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XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA AGRARIA

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: “TIERRA Y SANGRE. LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN

LA SEGUNDA REPÚBLICA EN UNA COMARCA LATIFUNDISTA ANDALUZA, Y SU

REPERCUSIÓN EN LA GUERRA CIVIL: EL CASO DE ANTEQUERA”

AUTOR: MIGUEL ÁNGEL MELERO VARGAS (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA)

SESIÓN: PLENARIA III. INSTITUCIONES, DESARROLLO, COOPERACIÓN Y CONFLICTO

AGRARIO

RESUMEN: La conflictividad laboral y social desarrollada en el campo andaluz durante la II

República, y fundamentalmente desde la proclamación del Frente Popular en febrero de 1936,

tendría un peso específico propio en los posteriores sucesos desarrollados tras el inicio de la

guerra civil, tanto en la violencia suscitada en la retaguardia republicana, como en el posterior

proceso de represión franquista. En esta línea gira el presente trabajo, encontrando ya iniciada

la guerra, a una buena parte de los mismos actores que meses o años antes habían

protagonizado el fenómeno de este enfrentamiento entre patronos y obreros agrícolas, así

como el papel de mediadoras de las instituciones republicanas y sus representantes; y todo en

una comarca netamente latifundista, como la antequerana.

2

ABSTRACT: The labor unrest and social developed in the Andalucian countryside during the

Second Republic, and mainly from the proclamation of the Popular Front in February 1936,

would have a specific weight own in later events developed after the onset of the civil war, both

in the violence aroused in the rearguard republican, and in the subsequent process of Francoist

repression.

In this line turns the present work, finding had begun the war, a good part of the same actors

that months or years before had starred the phenomenon of this confrontation between patrons

and agricultural workers, as well as the role of mediators of republican institutions and their

representatives; and all in a county landowner distinctly, as Antequera.

3

Tierra y sangre. La conflictividad laboral en la Segunda República en una comarca

latifundista andaluza, y su repercusión en la guerra civil: el caso de Antequera

El estudio de la violencia y represión franquistas ha propiciado la aparición de estudios,

algunos de ellos muy recientes1, que denuncian lo que consideran como una visión incompleta

y errónea de muchos trabajos sobre los antecedentes que las desencadenaron o pudieron

influir en su desarrollo, por presentarlas en muchos casos como mera respuesta a la violencia

desarrollada en la retaguardia republicana tras la sublevación de julio de 1936, pero sin ir más

allá, esto es, sin recurrir a una mirada de retrospección más amplia, y donde podrían obtenerse

respuestas en dos coyunturas como abril de 1931, con la proclamación de la Segunda

República, o febrero de 1936, tras la celebración de los comicios que darían la victoria al

conformado como Frente Popular de izquierdas2.

En base a esto compartimos la idea de que los orígenes del conflicto que desencadenó la

violencia política, sobrepasan los límites de la conspiración militar, como de la sublevación y la

propia guerra civil, como lo demuestra el hecho concreto de que, a pesar de que existan

lugares donde no se registre oposición a la sublevación, la represión y la violencia existen, y en

muy alto grado además.

Esta correlación entre la represión sublevada y franquista, y otros factores como la vinculación

política, sindical, asociativa y social, o la conflictividad laboral y social y sus múltiples

manifestaciones, fundamentalmente en el campo3, todos ellos anteriores a la guerra, ha sido

analizada de forma detallada para el caso de la comarca andaluza de Antequera4.

1 Mir Curcó, C. (1999): “Violencia política, coacción legal y oposición interior”, Ayer. 33, p. 119., así como Cobo

Romero, F. (Coord.) (2012): La represión franquista en Andalucía. Balance historiográfico, perspectivas teóricas y

análisis de resultados, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.

2 Una denuncia de carencias que también se refleja en Arco Blanco, M. A.: “La represión franquista en Andalucía: un

balance historiográfico”, en Cobo Romero, F. (Coord.) (2012): op. cit. p. 73. Centro de Estudios Andaluces. De la

misma forma la profesora Mir Curcó establece paralelismos entre el caso español y los desarrollados en otros países

tras la I Guerra Mundial, como Alemania, Italia y Francia. Mir Curcó, C. (1999): “Op. cit.”, Ayer, 33, pp.115-145.

3 Así lo refleja también el historiador y profesor José Carlos Martínez Gálvez para el caso de Aznalcóllar, en el partido

judicial de Sanlúcar la Mayor, donde la represión franquista será directamente proporcional a la oposición previamente

mostrada a la sublevación, y sobre la que también podemos encontrar muchos paralelismos para el caso del municipio

del término antequerano de Mollina. Martínez Gálvez, J.C.: “Algunas precisiones en torno a la violencia franquista”, en

4

En ella ha podido corroborarse como la represión franquista se presenta como resultado del

deseo de erradicación eficaz de todo el movimiento surgido en torno a la defensa de los

intereses de las clases populares.

Por ello, la represión franquista no es un hecho aislado, ni su violencia es simplemente una

respuesta a la violencia desarrollada en la retaguardia republicana, sino una respuesta de clara

vocación exterminadora contra el éxito político y sindical de la izquierda entre el pobre

campesinado andaluz, a la sindicación masiva de éste, y a sus enfrentamientos huelguísticos

contra los patronos, adalides de la prolongación que sobre la región andaluza desarrolle el

sistema capitalista, y defensores en la región de un tradicionalismo católico y conservadurismo

españolista y centralista que entendían en jaque por parte de la República y las libertades

otorgadas por ésta a sus agentes sociales.

Es entonces cuando la represión franquista se convierte en Andalucía en el instrumento de

violencia y control, de exterminio y erradicación, al servicio de una clase terrateniente y

caciquil, temerosa de la influencia política y sindical de la izquierda sobre una masa jornalera

cada vez más combativa en aras de la consecución de derechos e igualdades, y por tanto para

la destrucción del orden agrario hasta ese momento imperante.

Aquí radica la clave de por qué es precisamente esta masa jornalera la principal destinataria

del proceso represivo franquista y su aniquilamiento genocida, en base a una sencilla ecuación

por la que el grado de represión será directamente proporcional a la amenaza sentida con

anterioridad, aumentando su intensidad en aquellos núcleos geográficos donde la fuerza

política y sindical de la izquierda fue mayor, incentivando una mayor presencia e implicación

Aróstegui, J., Marco, J. y Gómez Bravo, G. (Coord.) (2012): De genocidios, holocaustos, exterminios… Sobre los

procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la Dictadura, Hispania Nova, 10. De la misma forma, los

magníficos y diversos estudios sobre la represión ejercida sobre el colectivo jornalero, y su vinculación con los

fenómenos de conflictividad laboral y social en la Segunda República, han sido compilados y analizados muy

recientemente en Martínez López, F., Álvarez Rey, L. y García García, C. (2012): “La represión franquista en

Andalucía. Un avance de investigaciones en curso”, Ayer, 85, pp. 97-127., así como en Cobo Romero, F. (Coord.)

(2012): Op. cit. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.

4 Melero Vargas, M.A.: (2013): De la Esperanza al Sometimiento. II República, Guerra Civil y Primer Franquismo en una

comarca andaluza. El caso de Antequera, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.

5

campesina, y que se manifestará sobre todo a través de la proliferación de fenómenos

huelguísticos, como parte de un proceso de intensificación de la conflictividad laboral y social5.

Resulta obvio señalar por tanto que se trata también de una represión que va a cebarse con los

que menos tienen, con aquellos con los que, debido a su situación de precariedad laboral y

social, mostraron su oposición a un orden agrario que, desde siglos, beneficiaba decididamente

a un colectivo propietario, terrateniente, que intensificó este enfrentamiento en la etapa

republicana y que, ya en la guerra, mantuvo una lucha activa contra éste, como uno de los

principales valedores de la sublevación en el Sur español.

Ello explicará que, después, casi dos terceras partes de las víctimas de la represión franquista

en Antequera -un 62,71%- pertenezcan a una estructura profesional vinculada al sector

primario, y muy especialmente a una masa jornalera; una cifra que además, y a buen seguro,

podría ser ampliamente aumentada por ser muchos los casos en que no ha podido

establecerse la adscripción socio-profesional de las víctimas de la represión en la comarca

antequerana.

5 La correlación entre la movilización y actividad campesina y la represión franquista en Andalucía, ha sido

ampliamente abordada, fundamentalmente por el profesor Cobo Romero, habiendo dedicado además a este aspecto

buena parte de sus obras. Así, véase Cobo Romero, F. (1991): La conflictividad campesina en la provincia de Jaén

durante el periodo 1931- 1939. Universidad de Granada, _______ (1992): Labradores, campesinos y jornaleros.

Protesta social y diferenciación interna del campesina jienense en los orígenes de la Guerra Civil (1931-1936) Córdoba,

________ (1994): La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950) Jaén, _________ (1997):

“Conflicto rural y violencia política: luchas electorales y reagrupamientos de clase en el campo giennense (1931-

1936)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (1931- 1936), p. 166, Jaén, _________: “Conflictividad campesina,

violencia patronal y comportamiento político: Luchas electorales y reagrupamientos de clase en el campo jienense

(1931- 1936)”, en Aguilar Villagrán, M. (Coord.) (1998): Panfletos y materiales: homenaje a Antonio Cabral Chamorro,

historiador (1953- 1997) Sevilla, ________ (2004): Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía:

conflictividad social, violencia política y represión franquista en el medio rural andaluz, 1931- 1950. Universidad de

Granada, Cobo Romero, F. y Ortega López, T. (2005): Franquismo y posguerra en Andalucía Oriental. Represión,

castigo a los vencidos y apoyos sociales al régimen franquista, 1936-1950. Universidad de Granada, Cobo Romero, F.,

Arco Blanco, M.A., Fuentes Navarro, C. y Ortega López, T.M. (2012): “La construcción del franquismo en Andalucía.

Perspectivas teóricas y metodológicas”, Ayer, 85, pp., o Cobo Romero, F. (Coord.) (2012): Op. cit. Sevilla, Centro de

Estudios Andaluces.

6

Fuente: Elaboración propia

Una violencia desmesurada, todavía cuando los datos arrojan desde luego que la gran mayoría

de este colectivo jornalero no tuvo más actuación destacada que la del padecimiento por unas

condiciones laborales pésimas, como el seguimiento contundente de la esperanza que sobre é

arrojaba la etapa republicana, y que ciertamente en ocasiones se manifestó en

comportamientos más radicales y generadores de conflictividad laboral y social.

En todo caso, la certeza sublevada, como posteriormente entre los gestores del proceso de

construcción e instauración del Franquismo, de su imposibilidad de controlar un colectivo de la

envergadura y potencia social del jornalero, les lleva a poner en marcha una alternativa de

exterminio, de corte desde la raíz de un problema laboral, y con un marcado trasfondo

económico y social.

La República, de la voz del primer bienio al silencio del segundo

El caso es que, en el germen de la voracidad franquista sobre el obrero del campo

antequerano, se encuentra todo un proceso de señalada conflictividad social y laboral entre

Estructura profesional de las víctimas de la represión franquista en Antequera

Sector primario (62,71%)

Sector secundario (14,17%)

Sector terciario (20,82%)

Sus labores (2,3%)

7

patronos y jornaleros6, intensificado tras la proclamación de la Segunda República, e

intensamente recrudecido tras la victoria del Frente Popular, y a lo largo de los pocos meses en

que este se desarrolle en Antequera.

Una conflictividad que es deudora de procesos con origen en la segunda mitad del siglo XVIII,

como un régimen y tenencia de la tierra marcado por el cada vez mayor grado de

concentración de la propiedad de ésta, así como por el constante crecimiento poblacional, y

que contribuyeron a aumentar vertiginosamente una masa de jornaleros sin tierra, sumida en

una situación de miseria y precariedad, con condiciones laborales paupérrimas, y castigada

además por un tasa de paro acuciante -“La crisis de trabajo y el paro en toda la provincia es

grandísima”, señalaba el diputado socialista por Málaga en 1931, y a la postre Alcalde de

Antequera en el Frente Popular, Antonio García Prieto7, en su intervención en las Cortes

Constituyentes8- sobre todo el estacional, con largos periodos entre recolecciones en los que

los jornaleros quedaban sin trabajo, así como por una tendencia al monocultivo que motivaba

una descompensada y desigual distribución del trabajo agrícola.

6 El estudio de la conflictividad en el campo antequerano en la etapa republicana, ha sido analizado de forma pionera

en Velasco Gómez, J. (1982): “La conflictividad campesina en Antequera durante el bienio social- azañista. 1931-1933”,

Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia, 5. Universidad de Málaga, así como _________ (2008): La Segunda

República en Málaga 1931- 1936. Junta de Andalucía; de una forma embrionaria y escueta en Parejo Barranco, A.

(1987): Historia de Antequera, Antequera, Caja de Ahorros de Antequera o Mata Olmo, R. (1979): La gran propiedad en

Los Llanos de Antequera. Madrid. Instituto Juan Sebastián Elcano. CSIC; y ya de una manera profusa en Melero

Vargas, M.A. (2004): “La propiedad de la tierra en Antequera durante la II República”, Revista de Estudios

Antequeranos, 14, pp. 241-282. Antequera. Fundación Unicaja, __________ (2007): Antequera, la ciudad republicana.

Propiedad y poder en Antequera, 1931-1936. Antequera. Fundación Municipal de Cultura, _________: “Antes de la

memoria histórica. La tierra y la conflictividad social y laboral en Antequera durante en el Frente Popular (febrero-julio

de 1936)”, en Escalante Jiménez, J. (Coord.) (2008): La memoria dormida. pp. 63-103. Antequera. Ayuntamiento de

Antequera, y ___________ (2009): “La propiedad de la tierra en Antequera durante la II República”, en Actas del

Congreso 1931-1936: De la República Democrática a la Sublevación Militar, pp. 473-492. Córdoba. Diputación

Provincial de Córdoba, Universidad de Córdoba y Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

7 La trayectoria vital y política de García Prieto, desde su participación en la fundación de la Agrupación Socialista de

Antequera, su trayectoria como concejal y diputado, su etapa de Alcalde, y su actuación, ya a partir de la sublevación

de julio de 1936 y hasta su fusilamiento en 1940, en Melero Vargas, M.A.: (2013): De la Esperanza al Sometimiento. II

República, Guerra Civil y Primer Franquismo en una comarca andaluza. El caso de Antequera, Tesis Doctoral,

Universidad de Málaga.

8 Recogida en El Partido Socialista Obrero Español en las Cortes Constituyentes de la II República, pp. 44- 150.

México.

8

Después, la proclamación de la República, y las primeras medidas de Francisco Largo

Caballero como Ministro de Trabajo, fundamentalmente las leyes de Términos Municipales o la

de Jurados Mixtos, así como otras centradas en el reparto de obreros, afectaban seriamente la

línea de flotación de un orden rural intocable hasta el momento, a la vez que iban a mejorar la

situación del colectivo social más afligido por la pobreza y la precariedad, y que por primera vez

en la historia de España, comenzaba a sentirse protegido y arropado por el Gobierno.

Un hecho que por otro lado acarreaba una lógica e incómoda contraprestación, como la de la

reacción de una clase propietaria, terrateniente, heredera de un orden agrario que la

privilegiaba desde el Antiguo Régimen, y que ahora veía cómo se tambaleaba ante las medidas

del Gobierno, a las que de manera sistemática se opondrá desde un principio, como por el

empuje y el aumento de la fuerza de una inexperta pero ahora militante clase jornalera.

Así, cuando esta burguesía agraria local antequerana, transforme la amenaza en reticencia y

oposición, y cuando además ésta se vea acompañada por la no tan señalada efectividad que

se deseaba para las medidas mencionadas, el jornalero, angustiado y sumido en la miseria,

burlado por esta burguesía agraria y contrariado por la escasa correlación entre las medidas

adoptadas y su éxito en la ejecución, opta, parafraseando al profesor Cobo Romero, “por la

senda de la radicalización”9, es decir, por comportamientos y medidas de mayor contundencia,

aparejadas en parte con procesos de violencia, y que terminarán convirtiendo la etapa

republicana en una periodo de señalada conflictividad en el campo antequerano.

Así lo señala el profesor Parejo Barranco, cuando afirma que “asistimos a un altísimo índice de

conflictividad laboral, detectado sobre todo en la primera etapa de la República, periodo en el

que se produjeron más huelgas que durante toda la Restauración”.10

Efectivamente, es sobre todo desde la proclamación de la II República en abril de 1931 cuando

la conflictividad agrícola alcanza sus cotas más altas, fundamentalmente a través de la

proliferación del que es sin duda mejor indicador del grado de conflictividad laboral y social, la

huelga.

9 Cobo Romero, F.: “Por la senda de la radicalización. Tensiones sociales y agudización de la conflictividad campesina

en Andalucía durante la Segunda República (1931-1936)”, en Morales Muñoz, M. (ed.) (2004): La Segunda República.

Historia y memoria de una experiencia democrática. Málaga.

10 Parejo Barranco, A.: (1987) op. cit., pp. 393, Antequera, Caja de Ahorros de Antequera.

9

Fenómenos huelguísticos en su gran mayoría de carácter agrario y que van a girar en torno al

paro estacional, el reparto de obreros, el aumento salarial, la discusión de nuevas bases de

trabajo o los problemas surgidos en torno a una Ley de Términos Municipales, que por un lado

provocará una fuerte resistencia por parte de unos patronos que ven coartada su libertad para

la contratación, pero que igualmente va a despertar la actitud contraria, por considerarla

perjudicial, entre aquellos jornaleros pertenecientes a pequeños núcleos de la comarca de

Antequera, y situados en el cinturón de esta gran villa agrícola, afectando a trabajadores de los

términos de Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra, Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos,

entre otros11

, lo que de paso generaría desde una parte de la óptica socialista, la consideración

de que esta ley largocaballerista era “inadmisible”12

.

El caso es que, desde mayo de 1931, en una fase aún muy embrionaria de la etapa

republicana, y hasta enero de 1932, se sucederían hasta nueve huelgas de carácter agrícola –

la ya mencionada de mayo, dos en junio, una en septiembre, dos en octubre, la desarrollada

entre octubre y noviembre de 1931 y que sería secundada por veinte localidades de la

comarca, una entre noviembre y diciembre y la también señalada de enero de 1932- la gran

mayoría de ellas con aspectos relacionados con las bases de trabajo o con la protesta por el

incumplimiento de las mismas, como eje, y que se resolverán en gran parte de los casos con el

éxito de las reivindicaciones jornaleras, y la consiguiente claudicación patronal.

Apariencia quimérica, ya que la práctica vendría acompañada del incumplimiento sistemático

de los acuerdos por parte de la Patronal, provocando el desconcierto y contrariedad obreras, y

contribuyendo a alimentar un clima de creciente crispación laboral y social que alcanzaría su

cénit en marzo de 1932, cuando tuviera lugar la que a la postre se convertiría en la más

importante de las huelgas de la Antequera de la etapa republicana, tanto por participación de

manifestantes como por la gravedad de los disturbios y sus consecuencias.

La desatención a las reivindicaciones obreras de aplicación inmediata del laboreo forzoso, de

eliminación de la Policía Rural o de inversión de fondos en obreros parados, generaría un

movimiento huelguístico de inusitada violencia, y que arrojaría en los tres días en que se

desarrolló un saldo de un obrero muerto, cinco heridos –con independencia del propio Alcalde,

11

Malefakis, E. (1976): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, pp. 203, Barcelona.

12 Biglino Campos, P. (1986): El socialismo español y la cuestión agraria. 1890-1936, pp. 329-331, Madrid.

10

el radical Camilo Chousa, que sería agredido- y veintisiete detenidos, al margen de la clausura

de los centros obreros, el desmantelamiento de varios centros comunistas clandestinos

descubiertos, o el incendio de la fachada del convento de La Trinidad13

.

Señala el profesor Mata Olmo que estos sucesos de marzo de 1932 en Antequera, marcan “el

punto álgido de las reivindicaciones proletarias en la comarca”14

.

Efectivamente, esta huelga de cuño comunista, de ámbito comarcal y carácter y solidaridad

“pluri-gremial”, lejos de apagar la llama reivindicativa campesina en Antequera, no va hacer

sino aumentar el ímpetu de un colectivo jornalero cada vez más militante y activo.

De hecho, tres huelgas más se sucederían en los dos meses siguientes, afectando a la propia

Antequera, como a los municipios y anejos de Bobadilla, Fuente de Piedra, Mollina y Valle de

Abdalajís, y con especial atención a la convocada en junio por la Federación Comarcal Agrícola

de Antequera, con una capacidad de convocatoria que alcanzaría a catorce mil obreros,

generando importantes enfrentamientos en los cortijos entre huelguistas y esquiroles, y

culminando con la detención del por ese entonces Presidente de la Sociedad de Obreros

Agricultores de Antequera, ante sus constantes quejas de lo que consideraba un trato sectario

y de favor de la República para con los intereses patronales.

Sería éste, y a la postre, el último fenómeno huelguístico de 1932, como prácticamente de los

que se desarrollen durante el bienio social-azañista en la comarca antequerana, y todo ello a

pesar de que nada había cambiado en el mapa rural antequerano.

De hecho, la masa jornalera sigue asistiendo, impotente, al reiterado incumplimiento de los

acuerdos previamente aprobados por parte de una Patronal con la que además se abría un

nuevo frente, el derivado de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, y la expropiación de

13

Melero Vargas, M.A.: (2013): op. cit., Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.

14 Mata Olmo, R.: (1979) op. cit., 66, Madrid, Instituto Juan Sebastián Elcano, CSIC.

11

tierras que en teoría ésta contemplaba, vislumbrando ahora la disputa entre campesinos y

patronos, esto es, entre posibles beneficiarios y perjudicados.15

Y junto a ello, la desesperación, la contrariedad, la decepción y el desasosiego ante una

República que no terminaba de poner en marcha unas repetidamente anunciadas reformas, y

que tanto ansiaba el campesinado.

La mencionada Ley de Reforma Agraria es un claro ejemplo de ello.

No es mucha, ciertamente, la información de que disponemos sobre la situación del campesino

sin tierras durante la etapa que nos ocupa. Únicamente en 1932, se elabora un censo sobre mil

obreros agrícolas, pero que ofrece conclusiones esclarecedoras: solo dos de ellos poseían

tierras propias, mientras que doce producían en régimen de arrendamiento. Los novecientos

ochenta y seis campesinos restantes, un 98,6%, carecían de tierra.

Un panorama desolador, y que terminaría por confirmar que los efectos de la Ley de Reforma

Agraria en la comarca antequerana, serían prácticamente nulos.

A pesar de ello, y como decíamos, solo dos huelgas más se sucederán a lo largo de 1933, ya

con una repercusión mucho más tenue, pero que en nada va a desviarnos de una conclusión

obvia, la de una etapa de inusitada conflictividad, en la que en solo dos años y medio de bienio

social-azañista, van a sucederse hasta diecinueve huelgas de carácter agrícola en Antequera;

un panorama absolutamente desolador, no ya tanto por la proliferación de conflictos, sino -y a

pesar de la gravedad de las reivindicaciones- por no haber conseguido variar en nada la

angustiosa situación del pequeño campesinado.

Después, el triunfo de la coalición radical- cedista en las elecciones de noviembre de 1933.,

traería consigo la desaparición de reivindicaciones en forma de huelga en la zona antequerana

ni de carácter agrícola ni de cualquier otro gremio, debido a los procedimientos represivos de

evitación de fenómenos huelguísticos16

, hasta que en marzo de 1936, solo un mes después de

repuestos los gobiernos locales elegidos en abril de 1931, como resultado de la victoria del

15

Archivo Histórico Municipal de Antequera. Fondo Municipal. Secretaría. Legajos 3201-3203 (Censo de obreros

agrícolas de 1932)

16 Morales Muñoz, M. (2004): Ugetismo y Socialismo en la España rural: Teba, un siglo de historia, UGT- Andalucía, así

como Valero Herrera, R. (2003): La revolución de octubre de 1934 en Teba, Málaga.

12

Frente Popular, la conflictividad laboral y social, a través del formato de la huelga, volviera a

sucederse con magnitud y celeridad inusitadas.

El Frente Popular

Como señala Francisco Cobo, “tras la victoria del Frente Popular, surgió un destacado número

de conflictos huelguísticos… para contrarrestar el rechazo patronal ejercido durante el bienio

negro” 17

, lo que vendría a enlazar a la perfección con otra reflexión del mismo autor, y por la

que la guerra civil en Andalucía sería concebida como el periodo en que se iban a resolver de

forma violenta las agudas tensiones provocadas por una intensa fractura social en el ámbito

agrario18

.

Efectivamente, la victoria de las izquierdas en febrero de 1936 iba a traer aparejado un

aumento considerable de unas reivindicaciones obreras que habían sido acalladas en el bienio

negro, tanto por el remozado poder e influencia patronal, como por la sofocación violenta de los

movimientos huelguísticos y otros fenómenos de protesta.

Ya en el caso de Antequera, la reposición de las corporaciones elegidas en abril de 1931, como

de manera especial por la vuelta a los ayuntamientos de las minorías socialistas expulsadas de

los mismos como consecuencia a los sucesos de octubre de 1934, lleva a ésta a sumarse a la

dinámica puesta en marcha por los alcaldes socialistas de apostar y llevar a la práctica, a

través de sus gobiernos locales, medidas que contribuyeran de alguna forma, a paliar las

desigualdades de índole económica y social, sobre todo aquellas que, en el caso de Antequera,

se derivaban del fenómeno latifundista, y que desde luego no habían sido atajadas de forma

contundente ni efectiva en el primer bienio, entre otras cosas por la tibieza de un Gobierno local

17

Cobo Romero, F.: “art. cit.”, en Morales Muñoz, M. (ed.) (2004): op. cit., pp. 119, Málaga.

18 Cobo Romero, F. y Ortega López, T. (2005): “No solo Franco. La heterogeneidad de los apoyos sociales al régimen

franquista y la composición de los poderes locales. Andalucía, 1936-1948”, Historia Social, 51, Fundación Instituto de

Historia Social.

13

radical, y que llegaría a ser acusado de obviar el problema agrario, de ser excesivamente

permisivo, e incluso favorecer a la clase patronal.

En este sentido, el nuevo gobierno del Frente Popular intentará desencallar definitivamente un

problema agrario que permanecía enquistado desde los primeros intentos de reformas agrarias

de la II República. Y lo hará a través del relanzamiento de la Ley de Reforma Agraria

promulgada el 9 de noviembre de 193519

con la finalidad de solventar dos problemas, hasta

ese momento inabarcables, como el paro agrícola y la desigualdad en la distribución de la

tierra, a los que se unían agravantes como la gran concentración de la propiedad, el elevado

censo campesino en comparación con lo reducido de los términos municipales y el predominio

del cultivo extensivo. Así, sobre las fincas en que incurrieran estos factores, se iniciarían los

expedientes de expropiación, estableciéndose mientras estos se culminaban, las ocupaciones

temporales. Los alcaldes, como delegados locales del Instituto de Reforma Agraria,

dispondrían de la potestad para el inicio de los procesos20

a pesar de que la cercanía de la

guerra hará, como en otros muchos casos, que la ejecución práctica de la ley quede en una

fase muy embrionaria.21

Pero efectivamente, en el éxito o fracaso de las medidas aplicadas por el Gobierno para el

problema agrario, van a resultar decisivos la determinación y compromiso de las autoridades

locales, de los alcaldes, como será el caso del socialista Antonio García Prieto para

Antequera22

, y que centrará sus esfuerzos en establecer fórmulas encaminadas a combatir y

19

Gaceta de Madrid. Nº 323. 19 de noviembre de 1935. Págs. 1379- 1387.

20 Gaceta de Madrid. Nº 88. 28 de marzo de 1936. Pág. 2470.

21 Sin embargo, en intervenciones e incautaciones de fincas llevadas a cabo con posterioridad, ya comenzada la

guerra, el poder de intervención de los alcaldes de la zona republicana, como último eslabón del IRA, se mantendrá

inalterable. En este sentido señala la profesora Aurora Bosch que “los alcaldes de los ayuntamientos leales a la

República, como delegados del Instituto de Reforma Agraria, tenían la potestad y el deber de intervenir temporalmente

las tierras abandonadas por sus propietarios, que entregarían para su disfrute a las organizaciones obreras legalmente

constituidas con fecha anterior a 18 de julio de 1936…”. –Bosch Sánchez, Aurora (1983): Ugetistas y libertarios: guerra

civil y revolución en el País Valenciano, 1936- 1939, pp. 39, Valencia. Sin embargo no en todos los pueblos, después

del 18 de julio, el Alcalde fue el agente principal de la intervención de la tierra, sino que fueron generalizadamente los

comités, presididos o no por los alcaldes, los que se atribuyeron esta función. De la misma forma, ya en plena guerra,

las actuaciones referentes a la intervención de fincas, serían legisladas, a partir de septiembre de 1936, por el ministro

comunista Vicente Uribe, aunque ya no tendrían vigor para una Antequera ocupada desde mediados de agosto.

22 Otro ejemplo de capacidad y potestad de un alcalde para su intervencionismo en medidas encaminadas a paliar el

problema agrario, como el reparto de obreros o la intervención de fincas, lo encontramos en Manuel Cortés, el último

alcalde republicano de Mijas, famoso por pasar escondido en su propia casa treinta años. Fraser, R. A. (1986):

Escondido. El calvario de Manuel Cortés, pp. 128- 138, Valencia. Las nuevas autoridades surgidas a partir de la

14

acabar con el paro obrero, especialmente el agrícola, así como erradicar los graves conflictos

laborales y sociales de él derivados.

Y es obviamente en la aplicación de estas medidas donde se encuentra también el origen del

recrudecimiento del conflicto ya secular entre patronos y obreros, que de una manera tan

directa va a influir en la interpretación de los fenómenos de violencia y represión

desencadenados tras el estallido de la sublevación y la guerra, pero al que vienen a sumarse

nuevos actores en litigio, y que ofrecen nuevos escenarios en el desarrollo de esta

conflictividad.

Por un lado el Ayuntamiento, el Poder Local, socialista, con su apoyo incondicional a los

intereses obreros; y por otro la mediación del Gobierno Civil y sus delegados en las ciudades,

generando no pocas situaciones de tensión y enfrentamiento entre la máxima autoridad

provincial y los alcaldes, sobre todo cuando el comportamiento de éstos últimos rebase

peligrosamente su línea de competencias, tanto en materia estrictamente laboral, como en lo

relacionado con el Orden Público.

El eje de las reivindicaciones obreras en estos meses, como de las medidas ejecutadas desde

la Alcaldía, será fundamentalmente el de combatir un dramático paro obrero, lo que

inevitablemente supone volver de nuevo los ojos hacia una clase patronal sobre la que

comienzan a investigarse de forma férrea, aspectos como el estado de sus cultivos, las labores

pendientes por realizar o el número de jornaleros ocupados.

proclamación de la Segunda República, contarán con amplias facultades que le confería la legislación surgida de los

decretos implantados por Largo Caballero, Ministro de Trabajo, como por ejemplo en el terreno laboral, y muy

especialmente en el de las relaciones de conflictividad en el medio rural. Así, asuntos relacionados con el cumplimiento

de las Bases de Trabajo, su ascendencia sobre las resoluciones dictadas por los Jurados Mixtos, o su posición ante

decretos como el de Términos Municipales o el de Laboreo Forzoso, serán de su competencia e intervención, desde

abril de 1931; una situación muy similar a la que se viva en la Antequera del Frente Popular, como lo demuestra el

comportamiento desarrollado por Antonio García Prieto, situado al frente de las reivindicaciones campesinas (Pág. 251

y 253) Unas medidas que irritarán a una clase patronal, al coartar en mucho su libertad de acción sobre sus fincas, y

que intentará por todos los medios oponerse a unas directrices que perjudicaban sus intereses económicos, a pesar de

poder beneficiar a una importante masa de población. Caro Cancela, D. (2013): Cien años de socialismo en Andalucía

(1885-1985), pp. 251, 253, 292 y 293, Cádiz, Quorum Editores.

15

Son los pasos previos a la que a la postre se convertirá en la principal medida desarrollada

para aliviar la situación de acuciante paro en estos meses, la de la distribución y reparto de

obreros, y que va a motivar también la entrada en escena de un actor fundamental, la Patronal,

y con una actuación esperada, la de la estrategia de oposición y reticencia a unas medidas que

vuelven a hacer tambalear peligrosamente un orden agrario en el que desde luego ocupaban

una posición privilegiada.

Una situación calcada a la vivida casi cinco años antes, pero de la que ahora subyace además

el objetivo de la Patronal de rentabilizar su actitud reaccionaria, intentado debilitar las

principales bases de la reivindicación obrera, como su remozado, creciente y fortalecido

asociacionismo sindical, a través del especial boicot sobre sus jornaleros adscritos, y el apoyo

político de las nuevas autoridades locales, desarrollando estrategias de exclusión sobre un

colectivo que había apoyado en masa, y a través de las urnas, el programa político, económico

y social del Frente Popular.

Una actitud sobre la que conviene resaltar que no habría podido llevarse a cabo sin el

fortalecimiento de la principal herramienta asociativa del patrono antequerano en la etapa

republicana, la Asociación Patronal Agrícola, que funcionaba de manera efectiva desde finales

de 1932, con el objetivo, según sus propios estatutos fundacionales, de “establecer

organización de los patronos agrícolas en una asociación que permita el mejor desarrollo de

sus actividades”23

; una manifestación de defensa de intereses comunes, pero que constituía

también una manera suavizada de reconocer su reacción a la propia República, sobre la que

consideraban que implicaba en sí misma un ataque a su colectivo, disminuyendo la iniciativa, la

autoridad y la libertad patronal, reduciendo el valor de venta de la propiedad rústica, y

fomentando la indisciplina obrera y la lucha de clases.

El caso es que asistimos por tanto al recrudecimiento de unos conflictos, fruto de un

antagonismo social y político entre patronos y obreros agrícolas, ambos como decimos,

reforzados en su organización y encuadramiento, entre una derecha propietaria y un

campesinado de izquierdas; y todo ello con las ya mencionadas fricciones resultantes del

23

Archivo Histórico Provincial de Málaga. Legajos 903, 904,905 y 906. Asociaciones (Antequera)

16

“arbitraje” que Ayuntamiento y Gobierno Civil desarrollen en este lucha decisiva que, en pocos

meses, y con más propiedad que nunca, se convertiría en un verdadero combate a muerte.

No obstante la Autoridad local comienza golpeando primero, o al menos es lo que se deduce

cuando dos informes de principios de marzo de 1936, pongan de manifiesto que más de mil

novecientos obreros trabajaban las tierras de ochenta y un obreros; una cifra importante, que

suponía prácticamente alcanzar la tercera parte del último censo de obreros agrícolas conocido

–casi seis mil doscientos en 1933- demostrando que, al menos en lo que se refiere al reparto

de obreros, las medidas parecían ir por buen camino.

Sin embargo, apenas si lograrían dejar satisfecha a ninguna parte; a los patronos por su

convicción de que un empleo que consideraban excesivo y por tanto innecesario de tantos

jornaleros, traería consecuencias económicas nefastas al campo antequerano, y a los

jornaleros porque seguían considerando como insuficientes estas medidas, a la espera de que

fueran retomados los proyectos prometidos desde la propia proclamación de la República.

Una doble insatisfacción que inevitablemente se traduciría en un repunte significativo de la

tensión laboral y social.

Se entraba así en una etapa que iba a girar en torno a dos ejes: el de las presiones ejercidas

desde el Ayuntamiento a la Patronal, y la oposición sistemática de ésta a las directrices

impuestas.

No era de extrañar por tanto que el Pacto patronal-obrero de 16 de marzo, a pesar de la

mediación de la Delegación de Trabajo, como de la presencia de representantes, tanto de la

Asociación Patronal Agrícola como de la Sociedad de Obreros Agricultores, fuera poco menos

que una pantomima, una representación sin fondo ni efecto, por el mantenimiento de los

primeros de acoger los aproximadamente doce jornaleros por hectárea que contemplaba el

Pacto; un incumplimiento que por otra parte va a marcar indudablemente un punto de inflexión

en las relaciones entre patronos y obreros, en cuanto al recrudecimiento de una conflictividad

alentada desde el propio Ayuntamiento, que ante la poca renta ofrecida, de forma estratificada,

por los repartos, las asignaciones forzosas o el cobro de jornales no devengados, inicia como

17

medida drástica, la detención y encarcelamiento de patronos que persistían en su actitud de

oposición -meses después, la trágica coincidencia hará que algunos de éstos propietarios se

encuentre en la cárcel cuando estalle la sublevación de julio, formando parte de las víctimas de

la única “saca” de prisioneros que se produzca en la ciudad, el 30 de este mes-.

Y tan drástica, hasta el punto de que a finales de junio, veinticuatro labradores de Antequera se

encontraban en la cárcel, como resultado del impago de jornales no devengados a los obreros

que habían invadido sus fincas y realizado trabajos al tope.

Una, en definitiva, vuela de tuerca más a una situación enquistada, con la resistencia patronal,

el fracaso continuado de los acuerdos, o la escasa efectividad, tanto en la labor de los Jurados

Mixtos, como la mediación procedente de la Autoridad Provincial, y solo subsanada en parte

por la Comisión Técnica Central del Laboreo Forzoso, al intervenir en aspectos como la

superficie de tierra por trabajar, el tiempo estimado de trabajo o el número necesario de

obreros para llevarlo a cabo.

No era de extrañar que se desembocara con extraordinaria facilidad en un oficio de huelga,

como en movilizaciones llevadas a cabo por jornaleros dentro de las propias fincas, con un

recrudecimiento en el enfrentamiento entre huelguistas y esquiroles, aunque con un

componente extraordinario de violencia, y que implicaría una mayor presencia y protagonismo

de uno de los actores fundamentales como la Autoridad local, socialista, que apoyaría

decididamente los intereses obreros, como la aparición de otro inédito hasta ahora, el Gobierno

Civil, la Autoridad provincial, cuyo titular, Enrique Balmaseda y Vélez, de Izquierda

Republicana, va a mantener un criterio de actuación que, a pesar de pretender mostrarse

coherente y con la búsqueda del interés común como objetivo, va a exasperar a la masa

jornalera, como a la propia Alcaldía, que intentará mantener en la medida de lo posible una

actitud independiente y ajena al Gobierno Civil, y que granjearía no pocos enfrentamientos

entre ambos, más cuando el Alcalde socialista García Prieto, endurezca notablemente su

discurso, hasta convertirlo en una amenaza directa a la Patronal, al anunciar que sería estímulo

para los obreros en el sentido de la comisión de las represalias que fueran necesarias:

18

“Esta Alcaldía no puede consentir que Antequera, con el amplísimo término de que dispone,

tenga obreros en paro y convenceré de esto a los patronos cueste lo que cueste”24

En la sesión plenaria las palabras del Alcalde adquieren un tono más duro:

“Si el lunes quedan obreros en paro forzoso, declino toda responsabilidad por si acaso la

desesperación les lleva a tomar represalias” “…aún así, espero de los patronos que actúen con

cordura, para evitar cualquier acto que denigre a Antequera… Para evitar esto Alcaldía actuará

aún saliéndose de la vía legal si fuera necesario, para garantizar el cumplimiento del pacto…

Así y si los patronos persisten en eludir el compromiso, será hora de que los obreros tomen

una determinación y que los patronos que incumplan sean denunciados y lleven su merecido”25

Por último, en el mensaje radiado de aquella noche de mediados de abril, la Patronal denuncia

ante el Gobernador Civil que García Prieto había extremado la nota de violencia y amenaza, al

afirmar:

“Si los patronos no sacan a trabajar a todos los obreros, las campanas de los templos tocarán

a rebato y yo, en lugar de ser freno, seré estímulo para que por las masas se tomen las

merecidas represalias”26

Unas manifestaciones que llevarían a ser retiradas a García Prieto sus competencias en

materia de Orden Publico, siendo sustituido por los delegados gubernativos establecidos por

Balmaseda; competencias que recuperaría, aunque por muy poco tiempo, para volver a serle

retiradas posteriormente y de forma definitiva.

La situación en mayo es lamentable, con fincas abandonadas, ganado suelto, vigilancia

inexistente y denuncias por parte de una Patronal que alega coacción obrera y sectarismo de la

Autoridad local.

24

Archivo Histórico Municipal de Antequera. Fondo Municipal. Secretaría.

25 El Sol de Antequera. Nº 648. 12 de abril de 1936. Págs. 5- 6.

26 El contenido de este mensaje radiado de García Prieto, aparece reflejado en El Sol de Antequera. Nº 648. 12 de abril

de 1936.

19

Por su parte, y en cuanto a los jornaleros, a los problemas ya existentes se unía el derivado de

la derogación de la Ley de Términos Municipales, provocando incluso el enfrentamiento interno

entre jornaleros de Antequera y del resto de los municipios de la comarca, coaccionados por

los primeros para no convertirse en una competencia laboral directa.

De forma paralela, son anunciados nuevos oficios de huelga, por la ya crónica actitud de la

Patronal, como por lo que consideran un comportamiento parcial del Gobierno Civil, a los que

se une ahora, de forma acrecentada, la actitud de una Guardia Civil, al servicio de los intereses

patronales, y que expulsa de sus tierras de forma violenta a los obreros.

Y ante esta situación va a reaccionar, junto a los oficios de huelga, con la invasión de fincas,

los trabajos al tope, e incluso en algunos casos, la paralización de los cultivos, el abandono del

ganado, y hasta la amenaza y la coacción; una situación que sirve a la Patronal para

responsabilizar del caos al Alcalde de Antequera, y que a su vez muestra la incapacidad

mediadora del Gobierno Civil cuya decisión, en apariencia salomónica, no es sino la de una

autoridad impotente ante una situación desbordada: desvincular definitivamente a García Prieto

de sus competencias en Orden Público, pero a la vez clausurar la sede de la Asociación

Patronal Agrícola.

Medidas baladíes que nada solucionan a una masa jornalera parada, desesperada y

hambrienta, rabiosa contra la Patronal, y decepcionada con una República que seguía sin

repartir, como panacea bíblica, la tierra prometida.

Ante esto, la fórmula de la invasión de fincas parece haberse convertido en salida y altavoz a

sus reivindicaciones, hasta el punto de que entre los meses de marzo y junio, cerca de

setecientos obreros penetrarán en más de cuarenta fincas, acompañándose, a medida que la

tensión alcance sus máximas cotas, por robos de fincas, incendios de cortijos, como por las

cada vez más frecuentes agresiones a patronos, y de las que no logrará escapar siquiera el

Delegado Gubernativo en Antequera y Jefe del Cuerpo de Investigación y Vigilancia en la

ciudad, Francisco Cano Moreno; un hecho que unido a la convocatoria por parte de Antonio

García Prieto de una reunión a finales de junio, de alcaldes de toda la provincia, provocaría la

20

ruptura definitiva del Gobierno Civil con la Alcaldía antequerana, cuya actitud es tachada como

de “grave insubordinación”27

.

La consideración de falta de apoyo por un lado, y la de extralimitación de funciones por otro,

terminaban por anular unas relaciones institucionales que en nada beneficiarían una posible

resolución exitosa de un fenómeno de grave fractura social, y en la que, junto a la creciente

crispación política, fundamentalmente por la presencia de un combativo y violento aparato

fascista local, se encontraría sumida la ciudad cuando la tarde del 17 de julio estalle en Melilla

el primer foco sublevado contra la República.

Hasta poco antes de ese momento, en junio, y desde mayo de 1931, se sucederían treinta y

cuatro fenómenos huelguísticos, de los que veintisiete-aproximadamente un 80%- tendrían

como protagonista al campo antequerano, y los conflictos de clase derivados de ése.

Unas cifras muy parecidas obtendríamos para la etapa del Frente Popular, donde de las nueve

huelgas desarrolladas entre marzo y junio de 1936, siete de ellas –un 78%- serían de carácter

agrícola, o generales pero iniciadas por solidaridad de otros gremios con sus compañeros del

campo, y que demuestran el grado de conflictividad laboral, de enfrentamiento ideológico, de

auténtica fractura social, en el campo antequerano.

27

Archivo Histórico Provincial de Málaga. Sucesos de carácter político-social. Antequera (1936)

CÓMPUTO DE HUELGAS EN ANTEQUERA (MAYO DE 1931- JUNIO DE 1936)

HUELGAS AGRÍCOLAS 27 (79,41%)

OTROS GREMIOS 7 (20,59%)

21

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

MAPA HUELGUÍSTICO DEL TÉRMINO DE ANTEQUERA (1931- 1936)

ANTEQUERA 21 (61,76%)

MOLLINA 5 (14,7%)

BOBADILLA 2 (5,88%)

CONJUNTAS 2 (5,88%)

FUENTE DE PIEDRA 1 (2,94%)

HUMILLADERO 1 (2,94%)

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 1 (2,94%)

22

Fuente: Elaboración propia

Huelgas, invasiones de fincas, repartos e imposiciones forzosas de obreros, burla reiterada de

las bases de trabajo, conflictos en torno a la Ley de Términos Municipales, coacciones y

amenazas –de obreros, patronos, autoridades y fuerzas del orden- detenciones, clausuras de

centros, incendios y robos en cortijos, jornales no devengados, acusaciones recíprocas, tierras

abandonadas, ganados moribundos… forman parte de la terminología, de la nomenclatura más

empleada en estos meses, para un campo sumido en la anarquía, fiel reflejo de un

antagonismo laboral, socioeconómico e ideológico; del enfrentamiento que desde abril de 1931

se había acentuado entre los campesinos que, esperanzados en la República, la defendían, y

GRADO DE CONCENTRACIÓN DE HUELGAS POR MESES (1931- 1936)

MAYO DE 1932 5 (14,71%)

MAYO DE 1936 5 (14,71%)

OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 1931 4 (11,76%)

JULIO- AGOSTO DE 1931 3 (8,82%)

JUNIO DE 1931 2 (5,88%)

ABRIL DE 1933 2 (5,88%)

JULIO- AGOSTO DE 1933 2 (5,88%)

JUNIO DE 1936 2 (5,88%)

MAYO DE 1931 1 (2,94%)

SEPTIEMBRE DE 1931 1 (2,94%)

ENERO DE 1932 1 (2,94%)

MARZO DE 1932 1 (2,94%)

JUNIO DE 1932 1 (2,94%)

JULIO DE 1932 1 (2,94%)

SEPTIEMBRE DE 1933 1 (2,94%)

MARZO DE 1936 1 (2,94%)

ABRIL DE 1936 1 (2,94%)

23

una clase terrateniente que veía en su programa reformista, una clara amenaza a sus

privilegios seculares.

Un enfrentamiento que va a alcanzar en la ciudad su cenit aciago con los sucesos

revolucionarios de julio y agosto de 1936; veintiséis días de retaguardia republicana, que

transcurren entre la sublevación y la ocupación de Antequera y su zona Norte, y en los que los

colectivos obrero y patronal seguirán desarrollando un protagonismo indiscutible, aunque ahora

en un contexto de connotaciones insuperablemente trágicas.

De los aperos a las armas

Cuestiones como si el elemento obrero ostentó responsabilidad en los días de retaguardia

republicana, o si la conflictividad de la que, sobre todo en el primer bienio como a partir del

Frente Popular, fue copartícipe, influyó en su comportamiento en estos días revolucionarios de

la Antequera de julio y agosto de 1936, son preguntas cuya respuesta viene dada de

antemano.

Efectivamente van a existir una responsabilidad, un protagonismo y un grado de implicación,

que llevarán a que el elemento obrero, eminentemente agrícola, desempeñe un papel decisivo

y que contribuya en buena parte al inicial fracaso de la sublevación en Antequera y su zona.

Pocos días antes de la sublevación iniciada en Melilla la tarde del 17 de julio, el clima de

especial convulsión es ya fácilmente palpable.

La puerta principal de la Iglesia de San Sebastián, la Mayor de Antequera, era cerrada ante el

numeroso grupo de obreros que esperaban la salida de los que habían acudido al funeral

celebrado en la ciudad tras la muerte del diputado monárquico Calvo Sotelo.

A los pocos días, la misma tarde del 17, el Alcalde Antonio García Prieto se encuentra en

Sevilla, formando parte de la comisión antequerana que se había desplazado a la capital

hispalense con motivo de la preparación de los festejos que iban a celebrarse en Antequera

con motivo de la inminente Feria de agosto.

24

Al llegar a Antequera recibe las primeras noticias de la sublevación, así como las

tranquilizadoras palabras del Gobernador Civil, que le informa de que no van a existir mayores

complicaciones.

Sin embargo un numeroso grupo de obreros como de directivos de sus correspondientes

sociedades, sobre todo la de agricultores, ocupan las principales calles de la ciudad,

informando del abandono de una buena parte de los cortijos, como de haber sido establecidas

guardias en los centros obreros.

En la primera reunión de urgencia que mantenga el Alcalde con el resto del equipo de

Gobierno, ya asisten representantes de las organizaciones obreras, las mismas que

compondrán el grueso de antequeranos que dos días más tarde, tomen parte en la

organización de un tren que acuda a Málaga a participar en la sofocación del movimiento

subversivo.

Es el momento en que el elemento obrero da un paso más al frente, consciente de que no se

trata ya de la participación en una huelga, sino de hacer frente a un movimiento insurreccional

de consecuencias impredecibles.

Tras armarse, tanto con el armamento recogido en Málaga, como con el obtenido de las

requisas en casas y cortijos en el campo o, ya en la ciudad, tras el asalto a una armería local,

comienzan a organizarse milicias obreras, en base a los listados de miembros de las

sociedades, distribuyéndose por los principales puntos de la ciudad, y desarrollando labores de

control, investigación y vigilancia28

.

El elemento obrero se ha organizado por tanto, con rapidez y eficacia, consciente de su papel

dentro de la necesidad de una respuesta organizada en calles, fábricas y tierras, como de su

inclusión en los nuevos órganos de poder que se constituyeran para la organización política,

económica y militar en la ciudad; en definitiva una capacidad de decisión y movilización

inmediatas y que se entiende, junto a la actuación de las fuerzas de seguridad leales a la

28

Archivo General Militar de Ávila. Caja 1295. Carpeta 15. Documento 4/7.

25

República, en especial la decisiva de la Guardia Civil, como una de las claves del fracaso de la

sublevación en la ciudad29

.

No es de extrañar por ello su convocatoria a una reunión en la que, junto al resto de

representantes del Frente Popular, sería conformado el Comité Permanente de Enlace de

Antequera. Era el 3 de agosto de 1936, el mismo día en que en Málaga tenía lugar la creación

de la Organización del Frente Popular y Organizaciones Obreras, con la misión de controlar y

coordinar la situación en los municipios de una provincia malagueña, y asumiendo las

funciones de las instituciones legales, como el Ayuntamiento.

Un Comité de amplia representación obrera, fundamentalmente ugetista, con participación de

diversos gremios, pero donde como ya ha sido comentado, tendrá un importante peso

específico el elemento jornalero, a través de la Sociedad de Obreros Agricultores de

Antequera, y que va a ejercer un absoluto control sobre la propiedad y la producción agrícola y

ganadera del término.

Así, una de las primeras medidas girará en torno al proceso de incautación de fincas, con otras

medidas subsidiarias como la apropiación de ganado, cereales o aceite, para su posterior

redistribución y racionamiento a través del sistema de vales.

Por primera vez el elemento obrero tomaba a través de la incautación, las riendas de la

tenencia de la tierra y la producción generada por ésta.

Pero el papel de la Sociedad de Obreros Agricultores irá más allá del control de la propiedad y

la producción, sino que ejercerá también su criterio en aspectos como los mecanismos y

estructuras de organización del trabajo, para lo que se establecerán, como parte del Comité,

comisiones de de Trabajo, Estadística y Abastos, y en las que se establecerán directrices como

la potestad del Comité de Enlace para la incautación de fincas y cosechas propuestas por la

29

Para Espinosa Maestre fue la movilización obrera la única que posibilitó frenar la sublevación. Espinosa Maestre, F.

(2008): La primavera del Frente Popular: los campesinos de Badajoz y el origen de la Guerra Civil (marzo-julio de

1936), pp. 196, Barcelona, Contrastes. Una diferencia notable además con respecto a otros municipios cercanos, como

los cordobeses de Lucena, Montilla o Rute, donde desde el propio 18 de julio la Guardia Civil resultará fundamental en

el control y sometimiento del elemento obrero. Bédmar, A. (2010): República, guerra y represión. Lucena, 1931- 1939,

pp. 135. Lucena, ________ (2001): Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), 41, Lucena.

__________ (2007): Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), pp. 42-43, Lucena.

26

Sociedad -a través del levantamiento de Acta de incautación30

- así como la organización de las

mismas en manos de los propios obreros, a través de la creación de los llamados Comités de

Cortijo, y que desarrollarían una intensa labor, fundamentalmente en la zona Sur antequerana,

por ser territorio de ocupación más tardía, sobre todo en la organización y distribución del

trabajo.

Los aspectos contables, como los movimientos de salida y entrada de ganado y cereales, los

inventarios de herramientas y aperos de labranza, el requisado de la maquinaria agrícola, o las

fórmulas de desplazamiento y pernoctación de los jornaleros en las fincas, serán igualmente

aspectos de su competencia.

Sin embargo, y junto a estos intentos de organización, la práctica aparece mucho más cercana

a una realidad excepcional que hace que los jornaleros abandonen no pocas veces sus labores

de trabajo de la tierra y cuidado del ganado, para centrarse en otras actividades para las que

eran requeridos con urgencia, como las ya mencionadas de defensa, control e investigación,

las requisas de productos y alimentos, o incluso la participación en operaciones militares sobre

municipios vecinos, como lo señala la prensa local de la época:

“Una columna de milicias marxistas, compuesta en su mayoría de obreros agrícolas, con la

ayuda de varios efectivos de carabineros, marchó al cercano municipio sevillano de La Roda

de Andalucía, donde la lucha fue fuerte y las bajas, numerosas”31

.

La situación era pues de extrema gravedad, fundamentalmente por las dificultades de

abastecimiento con que contaba la ciudad, y que incluso van a provocar que desde el Comité,

cuyo Presidente será también García Prieto, se ordene la reintegración al trabajo de “los

obreros que no tengan señalada una misión concreta que cumplir”32

, en alusión a los que

30

El Acta de incautación irá acompañada de una relación de las existencias de ganado, cereales y aperos de labranza,

debiendo ser firmada por todos los trabajadores, y realizada por triplicado, enviando una copia a la Sociedad de

Obreros Agricultores, otra a la Comisión de Estadística y quedando la original en el Comité de Cortijo. Archivo Histórico

Municipal de Antequera. Fondo documental. Documentos varios. Reunión del Comité de Enlace de Antequera. 8 de

agosto de 1936.

31 El Sol de Antequera. Nº 663. 16 de agosto de 1936. Pág. 2.

32 Archivo Municipal de Málaga. El Popular. 27 de julio de 1936.

27

comenzaron desde el mismo17 de julio a realizar servicios control y vigilancia, degenerados

posteriormente en otros más cercanos al papel meramente represivo, como milicia obrera

radicalizada, y se reintegraran a labores urgentes de recolección y cuidado del ganado.

Por primera vez ha sido mencionado, aunque de una manera muy tenue, la posible

participación del obrero del campo en los procesos de violencia desencadenados en los días

de retaguardia republicana.

¿Cuál fue y a quién afectó fundamentalmente su hipotético papel en los sucesos represivos?

La violencia desarrollada en los días de la retaguardia republicana arrojarían un saldo de

noventa y dos víctimas, -ochenta y tres de ellas solo en Antequera- alcanzando su máximo

apogeo el 8 de agosto, con la muerte de diecinueve personas, de las que la mayor parte

corresponderá a labradores y grandes propietarios de tierras, como máxima expresión de la

animadversión a un colectivo que había sometido y dañado sistemáticamente al obrero y sus

intereses.

Curiosamente ese mismo día había sido celebrada la Mesa de Discusión del Comité

Permanente de Enlace de Antequera, en la que entre sus puntos principales habían sido

recordadas las continuas reticencias patronales a facilitar trabajo a los obreros agrícolas.

El caso es que el análisis socio-profesional de las víctimas de Antequera entre el 19 de julio y

el 8 de agosto de 1936, confirma la radicalización, en un estadio revolucionario, de la

conflictividad social, generada sobre todo en el medio rural, que durante toda la etapa

republicana, pero sobre todo desde la victoria del Frente Popular, venía dándose entre

propietarios- labradores y obreros agrícolas.

En este sentido, veinticinco de las ochenta y tres muertes ocurridas en Antequera –un 30,12%-

corresponderán a miembros de este colectivo.

28

Incluso podría hablarse de una violencia y represión “indirectas” sobre esta clase propietaria

rural, y que podrían ser entendidas como un “ajuste de cuentas” 33

sobre una parte del propio

elemento obrero, asesinado por mantener una postura de “lealtad” al patrón, sobre todo desde

los meses anteriores, con actuaciones como la protección de su propiedad, o la negativa a

secundar una huelga, entre otras. Diez serán las muertes por este motivo.

Pero, ¿cuál fue realmente el papel del obrero antequerano?

Las investigaciones realizadas, fundamentalmente desde la perspectiva de la Historia oral, de

los testimonios y relatos de vida recogidos de entre los protagonistas de un presente de hace

aproximadamente ochenta años, coinciden en inhibir en muchos casos al elemento obrero

como responsable en la comisión de violencia física:

“Aquí no se maltrató a nadie, al contrario, aquí el que tenía más peligro lo escondían los

propios obreros, así que aquí ni a curas, ni a señoritos, ni a nadie…”34

.

Así, de la misma forma que su participación sí es activa, sobre todo en los municipios más

pequeños de la comarca, en la violencia anticlerical, fundamentalmente en su vertiente

patrimonial y material, como parte de la mentalidad obrera de canalización de su liberación del

sometimiento laboral y el abuso social a través de la destrucción de la simbología que podía

contribuir a este sometimiento, o la propia secularización por ejemplo de los edificios religiosos

y su conversión en centros obreros, la violencia física, sobre todo la llevada al extremo del

asesinato, fue atribuida a una de las figuras más recurrentes a la hora de aproximarnos a la

investigación de esta etapa, como es la del denominado como “elemento extraño” o “venido de

fuera”; un recurso que surge no pocas veces como placebo localista, creado con la idea de

descargar de responsabilidad a los habitantes de un pueblo en los comportamientos de

violencia extrema, sobre todo aquella que implicaba que verdugos y víctimas fueran todos

vecinos de un mismo municipio, pero que en el caso de Antequera aparece corroborado por

numerosos testimonios que afirman, no solo la presencia de elementos foráneos como

33

Así lo define Antony Beevor, que señala como en la etapa republicana “el ajuste de cuentas con los esquiroles, fue

inevitable”. Beevor, A. (2005): La Guerra Civil Española, pp, 123, Barcelona.

34 Testimonio de José Pacheco Tejada. Humilladero. 13 de marzo de 2006.

29

instigadores y ejecutores de represión en su máxima potencia, como la reticencia y

animadversión, en la gran mayoría de los casos, de los propios Comités y sus miembros a

contemplar con buenos ojos, y mucho menos secundar, estos comportamientos.

Tal es el caso por ejemplo de la zona Sur antequerana, y en concreto del por aquel entonces

anejo de Villanueva de la Concepción, como los de La Joya, La Higuera o Pasteleros, y donde

la actuación desmesurada de elementos enclavados como miembros de la anarquista FAI,

generó un sentimiento a medio camino entre la repulsión y el miedo entre la población, como ni

pocos enfrentamientos con el propio Comité.

Mientras, en Antequera, la propia literatura apologética franquista, como llegaría a convertirse

el semanario local El Sol de Antequera, afirmaba que “no habían nacido en esta tierra hidalga,

que vinieron a envenenar con odiosas ideas gentes de fuera” 35

, lo que desde luego no exime

por otro lado, y no es intención de este trabajo establecer justificaciones ni descargos de

responsabilidad apasionados, que la violencia física existiera, que fuera ejecutada en parte por

propios antequeranos, y que en ella pudiera tener una importante presencia el elemento

obrero, por pura lógica al ser el colectivo que constituía el principal apoyo en la defensa de la

legalidad republicana en la ciudad.

Las mencionadas muertes del 8 de agosto son las últimas de una retaguardia republicana

antequerana que comenzaba a desmantelarse con el fin de los crímenes, la vuelta al trabajo de

los obreros, la marcha a Málaga de los refugiados llegados a la ciudad desde los municipios

vecinos, y en definitiva el repliegue ante la inminente llegada de unas tropas rebeldes,

provocando la huida masiva de autoridades y población civil en dirección a la capital

malagueña, y dejando atrás días de implacable violencia contra religiosos, labradores y

propietarios36

.

35

El Sol de Antequera. Nº 663. 16 de agosto de 1936. Pág. 2.

36 Sólo una excepción encontramos en el trato dado a los propietarios durante el dominio republicano, la del labrador

Carlos Blázquez Ruiz Tagle, posiblemente el más rico propietario antequerano, destacado por poseer el mayor número

de fincas, como por el trato cercano y cordial con sus trabajadores: Un hecho este que pudo valerle la salvación. “… a

30

Entre ellos marcha un importante grueso de elementos y directivos obreros –otros pagarían con

su vida permanecer en Antequera- que en su mayoría engrosan como voluntarios el batallón

que, bajo el nombre de “Batallón Nº 5 de Antequera” o “Batallón García Prieto”, fije una nueva

línea de contención al avance sublevado, en el anejo antequerano de Villanueva e Cauche,

permaneciendo en éste hasta que, como parte de las operaciones militares que culminen con

la ocupación de Málaga, en los primeros días de febrero de1937, sigan su camino hacia

Málaga, o integrados como parte de batallones que combatan, incluso fuera de Andalucía,

como integrantes del Ejército Popular de la República.

Entre ellos las Autoridades sublevadas encontrarán carnaza asequible para establecer a los

responsables de la violencia desarrollada en la retaguardia republicana, pero por encima de

todo por haber protagonizado una actitud contestataria ante la desigualdad y la injusticia laboral

y social; primero a los que permanezcan en la ciudad y, posteriormente y de manera

progresiva, a los que vayan regresando a ésta, a medida que el territorio leal a la República

vaya menguando hasta su total desaparición con el final de la guerra y la victoria sublevada.

El caso es que la conflictividad desarrollada, sobre todo a partir de la proclamación de la

Segunda República será utilizada de manera eficaz por los que pretendían ejercer la represión

sublevada y franquista…pero también, y de manera paradójica, por los que pretendieron

escapar de ella.

Así ocurrirá de manera destacada con Antonio García Prieto, Alcalde y Diputado socialista en

la República, y ya en la guerra progresivamente Presidente del Comité Permanente de Enlace

de Antequera, Comandante del Batallón de Antequera, Comandante de Batallón de Etapas,

hasta su responsabilidad como Gobernador Militar de Ciudad Real, donde le sorprende el final

de la guerra. Un político afamado desde su llegada a la ciudad, recién estrenada la década de

los años treinta del pasado siglo, por su radicalismo en la protesta frente al abuso terrateniente,

como por su ya demostrado papel decisivo en los procesos de conflictividad laboral y social,

desde el apoyo decidido a los intereses obreros, en la etapa republicana; una ascendencia

contrastada sobre el elemento obrero, y sobre la que el mandatario socialista intentará renegar

uno le pusieron una guardia de milicianos en la puerta, para que no lo tocaran…era de los más ricos, don Carlos

Blázquez…” Testimonio de José Acedo Reina. Antequera. 20 de abril de 2006.

31

como última oportunidad de supervivencia, cuando sea detenido en el mismo puerto de

Alicante, a punta de abandonar España, y un día antes de finalizar la contienda.

En este sentido, las declaraciones vertidas por García Prieto en el proceso militar que se le

incoe para esclarecer su participación y responsabilidad en los años republicanos como en la

guerra, resulta de inestimable valor para el tema que nos ocupa, por sus continuas referencias

al elemento jornalero antequerano, pero siempre desde una única perspectiva, la que buscaba

desvincularse de la posible extralimitación en los comportamientos desarrollados por éste.

Así por ejemplo señalará el ex Alcalde en una de sus declaraciones que, tras su llegada a

Antequera la tarde del 17 de julio de 1936, y al encontrar nutridos grupos de obreros en las

calles, les manifestó “que no pasaba nada, que no hacía falta ninguna guardia y que podía todo

el mundo volver al trabajo, que yo solo me bastaba para dominar cualquier eventualidad”37

.

De la misma forma, y en referencia al ya mencionado tren que, con obreros de Antequera,

parte hacia Málaga para ayudar a sofocar la sublevación, manifiesta García Prieto que

apoyaría esta decisión “con la única intención de descongestionar la ciudad de elementos

armados”38

, justificando también su actuación afirmando que tras organizarse el tren, las calles

principales de la ciudad se encuentran llenas de obreros que señalan al Alcalde que el tren ya

ha marchado a Málaga, dejándolos en Antequera, por lo que pretendían ir en camiones. Según

sus declaraciones, serán los menos los que marchen, permaneciendo el resto en la ciudad, “sin

más objetivo que campar a sus anchas y cometer abusos, por lo que les dije, recriminándoles, -

¡cobardes! No se ha marchado el tren. ¿No queríais ir a Málaga? ¡Pues Málaga todo el

mundo!” 39

.

Era según el antiguo Alcalde, y ahora encausado, la postura radicalizada por un contexto de

guerra, de un elemento obrero que “todo lo quería conseguir por la fuerza”40

, y sobre el que

manifestaba haber ido perdiendo progresivamente su poder de influencia, “un poder sobre la

masa obrera tan atractivo que solo veían lo que yo les predicaba”41

.

37

Archivo de Juzgado Togado Militar de Málaga. Causa 475/1939. 38

Ídem. 39

Ídem.

40 Ídem.

41 Idem.

32

Como puede observarse, reconoce García Prieto un fuerte ascendente moral e ideológico, y

que había llegado a derivar en un control real del elemento obrero y sus centros, algo que el

inculpado utilizaría para atribuirse el mérito de que en 1932, en la ya mencionada huelga de

marzo, y en plena vorágine iconoclasta, consiguiera que “el Alcalde se ausentara de su cargo y

yo, con el ascendiente que tenía sobre el elemento obrero, solucionara los conflictos, evitando

la quema de iglesias y conventos, y otros desmanes, para lo que me lancé a la calle durante

tres noches consecutivas, y en ocasiones pistola en mano, salvando a Antequera y

granjeándome la felicitación y amistad de personas de derechas”42

.

Sin embargo manifestaba haber perdido esta ascendencia sobre el elemento obrero cuando

regresa a Antequera en febrero de 1936, después de su estancia de tres años en Málaga y

Gibraltar, encontrando a una masa obrera que, según él, era muy distinta a la que deja al

marchar de Antequera en 1933, habiendo perdido su impregnación ugetista, y evolucionando

hacia otra de fuerte presencia anarcosindicalista y comunista, “el partido más fuerte, con una

incomprensión semisalvaje, y unos dirigentes salvajes del todo, lo que hacía imposible

contener el embate de estas masas desbordadas”43

, sobre todo en el caso de los obreros

agrícolas.

También achacará a la Sociedad de Obreros Agricultores, con una acusación directa a su

Presidente, sus presiones en la comisión de excesos de naturaleza anticlerical, por ejemplo

con las presiones para la expulsión de las monjas del Hospital Municipal, o la retirada de la

subvención que el Consistorio mantenía con el Capellán de este establecimiento hospitalario.

El caso es que, de la misma manera que García Prieto utiliza su otrora influencia en los obreros

para demostrar en conflictos pasados su responsabilidad directa en el mantenimiento del

Orden Público, igualmente se valdrá ahora de la pérdida de este poder de control para justificar

su inhabilitación para la acción, y por tanto su más absoluta inocencia en la comisión de

hechos punibles por su carácter violento, manifestando en última instancia que su única labor

en la retaguardia republicana antequerana fue la de intentar desmantelar a un elemento obrero

armado y descontrolado por calles y campos.

42

Ídem. 43

Ídem.

33

Así concluía el descargo de Antonio García Prieto, y con él, el señalamiento a la

responsabilidad obrera como copartícipe en los fenómenos de conflictividad y violencia, en la

República como en la guerra; un alegato que no evitaría que el político socialista fuera

ejecutado al alba del 7 de febrero de 1940.

La muerte del campo

No cabe duda de que declaraciones como las de García Prieto, poco ayudaron a un elemento

jornalero, por situarlo de alguna forma como uno de los principales responsables de los

fenómenos de violencia. Sin embargo, su ascendencia y bagaje en la lucha social hacía que

éste ya apareciera señalado de antemano, convirtiendo de nuevo al elemento obrero en

protagonista, ahora como uno de los principales destinatarios, si no el que más, de la voracidad

represora franquista, en sus vertientes física, económica y moral.

Y es que en él radica una de las claves del modus operandi del proceso represivo establecido

del incipiente Franquismo, el de la correlación por la que la violencia represora de éste será

directamente proporcional a la amenaza sentida por los antecedentes, haciéndose más voraz

en aquellos núcleos geográficos donde la fuerza política y sindical de la izquierda fue mayor,

incentivando una mayor presencia e implicación campesina, a través de una proliferación de

fenómenos huelguísticos, y con ello de una intensificación de la conflictividad laboral y social44

.

Precisamente este activismo social y obrero es el que puede explicar otro de los aspectos

señeros de esta primera etapa de represión en el término antequerano -esta es, la desarrollada

entre la ocupación de Antequera y su zona Norte, en agosto de 1936, y la de su zona Sur como

parte de las operaciones para la ocupación de Málaga, en febrero de 1937- la que muestra las

diferencias entre municipios en cuanto al número de ejecutados, a pesar de su proximidad

geográfica.

44

La correlación entre la movilización y actividad campesina y la represión franquista fue abordada por primera vez en

Cobo Romero, F.: (1991): op. cit, Jaén, volviendo a ser utilizada de nuevo en Cobo Romero, F. (Coord.) (2012): op. cit,

Centro de Estudios Andaluces.

34

Así por ejemplo Mollina, que con dieciocho fusilamientos –un 8,96% de las doscientas una

muertes de esta etapa- donde se asienta un verdadero terror tras la ocupación del municipio, y

que lleva a poder afirmar que la destacada represión física en este municipio, unida a la de tipo

económico de la incautación de bienes y los Tribunales de Responsabilidades Políticas, se

producen como trágica respuesta a dos motivos fundamentales y ya conocidos: la poderosa

estructura sindical y de asociacionismo obrero, y la resistencia militar mollinata a la ocupación

rebelde, el propio 11 y 12 de agosto de 1936; unos factores también atribuibles al pequeño

anejo de Cartaojal, con siete muertes para una escasa población de no más trescientas

personas.

Violencia desmesurada para un colectivo que en una gran parte no tuvo más actuación

destacada que la del padecimiento por unas condiciones laborales pésimas, y que ciertamente

en ocasiones se manifestó en comportamientos más radicales y generadores de conflictividad

laboral y social.

Sin embargo, la certeza del Franquismo de su imposibilidad de controlar un colectivo de la

envergadura y potencia social del jornalero, le lleva a poner en marcha una alternativa de

exterminio, de corte desde la raíz de un problema que no era estrictamente laboral, sino que

derivaba en otros de tipo religioso, político y social.

El caso es que un 16,25% de los ejecutados lo serán como responsables de pertenencia a

partidos políticos, como dirigentes de sociedades obreras y sindicales, o como miembros del

Comité que, tras la sublevación, gestione la vida cotidiana en la retaguardia antequerana, y por

supuesto, en la correlación y el vínculo existente entre todos ellos, es decir, la represión sobre

los ejecutados por su pertenencia y significación en sociedades obreras y gremiales, así como

la continuación que en algunos casos, e iniciada la guerra, tendrá esta militancia hacia otras

estructuras superiores como el Comité, en el que radicaba la vanguardia obrera, como en el

caso de los miembros de la directiva de la Sociedad de Obreros Agricultores de Cartaojal, o del

Presidente de la Sociedad de Obreros Agricultores de Bobadilla y Delegado para este anejo de

la Federación de Trabajadores Agrícolas de la Comarca de Antequera.

35

La respuesta represiva sublevada y franquista al activismo sindical y asociativo en los

principales gremios de la Antequera de la Segunda República, se concretará con las muertes

de numerosos directivos de colectivos como el Sindicato Único General de Trabajadores de

Oficios Varios de Bobadilla, la Sociedad de Obreros Talabarteros, Albardoneros y Atarazaneros

“La Emancipación”, la Sociedad Obrera “La Defensa del Volante”, la Sociedad de Zurradores y

Curtidores “El bien del Obrero”, la Sociedad de Obreros Carreteros, Faeneros y Cargadores, e

incluso la Asociación de Inquilinos y Vecinos de Antequera.

Pero por encima del resto, la ya mencionada sobre los miembros del Comité de la pedanía

rural antequerana de Las Lagunillas, entre Antequera y Valle de Abdalajís, surgido como

Sociedad Rural de Las Lagunillas, adscrita a la UGT, tomando decisiones como la realización

de trabajos al tope o el cobro de jornales no devengados, e iniciando posteriormente, tras el

estallido de la sublevación y ya convertida en Comité, un proceso de incautaciones de cortijos,

requisas de comida, cultivos y ganado, a través de vales, así como de recogida de armas en

cortijos de la zona.

Una zona de influencia que se extenderá más allá de su zona originaria, manteniendo un

estrecho contacto con el Comité de la vecina Valle de Abdalajís, como colaborando en la propia

Antequera en las labores de guardia y vigilancia con armas, e incluso participando en las

operaciones de guerra que en estos días de producen sobre localidades como la sevillana de

La Roda de Andalucía o la granadina de Loja.

Incluso en el proceso militar incoado en 1937 contra los miembros de esta Sociedad y Comité,

se les atribuyen responsabilidades en la detención y asesinato de varios vecinos, hecho bajo

las órdenes de la FAI, de gran influencia en la zona Sur antequerana, como ya fue comentado

anteriormente.

El 13 de marzo de 1937 el Consejo de Guerra Permanente Nº 2 de Málaga45

dicta auto de

procesamiento contra los dieciocho miembros del Comité de Las Lagunillas, de los que quince

serán condenados a muerte dos días más tarde, y fusilados el 20 de marzo de 1937, dos a

Reclusión Perpetua, y uno a Veinte años y un día.

45

Archivo del Juzgado Togado Militar de Málaga. Causa 16/ 1937.

36

Ya al margen de la muerte, y en cómputos generales, casi una quinta parte de los casi dos mil

trescientos detenidos contabilizados en Antequera entre 1936 y a lo largo de toda la década de

los cuarenta del siglo pasado, lo serán por su responsabilidad pública desde lo institucional, por

su vinculación a partidos políticos de izquierdas en la II República, ya fuera desde la

responsabilidad orgánica como directivos, o afiliados e incluso simpatizantes, y dentro de estos

últimos a aquellos que, fundamentalmente en las elecciones de febrero de 1936, actuaron

como apoderados e interventores. También a los que desarrollaron una responsabilidad

sindical, o a los que formaron parte destacada de las sociedades obreras gremiales.

Y ya dentro de la retaguardia republicana, a los que formaron parte de esa autoridad

revolucionaria, alternativa y paralela como integrantes del Comité de Antequera, como de los

diferentes que en empresas de la ciudad o cortijos en todo el extenso ámbito rural del término

antequerano, proliferaron.

Sin embargo, la acusación de responsabilidad política, sindical, asociativa o en los comités de

la Antequera de retaguardia republicana, no era exclusiva y única en muchos casos, sino que a

ella iban a unirse otras acusaciones e imputación de delitos que situaban a los más destacados

en el ámbito político, revolucionario o de las sociedades obreras, también como los máximos

responsables de toda la violencia desarrollada en la Antequera de julio y agosto de 1936, con

acusaciones de participación directa en delaciones, detenciones, acusaciones y asesinatos,

participación en operaciones de guerra o incitación a la comisión de comportamientos de

violencia.

Desde luego el Franquismo, en su insaciable ansia represora, los situaba a la vez como cabeza

pensante y brazo ejecutor.

Un ansia represora que hizo que el castigo físico no fuera suficiente, y se establecieran

fórmulas de aniquilamiento económico y que van a tener de nuevo entre sus principales

perjudicados a los miembros de las sociedades obreras.

37

No es de extrañar por ello la labor de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de

Málaga, que inicia a partir de 1937 su tenaz e incansable tarea con la incautación de los bienes

de trescientas veintiuna sociedades obreras de toda la provincia de Málaga, de las que

veinticuatro corresponderán a Antequera, cuatro de ellas de carácter agrícola, pero en la que la

Sociedad de Obreros Agricultores de Antequera será la principal damnificada, constituyendo el

primero de los ciento treinta expedientes que, de esta naturaleza, sean incoados entre 1937 y

1945 en el término municipal.

Los estudios más recientes hablan, en relación a la incautación de bienes entre 1939 1942, y

para el caso de Andalucía de un montante recaudado cercano a los setenta millones de

pesetas de la época, compuestos en su mayoría por multas de relativa escasa cuantía, entre

las ciento cincuenta y las doscientas cincuenta pesetas46

, pero que producirían una merma

económica muy considerable, fundamentalmente entre una clase campesina y jornalera muy

humilde, a la que se aniquila física, económica y moralmente.

Hemos realizado un acercamiento a uno de los aspectos más señeros para comprender el

devenir de una zona como la antequerana, en el tránsito entre la esperanza y la convulsión de

un periodo que se desarrolla desde una marcada conflictividad laboral y social, hasta la

consumación trágica de los antagonismos de clase, primero en la etapa de retaguardia

republicana, como muy especialmente en un proceso que ataca de forma brutal y directa los

elementos más destacados dentro del proyecto político y social de la Segunda República: los

que a través de los partidos políticos de izquierda desarrollaron una labor destacada, tanto de

gobierno como de oposición, la militancia de base o como simpatizantes, interventores y

apoderados en elecciones, y por supuesto los que encuadrados en potentes y remozadas

sociedades obreras plantaron cara al sometimiento derivado de las diferencias sociales; y

todos juntos, los que tras el estallido de la guerra, coaligados en la lucha contra los sublevados,

unos a través de la gestión política y económica a través de los órganos revolucionarios, y

otros por medio de las armas, intentaron frenar el avance de ese Fiero Monstruo que devoraría

España durante las cuatro décadas siguientes.

46

Martínez López, F., Álvarez Rey, L. y García García, C. (2012): “art. cit.”, Ayer, 85, p. 106.