Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”, Barr Programa Nacional de ... · arbitrariedades...
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1 Boletín especial informativo “JUAN RAFAEL MORA” Órgano informativo del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, editado por la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas Del 1 al 30 de enero. Volumen 2010, Número 23. Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”, Barrio Córdoba, San José, Costa Rica. Programa abarca, entre otras cosas: rendición de cuentas binomio policía-comunidad, coordinación interinstitucional, trabajo con las municipalidades, proyecto de distritalización ENCUENTRE EN ESTA EDICIÓN: *** Todo el Programa Nacional de Seguridad Programa Nacional de Seguridad da frutos satisfactorios en todo el país
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Boletín especial informativo
“JUAN RAFAEL MORA” Órgano informativo del Ministerio de Gobernación, Policía
y Seguridad Pública, editado por la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas
Del 1 al 30 de enero.
Volumen 2010, Número 23.
Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”, Barrio Córdoba, San José, Costa Rica.
Programa abarca, entre otras cosas:
rendición de cuentas binomio policía-comunidad,
coordinación
interinstitucional,
trabajo con las municipalidades,
proyecto de distritalización
ENCUENTRE EN ESTA
EDICIÓN:
***
Todo el
Programa
Nacional de
Seguridad
Págs.3-5
Programa Nacional de Seguridad da
frutos satisfactorios
en todo el país
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Rectoría
Sector Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra de Gobernación, Policía
y Seguridad Pública
2009
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Temario Agradecimiento…………………………………………………………………………………………………………………………..... 4 Prólogo…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Presentación…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 9 I. SITUACIÓN DE LA REGIÓN……………………………………………………………………………………………………… 10
Declaración sobre Seguridad en las Américas…………………………………………………………………….. 10 Consenso de Costa Rica………………………………………………………………………………………………………. 11
Necesidad de una política nacional e integral de seguridad en Costa Rica……………………………………. 14 Tres estadios en materia de prevención…………………………………………….............................................. 16 II. POLÍTICA NACIONAL E INTEGRAL DE SEGURIDAD………………………….......................................... 18
Primer nivel…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Segundo nivel………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Tercer nivel………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Cuarto nivel…………………………………………………………………………………………………………………………. 30
III. LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADO COSTARRICENSE……………………………………………..... 31 Consejo Nacional de Seguridad……………………………………………………………………………........................... 32 Principales logros del Modelo de gestión y responsabilidad policial del Ministerio de Seguridad Pública.................................................................................................................................................
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Distritalización Policial…………………………………………………………………………………………………………………. 35 IV. OTROS PROCESOS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA............................................... 40 Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria………………………………………………………………..……………… 40 Trabajo operacional………………………………………………………………………………………………………………………. 41 Plataforma de Prevención Social…………………………………………………………………………………………………… 43
Combate al delito de Trata de Personas………………………………………………………………………………... 44 Prevención en el Sector Educativo………………………………………………………………………………………….. 46
Sistemas de Información………………………………………………………………………………………………………………. 47 Sistema Video Protección Policial...……………………………………………………………….................................. 48 Impuesto al Banano………………………………………………………………………………………………………………………. 48 Reforma Integral del Ministerio de Seguridad Pública……………………………......................................... 48 Proyectos de Ley iniciativa del Despacho ministerial…………………………………………………………………….. 49
1. Proyecto: “Ley Fusión de los Ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía”……………………………………………………………………………………………………………..………...
49
2. Proyecto:“Reforma Ley General de Policía”…………………………………………………………………. 49
3. Proyecto: “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio Gobernación, Policía y Seguridad Pública”………………………………………………………………………………………….
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Epílogo………………………………………………..………………………………………………………………………………………... Anexos…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Agradecimiento
Este documento es producto de la experiencia adquirida durante mi gestión como
Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, y si bien ha requerido de
esfuerzo y dedicación por parte de la autora, su concreción, tal cual está, merece el
reconocimiento y agradecimiento especial a personas que han colaborado de diferentes
maneras en las etapas de formulación de esta Política: los Viceministros de
Gobernación, Policía y Seguridad Pública, especialmente la Licda. Ana Durán
Salvatierra; el Director General de la Fuerza Pública, Comisario Eric Lacayo Rojas;
los Directores de los Cuerpos Policiales y sus colaboradores; y la Licda. Raisa Bravo
García, Asesora del Despacho.
Es un esfuerzo colectivo en donde cada uno ha dado lo mejor de sí partiendo de
sus propias experiencias, adquiridas primordialmente a lo largo de estos últimos cuatro
años.
Finalmente, debo agradecer a mis seres queridos su apoyo y comprensión, para
cumplir con la misión que me ha sido encomendada al frente de este Ministerio.
Janina Del Vecchio U.
Ministra
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública
Octubre 2009
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Prólogo
En los últimos años se produjo un cambio cuantitativo y cualitativo en el
problema de la inseguridad ciudadana. El universo del delito y la violencia es totalmente
distinto al de diez años atrás, cuando no era considerado públicamente de tal gravedad
como lo es en la actualidad, y que podría eventualmente verse incrementado por la
situación de crisis mundial.
En sentido amplio, el concepto de seguridad ciudadana está relacionado con
cuestiones que exceden al delito, como lo son el mantenimiento y preservación de los
derechos personales y materiales, los derechos civiles y los derechos humanos. Es
mucho más que la acción policial o la prevención de los actos delictivos, e incorpora la
idea del Estado como garante del desarrollo humano y de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Cuando el Estado cumple adecuadamente con esa función, la prevención de la
conducta delictiva es un tema que queda relegado a un sector minoritario de la
población.
Las políticas integrales constituyen el instrumento principal para mejorar la
seguridad ciudadana y la pacífica convivencia, pero para ello, los órganos encargados de
definirlas deben partir de una prioridad nacional, de una visión sistémica de la
problemática que integre a todos los actores y formule nuevas dinámicas de gestión.
Convencida de que la seguridad es un derecho de todo ser humano, de que las
sociedades organizadas requieren de la clase política respuestas certeras de las fuerzas
de seguridad, y de que los eventos relacionados con esta materia requieren un nuevo
modelo de gestión en que el tema de la seguridad constituya una prioridad nacional,
presento este documento que es el resultado de muchas horas de trabajo conjunto, de
análisis y de reflexión; del uso del método científico para la toma de decisiones, pero
sobre todo, de la participación activa de los oficiales de la policía quienes con su
formación profesional y su experiencia policial han realizado aportes sustantivos.
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Introducción
A pesar de que para los inicios del siglo XXI la región había superado las guerras
internas y se generaron importantes procesos de democratización en los países, lo cierto
es que esto no significó la pacificación del área. La violencia social crece al igual que la
inversión en seguridad que realizan tanto las autoridades públicas como los particulares
que tienen los medios para contratar seguridad privada.
En el siglo XX el común denominador eran los conflictos internos y la guerrilla, y
el tema de los derechos humanos en general se focalizaba en la denuncia de
arbitrariedades por parte de los gobernantes de turno. Sin embargo, en este Siglo la
violencia es diferente y las autoridades luchan contra situaciones que generan conflictos
sociales de mayor complejidad que aquellos de naturaleza política de la centuria
anterior.
Por un lado, la condición económica, la desigualdad social, las limitadas
posibilidades de desarrollo; por otro, el narcotráfico, las pandillas y el tráfico de armas y
personas, todas formas de crimen organizado que conllevan a actos de delincuencia
cotidiana.
Estas situaciones constituyen factores de desarticulación que afectan
negativamente las relaciones de reciprocidad, solidaridad y la sana convivencia que debe
existir entre los ciudadanos, así como la confianza de éstos en el gobierno.
Dentro de este marco, las estrategias tradicionales de seguridad se han
encaminado a la formulación de soluciones relacionadas con el aumento del número de
policías, el incremento de las sanciones punitivas, penas más gravosas y la tipificación
penal de nuevas conductas establecidas como delitos. No obstante, a nivel mundial la
criminalidad y la percepción de inseguridad continúan en ascenso constituyendo una de
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las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y situándose como tema prioritario en las
agendas públicas y políticas.
De ahí la importancia de que los Estados no solamente adoptemos medidas para
proteger y sancionar los actos de violencia entre sujetos privados, sino también para
prevenir las potenciales violaciones a los derechos humanos, cometidas por acción u
omisión por parte de las autoridades públicas.
Si bien las estrategias de seguridad para combatir la delincuencia, elevar los
niveles de seguridad y afrontar de manera efectiva la percepción de inseguridad
ciudadana se han orientado hacia el endurecimiento de la sanción penal y el incremento
del número de agentes del orden y de las acciones represivas; lo cierto es que al abordar
el tema de la seguridad como una prioridad, debemos reconocer que el fenómeno de la
inseguridad responde a una serie de variables que escapan de la responsabilidad y
control único de las autoridades preventivas y represivas.
Desde este abordaje, la seguridad es una responsabilidad de la sociedad como un
todo.
Los desafíos radican entonces en cómo elaborar y ejecutar políticas que amparen
y den respuesta oportuna y eficaz a la lucha contra la inseguridad sin que con ello se
vulneren las garantías esenciales de los individuos infractores ni de los demás miembros
del grupo social. La seguridad debe ordenarse como una tarea del grupo social en su
conjunto, en la cual deben confluir todas las instituciones del Estado y la sociedad civil,
ya que las políticas en materia de seguridad tienen mayor posibilidad de éxito cuando
cuentan con el apoyo de la ciudadanía.
Debemos tener claro entonces el enorme reto que enfrentan las instituciones
encargadas de la seguridad ciudadana tanto en Costa Rica como en otros países:
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mantener un equilibrio que permita asegurar la convivencia pacífica y la credibilidad de la
población en el sistema de justicia, sin que esto signifique un detrimento en el carácter
civilista que debe tener la función policial. Ello porque la mejor prevención la constituye,
entre otros, la formulación de una política de seguridad ciudadana desde la perspectiva
del derecho al desarrollo.
Banff, Canadá. Septiembre 2008.
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Presentación
Para el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública es un deber
ineludible legar a las nuevas generaciones y en general, a la sociedad costarricense, un
nuevo modelo de gestión denominado: “Programa Nacional de Seguridad”, con el cual
se consolida, se institucionaliza y se hace efectivo el carácter civilista de las fuerzas
encargadas de la seguridad pública, cuyo punto de partida es la acción conjunta
Ciudadano-Estado.
El Programa tiene como fines: el efectivo ejercicio de la función policial; el
fortalecimiento de la seguridad preventiva como respuesta inmediata a los efectos del
fenómeno de la transnacionalización del delito; la recuperación de los espacios
seguros; una mejora en la percepción de seguridad por parte de los habitantes, y
finalmente, la recuperación de la paz, de la tranquilidad y de la seguridad pública.
“La paz requiere cambios formales, pero ante todo requiere cambios
sustanciales”, fueron las palabras del nuestro Presidente, Dr. Oscar Arias Sánchez, en
la IX Cumbre de la Alianza Global por los Ministerios y Departamentos de Paz,
efectuada en nuestro país en el mes de setiembre del 2009.
Y como afirma nuestro Premio Nobel de la Paz, solamente en el marco de una
cultura de paz, podremos para llegar a ser una sociedad pacífica, basada en la
comprensión, la armonía y la no violencia, lo cual pretendemos alcanzar con el
Programa Nacional de Seguridad.
Janina Del Vecchio Ugalde.
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I. SITUACIÓN DE LA REGIÓN
Latinoamérica tiene el más alto índice de desigualdad, incluso en comparación
con regiones de menor desarrollo social y con niveles de pobreza mayores.
El terrorismo, la delincuencia organizada
transnacional, las drogas, la corrupción, el
lavado de activos, el tráfico ilícito de
armas, la pobreza extrema y la exclusión
social están relacionados con factores de
desarrollo humano que afectan la
seguridad de nuestros habitantes y que
requieren de un abordaje multidimensional.
Declaración sobre Seguridad en las Américas, 2003
La “Declaración sobre Seguridad en las Américas” del año 2003 1, al reconocer en
la seguridad ese carácter multidimensional, hace eco de un nuevo enfoque hemisférico
que señala cómo la seguridad de los países y de la región reposa en las condiciones
propicias para el desarrollo humano.
Declara que la nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio incluye las
amenazas nuevas y las tradicionales, las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad,
1 Organización de los Estados Americanos. Aprobada en la Tercera Sesión Plenaria, celebrada el 28 de
octubre de 2003. Conferencia Especial sobre Seguridad en la Ciudad de México.
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incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al
desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, la promoción
y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la
soberanía nacional. Proclama la paz como un valor y un principio en sí mismo que se
basa en la democracia, la justicia, el reconocimiento de los derechos humanos, la
solidaridad, la seguridad y la observancia del derecho internacional. Con este nuevo
enfoque de seguridad se pretende contribuir a preservar esa paz a través del
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los Estados.
El problema de inseguridad que afecta a la región en general, también es una
realidad nacional con antiguas raíces y soluciones de tal complejidad, que requieren un
abordaje integral en el que confluyan los esfuerzos no sólo de las autoridades
gubernamentales de los tres Poderes de la República y de los gobiernos locales, sino
también de la comunidad organizada, los medios de comunicación y el sector
empresarial del país.
Consenso de Costa Rica, 2005: “El desarrollo sostenible y su cercano vínculo con la
paz y con la reducción del gasto militar.”
En el “Consenso de Costa Rica”, iniciativa impulsada por el Dr. Oscar Arias
Sánchez ante la Organización de los Estados Americanos para promover la inversión en
países de renta media, Costa Rica apuesta por la ecuación libertad de comercio,
inversión en educación y reducción del gasto militar.
El Dr. Arias Sánchez expresa que: “Es hora de que la comunidad financiera
internacional premie no sólo a quien gasta con orden, como lo ha hecho hasta ahora,
sino además a quien gasta con responsabilidad ética”.
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Se reconoce que las particularidades que existen entre los países no permiten una
solución única, pero muchas naciones en desarrollo pueden potenciar aún más su
combate contra la miseria, la violencia y la desigualdad, y los múltiples males que
normalmente les acompañan, reduciendo su gasto militar.
Este Consenso busca incentivar potencialidades basadas en una administración
más ética de los limitados recursos públicos disponibles, y se asienta sobre tres pilares
fundamentales:
1. El vínculo con el crecimiento económico, impulsando mercados competitivos,
abiertos, libres y ordenados por un sistema jurídico transparente.
2. El compromiso con el bien común, la educación y la inversión en capital humano,
que se traduce en políticas solidarias capaces de potenciar al individuo y sus
destrezas, y de apoyar a quienes sufren del rezago y la pobreza.
3. El empeño en la disminución del gasto militar, que permita redirigir esos recursos
hacia el fortalecimiento del capital humano y la creación de oportunidades para
nuestras familias.
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La pobreza y la desigualdad social están estrechamente relacionadas con la
violencia armada, con la delincuencia y el crimen organizado.
Costa Rica no escapa a esa realidad, y el carácter eminentemente civilista de
nuestras fuerzas de policía exigen alternativas distintas a los esquemas represivos, ya
que la experiencia nacional, regional y mundial ha demostrado que estos resultan
insuficientes para abordar el problema, y más bien la solución se encuentra en la
prevención integral.
Para ello es necesario visualizar la verdadera magnitud del fenómeno y generar
acciones efectivas de manera conjunta entre los diversos componentes del Estado, dentro
de un marco de respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad democrática de
nuestra sociedad y al reconocimiento del carácter social de la violencia.
Nuestro sistema democrático nos exige conciliar los valores de orden y seguridad
pública con el ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales. Partimos de
la base de que todas las personas pueden ejercer sus derechos libremente pero tales
derechos y libertades no pueden realizarse arbitrariamente, sino que es necesario
conciliarlos con los derechos y libertades de las demás personas y con las normas,
bienes y valores superiores del ordenamiento jurídico tanto interno como internacional.
En una democracia los derechos y libertades sólo pueden ser ejercidos a plenitud
en un contexto de confianza y tranquilidad social fundado en el pleno respeto al Estado
de Derecho y solo se legitima con políticas adecuadas de seguridad que fortalezcan la
gobernabilidad política y social, la reducción de las tasas de criminalidad y de la
comisión de delitos; lo que conlleva a un alza de los índices de confiabilidad en la
ciudadanía.
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La formulación de opciones para reducir el problema de la inseguridad ciudadana,
debe tomar en cuenta varios factores, como se expondrá de seguido.
Necesidad de una política nacional e integral de seguridad en Costa Rica
Como Estado debemos reconocer el carácter social del delito más allá de
supuestos y aproximaciones numéricas que centran su atención en soluciones tales como
el incremento en el número de policías o el endurecimiento de las penas privativas de
libertad. Para abordar el origen real del problema se requiere una orientación preventiva
desde la rectoría social, que le asegure a la población el disfrute de una vida plena, con
condiciones favorables para el desarrollo individual y colectivo.
Este planteamiento exige, por supuesto, un análisis rigurosamente científico de la
interacción de los factores sociales, económicos, institucionales, políticos y culturales
que motivan o disuaden al individuo de cometer actos delictivos, y que determinan los
agentes causantes del delito y de la inseguridad. De este modo es posible establecer
prioridades, comprometer recursos y utilizar los medios de acción apropiados para
reducir el potencial de delincuencia del país.
Una política efectiva de seguridad preventiva debe definir claramente los
diferentes actores institucionales y sociales y formular un trabajo conjunto basado en dos
elementos fundamentales:
a) La relación intersectorial con plataformas de coordinación claras.
b) La reforma integral de los instrumentos, estrategias y acciones, que impulse la
prevención del delito.
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Se trata de una política integral y transversal.
Esta formulación implica un giro en la forma de abordar la problemática de la
violencia social, propiciando una política nacional que atienda integralmente las causas
que la originan, a partir del ideal del desarrollo de estrategias de seguridad con rostro
humano.
En este proceso es necesaria la participación de la sociedad civil organizada,
activa y bien informada para influir, persuadir o afectar decisiones institucionales en
favor de la solución de problemas generales o focalizados de inseguridad, lo cual
constituye un elemento fortalecedor de nuestra democracia.
Asimismo, la comunidad organizada debe ser partícipe del proceso de ejecución
de estas estrategias, no sólo como ente fiscalizador del cumplimiento de las metas, sino
también como instancia que comparte responsabilidad en la medida en que ha sido
actora en el proceso, al igual que los medios de comunicación colectiva y la influencia
en la percepción de seguridad que pueda tener la ciudadanía.
A partir de este concepto se desarrolló un modelo de gestión y de responsabilidad
en materia de prevención, ya que dentro de un marco democrático y respetuoso de los
derechos humanos como el nuestro, la represión no puede constituirse en la política o
pilar de la lucha contra la inseguridad ciudadana, aunque sí debe ser un componente
importante cuando nos referimos, por ejemplo, a la lucha contra el crimen organizado.
Tres estadios en materia de prevención
El abordaje de la seguridad ciudadana desde la perspectiva de la prevención debe
realizarse considerando especialmente tres momentos:
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1. La prevención debe orientarse hacia la resolución de las situaciones carenciales
que inciden en la generación de acciones delictivas, procurando una socialización
más acorde con los objetivos del sector.
2. Cuando se produce el conflicto criminal en perjuicio de un sector social
determinado, deben formularse mecanismos de ubicación y contención de los
grupos o individuos más vulnerables y en riesgo de protagonizar actos criminales.
Estos mecanismos de prevención los ejerce la policía preventiva y represiva, la
política legislativa y los tribunales de justicia. Prevalece el modelo penal o
punitivo, es decir, el del control de las calles, la prevención policial, las leyes y las
políticas criminales que disminuyan la impunidad.
3. La ejecución de medidas encaminadas a prevenir la reincidencia mediante la
reintegración social y el tratamiento, así como la prestación de servicios de apoyo
a las víctimas, en la cual el engranaje social “Estado-Comunidad”, vuelve a
tomar un papel preponderante.
Este enfoque permite visualizar a la delincuencia como un problema social y no
en forma individual y aislada, y genera los mecanismos para conocer y enfrentar el
fenómeno de acuerdo con sus características y consecuencias, para reducir los riesgos
criminales. Por otro lado, exige bases confiables de información, un sistema de datos
estadísticos con validez científica que permita a los investigadores contar con elementos
estadísticos verídicos.
Exige además, modernización administrativa y profesionalización, con servidores
públicos idóneos para el desarrollo de las actividades que exige la función pública; así
como mecanismos de control y evaluación del desempeño, la rendición de cuentas y la
evaluación ciudadana constante.
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Más importante aún, exige de las instancias decisoras una visualización de
resultados a largo plazo, que no siempre es redituable en una agenda política porque no
genera la respuesta inmediata en materia de prevención y persecución del delito, que en
la mayoría de los casos exigen la opinión pública y los medios de comunicación.
Bajo esta óptica, las instituciones del Sector Público, los gobiernos locales, las
instituciones religiosas y las comunidades organizadas, deben ser parte de una solución
integral que requiere de un gran esfuerzo mancomunado y de visión a mediano y largo
plazo.
Asimismo, resulta indispensable contar con el presupuesto mínimo necesario para
enfrentar el fenómeno delincuencial. Es conocido que del Producto Interno Bruto (PIB)
de nuestro país, solamente se destina un 0.5 % para el tema de seguridad ciudadana, y la
experiencia ha demostrado que ese rubro no es suficiente para desarrollar una política de
seguridad efectiva y que responda a las necesidades reales. Por lo anterior, se hace
necesario incrementar ese porcentaje de manera escalonada, en un 0.25 % anual, de
manera que en el plazo de dos años podamos contar con un 1 % del PIB para destinarlo
a la seguridad pública.
Este proceso de atención presupuestaria en seguridad pública debe realizarse de
una manera sostenida en el tiempo, para que su incremento no sólo llene los grandes
vacíos actuales, sino para que se atiendan las necesidades actuales y futuras relacionadas
con los diversos tipos de criminalidad que surgen con la evolución de los tiempos.
Igualmente, es necesario que las municipalidades de cada cantón destinen un 5 %
del monto recaudado por conceptos de tributos, a los planes de seguridad dentro de sus
respectivas competencias locales. Solamente de esa manera podremos hablar de un
verdadera integralidad en las labores que deben desplegar los diferentes sectores
involucrados en la materia de seguridad.
Desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, una de las alternativas
importantes será el impulso de proyectos de desarrollo comunal vinculados con la
seguridad, como es el caso de las alianzas estratégicas con la Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), para impulsar la creación de espacios
seguros y la construcción de delegaciones policiales.
II. POLÍTICA NACIONAL E INTEGRAL DE SEGURIDAD
En una democracia, los derechos y libertades sólo pueden ser ejercidos a plenitud
en un contexto de confianza y tranquilidad social, fundado en el pleno respeto al Estado
de Derecho, y se legitima con políticas adecuadas de seguridad que fortalezcan la
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gobernabilidad política y social, y la reducción de las tasas de criminalidad; lo que
conlleva a un alza de los índices de confiabilidad en la ciudadanía.
Las políticas en materia de seguridad son realmente eficaces y exitosas cuando
cuentan con el apoyo ciudadano, es decir, cuando la ciudadanía considera que dichas
políticas disminuyen tanto el problema real como la percepción del fenómeno
delincuencial.
Las políticas en materia de seguridad deben cumplir ciertas características básicas:
Por tratarse de políticas integrales por excelencia, requieren ordenarse como una
tarea de todos los sectores involucrados. En este grupo deben confluir todas las
instituciones del Estado y la sociedad civil.
Para su implementación se requiere ineludiblemente la participación de los grupos
que hayan participado en su diseño para dar cumplimiento, concretar y operativizar los
acuerdos que se elaboren en la generación y diseño de propuestas y estrategias.
Desde la perspectiva de la ciudadanía el tema es complejo sobre todo porque
afecta a los individuos en dos sentidos: como principales destinatarios de la tutela del
Estado y al mismo tiempo como objeto de la sanción penal en caso de cometer acciones
contrarias a la ley.
La formulación de las políticas debe realizarse superando la mirada sectorial de
ministerios y demás instituciones, para avanzar hacia la generación de políticas públicas
transversales, y deben elaborarse en escenarios siempre cambiantes debido al acelerado
desarrollo de los procesos de globalización y apertura económica, pero con políticas de
corto, mediano y largo plazo.
El logro de los objetivos demanda una renovación del Sector Público, que asegure
la excelencia profesional en su gestión y en los procesos de evaluación de sus resultados
con base en metas e indicadores inteligentes.
Debe considerarse además, la implementación de incentivos y consecuencias
asociados a los resultados, la consolidación de la transparencia y el acceso a la
información.
Asimismo, deben tomarse en cuenta factores como:
La preponderante relevancia del tema de la seguridad entre las principales
aspiraciones de la población.
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La gravedad de los intereses sociales y personales que están en juego, tanto para
víctimas como para victimarios.
La presión que genera la demanda pública y política.
La necesidad de asegurar el uso eficiente de los recursos y la rentabilidad social
de los mismos.
La importancia de equilibrar el impulso de politizar el tema en el debate público.
Es así como las políticas integrales en materia de seguridad ciudadana como
prioridad nacional deben definirse en cuatro niveles:
1. Políticas del Estado determinadas por el ordenamiento jurídico.
2. Políticas nacionales en el ámbito de la seguridad, que puedan ser fácilmente
trasladadas a las instituciones involucradas.
3. Políticas institucionales coordinadas, que permitirán definir en el ámbito de
gestión, los mecanismos para optimizarlas y establecer los planes generales de
acción en las diversas instituciones involucradas.
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4. Políticas institucionales específicas, ya que cada una ha desagregado dichos
planes y los ha convertido en programas, proyectos y procesos de gestión.
Estos procesos podemos visualizarlos en la siguiente ilustración:
Seguridad CiudadanaLa seguridad es cosa de todos
Nuevo Paradigma de SeguridadUn enfoque civilista en el ejercicio de la Seguridad
ConsejoNacional Seguridad
Pública
Ampliado-Policías Administrativas-Poder Judicial- Instituciones de Gobierno
Visión Integral
Prioridad de Estado
ReplantearGestión POLÍTICAS
RedefinirSector Seguridad
Preventivo Represivo
Ministerio de Seguridad Pública: Nuevo Régimen de Gestión y Responsabilidad Policial
PROCESOS PARALELOS
-Reinserción de policías en función policial-Adaptación del Régimen Disciplinario al modelo-Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria
Dirección Generalde la Fuerza
Pública
Control Ciudadano(Actores Relevantes)
Comunidades
-Comités deSeguridadComunitaria
Gruposorganizados Seguridad Comercial
- Comercio-Banca-Transportes-Turismo
Control
Cu
arto
Niv
elS
egu
ndo
Niv
el
Efectivo EjercicioFunción Policial
Policía de Seguridad Comunitaria, Comercial y
Turística
Pla
nif
icac
ión
Con
trol
Planificación
Contraloría Servicios
Primer Nivel: Políticas del Estado determinadas por el ordenamiento jurídico
Estructura Policial Distrital
Tercer Nivel: Políticas Institucionales coordinadas e Integrales
Por otro lado, exige bases confiables de información, un sistema de datos estadísticos
con validez científica que permita a los investigadores contar con elementos estadísticos
verídicos.
Primer nivel: Políticas del Estado determinadas por el ordenamiento jurídico.
Son los preceptos constitucionales, los tratados internacionales y las normas de la
Comunidad Centroamericana; las leyes y los demás actos con valor de ley; los decretos
del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la
materia de su competencia; los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y
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los reglamentos de los entes descentralizados; las demás normas subordinadas a los
reglamentos; y la doctrina vinculante. (Artículo 6 de la Ley General de la
Administración Pública)
Dentro de este marco y para el desarrollo del Programa Nacional de Seguridad, se
ha tomado en cuenta fundamentalmente la siguiente referencia normativa:
Constitución Política.
“Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades
no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución
y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los
medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema
que cubra todas las instituciones públicas.”
“Artículo 12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y
conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas
militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar,
ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.”
“Artículo 21.- La vida humana es inviolable.”
“Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias
o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las
leyes.”
“Artículo 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la
República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores.”
“Artículo 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de
la República:
(…)
3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
(…)”
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“Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al
Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
(…)
3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto
cumplimiento;
(…)
6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias
para el resguardo de las libertadas públicas;
(…)
8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;
(…)
16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país;
(…)
20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta
Constitución y las leyes.”
“Artículo 168.- Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se
divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá
establecer distribuciones especiales.
(…)”
“Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón,
estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por
regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará
la ley.”
Ley General de la Administración Pública, N° 6227.
“Artículo 21.-
1. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado serán: El
Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno.
2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el Ministro del ramo.”
“Artículo 25.-
1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán las atribuciones que
conjuntamente les señala la Constitución Política y la ley.
2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder Ejecutivo, el
Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio, sin perjuicio de la
potestad del Presidente de la República para avocar el conocimiento, conjuntamente con
aquél, de cualquiera de los asuntos de su competencia.”
23
“Artículo 26.-
El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las siguientes atribuciones:
a) Las indicadas en la Constitución Política;
b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en
su total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada;
(…)
h) Las demás que señalen las leyes.”
“Artículo 27.-
1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la República las
atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y dirigir y coordinar la
Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada, del respectivo ramo.
(…).”
“Artículo 28.-
1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley, decretos,
acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente
relativos a las cuestiones atribuidas a su Ministerio;
c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el Presidente de la
República, los proyectos de ley a que se refiere el inciso anterior;
(…)
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.”
Ley General de Policía, N° 7410.
“Artículo 1.- Competencia. El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de
lo estipulado en el Título IV de la presente Ley. Al Presidente de la República y al
ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el
orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el
libre disfrute de las libertades públicas.”
“Artículo 2.- Fuerzas de policía y carácter de sus miembros. Para la vigilancia y la
conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias. Sus
miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad. Deberán
observar y cumplir, fielmente, la Constitución Política, los tratados internacionales y las
leyes vigentes.”
24
“Artículo 3.- Subordinación al poder civil. Las fuerzas encargadas de la seguridad
pública tendrán carácter eminentemente policial y estarán subordinadas al poder civil. El
armamento y la organización de estas fuerzas serán los propios y adecuados para el buen
desempeño de la función policial. Sus miembros deberán abstenerse de deliberar o
manifestar proclamas al margen de la autoridad civil de la cual dependen.”
“Artículo 4.- Funciones. Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se
encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de
delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el
ordenamiento jurídico.”
“Artículo 5.- Deber de colaboración y apoyo de las comunidades. Todo ciudadano está
obligado a abstenerse de cualquier acto que dificulte o perturbe el cumplimiento regular
de las funciones policiales.”
“Artículo 8.- Atribuciones. Son atribuciones generales de todas las fuerzas de policía:
a) Resguardar el orden constitucional.
b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República.
c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía.
d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público.
e) Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, en procura de la debida
coordinación, de conformidad con las instancias y los órganos previstos al efecto.
f) Actuar, supletoriamente, en la realización de los actos de emergencia necesarios,
cuando se enfrenten a situaciones que deban ser atendidas por algún cuerpo policial
especializado.
(…)
h) Colaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría
General de la República y la Contraloría General de la República, en todas las
actuaciones policiales requeridas y remitirles los elementos probatorios y los informes
del caso, según corresponda.
i) Colaborar en la prevención y la represión del delito, sobre bases de reciprocidad, con
las organizaciones internacionales de policía, de conformidad con los convenios
vigentes.
j) Auxiliar a las comunidades, las municipalidades y las organizaciones de servicio
público y colaborar con ellas en casos de emergencia nacional o conmoción pública.
(…)
l) Llevar los libros de registro necesarios, en los que constarán: las operaciones
policiales, los responsables de esas actividades, la nómina completa del personal que
intervenga en cada operativo, patrullaje o acción policial, los datos personales, las horas
de ingreso y egreso de los detenidos, así como otros datos que sirvan para el adecuado
control de esas operaciones.
25
(…)
ñ) Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, para el cumplimiento
de lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento.
o) Las demás atribuciones señaladas en la Constitución Política, los tratados
internacionales, las leyes y sus reglamentos.”
“Artículo 10.- Principios fundamentales. En el cumplimiento de sus funciones, los
miembros de las fuerzas de policía deberán respetar las siguientes normas:
a) Observar la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes.
b) Acatar los trámites, los plazos y los demás requisitos, exigidos en el ordenamiento
jurídico para la tutela de las libertades y los derechos ciudadanos.
c) Actuar responsablemente y con espíritu de servicio. En todo momento, mantener la
más estricta neutralidad político-partidista y ser imparciales, para evitar intervenciones
arbitrarias o discriminatorias.
Además, proteger las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y los derechos
humanos.
d) Emplear la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que se
requiera para el desempeño de sus funciones.
(…)
n) Cumplir con las demás funciones previstas en el ordenamiento jurídico.”
“Artículo 11.- Constitución. Créase el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que
estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, por los titulares de
los Ministerios de la Presidencia, de Justicia y Gracia, de Gobernación y de Seguridad
Pública, así como por cualquier otro miembro que incluya el Presidente de la
República.”
“Artículo 12.- Atribuciones. El Consejo Nacional de Seguridad Pública definirá las
políticas generales de los diversos cuerpos de la policía, de conformidad con las
directrices del Presidente de la República.”
“Artículo 48.- Comités de barrio. La municipalidad respectiva podrá nombrar comités
encargados de colaborar en las tareas de la seguridad de los barrios.”
Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, N° 5524.
“Artículo 1º.- Créase el Organismo de Investigación Judicial dependiente de la Corte
Suprema de Justicia, con jurisdicción en toda la República. Tendrá su sede en la ciudad
de San José, pero se podrán establecer las delegaciones provinciales o regionales que se
estimen convenientes, a juicio de la Corte.
26
Será auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y
verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Será, asimismo,
cuerpo de consulta de los demás tribunales del país.”
“Artículo 2º.- El Organismo de Investigación Judicial cumplirá con las funciones de
policía judicial, que ésta y otras leyes le atribuyan, y deberá también ejecutar las órdenes
y demás peticiones de los tribunales de justicia.”
“Artículo 3º.- El Organismo de Investigación Judicial, por iniciativa propia, por
denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de
acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias
ulteriores, a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a
reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios
para la investigación.
(…)”
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. Decreto Ejecutivo N° 34582 del
04/06/2008, publicado en La Gaceta N° 126 del 01 de julio del 2008.
“Artículo 1.- Poder Ejecutivo. La Administración Superior del Estado estará conformada
por el Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de
Gobierno.
El Poder ejecutivo lo forman el Presidente de la República y el Ministro del ramo.
El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la República y los
Ministros, con o sin cartera, o en su caso, los Viceministros en ejercicio de los cargos de
Ministros.
(…)”
Artículo 2.- Sectores y clasificación. Entiéndase por sector el conjunto de instituciones
agrupadas por materia según su propia competencia y dirigido por uno o varios
Ministros Rectores.
El Poder Ejecutivo se divide en los siguientes sectores:
a) El Sector Social y de Lucha Contra la Pobreza;
b) El Sector Productivo;
c) El Sector Educativo;
d) El Sector Salud;
e) El Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones;
f) El Sector Financiero;
g) El Sector Cultural;
h) El Sector Infraestructura y Transportes;
27
i) El Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito;
j) El Sector Ciencia y Tecnología;
k) El Sector Trabajo y Seguridad Social;
1) El Sector Comercio Exterior;
m) El Sector Turismo;
n) El Sector Política Exterior;
o) El Sector Coordinación Gubernamental y
p) El Sector Política Monetaria y Supervisión Financiera.”
“Artículo 5.- Ministros Rectores. Corresponderá a los Ministros Rectores, dirigir y
coordinar la realización de las estrategias y las políticas públicas sectoriales de la
administración tanto central como descentralizada. Para ello se establecen las siguientes
rectorías:
(…)
i) El Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito estará bajo la rectoría de
los Ministros de de Justicia y Gracia, de Seguridad Pública y de Gobernación;
(…).”
“Artículo 6.- Ministro Rector. Corresponderá al Ministro Rector:
a) Aprobar conjuntamente con el Presidente de la República el Plan Sectorial de
Gobierno para su respectivo sector, en concordancia con en el Plan Nacional de
Desarrollo.
b) Dirigir y coordinar las políticas sectoriales en las diversas instituciones que
componen el sector.
c) Dirigir y coordinar la respectiva Secretaría Sectorial.
(…)
e) Velar porque las instituciones del sector respondan adecuadamente a los objetivos
sectoriales, así como a las directrices en materia de política sectorial.
f) Autoevaluar la eficiencia y eficacia de los resultados obtenidos por las instituciones
en la ejecución de las estrategias y las políticas sectoriales.
g) Establecer mecanismos para integrar de manera participativa, las opiniones de
distintos grupos de interés en asuntos de importancia y vinculación sectorial.
(…)”
Informe No. DFOE-PGA-62/2007. Emitido por la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativo, Área Servicios Públicos Generales y Ambientales, de la
Contraloría General de la República, en fecha 20 de diciembre del 2007: “Informe
con los Resultados del Estudio Efectuado sobre Políticas Públicas en Materia de
Seguridad Ciudadana.”
28
Segundo nivel: Políticas nacionales
El Consejo Nacional de Seguridad, como Órgano colegiado encargado de definir
las políticas generales de conformidad con las directrices del Presidente y como
mecanismo de coordinación, desde el plano general es el llamado a velar por la
integralidad de la política de seguridad pública nacional, ampliando su integración a
todo el Sector Seguridad, inclusive a instituciones que no ostentan propiamente
naturaleza policial, pero que guardan una vinculación importante y necesaria con esta
materia.
La constitución actual del Consejo Nacional de Seguridad incluye únicamente
instituciones del Poder Ejecutivo, dejando de lado al Poder Judicial y a las
municipalidades, lo que impide contar con una visión y política integral de la seguridad.
Para lograr este objetivo, el Sector debe replantearse incorporando al Poder Judicial
(representado por el Organismo de Investigación Judicial) y a la Policía Municipal, sin
que ello implique atentar contra la autonomía de éstos, ni contra el precepto de
separación de poderes, ya que ante todo debe privar el principio de unidad estatal
garantizado constitucionalmente. Este principio se desarrollará mediante efectivos
mecanismos de coordinación.
El plano superior, que es el primer nivel de abordaje, contiene los procesos que
debe implementar el Estado como instancia política superior, para lograr una gestión
eficiente e integral que permita la formulación de una política de Estado coherente y
acorde con los principios inherentes a un Estado de Derecho como el nuestro, la cual
debe verse reflejada no sólo en la legislación vigente nacional e internacional, sino
también en la formulación de propuestas o reformas a la misma.
Desde el seno del Consejo Nacional de Seguridad se definirán las políticas
nacionales de seguridad que permitirán redefinir el Sector Seguridad en las áreas
preventiva y represiva. La preventiva incluye temas relacionados con el acceso a la
educación, al deporte y a la recreación, a la salud, a la preservación del ambiente,
fuentes de trabajo, la construcción de espacios seguros, la socialización de la vivienda, el
bienestar social y la calidad de vida, entre los principales. La parte represiva debe
garantizar el acceso a la justicia pronta y cumplida para todos.
En el campo estrictamente operativo policial, si bien los métodos de trabajo de la
policía preventiva difieren de los de la policía represiva, lo cierto es que debe existir
coincidencia en los objetivos. La política en materia de prevención y la política de
persecución criminal deben armonizarse y converger en la búsqueda de la disminución
29
de la delincuencia común y del crimen organizado. Esta convergencia requiere
mecanismos eficientes y eficaces de coordinación y comunicación.
Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad debe disponer de una estructura,
funciones y presupuesto, es decir, debe integrar una verdadera plataforma de gestión,
con al menos los elementos necesarios para su operación real y eficiente. Asimismo, en
lo que se refiere específicamente a la formulación de políticas, debe contar con el apoyo
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que como instancia
técnica brinde los insumos necesarios para la elaboración de una verdadera política
nacional en materia de Seguridad Ciudadana.
Tercer nivel: Políticas institucionales coordinadas
Este nivel está conformado por los diversos sectores involucrados, quienes
desarrollarán de manera integral y coordinada las políticas generales de seguridad
definidas por el Consejo Nacional de Seguridad de conformidad con las directrices del
Presidente de la República.
Se establecerán tanto las políticas de prevención social integral, como aquellas
dirigidas a la represión de las conductas delictivas. Ambas, en el marco de la
coordinación interinstitucional.
Este desarrollo también será caracterizado por reformas modernizadoras de
nuestras instituciones policiales, permitiendo su apertura a la ciudadanía; el aumento de
niveles de transparencia y la adopción de todas aquellas medidas que permitan un
accionar policial eficiente y la consecución de los objetivos formulados desde el plano
superior.
Cuarto nivel: Políticas institucionales específicas
Este nivel contiene la formulación de políticas a nivel de instituciones, las cuales
concretizan y operativizan aquellas fijadas en el plano intermedio, que a su vez son el
resultado de las políticas nacionales de seguridad emitidas por el Consejo Nacional de
Seguridad. Los planes estratégicos de acción de cada institución deben contemplar el
factor seguridad ciudadana.
En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, hemos desarrollado un modelo de
gestión y responsabilidad policial cuyo marco conceptual se desarrolla en la segunda
parte de este libro, y que consiste en un plan de acción que integra a la sociedad civil y
especialmente las comunidades organizadas, quienes juegan un papel trascendental, ya
30
que participarán activamente con las instituciones del Estado en los procesos de
formulación y ejecución de las políticas, en la fiscalización de las labores que se
realicen, así como en la evaluación del cumplimiento de las metas que genere ese
proceso nacional.
Por último, es importante destacar que dentro de esta estructura, los medios de
comunicación colectiva constituirán un pilar fundamental durante la formulación de las
políticas y deberán compartir la responsabilidad cuando el grado de percepción de
inseguridad sea muy superior a los índices reales de delincuencia.
Solo a partir de este esquema se puede desarrollar un modelo de gestión y
responsabilidad en materia de verdadera seguridad humana.
Vista aérea M.S.P.
III. LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADO COSTARRICENSE
Nuestro país desarrolló su modelo de seguridad apoyado en el desarme unilateral,
y particularmente, en una política exterior cuyo objetivo fundamental fue la promoción
de los principios democráticos del Estado costarricense.
31
En el ámbito nacional, a diferencia de muchos países del área-, no se recurrió a las
fuerzas armadas para la resolución de los conflictos internos. Más bien se favoreció un
esquema de desarrollo con importante inversión en el ámbito social y el fortalecimiento
de las instituciones democráticas, entre ellas, los órganos institucionales llamados a
resolver conflictos o facilitar los medios para dirimir las divergencias.
La conceptualización de este modelo condujo a que las instituciones policiales de
Costa Rica se desarrollaran con niveles mínimos de profesionalización, especialización
y eficiencia técnica; particularmente, debido a que el diseño del modelo policial
costarricense se construyó pensando en evitar que su naturaleza, única institución
armada en el país dada la abolición del ejército como institución permanente, la
convirtiera en una amenaza para nuestras instituciones democráticas.
32
Desafortunadamente, dentro de este esquema, en la segunda mitad del Siglo XX la
inversión en seguridad no se consideró una prioridad, y para finales del mismo Siglo los
índices de criminalidad aumentaron significativamente.
Las medidas y esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la delincuencia no
fueron suficientes frente a una criminalidad cada día más organizada. Es así como desde
ese momento, tanto las encuestas como las estadísticas de las instituciones
especializadas y los medios de comunicación, señalan con regularidad el creciente
sentimiento de inseguridad que vive la ciudadanía. Sin embargo, como ya ha quedado
evidenciado, la seguridad pública no es sólo un problema de los cuerpos policiales.
La colaboración de todos los actores sociales resulta de extrema urgencia,
especialmente cuando vemos que las debilidades en este tema son fuente de una
violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la tranquilidad, la libertad y el
derecho a la justicia de las personas y, en general, el derecho de todos los habitantes, a
llevar una vida libre de temores y sobresaltos.
Consejo Nacional de Seguridad
La Administración Arias ha venido desarrollando los compromisos adquiridos por
nuestro país en los planos nacional e internacional, y plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo, con las recomendaciones que en materia de Seguridad Ciudadana han
señalado la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional, la Defensoría de
los Habitantes y varios sectores de la sociedad civil.
Desde el Consejo Nacional de Seguridad se han fijado las políticas de seguridad
enfocadas principalmente hacia los siguientes aspectos:
Generar los espacios para lograr una institucionalidad adecuada para la
conducción de la política pública, que integre a todos los sectores relacionados
con el tema.
Establecer mecanismos para generar y compartir información válida, oportuna,
transparente y confiable para la toma de decisiones entre las instituciones
encargadas de la seguridad del país.
33
Impulsar la prevención de la actividad delictiva, interviniendo en las condiciones
sociales o ambientales que permitan la disminución de la violencia y la comisión
de hechos delictivos.
Fomentar el control y sanción eficaz de diversas actividades ilícitas mediante la
propuesta de legislación acorde con la realidad actual.
Promover la rehabilitación de los delincuentes y generar programas de prevención
en las poblaciones vulnerables.
Generar espacios y mecanismos de ayuda y apoyo a las víctimas.
Desde esta perspectiva, podemos citar las siguientes acciones:
1. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y los Ministerios de Gobernación y Policía
y Seguridad Pública como integrantes del mismo, han puesto especial énfasis en la
coordinación con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Bajo esta línea se creó la
Comisión de Alto Nivel con la participación de los Ministros de la Presidencia,
Seguridad Pública, Justicia y Gracia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el
Fiscal General de la República y el Director del Organismo de Investigación Judicial.
2. El Presidente de la República Dr. Oscar Arias Sánchez, tomó la decisión de fortalecer
al Organismo de Investigación Judicial con la creación de 500 nuevas plazas
policiales y la compra de vehículos, con una inversión de 7 mil millones de colones.
De igual forma se fortalecerá el presupuesto del Ministerio Público para contratar un
número suficiente de fiscales, en áreas esenciales como la lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico.
3. Se han desplegado acciones gubernamentales dirigidas a disminuir la pobreza
mediante programas como “Avancemos”; se han realizado esfuerzos por mejorar los
ingresos a los pensionados o asalariados de bajos recursos; se han generado
oportunidades de vivienda digna; se ha procurado que el mayor número de niños,
adolescentes y adultos reciban educación; entre otras. Estas acciones constituyen
pilares fundamentales para brindar a la sociedad costarricense igualdad de
oportunidades, al tiempo que incide directa y positivamente en la reducción de los
índices de delincuencia, y en el incremento de la percepción de seguridad.
34
4. El Ministerio de Justicia y Gracia también ha desarrollado políticas con el propósito
de abordar y enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana desde la prevención
de la violencia.2
5. Para este año 2009, el Ministerio de Hacienda aprobó el Ministerio de Seguridad
Pública 700 plazas policiales, y otras 700 para el próximo 2010.
6. En cuanto a la Asamblea Legislativa, diversas Comisiones se han abocado al estudio,
análisis y remisión al Congreso, de importantes Proyectos que tienen como objetivo
fundamental contrarrestar la criminalidad y la violencia en el país, y que ya son ley de
la República. Entre las más relevantes:
Ley Contra la Delincuencia Organizada, N° 8754, publicada en el
Alcance N° 29 de La Gaceta N° 143 del 24 de julio del 2009.
Ley para el Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N°
8719, publicada en La Gaceta N° 52 del 16 de marzo del 2009.
Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en
el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al
Código Penal, N° 8720, publicada en La Gaceta N° 77 del 22 de abril del
2009.
Ley General de Migración y Extranjería, N° 8764, publicada en La
Gaceta N° 170 del 01 de setiembre del 2009.
7. El Consejo Nacional de Migración del Ministerio de Gobernación y Policía, con la
colaboración del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) se ha abocado
a la elaboración de un documento sobre políticas migratorias, mediante el cual se
busca conciliar las políticas de integración de la población migrante con aquellas
relacionadas con el control de nuestras fronteras y de medidas de control de ingreso
de extranjeros con antecedentes penales.
Principales logros del Modelo de gestión y responsabilidad policial del Ministerio
de Seguridad Pública
Las políticas definidas por el Consejo Nacional de Seguridad y desarrolladas de
manera integral y coordinada por las instituciones del Sector, bajarán a un nivel staff
2 Oficio del Ministerio de Justicia y Gracia DMJ-195112-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008.
35
denominado “Consejo de Oficiales Superiores”, integrado por los Altos Mandos
Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, y dependiente del Despacho ministerial.
Este Consejo será el encargado de operacionalizar las políticas provenientes del
Consejo Nacional de Seguridad. Asimismo, fungirá como órgano asesor del Despacho
en materia de seguridad y generará las políticas y directrices generales de organización,
funcionamiento y desarrollo de los cuerpos policiales de la Institución; definirá los
lineamientos para el diseño y ejecución de los programas de formación, capacitación y
entrenamiento policiales; emitirá lineamientos que generen condiciones favorables para
la adecuada promoción, humana, social y profesional de todos los miembros de los
Cuerpos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, entre otros.
Distritalización Policial
Partiendo de lo expuesto hasta el momento, y buscando la consonancia y la
correlación con los objetivos propuestos, iniciamos un giro trascendental en la forma de
abordar la problemática de la violencia social. Así, he impulsado la reconceptualización
integral del quehacer del Ministerio de Seguridad Pública, reforzando la participación
activa y dinámica de los ciudadanos y de las comunidades, como medio idóneo para
mantener acciones incluyentes en el tema de la seguridad.
El proceso ha humanizado y ha tornado más eficaz la respuesta del Estado, con la
capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales mediante una formación
integral y respetuosa del orden legal y de los derechos humanos de la ciudadanía; la
dignificación de la actividad policial; la evaluación constante de medios y resultados
mediante la rendición de cuentas a la comunidad; el planeamiento estratégico de sus
labores en estricta coordinación con la comunidad organizada; la adopción, por parte de
36
los cuerpos policiales, de códigos de conducta o ética y el desarrollo de mecanismos que
resuelvan de forma no violenta los problemas entre los ciudadanos, a través de la
mediación o solución pacífica de los conflictos.
En este sentido, la Distritalización Policial constituye uno de los proyectos más
importantes que como Ministra he venido impulsando y que cristaliza los primeros pasos
hacia una reforma integral de la gestión policial y de su interactuar con la comunidad
costarricense.
El objetivo fundamental de este plan consiste en mantener de forma sostenida los
recursos asignados en cada una de las unidades distritales, establecer acciones concretas
en lugares estratégicos, analizar la incidencia delictiva actualizada y valorar los
resultados obtenidos, entre el Jefe Distrital, el Delegado Cantonal, el Subdirector
Regional y Oficiales de Planes y Operaciones.
La nueva concepción de la seguridad en Costa Rica replantea el rol del oficial en
su interactuar con las diversas instituciones a nivel local, y sobre todo, parte de la
consolidación de redes funcionales en pro de la comunidad, implementando procesos de
retroalimentación constante basadas en una serie de principios doctrinales y operativos.
El nuevo modelo de atención policial se basa fundamentalmente en la relación que
se pueda generar y fortalecer mediante la interacción entre los oficiales de la Fuerza
Pública y las comunidades, con el fin de crear procesos auto - referenciales en favor de
la seguridad ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
37
Un elemento esencial es la concepción integral del servicio policial, donde la
figura del policía deja de ser un agente externo a las comunidades para convertirse en un
eje transversal de las diversas actividades y dinámicas comunales, y del entramado
social de las mismas.
Este nuevo Modelo de Gestión y Responsabilidad Policial implementado por el
Ministerio de Seguridad Pública, amparado a la planificación y control ciudadano como
mecanismo de verificación de la gestión policial, optimiza el recurso humano y material
con que cuenta el Ministerio de Seguridad Pública e incorpora a la sociedad civil como
un recurso más en la gestión policial, bajo un enfoque civilista en el ejercicio de la
seguridad.
Así las cosas, dentro de este plan específico existen dos actores: el Ministerio de
Seguridad Pública y la ciudadanía organizada, la cual a su vez participará en dos niveles:
las comunidades organizadas y los grupos organizados, tales como, comercio, banca,
transporte y turismo.
En cuanto a las comunidades, la organización será a nivel distrital, base de la
estructura de la gestión policial. Cada distrito estará representado por los diferentes
comités de seguridad comunitaria, que serán los encargados de elaborar, junto con la
policía municipal respectiva, los planes comunales de seguridad, insumo elemental para
la formulación de los planes de seguridad distritales a cargo del Ministerio de Seguridad
Pública.
Para ese efecto, los planes comunales deberán contener un diagnóstico situacional
y particular del fenómeno de la delincuencia en cada comunidad y la estrategia para
enfrentar la problemática (acciones, recursos, plazos y responsables).
38
En cuanto a los Grupos Organizados, se deberán formular planes y estrategias de
seguridad a nivel nacional en las áreas de comercio, banca, transportes y turismo.
Partiendo de lo anterior, la ciudadanía organizada tendrá la responsabilidad de
ejercer el control ciudadano del efectivo ejercicio de la función policial, contenido en los
planes de seguridad distrital que implementará la estructura policial de cada distrito,
utilizando como enlace la Oficina de Contraloría de Servicios del Ministerio de
Seguridad Pública, misma que deberá redimensionarse en función de las necesidades de
este nuevo modelo de gestión.
El mismo enlace será utilizado por los Grupos Organizados para ejercer el control
sobre la Policía de Seguridad Comunitaria, Comercial y Turística, como encargados de
velar por el efectivo ejercicio de la función policial contenida en los planes de seguridad
respectivos, implementados por funcionarios policiales de la Dirección General de la
Fuerza Pública.
Por parte del Ministerio de Seguridad Pública, como uno de los principales actores
del modelo, será la Dirección General de la Fuerza Pública el ente responsable de la
planificación y control de las estructuras internas de gestión necesarias para la
implementación adecuada del modelo y lograr el ejercicio efectivo de la función
policial.
En síntesis, en este nuevo modelo de gestión, la responsabilidad por el efectivo
ejercicio de la función policial es compartido en dos vertientes: por la ciudadanía
mediante el mecanismo de planificación y control ciudadano (responsabilidad social) y
por el Ministerio de Seguridad Pública mediante la Dirección General de la Fuerza
Pública, concretamente, por medio de la estructura policial distrital, las Policías de
Seguridad Comunitaria, Comercial y Turística (responsabilidad policial) y por la
Contraloría de Servicios del Ministerio de Seguridad Pública.
Esta estructura ha sido plasmada detalladamente en la Directriz N° 703-2009 DM
emitida por el Despacho del Ministerio de Seguridad Pública, 3 dirigida a los Altos
Mandos Policiales de esta Cartera, y que contiene, entre otros, los “Fundamentos
Doctrinarios y Operativos del Accionar de la Fuerza Pública”, la relación “Policía –
Comunidad”, lo relativo a la “Rendición de Cuentas y Ejecución de Acciones Cívico-
Policiales en las comunidades”, la “Potenciación del Accionar Policial, Distritalización
y Sectorización Operativas”, la “Disciplina Policial”, la “Lucha decidida contra la
corrupción policial” y la “Operatividad del Programa de las Sub Delegaciones
Policiales Distritales”.
3 Directriz 703-2009 de fecha 23 de febrero de 2009. Ver anexo.
39
40
IV. OTROS PROCESOS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria
La Administración del Dr. Óscar Arias Sánchez ha fomentado el carácter
preventivo de la Fuerza Pública.
De ahí el gran esfuerzo por restablecer el trabajo que realiza la Dirección de
Seguridad Comunitaria y Comercial conjuntamente con la Dirección General de la
Fuerza Pública a través de los Equipos Regionales de Seguridad Comunitaria y
Comercial que trabajan en todo el país, y las acciones tendientes a rehabilitar los
Comités de Seguridad Comunitaria en todo el territorio nacional.
El trabajo de esta Dirección General está orientado a constituir, capacitar,
fortalecer y dar seguimiento a los Comités de Seguridad Comunitaria que en forma
voluntaria e independiente, se constituyen en cada barrio o vecindario con el propósito
de prevenir la delincuencia; de igual forma se promueve que los comerciantes se
capaciten y organicen para tomar medidas de prevención y colaboren con el trabajo que
realiza la policía local.
41
Trabajo operacional
Entre las prioridades de este Gobierno se encuentra el combate al narcotráfico, por
lo que se han realizado operaciones conjuntas con el Servicio de Guardacostas de los
Estados Unidos, la Policía de Control de Drogas y los demás cuerpos policiales del
Ministerio de Seguridad Pública y del Organismo de Investigación Judicial.
Asimismo, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia
Aérea continúan con sus operativos diarios para combatir el narcotráfico, la protección a
los recursos naturales, atención de emergencias en montaña y marítimas.
42
Los resultados del trabajo realizado por la Fuerza Pública, que incluye
aprehensiones y decomisos, delitos contra la propiedad; resultados del Operativo Limón
100 días-Limón Seguro y el Operativo Crack, entre otros, constituyen claros ejemplos de
nuestra excelente labor.
Del mes de mayo del 2006 a la fecha, con el trabajo policial coordinado y
planificado la Fuerza Pública ha incautado más de 87 mil kilos de cocaína; 519 mil
unidades de crack; 472 millones de colones; 17 millones de dólares y 273 mil euros.
También hemos desarticulado 271 organizaciones de narcotráfico, de las cuales 236 eran
locales y 35 internacionales, incluyendo 84 “narcofamilias”.
43
Por su parte, la Policía Turística cuenta con 225 oficiales que han sido
desplazados a los puntos de mayor afluencia turística del país, en aras de contrarrestar
los asaltos a turistas y brindar mayor seguridad ciudadana.
Los resultados obtenidos demuestran que nuestras acciones en materia de lucha
contra la delincuencia y el narcotráfico van en la dirección correcta.
Plataforma de Prevención Social
La Plataforma de Prevención Social se implementó a partir del mes de junio del
2008, como una estructura que define políticas y coordina los Programas, Proyectos y
acciones preventivas de los Ministerios de Gobernación y Policía y de Seguridad
Pública. Ha estado a cargo de la Licda. Ana Durán Salvatierra, Viceministra.
Se ha puesto especial énfasis en los programas especiales de prevención del
VIH/SIDA, violencia intrafamiliar, explotación sexual comercial.
Gracias al Proyecto de Promoción de Igualdad y Equidad de Género, gracias al
cual hemos logrado hacer efectiva la política de género en ambos Ministerios.
Asimismo, se ha trabajado arduamente en el Proyecto de Asistencia Técnica y
Respuesta Regional, marco estratégico para la prevención, reducción, tratamiento y
rehabilitación de las personas menores de edad en riesgo social o en conflicto con la ley.
Gracias a esta iniciativa, al día de hoy.
44
Combate al delito de Trata de Personas
A partir del 2007 se inició desde el Ministerio de Gobernación y Policía, el
desarrollo de un ambicioso Modelo de Prevención, Atención y Procuración de Justicia
en materia de Trata de Personas, una de las tres categorías más importantes de crimen
organizado transnacional. Este modelo fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo
dentro del Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito a partir del 2008, con un
cumplimiento de metas del 100%.
Nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional, ha desplegado una serie
de acciones tendientes al combate efectivo contra el delito de trata de personas, el cual
violenta de manera directa, la dignidad de hombres y mujeres, restringe las libertades
individuales y vulnera la igualdad.
Este delito ha sido catalogado como una de las formas de esclavitud
contemporánea; una práctica que degrada al ser humano convirtiéndolo en un objeto con
el que se negocia y trafica.
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Reunión de Coaliciones de la Región Centroamericana, México, República Dominicana y Panamá,
contra la Trata de Personas, noviembre 2008.
Como parte de las acciones que realiza el Ministerio de Gobernación, Policía y
Seguridad Pública para combatir las diferentes formas de delincuencia organizada, se ha
elaborado el Proyecto: “Ley contra la Trata de Personas y Actividades Conexas”,
impulsado especialmente por la Licda. Ana Durán Salvatierra, Viceministra, el cual será
presentado a la Presidencia de la República en el mes de setiembre del presente año.
El Proyecto tiene como objeto adoptar medidas de prevención, persecución,
protección y la asistencia necesarias para combatir de manera más eficiente e integral la
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actividad criminal de la trata de personas que despliegan individuos o redes organizadas
de delincuentes con la intención de reclutar, trasladar y explotar seres humanos. El
Proyecto busca garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas víctimas y
las posibles personas víctimas de la trata de personas, ya sean nacionales o extranjeras,
detectadas o identificadas dentro o fuera del territorio nacional, y además, fortalece la
acción del Estado frente a este delito.
Firma del Protocolo de Atención Inmediata a las Víctimas de Trata.
Prevención en el Sector Educativo
Hemos reiniciado las reuniones con el Ministerio de Educación Pública a efecto
de garantizar que en el transcurso del curso lectivo se impartan charlas, talleres,
conferencias sobre temas de prevención del delito. Los programas DARE, Pinta Seguro
y Patrullas escolares forman parte de la acción preventiva que lleva a cabo la Fuerza
Pública.
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Sistemas de Información
En materia de sistemas de información para efectos de inteligencia e
investigación, con los datos generados por el Organismo de Investigación Judicial y el
Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información del Ministerio de Seguridad
Pública, se han determinado los sectores del país con mayor incidencia de criminalidad y
se cuenta con información sobre los delincuentes reincidentes en materia de
contravenciones.
Este sistema de información actualizada nos permite una gran operación
coordinada entre las diferentes policías del país para prevenir la delincuencia, máxime
contando ahora con más efectivos policiales y mejores medios de transporte y
comunicación. No obstante, se mantienen los problemas en el manejo de la información
debido a que las instituciones encargadas de velar por la seguridad poseen sistemas
diferentes. Es por ello que para el primer trimestre del 2009 el Ministerio de Seguridad
Pública pretende unificar en un solo Departamento la información de inteligencia
generada por el Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información, el DIE y el
Archivo Policial.
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Sistema de Video Protección Policial
Como parte de las acciones que realiza Ministerio de Seguridad Pública para velar
por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país, actualmente trabajamos en la
implementación y ejecución del Proyecto de Video Protección Policial, que consiste en
la instalación y operación de un sistema de protección ciudadana en las calles, avenidas,
carreteras y caminos en todo el territorio nacional, mediante una serie de dispositivos e
instrumentos tecnológicos especialmente confeccionados para este propósito. Para ello
también haremos uso de las grabaciones o videos que se hagan mediante tales
dispositivos, con la finalidad de incrementar las medidas de seguridad ciudadana
tendientes a la protección de la integridad física y el patrimonio de los habitantes del
país.
Estas cámaras serán instaladas de forma estratégica en distintos puntos del país y
pretende integrar no sólo los datos obtenidos de las cámaras de circuito cerrado de
televisión que instale el Ministerio, sino que adicionalmente, la información que se
obtenga de los centros de acopio de información de distintas entidades y grupos que ya
cuentan con este tipo de sistema.
Impuesto al banano
La Corporación Bananera Nacional (CORBANA) ha destinado $0.03 del
impuesto al banano, a la seguridad ciudadana de las poblaciones aledañas a las fincas
bananeras de la Zona Atlántica y otras zonas productoras del banano y de la Provincia
de Limón en general, con lo cual hemos podido adquirir equipo que fortalecerá las
labores de seguridad ciudadana. Este es un ejemplo de esfuerzo conjunto.
Reforma Integral del Ministerio de Seguridad Pública
La Universidad de Costa Rica y su Escuela de Administración Pública, por medio
del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), a
solicitud y con la cooperación del Ministerio de Seguridad Pública como contraparte, se
encuentra elaborando una propuesta integral de un proceso de reforma y fortalecimiento
institucional de esta Cartera y un nuevo enfoque de la seguridad ciudadana.
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Proyectos de Ley iniciativa del Despacho ministerial
1.- Proyecto:“Ley Fusión de los Ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y
Policía”
Históricamente los Ministerios de Gobernación y Policía y de Seguridad
Pública han compartido una facultad derivada de la Constitución Política: el
ejercicio del “poder de policía”, referido en el caso específico a las medidas que
han adoptado uno y otro para la defensa del territorio nacional, la seguridad de las
personas y de sus bienes, y la conservación del orden público.
A pesar de que ambos Ministerios se fusionaron desde hace aproximadamente
cuatro administraciones, esa unión ha sido de hecho y no de derecho; situación
que ha generado una serie de inconvenientes en los planos administrativo,
operativo y presupuestario.
Así las cosas, he presentado al Presidente de la República el Proyecto de
Ley de Fusión de los Ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y
Policía, para ser remitido al Congreso y contar con la ley que ponga a derecho la
situación expuesta.
2.- Proyecto:“Reforma Ley General de Policía”
La experiencia y el conocimiento adquirido desde que asumí el Ministerio
de Seguridad Pública en el mes de abril del 2008 a la fecha, detecté una serie de
situaciones que han obligado a efectuar serios replanteamientos para mejorar la
gestión y así ajustarlo a las necesidades actuales, con la finalidad de cumplir de la
mejor manera con los fines que le encarga la Constitución Política; muy
especialmente: garantizar el orden público, la paz y la seguridad en las
comunidades y garantizar la seguridad de las personas.
Pero esto consecuentemente exige brindar mejores condiciones sociales y
laborales a los funcionarios encargados de cumplir con esta misión, ya que
partiendo de esta idea, la policía, como actor principal en la seguridad nacional, ha
de ser un cuerpo altamente respetado, moderno, tecnificado, preparado,
capacitado, servicial y conocedor del ordenamiento jurídico, lo cual puede resultar
una utopía si no existe el respaldo o la correspondencia en el mismo sentido por
parte de la ley que lo regula, promulgada hace ya más de quince años.
Por este motivo presenté a la Presidencia de la República el Proyecto de
Reforma a la Ley General de Policía, para someterlo al conocimiento y
aprobación de la Asamblea Legislativa.
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3.- Proyecto: “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de
Gobernación, Policía y Seguridad Pública”
“Más y mejores policías” es la fórmula a la que debe aspirar Costa Rica
para enfrentar los desafíos en materia de seguridad humana que le presentan los
actuales tiempos, y esto sólo es posible si se toman las previsiones necesarias para
un ordenado y sistemático relevo generacional que permita mantener un grupo
humano con promedios de edad óptimos para el fiel cumplimiento de sus deberes.
Esto, por cuanto el desempeño de funciones policiales genera un enorme
desgaste físico y psicológico, y así ha sido acreditado por estudios de variadas
disciplinas, los cuales concluyen que la edad de jubilación de un policía no puede
exceder los cincuenta y cinco años de edad.
En consecuencia, hemos elaborado el proyecto de ley de Pensión para
nuestra policía, el cual se encuentra en su última fase de elaboración y pronto será
remitido al Presidente de la República, para su remisión al Congreso.
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Epílogo
Con la formulación de este Programa Nacional de Seguridad, como estrategia
para luchar contra la violencia y la delincuencia desde una perspectiva integral con la
participación activa de los diversos actores que conforman nuestra sociedad, el
Ministerio de Seguridad Pública ha aportado su cuota de trabajo con un alto grado de
compromiso y responsabilidad.
Estamos seguros de que con el concurso de las demás instituciones del Sector
Público, los Gobiernos Locales, las organizaciones religiosas y las comunidades
organizadas, lograremos la solución integral que requiere de un gran esfuerzo
mancomunado y de visión a mediano y largo plazo.
También estamos seguros de que este Programa Nacional de Seguridad nos
permitirá recuperar la auténtica cultura de paz que caracterizó durante muchos años a
la sociedad costarricense, basada en la solidaridad, en el trabajo conjunto, en las
alianzas estratégicas, en el compromiso, en el esfuerzo interinstitucional y en la
participación activa de la comunidad organizada.
