;y lo que es más preocupante, de parcialización en la aceptación o no acep-tación de los declarantes como desplazados, en casos individuales.

La dificultad de generar programas de reasentamiento poblacional sosteni-bles que respondan a la gran necesidad de ofertas en vivienda (en gran me-dida por la imposibilidad de crecimiento territorial de los municipios y lanegativa por parte de la población desplazada de asentarse en zonas ruralesfrente a la presencia de las FARC), hacen que la credibilidad de la pobla-ción desplazada sobre el Estado y sus posibilidades de trabajo conjunto seacada vez menor. Lo que a su vez intensifica la crisis humanitaria con res-pecto a la población desplazada, por lo menos en lo que tiene que ver consus posibilidades de atención.

“se admite como población desplazada a gente que, o bien no requierela ayuda con tanta urgencia como otros, o bien no son realmente des-plazados, porque el asunto de la ayuda tiene mucho que ver con aspec-tos políticos”.

A pesar de los esfuerzos realizados por las UAO municipales y oficinas deatención a la población desplazada en los municipios de mayor recepción, yen este sentido de los avances logrados en materia de atención y preven-ción, el distanciamiento con la población desplazada no deja de ser un asuntopreocupante: Alrededor de un 18 de las personas recepcionadas en los dife-rentes municipios hacen parte de organizaciones de población desplazada,factor que dificulta, la atención por parte de los organismos del Estado, lasorganizaciones sociales y de cooperación y acciones concertadas que facili-ten la restitución de sus derechos

(…)La población desplazada se encuentra asociada en cuatro organi-zaciones: Asociación de Desplazados del Putumayo (ASOCIMAYO), Aso-ciación de desplazados de Puerto Asís (ASODESPUAS), Cooperativade trabajo población desplazada (COODESAP) y Proyecto Futuro. Aso-ciaciones que cuentan con un total de 540 familias que suman un totalde 2951 personas (…)69

Así las cosas, las limitaciones en atención presentan una dinámica de do-ble vía en la que, aunque se encuentran casos importantes de accionesorganizativas al interior de los asentamientos de población desplazada,con excepción de las cuatro arriba mencionadas, las organizaciones depoblación desplazada de los asentamientos70 no realizan acciones articu-ladas con el Estado.

69- Informe Defensoría del Pueblo, Oficina deAtención al Desplazado del Departamento delPutumayo 2006-2007, Pp14.70- Sin necesariamente estar legalmente cons-tituidas, y más como resultado de liderazgosintermitentes y sin grados reales de institucio-nalidad.


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OPERACIONES HUMANITARIAS

El mes de Marzo, “una nueva controversia se desató con el Ejército, luegoque (…) fuera suspendida la entrega de los policías Carlos Alberto Legarday Eder Luis Almanza en zona rural de La Dorada, bajo Putumayo , por partede las FARC a una comisión humanitaria (…) A los combates que se registra-ron en el área (…) se sumaron las declaraciones del comandante de las Fuer-zas Militares, general Carlos Alberto Ospina, quien aseguró que no sabía dela entrega de los policías y que “oficialmente nadie le había informado sobreel hecho”. Sin embargo, en los días previos a la entrega, el comandante de laVI División del Ejército, general Luis Alberto Ardila estuvo en Puerto Asíssupervisando unas operaciones y al ser preguntado por los periodistas (…)respondió que estaba ahí por otros asuntos, pero no por la liberación. Asímismo, el comandante de Policía de ese Departamento, coronel HumbertoGuatibonza, indicó que sabía de la liberación, pero ni él ni el comandantedel Ejército de la zona habían recibido alguna instrucción sobre las opera-ciones que se adelantaban. Por su parte, el Comité Internacional de la CruzRoja (CICR) señaló que (…) estando en Puerto Asís, varias fuentes informa-ron sobre el riesgo de desplazarse a la zona señalada para la entrega (veredael Afilador), por los intensos combates. En un comunicado, el CICR señalóque (esperaría) a que se den las garantías de seguridad, discreción y reservapara adelantar la gestión. Además, indicó que las FARC expresaron su vo-luntad de liberar “más adelante” a los uniformados. Por su parte, el candi-dato presidencial Álvaro Leyva, quien gestionó toda la entrega de los poli-cías, señaló nuevamente que todo se frustró por culpa del Gobierno, que“saboteó la entrega al meter tropa en la zona (…)”.

(…)Aunque el general Ospina admitió que sí había operaciones milita-res en el área, sin dar mayor explicación, (el 19 de Marzo) el Ministeriode Defensa emitió un comunicado de prensa en el que asegura (ba) que“las acciones militares se han incrementado por los reiterados ataquesde las FARC”. También señala que el compromiso adquirido con Ecua-dor de fortalecer la seguridad en la frontera, así como los ataques a lospozos petroleros, el oleoducto y la infraestructura vial, son otros de losmotivos para no cesar las operaciones. (…)El presidente Álvaro Uribe,en rueda de prensa en Rionegro (Antioquia), dijo que no se iba a referirsobre el tema y lo dejaba en manos del general Ospina. De otro lado,las familias de los dos policías, quienes recibieron la postergación de laentrega con pesimismo, señalaron que Uribe debe apiadarse de ellas ypermitir que la CICR haga la gestión. “Es injusto lo que ha hecho elGobierno, no entiende que somos madres, gente pobre, y que hicimosun gran esfuerzo para venir hasta el Putumayo”, señaló Alba Patrón,madre del policía Eder Luis Almanza. Ahora, afrontan otro drama: re-unir el dinero que les prestaron para poder viajar. “Cuando los liberenya no vamos a poder venir a recibirlos porque la plata que teníamospara hacerlo se nos fue en este viaje y no tenemos para hacer otro”,agregó Rosario Rosero, madre de Alberto Legarda71.

71- El Tiempo, «Militares sabían o no de libera-ción?» Marzo 20 2006.


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Eventos como los anteriores, así como el enfrentamiento accidental entre elEjército y la Policía en inmediaciones del municipio de Puerto Asís en elmes de enero, los múltiples reportes sobre transgresiones al Derecho Inter-nacional Humanitario y abusos por parte de la fuerza pública contra campe-sinos de la región en zonas rurales de Puerto Asís, el Valle del Guamuez,Puerto Leguízamo y Orito, y contra la población indígena, bajo el argumen-to de ser colaboradores de la guerrilla, han hecho que la percepción conrespecto al aumento del pie de fuerza sea asumida como la búsqueda deprotección, de las infraestructuras petroleras y viales y no en la protecciónde las personas que habitan la región72. Estos hechos, que evidencian lacrisis que vive la región, no solamente incidieron de manera significativaen la situación de orden público en el Departamento, sino también -y para-dójicamente- en los procesos de intercambio humanitario, y ahondaron laya bastante profunda crisis de gobernabilidad que se vivió en el Putumayodurante el 2006, por el cambio reiterado de funcionarios ante la renuncia odestitución, en 3 ocasiones, de los gobernadores departamentales.

Desde otra perspectiva, vale la pena resaltar la preocupación referida porlos habitantes de la región, e incluso presentada por parte de la Defensoríadel Pueblo y de las oficinas encargadas de Derechos Humanos entrevista-das, sobre el incremento del reclutamiento forzado de menores por parte delos grupos irregulares; el 22 de Febrero, en cercanías a Mocoa, un menor de16 años de edad, perteneciente al frente 13 de las FARC, se entregó a unapatrulla del Ejército que transitaba por la vía Mocoa – Pitalito; el 28 deMarzo, dos jóvenes de 16 y 17, pertenecientes a las FARC se entregaronante unidades militares en el mismo municipio; el 11 de Marzo, en las zo-nas rurales de Puerto Caicedo y Puerto Asís, guerrilleros de las FARC ase-sinaron a tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, que se negaron a ingre-sar a sus filas73. Según las entrevistas de campo con los funcionarios encar-gados de los temas relacionados con Derechos Humanos y Población Des-plazada, pareciera que, particularmente el frente 47 de las FARC se encon-trara desarrollando una estrategia de reclutamiento forzado en la región de“cualquier varón mayor de 13 años y menor de 30 en buen estado de sa-lud”. De igual forma, pareciera que los grupos emergentes estuvieran estarreclutando jóvenes en los cascos urbanos de los municipios, dinámica a laque parecieran encontrar in grado importante de receptividad por parte delos jóvenes, como forma de empleo fácil y de obtención de dinero rápido através de las actividades de información y extorsión propias de las autode-fensas, además de las de la economía del narcotráfico.

Si bien esta es una tendencia que se ha dado a lo largo del país en los últi-mos 10 años74, y que ha tenido particular repercusión en el Departamentodesde la entrada de los primeros grupos guerrilleros en la década de los 80,no deja de ser preocupante que aún en el marco de las negociaciones con lasAUC, y en medio de la complejización de las nuevas formas de expresióndel conflicto en Departamentos como el Putumayo, sean los jóvenes quie-

72- Comentario reiterado en diferentes entrevis-tas en trabajo de campo con organizaciones des-plazadas en los municipios de Puerto Asís, Orito,La Hormiga, Leguízamo y Mocoa.73- Bitácoras de Prensa Bitácoras de PrensaObservatorio del Programa Presidencial de De-rechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la Re-pública 200674- PDPMM, A Contra Corriente: Culturas Juveni-les en el Magdalena Medio 2002/ PlataformaConflicto Urbano y Jóvenes: Conflicto Urbano yJóvenes 2003.


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nes empuñan las armas y mueren en los combates. Por supuesto, comoconsecuencia de la presencia de los grupos en las regiones, pero también,como efecto directo de la casi inexistente oferta para la vinculación laboralen actividades lícitas.

Finalmente, en los meses de Octubre y Noviembre, llaman la atención doshechos particulares: 1. La emisión de comunicados y cartas por parte delsecretariado de las FARC a las tres ramas del poder público, donde propo-nen la reactivación de los diálogos de paz con el gobierno del presidenteUribe y 2. La aparición de un reportaje sobre la situación de las cárceles delmunicipio de Puerto Asís:

1. “Las FARC piden despeje de Putumayo y Caquetá y cancelación deórdenes de captura contra el estado mayor. El Gobierno recomiendaprudencia.(…) El grupo guerrillero dice que si el Gobierno brinda lasgarantías para el despeje durante 45 días de Florida y Pradera para elintercambio humanitario, “quedará al orden del día la búsqueda deacuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país”.Es más, las FARC pidieron al Gobierno el despeje de los Departamen-tos de Putumayo y Caquetá, suspender las órdenes de captura contra elestado mayor y solicitar a la comunidad internacional no hacer califi-cativos de organización terrorista. El ex ministro Álvaro Leyva y CarlosLozano, director del semanario VOZ, se mostraron optimistas por elpronunciamiento de las FARC. “Lo que hay que hacer es concluir exito-samente el primer momento, o sea, el acuerdo humanitario en los muni-cipios de Pradera y Florida”, afirmó el ex ministro. “La carta muestrael compromiso de las FARC en la búsqueda de escenarios de paz. Si selogra concretar el acuerdo humanitario, el gobierno y las FARC podrándiscutir directamente, sin intermediarios, las condiciones para un pro-ceso de paz”, dijo Carlos Lozano. El ministro del Interior, Carlos Hol-guín, señaló que el tema requiere de “prudencia y paciencia”75.

Sobre este tema cabe mencionar, que si bien el tema de los diálogos con lasFARC hacen parte de la agenda nacional, y en este orden de ideas, hantenido múltiples desarrollos tanto a favor como en contra de los mismos,desde los documentos emitidos por los el grupo guerrillero a este respecto,como por los textos, comunicados y entrevistas presentados por el gobiernonacional76, la solicitud expedita del despeje de los Departamentos de Ca-quetá y Putumayo brinda dudas importantes sobre la disminución de la pre-sencia de este grupo ilegal en la región.

“Desde cuando la guerrilla secuestró a Ingrid Betancourt en plena cam-paña presidencial, pasando por la toma masiva de rehenes en la asam-blea del Valle y hasta por el plagio de los tres cooperantes norteamerica-nos, la guerrilla ha sostenido que debe haber un despeje militar paraviabilizar el acuerdo. Tal concesión es inaceptable para Uribe, cuya prin-cipal bandera de gobierno ha sido la recuperación del espacio controla-do por que la guerrilla. Las FARC dicen haberse movido de la exigencia

75- El Tiempo, «FARC abren camino hacia proce-so de paz con Uribe» Octubre 3 200676- Véase: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/farc/registro/index.htm


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del despeje de dos Departamentos (Putumayo y Caquetá) a la de dosmunicipios (Florida y Pradera, en el Valle), pero igual insiste en la des-militarización de la zona. Y el gobierno asegura que avanzó, por ejemplo,al aceptar la fórmula de los facilitadores franceses, para dialogar en unazona de 180 km2 en la que no haya fuerza pública, pero tampoco aceptapresencia guerrilla en el lugar. Mientras Uribe teme que la guerrilla apro-veche militar y políticamente el despeje para fortalecer su posición, a lasFARC les asusta la idea de ser engañadas por el gobierno y caer en unaemboscada sin una retaguardia segura para su repliegue”77.

2. (…) Las autoridades de Puerto Asís se declaran impedidas para con-trolar a los 119 internos de la prisión local, que salen a diario y tienencelular. El centro de reclusión tiene capacidad para apenas 20 perso-nas y sus celdas no cuentan con cerraduras.

(…) El helicóptero que llegó el jueves a Puerto Asís para trasladar aMocoa a 6 de los 119 reclusos del pueblo perdió el viaje: dos no pare-cieron. La misión tuvo que ser cancelada luego de que los tres guardiasdel penal (civiles desarmados que ganan el mínimo) no pudieron en-contrarlos en el billar, ni en las casas de citas, ni en las calles de estalocalidad de 29 mil habitantes.

(…)La cárcel de Puerto Asís tiene solamente seis celdas sin rejas nicerrojos, no cuenta con medidas sanitarias, las paredes están en malestado, la mayoría de los internos no permanece en ella. Los más pode-rosos tienen la llave del único candado que los separa de la libertad.Otros se van a alguna vereda cercana por dos o tres días. Algunos tra-bajan en el taller de la acera de enfrente y la mayoría sale a jugarbillar, tomar cerveza o dar una vuelta en moto. Pero ninguno se fuga.“¿Quién se va a volar si saben que ahí pueden pagar su condena rela-jados?”, dice César Andrés Chapal, el personero del pueblo.

(…)Aún es jueves, son las 5 p.m. y el alcalde, Armando Dulce, estánervioso. No por temor a que sus superiores lo reprendan por no encon-trar a los reclusos, sino porque teme represalias de los internos. “Elambiente está caliente. A ellos no les gusta que los trasladen. Piensanque es culpa mía, pero yo no hice nada –dijo Dulce, quien se posesionóel 4 de octubre y renunció el 30–. El Alcalde me pidió que me quedara,pero esto es muy duro, no hay condiciones para albergar a los internosy uno tiene familia que cuidar”.

(…)El mayor Hernando Guerrero, comandante de la Policía y respon-sable de la seguridad de Puerto Asís, Orito y Puerto Caicedo, se mostrómolesto porque, aunque en varios consejos de seguridad ha denunciadoque los presos de Puerto Asís viven en las calles, no se toman medidaspara evitarlo. Luís Milton Taguada, un filósofo de 54 años que repre-senta a los internos, afirma que ellos están en las calles porque no so-portan estar un día entero en la cárcel: «Hay mucha humedad, hacecalor, la comida no alcanza y sólo se puede dormir cuando no llueve,porque las colchonetas que tiramos al piso se mojan»78.

77- Revista Semana, Nuevo contrapunteo entreel gobierno y las FARC por tema de Intercambio,Septiembre 2006.78- Una cárcel donde los presos mandan Nov.20/2006.


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Las anteriores dos noticias, nuevamente nos remiten a un tema excesiva-mente espinoso en lo referente a la situación en materia de Derechos Huma-nos y Crisis Humanitaria que se vive en el Departamento: La crisis de insti-tucionalidad que vive el gobierno tanto municipal, como departamental,como nacional en materia de orden público y dominio territorial, y los efec-tos que dichas debilidades generan en la población civil.

“Efectivamente, desde una mirada por la ventana del hotel en PuertoAsís o en Mocoa durante el trabajo de campo, o a través de la ventanade cualquiera de los vehículos que permiten el traslado de un municipioa otro en las vías recorridas; o incluso, por el simple hecho de habernosencontrado con más de 3 retenes del ejército mientras viajábamos, esevidente el aumento del pie de fuerza. Sin embargo, la sensación deseguridad no es mayor, ni mía ni de *, que ha venido acompañándomeen los viajes: “aunque se ve mucho ejército esta tierra es muy grande, yno hay cantidad de soldados que valga” me dice. “(…)”Que concertenla paz es complicado, pero mientras no se pongan de acuerdo nosotrosseguimos en la mitad de las balas y peor ahora que los paras caminanlibremente por las calles de la ciudad, ahí nos toca movernos pandito;porque a uno lo van matando si habla demasiado duro””79

CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO:

Durante el período 1999-2006 se han presentado aproximadamente 89.114expulsiones en los diferentes municipios del Departamento del Putuma-yo80, siendo Puerto Asís, el Valle del Guamuez (La Hormiga) y Puerto Guz-mán, los tres que presentan un mayor porcentaje de expulsión con el 19.6%,15,7% y 11.7% respectivamente.

Dependiendo de la fuente desde donde se revise, el Departamento del Putu-mayo ha recepcionado 43.415 personas desplazadas según el registro deAcción Social, y 55.028 de acuerdo con el sistema de información y segui-miento al desplazamiento forzado de CODHES (SISDHES); siendo los mu-nicipios de Mocoa, Puerto Asís y Villa Garzón los mayores receptores se-gún Acción Social con el 36.1%, 29.1% y 7.1% respectivamente, sobre el 79- CODHES, Notas Diarios de Campo-Putumayo,

Texto sin publicar, 2007.80- «aproximadamente» en la medida que el sis-tema de registro publicado por Acción Social enmateria de expulsión no especifica si el Input parael municipio de San Miguel corresponde al muni-cipio con este nombre en el Departamento delPutumayo, o a su homónimo en el Departamen-to de Santander; por lo que se asume que losdatos de ambos municipios son incluidos a la basede datos bajo un solo nombre, lo que generauna distorsión en la información de alrededorde 3000 personas con respecto a la cifra deltotal departamental y no permite claridades so-bre la gravedad del fenómeno de desplazamien-to forzado en ambos municipios de manera dis-criminada.


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81- Del que asumimos, es aún mayor al presen-tado por la distancia entre las cifras CODHES –Acción Social.: El Estudio realizado por la Uni-versidad de los Andes y la Conferencia Episcopaltitulado Hacia una Política Preactiva Para la Po-blación Desplazada (Ibáñez, Moya y Velásquez2006) estimó que el subregistro llega a un 30%de las cifras oficiales. Por otra parte, la encuestaefectuada por Profamilia, con el apoyo de US-AID, titulada Salud Sexual y «Reproductiva enZonas Marginadas: Situación de las Mujeres des-plazadas» indica que el 20% de las personasdesplazadas nunca solicitó ser incluida en el SUR.La Procuraduría General de la Nación, en su SextoInforme sobre el cumplimiento de las órdenescontenidas en la Sentencia T-025 de 2004 y losautos 176, 177 y 178 del 29 de Agosto de 2005,y 218 y 266 de 2006, de la Corte Constitucio-nal, y ha constatado un incremento de los nive-les de rechazo a las solicitudes de registro en elSistema Oficial, que presentan los desplazados,cercano a un promedio nacional del 40%. (Ro-mero, M. «Los Problemas Estructurales de laPolítica Frente al Desplazamiento Forzado». CO-DHES 2006. pp. 16).82- Comité Técnico Gobernación del Putumayo,RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIUpara la Atención a la Población en Situación deDesplazamiento por la Violencia en el Departa-mento del Putumayo, 2005. Pp17.

total de esta fuente;y el 29.7% y 29.1%para los dos prime-ros según las cifrasdel SISDHES conuna variación en eltercer lugar, en estecaso ocupado por elValle del Guamuezcon un 13.2% sobreel total reportado porCODHES. En todo

caso, para ambas fuentes, los porcentajes aportados por estos municipiossuman más del 70% de la población recepcionada en el Departamento.Hasta la fecha de publicación del presente documento, no existen informesoficiales sobre el registro de desplazamientos transfronterisos.

En todo caso, vale resaltar que estas cifras, en realidad no resultan del todoexcluyentes, en la medida que las cifras de Acción Social se refieren alnúmero de declaraciones recibidas, mientras las de CODHES buscan, a tra-vés del monitoreo permanente a las regiones, dar cuenta, de alguna maneray con las limitaciones propias de no tener la enorme infraestructura queposee el Estado, del subregistro de personas que no necesariamente se re-portan frente al sistema de registro del gobierno81. Bien sea por “el desco-

nocimiento sobre el funcionamiento y procedimientos del Sistema Nacio-

nal de Atención Integral a Población Desplazada –SNAIPD-, el temor a

ser estigmatizado, amenazas, la incredulidad respecto a la prestación de

los servicios a la población desplazada82”; por la negativa por parte de losfuncionarios públicos de aceptar la declaración como válida para la inclu-sión de los declarantes en el sistema de registro; por el temor a represaliaspor parte de los estamentos de la fuerza pública (cuando los desplazamien-tos son ocasionados bien sea por acciones militares al interior de zonasrurales enmarcadas en una economía de la coca, o bien por cualquier actorilegal a través de acusaciones de ser colaboradores del bando contrario), o


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por el imaginario generalizado que el registro, por un lado favorece unacierta forma de discriminación y en este sentido una doble victimización, ypor el otro, puede resultar equivalente a una denuncia83.

“Mientras el SUR es un sistema de identificación y registro, el sistemade CODHES acumula los datos procedentes de trabajo de campo, mo-nitoreo de medios de comunicación y múltiples fuentes que van desdelas organizaciones locales hasta instituciones locales nacionales e in-ternacionales. Estos datos son indicativos del carácter estructural delos hechos violentos que generan el desplazamiento forzado, pero, entodo caso son insuficientes, dados los problemas de subregistro que afec-tan a todos los sistemas de información y dado e elevado número depersonas rechazadas en los registros oficiales”84.

En este sentido, el tener en cuenta de manera permanente las cifras aporta-das tanto por la Acción Social, como por el SISDHES, incluso en el marcode las limitaciones intrínsecas de cada una, permite el abordaje, dada lacomplejidad del desplazamiento forzado en Colombia, de diferentes dimen-siones del mismo, y en este sentido, su análisis paralelo en tanto cifras ofi-ciales del Estado por un lado, y las presentadas desde la sociedad civil des-de el otro, brindando desde allí diferentes niveles de comprensión.

“En última instancia, el problema del registro remite a la caracteriza-ción pública del universo de víctimas de desplazamiento y a la eficaciade las políticas de seguridad (…) además, las fallas de registro y carac-terización afectan estructuralmente la política pública, porque impidenconstruir una base completa para el desarrollo de una política integralde atención en planos institucional y financiero”85.

Algo en lo que sí concuerdan las fuentes, es en el hecho que a partir del año2000 la cifra de recepción de población desplazada presentó un crecimientoimportante con respecto a los años anteriores, cifra, en parte relacionadacon los desplazamientos intradepartamentales generados por las masacresde “El Tigre” y “La Dorada” (San Miguel) realizadas por las AUC en esteaño86, y, posteriormente teniendo sus picos más altos en el 2002, según lascifras aportadas por Acción Social, y en el 2004 según las cifras CODHES.

De acuerdo a estas últimas cifras, el proceso de desplazamiento en el Putu-mayo ha tenido un comportamiento constante en términos estadísticos, enespecial en el período 2003-2006. En todo caso, vale mencionar que (…) la

continuidad estructural del desplazamiento y la ausencia de políticas efec-

tivas de prevención protección. (…) en los últimos años muestran una in-

equívoca de continuidad de la crisis humanitaria, lo cual ilustra el fracaso

de la política de prevención87.

Según el Plan Integral Único para el putumayo, este Departamento “ha

expulsado dos veces el tamaño de la población desplazada que ha recibido,

83- lo cual no estaría lejos de la realidad, si sesiguieran las normativas de los artículos 27 ensu inciso segundo, 95-7, 229, 447 y 441 delcódigo penal vigente, que consagran los dere-chos de la población civil a acceder a la adminis-tración de justicia, y en este sentido a la obliga-ción de los servidores públicos de denunciar lasconductas punibles que conozcan por cualquiermedio, como en el caso del DELITO de desplaza-miento forzado cometido por los diferentes ac-tores armados contra las personas que se re-gistran como población desplazada)84- Romero, M. «Los Problemas Estructurales dela Política Frente al Desplazamiento Forzado».CODHES 2006. pp. pp. 17-18.85- Ibíd., Romero, M. pp. 13.86- Comité Técnico Gobernación del Putumayo,RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIUpara la Atención a la Población en Situación deDesplazamiento por la Violencia en el Departa-mento del Putumayo, 2005. Pp10.87- Ibíd., Romero, M. pp. 17. (Subrayados y Cur-sivas en el original)


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significando que ha expulsado el 20% y que ha recibido el 10% de la po-

blación total del Departamento (369.357 habitantes. DANE – 2004)”88

“(…) Cabe resaltar que como causa del conflicto armado se busca refu-gio en otros países, principalmente los vecinos: Ecuador, Panamá, Perú,y Venezuela; datos suministrados por ACNUR estiman que a marzo de2005 se le ha reconocido asilo a 9.682 personas y están pendientes6.714 solicitudes, de las cuales el 13% corresponden a Putumayo, ubi-cando a este Departamento como el segundo mayor expulsor hacia laRepública de Ecuador”89.

En lo referente al desplazamiento forzado durante el año 2006, el Departa-mento del Putumayo presenta cifras de recepción de 5733 personas de acuer-do a Acción Social y 9749 según lo reportado por el SISDHES-CODHES.

De acuerdo a las cifras de Acción Social (en su nivel nacional), los tresprincipales municipios receptores son Mocoa (32.7%), Puerto Asís (26%) yVilla Garzón (9,2%), mientras que para el Sistema de Información de CO-DHES, este orden varía de manera significativa, siendo los municipios dePuerto Asís (47.5%), Valle de Guamuez (18%) y Mocoa (14.6%) quienespresentan las cifras más altas. Para la primera de las fuentes revisadas, lostres municipios mencionados suman alrededor del 67% del total de pobla-ción desplazada durante el 2006; mientras para CODHES los municipiospresentados por el sistema suman el 80% de la cifra total de desplazamientoen el Departamento durante el mismo año.

De acuerdo al análisis trimestral sobre desplazamiento forzado en el departa-mento del Putumayo, del Sistema de Información de CODHES del SISD-HES, durante el primer trimestre de 2006 se desplazaron 1913 personas, sien-do la cifra más alta de desplazamientos durante todo el año. De acuerdo a lasentrevistas de campo, dicha cifra correspondería en parte, como veremos más

88- Comité Técnico Gobernación del Putumayo,RSS, OPD, OIM, ACNUR. Plan Integral Único PIUpara la Atención a la Población en Situación deDesplazamiento por la Violencia en el Departa-mento del Putumayo, 2005. Pp11. (El resaltadoes nuestro).89- Ibíd., pp. 10.


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adelante, a los desplazamientos masivos que se dieron en este período moti-vados por las acciones armadas de las FARC al inicio del año, y en parte,como efecto del paro armado decretado por esta organización en el mes deFebrero. Para el segundo trimestre se desplazaron 1508 personas, sumandoun acumulado de 3421 personas para el total del primer semestre del año.Para el siguiente trimestre se desplazarían 1460 que agregado a la cifra se-mestral nos arroja un resultado de 4881 personas desplazadas entre el 1ro deEnero y el 30 de Septiembre. Finalmente, en el cuarto trimestre, en el depar-tamento del Putumayo se desplazaron 1162 personas, lo que nos arroja untotal de 6043. De igual manera, de acuerdo a las entrevistas de campo, lareducción relativa de las cifras de desplazamiento entre cada trimestre, co-rrespondió en parte al levantamiento del paro armado establecido por las FARC,y, particularmente en los cascos urbanos, al “acordonamiento” militar que lasfuerzas armadas realizaron sobre los mismos por otra. Sin embargo, vale la


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90- Entrevista a líder desplazado.

pena resaltar que endos de las entrevis-tas realizadas a líde-res desplazados,ellos también argu-mentaban que estadisminución tam-bién se debe a la per-cepción, por parte delos habitantes de laregión, de la incapa-cidad de atención a

la población por parte del Estado, y en este sentido, a la desesperanza frente ala posibilidad de recibir algún tipo de ayuda en caso de decidir desplazarse.

“Entre estar arriesgando la vida y no tener nada y tener que vivir en laspeores condiciones, y tener que arriesgar la vida, pero por lo menos estaren la casa, pues la gente prefiere quedarse. De todas formas, aquí, estéuno donde esté, corre riesgo por los grupos armados, la coca, e inclusiveel ejército. Entonces la gente ya no sale”.

Varias reflexiones se desprenden del análisis de las cifras de acuerdo a lasentrevistas realizadas en el trabajo de campo realizadas en los diferentes mu-nicipios; reflexiones que en muchos de los casos se extienden a las dinámicasdepartamentales en materia de población desplazada:

La primera de ellas tiene que ver con el desplazamiento “gota a gota” que seda de forma permanente tanto en términos interveredales como en términosintermunicipales, pero sobre todo en términos intradepartamentales; factorque afecta las cifras oficiales que dan cuenta sobe la crisis humanitaria en quevive la población desplazada, no solamente en el Departamento del Putuma-yo, sino en todo el país. Este desplazamiento, en la mayoría de los casosreporta un número mayor de personas expulsadas de los municipios que elnúmero de personas recepcionadas; expulsiones que bien pueden ser de per-sonas previamente recepcionadas que no encontraron asistencia adecuada porparte de las organizaciones del Estado90, o tuvieron que moverse nuevamentepor señalamientos, generan un flujo de desplazamiento importante y perma-nente en los municipios de la región. Esto a su vez, hace que los recursos deatención inevitablemente terminen siendo insuficientes y en muchos casosinadecuados en materia de protección para la población desplazada recepcio-nada, y de prevención de nuevas expulsiones. Este aspecto lo revisaremoscon mayor cuidado en el siguiente apartado de este documento.

La segunda, tiene que ver con el hecho que, tanto en razón de las dinámicasdel conflicto y el narcotráfico en la región, como en razón de las políticasde apropiación de zonas específicas para el desarrollo de proyectos de in-


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fraestructura, existen desplazamientos con particularidades de etnia que notienen un trato diferenciado por parte de las entidades del Estado, caso delas comunidades indígenas Coreguaje, y Siona entre otras.

“Pero también existe una economía política más profunda, ya que eldesplazamiento es causado por poderosos intereses locales, que seapoyan en formas de coacción violenta para inducir el despojo detierras, el despoblamiento de zonas económicas estratégica y su utili-zación ilegal, la apropiación de plusvalías en proyectos de infraes-tructura, la destrucción y la desactivación de procesos de organiza-ción social de las comunidades, el desarraigo cultural y la supresiónde la pluralidad política. En estos dos niveles, el campesinado y losgrupos étnicos asentados ruralmente son la principal víctima, puesse hallan en medio de la guerra sujetos por la pobreza y sometidos ala presión de las fuerzas del latifundio tradicional, los grades proyec-tos de agricultura comercial o explotación de recursos naturales y loscapitales del narcotráfico”91

DESPLAZAMIENTOS MASIVOS:

De acuerdo a la información aportada por la Unidad Territorial Putumayode Acción Social, entre el año 2000 y el 2006 se presentaron 26 desplaza-mientos masivos, con un total aproximado de 8363 personas, cifra corres-pondiente a 2128 familias. De estos desplazamientos el 23.1% se han pre-sentado en el valle del guamuez; el 19,2% en el municipio de Orito; y el11,5% en Puerto Asís. Desplazamientos que, en conjunto suman más del50% del total de los éxodos masivos que se han presentados en el Depar- 91- Ibíd., Romero, M. pp. 18.


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92- Informe de Asesor de Fronteras. Defensoríadel Pueblo. 2006.93- Ibíd. Informe defensoría del Pueblo, pp. 19.

tamento. Durante el 2006, de acuerdo a la información oficial de AcciónSocial, se presentaron 4 desplazamientos masivos: 1 en el municipio dePuerto Asís, de 53 personas en el mes de Abril, y 3 en el Valle del Gua-muez durante los meses de Mayo, Agosto y Septiembre, correspondientesal 11.5% del total de desplazamientos masivos ocurridos en el Departa-mento en el período 2000-2006, pero a su vez, correspondiente al 75% delos desplazamientos ocurridos durante este año.

Por su parte, de acuerdo al SISDHES, durante el año 2006 se presentaron5 desplazamientos masivos en el Departamento, donde en la mayoría delos reportados, no coinciden ni en fechas, ni en número de familias des-plazadas con las cifras aportadas por la Unidad Territorial de Acción So-cial. A su vez, tal como se menciona en las páginas anteriores, en losregistros de Acción Social tampoco aparece el registro de las 200 familiasdesplazadas masivamente del corregimiento “La Carmelita” en la juris-dicción de Puerto Asís reportado por la Defensoría del Pueblo, debido a laocupación del ejército del colegio Ecológico El Cuembí; de acuerdo a lascifras SISDHES, el número asciende a 280 familias con un aproximadode 1400 personas.

Si asumimos la validez de ambas fuentes, entonces para el 2006 habre-mos de reportar 8 desplazamientos masivos en los meses de Enero, Mar-zo, Abril, Mayo, Agosto, septiembre, octubre y diciembre; siendo losmunicipios del Valle del Guamuez y Puerto Asís los mayores generadoresde desplazamientos masivos, y en este sentido, y sobre la base de lo dis-cutido un poco más arriba, los mayores receptores en tanto la naturalezade estos desplazamiento; que de acuerdo a los datos arrojados por lasdiferentes fuentes de información, tienden a ser, aunque interveredales,con el mantenimiento de la población desplazada al interior de diferenteszonas dentro del municipio, es decir intramunicipales.

Al indagar con las comunidades, funcionarios públicos y líderes de lasorganizaciones de desplazados, en muchos casos se expresa que, adicio-nal a las condiciones permanentes de vulnerabilidad en las que viven loshabitantes de la región en tanto las retaliaciones por parte de los gruposilegales frente a la presencia de tropas de la fuerza pública como parte deldesarrollo del plan patriota; los enfrentamientos armados en la búsquedadel control territorial de zonas estratégicas y las disputas alrededor delcontrol de los negocios articulados a las dinámicas del narcotráfico; laestrategia de fumigación aérea y erradicación manual, paulatinamente seha convertido en una de las razones de mayor peso para este tipo de des-plazamientos.

“es así como existen hechos concretos como “capturas y judicializa-ciones a varios miembros de la comunidad entre ellos el enfermero delpuesto de salud, un funcionario de Fensuagro y a otros habitantes”92”93


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Tal y como hemosrevisado en capítu-los anteriores, valela pena tener encuenta que una par-te importante de laeconomía de los ha-bitantes de las zonasrurales de la región,y en muchos casosde habitantes de los

cascos urbanos, se mueve alrededor de las dinámicas cocaleras. En estesentido, la economía de enclave de muchas veredas, corregimientos y co-misarías gira, particularmente en las clases campesinas, en torno al culti-vo y procesamiento básico de la hoja de coca, por lo que; tanto las fumi-gaciones como las erradicaciones manuales, no solamente tienen efectosen la destrucción de los cultivos de pan-coger, en el aumento del temorpor parte de los habitantes de estas zonas a la judicialización frente aldesarrollo de una actividad de la que son concientes, es ilegal, y en mate-ria de orden público en tanto las reacciones armadas de los grupos ilega-les para evitar que estas jornadas de fumigación logren su objetivo; sinoque también afectan de manera significativa y directa las posibilidadesde ingreso de los campesinos frente a sus lógicas de cultivo y noción de loproductivo.

(…) “La Propia corte constitucional ha señalado que un registro in-adecuado conduce a la negación de los derechos de muchas personasque pueden estar sometidas a situaciones de desplazamiento. Tam-bién ha indicado que el sistema oficial no registra casos de desplaza-miento intraurbano, interveredal, desplazamientos de poblacionesprocedentes de zonas de fumigación de cultivos de uso ilícito y casosde dobles o múltiples desplazamientos, que son los más frecuentes”94

“A la escuela ‘La Párker’ de La Hormiga, cabecera municipal de Va-lle de Guamuez (Putumayo), fueron trasladadas las 114 familias queel fin de semana pasado abandonaron sus parcelas por amenazas delas FARC, que las culpan de colaborar con las autoridades en la erra-dicación de cultivos ilícitos. Algunos caminaron hasta 45 minutos porvías destapadas desde las veredas El Triunfo, La Unión y Bellavista,para evitar que las amenazas de muerte se cumplieran. Aseguran queno regresarán si no les dan garantías. Ayer, tras una reunión del Co-mité de Desplazados , la Alcaldía decidió el traslado de las 467 perso-nas, que desde el pasado viernes a las 4:30 de la tarde, cuando empe-zaron a llegar con sus pertenencias, fueron ubicadas en dos escuelas.“Nos acusan de auxiliadores de la erradicación”, dijeron los labrie-


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gos a las autoridades de La Hormiga. El alcalde Artemio Solarte dijoque la situación es delicada. “No contamos con los recursos. Es nece-sario que el Gobierno nos ayude”, pidió. El Comité Internacional dela Cruz Roja llegó a la zona con ayudas en alimentos y frazadas para15 días. “Esperamos que sea suficiente y que se logre un retorno loantes posible; de lo contrario la situación se complicaría”, dijo Lean-dro Romo, personero de La Hormiga, quien informó que se espera lallegada de más familias”95.

94- Ibíd., Romero, M. Pp. 17.95- El Tiempo, «Las FARC repiten las marchascocaleras», Mayo 17 2006


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IV. Respuesta del Estado:políticas públicas

para la atención a la población desplazada

Simultáneo a las acciones militares emprendidas como respuesta a los aten-tados y por parte de las FARC, y particularmente en el transcurso del primertrimestre de 2006, el Estado, realizó una serie de actividades que procura-ran reestablecer el funcionamiento adecuado del Departamento frente a losdaños en infraestructura generados por las voladuras de torres de energía.Este intento de reestablecimiento de la normalidad incluyó la generación deestrategias para la reparación de las torres de energía, así como el acompa-ñamiento de caravanas en las carreteras que permitieran una mayor seguri-dad para los habitantes de la región.

“Las autoridades del Departamento anunciaron ayer que en menos de48 horas debe estar restablecido el servicio. Pero a pesar de que seincrementó el control militar en el Departamento, la guerrilla voló ayerdos puentes vehiculares entre Teteyé y Cuendí, en zona de Puerto Asís.El alcalde de Mocoa, Élver Cerón, pidió a la Fuerza Pública que ase-gure cuanto antes la zona donde se produjo la voladura de las torres,para que la electrificadora pueda empezar las reparaciones”96.

“Ayer, las autoridades civiles y militares se reunieron en Mocoa paraanalizar la situación y tomar medidas para lograr el regreso de la nor-malidad. Se anunció que habrá caravanas escoltadas para garantizarla movilidad por las carreteras que comunican con Nariño y Huila y elinicio inmediato de trabajos en las torres que están por fuera del siste-ma de interconexión. Pero mientras se logra la normalización, segúnlas cuentas del gobernador encargado, Fabián Belnavis, las pérdidaspara comerciantes y transportadores llegan a los 1.200 millones de pe-sos diarios. Unas 230 pequeñas empresas están semiparalizadas o pa-ralizadas y algunos comerciantes, como Gilberto Guzmán, dueño de unalmacén en Puerto Asís, señalan que ya están pensando en recortes depersonal”97.

A lo largo de 2006 se presentaron avances importantes en la búsqueda deestrategias para una mayor y mejor cobertura en materia de atención a lapoblación desplazada y las víctimas del conflicto interno armado en la re-

96- El Tiempo, «Putumayo se acostumbró a lasVelas», Enero 06 200697- El Tiempo, «La luz no le duró ni un día aPutumayo», Enero 5 2006


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gión, como la adopción del Sistema Departamental de Atención Integral ala Población Desplazada en el marco de la implementación del PIU desdeel 2005, y el desarrollo de mesas temáticas, el logro de beneficios en vi-vienda para población desplazada y víctimas de la violencia (190 hogaresen San Miguel, 119 hogares para reconstrucción y mejoramiento y 22 hoga-res destruidos para construcción a través de Fonvivienda), y la generaciónde un Esquema de articulación de las líneas programáticas del PIU en mate-ria de prevención, atención humanitaria de emergencia y reestablecimientosocioeconómico.

Avances que demuestran que, aún a pesar de la falta de claridades por partede varios funcionarios públicos sobre las nociones normativas del despla-zamiento, de los distanciamientos existentes en la región entre desplazadosno organizados y el aparato gubernamental, y de la falta de recursos repre-sentativos para el desarrollo de acciones afirmativas con efectos a largoplazo para la restitución de los derechos de la población en mayor grado devulnerabilidad, por lo menos en las entidades territoriales existen gradosimportantes de voluntad política para la atención a la crisis humanitaria quese da en el Departamento, el problema, una gran limitación en su capacidadde respuesta.

A través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional Acción Social y con la cooperación de organismos internacio-nales, durante el 2006 se asignaron un total de USD47.534.958 y 285.519•para el Departamento del Putumayo; asignaciones que en su mayor parte(cerca de un 60%) correspondieron a recursos de cooperación internacio-nal, mientras un 40% correspondieron a contrapartidas de la Nación98.

Como se puede ver en el recuadro de la sección de Anexos, la mayor partede los recursos (USD2.279.946) fue destinada al programa de OperaciónProlongada de Socorro y Recuperación, así como a programas de erradica-ción y monitoreo de cultivos ilícitos a través del Programa de FamiliasGuardabosques y proyectos de desarrollo socio-empresarial y productivode la Amazonía. El primero, busca proveer a la población desplazada deayuda alimentaria y no alimentaria para recuperar su subsistencia mínimaen asuntos relacionados con la alimentación, manejo de abastecimientos,aseo personal, alojamiento temporal, atención médica y psicológica99. Porsu parte, el Programa Familias Guardabosques, “dirigido a poblaciones enecosistemas ambientalmente estratégicos, que se hayan visto atrapadas oestán amenazadas por los cultivos ilícitos y que deseen erradicarlos y ade-lantar alternativas productivas legales100, se complementa con los diferen-tes proceso de acompañamiento a las agroindustrias regionales. En este sen-tido, estas inversiones corresponderían a la fase de consolidación y reacti-vación económica de los lineamientos gubernamentales de atención a po-blación vulnerable, al tiempo que coincide con los objetivos del ProgramaPresidencial contra Cultivos Ilícitos –PCCI.

98- Mirar cuadro anexo: «Relación de inversio-nes realizadas – Agencia Presidencial para laAcción Social y la Cooperación, Departamentode Putumayo, vigencia 2006».99- UNJobs. «Colombia: Gobierno y PMA, unaalianza en favor de los desplazados». http://unjobs.org/archive/878911831040452470259613634384399803052667041100- Agencia Presidencial para la Acción Socialy la Cooperación Internacional. «Programa Fami-lias Guardabosques.» http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID=205


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La tercer gran intervención correspondió al programa de preparación deinfraestructura regional en el corredor Pasto-Mocoa, que como parte delprograma Vías Para la Paz, busca dar inicio la pavimentación del tramoPuerto Asís-Mocoa, una de las inversiones prioritarias señaladas por elGobierno en el Concejo Comunal celebrado en julio 25 de 2006. Adicio-nalmente a este programa, se prevé la ejecución del muelle fluvial en elmunicipio de Puerto Leguízamo y un mejoramiento vial en el municipiode Santiago. Sumadas, estas obras generan inversión de alrededor de $1.227millones de pesos, mediante el cual se busca dar salida al comercio depar-tamental, fortalecer institucionalmente al Estado y aumentar la calidad devida de la población.

De igual manera, de acuerdo a las cifras aportadas por Acción Social, enlos municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán, se están estruc-turando tres proyectos para el mejoramiento de la infraestructura educati-va, con un costo estimado de $184 millones101, y se han presupuestadoUSD24.5 millones para ser invertidos en el Departamento del Putumayopara la nueva vía Puerto Caicedo-Villa Garzón que busca dar continuidada la ya ejecutada vía Mocoa-Pitalito, que interconecta a los Departamen-tos del Putumayo y el Huila, a través de un acuerdo entre Acción Social,la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, US-AID, y el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS102.

Finalmente, una menor parte de los recursos, fue destinada al fortaleci-miento de organizaciones de población desplazada y la generación de ca-pacidades institucionales y organizacionales de estos y otros grupos po-blacionales (en especial los jóvenes), infraestructura educativa y progra-mas sobre salud sexual y reproductiva. Estas inversiones, que sumanaproximadamente USD 700.000, corresponderían a la fase de preven-ción, en la medida que estimulan y fortalecen grupos de trabajo y organi-zaciones sociales para la prevención y atención de los riesgos y necesida-des que puedan generar el desplazamiento.

Aunque, como se observa, la mayor parte de la inversión está dirigida a laatención humanitaria de emergencia, la Defensoría del Pueblo seccionalPutumayo, señala que, si bien se han realizado esfuerzos para atender a lapoblación en situación de desplazamiento, “se presentan muchas defi-

ciencias en cuanto a la oportunidad y calidad en la atención, ejemplo de

ello, la no entrega oportuna de ayuda inmediata y atención humanita-

ria de emergencia, (y) la falta de una adecuada atención en salud (…)”103.

Una de las principales críticas al respecto, tanto desde la población des-plazada del municipio como por parte de, incluso algunos funcionariosencargados del tema de DDHH y Población Desplazada en el departa-mento, se dirige hacia la inefectividad de la ayuda institucional para la

101- Agencia Presidencial para la Acción Socialy la Cooperación Internacional. «Inversión de Ac-ción Social en Putumayo supera los 318 mil mi-llones». http://www.accionsocial.gov.co/conteni-do/contenido.aspx?conID=781&catID=127102- Agencia presidencia para la Acción Social yla Cooperación Internacional. «Más de 24 millo-nes de dólares se invertirán en una nueva vía parael Putumayo». http://www.accionsocial.gov.co/con-tenido/contenido.aspx?catID=127&conID=813103- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atenciónal Desplazamiento Forzado, Departamento dePutumayo. «Situación de Desplazamiento Forza-do en el Bajo Putumayo». Pág. 26


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población que se desplaza de manera individual104, particularmente de la po-blación desplazada de mayor antigüedad. Esta crítica se divide a su vez endos niveles, que, aunque no están claramente diferenciados desde la percep-ción de la población desplazada, merecen un grado importante de atención enel análisis:

El primero de ellos relacionado directamente relacionado con la intervenciónen materia humanitaria de la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional - Acción Social para la protección a población ensituación de desplazamiento, que a su vez se divide en las percepciones sobrela atención brindada directamente por la UT Putumayo, y la atención brinda-da por los operadores locales en el marco de los convenios establecidos entreAcción Social del nivel nacional y las entidades operadoras privadas CHF,PILAS y BATUTA.

El segundo, con las dificultades de las Entidades Territoriales para atender ala población en situación de desplazamiento, y la generación de presupuestosdepartamentales y municipales que permitan un adecuado nivel de respuesta,aspecto que a su vez, guarda relación con el hecho de que estas situacionesexigen mecanismos flexibles de planeación en envío de recursos por parte dela Nación.

Sobre el primero, cabe decir que a través de los convenios realizados por laAcción Social los socios estratégicos arriba mencionados, en el período 2005-2007 se ha logrado la entrega de 2.078 ayudas alimentarias y la atención de1.062 hogares en el marco de los programa de Atención Humanitaria y deGeneración de Ingresos, cifra que corresponde a un aproximado de 5.300personas.

Estos programas, ejecutados por la Cruz Roja del Putumayo, que funcionacomo operador para el Departamento, han consistido entre otras, en la en-trega de apoyos para arriendo, vestuario, hábitat (colchonetas, y toldillos),kits de cocina (ollas) y vajillas, acompañamiento psicosocial para la elabo-ración de los duelos sobre las pérdidas ocasionadas por el desplazamientoforzado (afectivas y materiales), orientación ocupacional y vinculación la-boral a través de distintos convenios que permitan la generación de ingresospara las familias desplazadas durante periodos que oscilan entre los 9 y 12meses de atención con una perspectiva centrada en la reactivación socioeco-nómica e intentos representativos de intervención que buscan, dentro de suslimitaciones mayores y mejores grados de integralidad. Resultados que si setiene en cuenta el número de personas recibidas por los municipios dePuerto Asís y Mocoa, (donde se desarrolla este trabajo) solamente duran-te el 2006105, aunque insuficientes, no dejan de ser bastante importantes.

Por otro lado, en los últimos años se ha generado un sistema de evaluaciónpara el registro desde el nivel central (lo que quiere decir que las declaracio-

104- «Plan Integral Único para Atención a Pobla-ción en Situación de Desplazamiento por la Vio-lencia (PIU) en el Departamento de Putumayo».Pág. 21.105- 3188 según cifras de Acción Social; 3758de acuerdo a las cifras SIDHES


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nes recibidas son enviadas a Bogotá, donde se define su aceptación) con pro-fesionales destinados para esta tarea; factor que por un lado, aunque tiende aampliar los tiempos de espera para la entrega de las ayudas con las inmensasdificultades para la población desplazada que dicho plazo implica, tiende afavorecer una entrega más equitativa de los recursos en muchos de los casos,disminuyendo la posibilidad de desvíos y casos de corrupción, pero por elotro, sigue teniendo las limitaciones de subjetividad propias de los funciona-rios que reciben las declaraciones.

De acuerdo a las entrevistas realizadas en campo, la intervención de estosoperadores ha contribuido de manera significativa al mejoramiento de la si-tuación humanitaria de las personas desplazadas más recientemente. El granproblema que aparece entonces, se relaciona con la atención de la poblacióndesplazada de mayor antigüedad, donde se presentan casos de personas des-plazadas que llevan más de 2 años en el departamento sin recibir siquiera elprimer subsidio de arriendo o de ayudas alimentarias. Tarea que correspondea la Unidad Territorial de Acción Social, pero que, debido precisamente a lacentralización de actividades y autorizaciones en el nivel nacional resultanmucho menos eficientes y en muchos de los casos, incluso inoperantes.

Ahora bien, en lo referente a las posibilidades de atención desde las Entida-des Territoriales y sus respectivas oficinas a nivel municipal y departamental,vale la pena decir que las limitaciones de flexibilidad administrativa, requeri-da para atender los desplazamientos gota a gota, en términos de recursos hu-manos106, materiales107 y presupuestales108, terminan, en gran medida por laya mencionada ausencia de comprensiones de las normativas que protegen ala población desplazada por parte de un número importante de funcionariospúblicos de la región, generando la percepción de que, a pesar de los intentosde inversión realizados por la nación, la ayuda desde este nivel resulta a lalarga inexistente. Mientras, los desplazamientos masivos por su parte, por sumagnitud y visibilidad, generan costos políticos que tienen frente a su noatención, favorecen la reunión de consensos, compromisos y voluntades po-líticas y administrativas. No obstante la atención a los mismos tampoco esinmediata, paradójicamente porque exige una movilización importante derecursos administrativos109, financieros y materiales110.

En este orden, en la medida en que la cantidad de desplazamientos tiende aser variable en el tiempo, los elementos de planeación tradicional (como laprevisión de una determinada cantidad de raciones correspondiente con elpromedio mensual de desplazados) tienden a quedarse cortos o ser excesivosfrente a las realidades del desplazamiento en el periodo requerido para aten-der la emergencia.

Por otra parte, en materia de inversión territorial, puede señalarse que lasinversiones dependen de la disponibilidad presupuestal del municipio enel momento mismo del desplazamiento, lo cual disminuye con el correr de

106- En lo que tiene que ver con funcionariospúblicos encargados del registro y suministro delas ayudas.107- Consecución, envío y suministro de ayudasalimentarias y no alimentarias.108- Recursos monetarios y capacidad de in-corporación de los recursos al presupuesto encualquier momento de la vigencia y de manerainmediata.109- Que incluyen la realización del registro, elenvío de las declaraciones, la resolución peti-ciones de registro en el SUR, y la determina-ción de recursos correspondientes frente a lassolicitudes.110- El envío de las ayudas solicitadas.


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la vigencia y se supedita a la existencia de programas, con recursos aúndisponibles, y previamente incorporados a los planes de desarrollo, los ban-cos de proyectos y el presupuesto territorial111.

Esto es especialmente grave en una situación de conflicto armado como laque afronta el Departamento, caracterizada por numerosos desplazamien-tos individuales (como mencionamos en el capítulo anterior, se presentaron43.415 casos de desplazamiento recibido de acuerdo con cifras de AcciónSocial, y 55.028 de acuerdo con cifras de CODHES) y masivos (8 recibi-dos), lo que revela una condición cada vez más permanente y rutinaria deldesplazamiento forzado en el país. Por una parte, el desplazamiento es le-galmente una situación que requiere soluciones de emergencia (Ley 387 de1997), pero que no tiene los mecanismos legales e institucionales para tra-tarle como tal. Claro ejemplo de ello es el hecho que de conformidad con elartículo 25 del Decreto 919 de 1987, la declaración de desastre en los térmi-nos fijados por el mismo decreto, permite disminuir los trámites en materiade contratación, así como los traslados presupuestales de recursos propiosno comprometidos al momento del desastre, para atender dicha situación;no obstante, el desplazamiento no es considerado como una de las situacio-nes cubiertas por dicha declaración, y en consecuencia, se encuentra condi-cionado a las limitaciones presupuestales y administrativas que existan almomento de su ocurrencia.

Por otra parte, la atención humanitaria a otros grupos poblacionales, distin-tos a los desplazados, pero afectados por el conflicto (como aquellos que seven incomunicados y sitiados por causa de los paros armados) tiende a re-sultar casi nula; a pesar de que ante los mismos es urgente prever y garanti-zar “acciones dirigidas a la seguridad alimentaria de población vulnera-

ble como los niños, las niñas y jóvenes, grupos desplazados en los cascos

urbanos, el desabastecimiento en las zonas rurales (la necesidad de sal y

azúcar y elementos de aseo básico), la provisión de gasolina en hospitales

y cascos urbanos”112. Dado este estado de emergencia departamental frentea la violación de los Derechos Humanos, no es posible admitir debilidadesen la oportunidad y calidad de la inversión especialmente ante situacionesque exigen la entrega inmediata de atención humanitaria, ni la persistenciade mecanismos inflexibles para la entrega inmediata de la ayuda requerida.

Respecto a los proyectos productivos, el Informe de la Defensoría del Pue-blo de Putumayo, resalta que sobre los mismos no se tienen estudios depreinversión que demuestren su factibilidad, ni ofrecen subsidios no reem-bolsables para capital productivo, lo que genera dependencia sobre los cré-ditos como única opción para acceder a la generación de ingresos en lamedida que no existen auxilios de subsistencia para la primera etapa delestablecimiento de los proyectos113. Estos proyectos, además, dependen deun constante acompañamiento de la Fuerza Pública, dado que, como hemosmencionado en los capítulos anteriores, sus beneficiarios tienden a conver-

111- Al respecto debe recordarse el principiopresupuestal de universalidad, según el cual noes posible ejecutar ningún gasto sin que el mis-mo haya sido previamente incorporado al pre-supuesto territorial.112- CODHES.» Paro armado en el Putumayo: In-formes 2005". <http://www.codhes.org/Info/Infor-mes/PARO_ARMADO_PUTUMAYO512.pdf>113- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 23.


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tirse en blanco de los grupos armados y en la medida en que sus cultivos, deresultar exitosos, podrían llegar a convertirse en una alternativa para el cul-tivo de la hoja de coca. En este sentido, se exige del Estado, estrategiasdistintas a una política exclusiva de militarización para garantizar la protec-ción a la infraestructura energética y vial114, más aún cuando las FARC handemostrado una gran fortaleza territorial, tal como lo demuestran las accio-nes presentadas en el capítulo 1 del presente documento.

Tomado esto en consideración, y sobre el hecho de que el cultivo de hoja decoca tiene bajos costos de producción y una importante infraestructura ar-mada de comercialización, vale decir que, a menos de que los proyectosproductivos generados por el estado como posibilidad alternativa a la eco-nomía de la coca tengan un acompañamiento constante por parte de la Fuer-za Pública y se conviertan en alternativas financieramente rentables frente aeste negocio, estos no son, y no serán, soluciones sostenibles bajo el con-texto actual del Departamento.

En relación con las inversiones nacionales en materia de erradicación decultivos ilícitos (Programa Familias Guardabosques, Programa Presiden-cial contra los Cultivos Ilícitos y su Sistema Integrado de Monitoreo deCultivos Ilícitos en Colombia –SIMCI), se observa una debilidad en mate-ria de prevención. Como lo señala el Auto 218 de 2006 de la Corte Consti-tucional, uno de las principales vacíos de la política pública de atención aldesplazamiento es el enfoque preventivo que la debe caracterizar, especial-mente cuando “se presentan situaciones específicas en las cuales se pueda

anticipar que, por las particularidades de dichas situaciones, la acción

legítima de la Fuerza Pública puede suscitar, como efecto indirecto, un

desplazamiento de personas”115. Como lo hemos visto en capítulos anterio-res, en el Putumayo esta situación se expresa en el marco de los procesos defumigación y erradicación de cultivos ilícitos, donde poblaciones enteras semovilizan por causa de la erradicación de los cultivos de coca, poblacionesque en buena parte dependen de este ante la imposibilidad de hallar activi-dades productivas que generen un sustento a sus familias, y frente al temorde ser judicializados o de hallarse en medio de confrontaciones directasentre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.

“Aquí casi todo el mundo cultiva, pero en chiquito. No somos narcotra-ficantes, somos campesinos y pues si nada más se vende, pues toca bus-car con qué comer (…) si el ejército viene a erradicar, o si nos fumigan,pues nos quedamos sin con qué comer”116

Asimismo es importante analizar la necesidad de inclusión este tipo de po-blación dentro del marco de la definición de desplazado; pues aunque sudesplazamiento tenga como principal motivación el desarrollo de activida-des legítimas por parte del Estado, y el haberse visto obligados a abandonaractividades económicas ilícitas, cumplen primero con una condición de

114- CODHES.» Paro armado en el Putumayo: In-formes 2005".<http://www.codhes.org/Info/Infor-mes/PARO_ARMADO_PUTUMAYO512.pdf>115- M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. «Auto218 de 2006». Sala Tercera de Revisión, CorteConstitucional. Pág. 30.116- Entrevista a líder comunitario de La Dora-da-San Miguel.


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vulnerabilidad, que, segundo, ha sido consecuencia de verse forzados a aban-donar sus territorios de origen y actividades económicas ante la amenaza ovulneración de su vida, su integridad física y su sustento.

El Estado debe reconocer que, ante contextos en que el cultivo de coca es lamejor y a veces única oportunidad de generación de ingresos y búsqueda desustento, sus acciones en el marco de compromisos de erradicación de cul-tivos se convierte en una causa más de desplazamiento y vulnerabilidad delos derechos de las personas.

Por otra parte, como hemos mencionado anteriormente “el difícil acceso a

la tierra no permite el desarrollo de proyectos productivos, y limita las

soluciones de vivienda digna”117. El Informe de la Defensoría del Pueblode Putumayo señala que existe una baja disponibilidad de recursos econó-micos para la adquisición de tierra -especialmente en los municipios recep-tores- o a través de INCODER, lo que se suma a “la deficiencia en el nivelde concertación con la población desplazada, así como la articulación delINCODER con las diferentes instancias, bien sea el SNAIPD, los CDAIPDy el equipo PIU”118.

Se señala que “la política diseñada no está dando los resultados espera-

dos, los requisitos y las condiciones para acceder a los subsidios no se

ajusta a la condición económica y social de los hogares desplazados y del

territorio (…) los subsidios rurales son menores a los urbanos, descono-

ciendo que la construcción de vivienda rural presenta un mayor costo fun-

damentalmente por el transporte de los materiales”119.

Adicionalmente la adquisición de predios para beneficio de la poblacióndesplazada enfrenta varios inconvenientes “en primer lugar, muchos de lospredios que se ofertan se encuentran ubicados en zonas de conflicto o deinterés de los actores armados, en los cuales difícilmente la población queha sido desplazada podría establecerse. Una segunda dificultad son los di-ferentes procesos de trámites, no solo para la adquisición de tierra, sinotambién para otras opciones como la protección de los bienes patrimonia-les, la permuta, la extinción de dominio, entre otros”120. En este orden deideas, aunque “en el tema de vivienda para población desplazada, la de-

manda es alta, sin embargo, los esfuerzos realizados por parte de los entes

locales no han permitido beneficiar a una gran cantidad de población, los

adelantos a nivel de compra de lotes, saneamiento básico, formulación de

proyectos y presentación a las diferentes convocatorias se hace de manera

esporádica lo que no genera impacto a nivel departamental121”.

La baja disponibilidad de recursos, se combina con bajas capacidades téc-nicas y financieras de los municipios para estructurar, cofinanciar y gestio-nar oportunamente proyectos viables para recibir financiación con cargo aotros recursos de la Nación o aplicar directamente por recursos de coopera-

117- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 22.118- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atenciónal Desplazamiento Forzado, Departamento dePutumayo. «Situación de Desplazamiento Forza-do en el Bajo Putumayo». Pág. 29.119- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 22.120- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atenciónal Desplazamiento Forzado, Departamento dePutumayo. «Situación de Desplazamiento Forza-do en el Bajo Putumayo». Pág. 29.121- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atenciónal Desplazamiento Forzado, Departamento dePutumayo. «Situación de Desplazamiento Forza-do en el Bajo Putumayo». Pág. 29.


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ción internacional. De acuerdo con el PIU, existe un gran desconocimientopor parte de las entidades territoriales de las fuentes auxiliares de recursos yde las metodologías para presentación de proyectos de inversión con cargoa dichos recursos. El diligenciamiento de las metodologías nacionales re-quieren de la existencia de un profesional capacitado para dicha labor, y dela voluntad política para contratar o delegar el personal necesario para estaslabores, lo cual, ante la inestabilidad de los funcionarios locales112, por lomenos en el último año, resulta extremadamente difícil; en especial la delos mandatarios locales y departamentales, así como la falta de recursospara capacitarlos. “(…) Cuando el PIU ya está elaborado y los diferentes

proyectos de inversión se encuentran diseñados, la gobernación se encuen-

tra ante otra nueva dificultad y es la deficiente formulación en términos

técnicos de los diferentes proyectos de inversión, corriendo el riesgo de ser

rechazados por no cumplir con los mínimos requerimientos técnicos de los

mismos”123.

En este sentido, resulta necesario que se observe a las distintas fuentes definanciación nacional e internacional como recursos complementarios a losesfuerzos locales, es decir como recursos de contrapartida en lugar de serutilizados como fuentes individuales de financiación. La escasez de recur-sos es relativa, en la medida en que es posible gestionar proyectos con fi-nanciación simultánea de diferentes fuentes de recursos internacionales,nacionales y territoriales; y que además garantiza el desarrollo de proyectosde mayor envergadura, con una mayor posibilidad de generar apoyo y acom-pañamiento institucional e internacional.

Cabe resaltar que la intervención del PIU del Departamento de Putumayoevidencia esfuerzos por integrar recursos de fuente local, nacional y coope-ración internacional. Con la conjunción de recursos del Departamento, Ac-ción Social, Fomipyme, Ministerio de Agricultura, ACNUR y la Organiza-ción Internacional para las Migraciones OIM, se ha logrado la financiaciónde proyectos para la generación de ingresos, fortalecimiento organizativo einstitucional, infraestructura escolar, atención humanitaria de emergencia(alimentos, hábitat, arriendos), vivienda, salud y educación124.

De alguna forma, la reunión de estos fondos ha permitido destinar una ma-yor cantidad de recursos a inversiones cuya participación en el presupuestodepartamental no es importante. De acuerdo a la información sobre la Inter-vención del PIU del Departamento en 2006, las partidas presupuestales des-tinadas a la financiación de programas de Asistencia Humanitaria de Emer-gencia y Fortalecimiento Organizacional e Institucional son reducidas ($12millones y $69 millones respectivamente), y sólo gracias a la conjunción derecursos de la Nación y cooperación internacional, ha sido posible aumen-tar los recursos disponibles en $1.172 millones y $1.604 millones respecti-vamente. Lo anterior, a su vez, muestra una de las principales debilidades

122- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 52.123- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atenciónal Desplazamiento Forzado, Departamento dePutumayo. «Situación de Desplazamiento Forza-do en el Bajo Putumayo». Pág. 30.124- Gobernación de Putumayo, Secretaría Ge-neral y de Gobierno Departamental. «Presenta-ción Plan Integral Único para Atención a Pobla-ción en Situación de Desplazamiento por la Vio-lencia (PIU) en el Departamento de Putumayo».


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en materia de inversión por parte de las entidades territoriales: la poca dispo-nibilidad de recursos para la financiación de proyectos de atención humani-taria de emergencia o proyectos de generación de ingresos.

En relación con lo anterior y pasando a la inversión con recursos de las enti-dades territoriales tomamos como referente lo manifestado por el informefinal de la Mesa Departamental de Organizaciones de Población Desplazada-OPD´s- del Putumayo a la Corte Constitucional, en donde se enuncia que:

“los presupuestos asignados por parte de las entidades territoriales envarios municipios del Putumayo se ubican de la siguiente manera:

(…)Para el Valle del Guamuez se aprobaron $187.906.283 para sa-neamiento básicos del Barrio la Unión (54 familias) según acuerdo 0167junio 29 del 2006, actualmente este el proyecto se encuentra adelantan-do los trámites para la contratación.

Igualmente se asignaron $40 millones para población desplazada paraapoyar la construcción de 38 viviendas en el área rural; se está espe-rando la adjudicación de los subsidios para ejecutar los recursos.

Para Mocoa la gobernación ha presupuestado y está en ejecución unproyecto de $187.000.000 para acueducto y alcantarillado del BarrioPalermo.

En Orito se presupuestaron $35.000.00 como rubro general sin destinoespecífico de los cuales se ejecutaron $14.000.000 para compra de tierray para vivienda, los restantes 19 millones se han ejecutado en diferentesapoyos a la OPD y otras necesidades de la población desplazada.

Puerto Leguízamo donde se tiene pensado ejecutar el proyecto de vi-vienda “Raicitas” para 50 familias, tiene un proyecto de apoyo por$30.000.000 para seguridad alimentaría, este proyecto se encuentraparado ya que solo se ha comprado la tierra y están esperando que elBanco Agrario cumpla sus compromisos.

En los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Sibundoy, Dasaludapoyó algunos proyectos de seguridad alimentaría cada uno por valorde 30 millones para un total de $90.000.000; en el municipio de PuertoAsís no se concluyó este proyecto por diferencias con la población des-plazada beneficiaria, éste, fue ejecutado por la organización “FuturoAmbiental”; en los otros municipios la ejecución fue igualmente irre-gular y causó inconformismo entre la P.D beneficiaria.”125.

Por otra parte, según la información suministrada por las entidades territo-riales126, el municipio de San Francisco tiene como políticas principales, lainversión en vivienda digna para la población desplazada por medio de laadquisición de lotes y financiación de estudios necesarios para la formula-ción de los proyectos; la generación de ingresos de la población a través de

125- Defensoría del Pueblo, Oficina de Atenciónal Desplazamiento Forzado, Departamento dePutumayo. «Situación de Desplazamiento Forza-do en el Bajo Putumayo». Pág. 28.126- Derechos de Petición suministrados porlos municipios de San Francisco, San Miguel ySibundoy.


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comités de atención integral de población desplazada -donde se prioriza ala población desplazada para su contratación temporal en trabajos de laadministración local-; y el tema educativo, mediante el trabajo conjuntocon el SENA en materia de capacitaciones para población adulta, y el ingre-so de la mayor parte de los menores al sistema educativo. En el municipiode San Miguel, dentro del presupuesto de la administración, durante la vi-gencia 2006, se ejecutaron: fondo de atención a grupos vulnerables y fami-lias desplazadas, con una inversión de $57,3 millones y proyectos de sanea-miento básico ambiental población desplazada y vulnerable por $67,3 mi-llones. Finalmente en Sibundoy se destinaron los recursos a soluciones devivienda, proyectos productivos y asistencia humanitaria.

En términos generales se observa que la mayor parte de los esfuerzos estáconcentrada en la financiación de proyectos en los sectores básicos de in-versión, es decir en sectores como cobertura en educación básica y salud,así como en materia de agua potable y saneamiento básico; y que existe unalimitada disponibilidad de recursos a nivel local para brindar atención hu-manitaria de emergencia a los desplazados127 (hecho ocasionado en granparte porque la mayoría de los municipios deciden su gasto sobre márgenesmuy reducidos). Esto parece tener su causa, en el hecho de que, como fueexpuesto en el capítulo 2, la mayor parte de los recursos territoriales provie-nen de fuentes externas y con destinación específica prevista por la Ley(transferencias del Estado –como el Sistema General de Participaciones –SGP y las Regalías y compensaciones directas).

Frente a toda esta situación, vale decir que las entidades territoriales del Putu-mayo dependen excesivamente de recursos del Sistema General de Participa-ciones –SGP- y otros recursos de destinación específica como las regalías,cuyo uso es delimitado por reglamentación y orientaciones gubernamentales.Si bien algunos de los usos de estos recursos no son contrarios a las inversio-nes prioritarias en materia de desplazamiento (pues se concentra en sectorescomo educación, saneamiento básico, alimentación escolar y salud), las mis-mas se concentran en las fases posteriores a la atención humanitaria de emer-gencia (consolidación y estabilización económica), que bajo un contexto decrisis humanitaria como la que afronta el Departamento, no permite dar unarespuesta adecuada a las necesidades más inmediatas de la población despla-zada. Cuando las necesidades primordiales se refieren al suministro de ali-mentos y un techo bajo el cual refugiarse, es difícil pedir a la población des-plazada que crea en inversiones a mediano plazo como el ingreso de sus hijosal sistema educativo, más aún cuando la situación que afrontan exige quetodos los miembros del grupo familiar participen en la generación de ingre-sos para obtener el sustento diario. La planeación a mediano plazo no esfactible cuando las necesidades a corto plazo no han sido cubiertas.

Asimismo los recursos de destinación específica a los que nos referimos,resultan insuficientes para atender las necesidades de la población despla-zada, en la medida en que estos no fueron considerados dentro de los cálcu-

127- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 21.


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los iniciales para la distribución de recursos. Al respecto se debe mencionarque la distribución de los recursos del SGP destinados a inversiones en edu-cación, salud y saneamiento básico depende de factores como la poblaciónatendida y por atender en salud y educación en la vigencia anterior, así comola pobreza relativa y población urbana y rural certificadas por el DANE parala vigencia, lo cual no permite tener en cuenta los cambios en materia decomposición demográfica, social y económica por causa de desplazamientosocurridos a lo largo del año. Al respecto la Defensoría del Pueblo mencionaque “los municipios receptores no disponen de los recursos suficientes, debi-do a que las transferencias que llegan del Sistema General de Participaciones–SGP-, no tienen en cuenta la movilidad de la población desplazada, envian-do los recursos a los municipios expulsores notándose una deficiencia para laatención en los municipios receptores”128.

En consecuencia, los esfuerzos para el aumento de la cobertura educativa yen salud de la población más vulnerable de los municipios expulsores, se veninterrumpidos por causa de desplazamientos desde sus zonas rurales y urba-nas, y dichas inversiones se pierden y deben duplicarse en las entidades terri-toriales receptoras, que se ven en la obligación de suplir con los recursostransferidos en dicha vigencia fiscal tanto las necesidades de su población,como las de aquellos nuevos grupos poblacionales producto del desplaza-miento, que no se encuentran cubiertos en los censos bajo los cuales se distri-buyeron inicialmente los recursos.

La ayuda del Estado es posterior al registro del desplazado en el SUR129, locual genera demoras en los tiempos de asignación de recursos y muchas ve-ces no favorece la atención de toda la población desplazada. Por una partenos volvemos a remitir al hecho que el registro de los desplazados y suminis-tro de recursos se encuentre centralizado en la Nación, y que esto generademoras en términos administrativos para la solución de las peticiones deregistro y la asignación de recursos; y por otra parte a los posibles vicios deque la solución favorable de las solicitudes de registro del desplazado, depen-da de la forma y objetividad en que se diligencien las aplicaciones por partedel funcionario de turno.

De otra parte, las posibilidades de generación de recursos territoriales propioses limitada, dada la condición de pobreza de la mayor parte de la poblacióndel municipio (cuyas posibilidades de tributación son bajas –impuesto deindustria y comercio) o a la existencia de incentivos permanentes para la eva-sión indirecta de impuestos al interior de una lógica de ilegalismos (como loscarteles de gasolina que favorecen la compra de gasolina por fuera de estable-cimientos que tributan la Sobreraza a la Gasolina); lo que aumenta la depen-dencia sobre recursos transferidos y con destinaciones específicas. La inflexi-bilidad de la mayor parte del Presupuesto de las entidades territoriales, esorigen de insostenibilidad financiera para la atención inmediata de la pobla-

128- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 25.129- Ibíd.. «Plan Integral Único para Atención aPoblación en Situación de Desplazamiento por laViolencia (PIU) en el Departamento de Putuma-yo». Pág. 21.


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ción desplazada y no da espacio para generar ejercicios de planeación flexi-bles que tengan en cuenta las dinámicas propias del desplazamiento, como sualta movilidad, su variabilidad en el tiempo, y la urgencia en el suministro dela atención humanitaria. Los tiempos y eficiencia para atención al desplaza-do, en consecuencia, dependen de una ruleta financiera, es decir, de la exis-tencia inmediata o no de recursos libres de afectación y sin destino previa-mente definido. La construcción de una política adecuada en materia de aten-ción a los desplazados, exige capacidades de planeación aún inexistentes enlas entidades territoriales y nacionales, en parte porque se enfrentan a unasituación que aunque rutinaria, sigue siendo permanentemente fluctuante entérminos del movimiento y necesidades de las personas recibidas, en parteporque exige que la planeación sea lo suficientemente flexible para atenderuna situación de naturaleza imprevisible y para la cual las entidades territoria-les, hasta este momento, tienen un manejo financiero limitado.

A pesar que el desplazamiento tiene una condición cada vez más permanentey rutinaria, y que es necesario que las entidades territoriales la asuman ya nocomo una emergencia imprevisible y transitoria sino como una condiciónque debe preverse y planearse cada vigencia, no existen recursos propios conlos cuales atenderlas, ni metodologías o políticas nacionales que permitanhacerlo a través de recursos de destinación específica. En consecuencia, sibien “los comités municipales de atención a población desplazada CMAI-

PD cuentan con el compromiso formal de los alcaldes y los diferentes funcio-

narios delegados por parte de las instituciones, su accionar se limita a ofre-

cer respuestas asistencialistas posteriores a los hechos del desplazamiento y

no se cuenta con un plan de prevención a comunidades en riesgo de despla-

zamiento”130. Las limitaciones presupuestales y en materia de ejecución tienecomo consecuencia que los municipios no estén preparados para recibir yatender a la población desplazada.

En este sentido, aunque ha habido avances al respecto en materia de la cons-trucción de comités de atención a la población desplazada, e incluso en loreferente a la generación de voluntades políticas sobre el tema, la asignación,distribución y uso de los recursos destinados a atender a la población despla-zada, así como la coordinación y celeridad de las acciones emprendidas en elmarco de la política de atención humanitaria de emergencia, siguen siendoinsuficientes y no tienen en cuenta las dinámicas departamentales y locales.

El desplazamiento forzado con ocasión del conflicto interno armado, y lacrisis humanitaria que este genera, son, sin lugar a dudas, situaciones querequieren de un cierto grado de flexibilidad financiera y en materia de planea-ción, que ni los sistemas presupuestales territoriales, ni los sistemas presu-puestales nacionales, están preparados, en términos sustantivos, para asumirde manera efectiva, pero, y esto es tal vez el problema más grave, tampocogeneran reflexiones o políticas que permitan darle soluciones reales.

130- Defensoría del Pueblo, Oficina de Aten-ción al Desplazamiento Forzado, Departamen-to de Putumayo. «Situación de Desplazamien-to Forzado en el Bajo Putumayo». Pág. 26.


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Por otro lado, en lo relacionado con las acciones específicas de Acción So-cial, la problemática presenta. Por lo anterior, aún a pesar de los esfuerzos(especialmente en lo local), a finales de 2006, e incluso mediados de 2007,siguen existiendo “fallas estructurales de la política de seguridad del ac-

tual gobierno, cuyas respuestas a la crisis humanitaria y de derechos hu-

manos, así como a la intensificación del conflicto en Putumayo han sido

insuficientes”131.

131- CODHES.» Paro armado en el Putumayo:Informes 2005". <http://www.codhes.org/Info/Informes/PARO_ARMADO_PUTUMAYO512.pdf>


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Zully LaverdeCoordinación Investigación

y Trabajo de campo en Nariño

NARIÑO

EN

LA

ENCRUCIJADA

BOGOTÁ, JUNIO DE 2007

Informe sobre conflicto armado, desplazamientoforzado y respuestas institucionales en el

Departamento de Nariño


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Desde hace varios años el conflicto armado se ha intensificado en el territo-rio nariñense, en numerosos municipios del departamento se hace visible laprolongación del conflicto, el incremento de las acciones armadas, los des-plazamientos forzados y las numerosas violaciones de derechos humanos.Esta crisis prolongada responde a diferentes dinámicas enmarcadas princi-palmente por el aumento de los actores armados ilegales y del pie de fuerzapor parte del Ejército Nacional; el control de los territorios con presencia decultivos ilícitos por parte de los actores armados ilegales; la disputa por lasrutas de comercialización y distribución de la droga; y la política antinarcó-ticos basada inicialmente en fumigaciones aéreas y posteriormente en erra-dicación manual.

Durante el año 2007 diferentes organizaciones de la sociedad civil y miem-bros de comunidades pastorales que han trabajado en la defensa de los de-rechos humanos de las personas afectadas por el conflicto y por el desplaza-miento en el departamento, han sido amenazados por grupos que se autode-nominan Autodefensa de Nueva Generación. Sin embargo, esto no es hoyni lo único ni más preocupante que ocurre en Nariño, en realidad se consti-tuye en una expresión más de la profunda crisis que golpea al departamentoy que afecta a cientos de personas.

En diferentes municipios del departamento existen restricciones para el in-greso y salida de sus habitantes por parte de grupos de guerrilla, gran partede los habitantes de un municipio del departamento han sido victimas deconfinamiento desde hace varios meses del presente año y continúan enesta situación, existen bloqueos, persisten los desplazamientos masivos ycada vez se cuentan mayores accidentes mortales causados por minas anti-personales.

Para abordar un análisis que incluya tendencias del conflicto armado, crisishumanitaria, economías ilegales y cultivos de uso ilícito, es necesario ini-ciar con un contexto general del departamento, que como es común en lasregiones fronterizas presenta altos índices de necesidades básicas insatisfe-chas. Luego se presenta un análisis de la intensificación del conflicto desdela presencia misma de los actores armados ilegales y de los cultivos de usoilícito. Al final se observa la crisis humanitaria, dentro de la cual el despla-zamiento forzado alcanza una de sus mayores expresiones en de un depar-tamento en el que la población se encuentra inmersa en medio de un con-flicto armado, que por el momento no vislumbra salidas pacificas.

INTRODUCCIÓN


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I. CONTEXTO GENERALDEL DEPARTAMENTO

El departamento de Nariño tiene una extensión de 33.268 km2, su pobla-ción es de 1.531.777 habitantes132, de los cuales el 46% (704.971 personas)se encuentran ubicados en cabeceras y el 54% (826.806 personas) en zonasrurales. Aproximadamente un 18% de la población es afrodescendiente y el74% mestiza.

En el departamento hay diferentes grupos indígenas que representan cercadel 9% de la población total, dentro de los cuales se encuentran los pueblosAwá, Pastos, Quillasinga, Emperara Siapidaara, Kofan e Inga. El puebloPastos es de los grupos indígenas más representativos del departamentocon cerca de 64.000 habitantes. Los pueblos indígenas del departamentoagrupan a 25.113 familias, las cuales suman una población de 137.086 per-sonas que se localizan en 14 municipios de Nariño.

El departamento de Nariño limita al norte con el departamento de Cauca, aloriente con el departamento de Putumayo, al occidente con el océano pací-fico y al sur con Ecuador (provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos),esta posición geográfica del departamento lo convierte en un territorio es-tratégico, propicio para el avance de los grupos ilegales, tráfico de armas,lavado de dinero, comercialización de insumos, y otras dinámicas particu-larmente referidas a su condición limítrofe con Ecuador. En la actualidadhay un incremento de acciones del conflicto armado interno y una gravedescomposición del tejido social dado que la lucha territorial de los gruposarmados ha involucrado a la población civil.

El departamento cuenta con 64 municipios dentro de los cuales es posibleidentificar cinco zonas: la costa pacifica, el piedemonte costero, la cordille-ra, el centro y la zona de frontera. (Ver división política del departamentoen Anexo 1)

Necesidades Básicas Insatisfechas

El área rural del departamento de Nariño es la que presenta más altos índi-ces de NBI con 59,4 lo que representa el 70% frente a un 25,9 en zonaurbana representando un 30%.132- Censo DANE, 2005


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En una comparación con elresto de departamentos fron-terizos, Nariño mantiene nive-les bajos de NBI tanto en zo-nas urbanas como rurales,siendo el segundo departa-mento fronterizo con menoresniveles de NBI en zonas ur-banas, y el cuarto en NBI enzonas rurales.

Sin embargo, al igual que los otros departamentos de frontera, Nariño hatenido históricamente altas tasas de NBI con relación al total nacional Comopuede observarse comparando sus índices con los de la capital nacional.

Las áreas rurales deldepartamento de Nari-ño son las más afecta-das actualmente por elconflicto armado y lacrisis humanitaria, lasituación geográfica demuchos municipios, es-pecialmente de la cos-ta, hace que su acceso ycomunicación con lascabeceras urbanas seadifícil y precaria. Te-niendo en cuenta que

las zonas rurales son las más vulnerables a los enfrentamientos de los gru-pos armados ilegales y por consiguiente al desplazamiento forzado de lapoblación, esto no solamente disminuye la calidad de vida sino que aumen-

Fuente: Censo DANE 2005




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ta el riesgo de vulnerabilidad de comunidades afrodescendientes e indíge-nas que en muchos casos quedan bajo el fuego cruzado confinadas en susterritorios.

Cooperación Internacional en Nariño

En el departamento hay 40 proyectos de cooperación internacional ac-tualmente en ejecución, que involucran US$ 63.499.670 y 57.562.278euros. España tiene 9 proyectos actualmente en ejecución en el departa-mento, seguido de Estados Unidos –USAID y UNICEF con 6 proyectoscada uno, Comisión de la Unión Europea con 5 proyectos y UNDOC con3 proyectos. La principal fuente de recursos en el departamento es laComisión de la Unión Europea (• 45.960.000), seguido por los recursosde PMA (US$ 39.819.311), ONUSIDA (US$ 8.678.000), España (•7.601.661), USAID (US$ 7.118.890) y UNDOC (US$ 4.294.143) entrelos principales donantes.

Cooperación para Población Vulnerable

En noviembre de 2006, Acción Social y la Unión Europea incluyeron aldepartamento de Nariño en la primera fase de proyectos productivos quebeneficien a la población vulnerable en el marco del Programa EspecialDesarraigados, durante 3 años, para lo cual se destinaron 13.800 millonesde pesos. El Programa busca reducir el impacto del desarraigo, mitigar lapobreza y contribuir a la reconstrucción del tejido social, a través de pro-yectos que generen ingresos para las personas que se encuentran en estasituación, inicialmente población desarraigada y vulnerable o en riesgo deserlo, víctimas de la violencia, comunidades receptoras o de acogida y enresistencia.

Fuente: Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional 2007


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II. INTENSIFICACIÓN DEL CONFLICTOARMADO INTERNO

Nariño es un laboratorio de guerra. En su terrtorio confluyen todas las ex-presiones armadas del conflicto, todas las consecuencias de la guerra y to-das las vulnerabilidadessociales e institucionelespara superar la crisis. Or-ganizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y de la Iglesia, coinci-den en afirmar que el departamento pasa por un momento difícil enmarca-do por: 1) la acción directa de los grupos armados ilegales en diferenteszonas de especial influencia en el desarrollo de la producción, tráfico ycomercialización de cultivos de uso ilícito, 2) la ofensiva del Ejército pararecuperar territorios con influencia de grupos guerrilleros, 3) la crisis hu-manitaria por el desplazamiento forzado, las fumigaciones aéreas, las mi-nas antipersonales y 4) el aumento de los índices de violencia y homicidiosen numerosos municipios del departamento.

Resulta importante señalar la relación que existe en Nariño, entre el escalo-namiento del conflicto y el aumento de los cultivos de uso ilícito que desdeel año 2000 sufrieron un conocido incremento causado por la acción directadel Plan Patriota en Putumayo que significo el traslado de la mayoría decultivos hacia este departamento vecino.

1. Presencia de actores armados

Aproximadamente desde los años ochenta, el departamento de Nariño hatenido una presencia histórica de la guerrilla de las FARC, Frente 8, 29 y 48y del ELN Bloque Comuneros del Sur, sin embargo desde finales de losnoventa, fecha en la que ingresaron las AUC a la región, hay una reconfigu-ración de los actores armados quienes empezaron a disputarse zonas degran importancia geoestratégica y económica por el control de los cultivosde uso ilícito. Las AUC aparecieron principalmente en territorios con altaconcentración de cultivos de coca tanto en la costa pacifica como en elpiedemonte costero y la cordillera, bajo el mando del BLS Bloque Liberta-dores del Sur adscrito al BCB Bloque Central Bolívar. Después de la des-movilización de este Bloque de las AUC se puede hablar de una reconfigu-ración de la presencia de los grupos armados ilegales, en vista de que se


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mantiene una presencia de nuevas estructuras paramilitares que se estable-cieron bajo nuevos nombres en áreas de influencia que anteriormente te-nían las AUC en el departamento. Sin embargo, vale la pena señalar quepor la reciente recomposición de estos grupos y su reciente presencia en eldepartamento.

El riesgo por las elecciones

Durante el año 2007 por ser un año electoral, se incrementaron los riesgosen las regiones con presencia de grupos y actores armados ilegales. En eldepartamento de Nariño se conocieron indicios de amenazas o intimidacio-nes de los grupos armados frente a las elecciones a través de: comunicadospanfletos, rumores, declaraciones públicas a los pobladores o precandida-tos ofreciendo seguridad o apoyo económico, por parte de grupos de guerri-lla de las FARC, frentes 29 y Columna Daniel Aldana, presentes en la zonade la costa pacifica, en el centro y suroriente del departamento; por partedel ELN y de los grupos paramilitares Águilas Negras, Rastrojos y NuevaGeneración. La Defensoría del Pueblo señaló posibles atentados, amena-zas, secuestros, desapariciones forzadas y homicidios contra precandidatoso candidatos, funcionarios de las administraciones municipales, líderes so-ciales, líderes comunitarios y representantes legales y autoridades de res-guardos indígenas y territorios colectivos, especialmente en la zona de lacordillera occidental nariñense.133

Fuente: Codhes Mayo, 2007

Presencia de Actores Armados en Nariño 2007Presencia de Actores Armados en Nariño 2007Presencia de Actores Armados en Nariño 2007Presencia de Actores Armados en Nariño 2007Presencia de Actores Armados en Nariño 2007

133- Defensoría del Pueblo. Sistema de AlertasTempranas SAT. Informe de Riesgo Elecciones

2007. Pp. 20. Bogotá, Junio de 2007.


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2. Cultivos de uso ilícito

El cultivo de coca en el departamento se registra desde antes de 1990, sinembargo desde el año 2000, fecha que coincide con la acción del Plan Pa-triota y la fuerte política antinarcóticos en Putumayo, los cultivos en Nariñoexperimentan un importante crecimiento; para este periodo se registra tam-bién el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), BloqueCentral Bolivar- Frente Libertadores del Sur y es posible corroborar el in-cremento del cultivo de coca en los años posteriores.

El informe Censo deCultivos Ilícitos, es-timaba que para elaño 2005 a nivel na-cional Nariño era elsegundo departa-mento en área sem-brada después deMeta, se encontra-ron cultivos de cocaen 24 de sus 64 mu-nicipios, con un to-tal de 13.875 hectá-reas. Al finalizar elaño 2004 habían

14.154 hectáreas de coca en Nariño, es decir que en el 2005 con relación aesos datos hubo una reducción del 2% en las hectáreas sembradas, sin em-bargo las cifras de erradicación por aspersión aérea y manual en el 2005reportan un total de 63.342 hectáreas lo que supone que durante el año nosolo se siembran muchas hectáreas nuevas sino que las erradicadas no ne-cesariamente corresponden a las hectáreas encontradas al final del año an-terior. Los cultivos de amapola reportan para el 2005 un número de 475hectáreas, aumentando en un 3% con relación al año anterior.

En el departamen-to se pueden en-contrar cultivos decoca en los muni-cipios de: Tumaco,Olaya Herrera, Ro-berto Payán, MagüíPayán , Barbacoas,Ricaurte, La Tola,El Charco, SantaBárbara, Leiva, El

Cultivo de coca en NariñoCultivo de coca en NariñoCultivo de coca en NariñoCultivo de coca en NariñoCultivo de coca en Nariño

1999-20051999-20051999-20051999-20051999-2005

Fuente: Censo de Cultivos Ilícitos UNDOC. Junio 2006

Fuente: Censo de Cultivos Ilícitos UNDOC. Junio 2006


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Rosario, Policarpa, Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Barba-coas, Santacruz, San Lorenzo, La Unión e Ipiales. Mientras que los cultivosde amapola se han desarrollado principalmente en San Pablo, La Cruz, SanBernardo, Albán, El Tablón, Buesaco, Pasto, Funes, Puerres, Córdoba, Po-tosí, Ipiales, Cumbitara, Los Andes, Linares, Samaniego, Guaitarilla, SantaCruz, Mallama y Cumbal.

¿Los cultivos de uso ilícito en Nariño:un problema de cifras?

Según información de la comunidad y diferentes autoridades locales, enNariño existirían muchas más hectáreas sembradas con coca. En junio de2006 la gobernación de Nariño cuestionó el último informe de la Oficinacontra la Droga y el Delito de la ONU que anunciaba una disminución,mientras que en el departamento existirían cerca de 50.000 hectáreas. Unacifra similar a la de la gobernación es utilizada en algunos informes perio-dísticos realizados sobre la región en los que se habla de aproximadamente40.0000 hectáreas.

Para el caso de los cultivos de amapola, a finales del 2006 se afirmo porparte de la Policía General la erradicación total de amapola en el departa-

Cultivos de uso ilícito en NariñoCultivos de uso ilícito en NariñoCultivos de uso ilícito en NariñoCultivos de uso ilícito en NariñoCultivos de uso ilícito en Nariño

Fuente: Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo 2004-2007


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mento, sin embargo el gobernador del departamento Eduardo Zuñiga de-nunció en diciembre de 2006 que aún existían dos mil hectáreas de amapo-la, frente a lo que el general Jorge Daniel Castro respondió calificando lasdenuncias del gobernador como cifras equivocadas que respondían a unproblema político134.

Según la gobernación existen aproximadamente 400 hectáreas de amapolaen Buesaco, Pupiales, Puerres, Cumbal, Ricaurte, La Llanada, Providenciay el Tablón de Gómez, que al tratarse de cultivos reducidos y casi huertoscaseros, dificulta el cálculo para determinar su extensión135.

Los cultivos de coca que desde el año 2000 han logrado un importanteincremento en el departamento, le deben mucho a las condiciones topográ-ficas y la falta de vías de acceso para acceder fácilmente a todos los munici-pios de la costa, en donde en los últimos años se ha concentrado un impor-tante número de cultivos.

Fumigaciones y erradicación manualCultivos de Coca

En el 2005 se estimaban en 86.000 las hectáreas cultivadas de coca, de lascuales se eliminaron 63.342 ha, el 90,9% por medio de aspersión aérea(57.630 ha.) y el 9.1% por medio de erradicación manual (5.712 ha.), laaspersión aérea durante este año fue la mayor de los cinco años.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2000 a2005 se fumigaron por aspersión aérea un total de 158.467 hectáreas de coca.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2006.

134- El Nuevo Siglo, Verifican que se acabó ama-

pola en Nariño, Pp.2A. Diciembre 4 de 2006.135- El Tiempo, «El Gobernador que mande en la

Gobernación; no hay amapola», Pp. 1-17. Diciem-bre 4 de 2006.


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Las aspersiones aéreas para los cultivos de amapola desde 1999 a 2005,reportaron un total de 4.514 hectáreas. En el año 2005, se estimaban 2.000ha. de amapola, de las cuales se eliminaron 1.110 ha., el 43.6% (484 ha.)se erradicaron manualmente, mientras que el 56.4% (626 hectáreas) poraspersión aérea.

1. Las fumigaciones continúan

A pesar de los incidentes diplomáticos con Ecuador que se presentaron porel tema de la fumigación aérea en zona de frontera, las fumigaciones paralos cultivos de coca en Nariño se iniciaron de nuevo en diciembre de 2006.En los primeros meses del año se tuvo información por parte de organiza-ciones presentes en el departamento, que el área de influencia de éstas fue-




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ron principalmente los municipios de: Tumaco, El Charco, Santa Bárbara,Leiva, El Rosario, San Pablo, La Cruz, La Unión y el Peñol.

Según información suministrada por la Gobernación de Nariño, hasta el 30de abril de 2007, la erradicación manual de coca reportaba 2.605 hectáreasy la aspersión de coca 18.947 hectáreas, cifras otorgadas por la Policía Na-cional de Colombia Departamento Policía de Nariño.

2. Incremento de las acciones armadas

Desde esa fecha es posible analizar el aumento de las acciones en el depar-tamento reflejada en la intensidad de la confrontación armada, que según elObservatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de laVicepresidencia de la República, presento para Nariño en 1998 un rango deacciones entre 1-5 en municipios como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Ipia-les, Potosí, Córdoba. Puerres, Funes, Tangua, Pasto, Buesaco, Policarpa,Los Andes; para el año 1999 un rango de acciones entre 1-5 para munici-pios como Barbacoas, Roberto Payán y los más cercanos a Putumayo, den-tro de los cuales empieza a parecer un rango de 6-10 acciones en Potosí;para el año 2000 la mayoría de acciones con rango de 6-10 se concentraen Ipiales, Buesaco, Pasto, Funes y siguen registrándose municipios en elrango de 1-5 acciones como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Los Andes,Mallama, Santacruz, Samaniego, La Llanada.

En el año 2001 para Tumaco el rango asciende de 6-10 acciones al igualque para Pasto, Funes, Córdoba, Puerres y Barbacoas; en el año 2002 elnúero de municipios afectados por las acciones en rango de 1-5 aumenta endonde se puede observar municipios que anteriormente no registraban ac-ciones armadas como Cumbal, Olaya Herrera, sanata Bárbara, San Pablo,La Cruz, Ipiales, Santa Cruz, Consaca, La Florida, el rango de 6-10 aumen-ta igualmente para municipios como Barbacoas, Mallama y Pasto, y apare-cen acciones en el rango de 11-20 en algunas veredas y corregimientos deTumaco y Pasto.

En el año 2003 la mayoría de las acciones armadas en el rango de 6-10 y de11-20 se registran en el sur de la costa pacifica y en el piedemonte costero,en municipios como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Cumbal, Gua-chuchal y en municipios de la cordillera occidental tales como Santacruz,Samaniego, La Llanada, Los Andes, Cumbitara y Policarpa, igualmente si-guen presentándose acciones armadas de baja intensidad en casi todos losmunicipios del departamento.

Para el año 2004 continúa una intensificación del conflicto en Tumaco,Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Cumbal, Ipiales, Pasto y Buesaco con rangode acciones registradas entre 11-20, y de igual manera se mantienen accio-


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nes de baja intensidad en los nueve municipios restantes de la costa pacificay en municipios de la cordillera oriental como Pupiales, Contadero, Ya-cuanquer, Consaca, Sandona, La Florida, San Pablo, LA Cruz, San Bernar-do, Alban y El Tablón.

Durante el año 2005 persiste el incremento de acciones armadas en Tuma-co, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Santacruz, Samaniego, Guachuchal,Potosí, Ipiales, Córdoba, Puerres, Funes, Tangua, Pasto, la Florida, Sando-ná con rango de acciones entre 1-20 y continúan registrándose accionesarmadas en el rango de 1-5 en el resto de municipios de la cordillera occi-dental y la costa pacifica.

Para el año 2006 es posible identificar hay un registro de acciones en unrango de 21-50 en municipios como Tumaco, Ricaurte, Mallama y Pasto,en Barbacoas, Santacruz e ipiales en un rango de 11-20 y casi el resto de losmunicipios del departamento con acciones de 1-5.

3. Rearme Paramilitar

La desmovilización del Bloque Libertadores del Sur se produjo en julio de2005, sin embargo tres meses después, en octubre, empezaron a conocerseversiones sobre la presencia de grupos armados ilegales compuestos porpersonas, que los pobladores de algunos municipios como Leiva, Rosario,Policarpa y Cumbitara y de regiones ribereñas al río Patía y el eje vial Tu-maco-Junín-Barbacoas, reconocían como miembros paramilitares antes dela desmovilización.

Durante los meses posteriores una serie de denuncias sobre la presenciade hombres armados, muchos de ellos conocidos antes de la desmoviliza-ción, lleva a concluir tal y como lo expresa la Revista Semana en mayo de2006 frente a la desmovilización en Nariño que “en síntesis, se desmovi-lizaron los nuevos reclutas más un grupo mínimo de antiguos combatien-tes del Bloque Libertadores del Sur (BLS), pero dejaron intacta y operan-do la fuerza paramilitar real en dos zonas clave: la llanura pacífica, conTumaco y el corregimiento Llorente como centros de operaciones, y elnorte del departamento, en el área comprendida por los municipios deRosario, Leiva, Cumbitara y Policarpa”136, el informe de la Revista tam-bién afirma que según denuncias que reposan en las oficinas de las auto-ridades nariñenses, dos meses antes de la fecha de desmovilización, lasAUC reclutaron cerca de 400 jóvenes en Pasto y en los municipios bajosu dominio territorial, quienes debían concentrarse un mes antes de lafecha de dejación de armas a cambio de 18 meses del auxilio económicoofrecido por el gobierno nacional.136- Revista Semana. La guerra no abandona a

Nariño. Mayo 31 de 2006.


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En el departamento es evidente la presencia de nuevas estructuras paramilita-res que han llegado a ocupar territorios estratégicos, el rearme ha venido de-sarrollándose desde las desmovilizaciones, el octavo informe trimestral de laMAPP/OEA ratifica la expansión de la estructura armada ilegal Organiza-ción Nueva Generación ONG, advertida en los 2 informes anteriores, estaestructura ha consolidado su control sobre las comunidades donde teniamayor influencia el BLS del BCB, en municipios como Andes Sotoma-yor, Cumbitara, Policarpa, Leyva y El Rosario. Sin embargo la presenciade nuevos grupos paramilitares no solamente se observa en los municipiosque hacen parte de la cordillera sino también en la zona de la costa y en el sur.

Con el propósito de mantener el control territorial de las zonas que especial-mente mantienen una fuerte presencia de cultivos de uso ilícito en el departa-mento, después de la desmovilización varios de los reinsertados y nuevosmiembros reclutados que han conformado grupos “bandas criminales al ser-vicio del narcotráfico” operan principalmente en la zona costera del departa-mento conocidos como “Machos” y “Rastrojos” posiblemente bajo el mandode Wilber Valera alias “Jabón” y que una vez dada la desmovilización empe-zaron a bajar desde el municipio de Cauca para hacer presencia en Nariño.

A dos años de la desmovilización oficial de los grupos paramilitares en eldepartamento, estructuras paramilitares continúan teniendo fuerte presen-cia en los territorios anteriormente ocupados por el BCB, especialmente enlo relacionado con el control del narcotráfico. Pobladores e institucionesdel Estado han coincidido en ratificar que aquella desmovilización no hatenido los resultados esperados, “con el proceso de desmovilización delBloque Central Bolívar de las AUC, se perfila un fenómeno de resignifica-ción de la dinámica paramilitar, con el cambio de estructuras militares queoperan hoy con nuevos nombres, como Nueva generación, Rastrojos, ManoNegra, Águilas Negras, con estos supuestos nuevos grupos se ha posibilita-do el reingreso de los desmovilizados a administrar los negocios de lavadosde activos, entre otros”137.

4. Aumento de los homicidios en el departamento

La expansión de estos grupos, el hecho de que provengan de diferenteslugares y que con anterioridad hayan pertenecido a diferentes estructurasparamilitares ha desarrollado en la región lo que muchos denominan ajustede cuentas y una limpieza entre ellos mismos. Según datos del Observato-rio Departamental del Delito de Nariño, las muertes violentas registradaspara 2006 en el municipio Tumaco ascienden a un número de 252, aportan-do a la mayor cantidad de homicidios del departamento, aunque frente alanálisis de municipios por tasa poblacional por 10000 habitantes, Policarpaaparece como el municipio con el comportamiento homicida más elevado.

137- Defensoría del Pueblo. Informe situación de-

rechos humanos y Deerecho Internacional Hu-

manitario del Pueblo Indígena Awá Departamen-

to de Nariño». Bogotá, Junio de 2007. Pp. 64.


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En el año 2006, municipios como Sandoná y Potosí incrementaron sus tasasde homicidio en un 600% y 500% respectivamente con relación al 2005,municipios como Buesaco y Contadero en un 350% y 300%, Ancuya en un250%, Iles, La Llanada, MaguiPayan, San Pedro de Cartago y Yacuanquer enun 200% y Chachaguí, Colón de Génova y Nariño en un 100%. (Ver Anexo)

Las nuevas estructuras paramilitares se componen por mandos medios, nodesmovilizados, desmovilizados y nuevas personas reclutadas. Existen aler-tas de rearme marcadas principalmente por la influencia en zonas de con-trol de economía ilegal y cultivos de uso ilícito como los municipios de ElCharco, Mosquera y Pizarro.

Criminalidad en Tumaco

La situación del municipio de Tumaco es particular, dado que en los últi-mos años el aumento de acciones armadas, homicidios y asesinatos selecti-vos responde a una mayor presencia de los actores armados y nuevas es-tructuras paramilitares, que puede explicarse por la posición estratégica delmunicipio propicia por la cercanía con el pacifico, hecho que genera uninterés particular por parte de todos los actores armados para controlar lasrutas y el comercio de drogas de uso ilícito.

En los primeros tres meses de 2007 en un promedio mensual se registran 11homicidios en el área rural de Tumaco y 6 en el área urbana, ocurridosprincipalmente en espacios de la vía pública y en los cuales las victimas sonen su mayoría hombres. En la mayoría de casos no se tiene informaciónsobre el contexto de las muertes y sus actores son desconocidos por estable-cer según la Policía, estos asesinatos no se relacionan directamente con elconflicto armado, sin embargo dadas las condiciones del municipio, su granpoblación flotante y los diferentes actores armados con presencia en él,según información recogida en trabajo de campo el gran número de muer-tes en corregimientos como Llorente y la Guayacana, entre otros, se debeaun ajuste de cuentas por negocios del narcotráfico que involucran a dife-rentes miembros de los grupos con presencia en la región.

Muertes Violentas por causa externa en Tumaco2007Muertes Violentas por causa externa en Tumaco2007Muertes Violentas por causa externa en Tumaco2007Muertes Violentas por causa externa en Tumaco2007Muertes Violentas por causa externa en Tumaco2007

Fuente: Medicina Legal, Sijin, Policía.

Enero Febrero Marzo


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Lugar de los hechosLugar de los hechosLugar de los hechosLugar de los hechosLugar de los hechos

Homicidios según sexo Tumaco 2007Homicidios según sexo Tumaco 2007Homicidios según sexo Tumaco 2007Homicidios según sexo Tumaco 2007Homicidios según sexo Tumaco 2007


Enero Febrero Marzo

Enero Febrero Marzo


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III. DESPLAZAMIENTO FORZADO YCRISIS HUMANITARIA

1. El desplazamiento forzado en Nariñodurante los últimos años

Desde el año 2000 hasta el 2006 se observa un incremento del desplaza-miento forzado en el departamento, causado principalmente por la intensi-ficación del conflicto armado. Desde esa fecha es posible establecer que losmunicipios que han recibido mayor número de población desplazada sonen su orden: Pasto, Tumaco, Santa Bárbara, Ricaurte, Samaniego, Tami-nango, Ipiales, Barbacoas, El Charco, Ricaurte, Los Andes y Policarpa.

El departamento ha tenido durante los últimos años alertas tempranas paralos municipios de Mallama, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. Hasta noviem-bre de 2006 el informe de riesgo elevado hasta el CIAT involucraba losmunicipios de Santacruz, Samaniego, La Llanada, Los Andes, Santa Bárba-

Fuente: Sistema de Información de Codhes, Sisdhes


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ra, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbi-tara, Maguí Payan, Roberto Payán y Cumbal. Es decir que cerca del 30%del total de municipios del departamento se encuentra en una situación dealta vulnerabilidad frente al desplazamiento forzado.

Tendencias del desplazamiento forzado

En desplazamiento forzado la tendencia de Nariño es actualmente hacia losdesplazamientos masivos e intraveredales, dado que la presencia de losactores armados en los diferentes municipios es muy fuerte y los enfrenta-mientos producidos entre ellos y entre ellos y la fuerza pública son confrecuencia prolongados y de alta intensidad lo que involucra directamentea gran número de personas en una o más veredas.

Las comunidades al quedar en medio del fuego cruzado o al advertir que seacerca una avanzada de la fuerza Pública en zonas particularmente contro-ladas por un actor armado ilegal, se desplazan para proteger sus vidas, enalgunos casos los mismos actores ilegales (particularmente grupos guerri-lleros) le avisan a las comunidades para que éstas conozcan con algunosdías u horas de anterioridad que va a producirse un enfrentamiento en lazona, sin embargo ésta no es una generalidad, en vista de que la mayoría deveces las personas empiezan a desplazarse una vez advierten el inicio de losenfrentamientos armados.

Los nuevos grupos de rearme paramilitar que han causado desplazamientosen municipios de la costa pacifica y la cordillera, se caracterizan por darordenes expresas de desalojo a la comunidad o amenazas directas paramiembros de ellas que suponen estar al servicio del narcotráfico, lo quedemuestra la importancia que estos grupos otorgan al control geoestratégi-co del cultivo, tráfico y comercialización de drogas de uso ilícito.

Los desplazamientos intraveredales constituyen una tendencia fuerte en eldepartamento y una preocupación latente por su invisibilización en el regis-tro, esto se debe principalmente a que los municipios de Nariño en su ma-yoría son muy grandes y cuentan con numerosas veredas a las cuales es másfácil llegar porque las vías de acceso hacia las cabeceras son con frecuenciamuy restringidas, de manera que la recepción en cabeceras municipales dondepueden existir ocasionalmente mejores herramientas para atender los des-plazamientos, no es la que se impone actualmente, siendo una tendenciaclara que las personas se desplazan entre veredas vecinas mientras pasan pe-riodos de riesgo y vuelven cuando la situación se ha normalizado o los acto-res armados se han ido, de manera que no hay suficiente control ni conoci-miento frente a los desplazamientos que ocurren bajo estas condiciones, úni-camente fue posible verificar esta información durante trabajos de campo.


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El desplazamiento transfronterizo

Durante los primeros cuatro meses del 2007, se han registrado 2 eventos dedesplazamiento transfronterizo desde los municipios de Tallambí y El Charcohacia Ecuador involucrando a 437 personas en esta situación. Los motivosde salida y cruce de la frontera de estas familias están originados en enfren-tamientos de los grupos armados ilegales.

Los desplazamientos transfronterizos pueden ser numerosos por los enfren-tamientos producidos en el sur del departamento que tiene una gran presen-cia de actores armados, sin embargo se encuentran también en su mayoríainvisibilizados, las personas que cruzan la frontera con frecuencia no soli-citan refugio ya sea por desconocimiento o por temor a ser rechazados ydevueltos a Colombia, la mayoría de estos desplazamientos son temporalesy ocurren cuando las acciones armadas se incrementan en los municipios deIpiales y Cumbal.

En la Victoria, en el municipio de Ipiales, frontera con la provincia de Car-chi, desde comienzos de 2007 se han presentado enfrentamientos entre laFuerza Pública y el frente 48 de las FARC, la comunidad ha denunciadoabusos de al autoridad por parte de miembros del Ejército como el robo deanimales para su consumo y “hechos ejemplarizantes” por medio de loscuales miembros del Ejército han paseado cadáveres de presuntos guerrille-ros para que toda la comunidad “mirara y aprendiera”, en el mes de abril setuvo información de un desplazamiento hacia Ecuador desde la vereda LaEstrella en la Victoria multifamiliar.

Fumigaciones y Desplazamiento

Las fumigaciones de cultivos deuso ilícito son una causa impor-tante en los desplazamientos for-zados que se registran en el de-partamento, para el 2005, año enque se realizaron aspersionescontinuas, se agudizó la crisishumanitaria porque las fumiga-ciones afectaron una gran partede los cultivos lícitos de panco-ger y las fuentes de agua, ade-más de los daños sobre la salud,los animales y el medio ambien-te, el desplazamiento fue expre-sión de esta realidad.

Fuente: Sisdhes


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Informe de Caso

EL DESPLAZAMIENTO DE EL CHARCOEN MARZO Y ABRIL DE 2007:

EL MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL DEPARTAMENTO

Es preciso mencionar que desde el 23 de marzo de 2007 se presentó el

desplazamiento masivo más grande de toda la historia del departamento

en el municipio de El Charco ubicado en la costa pacifica, el éxodo cau-

sado por enfrentamientos entre la Infantería de Marina y el Frente 29 de

las FARC, involucró a 1.460 familias cerca de 8.500 personas, que

huyeron inicialmente de 11 veredas (Brazo seco, Vuelta Larga, Rosario,

Montebajo, El Hojal, Alfonso López, Bocas del Taija, Banguela, Maga-

dalena, Guabillo y San Francisco) aproximadamente durante cuatro

semanas para proteger sus vidas y no quedar en medio del fuego cruza-

do. Durante esta fecha se registro por la misma causa, desplazamientos

masivos en el municipio de la Tola con un total de 155 familias aproxi-madamente 800 personas.

Con el desplazamiento de El Charco se evidenció que muchas veredas

de los municipios de la costa no cuentan con planes preventivos ni de

contingencia para hacer frente a estos eventos, a medida que iba subien-

do la avanzada del Ejército por las diferentes veredas de El Charco, iban

saliendo numerosas familias desplazadas y las veredas vecinas funciona-

ban como albergues provisionales de la población, en vista de que la

cabecera municipal se encontraba distante de las veredas desplazadas y

de que el transporte es fundamentalmente fluvial. Ante la magnitud del

desplazamiento la ayuda prestada inicialmente por las autoridades loca-

les se vio rápidamente desbordada, por lo que fue necesario que agencias

humanitarias presentes en la zona prestaran su ayuda para el censo y los

primeros mercados, mientras llegaban las ayudas del Estado, las cuales

llegaron 9 días después de ocurridos los primeros desplazamientos.

El desplazamiento forzado de gran parte de los habitantes del municipio

del Charco estuvo agravado por el confinamiento de comunidades de las

veredas de Pulbuza, La Quebrada y Santa Catalina, además de una crisis

alimentaría en la parte norte del municipio donde veredas como San José

del Tapaje habían sido recientemente fumigadas y por lo tanto solicita-

ban con urgencia alimentos dado que durante el periodo de fumigación

gran parte de sus cultivos lícitos habían sido afectados.

El 10 de abril se conoció por fuente de la Personería Municipal el retorno

de aproximadamente 600 familias pertenecientes a siete veredas: Hojal,

Alfonso López, Quebradita, Rosario, Vuelta larga, Brazo Seco, Magda-

lena y algunas veredas de Taija, sin embargo a la fecha no era posible

establecer si las condiciones de voluntariedad y seguridad estaban dadas

para las personas que decidieran retornar.


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Los desplazamientos masivos

Los eventos de desplazamiento forzado masivo en el departamento hanaumentado en los últimos años, de 19.604 personas desplazadas en eldepartamento en el año 2006 13. 977 personas corresponden a desplaza-mientos masivos, esto quiere decir que del total de personas desplazadas enel 2006 el 71% corresponde a éxodos.

El desplazamiento forzado en el año 2005 sumo un total de 15.886 perso-nas en el departamento y para el año 2006 esta cifra se incrementó en 3718personas.

En lo que va corrido del 2007 la situación continua presentando incremen-tos con relación al mismo periodo del año anterior (enero-marzo) los even-tos de desplazamiento masivo se incrementaron al pasar de 4 casos en 2006a 11 eventos en el 2007.

A continuación se presenta un cuadro resumen de los eventos de desplaza-miento masivo en Nariño de 2006 hasta la fecha:


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2. La situación de vulnerabilidad del Pueblo Awá frente al conflicto armado

Los grupos indígenas del departamento de Nariño han sido victimas delconflicto armado en todas sus expresiones: presencia de grupos armados ensus territorios, amenazas e intimidación por parte de los diferentes actoresarmados, combates y enfrentamientos dentro de sus territorios y resguar-dos, reclutamiento forzado, confinamiento, restricciones y bloqueos, des-apariciones y homicidios.

No existe información suficiente y precisa acerca de la situación de dere-chos humanos de las comunidades indígenas y su afectación a causa delconflicto armado a lo largo del territorio nacional, sin embargo las conti-nuas y constantes denuncias y pronunciamientos de las organizaciones in-dígenas del Pueblo Awá de Nariño, comenzaron a evidenciar el alto gradode vulnerabilidad de este grupo indígena frente al conflicto armado que sedesarrollaba en su territorio.

La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato constitucional dedivulgar y promover la defensa de los derechos humanos colectivos e in-

Fuente: Sisdhes, Codhes


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dividuales de los pueblos indígenas, realizó un informe sobre la situaciónde derechos humanos y derechos internacional humanitario de las comuni-dades indígenas awá del departamento de Nariño, específicamente las co-munidades ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, RobertoPayán, Samaniego y Ricaurte138, el informe contiene importantes denunciassobre la vulneración de estas comunidades.

Entre los principales problemas que afectan al derecho fundamental al te-rritorio del pueblo indígena awá, se señala que el derecho a la constitucióny titulación de resguardos se ha visto limitado por la inadecuada acción delINCODER en vista de que hay solicitudes radicadas por los indígenas enalgunos casos desde hace 16 años, sin que se les garantice la titulación delos mismos139. En respuesta a estos hechos, la información suministradapor el INCODER en junio de 2007 a la Defensoría del Pueblo, según estemismo informe, señala que para la vigencia de 2007 no hay recursos econó-micos para garantizar el derecho de conformación para la titulación de es-tos resguardos.

El incremento del cultivo de coca y de la economía del narcotráfico trajo conse-cuencias negativas para las comunidades indígenas awá: destrucción gradualdel territorio, violencia, descomposición y cambio cultural, debilitamiento delos lazos internos de solidaridad, afectándose especialmente los jóvenes140.

Por otra parte, la fumigación y erradicación de los cultivos de uso ilícito, enincremento desde el año 2000 en el departamento, ha tenido efectos negati-vos sobre el territorio del pueblo awá, quienes aseguran que con la realiza-ción de fumigaciones con glifosato, se vulneraron sus derechos fundamen-tales a la consulta y concertación; la salud de los miembros de las comuni-dades causando enfermedades tales como problemas digestivos, vómitos,irritaciones severas en la piel, problemas visuales, mareos, problemas res-piratorios y dolores de cabeza, entre otros. La Defensoría del Pueblo aseguraque en casi todos los resguardos con asentamiento de indígenas awá, se hanreportado enfermedades leves y severas relacionadas con las fumigaciones.

3. La situación de la cordillera y el drama de las minas antipersonales

A partir del 2002, año en que las Autodefensas Unidas de Colombia con elBloque Central Bolívar, Frente Libertadores del Sur, ingresó a diferentesmunicipios de la cordillera, empezó un escalonamiento del conflicto arma-do en los municipios de la cordillera como Samaniego, La Llanada, LosAndes Sotomayor, Policarpa y Cumbitara, municipios que habían tenidouna histórica presencia guerrillera del ELN. La confrontación entre losdiferentes grupos armados por el control social y territorial tiene el objetivo

138- Defensoría del Pueblo. Situación de Dere-

chos Humanos y Derecho Internacional Humani-

tario del Pueblo Indígena Awá del departamento

de Nariño. Bogotá, Junio de 2007139- Ibíd., Pp. 32140- Ibíd., Pp. 39


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preciso de controlar los ejes viales para las rutas de salida y comercializa-ción de drogas de uso ilícito hacia la costa pacifica y hacia Ecuador, por loque la presencia de grupos armados ilegales, en esta región produce unaumento en los enfrentamientos y en los eventos de desplazamiento de lapoblación civil.

Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República, loseventos por minas antipersonal (MAP) en Nariño han sido 75, de los cuales73 han ocurrido en área rural y 2 en área urbana141, las municiones abando-nadas sin explotar (MUSE) 202, de las cuales 200 han sido encontradas enárea rural y 2 en área urbana.

El departamento de Nari-ño tiene una participacióntotal de 2.66% entre MAPy MUSE a nivel nacional,ocupando el lugar núme-ro 11, después de Antio-quia, Meta, Bolívar, Ca-quetá, Santander, Norte deSantander, Arauca, Cundi-namarca, Cauca y Tolima,en eventos relacionadoscon minas antipersonales.

En la frecuencia de eventos causados por MAP y MUSE a nivel munici-pal en el departamento, el municipio de Samaniego es el primero en acci-

Fuente: Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de laRepública 2007

Fuente: Observatorio de Minas Vicepresidencia de la República Datos de 1990 a 1 abril de 2007141- Estadística teniendo en cuenta el periodode 1990 a 1 de abril de 2007


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dentes con 16, seguido de Policarpa con 11, Barbacoas con 9, Los Andescon 6 e Ipiales con 5, entre los cinco municipios principales. El municipiocon mayor número de incidentes registrados que no involucran victimas esTumaco, seguido por Policarpa, Barbacoas, Los Andes y Ricaurte.

El caso de Samaniego

En el municipio de Samaniego, desde el 2002, los indicadores de violenciase incrementaron y la situación de crisis humanitaria agravada por el des-plazamiento forzado, asesinatos, reclutamiento forzado y las victimas deminas anipersona, empezó a presentar cifras alarmantes.

El tema de las minas antipersona en el municipio empezó a ser de opiniónpública, el 30 de octubre de 2006, el alcalde de Samaniego Harold Mon-túfar afirmó “en el último año hemos atendido a 14 victimas por acciden-tes con minas, dos de ellas muertas y las demás con afectaciones graves.Hay siete subregistros lo que da una cifra de 21 accidentes, un dato alto ypreocupante”142.

Para el año 2006, 14 de las 87 veredas de Samaniego, correspondientes al30% del territorio, se encontraban afectadas por minas antipersona, entrelas veredas con mayor riesgo se encuentran Chuguldi, Las Cochas, AltoCartagena, La Capilla, El Transval, La Planada y Buenavista. El incremen-to de las minas en esta región se explica por el creciente número de hectá-reas de coca, calculadas para el año 200 en aproximadamente 500 hectá-reas, y el interés territorial de diferentes actores armados.

El ELN con presencia en el municipio de Samaniego, anunció en Cubadurante la ronda exploratoria de las conversaciones de paz con el GobiernoNacional, una propuesta de propiciar el desminado de varios corregimien-tos del municipio, dicho pronunciamiento generó tan buena expectativa,que las máximas autoridades de municipios vecinos a Samaniego se unironpara presentar una propuesta conjunta tanto al Gobierno Nacional como alComando Central –Coce- del ELN, para que ésta sea incluida en una even-tual agenda de negociaciones entre ambas partes143.

4. Política pública y respuesta institucional144

El Plan de Desarrollo de Nariño 2004-2007 “La Fuerza del Cambio Conti-núa” incorpora los Derechos Humanos dentro de uno de los ejes transver-sales, de manera que éstos hacen parte de todos y cada uno de los procesosde planeación, ejecución y evaluación que lleve a cabo la administración ensus políticas145.

142- El Colombiano, Samaniego hace fila para

desminado. Pp. 10A. Octubre 30 de 2006143- El Mundo. «Desminado cubriría sur del

país».Pp. B3. Noviembre 10 de 2006.144- En este capitulo se destaca la informaciónde los documentos Codhes: Respuesta Institu-

cional en Nariño entre la emergencia humanita-

ria y la debilidad estatal, realizado por EdwinTapia, noviembre de 2006 y Diagnósticos de

Campo sobre los desplazados en Nariño. Cod-hes, abril de 2006.145 Gobernación de Nariño Plan de DesarrolloNariño 2004-2007. «La Fuerza del Cambio con-

tinúa». San Juan de Pasto. Pp. 17


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Desde el año 2002 ante el incremento de los eventos de desplazamientoforzado en el departamento, se creo por parte de la Oficina de las NacionesUnidas para los Refugiados ACNUR, el Departamento y la Red de Solida-ridad Social RSS,-hoy Acción Social-, una iniciativa institucional de inter-vención dirigida a la población en situación de desplazamiento, denomina-do Plan Integral Único de Restablecimiento –PIUR-.

La adopción de esta estrategia y la elaboración de un Plan para atender laproblemática del desplazamiento, fue una iniciativa pionera a nivel nacio-nal, el plan contempla tres esquemas de atención similares a los del nivelnacional, enfocados en: la organización sectorial de prestación de servi-cios sociales, el conjunto de programas de las entidades públicas del ordenterritorial y la oferta de cooperación internacional con ocasión de la aplica-ción de los programas y proyectos que ejecutan las agencias humanitariasasentadas en la región o indirectamente vía ONG operadoras.

La ley 387 de 1997 estableció tres componentes de atención al desplaza-miento determinados en: prevención y protección al desplazamiento, aten-ción humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica para elámbito departamental.

En el tema de la prevención en el departamento de Nariño es posible obser-var dos grandes enfoques, por una parte el enfoque departamental que leapuesta a un fortalecimiento de las instituciones, tal y como lo expresa ensu plan de desarrollo, para las entidades públicas y los procesos de las orga-nizaciones sociales y comunitarias146; y por otra parte el enfoque nacionalque bajo la adopción de la estrategia de seguridad democrática, ha incre-mentado el pie de fuerza en las cabeceras municipales, ha implementadolas fumigaciones como parte de su política antinarcóticos y propone unapresencia mayor en las zonas de cultivo de uso ilícito donde confluyen va-rios actores armados por la disputa del control territorial.

El enfoque departamental de cierta manera se expresa dentro del Eje deDerechos Humanos también contenido dentro del Plan de Desarrollo, quehace referencia a la población desplazada, en donde el departamento reco-noce un incremento del desplazamiento debido a la violencia generalizaday al programa de erradicación de cultivos de uso ilícito147.

Se puede decir que para estos aspectos identificados como causales del des-plazamiento en el departamento, los avances en el tema de prevención nohan sido mayores, por el escalamiento del conflicto armado y el incrementoen los índices de criminalidad puede decirse que la situación de violenciageneralizada sigue siendo un aspecto latente y frente al cual no se adoptanlas medidas necesarias para prevenir eventuales desplazamientos, y para eltema de las fumigaciones que han ocasionado numerosos desplazamientostampoco hay hasta el momento una adopción de políticas que pueda con-

146- Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollode Nariño 2004-2007. «La Fuerza del Cambio

Continúa» San Juan de Pasto. Mayo 29 de 2004.Componente estratégico. Línea 1. Gobiernos contransparencia, legitimidad y seguridad. Páginas114 a123.147- Gobernación de Nariño Op. Cit. Pp.


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trarrestar de manera efectiva esta las medidas para prevenir los desplaza-mientos, pese a que en el auto 218 del 11 de agosto de 2006, la Corte Cons-titucional contempla que las fumigaciones al igual que otras acciones (hos-tigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado, combates) manifestadas porel impacto del conflicto armado, constituyen un complejo marco causalpara el desplazamiento. En este sentido y teniendo en cuenta que el pronun-

ciamiento se orienta al establecimiento de programas o planes preventi-

vos, que con relación a los eventos que como respuesta a acciones legitimas

de la fuerza pública, susciten como efecto un desplazamiento de personas.

Como se puede observar en el siguiente gráfico el comportamiento del des-plazamiento por recepción en el departamento de Nariño tuvo incrementosignificativo desde 1999, en el año 2003 disminuye con relación al añoanterior y a partir de esa fecha presenta un incremento consecutivo hasta2006, año en que supera el alto índice registrado en el año 2000.

Los principales municipios de recepción en el departamento, como se habíamencionado anteriormente, son Pasto, Tumaco, Santa Bárbara, Ricaurte,Samaniego, Taminango, Ipiales, Barbacoas, El Charco, Ricaurte, Los An-des y Policarpa, que durante los últimos años se han encargado de recibir lamayor parte de los desplazados del departamento, la tendencia de desplaza-miento en estos municipios ha sido reiterativa por lo que puede demostrar-se que no se han adoptado los mecanismos necesarios para evitar nuevosdesplazamientos por las mismas causas presentadas en estos municipioscon anterioridad.

En el tema de protección se hace evidente la ruptura entre la aplicación delos dos enfoques, en vista de que cada uno hace una lectura distinta delconflicto armado y de la misma forma de las causales del desplazamiento

Fuente: Sisdhes, Codhes 2007


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de la población. Los programas nacionales y departamentales implican unaconcepción diferente sobre las causas del conflicto, por un lado desde elámbito departamental la acción parte del supuesto que una institucionesmás legitimas, sensibilizadas con la problemática de los derechos humanospuede afectar los grados de riesgo y por el otro desde el frente de la Naciónmás que una política de prevención lo que esta en ejecución es una opera-ción militar que busca recuperar el control de territorio y cortar las fuentesde financiación a los grupos ilegales generadas en el narcotráfico, por loque se asume que indirectamente el control trae como consecuencia mayorprotección.

Sin embargo en la medida en que la visión nacional no se incorpora accio-nes de protección durante el largo proceso de disputa y erradicación decultivos, las comunidades quedan atrapadas en la disputa entre los actoresarmados (legales e ilegales). Es por estas situaciones que el esquema insti-tucional, a pesar de la oferta que presenta, se muestra insuficiente y en cier-tas zonas el desplazamiento es masivo y recurrente.

En el tema de la Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) el princi-pal actor es la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperacióninternacional, Acción Social, quien por medio de convenios o acción direc-ta, entrega los bienes y servicios que conforma este componte:

- Kits de Alimentación, Higiene/Aseo, Cocina/Vajilla y Hábitat.

- Alojamientos Temporales.

- Orientación y Atención psicosocial

- En lo urbano Subsidio de transporte (50% de un salario mínimo mensual, por

una sola vez)

El modelo tiene dos variantes, en una es instrumentalizado directamentepor la Acción Social vía su Dirección territorial y en la otra por ONG ope-radoras, a través de un esquema de subcontratación conocida como “Admi-nistración delegada”, en éste una ONG o un organismo internacional firmaun contrato o convenio con Acción Social para la entrega de los kit de ayu-da humanitaria de emergencia antes reseñados.

Bajo éste esquema se han contratado dos tipos de ONG operadoras para loscasos de desplazamiento individual:

· Organizaciones eclesiásticas o con fines similares como Pastoral Sociales,

Corporación Minuto de Dios, entre otras.

· Organizaciones sin ánimo de lucro.

En el caso de los desplazamientos masivos opera el Comité Internacionalde la Cruz Roja –CICR-, además en razón de su ubicación como zona defrontera es de suma importancia el papel que asume la oficina regional de


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ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM, entreotras. A continuación se muestra el mapa de oferta en atención humanitaria,por nivel de gobierno y entidad responsable.

Según el sistema de información de Metas de Gobierno –SIGOB-148 enmateria de atención en el año 2005 se ha venido prestando la asistenciahumanitaria de emergencia a la población desplazada mediante distintosmecanismos: recursos de caja menor, proveedor regional de alimentos yexpedición de resoluciones de alojamiento temporal. Mediante esta últi-ma estrategia.

Puede decirse que este componente de atención humanitaria de emergenciaviene funcionando desde hace algunos años de manera regular, todavía sepresentan muchas dificultades para los eventos de desplazamiento masivo,donde con frecuencia se presentan retrasos en la llegada de los primerosalimentos dado el gran número de personas en situación de desplazamiento.

Por ejemplo la respuesta de AHE para el desplazamiento masivo de El Charco

(marzo, abril de 2007) por parte de Acción social se retrasó 9 días, primero

por la dificultad de acceso a la zona para su verificación y después porque

los alimentos que se dirigían por barco hacia la zona afectada, se retuvieron

por cerca de tres días en Buenaventura, en este caso las primeras ayudas de

alimentos las dieron organismos pastorales y ONG que acompañan el tra-

bajo de la iglesia en la región, y algunos institucionales como el ICBF diri-

gida a los niños. Una vez llegadas las primeras ayudas hubo problema pues

los Kits de cocina y ollas eran insuficientes para cubrir siquiera a la mitad

de las familias en ese momento desplazadas.

Para el componente de estabilización socioeconómica puede decirse quelos avances en el departamento no han alcanzado el nivel necesario, segúnla Gobernación, debido al bajo perfil ocupacional no ha sido posible cons-truir alternativas de trabajo que permitan la reincorporación laboral de lapoblación desplazada y el mejoramiento de su capacidad económica149.

Según el mismo Plan de Desarrollo, la situación económica en la cual se veinmersa la población desplazada deteriora las relaciones familiares y agu-diza aún más el desarrollo y crecimiento, en condiciones de dignidad de loshijos, toda vez que el 45% de los hogares están constituidos por jefaturafemenina, donde la mujer se ve obligada a actuar como proveedora de bie-nes y atender las necesidades de padre y madre, debido al abandono delque ha sido objeto.

El tema central de este componente de estabilización socioeconomica es laposibilidad que tengan las personas para restablecer su plan de vida, en lo

148- Información disponible en: http://www.sigob.gov.co/149- Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo«La fuerza del cambio continúa». San José dePasto. Pp. 23.


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cual la entrega de bienes y servicios públicos como la educación, la salud yla vivienda, es un elemento básico y fundamental que permite la realizaciónde sus derechos.

En la materia la atención se realiza en tres dimensiones: 1) La oferta nacio-nal canalizada vía los recursos de Ley 715, los cuales financian el acceso ala salud, educación y programas de vivienda de interés social; 2) Los pro-gramas del nivel nacional que se aplica en la región como Familias en Ac-ción, Red de Seguridad Alimentaria –RESA-, y además aquellos que seestablecen con ocasión de convenios de cooperación internacional y; 3) Lasiniciativas territoriales, las cuales se financian con la participación en losingresos corrientes de la Nación (Ley 715 de 2001), recursos propios y en elmarco de convenios de cooperación Internacional.

El Plan Integral Único de Restablecimiento –PIUR-

Por efecto de la situación humanitaria de la región durante la década, ésteha buscado salidas a esto, por ende desde 2002 el Comité Departamental deAtención a la Población Desplazada empezó a trabajar en la elaboración delPlan Integral Único de Restablecimiento –PIUR-, como instrumento paralograr la estabilización socioeconómica de las familias desplazadas, en sudiseño participaron los Comités de los diez municipios que presentan lasmás altas estadísticas de desplazamiento, la Gobernación de Nariño, enti-dades nacionales como el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, elInstituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Instituto Colombianode Desarrollo Rural -INCODER, Acción Social y agencias internacionalescomo la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- y la AC-NUR, entre otros, siendo aprobado el 15 de Abril de 2005.

“La misión del PIUR es construir, poner en marcha y dar seguimiento a un

sistema eficiente y eficaz, basado en el marco legal nacional e internacio-

nal y en la política pública definida por el Estado colombiano, y en ade-

cuados enfoques de derecho y transversales, para lograr el restablecimien-

to socioeconómico de la población desplazada asentada en el departamen-

to de Nariño”150. Básicamente el PIUR tiene como objetivo facilitar el res-tablecimiento de 2.860 familias de diez municipios151, mediante la inter-vención institucional y social para la implementación de tres componenteso líneas estratégicas.

El PIUR es un instrumento que busca maximizar las posibilidades de losbeneficiarios de rehacer de modo integral sus planes de vida es un una ini-ciativa del orden departamental y no tiene el carácter vinculante que tienenel Plan departamental de desarrollo, por ende su articulación dentro de losesquemas de atención del ámbito municipal es algo discrecional de los gober-

150- Plan Integral único de Restablecimiento deNariño 2005-2006. Página.30.151- Los municipios son: Pasto, Tumaco, Sama-niego, Ipiales, Córdoba, Potosí, Los Andes-Soto-mayor, Taminango, San Lorenzo y Linares.


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nantes locales, por otro lado se espera articular el PIUR a los programasnacionales de inversión como las cadenas productivas del Ministerio deAgricultura y las iniciativas de Acción Social, así como contar con finan-ciación proveniente de recursos municipales, departamentales, nacionalese internacionales.

El departamento de Nariño es un importante expulsor y receptor de pobla-ción desplazada, esta crisis se profundiza en la medida en que la capacidadde respuesta institucional a este fenómeno se desborda ante los numerososy frecuentes desplazamientos, especialmente de carácter masivo, que hantenido lugar en los últimos años. El comportamiento de algunos funciona-rios del gobierno encargados de recibir las declaraciones en algunos muni-cipios como Tumaco, limita el acceso a la información y a los derechos quetienen las personas en situación de desplazamiento.

Según organizaciones de población desplazada entrevistadas en el departa-mento, los niveles de atención y respuesta a los desplazamientos forzadosestán determinados por el número de personas afectadas en el desplaza-miento, la visibilidad que pueda darse de este fenómeno especialmente enmedios masivos y la cercanía que tengan con la capital del departamento,en donde la atención suele ser más efectiva. Esta situación es preocupante,más aún cuando no hay estrategias para prevenir de manera adecuada yefectiva el desplazamiento forzado en el departamento, mitigar sus múlti-ples causas y frenar los éxodos.

Esta situación sumada a la existencia de un numeroso grupo de personas ensituación de desplazamiento esperando recibir ayudas iniciales, no son unpanorama alentador que demuestre en este departamento la capacidad delEstado para solventar la crisis humanitaria causada por la intensificacióndel conflicto armado en su territorio, el desplazamiento forzado a pesar deque muchas instituciones estatales se esfuercen por demostrar lo contrario,es una de las expresiones más graves que puede ser palpada en cada visita a

Fuente: Plan Integral Único de Restablecimiento de Nariño 2005-2006

Líneas del PIURLíneas del PIURLíneas del PIURLíneas del PIURLíneas del PIUR


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los diferentes municipios y que lamentablemente tiende a incrementarse conel aumento de las acciones armadas desarrolladas a lo largo del territorio.

CONCLUSIONES

· El incremento de los cultivos ilícitos en Nariño unido a la baja efecti-vidad de las políticas antinarcóticos implementadas, explican la ubi-cación estratégica de los grupos armados ilegales y el resurgimientode nuevas estructuras paramilitares para controlar el negocio de loscultivos de uso ilícito.

• Los municipios de mayor recepción de desplazamiento son aquellosen donde los enfrentamientos de grupos armados ilegales son mayo-res y confluyen diversas dinámicas del conflicto armado.

• Municipios como Tumaco y Samaniego presentan hoy una grave si-tuación humanitaria, Tumaco por los altos índices de criminalidadque se explican por un aumento generalizado de la violencia en suterritorio, la alta población flotante en corregimientos como Llorentey la Guayacana nuevos epicentros del negocio de los cultivos ilícitos,y por la débil respuesta institucional al desplazamiento forzado; ySamaniego por la disputa territorial de las guerrillas que hacen pre-sencia en su territorio y en donde se han sembrado numerosas minasantipersonales colocando en riesgo a la población civil.

• Los desplazamientos intraveredales y transfronterizos continúan ca-racterizados por la invisibilización por parte de las diferentes institu-ciones estatales por lo que no hay una definición de política consis-tente que haga frente a estos aspectos y disminuya la probabilidad deocurrencia.

• La agudización del conflicto armado en Nariño continúa siendo lacausa más importante de los desplazamientos forzados de la pobla-ción, el tema de la prevención de estos eventos no ha tenido en cuentael mismo enfoque en el nivel departamental y el nivel nacional.

• La aplicación de la política de seguridad democrática en muchosmunicipios del departamento ha significado un incremento del pie defuerza en las cabeceras municipales lo que ha colocado de cierta ma-nera en riego a la población civil. Las fumigaciones continúan siendo


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una causa previsible de desplazamiento para la cual no se han adopta-do las medidas correspondientes a la prevención.

• En el tema del desplazamiento hay una tendencia generalizada de te-mor o miedo entre la población victima de esta situación a denunciarlos hechos o a registrarse como desplazados, principalmente por lapresencia de los actores armados dentro de la comunidad. Continúanexistiendo problemas de información frente a la exigibilidad de losderechos y en general hay escepticismo frente a la capacidad de res-puesta del Estado.

• Diferentes instituciones estatales y otras dedicadas a la protección delos derechos humanos en Nariño, coinciden en afirmar que la situa-ción actual del departamento es difícil por el escalonamiento del con-flicto armado y la agudización de la crisis humanitaria, por lo querecomiendan visibilizar la realidad ante la opinión nacional.


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V. Anexos


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Anexos: 2006, Cronología del conflicto,crónica de la crisis humanitaria.

Fuente: Bitácoras de Prensa Observatorio del Programa Presidencial deDerechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República.

Compilación, Ajustes, Georreferenciación y Complementación: Con-sultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES.

Base cartográfica: IGAC

Codificación Municipios: DANE

Período: Dic 28 2005-Ene 2 2007


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Colón: 48Mocoa: 8, 16, 19, 20, 38, 39, 42, 57, 62, 68, 72, 74, 77, 81, 83, 95, 97, 113,123,124.Orito: 3, 5, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 49, 50, 53, 71, 86, 88, 93, 94, 117.Puerto Asís: 4, 10, 12, 14, 18, 26, 28, 35, 37, 43, 53, 61, 62, 64, 80, 82, 85,90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 110, 114, 115, 118.Puerto Caicedo: 29, 64, 118.Puerto Guzmán: 59, 66, 76, 91, 100.Puerto Leguízamo: 45, 53, 55, 56, 58, 69, 87, 119.San Francisco: 47, 48, 63, 79, 103.San Miguel: 1, 2, 30, 51, 52, 73, 125.Santiago: 6, 21, 48.Valle de Sibundoy: 48 .Valle del Guamuez/La Hormiga: 7, 11, 17, 25, 46, 51, 75, 89, 102, 108,1110, 118.Villagarzón: 27, 29, 33, 40, 54, 60, 70, 78, 84, 88, 95, 107, 109.

1. 31/12/2005 En el municipio de San Miguel (Putumayo), sobre la víaque conduce a la batería Colón del oleoducto, unidades policialesdesactivaron un artefacto explosivo compuesto por cinco cargas depólvora, pentonita y anfo, que al parecer fue instalado por guerrille-ros de las FARC.

2. 31/12/2005 En el municipio de San Miguel (Putumayo), guerrillerosde las FARC atacaron el puesto de policía, resultando heridos tresciviles y provocando cuantiosos daños materiales.

3. 31/12/2005 En las veredas Altamira y El Pepino, municipio de Orito(Putumayo), guerrilleros de las FARC dinamitaron simultáneamenteocho pozos productores de petróleo, uno de ellos amenaza con conta-minar el río Putumayo.

4. 31/12/2005 En cercanías al municipio de Puerto Asís (Putumayo), alparecer guerrilleros de las FARC dinamitaron una torre de energía,dejando sin fluido eléctrico a este municipio y a las poblaciones deOrito, La Hormiga, La Dorada y San Miguel.

5. 03/01/2006 De las veredas El Empalme y Jardín de Sucumbíos, mu-nicipio de Orito (Putumayo), fueron desplazadas por causa de la si-tuación de violencia, aproximadamente 300 personas, las cuales sonatendidas en la vereda La Liberia.

6. 03/01/2006 En la vereda Carrizal del municipio de Santiago (Putu-mayo), desconocidos volaron tres torres de energía, dejando sin elsuministro de luz a las 3 cuartas partes del Departamento.


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7. 04/01/2006 En cercanías al municipio de La Hormiga152 (Putuma-yo), presuntos guerrilleros de las FARC incendiaron dos vehículosparticulares.

8. 07/01/2006 En el corregimiento de Santa Elena, en la vía a Mocoa(Putumayo), guerrilleros de las FARC durante un retén ilegal, detu-vieron una ambulancia y tras hurtar los medicamentos y los equiposprocedieron a prender fuego al automotor.

9. 08/01/2006 En la vereda Planadas, en jurisdicción de Puerto Asís(Putumayo), un grupo de miembros del Plan Energético y Vial No.11 del Ejército y personal de la Policía intercambiaron fuego enuna confusa situación que los llevó a creer que se trataba de gue-rrilleros. Por estos hechos resultaron muertos tres militares y unpolicía.

10. 10/01/2006 Sobre el río Cuembí, entre el corregimiento de Puerto Vegay la vereda La Carmelita, en zona rural de Puerto Asís (Putumayo),guerrilleros de las FARC volaron un puente con artefactos explosivos.

11. 12/01/2006 En el sitio El Yarumo, sobre la vía que une Orito conLa Hormiga (Putumayo), guerrilleros de las FARC instalaron un re-tén ilegal e incineraron ocho automotores entre tracto mulas y busesde servicio público.

12. 12/01/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de lasFARC volaron tres tramos del oleoducto Trasandino en las veredasLa 35, La 29 y La Tesalia.

13. 13/01/2006 En las veredas La Cabaña y La Pradera, municipio dePuerto Asís (Putumayo), se presentaron combates entre tropas delBatallón Plan Vial Especial Energético No. 11 y guerrilleros de lasFARC.

14. 13/01/2006 En la región rural de Puerto Asís (Putumayo), descono-cidos derribaron un puente que atraviesa el río Lorenzo.

15. 13/01/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de lasFARC volaron una torre de baja potencia operada por la empresa deenergía local. Por este hechos quedaron sin el servicio los municipiosde Orito, La Hormiga y San Miguel.

16. 17/01/2006 En el municipio de Mocoa (Putumayo), fue asesinadopor desconocidos el representante de la Mesa Departamental de Des-plazados por el municipio de Mocoa, Lemesio Lesmes.

152- «La Hormiga» es la forma en la que los ha-bitantes del Putumayo también denominan al mu-nicipio que el Instituto Agustín Codazzi, y los pro-gramas de Planeación del resto del país deno-minan «Valle del Guamuez».


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17. 18/01/2006 En el municipio del Valle del Guamuez (Putumayo), tro-pas de la Brigada Móvil XIII del Ejército capturaron a once personas,sindicadas de pertenecer a las autodefensas.

18. 19/01/2006 En zona rural de El Cuembí, jurisdicción de PuertoAsís (Putumayo), por presiones de las FARC el docente Jairo Mesa,tuvo que abandonar su trabajo.

19. 19/01/2006 En el municipio de Mocoa (Putumayo), el diputado libe-ral Oscar Rojas, denunció amenazas de muerte contra su vida, porparte de desconocidos.

20. 20/01/2006 A altura de la vereda La Tebaida, municipio de Mocoa(Putumayo), desconocidos pararon un vehículo de transporte público,hicieron descender del vehículo y asesinaron a la comerciante de ver-duras y frutas de la plaza de mercado de Mocoa, Gloria AmparoRealpe.

21. 28/01/2006 En la vereda El Cascajo, municipio de Santiago (Putu-mayo), se presentaron combates entre soldados del Batallón de Infan-tería No. 25 del Ejército y subversivos de las FARC quienes intenta-ban volar varias torres de energía. Tras el combate, resultaron muer-tos un capitán del Ejército y un insurgente.

22. 29/01/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), guerrilleros de lasFARC atacaron a una brigada móvil del Ejército causando la muertede dos soldados.

23. 31/01/2006 En El Empalme, jurisdicción del municipio de Orito (Pu-tumayo), se presentaron combates entre soldados de la Brigada MóvilNo. 13 y presuntos miembros de las FARC, donde murieron un Capi-tán y un Sargento del Ejército.

24. 03/02/2006 En el sitio Alto Comboy, municipio de Orito (Putuma-yo), soldados del Batallón de Contraguerrillas No. 59, Bayardo, per-teneciente a la XXVII Brigada del Ejército destruyeron controlada-mente 16 minas antipersonal, pertenecientes al frente 48 de las FARC.

25. 05/02/2006 Seis presuntos miembros de las autodefensas fueron ase-gurados por un Fiscal Especializado de Puerto Asís (Putumayo), trassu captura por el Ejército Nacional en zona rural del municipio deValle de Guamuéz (Putumayo) a mediados de enero de 2006.

26. 05/02/2006 En Puerto Asís (Putumayo), tropas de Contraguerrilla delEjército Nacional, ocuparon y destruyeron un laboratorio para el proce-samiento de alcaloides, al tiempo que capturaron a 6 presuntos miem-bros de las FARC que se dedicaban al proceso de la hoja de coca.


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27. 14/02/2006 A la altura de La Palanca, jurisdicción rural de Villagarzón(Putumayo), fue asesinado Fernando Javier Gómez, conductor de unvehículo de servicio público, adscrito, a la empresa Cootransmayo.

28. 16/02/2006 En la vereda El Azul, ubicada a pocos kilómetros de Puer-to Asís (Putumayo), tropas del Ejército desmantelaron un campamentoal parecer de las FARC, el cual tenía capacidad para albergar a cercade 30 personas y contaba con un amplio salón de conferencias cons-truido en madera.

29. 16/02/2006 Entre las poblaciones de Villa Garzón y Puerto Caicedo(Putumayo), miembros de las FARC incineraron dos vehículos, un busescolar y un bus de servicio público afiliado a la empresa Cootransmayo.

30. 17/02/2006 En el corregimiento de Puerto Colón, jurisdicción delmunicipio de San Miguel (Putumayo), miembros de la guerrilla delas FARC atacaron la Estación de Policía.

31. 17/02/2006 En los Llanos Orientales, Putumayo y Caquetá, la gue-rrilla de las FARC decretó un paro armado por lo cual los transpor-tadores no están transitando por las carreteras. El paro tiene incomu-nicados a estos Departamentos.

32. 17/02/2006 Las FARC amenazaron con atacar los carros que cir-culen por las vías de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, enrespuesta a los bombardeos en el parque La Macarena (Meta).

33. 18/02/2006 En el corregimiento de La Castellana, jurisdicción del mu-nicipio de Villagarzón (Putumayo), los habitantes, no podrán censarsepor amenazas de la guerrilla de las FARC que les han advertido que siresponden la encuesta censal tendrán que irse del pueblo para siempre.

34. 20/02/2006 La guerrilla de las FARC publicó un comunicado en In-ternet, en el cual, aunque no fija una posición abierta sobre el inter-cambio humanitario, ni sobre la propuesta que sobre el tema hicieronFrancia, Suiza y España, establece que si el Gobierno Uribe «se negóa desmilitarizar los municipios de Pradera y Florida para buscar unacuerdo de intercambio humanitario de prisioneros, no creemos queesté dispuesto a despejar de tropas los Departamentos de Caquetá yPutumayo, como nuevo escenario de los futuros diálogos de paz».Las FARC descalifican el proceso de desmovilización con los para-militares que atribuyen a un «cálculo electoral reeleccionista». Final-mente, dicen que «es imposible el diálogo con este Gobierno mien-tras persista en su estrategia mediática de calificar a la insurgenciacomo narcoterrorista y mientras siga criminalizando la protesta y lainconformidad popular.»


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35. 20/02/2006 En la franja norte del río Putumayo conocido como Pla-

ya Hong Kong, a tres kilómetros de Puerto Asís (Putumayo), miem-

bros de las FARC emboscaron una patrulla de Policía, resultando

heridos dos efectivos de la misma.

36. 21/02/2006 La guerrilla de las FARC, a través de un comunicado

pidió al Gobierno desmilitarizar los Departamentos de Caquetá y

Putumayo -casi tres veces lo que les despejó el ex Presidente Andrés

Pastrana- para iniciar los diálogos de paz.

37. 21/02/2006 En Puerto Asís (Putumayo), efectivos del Batallón Ba-

talla Pantano de Vargas del Ejército, destruyeron cinco minas tipo

sombrero chino.

38. 21/02/2006 En la vereda Verde Yaco, jurisdicción del municipio de

Mocoa (Putumayo), guerrilleros de las FARC incineraron un bus

afiliado a la empresa Cootransmayo. Los guerrilleros obligaron a

los pasajeros a bajarse y manifestaron que el bus fue incinerado por

incumplir la orden difundida de apoyar el paro armado.

39. 22/02/2006 En cercanías a Mocoa (Putumayo), un menor de 16 años

de edad, perteneciente al frente 13 de las FARC, se entregó a una

patrulla del Ejército que transitaba por la vía Mocoa -Pitalito.

40. 22/02/2006 En un sector cercano al corregimiento de Puerto Um-

bría, jurisdicción del municipio de Villagarzón (Putumayo), pre-

suntos miembros de las FARC activaron una carga explosiva al paso

de dos camiones que transportaban soldados, quienes venían escol-

tando una caravana de vehículos entre públicos y particulares que

horas antes habían partido de Puerto Asís con destino a Mocoa. En

el hecho resultaron heridos cuatro soldados.

41. 22/02/2006 En Putumayo y Caquetá, guerrilleros de las FARC, ame-

nazaron con incinerar las ambulancias que circulen por las carrete-

ras de estos Departamentos.

42. 26/02/2006 En un predio de la vereda Santa Marta, jurisdicción del

municipio de Mocoa (Putumayo), dos hombres de la Brigada 27 de

Selva del Ejército, resultaron heridos al pisar una mina antipersonal,

instalada por guerrilleros de las FARC.

43. 01/03/2006 En Puerto Asís (Putumayo), se desmovilizaron 504 in-

tegrantes del frente Sur Putumayo de las Autodefensas, que hacían

parte del Bloque Central Bolívar.


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44. 01/03/2006 Los municipios del sur de Huila, Cauca y Putumayo se en-cuentran sin servicio de transporte de pasajeros, debido a que las FARCanunciaron paro armado, a partir del 1 de marzo del presente año.

45. 02/03/2006 En el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), gue-rrilleros de las FARC enviaron misivas de amenazas de muerte encontra de los concejales del municipio.

46. 03/03/2006 En una casa de la vereda Guaduales del municipio de LaHormiga (Putumayo), miembros de la Policía incautaron abundantematerial de guerra que al parecer pertenecía a las FARC. Entre loselementos incautados las autoridades reportaron el hallazgo de 10granadas para mortero, 25 barras de indugel, 2 cohetes tierra - aire, 5granadas para fusil, 3 minas antipersona, una mina metálica y 5 car-gas con metralla, entre otros.

47. 05/03/2006 En la vereda San Miguel, jurisdicción del municipio deSan Francisco (Putumayo), se presentaron combates entre tropas delBatallón Domingo Rico del Ejército y subversivos (al parecer de lasFARC), quienes pretendían instalar artefactos explosivos alrededorde la torre de conducción eléctrica No. 90. Durante los combates murióun guerrillero.

48. 05/03/2006 En los municipios del Valle de Sibundoy, San Francis-co, Colón y Santiago (Putumayo), guerrilleros de las FARC citaron alos alcaldes de dichas municipalidades, exigiéndoles dinero y amena-zándolos de muerte a ellos y sus familias.

49. 06/03/2006 En zona rural del municipio de Orito (Putumayo), miem-bros del Ejército capturaron a ocho guerrilleros pertenecientes al blo-que 48 de las FARC.

50. 07/03/2006 En el sitio conocido como Brisas de Rumiyaco, jurisdic-ción rural de Orito (Putumayo), en acciones combinadas entre Ejér-cito y Policía, se capturó a cinco presuntos miembros de la guerrillade las FARC.

51. 07/03/2006 En el sitio conocido como el Puente de la Roca, en la víaque de La Hormiga conduce al municipio de San Miguel (Putumayo),guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal, donde llegó unaunidad del Ejército y se inició un combate. En el fuego cruzado murióun civil que se encontraba en un automóvil detrás del carro del Ejército.

52. 07/03/2006 En el sitio conocido como el Puente de la Roca, en la víaque de La Hormiga conduce al municipio de San Miguel (Putuma-yo), guerrilleros de las FARC instalaron un retén ilegal e incineraronun automóvil por no acatar la orden de paro armado.


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53. 08/03/2006 En las poblaciones de Orito, Puerto Asís y Puerto Le-

guízamo (Putumayo), miembros de la Policía capturaron a 25 pre-suntos integrantes de la red de apoyo del frente 48 de las FARC.

54. 09/03/2006 En zona rural de Villagarzón (Putumayo), se presenta-ron combates entre tropas del Batallón Domingo Rico, adscritas a laBrigada XXVII de Selva y miembros de las FARC, en los cualesmurió una subversiva.

55. 09/03/2006 En el kilómetro 11, en la vía que de Puerto Leguízamo

conduce al corregimiento de La Tagua (Putumayo), presuntos miem-bros de las FARC hostigaron dos patrullas, una de la Infantería deMarina y otra del Ejército.

56. 13/03/2006 En el río Putumayo, en Puerto Leguizamo (Putumayo),las FARC hostigaron a una patrulla fluvial de la Armada. El ataquese hizo desde el islote Cartagena, que divide el río, a pocos metrosde la frontera con Perú.

57. 15/03/2006 En el caserío de Santa Marta en Mocoa (Putumayo),guerrilleros de las FARC hicieron estallar un artefacto explosivo. Enel hecho murió una mujer y tres de sus nietas resultaron heridas.

58. 20/03/2006 En las montañas de Piñuña Negro, jurisdicción del mu-nicipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), se presentó un combateentre tropas adscritas al Batallón de Infantería No. 49 «Juan BautistaSolarte» y guerrilleros de las FARC, en el cual murieron 2 presuntosguerrilleros.

59. 23/03/2006 En Puerto Guzmán (Putumayo), un joven de aproxi-madamente 25 años de edad que decidió desertar de las filas de lasFARC, para acogerse al Programa Nacional de Desmovilización, llegóhasta las instalaciones de la estación de policía.

60. 23/03/2006 En Villagarzón (Putumayo), desconocidos asesinaron aun hombre.

61. 25/03/2006 En el sitio Hong Kong, en jurisdicción de Puerto Asís

(Putumayo), guerrilleros de las FARC liberaron a dos policías ÉderAlmanza y Carlos Alberto Legarda que habían sido secuestrados me-ses antes.

62. 27/03/2006 En la vía que desde Mocoa conduce a Puerto Asís (Pu-tumayo), presuntos guerrilleros de las FARC instalaron un retén ile-gal, donde detuvieron a los vehículos de carga y de pasajeros.


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63. 02/04/2006 En el municipio de San Francisco (Putumayo), agentesde la Policía capturaron a un Sargento activo del Ejército y otra per-sona, cuando trasladaban a un secuestrado.

64. 11/04/2006 En zona rural de los municipios de Puerto Caicedo yPuerto Asís (Putumayo), guerrilleros de las FARC asesinaron a tresjóvenes, entre ellos un menor de edad, por negarse a ingresar a lasfilas guerrilleras.

65. 17/04/2006 Por el ataque a la base militar de Teteyé (Putumayo), laFiscalía aseguró a tres presuntos integrantes de las FARC. La deci-sión la tomó por lo ocurrido el 25 de junio de 2005, cuando subversi-vos del frente 48 y del bloque Oriental de las FARC, atacaron la esta-ción petrolera de Quillacinga, ubicada en la vereda Teteyé, del muni-cipio de Puerto Asís. Allí perdieron la vida dos suboficiales y 21soldados; otros 11 quedaron heridos y uno fue secuestrado.

66. 24/04/2006 En zona rural del municipio de Puerto Guzmán (Putu-mayo), dos jóvenes guerrilleros de las FARC se entregaron a unida-des del Ejército.

67. 25/04/2006 Presuntos desmovilizados de las Autodefensas Unidas deColombia (Auc) estarían detrás de los atracos a ciudadanos y hurtos alas residencias que en los últimos días se han presentado en tres mu-nicipios del bajo Putumayo. Así lo estiman mandos oficiales del Co-mando de la Policía, tras señalar que agentes encubiertos y uniforma-dos obtuvieron las primeras pistas de los implicados en esos delitos,en su desplazamiento hasta las localidades de San Miguel, La Hor-miga y Orito, lugares donde más de 120 mil habitantes se han vistoafectados por el hurto de dinero, joyas y electrodomésticos, entre otrosobjetos de valor. La piratería terrestre y los asaltos a negocios sonotros de los inconvenientes que mantienen aterrados a los lugareños,indicaron varios de los pobladores. Señalaron que ex integrantes de lamencionada agrupación armada ilegal que tenía su zona de influenciaen límites entre Colombia y Ecuador, han sido vistos por los mismosmoradores dentro de las bandas delincuenciales que vienen atentandocontra la tranquilidad de la comunidad.

68. 28/04/2006 En Mocoa (Putumayo), ante unidades militares, se entrega-ron dos adolescentes de 16 y 17 años de edad pertenecientes a las FARC.

69. 01/05/2006 A la altura del kilómetro 19 que desde el municipio dePuerto Leguízamo conduce al corregimiento de Tagua (Putumayo),presuntos guerrilleros de las FARC activaron varios artefactos explo-sivos al paso de soldados del Batallón de Selva No 49 del Ejército,hecho en el cual resultaron heridos dos soldados.


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70. 01/05/2006 Al interior de un centro recreacional del municipio deVillagarzón (Putumayo), desconocidos asesinaron a una niña de 12años de edad de edad.

71. 08/05/2006 En el sitio conocido como Simón Bolívar, zona rural delmunicipio de Orito (Putumayo), se presentó un combate entre unida-des contraguerrilleras No 74 de la VI División del Ejército y guerrille-ros del frente 48 de las FARC, en los cuales murieron dos insurgentes.

72. 08/05/2006 En el barrio Pablo Sexto de Mocoa (Putumayo), fue ase-sinada por desconocidos Osiris Toro Álvarez.

73. 08/05/2006 En la vereda El Zancudo, jurisdicción del municipio deSan Miguel (Putumayo), desconocidos asesinaron a Carlos RamiroCortéz Meneses.

74. 14/05/2006 En el balneario Rumbayaco, en la salida sur de Mocoa(Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARC detonaron un arte-facto explosivo, dejando 16 personas heridas y una muerta, las cualesse encontraban celebrando el día de la madre.

75. 14/05/2006 Cerca de 300 personas, la mayoría niños y campesinos detres veredas de La Hormiga, Valle del Guamuéz (Putumayo) hanllegado a la cabecera municipal y se han refugiado en territorio ecua-toriano por amenazas de las FARC. El alcalde, Artemio Olarte, afir-mó que los habitantes de las veredas Bella Vista, La Unión y ElTriunfo recibieron intimidaciones del frente 48 de las FARC. En esazona se realiza desde hace varias semanas una operación de erradi-cación manual de cultivos ilícitos, que podría ser la razón de la pre-sión de la guerrilla.

76. 15/05/2006 En la vereda Primavera, jurisdicción del municipio dePuerto Guzmán (Putumayo) compañías del batallón contraguerri-llas No 89 de la Sexta División del Ejército, en desarrollo de la «Ope-ración Fugaz», capturaron a dos presuntos guerrilleros del frente 49de las FARC e incautaron un artefacto detonante que miembros deesa organización armada al margen de la ley habían sembrado paraatentar contra la Fuerza Pública, según indicaron fuentes oficiales.Los sindicados de pertenecer a la subversión fueron identificados conlos alias de «El Palomo» y «El Cura», quienes tenían en su podermaterial de guerra.

77. 15/05/2006 En el municipio de Mocoa (Putumayo), ante las autorida-des militares se entregaron dos guerrilleros del frente 32 de las FARC.La deserción de los alzados en armas se produjo por el maltrato físicoy verbal entre otras violaciones a sus derechos humanos, que a diariovenían cometiendo sus altos mandos insurgentes. Los excombatien-


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tes, cuyos nombres se reservaron, serán incluidos en el ProgramaNacional de Reinserción.

78. 17/05/2006 En zona rural del municipio de Villagarzón (Putumayo),desconocidos asesinaron a un campesino de aproximadamente 35 añosde edad, quien respondía al nombre de Oliver Papajilla Caicedo.

79. 24/05/2006 En zona rural del municipio de San Francisco (Putuma-yo), compañías del Ejército desactivaron una carga explosiva, queguerrilleros de las FARC instalaron en la base de la torre de conduc-ción energética No 100.

80. 28/05/2006 En zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo),se presentaron combates entre miembros de la Brigada de Selva No.27 del Ejército y guerrilleros del frente 48 de las FARC, en los cualesmurió Luís Eduardo Diaz, alias “Duver Valencia”, tercer cabecilla deeste frente.

81. 01/06/2006 En el barrio José Homero de Mocoa (Putumayo), efecti-vos policiales capturaron a José Alirio Meneses, señalado de pertene-cer a las milicias del frente 13 de las FARC.

82. 08/06/2006 En la vía que conduce al sitio denominado Hong-Kong,por el río Putumayo, muy cerca de la cabecera urbana de Puerto Asís(Putumayo), el Ejército localizó y destruyó un campo minado instala-do por los grupos subversivos que operan en la región, compuestopor cuatro conos cada uno con 30 kilos de material de gran poder dedestrucción.

83. 12/06/2006 En la vereda El Carmelo en la vía Mocoa-Pitalito (Putu-mayo), tropas del Ejército capturaron a dos presuntos guerrilleros delfrente 13 de las FARC.

84. 14/06/2006 En el sitio Minas El Gaucho, en comprensión del munici-pio de Villagarzón (Putumayo), presuntos guerrilleros de las FARCinstalaron un retén ilegal, donde exigían dinero a pasajeros y conduc-tores de los vehículos. Para neutralizarlo, tropas del Batallón Domin-go Rico Díaz del Ejército arribaron al lugar y sostuvieron combatescon los guerrilleros, en los cuales murió un subversivo.

85. 19/06/2006 En el área general de Piñuña Negro, en Puerto Asís (Pu-tumayo), miembros de la compañía de la Flotilla Fluvial del Sur, delBatallón de Infantería de Selva No. 49, hallaron una rampa para ellanzamiento de cilindros bomba, 6 artefactos explosivos, 1.500 car-tuchos 7,62 milímetros y un fusil AK47 que pertenecían al frente 48de las FARC.


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86. 20/06/2006 En Orito (Putumayo), se registraron combates entre miem-bros de la XXVII Brigada del Ejército y guerrilleros de frente 32 lasFARC, cuando intentaban instalar cargas explosivas a lo largo de va-rios tramos del oleoducto que recoge el crudo de campos petroleroscomo El Toroyaco y del Cidral. Durante los contactos murieron dossubversivos.

87. 26/06/2006 En jurisdicción del corregimiento de Piñuña Negro, en elmunicipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), se presentaron com-bates entre tropas del Batallón No. 49 de Selva del Ejército e inte-grantes del frente 48 de las FARC, en los cuales murió un subversivo.

88. 26/06/2006 En el municipio de Orito (Putumayo), miembros de laXXVII Brigada del Ejército incautaron 64 cajas con aproximadamen-te de 14 kilos de explosivos cada una, pertenecientes a la guerrilla delas FARC.

89. 30/06/2006 En zona rural del Valle del Guamuéz (Putumayo), sepresentaron combates entre tropas del Ejército y guerrilleros del fren-te 48 de las FARC, en los cuales murió un subversivo.

90. 05/07/2006 En el municipio de Puerto Asís (Putumayo), dos inte-grantes de las FARC se entregaron de manera voluntaria ante tropasdel Ejército.

91. 10/07/2006 En la vereda Las Perlas de Puerto Guzmán (Putumayo),se registró un combate entre miembros del Ejército e integrantes delfrente 32 de las FARC, quienes intentaban colocar cargas explosivasen el sistema de bombeo de la batería Toroyaco, en los cuales murióun subversivo.

92. 14/07/2006 En zona rural de Puerto Asís (Putumayo), la Policía cap-turó al presunto jefe del frente 48 de las FARC, Rigoberto Jecanami-joy Noa, alias «La Araña», quien está acusado de cerca de 300 atenta-dos a oleoductos y de participar en la muerte de 50 soldados y poli-cías

93. 21/07/2006 En Puerto Asís (Putumayo), miembros del frente 48 de lasFARC secuestraron a un grupo de médicos, enfermeras y auxiliaresmientras realizaban una brigada de salud en la zona de atención. Lasvíctimas fueron los médicos Carmen Helena Yepes y Guido FernandoSoto, la odontóloga Irma Jacqueline Cabrera, la auxiliar de farmaciaLuz Mireya Núñez y la enfermera jefe Mónica Aquez Arévalo y losauxiliares John Alexander Cortés, Gildardo Sánchez, Guillermo Ale-jandro Ordóñez, Jairo Buchelli, Jairo Miranda, Wilfredo Córdoba yCarlos Madroñero. Días después fueron liberados por los guerrilleros.


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94. 25/07/2006 En el sector de Teteyé en Orito (Putumayo), miembrosde las FARC liberaron a 12 de los 13 profesionales de la salud, quefueron secuestrados la semana anterior. Aún queda en poder del gru-po, el auxiliar de farmacia de la Eps Selvasalud, Jairo Miranda.

95. 04/08/2006 En el sector de El Jauno, localizado entre los municipiosde Villagarzón y Mocoa (Putumayo), guerrilleros de las FARC de-rribaron una torre de energía, que mantiene sin servicio de luz a losmunicipios de Orito, San Miguel, Valle de Guamuez, Puerto Asís yPuerto Guzmán.

96. 06/08/2006 En Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros dispararon con-tra una base militar, adscrita a la Brigada XXVII del Ejército.

97. 06/08/2006 En la vereda Chimbayaco en la vía que de Mocoa condu-ce a Puerto Asís (Putumayo), guerrilleros incineraron tres vehículosde servicio público afiliados a las empresas Coomotor, Cootransma-yo y Transipiales.

98. 15/08/2006 En Puerto Leguízamo (Putumayo) fue capturado por laArmada Nacional Alexander Ospina Perdomo alias «Cumbamba deMomia», quien habría participado en el ataque de las FARC a la basedel Ejército en Teteyé (Putumayo), en el que murieron 22 militares.El capturado pretendía salir por vía fluvial de Puerto Leguízamo encompañía de otros dos hombres y un niño. Según el reporte oficial,Ospina se encargaba de las milicias del frente 48 de las FARC. Losadultos y el niño que iban con él llevaban escondido entre las ropascerca de 30 millones de pesos.

99. 16/08/2006 En un sector de la vereda Santa María, jurisdicción dePuerto Asís (Putumayo), un grupo al parecer de las FARC instaló unretén ilegal, donde detuvo dos carrotanques cargados de combustibley los incineró.

100. 23/08/2006 En Puerto Guzmán (Putumayo), se presentaron comba-tes entre miembros del Ejército y guerrilleros del frente 32 de lasFARC, en los cuales murieron tres subversivos, entre ellos, alias de«Negro Afranio».

101. 24/08/2006 En zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo),se entregó ante unidades del Batallón de Contraguerrillas No. 74, unecuatoriano, integrante del frente 48 de las FARC, de 27 años de edad.

102. 01/09/2006 En La Hormiga (Putumayo), miembros del CTI hallaronocho fosas comunes con 24 cuerpos descuartizados de personas que


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al parecer habrían sido asesinadas por un grupo de autodefensa hacemás de cinco años. El hallazgo se hizo gracias a la confesión de undesmovilizado de las autodefensas.

103. 04/09/2006 Entre el sector conocido como Río Blanco y La Cabaña,municipio de San Francisco (Putumayo), presuntos guerrilleros delas FARC instalaron un retén ilegal, y dispararon contra un automotoren el que viajaban un grupo de alumnas del colegio Santa María Go-retti, debido a que el conductor no acató la orden de pare. En el hechoresultó herida, la menor de 15 años de edad, Milagros de la SantísimaTrinidad.

104. 05/09/2006 Problemas de orden público y la lluvia, en zona rural deLa Dorada, en el municipio de San Miguel (Putumayo), provocaronla suspensión indefinida de las acciones de liberación, en las que lasFARC entregarían a una delegación del Comité Internacional de laCruz Roja, dos policías secuestrados.

105. 07/09/2006 El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, in-

formó que con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el número defosas comunes podría aumentar. Según la Fiscalía en Colombia hay2.501 cuerpos pendientes de exhumar, ubicados así: Guajira, 87;Magdalena, 589; Cesar, 27; Sucre y Córdoba, 221; Bolívar, 120; Nor-te de Santander, 436; Chocó, 8; Antioquia, 440; Santander, 76; Arau-ca, 53; Cundinamarca, 37; Casanare, 92; Tolima, 3; Meta, 3; Vichada,3; Valle, 46; Cauca, 19; Caquetá, 250; Putumayo, 396; y Nariño, 10.

106. 11/09/2006 El vocero de las FARC, Raúl Reyes envió una carta a lasecretaría del movimiento de los No Alineados, que actualmente se-siona en Cuba, con el fin de que dicho movimiento medie en la con-secución de la paz en Colombia. Anunciaron que están ‘’dispuestos aenviar delegaciones nuestras a conversar con sus gobiernos en suspaíses, sobre nuestras propuestas para las salidas políticas, si conta-mos con garantías ciertas de sus partes’’. ‘’Igualmente estamos dis-puestos a recibir a sus delegados en nuestros campamentos para dar-les nuestra versión sobre el conflicto interno y explicarles nuestrosesfuerzos y propuestas conducentes a conseguir la paz definitiva yduradera’’, prosiguió el texto divulgado en la página internet del gru-po guerrillero izquierdista. Las FARC también reiteraron su inten-ción de sentarse a negociar con el gobierno del presidente ÁlvaroUribe, siempre y cuando sean desmilitarizados los Departamentos delPutumayo y Caquetá.

107. 16/09/2006 En el municipio de Villagarzón (Putumayo), un miem-bro del frente 13 de las FARC se entregó de manera voluntaria antetropas de la XXVII Brigada del Ejército.


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108. 27/09/2006 En la vereda Marabel, municipio de Valle del Guamuez(Putumayo), llegaron varios campesinos desplazados, por los comba-tes registrados en la zona entre el Ejército y la guerrilla de las FARC.

109. 29/09/2006 En la vereda La Kofanía, en el municipio de Villagarzón(Putumayo), soldados de contraguerrillas del Batallón No.88. CarlosJulio Ramírez, capturaron a 10 presuntos integrantes del frente 32 delas FARC.

110. 29/09/2006 En el muelle La Esmeralda, municipio de Puerto Asís(Putumayo), tropas del Batallón Especial Energético y Vial No.11,Oscar Giraldo Restrepo, en desarrollo de la operación «Fortaleza II»capturaron a un guerrillero del frente 48 de las FARC.

111. 29/09/2006 En la vereda Las Palmas, municipio del Valle del Gua-muez (Putumayo), soldados del Batallón de Contraguerrillas No.59.Bayardo Parada Ojeda, sostuvieron combates contra guerrilleros delfrente 48 de las FARC, en los cuales murieron dos insurgentes.

112. 01/10/2006 En un comunicado de las FARC dirigido a los integrantesde las tres ramas del poder público, el grupo guerrillero reiteró su con-dición de entablar negociaciones para el intercambio humanitario si elGobierno nacional desmilitariza por 45 días los municipios de Floriday Pradera (Valle del Cauca). Así mismo, el grupo dijo estar dispuesto aentablar conversaciones de paz con el Gobierno una vez finalizado elintercambio humanitario, siempre y cuando el Gobierno desmilitari-ce los Departamentos de Caquetá y Putumayo, entre otros requisitos.

113. 06/10/2006 En un retén ilegal instalado en el tramo Paletará -San Joséde Isnos, en el municipio de Puracé (Cauca), miembros de un grupoarmado ilegal se llevaron un camión del Programa Mundial de Alimen-tos, de las Naciones Unidas (PMA), en el que se movilizaban 135 kilosde víveres que iban a ser entregados a escuelas en Mocoa (Putumayo).

114. 23/10/2006 En una zona rural a unos 14 kilómetros de Puerto Asís(Putumayo), miembros del Ejército incautaron 1,5 toneladas de anfo,cordón detonante, insumos y precursores químicos para el procesa-miento de cocaína, que pertenecerían al frente 48 de las FARC.

115. 30/10/2006 En la vía que de Puerto Asís conduce al sector conocidocomo Kilili (Putumayo), la Policía del Departamento del Putumayodesactivó un artefacto explosivo que había sido instalado en la vía.

116. 01/11/2006 Sergio Caramagna, jefe de la misión de acompañamientode la OEA para el proceso con las autodefensas, afirmó que se necesi-ta con urgencia la presencia de la Fuerza Pública en por lo menos 80corregimientos del país que estuvieron dominados por las autodefen-


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sas. Entre las zonas con mayor riesgo de ser atacadas por las FARC,Caramagna identificó a San Jerónimo, La Gabarra, el Urabá y algu-nos corregimientos de los Departamentos de Córdoba, Norte de San-tander, Nariño, Chocó y Putumayo.

117.. 20/11/2006 En la vereda Gavilanes, zona rural de Orito (Putumayo),integrantes de la Brigada Móvil No. 13 del Ejército incautaron unatonelada de explosivo anfo, que al parecer pertenecía al frente 48 delas FARC.

118. 21/11/2006 En los municipios de Puerto Asís, La Hormiga y Puer-to Caicedo (Putumayo), la Policía Nacional, en operativos conjuntoscon la Fiscalía, capturaron a doce personas, sindicadas de pertenecera la banda «Los macheteros», integrada por desmovilizados de las au-todefensas, quienes al parecer realizaban extorsiones, homicidios se-lectivos, y se financiaban con dineros provenientes del narcotráfico.

119. 07/12/2006 En zona rural del municipio de Puerto Leguízamo (Pu-tumayo), tropas de la Armada destruyeron controladamente un cam-po minado perteneciente a la guerrilla de las FARC. Entre los artefac-tos explosivos detonados, se encontraban explosivos tipo sombrerochino, una carga explosiva de 85 kilos de pentonita, además de me-tralla, cadenas, perdigones y 1.000 metros de cordón detonante listospara ser activados a distancia.

120. 12/12/2006 La Fiscalía profirió medida de aseguramiento, sin excar-celación, contra 13 personas, 11 de ellas desmovilizadas del bloqueSur (Putumayo), de las autodefensas, que reincidieron en delitoscomo supuestos integrantes de la banda «Los Rastrojos», grupoque según la Dijín de la Policía actúa desde este año en La Hormiga,Puerto Asís y Orito (Putumayo), entre otros, donde incurre en extor-siones, plagios y narcotráfico.

121. 14/12/2006 La Fiscalía profirió medida de aseguramiento, sin excar-celación, contra 8 desmovilizados del bloque Sur (Putumayo).

122. 26/12/2006 En Sucumbíos (Ecuador), en la frontera entre el Putu-mayo y Ecuador, 40 colombianos se han desplazado hasta esa re-gión, huyendo de los intensos combates que se han registrado entrelas Fuerzas Militares y subversivos que operan en la zona.

123. 27/12/2006 En Mocoa (Putumayo) y en la región del Río Putumayoque divide la frontera con Ecuador, se registraron combates entre tro-pas de la Brigada contra el narcotráfico del Ejército y miembros delfrente 28 de las FARC. Además, se desmantelaron dos campamentosutilizados como centros de instrucción y entrenamiento, y se destru-yeron 40 laboratorios para el procesamiento de drogas.


• 124 •

124. 27/12/2006 En Mocoa (Putumayo), ante soldados del Batallón deContraguerrillas Nº 87 «Mayor Pedro Raúl Colmenares Rincón», ads-crito a la Sexta División de Ejército, se entregaron tres integrantes delfrente 48 de las FARC.

125. 01/01/2007 En zona rural de San Miguel (Putumayo), desconocidosdispararon contra tres helicópteros del Ejército que vigilaban la des-trucción en tierra de tonelada y media de explosivos.

CUADRO RESUMEN 1:

Análisis Eventos Relacionados con el Conflicto Armado Reportadospor la Prensa.

Período Enero-Diciembre 2006:


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Anexos: PLAN ECUADOR

1. HACIA LA SEGURIDAD HUMANACON PAZ Y DESARROLLO

El Plan Ecuador es una política del Estado ecuatoriano que concibe a laseguridad humana como el resultado de la paz y el desarrollo. Tiene tresejes: 1) consolidar la seguridad y una cultura de paz centradas en el serhumano, la satisfacción de sus necesidades y la potenciación de sus capaci-dades y libertades; 2) mantener una política de relaciones internacionalesequitativa y solidaria; y 3) afirmar una política de defensa basada en laprotección de la población, de los recursos naturales, del patrimonio nacio-nal y el control efectivo de su territorio.

El Plan Ecuador, frente a los impactos del conflicto interno colombiano enla sociedad ecuatoriana, orienta sus esfuerzos en base a un enfoque preven-tivo, multidimensional y multisectorial, que apunta a solucionar los gravesproblemas derivados de la pobreza, la exclusión y la violencia.

Su aplicación se basa en el cumplimiento de los objetivos nacionales dedesarrollo social y económico, la observancia de los acuerdos internaciona-les en materia de derechos humanos, la conservación y aprovechamientosustentable de los recursos naturales y la lucha contra todo tipo de activida-des ilegales y que afectan la seguridad ciudadana.

Se soporta en una plataforma de acción integral para la frontera norte delpaís. Tres principios fundamentan su construcción:

a) la paz y cooperación como sistema de convivencia entre los Estados;b) el repudio a la agresión externa, la no intervención en los asuntos

internos de otros países y la igualdad soberana en las relaciones conlos estados vecinos, y,

c) la cooperación y corresponsabilidad, en el cumplimiento de los obje-tivos del desarrollo, entre las diferentes instituciones del Estado ecua-toriano y las organizaciones de la sociedad.

La observancia de estos principios permitirá la ejecución de acciones ten-dientes a mejorar de manera sustancial la calidad de vida de la población yel fortalecimiento de la seguridad y de una cultura de paz en la región.


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Para el efecto se propone fortalecer la economía de las provincias fronteri-zas, mejorar la calidad de vida de la población, incrementar la presencia ycoordinación de las instituciones del Estado y robustecer la capacidad degestión de los gobiernos y organizaciones sociales locales.

Solo así se podrá brindar una respuesta eficiente, en la forma y en el tiem-po, a las demandas sociales acumuladas, a los problemas derivados deldesplazamiento de grupos humanos por el conflicto interno de Colombia,fortalecer la ayuda humanitaria, minimizar el impacto ambiental de lasactividades productivas y reducir el involucramiento de la población enactividades ilegales.

El presente Plan es un punto de partida que establece la agenda política delGobierno con relación a la frontera norte. Este instrumento será enriqueci-do con los aportes y la participación de los principales actores locales; porlo tanto, es flexible y será evaluado periódicamente.

2. LA NECESIDAD DE UN PLAN DE PAZ,SEGURIDAD Y DESARROLLO

En años recientes, el Ecuador ha sufrido un progresivo deterioro de la segu-ridad y de las condiciones sociales y económicas en su frontera norte. A estasituación han contribuido fuertemente los factores ligados al conflicto in-terno colombiano, frente al cual el Ecuador ha hecho presente su espíritusolidario con el pueblo de ese país.

El aumento de la inseguridad en la región fronteriza está directamente vin-culado a una serie de elementos derivados de la propia dinámica que hacaracterizado al citado conflicto en los últimos años. Hay que destacar lossiguientes elementos:

? El riesgo de que grupos y organizaciones dedicadas a actividades ilegalespenetren en territorio ecuatoriano, provoquen daños a personas y bienespúblicos y privados, realicen acciones contra la estabilidad y seguridad delas zonas fronterizas colombo-ecuatoriana y constituyan un elemento dis-torsionador en las relaciones bilaterales.

? El incremento constante del número de desplazados desde Colombia ha-cia las provincias de frontera e interior del país, con los consiguientes pro-blemas de orden humanitario, como acceso a servicios de salud, educación,alimentación y protección.

? El incremento del flujo indiscriminado de personas y el crecimiento de lapobreza en las zonas fronterizas, ha generado nuevas formas de violencia ycriminalidad en el Ecuador.


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? Los impactos nocivos sobre la salud, la producción agrícola y el ambien-te, por efecto de las aspersiones aéreas con glifosato y sus coadyuvantesque se realizan en sectores colombianos aledaños a la frontera con el Ecua-dor, para erradicar los cultivos de coca.

El Ecuador fiel a los principios de no intervención en los asuntos internos deotros países aboga por una solución pacifica del conflicto interno colombianoe incentivará las acciones tendientes a mantener las mejores relaciones bilate-rales ecuatoriano-colombianas para beneficio de ambos pueblos.

Es una decisión del Gobierno ecuatoriano desarrollar los esfuerzos nece-sarios a fin de robustecer la Comisión de Vecindad e Integración Ecuato-riano-Colombiana, como instrumento para la promoción de la integra-ción fronteriza.

La frontera con Colombia tiene que ser segura y dinámica. El propósito estrabajar para que la circulación de personas, bienes y servicios sean legíti-mos, seguros y fluidos, para que contribuyan a revitalizar la vida social yeconómica de las zonas adyacentes en ambos lados de la frontera.

La necesidad de que los vínculos de colaboración oficial incluyan y abar-quen también a los pueblos de Ecuador y Colombia, a sus organizacionessociales, políticas y a los respectivos gobiernos locales, es prioritaria paralas áreas de acción de este Plan. Dentro de este marco hay que dar impor-tancia a las actividades que permitan construir y desarrollar mecanismos depromoción de la confianza mutua entre los dos Estados y los habitantes dela zona fronteriza norte, otorgando especial relieve a la realización de acti-vidades de interrelación comunitaria tendientes a consolidar una cultura depaz. Cabe resaltar la conveniencia de adoptar medidas destinadas a erradi-car toda forma de exclusión, xenofobia o discriminación. Para ello se desa-rrollarán actividades de alto contenido simbólico que permitan consolidaractitudes favorables a una convivencia pacífica y de integración entre lasdos naciones.

La participación ciudadana y comunitaria son elementos centrales del dise-ño y ejecución de los proyectos de desarrollo y de seguridad preventivaprevistos para la frontera norte. Los aportes y opiniones de las comunidadesy grupos de interés local deben conciliarse con una planificación técnicaidónea, enmarcados en una profunda transparencia y rendición de cuentaspor parte de las autoridades y equipos técnicos involucrados. Las redes decomunicación comunitaria no deben agotarse ni limitarse al plano local,sino que deben ser un soporte para incrementar la cooperación binacional.El Plan dará especial importancia a los contenidos de sostenibilidad am-biental y a las necesidades y problemas específicos de las poblaciones y lospueblos indígenas y afroecuatorianos asentados en las provincias involu-


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cradas. El gobierno del Ecuador reconoce y valora las condiciones especia-les de vulnerabilidad, la especificidad socio-cultural y la necesidad del res-cate de los valores multiétnicos y pluriculturales.

El Ecuador se compromete a fortalecer los espacios de coordinación inte-rinstitucional para optimizar los recursos públicos que se invierten en lasprovincias del norte, a ubicar los recursos necesarios para financiar nuevasactividades que formen parte de este Plan y a estimular la cooperación téc-nica y financiera internacional para afianzar una propuesta de seguridadbasada en el desarrollo y una cultura de la paz.

Tenemos la convicción de que con una política de seguridad y paz preven-tiva, es posible hacer frente, a menor costo y de manera idónea, a todos losdesafíos que generan los problemas de violencia y criminalidad. Además sedará respuesta efectiva a las necesidades de la población fronteriza, a losretos de la lucha contra la extrema pobreza, la exclusión social, la corrup-ción y la seguridad ciudadana.

El Plan Ecuador se proyecta ante la comunidad internacional con el invaria-ble deseo de enfrentar los problemas de seguridad no convencionales, des-de una perspectiva diferente, como elemento que se constituya en un aporteespecífico, nacional y soberano para la construcción de la paz en la zona defrontera y en la sub-región andina.

3. ESCENARIO DEL PLAN

El plan abarca la franja norte del país, que involucra a las provincias de Es-meraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Este espacio fronterizoincorpora a una variedad de ecosistemas que incluye al manglar, bosquesprimarios, páramo, selva y otras reservas ecológicas, que merecen especialprotección por parte del Estado y el interés de la comunidad internacional.


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En un inicio, se dará principal atención a la población vulnerable particular-mente de los cantones fronterizos de San Lorenzo, Tulcán, Cascales, Sucum-bíos, Lago Agrio y Putumayo, por constituirse en las áreas más afectadas.

Situación demográfica

La población asentada en el área de influencia del Plan, que comprende 5provincias y 31 cantones, asciende a 1.097.697 habitantes, de los cuales el44% residen en la zona urbana y 56% en la zona rural. Si se compara con lapoblación total del país, representa el 9%. En la zona de intervención elporcentaje de personas que viven con menos de dos dólares al día se aproxi-ma al 60 %.

Aspecto etnográfico.

La población indígena tiene una presencia importante en las cinco provin-cias de la frontera norte. Imbabura es la que cuenta con mayor número deindígenas en su territorio153.

Fuente: SIISE-INEC 2001

Fuente: INEC, ENEMDU 2005, INEC, CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2001, ODNA, (*) Por falta de

información desagregada en las provincias amazónicas el dato registrado refleja a la región en su

conjunto.

153- GARCÍA, Fernando. 2006. La proyecciónmulticultural del Ecuador. En: Cultura, Emigracióny Política Exterior; Ministerio de Relaciones Exte-riores; Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020, pp. 34-35.


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154- Informe de Frontera Norte. Universidad An-dina, julio 2006.155- Ob. Cit. pp. 35.

La etnia Awá-Coaquier es un pueblo binacional asentado en las zonas debosque subtropical del Suroccidente de Colombia y Noroccidente de Ecua-dor. Los Centros Awá son poblados dispersos, que se ubican en las provin-cias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas 154. Existen altos índices de extremapobreza y de necesidades básicas no satisfechas. Y sus comunidades son lasmás afectadas por la dinámica del conflicto colombiano. En Esmeraldas esrelevante también la presencia del pueblo Chachi, principalmente en lasáreas del río Cayapas y Santiago.

En las provincias amazónicas del norte están los territorios y comunidadesKichwas, Signas, Secoyas, Cofanes, Huaoranis y Shuar. Los grupos asenta-dos en las riberas del Putumayo tienen fuertes vínculos con las comunida-des colombianas por redes de parentesco y por la movilidad social resultan-te de continuas migraciones.

Las provincias con mayor población afrodescendiente son Esmeraldas(39,9%); Carchi (5,4%); Sucumbíos (5,2%) e Imbabura (4,8%)155. En elsector norte de la provincia de Esmeraldas que comprende el cantón SanLorenzo, se encuentra la población más afectada por la carencia de recursosy falta de oportunidades de inserción laboral.

Producción.

Las actividades económicas de la región en gran parte son propias del sec-tor rural: agricultura de auto subsistencia, pesca artesanal, producción agrí-cola, comercio y servicios. Adicionalmente, a nivel industrial, figura la pro-ducción textil y artesanal en la provincia de Imbabura y, finalmente, la acti-vidad turística. En la zona existe también presencia de importantes capita-les inmersos en las actividades agroindustrial y agroforestal.

Por otra parte, en Sucumbíos y en Orellana se encuentran 131 pozos petro-leros, que producen el mayor rubro de exportación del país.

Empleo y Desempleo.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INEC 2006


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Las cifras sobre el mercado laboral evidencian que el desempleo en las zonasurbanas se ha mantenido en niveles que bordean el 10% a nivel nacional. Enlas cinco provincias de estudio, en promedio el porcentaje se aproxima al 7%.(INEC, ECV 2006). El subempleo en las cinco provincias bordea el 68.5 %,en promedio, lo que refleja una débil reacción de las actividades modernas dela economía formal en materia de absorción de mano de obra.

Situación de los servicios básicos.

La región refleja importantes déficits en la dotación de servicios socialesbásicos. La mayoría de poblaciones tienen viviendas con altos déficits ensus servicios básicos (agua y saneamiento). Los servicios deficitarios, conmayor frecuencia, son la eliminación de excretas, el agua entubada y siste-mas de drenaje, para las áreas urbanas, y la capacidad de proteger las fuen-tes de agua dulce y la disponibilidad de eliminación de excretas sólidas ylíquidas y manejo de desechos sólidos y líquidos, para la zona rural. Loanterior ha provocado que en la zona se encuentren enfermedades preveni-bles, por ejemplo las ocasionadas por la insalubridad y carencia de agua. Esel caso de la leshmaniasis, la parasitosis y aquellas transmitidas por vecto-res (paludismo y dengue).

En este sentido, las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orella-na, Imbabura presentan indicadores de cobertura de agua potable por deba-jo del promedio nacional (32,7%, 36.7,13,9%, 24,1%, 31,29%, respectiva-mente, frente a 47,9% nacional).

Con relación a servicio de alcantarillado, su cobertura es dispar. Asimismo,en Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Imbabura y Carchi los índices alcan-zan 30,5%, 26,7 y 36,1%, 55.7% y 54,9% respectivamente, frente a 48% anivel nacional.

Los servicios de recolección de basura en las cinco provincias mencionadaspresentan indicadores por debajo de la media nacional, que asciende a 62,7%.

Educación

En el ámbito específico de la educación básica, se constata que toda la re-gión muestra un promedio de escolaridad inferior (5.8 años) a la medianacional, que es de 7.3 años.

Las provincias de Esmeraldas (11.6%) e Imbabura (13.4%) presentan nive-les de analfabetismo mayores al promedio nacional (9%).

En la provincia de Orellana los indicadores de acceso a educción secunda-ria y superior se encuentran por debajo del registrado en las demás provin-cias de la zona y del promedio nacional.


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156- La Frontera Norte del Ecuador: Evaluacióny Recomendaciones de la Misión Interagencial delSistema de Naciones Unidas SNU en el Ecuador.Pág. 19.

Salud

En cuanto a los servicios de salud, los indicadores humanos y de servicios,tanto para internación como para atención ambulatoria, muestran valoresinferiores a los nacionales y regionales. La situación en algunos casos escrítica: la dotación de camas (para pacientes) por cada 1,000 habitantes esla mitad del promedio nacional, y, en el caso de Sucumbíos, es la terceraparte, con el agravante de que la mayoría de los centros de atención sonprivados.

En la zona de análisis, la mortalidad infantil ha alcanzado valores más altosque el nivel nacional (27.7 por cada 1.000 nacidos vivos) 35.6 en Esmeral-das, 34.8 en Imbabura, 29.4 en Carchi, 33.4 en Sucumbíos y 38 en Orellana(Censo INEC 2001). En cuanto a salud materna, los datos demuestran quealgunas provincias de la región duplican el promedio nacional de mortali-dad materna156.

Por otra parte, las enfermedades epidemiológicas como el paludismo, in-fecciones respiratorias agudas (IRA) y las relacionadas con las de tipo in-fecto contagiosas, como afecciones diarreicas agudas, dengue clásico y fie-bre tifoidea, tienen mayor incidencia en la población de la zona, afectandola capacidad productiva de las personas y familias.

En el combate a enfermedades como el VIH/SIDA los avances son meno-res, debido a serias dificultades en el acceso y calidad de los servicios desalud.

La infraestructura tanto de salud como de educación en la zona norte en-frenta en la actualidad una demanda adicional fruto de la presencia de mi-

Fuente: SIISE-INEC 2001

Elaboración: Grupo Tres Plan Ecuador


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grantes, quienes cruzan la frontera para recibir tratamiento médico gratuitoante la ausencia o lejanía de tales servicios en sus lugares de origen; o hanemigrando a Ecuador y residen ilegalmente, o son refugiados en la región.

Recursos naturales.

La zona enfrenta tres problemas que amenazan la sustentabilidad ambien-tal: 1) los impactos derivados de la expansión de las plantaciones de palmaen Esmeraldas y Orellana; 2) la indiscriminada explotación maderera queafecta a Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana; y 3) los impactos de la extrac-ción de hidrocarburos en Sucumbíos y Orellana.

La explotación maderera afecta a alrededor de 150.000has en el país, demanera especial en las provincias que forman parte de este Plan, afectandoinclusive a los bosques de las áreas protegidas de la región, sin que existanaún mecanismos eficientes de control forestal.

La actividad petrolera también ha acumulado importantes impactos am-bientales y sociales en la región amazónica.

El Estado ecuatoriano tiene dificultades para el control y sanción de lasviolaciones a las regulaciones ambientales y para hacer cumplir los requisi-tos mínimos para el cultivo controlado157. Los más importantes problemasson de carácter financiero, de gestión técnica y operativa y, sobre todo, elescaso cumplimiento de funciones, competencias y responsabilidades deautoridades centrales, regionales y locales.

Situación de la administración de justiciay control de ilícitos.

La situación de violencia en la frontera norte ha ido creciendo a ritmosalarmantes; así lo evidencian información oficial y de varios organismos deDerechos Humanos. Se constata que existen violaciones a los derechos a lavida (los homicidios son la segunda causa de muerte en Esmeraldas y Su-cumbíos) y a la seguridad e integridad de las personas, así como al estadode derecho, principalmente relacionadas con la administración de justicia.En el Ecuador existe una Oficina de la Defensoría del Pueblo y comisaríasde la mujer, que cuentan con cobertura en cada provincia y sedes en suscapitales. En el caso de Sucumbíos (Nueva Loja) no ha sido establecida laComisaría de la Mujer.

El Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, juega un rol importanteen Ibarra, San Lorenzo y Esmeraldas. Dicha institución, a pesar de sus limi-taciones financieras y de personal, cumple un papel dinámico en la protec-ción y promoción de los derechos de niños y niñas y adolescentes.

157- Informe de Frontera Norte Naciones Uni-das, agosto 2004.


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Situación de los derechos humanos,asistencia humanitaria y refugio.

La situación de violencia en la frontera norte ha ido creciendo a ritmosalarmantes; así lo evidencian información oficial y de varios organismos deDerechos Humanos. Se constata que existen violaciones a los derechos a lavida (los homicidios son la segunda causa de muerte en Esmeraldas y Su-cumbíos) y a la seguridad e integridad de las personas, así como al estadode derecho, principalmente relacionadas con la administración de justicia.En el Ecuador existe una Oficina de la Defensoría del Pueblo y comisaríasde la mujer, que cuentan con cobertura en cada provincia y sedes en suscapitales. En el caso de Sucumbíos (Nueva Loja) no ha sido establecida laComisaría de la Mujer.

El Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, juega un rol importanteen Ibarra, San Lorenzo y Esmeraldas. Dicha institución, a pesar de sus limi-taciones financieras y de personal, cumple un papel dinámico en la protec-ción y promoción de los derechos de niños y niñas y adolescentes.

Asistencia humanitaria y refugio

La ACNUR brinda al gobierno ecuatoriano apoyo técnico legal y financieropara asistirlo en la tarea de protección de refugiados.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana apoya al ACNUR en sus operacio-nes en el país. El trabajo en frontera y el impacto en las comunidades fron-

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Oficina de Refugiados.

Leyenda: TMP, Protección Temporal; CAD Caducados REU Reunificación familiar REA, Reasentamiento (Re-

cibe a los refugiados un tercer país); REP, Repatriación (Regreso voluntario al país de origen); CAN, Cance-

lados (Falsedad comprobada o viajes constantes al país donde sufrió persecución); CES, Cesados (Estipu-

lado en Convención de Ginebra de 1951)


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terizas del creciente ingreso de colombianos a Ecuador requirió de una pro-gresiva coordinación y apoyo de las agencias del Sistema de Naciones Uni-das y de ONGs, y una demanda mayor de atención por parte de la comuni-dad internacional.

El Ecuador, fiel a sus compromisos internacionales y a su vocación huma-nitaria, se ha convertido en el país que mayor número de solicitantes derefugio colombianos ha recibido en Latinoamérica. En el año 2000 se regis-traron 475 solicitudes de refugio y hasta la actualidad esa cifra ha ascendido a45.381. De esas solicitudes han sido aceptadas 14.300, negadas 16.428 y 9.435solicitudes han caducado por falta de continuidad con el procedimiento.

Además, los extranjeros residentes en Ecuador que no solicitan refugio pormiedo, ignorancia o cualquier otro motivo y que cumplen los requisitospara ser considerados dentro de la protección del refugio sumarían alrede-dor de 250.000 158.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiadosaporta a la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exterioresla suma de US $ 300.000 anuales. Adicionalmente, todo el programa delACNUR en Ecuador tiene un costo aproximado anual de US$ 3’500.000 159

La tasa de reconocimiento en el año 2006 se ubicó en el 47,3%, lo querefleja la amplia apertura y solidaridad del Estado ecuatoriano frente al temadel refugio y la correcta aplicación del Derecho Internacional de Refugia-dos, al otorgar y reconocer la condición de refugiados a quienes cumplencon las normas jurídicas que determinan el estatuto de refugiado.

158- Oficina de Refugiados, Ministerio de Rela-ciones Exteriores. 16 de abril de 2007159- Ibíd.


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Los solicitantes de refugio buscan formas de incorporación laboral, princi-palmente en el comercio informal o en la agricultura. Sin embargo, las con-diciones actuales son poco prometedoras para su inserción. Por eso milesde estas personas se desplazan paulatinamente a otros lugares al interior delEcuador. Al ser irregular la permanencia de los flujos migratorios en lazona fronteriza, su control o registro resultan complejos.

Inversión estatal y la cooperación internacional en la zonade frontera norte

Del presupuesto del gobierno para el año 2006 se asignaron a las provinciasfronterizas los siguientes rubros: ambiente $ 2.604.848, UDENOR $15.434.499, educación $ 2.088.746, salud $6.560.652, obras publicas y co-municación $ 31.280.550, vivienda $3.448.231, bienestar social $45´000.000. (8)

Según el INECI desde el año 2002, la Cooperación Internacional ha inver-tido 129´603.928 en la zona de frontera, en 67 proyectos de desarrollo lo-cal, recursos naturales y bienestar social.

Para el año 2007, según datos del SIGOB, se prevé ejecutar alrededor de176 proyectos, por un monto que se aproxima a los $ 145 millones de dóla-res, de los cuales se destinara el 40.7% para el mejoramiento de la estructu-ra básica, 50.1% para reactivación económica y bienestar social, 8.5% paraactividades relacionadas con el ambiente y un 0.6% para acciones tendien-tes al fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

Aparte de las actividades propiamente de defensa, que alcanzan los 21 mi-llones de dólares en la frontera norte, las Fuerzas Armadas tienen previstoejecutar proyectos por alrededor de 35 millones de dólares, entre los que sedestacan los planes de Soberanía Energética, de Seguridad Integral del Sis-tema Hidrocarburífero, Desarrollo de Tráfico Fluvial, entre otros.

160Información proporcionada por el Ministerio de Economía y Ministeriode Bienestar Social, el valor indicado incluye 33´ millones bono de desa-rrollo humano.

4. OBJETIVOS DEL PLAN

El objetivo general del presente Plan es impulsar en la frontera norte unproceso paz, desarrollo y seguridad integral, centrado en el ser humano,como una política de Estado, sustentada en la cultura de paz, fortalecimien-to de la seguridad humana y mejoramiento de la calidad de vida.Los objetivos específicos son:

160-Información proporcionada por el Ministe-rio de Economía y Ministerio de Bienestar Social,el valor indicado incluye 33´ millones bono dedesarrollo humano.


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· Fortalecer la participación ciudadana para establecer la convivenciapacífica de la población asentada en la zona de frontera, generandoredes de comunicación que afirmen la presencia estatal y el tejidosocial y que faciliten la prevención y resolución de conflictos de ma-nera armónica, dentro del respeto total de los Derechos Humanos.

· Establecer una plataforma de acción integral para la frontera norte,por medio de la cooperación y corresponsabilidad entre las distintasinstituciones del Estado ecuatoriano, para la ejecución de accionesque contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y asíreducir la pobreza y la exclusión social y garantizar la sustentabilidadambiental.

· Proteger a la población que habita en la frontera norte y sus recursos,así como las áreas estratégicas que en ella se localizan, a fin de garan-tizar que el desarrollo de las actividades socioeconómicas de su po-blación se realice en un ambiente de paz y dinamismo.

5. EJES DE INTERVENCIÓN

Se presentan siete ejes de intervención, que incorporarán en su diseño yejecución tres consideraciones metodológicas comunes: promover la equi-dad de género, respetando las estructuras culturales de los distintos pue-blos; fortalecer la participación ciudadana y las relaciones interculturales;consolidar la histórica relación binacional entre los pueblos de Colombia yEcuador mediante el intercambio cultural, económico, de experiencias degestión y otros.

a. Fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo

Se refiere a la generación y fortalecimiento de las capacidades instituciona-les para la gestión del desarrollo y de la convivencia pacífica en las provin-cias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.

Por lo tanto, se propone mejorar las capacidades técnicas, financieras y degestión de los gobiernos provinciales y locales, juntas parroquiales y orga-nizaciones sociales, así como de las entidades del régimen dependiente delEjecutivo; generar, fortalecer y optimizar sinergias entre las entidades sec-cionales, delegaciones provinciales de los ministerios, unidades ejecutoras,unidades de desarrollo regional y otros actores sociales, así como con lasagencias de cooperación externa.

Estrategias

· Establecer niveles de consolidación interinstitucional a nivel del Es-tado central, gobiernos seccionales, Juntas Parroquiales, ciudadaníay organizaciones de la sociedad.


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· Incentivar el desarrollo de mancomunidades y corporaciones de de-sarrollo territorial; y, nuevas formas de gestión del desarrollo, adapta-das a la problemática, y propuestas de intervención, en las cinco pro-vincias involucradas.

· Creación de redes de coordinación con la sociedad civil para vincu-larlas a planes de desarrollo con enfoques de derechos.

· Consolidar la seguridad jurídica por medio del fortalecimiento de losmovimientos sociales, de la participación, la transparencia en la ges-tión y la rendición de cuentas, para crear un ambiente propicio para lagobernabilidad y el bienestar integral de la población.

b. Reactivación económica y empleo

Dirigido a impulsar el crecimiento de la producción, la productividad y com-petitividad de los principales sectores económicos de la región fronteriza.

Por razones estratégicas, para la economía de la región y para las políticassociales de lucha contra la pobreza, es necesario dar especial atención aaquellas actividades económicas generadoras de fuentes de empleo, comoactividades artesanales, turismo sostenible y sustentable, producción agrí-cola, pesca, líneas de exportación y transporte, entre otros.

Estrategias

· Definir líneas de crédito para microempresas y cooperativas de pro-ducción; promover el acceso y la aplicación de innovaciones tecnoló-gicas para mejorar la productividad.

· Impulsar la capacitación del recurso humano en áreas técnicas, finan-cieras y de gestión acordes a las necesidades productivas locales.

· Apoyar las unidades de pequeña y mediana escala que generen cade-nas productivas, orientadas al abastecimiento del consumo local, re-gional y de exportación.

· Proporcionar créditos a bajos intereses, garantizando la venta de in-sumos agrícolas a bajos precios, motivando la producción, el trans-porte y la comercialización de los productos, generando fuentes deempleo e incentivando el turismo.

· Consolidar la seguridad jurídica por medio del fortalecimiento de laparticipación ciudadana, la transparencia en la gestión, la rendiciónde cuentas para crear un ambiente propicio para la inversión, la gene-ración de empleo y el bienestar integral de la población.

c. Mejoramiento de la infraestructura social básica

Está orientado a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la provisión delos servicios básicos para la población asentada en la zona de influencia delPlan Ecuador, especialmente en la zona rural y urbano marginal, servicios


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relacionados con salud, educación y necesidades básicas como requisitosindispensables para fomentar las actividades productivas.

Estrategias

· Impulsar el diseño, preparación y ejecución de programas y proyec-tos a través de los gobiernos seccionales y régimen dependiente, encoordinación con los esfuerzos de la cooperación nacional, interna-cional y organismos de desarrollo regional.

· Promocionar la participación y veeduría ciudadana en los procesosde ejecución y operación de los programas y proyectos, para vigilar lacalidad de los servicios básicos.

d. Manejo sostenible de los recursos naturales

El manejo sostenible de los recursos naturales en la región fronteriza norterequiere la conservación y aprovechamiento racional y sustentable del capi-tal natural y biodiversidad, incentivando el uso de tecnologías limpias en laextracción, producción y transporte de los recursos naturales, y contribu-yendo a recuperar los ecosistemas vitales que se encuentran degradados.

Estrategias

· Incentivar la agroforestería sustentable; impulsar acciones encamina-das a la conservación de los bosques primarios; recuperar las tierrasforestales degradadas; promover el uso sostenible de los bosques;controlar y valorar el bosque como preservar y proteger los páramos ydemás recursos forestales y de especies de vida silvestre.

· Aplicación efectiva del marco legal vigente que garantice el control ymanejo adecuado de las zonas declaradas de protección ecológicacomo los parques nacionales existentes en la zona, para preservar suecosistema frágil.

· Promover la implementación de proyectos de conservación ambiental.· Apoyar y ampliar la cobertura de las acciones de asistencia técnica,

capacitación, organización y diseño de la gestión ambiental a cargode los gobiernos provinciales y locales con el objeto de generar yfortalecer las capacidades para asumir las competencias ambientales.

e. Administración de justicia y control de ilícitos

Este eje temático contempla el fortalecimiento de los sistemas de preven-ción de los actos ilícitos y el Sistema de Inteligencia Nacional para mejorarel control de los actos ilícitos y lograr la reducción de los índices de crimi-nalidad, con la adopción de medidas integrales y de largo plazo con respec-to al tráfico de estupefacientes, armamento, precursores químicos, lavadode dinero, tráfico de personas y el crimen organizado y la corrupción.


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Estrategias

· Reforzar y modernizar las capacidades institucionales para la investi-gación del crimen y asegurar el procesamiento de los responsables, através de los órganos de justicia y la dotación de recursos financieros,tecnológicos y humanos especializados.

· Fortalecer las oficinas provinciales del Defensor del Pueblo, Comisa-rías de la Mujer, INNFA y Tribunales provinciales de menores.

· Adoptar medidas integrales con respecto al tráfico de estupefacien-tes, armamento, municiones, explosivos, precursores químicos, tráfi-co de personas, lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.

· Ejecutar el Plan de Soberanía Energética y el de Seguridad Integraldel sistema Hidrocarburífero.

f. Derechos humanos y asistencia humanitaria y refugio

Contempla la garantía del ejercicio de los derechos humanos y la protec-ción contra toda forma de discriminación de la población asentada en lazona, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales adqui-ridos en relación a la asistencia humanitaria y refugio de las personas des-plazadas de su lugar de origen.

Especial atención merece la población refugiada, con un apoyo decididodel gobierno ecuatoriano a las acciones y proyectos de ACNUR y la promo-ción de la participación de otros cooperantes internacionales, sobre la basede la estructura organizativa a nivel de provincias, municipios y comunida-des. Como principio, se buscará la inclusión de la población local, nacio-nal, refugiada e inmigrante, para promover la tolerancia y la solidaridad,evitar confrontaciones entre distintos grupos de la población vulnerable yasegurar que los inmigrantes y refugiados conozcan mejor sus derechos ysus obligaciones.

Estrategias

· Promover el conocimiento de los derechos fundamentales de las per-sonas, así como la difusión de los diferentes mecanismos de protec-ción y defensa de los derechos humanos desde los actores guberna-mentales, diferentes gobiernos seccionales y las organizaciones de lasociedad civil.

· Fortalecimiento de programas de capacitación en derechos humanospara los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y socie-dad civil, entre otros.

· Promoción de la transparencia y equidad en el análisis de los casosespecíficos relacionados con la violación de los derechos humanos.

· Fortalecer los planes de contingencia para enfrentar mayores flujosde desplazados en la zona.


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· Coordinar tareas y experiencias y compartir información con orga-nismos internacionales y ONG‘s para hacer un trabajo conjunto en eltema de desplazados.

g. Protección de la soberanía nacional e integridad del Estado

El Plan Ecuador propende a neutralizar las amenazas de carácter externoque atenten contra la seguridad nacional del Estado, integridad de las per-sonas y recursos naturales. Así el país contará con un ambiente de paz ydesarrollo.

El Estado ecuatoriano sostiene el principio de no intervención en asuntosinternos de otros estados; rechaza la amenaza y el uso de la fuerza en lasrelaciones internacionales, fiel a los preceptos enmarcados en la PolíticaExterior y Política de Defensa, promoviendo la resolución pacifica deconflictos.

Impulsa la solución de los conflictos internacionales e internos basadas enmecanismos políticos, diplomáticos, jurídicos y otros no militares previs-tos en el derecho internacional, mediante la activación de convenios inter-nacionales de la OEA y ONU para prevención del narcotráfico y sus delitosconexos, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas, secuestro,extorsión, entre otros. El Ecuador se abstendrá de participar en operacionescombinadas, coordinadas o conjuntas de carácter militar con Colombia.

Estrategias

· Mantener y fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas para el apoyo alas instituciones del Estado en el mejoramiento de la calidad de vidaen la zona de frontera norte.

· Coordinar acciones de desarrollo interinstitucionales que se ejecutanen la frontera con Municipalidades, Consejos Provinciales y JuntasParroquiales.

· Ejecutar programas y proyectos gubernamentales y no gubernamen-tales tendientes a satisfacer las demandas y necesidades de la pobla-ción ubicada a lo largo del cordón fronterizo.

· Apoyo a los ejecutores de los proyectos para el desarrollo de la fron-tera norte, con prioridad a los cantones San Lorenzo, El Dorado deCascales, Tulcán, Sucumbíos, Lago Agrio y Putumayo, contempla-dos en el Plan Binacional.

· Armonizar el marco legal existente a fin de evitar conflictos de com-petencias entre distintas instituciones del Estado.

· Fortalecer y modernizar el registro civil, para contar con una estadís-tica completa de la ciudadanía ecuatoriana y colombiana en nuestroterritorio.


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· Continuar ejerciendo el control efectivo del espacio territorial fronte-rizo, garantizando la protección de la población, sus recursos y lasáreas estratégicas consideradas, orientando además esfuerzos paraevitar el tráfico ilícito de los recursos energéticos.

· Contribuir con los organismos militares técnicos existentes a la pre-servación del ambiente.

· Afianzar y consolidar las relaciones bilaterales con la República deColombia; se propondrá la identificación y desarrollo de accionesestatales para la instrumentación de medidas de confianza mutua en-tre ambos Estados.

6.- ALCANCES DEL PLAN

6.1 Una adecuada coordinación entre gobiernos seccionales, entidades pú-blicas del ejecutivo, la cooperación internacional y los organismos priva-dos de desarrollo, para mejorar la eficiencia de los distintos programas einiciativas de desarrollo y seguridad existentes y por ejecutarse en las tresprovincias de influencia del Plan.

6.2 Reactivación de la producción y promoción del empleo, particularmen-te en aquellos sectores que generan fuertes encadenamientos como el agro-pecuario, agroindustria, turismo, pesca, artesanía, comercio y servicios, es-pecialmente relacionados con la actividad petrolera, a través del acceso aprogramas de micro-crédito, inversiones en mejoramiento de la infraestruc-tura productiva, fortalecimiento de talentos humanos, ampliación de me-dios de comunicación

6.3 Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servi-cios sociales básicos –agua potable, alcantarillado, desechos sólidos, saludy educación– en beneficio de la población asentada en el área de influenciadel Plan Ecuador.

6.4 Fortalecimiento de las medidas de conservación de ecosistemas frágilesy promoción del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales re-novables, a través de la cooperación interinstitucional para la aplicación yuso de tecnologías limpias en la prevención y control de la contaminación;la promoción de actividades y mercados alternativos para productos nomaderables y la creación de mecanismos eficientes de control de las activi-dades forestales ilegales.

6.5 Mantenimiento irrestricto del respeto a los derechos humanos y la pro-tección estatal a la población nacional y extranjera en la frontera, y mejora-miento progresivo de la calidad y cobertura de los servicios que el Estadodebe brindar a la población desplazada por el conflicto interno de Colom-bia, en cumplimiento del derecho internacional humanitario y en aplicaciónde convenios y tratados internacionales suscritos.


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6.6 Fortalecimiento de la presencia de las instituciones del Estado en lazona de frontera como condición fundamental para atender las demandassociales, de seguridad y de desarrollo de la población, dentro de una políti-ca de prevención y solución pacífica de conflictos.

6.7 Reducción de las actividades económicas ilegales en la frontera y mejora-miento integral de la seguridad en las provincias de las zonas de intervención.

7. HORIZONTE DEL PLAN

Se propone ejecutar el Plan con una visión de largo plazo proyectada hastael año 2018; no obstante, se prevé la realización de acciones y actividadesprogramadas en fases de cuatro años.

Para el primer cuatrienio, que coincide con el ejercicio del gobierno nacio-nal presidido por el Ec. Rafael Correa, se diseñará un Plan Estratégico Ope-rativo que contendrá los componentes, las actividades y resultados espera-dos en cada uno de los años de la gestión gubernamental. Este proceso seenmarcará en los contenidos definidos en este documento y será elaboradoen un proceso consultivo y participativo con los principales actores socialesy políticos de las provincias donde se ejecutará.

El Plan Ecuador es una respuesta a los efectos derivados del conflicto inter-no de Colombia en el Ecuador; por lo mismo, requiere de una revisión yactualización permanente, que atienda a la coyuntura de seguridad y cali-dad de vida de las poblaciones que habitan las zonas de influencia del Plan.El Plan está acorde con la filosofía y contenidos de las políticas nacionalesde relaciones exteriores, defensa y del Plan Nacional de Desarrollo Social yProductivo, que tiene un enfoque de derechos humanos (políticos, econó-micos, sociales, culturales), en armonía con la naturaleza y orientado a eli-minar la exclusión social y las disparidades territoriales.

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del Plan Ecuador se sustentará en varias fuentes de financia-miento. En primer lugar, las asignaciones del presupuesto del Estado, através de los ministerios y organismos estatales que tienen ingerencia en lazona. En segundo lugar, las asignaciones del presupuesto del Estado a losgobiernos seccionales: provinciales, municipales y parroquiales. En tercerlugar los aportes financieros y asistencia técnica que pueda brindar la co-operación internacional. En cuarto lugar, los recursos de las propias comu-nidades que pueden ser invertidos bajo las modalidades de la cogestión.

Respecto a la cooperación internacional, se buscará mejorar los actualesniveles de coordinación con las instituciones públicas nacionales y estruc-


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turar una mesa de donantes para promover su aporte en la ejecución deproyectos específicos en aquellos ámbitos que generen mayor impacto, be-neficio social y ambiental, en concordancia con las políticas del gobiernonacional.

CUADRO DE COOPERACIÓN INTERNACIONALPOR EJES TEMÁTICOS

9.- ESTRUCTURA DE GESTION DEL PLAN

La Gestión y administración del Plan Ecuador tendrá los siguientes niveles:

9.1. Un nivel directivo nacional. Presidido por el Ministro Coordinadorde la Seguridad Interna y Externa y conformado por la Ministra Coordina-dora de Desarrollo Social, los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensay Gobierno, un representante de los Municipios, un delegado de los Conse-jos Provinciales, un representante de la Secretaría de Pueblos y Movimien-tos Sociales, un delegado de los organismos de derechos humanos y unrepresentante de las organizaciones sociales.

Sus principales funciones serán diseñar las políticas, aprobar los PlanesEstratégicos Operativos para cada cuatro años, aprobar los planes operati-vos anuales, conocer y aprobar los informes de la Secretaria Técnica.

Se reunirá al menos una vez cada trimestre por pedido del Ministro Coordi-nador o de al menos las dos terceras partes de sus miembros.

9.2 Un nivel consultivo. Conformado por los miembros del nivel Directi-vo Nacional y los representantes del ECORAE, de la Unidad de Desarrollode la Frontera Norte UDENOR, AMAZNOR, el Secretario de Planificación

Fuente: Datos del INECI


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y Desarrollo, Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, elSecretario Técnico del Frente Social, un delegado del Comando Conjuntode las Fuerzas Armadas, un representante de las Juntas Parroquiales, y unrepresentante de las organizaciones sociales por cada una de las provinciasinvolucradas.

Su principal función es orientar los ajustes necesarios al Plan de acuerdo ala evolución de las condiciones de desarrollo y seguridad en las provinciasdonde se desarrolla y sugerir modificaciones operativas para mejorar la efi-ciencia y promover la participación social.

Se reunirá al menos una vez cada semestre, convocado por el Ministro Coor-dinador, o, al menos, dos tercios de sus miembros.

9.3 Un nivel ejecutor. Dirigido por el Ministro Coordinador, y formadopor un secretario técnico y un equipo operativo nacional mínimo; así comoequipos de coordinación en las tres regiones: Esmeraldas, Carchi e Imbabu-ra, Sucumbíos, Orellana y Napo.

La principal función de las coordinaciones técnicas, nacional y regional, esvelar por la ejecución del Plan Ecuador, la coordinación de las distintasinstituciones estatales nacionales involucradas, la coordinación con los go-biernos seccionales, las organizaciones sociales, las organizaciones priva-das de desarrollo y conservación y la cooperación internacional.

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