comprometidos con una España Mejor - PSOE.es · 2015. 9. 23. · El Gobierno, en colaboración con...
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comprometidos con una España Mejor
BALANCE DE UN AÑO DE GOBIERNO
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POLITICAS SOCIALES
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La inversión en cohesión social y en políticas de bienestar
es también inversión en capital humano, fundamental para las próximas generaciones y para el futuro del país.
En los primeros presupuestos aprobados por el Gobierno
del PSOE el gasto social crece casi un 10 % y representa
más del 50 %, algo inusual en los últimos años.
Haremos fuertes inversiones en Sanidad para modernizar los hospitales, implantar nuevas tecnologías y equiparar las dotaciones de todas las Comunidades Autónomas.
El Gobierno ha puesto en marcha la Comisión
Interministerial para el equilibrio financiero del Sistema
Nacional de Salud, de la que forman parte los Ministerios de
Sanidad, Justicia, Defensa, Economía, Trabajo e Industria y
la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
La I Conferencia de Presidentes Autonómicos acordó que
uno de los primeros asuntos a abordar en próximas
reuniones sea el tema de la financiación de la sanidad, por
lo que se ha creado y ha iniciado sus trabajos un grupo de
estudio.
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Incrementaremos el Fondo de Cohesión Sanitaria para
reducir las desigualdades territoriales. El Gobierno del PSOE presentará un “Informe Anual sobre la Salud de los Españoles” y las prioridades del Sistema Nacional de Salud.
Se presenta en el Consejo Interterritorial el proyecto de
nuevo Decreto sobre el Fondo de Cohesión.
En diciembre de 2004, se publica el primer informe del
Observatorio del Sistema Nacional de Salud,
correspondiente a 2003
El Ministerio promueve un acuerdo entre el Ministerio de
Trabajo y las Comunidades Autónomas para revisar los
convenios de Incapacidad Temporal, que habían quedado
rotos en 2002. Estos convenios permiten mejorar la dotación
de la financiación sanitaria, ya que la aportación a las
CC.AA. se ampliará de 83 a 277 millones de euros.
Propondremos a las Comunidades Autónomas la elaboración de un Protocolo Común que, estableciendo mecanismos de financiación sanitaria suficientes, tienda a la consecución en todo el territorio de los siguientes tiempos de espera: 7 días para pruebas diagnósticas básicas. 10 días para primera consulta de especialista. 45 días para intervenciones quirúrgicas programadas.
Se publican, por primera vez, los datos de la lista de espera
quirúrgica del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Esta
información permite un seguimiento de la dimensión de los
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tiempos de espera y sirve de estímulo para propiciar
programas de mejora cuando las esperas son demasiado
prolongadas.
Se ha creado una Comisión de Expertos en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para
impulsar los sistemas de información y el intercambio de
buenas prácticas con el objetivo de conseguir tiempos de
espera máximos adecuados a cada situación. La lista de
espera quirúrgica en el primer semestre del año se redujo
de 77 a 71 días de espera media
Aprobaremos una nueva Ley de Reproducción Asistida para
resolver con eficacia los problemas de infertilidad. Fomentaremos la investigación con células madre embrionarias.
El Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de
Reproducción Asistida informada favorablemente por la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
El Gobierno ha empezado la elaboración de la Ley sobre
Investigación en Biomedicina.
El Gobierno ha aprobado dos reales decretos que han
permitido comenzar en España la investigación con células
madre. Se ha dado el visto bueno a los primeros cuatro
proyectos de investigación.
En noviembre, se aprobó la constitución de la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de
Células y Tejidos Humanos.
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El Gobierno ha firmado convenios con Andalucía, Cataluña
y Valencia -con una dotación de 9 millones de euros para
cada Comunidad- para potenciar la investigación en
medicina regenerativa y para constituir centros de
investigación en estas Comunidades.
Consideramos concluido el actual pacto con
Farmaindustria. Será un objetivo esencial asegurar la calidad de la prestación farmacéutica y controlar su gasto. Junto a las Comunidades Autónomas desarrollaremos un Plan Estratégico de Política Farmacéutica.
El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Estratégico de
Política Farmacéutica. Su objetivo es mejorar la calidad de
la prestación farmacéutica y el uso racional de los
medicamentos, así como incrementar la eficiencia en el uso
de los recursos económicos destinados a su financiación
pública y reforzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud. Entre sus medidas, se incluye la potenciación de los
medicamentos genéricos y la rebaja del precio de los
fármacos un 4 % en 2005 y un 2 % en 2006.
En cumplimiento de ello se ha aprobado un real decreto por
el que se rebaja un 4,2 % el precio de los medicamentos y
se ha puesto en marcha el Código Ético de la Agencia
Española de Medicamentos.
Se ha reactivado la Comisión de Farmacia del Consejo
Interterritorial y la Comisión de Uso Racional del
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Medicamento, cuyos trabajos habían estado suspendidos
desde hacía varios años.
A través de una modificación de la Ley del Medicamento
introducida en los Presupuestos para 2005, se ha
desvinculado la aportación que realizan los laboratorios para
financiar la investigación del aumento del gasto
farmacéutico. Esta medida permitirá ingresar al Sistema
Nacional de Salud 200 millones de euros (el doble que en la
actualidad). Este dinero se repartirá entre financiar
proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III y
el desarrollo en las Comunidades Autónomas de políticas de
cohesión, formación de los profesionales y promoción del
uso racional del medicamento.
Se ha realizado una campaña para fomentar el uso racional
de los medicamentos y evitar la automedicación.
Desarrollaremos planes especiales para reducir los
accidentes de tráfico, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el tabaquismo.
El Ministerio presentó en noviembre el Anteproyecto de Ley
de Prevención del Tabaquismo, que protegerá a los no
fumadores y ampliará las restricciones a la venta, consumo
y publicidad del tabaco. A partir de enero de 2006 estará
prohibido fumar en todos los centros de trabajo.
Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas priorizan
la prevención del tabaquismo y otras políticas de fomento de
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la salud (*) con 37,32 millones de euros. ( (*) Prevención y control del tabaquismo, políticas de seguridad para
pacientes y profesionales, prevención de la diabetes,
Sistemas de información sanitaria, prevención del sida,
prevención de enfermedades emergentes y reemergentes )
El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una
Estrategia Nacional para prevenir la obesidad, mejorar los
hábitos alimenticios y fomentar la práctica de ejercicio físico. Se ha puesto en marcha una campaña específica para
prevenir la obesidad infantil y para promover hábitos
saludables de vida y de alimentación.
Se ha firmado con la FEMP un convenio sobre buenos
hábitos alimentarios en personas mayores.
Se han puesto en marcha varias campañas preventivas
sobre accidentes de tráfico. Ha descendido un 12,7 % la
mortalidad por accidente en carretera. Las cifras de fallecidos suponen las más bajas registradas en los últimos
25 años.
Atenderemos especialmente a los enfermos de Alzheimer y de otras enfermedades mentales.
El Consejo Interterritorial aprobó la propuesta de
Declaración Ministerial sobre Salud Mental para la
Conferencia Europea de la Organización Mundial de la
Salud. Se pondrá en marcha la elaboración de la Estrategia
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Nacional en Salud Mental junto con las Comunidades
Autónomas.
Proponemos que la organización del Plan Nacional Sobre
Drogas recaiga en estructuras de carácter socio-sanitario (…) que consideren siempre prioritarias las medidas preventivas.
El Plan Nacional sobre Drogas pasa de depender del
Ministerio del Interior al Ministerio de Sanidad y Consumo, con
lo que se potencian las políticas de prevención.
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, ha realizado una evaluación de la Estrategia
Nacional sobre Drogas, y un nuevo Plan de Acción 2005-2008
para dar un nuevo impulso a las políticas de prevención.
El Gobierno con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) un convenio de colaboración para luchar
contra la drogadicción en el ámbito local.
Los ministerios de Sanidad e Interior firman un convenio para
mejorar la atención integral de la población penitenciaria
drogodependiente y fomentar su reinserción social.
Se ha constituido el Foro “La Sociedad ante las Drogas”, en el
que participan empresas y profesionales de la comunicación,
ONG’s, asociaciones de padres, asociaciones juveniles,
asociaciones de consumidores, agentes sociales y otras
entidades.
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Apoyaremos el desarrollo de actividades investigadoras,
evaluativas y de información de la actividad sanitaria y de sus resultados en la salud de los ciudadanos.
El Gobierno ha incrementado en un 60 % los presupuestos
destinados a programas de lucha contra el sida de las
ONG’s.
El 22 de noviembre de 2004 se constituyó el Observatorio
de Salud de la Mujer, que promoverá la eliminación de
desigualdades en salud entre hombres y mujeres.
El Gobierno firmó, el 29 de julio de 2004, un convenio con el
Instituto de la Mujer para paliar las desigualdades en el
ámbito de la salud entre hombres y mujeres.
Se ha creado en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud la Comisión para la prevención de la
Violencia de Género.
La Organización Mundial de la Salud ha respaldado la
iniciativa española de ubicar en nuestro país el Registro
Mundial de Trasplantes.
Se ha puesto en marcha un programa de cooperación en
materia de trasplantes con los países iberoamericanos.
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Desarrollaremos políticas profesionales que solucionen la
precariedad en el empleo de los profesionales sanitarios y que aborden la implantación de una carrera profesional con estímulos positivos que fomenten una alta motivación y el desarrollo del trabajo con la mayor calidad posible.
El Parlamento aprobó, en diciembre, el real decreto-ley por
el que se culminará en 2005 el proceso extraordinario de
consolidación de empleo, con la finalidad de acabar con la
inestabilidad laboral en el sector sanitario y que en los
últimos años se había desarrollado con lentitud.
El Ministerio de Sanidad constituyó, el 16 de junio, la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
Salud, en la que participan todas las Comunidades
Autónomas.
Se ha establecido, por primera vez, el cupo autonómico en
la nueva oferta de plazas para el acceso a la formación
sanitaria especializada en 2005.
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Daremos un impulso modernizador a la profesión de
enfermería, como profesionales fundamentales en la atención domiciliaria, en la atención de los enfermos crónicos y personas mayores con dependencia, en la recuperación y la rehabilitación, en la educación para la salud y la prevención, así como su papel asistencial en el ámbito hospitalario.
El Gobierno ha elaborado el proyecto de real decreto de
Especialidades de Enfermería, que será aprobado
próximamente.
Continuaremos aumentando la dotación del Fondo de Reserva mediante los excedentes generados anualmente por el sistema de la Seguridad Social.
En menos de un año, el Gobierno ha aprobado dos
dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social; la
primera en junio de 2004 por importe de 3.700 millones de
euros y la segunda en febrero de 2005, por importe de 3.500
millones de euros. Con estas nuevas dotaciones, la cuantía
total de este Fondo se sitúa en este momento en más de
23.000 millones de euros (más de tres billones y medio de
pesetas), que equivalen a más de cinco mensualidades de
la nómina de pensiones y a casi 3 % del PIB.
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Mejoraremos las pensiones. El Gobierno dedicará cuatro mil millones de euros para aumentar sustancialmente las pensiones mínimas, no contributivas, las más bajas y las de viudedad.
En 2005 más de tres millones y medio de pensionistas, que
cobran pensiones mínimas, se van a beneficiar de una
subida de entre el 4,5 y el 8 % en sus asignaciones.
El Gobierno prevé ir acometiendo subidas anuales en las
pensiones mínimas, hasta cumplir el compromiso de que
estas retribuciones sumen un elevación total del 26 % en
esta legislatura. Todo ello sin gastar un solo euro en
publicidad.
El Gobierno aprobó la reducción de la edad de jubilación
para obtener pensión al colectivo de mariscadores,
percebeiros y pequeños armadores, reconociendo por
primera vez el oficio excepcionalmente peligroso e insalubre
que realizan estos trabajadores de la mar. Se atiende así a
una demanda social que durante años venía reclamando el
sector, ya que desde el año 91 no se modificaba.
Estableceremos un incremento hasta el 100 % de la pensión no contributiva para los llamados “niños de la guerra”.
A principios de año el Gobierno aprobó un Proyecto de Ley
que, aprobado y apoyado por todos los grupos
parlamentarios, reconoce la deuda histórica contraída por
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España con los “Niños de la Guerra”. La Ley adecua las
prestaciones económicas a las que perciben las españolas y
los españoles como pensión mínima contributiva; esto
permite, especialmente a los residentes en Rusia, casi
duplicar sus pensiones. La Ley también habilita los
mecanismos necesarios que garantizan la cobertura de la
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que todos los
españoles.
La política del PSOE se orientará a la homologación de derechos y servicios en todo el país, incluyendo la colaboración económica y financiera con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
El Gobierno ha aprobado un crédito de más de 221 millones
de euros para que las Comunidades Autónomas desarrollen
programas sociales en 2005.
El presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales
se ha incrementado en un 7,7 % en relación con lo
presupuestado en 2004.
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Elaboraremos una Ley Básica de protección a la personas dependientes, con la participación de las Comunidades y Ciudades Autónomas y la FEMP, que garantizará un sistema universal, integral, uniforme y suficiente para que toda persona dependiente tenga derecho a una ayuda personalizada destinada a cubrir las necesidades de atención y cuidado que precise para la realización de los actos esenciales de la vida.
Se ha presentado el Libro Blanco de la Dependencia que
servirá como referente para la próxima Ley de Dependencia
ya en elaboración. Su objetivo es impulsar un Sistema
Nacional de Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, que nos acerque a los niveles de atención de
los países europeos y se configure como elemento central
del cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el sistema
educativo, el sistema de salud y el sistema de pensiones.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2005 incluyen
una partida de 50 millones de euros para proyectos del
futuro Sistema. La Ley de Dependencia se empezará a
debatir y negociar esta primavera entre los agentes sociales,
partidos políticos, sector privado, Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos.
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El PSOE (…) se compromete a promover un envejecimiento activo y a remover todos los obstáculos que todavía condenan a muchas personas mayores.
El Programa de Vacaciones del IMSERSO cuenta para la
temporada 2004/2005 con 80.000 plazas más que la
temporada anterior, un incremento del 13 %. En total, el
Gobierno destina 680.000 plazas.
El Gobierno ha incrementado en 6.000 el número de plazas
del Programa Termalismo Social para la temporada 2005,
ofreciéndose, en total, 126.000 plazas y 68 balnearios.
Garantizaremos el derecho de acceso de las personas con
discapacidad a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, y a la cultura, el ocio y el deporte, removiendo los obstáculos que lo impiden o dificultan.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2005 destinan
215 millones de euros a programas de discapacidad. Los
principales incrementos se refieren a plazas residenciales,
convenios de accesibilidad e inversión en centros de
referencia.
En 2005 se destinarán 507 millones de euros en políticas
activas para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad.
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Situaremos la discapacidad en la esfera de los derechos humanos y la no-discriminación.
El 2 de noviembre de 2004, el Ministerio de Justicia y el
Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad firmaron un convenio en materia de protección
jurídica y garantía de derechos de las personas con
discapacidad.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se
amplía la justicia gratuita a las personas con discapacidad y
a los litigios transfronterizos. Esta ley se encuentra en
tramitación.
El 3 de diciembre de 2004, el Consejo de Ministros aprobó
un real decreto para adecuar la adscripción y composición
de la Comisión de Protección Patrimonial de las personas
con discapacidad.
Defendemos el cumplimiento efectivo de la cuota del 5 % de
reserva de empleo por parte de las Administraciones Públicas; o en su caso, mediante turno independiente para personas con discapacidad).
El 3 de diciembre de 2004, el Consejo de Ministros aprobó
un real decreto por que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad. En esta norma, se dispone la posibilidad
de convocar oposiciones sólo para discapacitados así como
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la obligación de reservar al menos un 5 % de las plazas que
se convoquen.
Actualmente, se está tramitando un real decreto por el que
se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los
trabajadores con discapacidad.
Defendemos la accesibilidad universal, un derecho de las
personas discapacitadas (…) garantizaremos la accesibilidad a todos los edificios públicos al concluir la legislatura; desarrollaremos actuaciones prioritarias para asegurar la supresión de barreras en el ámbito de la comunicación.
Nada más establecerse Jose Luis Rodríguez Zapatero en el
Palacio de la Moncloa, se firmó un convenio, entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales y el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad
para adoptar medidas de accesibilidad en el empleo, en
espacios virtuales y en los entornos físicos del Complejo de
la Presidencia del Gobierno. Este convenio quiere servir de
ejemplo para todas la Administraciones.
Se han destinado 54 millones de euros a la eliminación de
las barreras arquitectónicas y virtuales en las ciudades de
España.
Mediante la firma del convenio de Accesibilidad Universal,
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la ONCE,
se ha puesto el marco a numerosas actuaciones que
favorecerán la accesibilidad de las personas con
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discapacidad en los ámbitos urbanístico y arquitectónico, en
la comunicación sensorial, en el transporte y en la sociedad
de la información.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Federación
Española de Municipios y Provincias han firmado un
convenio para impulsar la implantación de transportes
públicos accesibles en las líneas regulares de autobuses
urbanos.
El Ministerio de Vivienda y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad han firmado
un convenio para la mejora de las condiciones de vida y
accesibilidad de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad
y las empresas audiovisuales han firmado un acuerdo para
promover la creación del Centro Español del Subtitulado.
Este organismo se encargará de impulsar las tareas de
subtitulación de producciones audiovisuales con el objetivo
de garantizar la cobertura, velocidad y calidad de los
trabajos que satisfagan el derecho a la comunicación de la
comunidad sorda.
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Regularemos legalmente la lengua de signos, garantizando
la asistencia mediante intérpretes a las personas sordas que necesiten este apoyo de la Administración Pública.
Actualmente, se encuentra en preparación la futura Ley
sobre la Lengua de Signos. Con esta norma, el Gobierno
pretende garantizar a las personas sordas y con
discapacidad auditiva el apoyo necesario para que puedan
acceder a los servicios públicos, a la información, a la
educación, al sistema legal y a los medios de comunicación.
Defendemos la promoción de la democracia participativa de
las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y sus familias.
El Gobierno ha creado el Consejo Nacional de la
Discapacidad. En este Consejo se institucionaliza la
colaboración entre el movimiento asociativo de las personas
con discapacidad, sus familias y la Administración General
del Estado en la tarea de definición y coordinación de una
política coherente de atención integral. En particular,
corresponde al Consejo Nacional de la Discapacidad la
promoción de la igualdad de oportunidades y no
discriminación de las personas con discapacidad.
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Elaboraremos un nuevo Plan de Juventud que combata las
desigualdades y que abra las Instituciones a los jóvenes.
Se ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo Plan de
Juventud a través del Instituto de la Juventud y en
colaboración con los propios jóvenes y la implicación del
Consejo de la Juventud de España Este nuevo Plan de
Juventud será un instrumento estratégico para impulsar la
emancipación, diseñar alternativas de ocio y tiempo libre y
promocionar la participación social de los más de 9 millones
de jóvenes, entre 15 y 29 años, que residen en nuestro país.
El nuevo Plan de Juventud contemplará acciones
específicas. A diferencia de otros planes anteriores no será
un catálogo de medidas ya programadas, sino un conjunto
de actuaciones nuevas y precisas.
Se impulsará la creación de una Conferencia Joven de la
Unión Europea y el diseño y desarrollo de un Plan de Juventud Europeo, que amplíe y aplique el Libro Blanco de la Juventud.
A iniciativa del Gobierno de España, los Presidentes de
España, Francia, Alemania y Suecia han firmado una carta
en la que se impulsa un Pacto europeo a favor de la
juventud.
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Reforzaremos la cooperación de la Administración Pública
con el Tercer Sector.
Las Organizaciones No Gubernamentales han recibido el
0,52 % del IRPF de 2004 (95.044.540 euros) para atender a
los colectivos más necesitados. Este año se ha introducido
la novedad de establecer programas plurianuales a fin de
dar estabilidad en el empleo del Tercer Sector.
Los socialistas proponemos un cambio de modelo de
consumo más acorde con los retos que plantea la sociedad actual. Pensamos que el consumo debe girar en torno al consumidor, con una orientación marcadamente social y sobre las bases de la igualdad, la solidaridad y la sostenibilidad, respetando los derechos de las personas, la intimidad y la protección de datos de carácter personal.
El Gobierno ha incrementado un 10 % las subvenciones
concedidas a las organizaciones de consumidores y
usuarios.
Se ha iniciado el proceso de elaboración del Texto
Refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores y
Usuarios.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha firmado con la
Federación Española de Municipios y Provincias un
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convenio para potenciar la política de defensa de los
consumidores con la colaboración de los municipios.
Se ha puesto en marcha una campaña de publicidad para
concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos como
consumidores y para dar a conocer la Ley de Garantías en
la Venta de Bienes de Consumo.
Impulsaremos mecanismos de control efectivos que garanticen la calidad y seguridad de los alimentos en todas las fases de su producción
.
La Agencia de Seguridad Alimentaria ha puesto en marcha
una campaña para mejorar la seguridad alimentaria en
bares y restaurantes.
Se ha aprobado un real decreto que modifica el etiquetado
de los productos alimenticios para mejorar la protección de
los consumidores afectados por alergias o intolerancias.
Los Ministerios de Sanidad-Consumo y de Agricultura han
puesto en marcha el Programa de Control de la Salmonella
en huevos y ovoproductos, que contiene medidas que
abarcan todo el proceso, desde el control en la granja hasta
el consumo.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha
presentado la Guía General de Trazabilidad para abordar
los transgénicos y todos los productos.
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Implantaremos procedimientos que garanticen el acceso universal, la seguridad y la calidad de los servicios, especialmente en los de interés general, como la energía, el agua, las telecomunicaciones o los carburantes.
Los Ministerios de Sanidad-Consumo y de Industria han
modificado la Orden Ministerial sobre derechos de los
usuarios y servicios de tarificación adicional, introduciendo
importantes mejoras para proteger al usuario y evitar
fraudes.
La inmigración representa una necesidad objetiva de las
sociedades avanzadas: el reto consiste en satisfacerla de forma integral y equilibrada, afrontando conjuntamente su dimensión económica, política y social.
El Gobierno ha procedido a la redefinición del marco
competencial sobre políticas de inmigración, de forma que se
garantice una gestión integral y coherente de todos los
aspectos relacionados con este fenómeno. Para ello:
o Se ha atribuido a la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración -dependiente del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales- todas las competencias
en cuanto a la dirección y desarrollo de las políticas de
inmigración.
o Dentro de la Secretaría de Estado de Inmigración se ha
creado la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, para coordinar las políticas de integración
de los mismos.
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El presupuesto de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración crece un 16% respecto al año anterior,
alcanzando los 165 millones de euros.
El Gobierno impulsará un Pacto Nacional sobre Inmigración, con la participación de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema.
En diciembre de 2004 el Gobierno aprobó el Reglamento de
la Ley de Extranjería. El Reglamento articula la política de
inmigración en torno a cinco ejes de actuación:
o La gestión de flujos migratorios
o La lucha contra la inmigración irregular y la economía
sumergida
o La integración de los inmigrantes
o La concepción de la inmigración como una política de
Estado que debe hacerse por consenso.
o La eficacia y la celeridad en la gestión administrativa.
Tras un proceso de dialogo y negociación con Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos, colegios profesionales y
Organizaciones no Gubernamentales -en el que se recibieron
más de 4.000 folios de sugerencias y observaciones- el
Reglamento se ha convertido en la norma de extranjería que
cuenta con un mayor consenso, al ser respaldada por:
o La inmensa mayoría de partidos políticos con
representación parlamentaria
o Los agentes sociales
o El Foro de Integración Social de los Inmigrantes
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o El Consejo de Estado
o El Consejo Económico y Social
o El Consejo General del Poder Judicial
La apuesta por el dialogo queda plasmada en la creación de
la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que ha de
servir de cauce permanente de concertación de la política de
inmigración con los interlocutores sociales.
La inmigración juega un papel fundamental en nuestra economía y, particularmente, en nuestro mercado de trabajo. En este sentido, es necesaria una gestión activa y equilibrada de los flujos migratorios que tenga en cuenta la situación social y económica del país receptor.
El Gobierno, mediante el Reglamento de Extranjería, ha
introducido importantes modificaciones en la determinación y
gestión del contingente de trabajadores extranjeros. A fin de
garantizar su operatividad y adecuación a las necesidades
reales del mercado laboral nacional, se establece:
o La elaboración trimestral de un Catálogo de
Ocupaciones de Difícil Cobertura. De esta manera,
cuando se demuestre que la ocupación demandada por
un empresario es de difícil cobertura por trabajadores
españoles, se permitirá la contratación de un
extranjero. Para la elaboración de dicho Catálogo se
partirá de los datos suministrados por los Servicios
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas,
previa consulta a los interlocutores sociales en el
marco de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
o Un sistema de contingente de trabajadores extranjeros
que funcionará como instrumento para la contratación
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programada, permitiendo actuaciones como la
selección y la formación en los países de origen. La
cifra inicial de trabajadores podrá adaptarse a las
necesidades reales del mercado de trabajo.
o En relación con el trabajo de campañas agrícolas de
temporada, las ofertas de empleo se conocerán
previamente en los Servicios de Empleo de toda
España para su publicidad, de manera que los puestos
ofertados puedan ser cubiertos previamente por
trabajadores españoles.
Proponemos combatir la explotación laboral y la economía sumergida.
El nuevo Reglamento de Extranjería condiciona la concesión
de la autorización de residencia y trabajo al alta efectiva en la
Seguridad Social del trabajador, a fin de dificultar la
compraventa de ofertas de trabajo falsas que no concluyen
en un trabajo efectivo.
Ante la existencia de cientos de miles de inmigrantes en
situación irregular, el Gobierno ha incluido en el Reglamento
de Extranjería una disposición transitoria en virtud de la cual
se ha abierto un proceso extraordinario de normalización. El
objetivo es que durante los tres meses (febrero-mayo de
2005) de vigencia del proceso de regularización aflore la
economía sumergida, al poderse contratar legalmente a los
trabajadores extranjeros que ya se hayan en nuestro país.
Los requisitos son:
o Llevar empadronado, al menos seis meses, a la
entrada en vigor del Reglamento
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o Contar con un contrato de trabajo con una duración
mínima de seis meses, salvo en los sectores de la
agricultura, la hostelería, la construcción y el servicio
del hogar familiar
o Carecer de antecedentes penales tanto en España
como en el país de origen
o Ser dado de alta en la Seguridad Social
o La solicitud ha de ser realizada por el empleador o
empresario
Para el desarrollo de este proceso se está llevando a cabo un importante
despliegue administrativo en el que están colaborando en las tares de información
y asesoramiento la FEMP, UGT, CC. OO., la CEOE, la CEPYME y 18 ONG’s.
Reforzaremos la inspección laboral para la detección y denuncia de oficio de las situaciones irregulares de empleo (de los inmigrantes).
Se ha reforzado la Inspección de Trabajo mediante el
incremento de su presupuesto para 2005 en un 11 % en
relación con 2004.
En la Oferta de Empleo Público para 2005 se prevé el
incremento de la plantilla del cuerpo de Inspectores en 55
nuevos efectivos y del cuerpo de Subinspectores en 45
unidades.
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Proponemos fijar en 45 días el plazo máximo de resolución de las peticiones de permisos de residencia y de trabajo, con oferta previa, cuando deba examinarse la situación nacional de empleo; en 30 días si está exento de este requisito; y en 60 días para el resto de los casos.
En junio de 2004 se puso en marcha un Plan de Choque de
Medidas Urgentes en materia de extranjería destinado a
reducir el colapso existente en la renovación de expedientes
de permiso de residencia y de trabajo de inmigrantes. Con
dicho plan se reforzaron las oficinas encargadas de la
tramitación con 267 nuevos efectivos y se tramitaron 400.000
expedientes.
Proponemos simplificar los procesos de canalización (del flujo migratorio), a través del uso de las nuevas tecnologías, mejorando la gestión a través del establecimiento de un expediente único, en el que se resuelvan las autorizaciones de trabajo y de residencia.
El nuevo Reglamento de Extranjeria prevé la puesta en
marcha de una aplicación informatica compartida que
permita que todas las instancias administrativas implicadas
tengan acceso en tiempo real al expediente, agilizando su
tramitación.
En el Reglamento de Extranjeria se prevé continuar con el
sistema de conciertos con otras Administraciones con el fin
de aumentar la capacidad de la tramitación de expedientes.
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Proponemos promover la corresponsabilidad financiera en las políticas de integración de los inmigrantes, mediante la creación de un fondo de garantía de servicios que compensen a aquellos municipios con mayor volumen de inmigrantes, con la finalidad de contribuir a la financiación de sus necesidades sin afectar a la calidad de los servicios públicos que prestan.
El Gobierno ha creado un fondo de 120 millones de euros para la integración social de los inmigrantes
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