Conferencia Menores Infractores Tsjdf Def

IINNTTRROODDUUCCCCIINN AA LLAA

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1188 CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL..

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TTrriibbuunnaall SSuuppeerriioorr ddee JJuussttiicciiaa ddeell DDiissttrriittoo FFeeddeerraall

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AARRTTCCUULLOO 1188 CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL..

Prembulo.

El doce de diciembre de dos mil cinco, el

artculo 18 constitucional, sufri una importante

reforma en sus prrafos cuarto, quinto y sexto.

Todo el sistema que regulaba la justicia de

menores se transform ntegramente y, con ello

los criterios rectores para su interpretacin. Por

ese motivo mi exposicin versar sobre la

introduccin a la interpretacin de este precepto,

en el rubro de la justicia para adolescentes.

CONFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

Antes de iniciar, quiero abrir un parntesis

sobre Cul era la situacin de los menores

infractores previo a esta reforma?, pues bien

quiero decirles que desde 1923, fecha en que se

estableci en Mxico el primer Tribunal para

Menores (San Luis Potos), hasta la reforma en

comento, la legislacin en esta materia con una

intensidad gradualmente decreciente-, tuvo como

principal rasgo un carcter tutelar, inspirado en

la doctrina de la situacin irregular, la cual se

caracteriza por la actuacin del Estado en favor

de los nios y adolescentes que se encuentran en

situacin de dificultad por la comisin de una

infraccin, marginalidad, abandono o peligro,

con el propsito de brindarles proteccin.

Sin embargo, no obstante los loables

propsitos que tena este sistema, -proteger de

manera especial a los menores infractores-, en

realidad, contribuy a disminuir el goce y

3


ejercicio de sus derechos, en tanto que su

implementacin tuvo como consecuencia dar el

mismo tratamiento a los menores que hubieran

cometido una conducta delictiva y a los que

requeran de una actuacin en su beneficio, por

estar en una situacin de abandono o peligro; as

mismo, condujo a que se les mantuviera en

confinamiento por un tiempo indeterminado; a

que se llevara a cabo un procedimiento sin las

debidas formalidades; y a que se adoptaran

medidas por parte de las autoridades en funcin

de circunstancias personales y no de la conducta

cometida, entre otros aspectos.

La doctrina tutelar dio lugar en la generalidad

de los pases en que se adopt, a la creacin de

leyes sobre la materia, en las que resultaba tpico

la alusin a conceptos como abandono material,

social o moral del nio, el nio en situacin

irregular, el nio en estado de peligro; tambin,

4


origin la creacin de tribunales y rganos

administrativos, cuyo objeto era atenderlos en

esta situacin, y al surgimiento, entre otras, de

casas de encierro, correccionales y de granjas

agrcolas para menores.

En suma, este modelo tutelar tiene como

caractersticas que concibe al menor infractor

como inimputable e irresponsable; no hay delito

sino una lnea que va del estado de peligro a las

faltas administrativas; basta con acreditar el

estado de peligro; no se aplican penas sino

medidas de seguridad; la duracin de la medida

es indeterminada y no hay derecho a la defensa.

El cambio de un sistema tutelar a uno de

proteccin integral de los derechos de menores

origin la creacin del sistema de justicia, el cual

qued sustentado constitucionalmente en los

numerales 4 y 18. El primero de ellos recoge

5


precisamente los postulados de proteccin

integral de derechos fundamentales, pues

establece que los nios nias y adolescentes

tienen necesidades bsicas de alimentacin,

salud, de educacin y de sano esparcimiento en

un marco de pleno desarrollo integral respetando

esencialmente su dignidad y adems el pleno

ejercicio de sus derechos humanos; el segundo,

establece propiamente las bases del sistema de

justicia para adolescentes a nivel Federal, Estatal

y del Distrito Federal.

Por tanto, este modelo es el fundamento del

nuevo sistema.

Ahora bien, retomando el tema de esta

exposicin, cabe sealar que acorde con lo

dispuesto por el artculo 18 de nuestra Carta

Magna, se ordena el establecimiento de un

sistema integral de justicia para

6


adolescentes, que ser aplicado segn el

propio texto constitucional- a aquellas personas

que tengan entre doce y menos de dieciocho aos

cumplidos, en lo relativo a la comisin de

conductas delictuosas segn sean definidas en

las leyes penales, en el que se garanticen los

derechos fundamentales que reconoce nuestra

Carta Magna para todo individuo.

Esta delimitacin constitucional distingue a

los adolescentes de los nios, da un marco

comn en el pas para establecer un criterio

uniforme en lo relativo a la edad penal,

superando con ello, un problema de asimetra

que en este rubro se presentaba desde tiempo

atrs.

A lo anterior hay que agregar que uno de los

motores principales y a la vez objetivos

perseguidos por la reforma constitucional fue el

7


incorporar a nivel constitucional la doctrina de

proteccin integral de la infancia, especficamente en la parte de la misma que se

ocupa de la justicia de menores, desarrollada e

impulsada principalmente por la Organizacin de

las Naciones Unidas, y plasmada en diversos

instrumentos internacionales como son: (a) las

Reglas de Beijing para la Administracin de

Justicia de Menores; (b) las Directrices de las

Naciones Unidas para la Prevencin de la

Delincuencia Juvenil (RIAD); (c) las Reglas para la

Proteccin de Menores Privados de Libertad; (d) la

Convencin sobre los Derechos del Nio; y que

tambin ha de tomarse en consideracin, por

formar parte del marco jurdico vigente en

materia de derechos humanos, la Convencin

Interamericana de Derechos Humanos.

Aunado a lo expuesto, en consonancia con lo

establecido por las reglas de Beijing y las

8


directrices de las Naciones Unidas para la

prevencin de la delincuencia juvenil, son de

mencionarse las diversas facetas del problema de

la delincuencia juvenil que deben ser atendidas y

que quedan comprendidas en el aspecto sistmico

de la jurisdiccin especializada para adolescentes

que alude la reforma, las cuales en comento

abarcan tanto aspectos de poltica social, como de

poltica judicial y de control de gestin, que

pueden ser identificados como:

* Prevencin,

* Procuracin de justicia

* Imparticin de justicia

* Tratamiento o ejecucin de la medida

* Investigacin, planificacin, formulacin y

evaluacin de las polticas que incidan en la

materia.

9


En otro orden de ideas, a fin de establecer la

responsabilidad penal del menor es muy

importante su edad, pues en el prrafo sexto del

artculo 18 constitucional se establece que el

internamiento se utilizar slo como medida

extrema y por el tiempo ms breve que proceda, y

podr aplicarse nicamente a los adolescentes

mayores de catorce aos de edad, por la comisin

de conductas antisociales calificadas como

graves.

El derecho integral, penal modalizado de

adolescentes, se distingue respecto al de los

adultos, en tanto que en aqul la finalidad de las

sanciones establecidas originan un derecho penal

educativo o, en trminos de la exposicin de

motivos, de naturaleza sancionadora educativa;

ingredientes stos que, si bien estn presentes

tambin en el derecho penal en general, lo estn

en proporciones distintas, pues este principio

10


educativo sancionador, no es sino consecuencia

de los principios de inters superior y de

proteccin integral de la infancia, que, dicho sea

de paso, no slo impacta en la naturaleza que se

adscriba a la sancin, sino en otros tantos

aspectos, como seran el de la preferencia de las

sanciones no privativas de libertad y

preponderancia de la educacin en la

determinacin y ejecucin de las medidas, entre

otras.

En el fondo, la diferencia entre el sistema de

justicia integral, penal modalizado para

adolescentes y el de adultos, radica en una

cuestin de intensidad que se ve reflejada en el

contenido garantista de cada uno (en el primero

hay un especial aadido en este rubro), como

tambin en el aspecto rehabilitador o educativo

versus el punitivo de las sanciones que estn

presentes en proporciones distintas en cada uno.

11


Estrechamente vinculado con lo anterior, y

tambin como distintivo del sistema mismo, se

tiene que el sistema integral de justicia para

adolescentes, impone un procedimiento

asemejado al penal, y, enftica o

preponderantemente, de corte acusatorio (en

oposicin a inquisitorio).

Con base en lo anterior, concluy que el

carcter integral, penal modalizado de este

nuevo sistema est definido

constitucionalmente, porque las nicas

conductas que son objeto del mismo son

exclusivamente- aquellas que en las leyes estn

tipificadas como delitos. No ms entran en el

sistema de menores los llamados estados de

peligro, situacin irregular o la comisin de

infracciones de orden administrativo, como

antao suceda bajo el modelo tutelar.

12


Dice la Constitucin: un sistema

integral de justicia que ser aplicable a

quienes se atribuya la realizacin de una

conducta tipificada como delito por las leyes

penales..

El admitir esta naturaleza penal de la justicia

de menores, ha sido considerado como un avance

importante pues, lejos de resultar lesivo para

ellos, da lugar a que se les reconozcan y asistan

en el proceso al que sean sujetos todas aquellas

garantas que asisten a un acusado. Tngase

presente que el proceso que incluso contiene ms

regulacin de orden directamente constitucional

es, justo, el derecho procesal penal.

Sin embargo, como ya lo dije esta

conceptualizacin de la justicia juvenil como una

de naturaleza penal, resulta modalizada por el

13


solo hecho de que el sujeto activo de que se trata

es, precisamente un adolescente. Esta

circunstancia da lugar a que, los derechos que se

le reconocen en su calidad de inculpado,

procesado y sentenciado, sean ampliados para

tambin considerar que le asisten otros

adicionales en razn de esa precisa condicin, de

manera que suela hablarse de una naturaleza

penal especial.

Como nota del modelo garantista, ahora

vigente, est, que el sistema de justicia de

adolescentes se encuentra regido por el principio

de legalidad; cuya ms importante manifestacin

es que solamente por conductas definidas como

delitos en las leyes penales, podr un

adolescente ser sujeto a proceso, lo cual

represent un avance muy importante en

comparacin con el modelo tutelar; esto es, el

principio constitucional referido prescribe que

14


slo se puede castigar un hecho si su punibilidad

se encuentra prevista en una ley antes de su

comisin; es decir, por ms que una conducta

resulte nociva para la sociedad y revele la

necesidad de ser penada, el Estado slo podr

tomarla como razn para la aplicacin de

sanciones jurdico-penales si advirti antes y de

manera expresa tal circunstancia a los

gobernados a travs de la ley.

La garanta de debido proceso es uno de

los aspectos que garantiza la doctrina de

proteccin integral de la infancia plasmada en los

instrumentos internacionales, como es el derecho

que tienen los menores de contar con una

defensa gratuita y adecuada desde el momento en

que es detenido o acusado e inclusive hasta que

finaliza la medida que en su caso le sea impuesta.

15


El principio de proporcionalidad, ste

principio tiene tres perspectivas:

* Proporcionalidad en la punibilidad de las

conductas, que se refiere a la punibilidad que el

legislador seala para los delitos previstos en la

norma general aplicable a los menores, as como

que esta condicin podr verse satisfecha una vez

que se sealen punibilidades distintas para cada

conducta tipificada como delito.

* Proporcionalidad en la determinacin de la

medida, que se trata de un aspecto que toma en

cuenta tanto las condiciones internas del sujeto

como las externas de la conducta que despliega,

de tal manera que el juzgador puede estar en

aptitud de determinar cul ser la pena aplicable

que oscila entre las que el legislador estableci

como mnimas y mximas para una conducta

determinada.

16


* Proporcionalidad en la ejecucin, la que

implica la necesidad de la medida; lo que se

configura no slo desde que la misma es

impuesta sino a lo largo de su ejecucin, de

manera que la normatividad que se expida debe

permitir la eventual adecuacin de la medida

impuesta para que contine siendo proporcional

a las nuevas circunstancias del menor.

El principio del inters superior del

menor, este implica que la actuacin de las

instituciones, tribunales y autoridades

encargadas de la aplicacin del sistema penal

para adolescentes, deber estar orientada hacia

lo que resulte ms benfico y conveniente para el

pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.

Principio de minima intervencin, este

tiene tres vertientes:

17


*Alternatividad: se desprende del contenido

del artculo 40.3.b de la Convencin sobre los

Derechos del Nio, de acuerdo con el cual se debe

buscar resolver el menor nmero de conflictos a

nivel judicial.

*Internacin como medida ms grave. La

normatividad secundaria siempre deber atender

a esta condicin, esto es, que el internamiento

slo podr preverse respecto de las conductas

ms graves; cabe sealar que todos los

instrumentos internacionales hacen referencia a

este punto; y

*Breve trmino. Como regla general la

expresin por el tiempo ms breve que proceda,

debe entenderse aquel periodo de tiempo

necesario para lograr el fin de rehabilitacin del

adolescente que se persigue, empero, en las

18


legislaciones ordinarias debe establecerse un

tiempo mximo para la medida de internamiento,

ello en virtud de que el requerimiento de que la

medida sea la ms breve posible, implica una

pretensin de seguridad jurdica respecto de su

duracin.

En otro sentido, el Poder Reformador de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos, en la reforma en comentario, prrafo

sexto, fue claro en dejar manifiesta su voluntad

de separarse por completo del sistema tutelar

anterior y considerar la independencia del rgano

que habr de juzgar al adolescente, como uno

totalmente separado y desvinculado del Poder

Ejecutivo, pues en forma expresa el artculo 18

establece que: En todos los procedimientos

seguidos a los adolescentes se observar la

garanta del debido proceso legal, as como la

independencia entre las autoridades que

19


efecten la remisin y las que impongan las

medidas.

Esta separacin entre acusacin y juzgador

es una cuestin en la que se hace especial

nfasis, de manera que no pueda sino

considerarse que el procedimiento ha establecerse

tras esta reforma constitucional deba ser,

predominantemente acusatorio.

As, el que la reforma constitucional aluda a

tribunales como rganos operadores del sistema

de justicia juvenil, significa que deben

instaurarse tribunales formal y/o materialmente

hablando, en razn de que si se ha admitido la

naturaleza penal modalizada de este sistema de

justicia, y se ha aceptado que se inscribe dentro

del rgimen de asuncin plena de derechos, pero

tambin de responsabilidades, ello conduce a que

los adolescentes, adems de gozar de mltiples

20


garantas, puedan verlas restringidas e, incluso,

en el menor de los casos, puedan ser privados de

su libertad, total o parcialmente.

Por tanto, debe admitirse que tales

facultades, conforme a nuestra tradicin jurdica,

slo son admisibles cuando provienen de una

autoridad judicial.

En este sentido, es importante resaltar que el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacin, al resolver la Accin de

Inconstitucionalidad 37/2006, promovida por la

Comisin Estatal de los Derechos Humanos de

San Luis Potos, consider que:

En el sistema de justicia para

adolescentes, el indicado artculo 18, de acuerdo

con su diseo constitucional, permite que para la

21


integracin del sistema normativo que de l derive

pueda acudirse a otras disposiciones legales.

En ese tenor, la remisin que realicen las

leyes de justicia para menores a los tipos legales

previstos en los Cdigo Penales correspondientes

a la Entidad Federativa de que se trate, opera en

cumplimiento de la propia disposicin

constitucional que rige el sistema relativo, en la

medida en que, conforme a tal precepto, slo

podr sujetarse a los adolescentes a proceso

cuando las conductas realizadas sean tipificadas

como delitos en los Cdigos Penales, lo que se

traduce en que sea la propia Ley Fundamental la

que avale la remisin aludida y en que resulte

innecesario que se legislen delitos especiales para

menores.

No resultara adecuado considerar que el

principio de tipicidad llega al extremo de impedir

22


que, en determinado ordenamiento, se

comprendan tipos penales aplicables a dos

legislaciones distintas, mxime si stas estn

encaminadas a determinar el contenido de

aquellas conductas que, a juicio del legislador,

vulneran los mismos bienes jurdicos, de manera

que del artculo constitucional citado no se

advierte la obligacin de crear tipos penales

aplicables nicamente a los menores de edad.

Asimismo se determin, que conforme a

la Regla 13.4 de las Reglas de Beijing, a la Regla

IV, apartado C, numeral 28, de las Reglas de las

Naciones Unidas para la Proteccin de los

Menores Privados de Libertad y al artculo 37,

inciso c), de la Convencin de los Derechos del

Nio, tratndose de penas privativas de la

libertad, cuando el menor sentenciado cumpla la

mayora de edad mientras compurga la pena,

23


procede reubicarlo de manera que se asegure su

separacin de los dems internos.

As con independencia del lugar en que se

cumplimente la medida de internamiento, esto es,

que permanezca en el centro de internamiento

para menores o sea trasladado a un lugar de

reclusin para adultos, debe permanecer

separado del resto de los internos, pues durante

la etapa de aplicacin y ejecucin de las medidas

de tratamiento impuestas al menor, las

autoridades deben velar porque las garantas que

componen el sistema integral de justicia no

pierdan vigencia.

Adems, acorde con la Convencin sobre los

Derechos del Nio, todo menor privado de

libertad debe estar separado de los adultos, a

menos que ello se considere contrario al inters

superior del nio, teniendo derecho a mantener

24


contacto con su familia por medio de

correspondencia y de visitas, salvo en

circunstancias excepcionales, principio que

encuentra justificacin en las diversas

caractersticas fsicas y psicolgicas de los

jvenes reclusos, las cuales, en ocasiones y con

apoyo en el criterio del inters superior del

menor, permiten justificar medidas de

clasificacin, lo que hace posible que se les preste

una asistencia ms adecuada.

De todo esto, concluyo que el sistema de

justicia juvenil instaurado con motivo de la

reforma referida, puede distinguirse por cuatro

notas propias, amn de todos sus dems

contenidos, que son:

* Est basado en una concepcin del

adolescente como sujeto de responsabilidad;

25


* Que goza a plenitud de derechos y garantas

que le asisten al ser sujetado a proceso por

conductas delictuosas (garantista);

* De naturaleza penal, aunque especial o

modalizada en razn del activo de las conductas

ilcitas; y

* En lo que ataen al aspecto jurisdiccional

procedimental del mismo, de corte

preponderantemente acusatorio.

Las notas que hasta ahora se han apuntado

como caractersticas o distintivas de la esencia de

la nueva justicia juvenil, (a la que se denomina

por el propio poder reformador de la constitucin

como Sistema Integral de Justicia para

Adolescentes), si se comparan con aquellas que

caracterizaban al modelo tutelar que abandon,

tornan an ms claros los contornos y bases

26


sobre las que ha de erigirse el nuevo modelo, que

es, en esencia garantista.

Los cambios o mejoras principales que se

obtuvieron con esta reforma es que las

legislaciones de las Entidades Federativas, as

como del Distrito Federal en sus respectivas leyes

que emitan sobre justicia integral para

adolescentes recojan las cuatro notas distintivas

de la reforma a las que ya me refer.

Los cambios citados se tendrn en todos los

niveles, esto es, en la remisin por parte del

Ministerio Pblico, en el procedimiento

instaurado por el Juez Especial en Justicia para

Adolescentes y en la ejecucin de la sancin que,

en su caso, llegar a imponerse, pues debe

reconocerse al adolescente como una persona que

tiene derechos fundamentales comunes a todo ser

humano, pero tambin con derechos especficos

27


que atienden a su caracterstica de ser una

persona en desarrollo, as como se respeten las

garantas individuales consagradas en los

artculos 14 y 20 constitucionales como son las

de audiencia y el derecho a tener una defensa

adecuada, entre otras.

Como ya lo mencione, el objeto de la reforma

constitucional fue adecuar la justicia de

adolescentes a la doctrina de proteccin integral

de la infancia que se ha venido impulsando desde

organizaciones internacionales como las Naciones

Unidas, en la cual se hacen referencias tanto a la

especializacin orgnica como a la del

funcionario, ponen acento en la especializacin de

funcionarios como una cuestin necesaria e

incluso de orden instrumental, para que los

propsitos perseguidos de reintegracin social del

adolescente sean logrados.

28


Con base en lo expuesto, (los funcionarios ya

sean ministerios pblicos, jueces y policas o

cualquier otra persona que labore en el sistema

de justicia juvenil) deben estar capacitados no

slo en el aspecto de conocimientos, sino tambin

instruidos para tratar a los adolescentes

infractores con actitudes humanitarias, pues

estas caractersticas son fundamentales y

determinantes para que el joven logre

eventualmente su reinsercin social en

condiciones satisfactorias para l, su familia y la

sociedad en general.

En cuanto a los Ministerios Pblicos

especializados tendrn como funcin, adems de

las que le confiere el artculo 21 constitucional,

(investigacin y persecucin de los delitos),

atender a reglas y mecanismos para que siempre

que resulte adecuado, los menores no sean

sometidos a un proceso judicial sino que los

29


casos sean atendidos ante las autoridades de

procuracin, es decir, deben atender a que el

asunto termine precisamente durante la fase de

procuracin, sin que sea necesario agotar la fase

judicial.

Por lo que respecta a los jueces especializados

su funcin estriba en que el procedimiento se

instrumente respetando las garantas

individuales del menor como son: la de audiencia,

debido proceso, as como los principios para la

proteccin integral de los derechos de los

adolescentes, a los que ya me refer.

Cabe hacer especial mencin, al criterio

sustentado por este Alto Tribunal en la accin de

inconstitucionalidad citada, en cuanto a la

circunstancia de que las legislaturas locales no

hayan creado antes del 12 de septiembre de 2006

las leyes, instituciones y rganos para la

30


aplicacin del Decreto de Reforma al artculo 18

de nuestra Carta Magna, configura una violacin

constitucional.

La implementacin del sistema integral

de justicia para menores infractores en el mbito

local, ser responsabilidad de las autoridades

estatales y del Distrito Federal, respectivamente,

mientras que la Federacin deber realizar lo

propio, respecto del sistema en el mbito federal.

asimismo, las acciones de colaboracin que han

de desarrollarse entre estos entes de gobierno,

deben tener como componente la debida

interaccin entre los diversos niveles de gobierno,

razn por la cual la forma en que ha de llevarse a

cabo dicha colaboracin debe encontrarse

prevista en las leyes de la materia, mediante la

firma de convenios de colaboracin para la

ejecucin conjunta de acciones, sin que resulte

obligatoria la firma de los referidos convenios por

31


no existir disposicin constitucional que as lo

establezca, sino que por el contrario, tal

actuacin queda a su libre determinacin, con

base en la autonoma que les reconoce la Ley

Fundamental.

Esto es, el artculo Primero Transitorio

del Decreto por el que se reforma y adiciona el

artculo 18 constitucional, establece un periodo

inicial de vacatio legis de 3 meses siguientes a la

fecha de publicacin del mismo, para que la

reforma y adicin constitucional entre en vigor en

todo el pas. Tambin el artculo segundo

transitorio del indicado decreto, crea un nuevo

periodo de vacatio legis de 6 meses, contados a

partir de su entrada en vigor, para que los entes

obligados generen las leyes, instituciones y

rganos requeridos para su aplicacin.

32


Los indicados preceptos establecen la

vigencia de la reforma y adicin constitucional, de

la siguiente manera: el decreto entr en vigor en

todo el pas en cuanto a los derechos sustantivos

que contempla a favor de los adolescentes el 12

de marzo de 2006; mientras que el periodo para

que se generen las leyes, instituciones y rganos,

inici el 13 de ese mes y ao y venci el 12 de

septiembre del ao citado. De esta forma, los

entes obligados tuvieron hasta la ltima fecha

referida para generar, en sus respectivas

jurisdicciones, el sistema especializado de justicia

para menores infractores, de ah que la

circunstancia de que algunas Legislaturas

Locales no hayan emitido dentro del plazo

sealado la legislacin correspondiente, configura

una violacin constitucional por actualizarse una

omisin legislativa.

33


Finalmente, quiero referir que de conformidad

con el criterio de la Primera Sala de este Alto

Tribunal sustentado en la Contradiccin de Tesis

44/2007-PS1, en el nuevo rgimen

constitucional, corresponde a cada fuero juzgar

los delitos cometidos contra normas de cada uno

de los respectivos rdenes jurdicos, segn lo

establezcan las leyes locales y la Constitucin,

razn por la cual sern competentes los rganos

de justicia federal para conocer de aquellos

delitos en los trminos de las leyes federales

(artculos 18 y 104, fraccin I de la Constitucin);

adems de que, tambin debe tenerse en cuenta

la diversa regla de competencia que prevn los

artculos 500 y 501 ambos del Cdigo Federal de

Procedimientos Penales, conforme a la cual son

competentes para conocer de los delitos federales

que sean cometidos por adolescentes, los

1 TESIS JURISPRUDENCIAL 25/2008 DELITOS FEDERALES COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES DE DIECIOCHO Y MAYORES DE DOCE AOS DE EDAD. SON COMPETENTES LOS JUZGADOS DE MENORES DEL FUERO COMN (RGIMEN DE TRANSICIN CONSTITUCIONAL).

34


tribunales del fuero comn y de no haberlos, los

tribunales de menores del orden federal.

Lo anterior hasta en tanto se establezca el

sistema integral de justicia de menores y por

aquellos delitos que, cometidos durante el

anterior rgimen constitucional, durante los

periodos de vacatio y hasta antes del momento

indicado, no hayan sido juzgados, con estos

temas introductorios en la aplicacin del precepto

en comentario doy por terminada mi exposicin

sobre este tema.

GGRRAACCIIAASS..

35
INTRODUCCIN A LA INTERPRETACIN DEL ARTCULO 18 CONSTITUCIONAL. SEORA MINISTRA OLGA SNCHEZ CORDERO DE GARCA VILLEGASTribunal Superior de Justicia del Distrito FederalTribunal Superior de Justicia del Distrito FederalINTRODUCCIN A LA INTERPRETACIN DEL ARTCULO 18 CONSTITUCIONAL.

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