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ANÁLISIS CARTOGRÁFICODEL POSCONFLICTO EN ELDEPARTAMENTO DEL CESAR

Reintegración de excombatientesy riesgos de violencia

Cesar, Noviembre 2017

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Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del Cesar

GOBERNACIÓN DEL CESAR OFICINA ASESORA DE PAZ

FRANCISCO OVALLE ANGARITAGobernador

MANUEL RODOLFO MÁRQUEZSecretario de Gobierno

JESUALDO HERNÁNDEZ MIELESAsesor de Paz del Cesar

NADIA UMAÑA ABADÍAConsultora Oim

Este documento es posible gracias al apoyo del Programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento, desarrollado

por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

Los contenidos son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID, OIM

o la Gobernación del Cesar.

Cesar, Colombia2017

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Reintegración y riesgos de violencia en el departamento del Cesar

1.2.3.4.5.6.7.

8111738636769

CONTENIDOPag.

IntroducciónContexto del Conflicto Armado en el departamento del CesarReintegración de excombatientes en el CesarPrevención de Violencia en el CesarConclusiones y Recomendaciones de Política PúblicaBibliografíaAnexo Metodológico

Análisis cartográfico del posconflicto

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El proceso de terminación negociada del conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) se planeó en tres fases, con el

fin de lograr la consolidación de la paz. En una primera etapa exploratoria, entre febrero y agosto de 2012, se establecieron, en confidencialidad, los términos de la negociación acordando la agenda y los criterios iniciales de verificación.

En la segunda fase se instaló la Mesa de Conversaciones en Oslo (Noruega) y, en octubre del 2012 y hasta agosto del 2016 se desarrollaron las conversaciones en La Habana (Cuba). Tras estos arduos años de negociación, el 26 de septiembre de 2016 se logró firmar en Cartagena el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz y duradera”. Dicho documento contenía los consensos logrados alrededor de seis aspectos estructurales, a saber: La reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación1.

En el plan inicial, la tercera fase estimaba un plazo de diez años para, justamente, desarrollar los acuerdos logrados a través de políticas y programas específicos en los territorios. Como parte del proceso de negociación se estipuló realizar un plebiscito, el 2 de octubre de 2016, preguntándoles a los

INTRODUCCIÓNciudadanos ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Para que dicho acuerdo fuese refrendado, se requería un umbral aprobatorio de 4.536.992 votos y que el resultado estuviese a favor del “Sí”.

Si bien, el umbral fue superado, el plebiscito evidenció una compleja y aguda polarización en el país. Mientras que el 49,78% correspondiente a 6’377.482 ciudadanos y ciudadanas votaron por el “Sí”, el 50,21% (6.431.376 votos) optó por el “No”. Como lo ilustra el mapa Número. 1, la polarización se expresó territorialmente: Mientras que los departamentos fronterizos, históricamente afectados por el conflicto armado y ubicados en lo que se conoce como “zonas de provincia” votaron a favor del Acuerdo, en los departamentos del interior del país triunfó el “No”.

Estas tensiones se evidenciaron igualmente a nivel subregional. Si bien en la totalidad de los departamentos de la Costa Caribe ganó el apoyo al Acuerdo de Paz, al detallar los resultados por municipio se evidencian diferencias sustanciales. En el caso del departamento que nos ocupa, cabe destacar los siguientes datos2: De 746.859 personas habilitadas para votar, acudieron a las urnas 243.022 ciudadanos que corresponden al 35,53%, un abstencionismo muy marcado que destaca el poco interés político-electoral de la ciudadanía alrededor de la jornada.

1 Al respecto ver Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016) El acuerdo final de paz. Una oportunidad para construir paz. Disponible en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf. Recuperado el 15 de julio de 2017.2 Registraduría Nacional del Estado civil (2016, 2 de octubre). Boletín No. 11: Resultados del plebiscito por la paz en el departamento del Cesar. Disponible en http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPL12ZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm. Recuperado el 15 de julio de 2017.

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De los votantes, 120.595 votaron a favor del Acuerdo, mientras que las 117.446 restantes votaron en contra, eso sin contar los 3.298 votos nulos y los 1.683 sin marcar. En términos de porcentajes, esto evidencia que, en las votaciones del plebiscito en el Cesar, el “Sí” ganó por un estrecho margen del 50,66% sobre el 49,33%. Tal resultado lo ubica como el departamento de la Costa Atlántica con mayor polarización como lo ilustra el siguiente mapa:

3 BBC (2016, 3 de octubre) Qué dice de Colombia que haya habido 62% de abstención en el histórico plebiscito por el proceso de paz. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37539590. Recuperado el 2 de Agosto de 2017.

Mapa No. 1: Resultados departamentales del plebiscito por la paz (2 octubre 2016)3

Fuente: Registraduría Nacional de Colombia

Esta situación evidenció las divisiones subregionales existentes en el departamento, como se observa en el Mapa Número. 2. Mientras que en el norte y centro del Cesar, la opción más votada fue el “Sí”; en los municipios del sur como Aguachica, Gamarra, Rio de Oro, San Martín y San Alberto la opción fue el “No”. Las excepciones fueron dos municipios: Codazzi, en el norte y Pelaya, en el centro, donde también triunfó el rechazo al Acuerdo de Paz.


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Mapa No. 2. Resultados del plebiscito por la paz en los municipios del Cesar

Debido a este estrecho margen, las partes (Gobierno, FARC y oposición) se vieron obligadas a renegociar el Acuerdo, para incluir precisiones y objeciones realizadas por los sectores políticos que promovieron el “No”. Este segundo Acuerdo4 se firmó en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, y tras la refrendación en el Congreso de la República, inició el proceso legislativo para lograr su implementación, a partir del 1 de diciembre de 2017.

En este contexto, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en alianza con algunas gobernaciones del país iniciaron un proyecto para fortalecer la actuación de los entes territoriales en la fase del posconflicto. El proyecto de ‘Cartografía Participativa y Prospectiva del Posconflicto en el Cesar’ implementó cuatro talleres cuyos objetivos eran los siguientes: Primero, generar un diálogo intersectorial entre autoridades locales y sociedad civil, bajo el liderazgo de la Gobernación; segundo, crear un instrumento complementario de política pública para la planificación y priorización geográfica para las autoridades locales; y tercero, promover la reflexión prospectiva sobre los retos que enfrentarán las autoridades y la sociedad civil de los territorios relacionados con la reintegración de excombatientes y los riesgos de violencia en el posconflicto.

En este orden de ideas, el presente documento se estructura en cinco capítulos. El primero, expone brevemente el contexto del conflicto armado en el departamento del Cesar, presentando un recorrido histórico que relaciona las disputas económicas, sociales y territoriales con la dinámica de los actores armados.

El segundo capítulo presenta los resultados obtenidos en los talleres participativos de cartografía social, alrededor de las variables a tener en cuenta en el proceso de reintegración de excombatientes. Aquí se describen en detalle los aportes realizados por los participantes en cada una de las jornadas; la integración de dichos datos se vinculó a un indicador participativo sobre reintegración y, el análisis comparativo, a un indicador prospectivo construido a partir de la información oficial disponible. De igual forma, se exponen los resultados obtenidos en las jornadas de trabajo alrededor de las variables de riesgo de violencia bajo la misma estructura indicada en el capítulo precedente.

Finalmente, el documento aporta una serie de conclusiones y recomendaciones de política pública, culminando con un anexo de aclaraciones metodológicas.

4 Para mayores detalles ver la publicación en edición comentada, que ilustra los cambios realizados al primer acuerdo. Gobierno de Colombia- FARC – EP (2016) Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera- Noviembre 24 de 2016. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

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5 Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Cesar (2011) Visión Cesar caribe 2032: un departamento en crecimiento generando bienestar. Visión de desarrollo territorial departamental. Bogotá: Imprenta Nacional. Disponible en. Recuperado el 2 de Agosto de 2017. Página 13 6 Ibid. Página 31.

El departamento del Cesar presenta características territoriales y geográficas determinantes, a la hora de comprender el desarrollo del conflicto armado y

planificar las políticas necesarias para la superación de la guerra y la construcción de la paz. Inicialmente, cabe destacar que, a pesar de no contar con acceso al mar, el Cesar es un departamento caribeño fronterizo por tradición, historia y cultura: “Fue creado por segregación del Magdalena mediante Ley 25 del 21 de junio de 1967, tiene una extensión territorial de 22.905 Km2, cuenta con 25 municipios limita con La Guajira, Magdalena, Bolívar, Santander y Norte de Santander y comparte fronteras con Venezuela en 150 km. Es el único Departamento de la región con características mediterráneas, pues del mar lo separa la Sierra Nevada de Santa Marta y cuya principal ventaja es que se constituye en enlace de la costa caribe con el interior del país”5.

CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

A nivel ambiental, el departamento cuenta con una gran biodiversidad en las cuatro ecorregiones que lo conforman, a saber (Ver Mapa Número 3): a) La Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistema biodiverso habitado por cuatro pueblos indígenas- Kkankuamo, Kogui, Arhuaco y Wiwa-, y comunidades campesinas; b) La Serranía del Perijá, igualmente estratégico a nivel ambiental y territorial habitado por el pueblo indígena Yukpa y comunidades campesinas colonas; c) Las zonas ribereñas aledañas al Magdalena y d) Las llanuras inundables de los ríos Cesar y Ariguaní6 habitadas por ganadería extensiva, la agroindustria de palma aceitera y la megaminería de carbón comunidades campesinas, pesqueras y afrodescendientes, cuyas formas de vida coexisten en tensión permanente, con actividades económicas de gran escala como.


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Mapa No. 3: Subregiones ambientales en el departamento del Cesar

En términos económicos, sociales y culturales el departamento se divide en cuatro regiones claramente identificables (Ver Mapa Número 4): El norte, cuyo epicentro es Valledupar, como capital del departamento y que incluye los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Pueblo Bello y Agustín Codazzi. El noroccidente por su parte, comprende los municipios de Astrea, Bosconia, El Copey y El Paso, mientras que Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pailitas y Tamalameque, conforman la subregión central del departamento. Finalmente, al sur del Cesar se encuentran los municipios de Gamarra, González, La Gloria, Pelaya, Rio de Oro, San Alberto y San Martín.

En este contexto, el conflicto armado en el departamento del Cesar se manifiesta en cifras alarmantes de victimización a la

población civil. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (CNMH), entre 1985 y 2015, la guerra dejó 300.000 personas desplazadas, 40.000 asesinadas, 2.760 secuestradas, 1.936 desaparecidas forzadamente, 755 masacradas, 2.238 asesinadas de manera selectiva y 287 víctimas de violencia sexual, por parte de los actores armados en el conflicto7.

Para comprender los procesos implicados en una tragedia de tal magnitud, se hace necesario analizar, históricamente, los vínculos entre la confrontación armada y los conflictos sociales, territoriales y económicos subyacentes. A continuación, el documento esboza una cronología analítica que permite expresarle al lector la evolución del conflicto, sus relaciones con el territorio y sus gentes.

7 Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento del Cesar. Bogotá: CNMH. Página 20. Las estadísticas de personas secuestradas, desaparecidas, masacres y violencia sexual son extraídas de la Base de Datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del CNMH, con fecha de corte 14 de marzo de 2016

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1960- 1970: Entre la bonanza algodonera, las disputas por la tierra y el inicio de la presencia guerrillera. Desde la década de 1960 hasta finales de los años 70, la economía del naciente departamento del Cesar se caracterizó por la bonanza del cultivo agroindustrial del algodón. De acuerdo con Bernal8, el auge algodonero tuvo un impacto regional considerable: No sólo fomentó la urbanización, el acceso a mercados internacionales y la consolidación de instituciones financieras y políticas, sino que transformó el campo con la introducción de agroquímicos, maquinaria, asistencia técnica, y nueva mano de obra.

Así, el aumento de dicho monocultivo promovió la migración de colonos, aparceros y jornaleros de distintos lugares del país quienes, paulatinamente, buscaron acceder a la propiedad de pequeñas y medianas parcelas, logrando una relativa democratización de la tierra9. En este contexto, desde los años 60 se registró un proceso de organización y movilización campesina ligada a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), especialmente en el centro y sur del departamento en municipios como Aguachica, La Gloria, San Alberto, Pailitas, Curumaní, Tamalamaque, Codazzi, El Copey y Bosconia10. Los conflictos por la tierra se localizaron, así, en las subregiones planas donde predominaba el latifundio o existían grandes extensiones de baldíos cuya propiedad era disputada por terratenientes y colonos, apareceros, jornaleros y pobladores rurales en general.

Paralelamente, la década de los años 60 marcó el inicio de la presencia guerrillera en el departamento. Siguiendo el análisis realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación Nuevo Arco Iris, las guerrillas se instalaron inicialmente en pequeños núcleos ubicados en las zonas periféricas de colonización,

específicamente en la Serranía del Perijá, el Catatumbo y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, logrando una expansión que tardó 20 años hasta lograr acciones político-militares contundentes en los centros poblados y económicamente estratégicos del departamento11.

Según la investigación realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica12, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue la primera guerrilla que incursionó en el departamento en esta década, creando el Frente ‘Camilo Torres’, cuyo radio de acción estaba en la zona limítrofe entre Santander, Sur de Bolívar y Cesar.

En los años 70, la movilización social por el acceso a la tierra se vio afectada por la regresión de las políticas gubernamentales que, a partir del Pacto de Chicoral, iniciaron una contra-reforma agraria. De hecho, si en 1971 se registraron 30 recuperaciones de tierra en el Cesar, en 1976 únicamente fueron tres, consolidando un total de 44 acciones de hecho por el acceso a la tierra en un lapso de seis años13.

De acuerdo con Gutiérrez, estos cambios institucionales agudizaron el uso de violencia por parte de terratenientes y hacendados en contra del campesinado: “Sin la mediación de los funcionarios del Incora y bajo condiciones institucionales adversas, el recurso a la violencia privada tuvo como efectos, no solo evitar posibles invasiones, sino intimidar cualquier pretensión de mantener una estructura organizativa que, a nivel regional, representara los intereses y aspiraciones de los pequeños campesinos, aparceros, colonos y trabajadores rurales sin tierra. Fue la materialización de lo que se llamó una contraofensiva terrateniente y empresarial”14. El repertorio de violencia consistente en amenazas, persecución, estigmatización y asesinatos selectivos de liderazgos agrarios utilizado por estos grupos privados, será reeditado por las estructuras paramilitares que se consolidarán décadas después.

8 Bernal, Fernando. (2004). Crisis algodonera y violencia en el Departamento del Cesar. Bogotá: Cuadernos PNUD- MPS. Ibid. 9 Gutiérrez, Omar (2012) “Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia” En Revista Colombiana de Sociología, 2012- No. 1 Pp 17 – 39. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en http://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/31335/3957910 PNUD y Corporación Nuevo Arco Iris (2014) Cesar: Análisis de conflictividades y construcción de Paz. Bogotá: PNUD. Página 2611 PNUD y Corporación Nuevo Arco Iris (2014) Cesar: Análisis de conflictividades y construcción de Paz. Bogotá: PNUD. Página 2612 Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento del Cesar. Bogotá: CNMH. Página 3113 Gutiérrez, Omar (2012) “Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia” En Revista Colombiana de Sociología, 2012- No. 1 Pp 17 – 39. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en http://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/31335/3957914 Ibid.


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Años 70 y 80: Crisis económica, agitación sociopolítica y auge guerrillero El final de la década de los 70 marcó el fin de la bonanza algodonera. La caída precipitada de los precios a nivel internacional se conjugó con drásticos cambios climáticos y escases de pesticidas: “Todo esto hizo que la productividad cayera en picada, con lo que pasó de producir 1.350 kilos por hectárea, a 924, mientras que los costos se multiplicaron (…) las deudas, los embargos y la quiebra llegaron como un vendaval. La economía cayó estrepitosamente y la crisis se instaló de manera permanente (…) Cuando el Cesar se despertó de la bonanza, los problemas sociales seguían ahí”15.

Miles de familias campesinas que subsistían del algodón, como apareceros o jornaleros, se encontraron súbitamente sin trabajo y sin tierra. Las fincas eran embargadas, malvendidas o rematadas, y los campesinos se vieron obligados a migrar, a colonizar nuevas zonas en las áreas montañosas o a exigir la implementación de la reforma agraria en los baldíos del Estado indebidamente ocupados por privados.

En este contexto, desde 1979 se registró un aumento de las protestas campesinas, cívicas y sindicales con un ligero repliegue en 1986, hasta que en 1987 la agitación social y política alcanzó su punto más crítico16. El proceso organizativo iniciado por la ANUC años atrás se reactivó en organizaciones agrarias, pesqueras y de pobladores que exigían la dignificación de la vida, el trabajo y la tierra a lo largo y ancho de las riberas del río Magdalena al sur del Cesar, y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Dichas movilizaciones sociales de la ruralidad se articularon con las exigencias sindicales de los trabajadores de la Unisón Sindical Obrera (USO), cuya influencia se extendía desde Barrancabermeja hasta el sur del Cesar, donde se encontraban los sindicatos palmeros en San Alberto y San Martín.

Las luchas eran numerosas y diversas: Tierra, vivienda, servicios públicos, derechos humanos, especialmente el derecho a la

vida, a la participación y la democracia. Dichas consignas de las organizaciones sociales y cívicas de los 70 fueron recuperadas por las organizaciones políticas de izquierda y convergencias que nacieron y se consolidaron a lo largo de los años 80. Por ejemplo, a principios de esta década, varios jóvenes de Valledupar provenientes de distintos partidos tradicionales crearon el movimiento político ‘Causa Común’, buscando transformar la dinámica política del Cesar: “Desde un principio, ‘Causa Común’ logró apoyos en barrios marginales de Valledupar, de destechados, deudores del sistema de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), madres cabeza de familia y estudiantes de la UPC (Universidad Popular del Cesar). Éramos treinta, entre banqueros, funcionarios, estudiantes, líderes cívicos y campesinos de Patillal, Atanquez, Aguasblancas y María Angola”, recuerda Quintero, uno de sus fundadores en una entrevista del CNMH”17.

Este espacio posibilitó la creación de la Unión Patriótica en el departamento, partido político que logró una votación considerable en las elecciones de 1986: La UP eligió siete concejales, un diputado y apoyó la candidatura del liberal Álvaro Araujo Noguera para la Cámara de Representantes, consolidándose como una fuerza política importante en Valledupar, Pueblo Bello, Bosconia, La Jagua, Becerril, Aguachica, San Alberto y San Martín.

Paralelamente, en el sur del Cesar, se organizó el movimiento social y político ‘A Luchar’ a partir del cual se gestó el Paro Cívico de Nororiente: Movilización regional de repercusión nacional que logró concentrar más de 8.000 campesinos en Valledupar y Aguachica y que constituye un hito en el desarrollo de la protesta social y el conflicto armado en el departamento. Entre el 7 y el 12 de junio de 1987, miles de campesinos marcharon y se concentraron en la Plaza Alfonso López para exigir tierra, dignificación de las condiciones de vida en el campo, infraestructura y carreteras. Concretamente, los campesinos del Cesar “Exigían la suspensión de los desalojos policiales y el hostigamiento de la Policía en los predios de Pancho Prieto, la Victoria, Hacaritama y Ariguaní; predios en conflicto donde había toma de tierras por los campesinos. También, solicitaban recuperar los sobrantes de tierra en los

15 Opcit. Página 71 y 7216 Gutiérrez, Omar (2012) “Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia” En Revista Colombiana de Sociología, 2012- No. 1 Pp 17 – 39. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en http://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/31335/3957917 Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento del Cesar. Bogotá: CNMH. Página 75

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baldíos latifundistas en la vereda El Tigre y agilizar el proceso de adquisición de tierras en los predios Paraver”18. El paro culminó con una serie de acuerdos y compromisos por parte de la institucionalidad estatal. Sin embargo, cómo se verá en el siguiente apartado las exigencias del movimiento social agrario y cívico fueron silenciadas por la muerte, las amenazas y la estigmatización.

En cuanto a los actores armados, la década de los ochenta también representó un auge de la presencia guerrillera que canalizó el descontento social por la crisis económica, la violencia y el desempleo aumentando su accionar militar y su control territorial, a través del secuestro y las acciones de sabotaje a la infraestructura vial. De este modo, en 1982 ingresaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a Pueblo Bello, constituyendo el Frente 19 en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para 1989, el crecimiento de esta guerrilla le permitió extenderse hacia la Serranía del Perijá conformando el Frente 41. Por otra parte, desde 1987 el ELN aumentó su accionar con la creación del Frente “6 de diciembre” y el “Manuel Quiroz”.

1988- 1995: Parcelaciones y guerra sucia La respuesta a la agitación social y política que, como hemos mencionado anteriormente, tuvo su cúspide en el Paro Cívico de Nororiente fue la muerte: Una silenciosa pero sistemática, que provenía de redes de sicariato al servicio de los intereses locales y regionales, y frecuentemente, aliados con sectores del Estado y las Fuerzas Armadas. Como indica el Centro de Memoria Histórica: “No pasó mucho tiempo después del paro para que miembros de ‘Causa Común’ se dieran cuenta de que, hacer política en el Cesar, nunca volvería a ser igual. En los medios locales circuló un comunicado de la clase política tradicional que los responsabilizaba por su seguridad. Al tiempo, aparecieron las amenazas contra dirigentes de ‘Causa Común’. Quince días después, el 27 de junio de 1987,

dos hombres en moto asesinaron al abogado José Francisco Ramírez, uno de los negociadores del paro (…) Después del asesinato del abogado Ramírez, sicarios mataron dirigentes como René Costa Gutiérrez, Jairo Alfredo Urbina Lacouture de la UP, el médico y militante del M19 José David López Teherán, Ovidio de la Hoz y Víctor Ochoa, militante del Partido Comunista”19.

De acuerdo con la investigación del equipo de Verdad Abierta, desde finales de los años 80, ganaderos, palmicultores e integrantes del Ejército empezaron a crear grupos de “autodefensa” que, años más tarde, serían la base del paramilitarismo en el sur del Cesar20. Para el PNUD y la Corporación Nuevo Arco Iris el surgimiento de estos grupos privados se explica por la persistencia de conflictos sociales por la tenencia de la tierra y el control político local: “Aunque antiguos voceros de estos grupos argumentaban que fueron una respuesta a la presión de la guerrilla, pronto emergieron sus vínculos con intereses económicos y políticos de la región: La seguridad de las empresas agroindustriales y mineras, la protección de las inversiones en ganadería o avicultura y la defensa del patrimonio partidista y electoral. En este sentido, las Autodefensas aparecen como instrumentos de terceros, antes que como actores autónomos con reivindicaciones e intereses propios (…) Sin duda, uno de los orígenes del fenómeno paramilitar en esta parte del Cesar fue el poder político y electoral que se organizó para mantener su acceso a las administraciones de turno y defender los presupuestos municipales de la amenaza de las organizaciones populares, de los opositores políticos y de las presiones de la guerrilla. Así, más que organizaciones con estructuras militares definidas y presencia territorial visible, fueron redes de inteligencia y sicariato que no tenían como enemigo exclusivo a la guerrilla sino también a opositores sociales y políticos”21.

Sin embargo, en medio de este clima de violencia y represión, las organizaciones campesinas continuaron con la lucha por la tierra, logrando recuperaciones y parcelaciones22 de tierra,

18 Espinosa Moreno, Fernanda (2013) Propuesta y trayectoria del movimiento social y político A Luchar 1984- 1991. Bogotá: Universidad Nacional. Tesis para optar por el título de Magister en Estudios Políticos. Página 15819 Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento del Cesar. Bogotá: CNMH. Páginas 80 y 81. 20 De acuerdo con la mencionada fuente, en San Alberto la familia Rivera Stepper, dueña de la hacienda Riverandia, habría auspiciado a este paramilitarismo embrionario responsable del asesinato y persecución del movimiento sindical de Indupalma. En San Martín, la familia Prada conformó un grupo irregular conocido como Los Masetos, mientras que José María Barrera conformó un grupo armado para evitar la invasión de tierras que llegaría a controlar gran parte de la depresión momposina. Ver Verdadabierta.com, 2010, 20 de octubre, “De donde salieron los ‘paras’ en Cesar” y VerdadAbierta.com, 2008, diciembre 29, “‘Chepe Barrera’, José María Barrera” 21 PNUD y Corporación Nuevo Arco Iris (2014) Cesar: Análisis de conflictividades y construcción de Paz. Bogotá: PNUD. Página 1822 Especial atención merecen las parcelaciones logradas en zonas de interés para la explotación de carbón como La Europa, El Platanal, El Toco, El Cairo, Ave María, Santa Isabel, Santa Rita- Las Mercedes, Carrizal, El Topacio.


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auspiciados por la crisis económica de las haciendas y la presión que la guerrilla ejercía sobre los terratenientes.

1996 – 2006: Incursión y consolidación del Paramilitarismo A partir de 1996, la dinámica del conflicto armado en el Cesar se transformó con la incursión de un nuevo tipo de paramilitarismo estructurado de manera jerárquica, con mayor control territorial y utilización de todos los repertorios de violencia, para asegurar el control político de las poblaciones. Así, “Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, encabezó las denominadas ‘Autodefensas del Sur de Cesar y Santander’, con radio de acción en algunos municipios del Magdalena Medio (Aguachica, San Alberto, Sabana de Torres, San Rafael de Lebrija) para dar paso, poco después, al Bloque Central Bolívar, dirigido por alias ‘Julián Bolívar’ y Ernesto Báez, que se estableció en el sur de Bolívar y entró a Barrancabermeja en el 2000. El Bloque Catatumbo, comandado por Salvatore Mancuso, incursionó desde Urabá en el sur del Cesar (Provincia de Ocaña) y Norte de Santander (Catatumbo); las Autodefensas del Norte, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se afincaron en los principales centros de poder del Norte del Cesar, incluido Valledupar, este último “Bloque” terminaría dominando la vida política del Cesar23.

De este modo, el paramilitarismo utilizó algunas de las rutas que permitieron la presencia guerrillera en los años 80 pero, de manera inversa24: Empezaron controlando los centros poblados con un mayor grado de integración económica, institucional y de infraestructura como Aguachica, Valledupar, San Alberto, Bosconia y Pelaya, a través del terror y la muerte. A partir de allí ampliaron su rango de acción hacia las zonas de colonización en las áreas montañosas de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada.

En una década el paramilitarismo logró el control militar, social y político del departamento, en medio de los cambios

económicos, sociales y ambientales que llevó el auge de la minería de carbón a cielo abierto. La presión sobre las tierras con yacimientos carboníferos, la especulación sobre los títulos y el control de las regalías aumentaron el despojo y el desplazamiento forzado: “En todos los municipios carboneros los relatos de las víctimas se repiten una y otra vez. Campesinos y campesinas amenazados que, a punta de fusil y asesinatos, tuvieron que abandonarlo todo: Finca, animales y hogar. Entre 1996 y 2006, los años más álgidos del conflicto armado, en La Jagua, Becerril, Codazzi, El Paso y Chiriguaná fueron desplazadas 57.696 personas, mataron a 5.928, secuestraron a 374 y desaparecieron a 33.229. Unas cifras descomunales para un territorio que no tiene más de 140.000 habitantes”25

Del 2006 a Hoy:¿Paz en medio de la muerte?A pesar de la desmovilización de las estructuras paramilitares que operaron en el Cesar hasta el 2006, en la actualidad se percibe la existencia de grupos armados ilegales posdesmovilización que utilizan repertorios de violencia similares con altos niveles de victimización sobre la población civil26. De acuerdo con el PNUD y la Corporación Nuevo Arco Iris “en apariencia las guerrillas han disminuido su presencia en el Cesar y, desde 2006, los Bloques Norte, Central Bolívar y Catatumbo están desmovilizados. Sin embargo, después de consultar a diversos sectores del departamento, se puede afirmar que no hay una situación de posconflicto. Al contrario, se asiste a un oscuro enfrentamiento entre las bandas criminales denominadas urabeños, paisas y rastrojos que, al parecer, están en pugna por los recursos que los antiguos paramilitares acumularon y que dejaron en “testaferrato”27.

La situación de violencia es tan aguda que, en el último informe especial realizado por la Defensoría del Pueblo, se constatan situaciones de riesgo en 20 de los 25 municipios del Cesar para la población civil, especialmente los líderes y lideresas sociales de 16 organizaciones comunales, étnicas y/o defensoras de derechos humanos28.

23 Opcit. Página 1824 “Tres fueron los focos de las AUC en el Cesar: el Sur, desde Santander (Aguachica, San Alberto, Sabana de Torres, Rafael de Lebrija, San Vicente de Chucurí, San Juan Bosco); desde Occidente, La Gloria, Chimichagua, Pelaya, Tamalameque, Río Viejo, Morales, Magangué) y desde el Norte, San25Juan del Cesar, Bosconía, Fundación, Ciénaga, Pueblo Bello, en rutas de penetración similares a las utilizadas en la década de 1980 por las guerrillas” Ibid. Página 1826 Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento del Cesar. Bogotá: CNMH. Página 5726 El Pilón (2017, 12 de marzo) Aumentan amenazas a líderes sociales del Cesar. Disponible en http://elpilon.com.co/aumentan-amenazas-lideres-sociales-cesar/27 PNUD y Corporación Nuevo Arco Iris (2014) Cesar: Análisis de conflictividades y construcción de Paz. Bogotá: PNUD. Página 2728 Los municipios en riesgo son Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, Gamarra, La Gloria,

14


La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque y Valledupar. Las organizaciones son 1. Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar – CISBCSC (Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Aguachica y San Martín) 2. Movimiento de trabajadores campesinos y comunidades del Cesar – MTCC (Gamarra, La Gloria, Pailitas, Pelaya y Curumaní) 3. Asociación de campesinos desplazados al Retorno – ASOCADAR (Aguachica, La Gloria, Tamalameque y Pelaya) 4. Asociación de campesinos y comunidades sin tierra del Cesar – ASOCAMTICE (Valledupar, El Copey, San Diego, Agustín Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico) 5. Asociación colombiana horizonte de población desplazada – ASOCOL (Aguachica, La Gloria, Tamalameque y Pelaya) 6. Movimiento fuerza unitaria de territorios unidos y regiones organizadas – Futuro (Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas) 7. Mesa regional de la zona de reserva campesina del Perijá – MRZRCP (Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas) 8. Asociación Campesina de la Serranía del Perijá (Manaure, La Paz, San Diego y Codazzi) 9. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO (Valledupar, La Jagua de Ibirico, Pailitas, San Diego) 10. Corporación Defensa del agua, territorio y ecosistemas – CORDATEC (San Martín) 11. Junta de acción comunal de El Hatillo (El Paso) 12. Cooperativa multiactiva de trabajadores de El Hatillo –COOMULTRAHA (El Paso) 13. Asociación campesina de productores y productoras de El Hatillo –ASOCAPROHA (El Paso) 14. Consejo comunitario de comunidades negras de La Sierra, El Cruce y La Estación – CONESICE (Chiriguaná) 15. Congreso de los Pueblos. 29 ONU 2006. Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration Standards. Nueva York: UNDDR. Página 48 30 Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; Traducción ACR citado por Conpes, 3554 de 2008. Página 7. 31 Berdall, Mats R, “Disarmament and desmovilization after civil wars”, en Adelphi paper, 303, London, The International Institute for Strategic Studies. 32 Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; Traducción ACR citado por Conpes, 3554 de 2008. Página 7.33 Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea General, A/C.5/59/31, mayo 2005; Traducción ACR citado por Conpes, 3554 de 2008. Página 7.

REINTEGRACIÓN DEEXCOMBATIENTES EN EL CESAR

De acuerdo con los estándares y lineamientos de la ONU, el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes, es un proceso de alta complejidad

que excede las consideraciones militares y de seguridad, comprendiendo dimensiones humanitarias, políticas, socioculturales y económicas. Dicho proceso conocido como DDR, es definido como la “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares y la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente en la sociedad mediante formas de vida civiles”29.

Concretamente, la Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales define

las dimensiones del proceso de DDR siguiendo las precisiones realizadas por el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, a saber: En primer lugar, el Desarme se entiende como “la recolección, documentación, control y disposición de todas las armas pequeñas, municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas de los combatientes, y a menudo también de la población civil. El desarme también incluye el desarrollo de programas responsables de gestión de armas”30.

En segunda instancia, la Desmovilización comprende el “proceso de desmantelar formalmente las formaciones militares y, a nivel individual, significa el proceso de liberar a los combatientes de un estado de movilización”31

La Reinserción “consiste en la asistencia ofrecida a integrantes de grupos armados durante la desmovilización, pero antes del proceso de reintegración. A través de esta se ejecutan medidas asistencialistas de corto plazo, que permiten cubrir las necesidades básicas inmediatas de los desmovilizados y sus familias, tales como pensión, alimentos, ropa, refugio, servicio médico, educación a corto plazo y entrenamiento para el empleo”32.

Finalmente, la Reintegración “es el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional”33.

En este orden de ideas, es posible reconocer las particularidades y retos que constituye el proceso de Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración en el contexto colombiano


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Fuente: ARN 2017; Es importante aclarar que esta tabla no tiene en cuenta a las personas que hacen su tránsito a la vida civil bajo la modalidad de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC.

34 Conpes, 3554 de 2008. Página 3. 35 Información actualizada hasta abril del 2017. Disponible en http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-reintegracion/Cifras/Cuadro%201%20Hist%C3%B3rico%20de%20Personas%20Desmovilizadas.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ereintegracion%2Egov%2Eco%2Fes%2Fla-reintegracion%2FPaginas%2Fcifras%2Easpx

Tabla No. 1: Población desmovilizada en el Cesar 2002- 2017

Tabla No. 2. Situación frente al Proceso de Reintegración de la población desmovilizada en el Cesar

De estas personas, 2.853 personas ingresaron al programa de la Agencia Colombiana de Reintegración, siendo la mayoría hombres (2.450) y 403 mujeres, que se han desmovilizado colectivamente. Específicamente, 2.372 se desmovilizaron colectivamente y 481 salieron de los grupos armados ilegales de manera individual

Como indican la Gráfica No.1 y la Tabla No. 2, del total de la población excombatiente desmovilizada en el departamento, 369 personas (que corresponden al 13% de esta población) están ausentes del Proceso de Reintegración liderado por la Agencia. Por otra parte, 493 excombatientes, que representan el 17% del total de la población desmovilizada en el Cesar, se encuentran fuera del proceso, bien sea por fallecimiento

o exclusión; mientras que 590 personas, que representan el 21%, han culminado el Proceso de Reintegración liderado por la ACR (ahora Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN). El mayor porcentaje de población desmovilizada está en Proceso de Reintegración, esto es: 1.401 personas, que representan el 49% del total de esta población.

2002

Total

Ausentedel proceso En Proceso Total que

Ingresó a la ACRCulminado Fueradel Proceso

Total que NoIngresó a la ACR

Total Total Total Total Total

20062004 20082003

% % % % % %

20072005 20090

369 590 1401 493 2853 239

2510110 4325

6,14 3,52 10,09 3,63 5,68 2,73

48189 39

2010 20142012 20162011 20152013 2017 TOTAL15 2418 1812 1029 2 3092

debido, por un lado, a la vigencia de la confrontación armada con diversos grupos con los cuales no se han logrado acuerdos de paz34. Por otra, a la pluralidad de intereses de las estructuras armadas y de las instancias estatales que difieren en cada contexto regional e histórico y, adicionalmente, por la coexistencia de modalidades individuales y colectivas de desmovilización cuyas motivaciones y características difieren.

Dicha complejidad es evidente en el contexto específico del departamento del Cesar que, de acuerdo con el Sistema de Información para la Reintegración (SIR), ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de personas desmovilizadas35 con un total de 3.092 personas.

16


Gráfica No. 1. Situación de la población excombatiente del Cesar frente al Proceso de Reintegración de la ACR – abril 2017

Culminado22%

En Proceso49%

Ausente13%

Fuera17%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información para la Reintegración.

Información actualizada hasta abril del 2017

Gráfico No. 2. Grupos armados de origen de la población desmovilizada en el Cesar

En cuanto a los grupos armados al margen de la ley, de los cuales proviene la población desmovilizada, el 87% (2.476) excombatientes, fueron paramilitares. Por otra parte, 189 excombatientes militaron en las FARC (el 7% de la población desmovilizada en el departamento), 182 en el ELN (6%), 4 en el ERP y solo 2 en el EPL.

Finalmente, en cuanto a la composición por edad de la población excombatiente cabe destacar que, la mayoría se encuentra en un rango de edad de 26 a 40 años, es decir, 1.750 personas que corresponden al 61% de esta población. También, entre los 41 y 60 años, se encuentran 969 excombatientes que representan el 34%, seguido de 87 personas, mayores de 60 años, (el 3%), y 37 excombatientes entre los 18 y 25 años (1%).


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Resultado de los Talleres Participativos En el presente capítulo se exponen los resultados de los cuatro talleres de ‘Cartografía participativa y prospectiva del posconflicto en el Cesar’, realizados entre febrero y abril del 2017. Estas jornadas se desarrollaron con base en las variables relacionadas con la reintegración de excombatientes en este escenario de construcción de paz territorial.

Como espacio de diálogo, los talleres contaron con la participación de 202 personas de todos los municipios del departamento, provenientes de diversos sectores de la sociedad civil junto a la institucionalidad local y regional. Los resultados aquí expuestos recuperan la percepción, ideas y vivencias del territorio por parte de líderes y lideresas comunitarias y de víctimas, de representantes de las Juntas de Acción Comunal, asociaciones agrarias, estudiantiles y de mujeres, defensores de Derechos Humanos, así como alcaldes, secretarios de gobierno, personeros, enlaces municipales de víctimas, integrantes del área de Derechos Humanos de la fuerza pública, funcionarios de la ARN, ICBF, docentes universitarios, entre otros.

En la primera parte de cada jornada, se invitaba a los participantes a reflexionar individualmente sobre los factores que promoverían el Proceso de Reintegración de los excombatientes de las FARC en el departamento

para, posteriormente, llegar a un consenso en el grupo de trabajo sobre el tipo de variables identificadas ponderando su importancia. Seguidamente, de manera prospectiva, cada integrante del grupo señalaba los municipios en los cuales podrían confluir dichos aspectos para que la población desmovilizada ubicara allí su lugar de residencia. Concretamente, la pregunta orientadora fue: En un escenario de implementación del Acuerdo de Paz ¿qué buscaría un desmovilizado para hacer su proceso de vinculación a la vida civil en algún lugar determinado del departamento?

Taller en La Paz El primer taller de Cartografía participativa y prospectiva del posconflicto en el Cesar se realizó el 7 de febrero de 2017, y sirvió como escenario de interlocución entre los actores sociales e institucionales de los municipios de la subregión nororiental: La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi.

Asistieron 60 personas de diferentes organizaciones y entidades. Por una parte, estuvieron representantes de las organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal de las zonas urbanas y rurales, especialmente de las veredas y corregimientos cercanas a la antigua Zona Veredal de Transición y Normalización de Tierra Grata (hoy Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en San José de Oriente (La Paz); también participaron los

Gráfico No. 3. Grupos etarios dentro de la población excombatiente del Cesar

NR 18-25 años 26-40 años 41-60 años Más 60 años

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R E I N T E G R A C I Ó N Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Entornos seguros

Inclusión social

Cobertura institucional

Oferta/acceso trabajo

Reunificación familiar

Oferta/acceso educativo

Implementación efectiva del Acuerdo

Participación política

Acceso a vivienda

0,33

0,17

0,67

1,00

0,83

0,50

0,00

0,00

0,00

1,00

0,71

0,86

0,43

0,00

0,57

0,00

0,29

0,14

0,67

1,00

0,33

0,00

0,50

0,17

0,83

0,00

0,00

0,67

0,63

0,62

0,48

0,44

0,41

0,28

0,10

0,05

Promedio

personeros, secretarios de gobierno y enlaces de víctimas de los mencionados municipios, así como representantes de entidades regionales y nacionales como el ICBF, la ARN y el Ejército.

De acuerdo con la información etnográfica recopilada por la consultoría departamental de este proyecto, “el taller contó con una participación equilibrada de institucionalidad local y organizaciones de la sociedad civil, que lograron desarrollar los ejercicios propuestos en un ambiente de diálogo, respeto y construcción colectiva. No hubo tensiones relevantes entre los funcionarios y los representantes de los sectores sociales. Al preguntarles a los líderes campesinos por esta situación, señalaron: ‘de tanto taller, y reunión, para una cosa y para otra,

ya nos conocemos. Eso hace que sea más fácil escucharse, ya se conoce uno el temperamento de los funcionarios, y el de uno también. Últimamente hacen muchas reuniones sobre paz aquí en el municipio”36.

Como explica la Tabla No. 3, metodológicamente el taller se desarrolló en tres grupos que reflexionaron y discutieron sobre la pregunta orientadora citada en el acápite anterior, identificando nueve variables que favorecerían el Proceso de Reintegración de los excombatientes de las FARC en el Cesar. Dichos factores se ponderaron ubicándolos en orden de importancia en un rango, siendo 1,0 el valor de mayor jerarquía y 0,0 el de menor.

En este orden, para los participantes del taller la garantía de Entornos seguros constituye el primer factor de importancia para el Proceso de Reintegración de los excombatientes. Dicha variable incluye la protección integral y especialmente la existencia de instituciones y mecanismos que garanticen el derecho a la vida de los excombatientes y sus familias.

La segunda variable priorizada por los grupos de trabajo del taller fue la Inclusión social, en la cual consideraron la necesidad de impulsar actividades de integración social y comunitaria desde la institucionalidad local, priorizando procesos de atención psicosocial especializada y continua, tanto con los desmovilizados como con la comunidad del municipio receptor. Esto con el fin de lograr un reconocimiento de la población excombatiente alejada de los prejuicios y estereotipos construidos en el marco del conflicto armado.

36 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en La Paz, 7 de febrero de 2017.

Tabla No. 3. Variables de reintegración. Taller participativo en La Paz.


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En el diario de campo realizado se registraron, de forma etnográfica, palabras de una representante de las fuerzas militares asistente al taller que resultan ilustrativas al respecto: “Lo digo por experiencia, para que realmente haya paz, nosotros mismos dentro del Ejército, dentro de la Policía tenemos que aprender a mirar con otros ojos las cosas. Miren, cuando a mí me dijeron que allá en Tierra Grata iban a estar los guerrilleros, y que nosotros teníamos que estar dispuestos a cuidarlos, la verdad me asusté, mejor dicho, me molesté. Mi esposo también era militar, y a él lo asesinó la guerrilla en un combate. Ese es un dolor que a uno se le vuelve rabia, ira. Pero con el pasar de este proceso nuevo, llegué a hablar con algunas guerrilleras y ahora pienso las cosas de manera diferente: Tampoco son los monstruos que creía, también han puesto sus muertos y les duelen como a mí. Si uno se pone a pensarlo, yo nunca había hablado con un guerrillero, eran el enemigo y punto. Pero me di cuenta que también son humanos, que pueden sentir, hasta ser amables. Yo creo que en esta guerra nuestra, nadie ha salido ganando, nadie puede decir que no se ha equivocado. No digo que sea fácil de aceptar, pero debemos hacerlo. Ahora me siento tranquila de saber que puedo ejercer mi profesión en otro momento, en uno de paz, donde uno realmente pueda servir a la comunidad. Entonces, para que haya paz, nosotros tenemos que educarnos en la paz, no seguir con los ojos de la guerra”37

En tercer lugar, en el taller, se identificó la importancia de la Cobertura institucional para el Proceso de Reintegración a la vida civil, incluyendo allí la seguridad jurídica, el acceso a la justicia para los excombatientes y la capacidad estatal para garantizar los derechos sociales de la población. Un aspecto en el que se insistió en este ámbito fue el acceso a tierras como parte del Acuerdo de Paz, reconociendo el origen campesino de los desmovilizados y la importancia de su democratización para resolver una de las causas estructurales del conflicto.

Enseguida, los participantes del taller señalaron el papel de la Oferta y acceso al trabajo en los municipios, como una necesidad fundamental para que los desmovilizados se logren incorporar a la vida civil y busquen la reunificación familiar y la oferta/acceso educativo, que hace parte de las redes primarias de apoyo y del proyecto de vida de cada persona.

A continuación se identificaron dos aspectos de orden político y colectivo: La implementación efectiva del Acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera en los territorios y la existencia de espacios y oportunidades locales para ejercer la Participación política. Como se indica en la tabla No. 3, el último factor priorizado en el taller fue el Acceso a vivienda en los municipios receptores de la población desmovilizada.

Dando cuenta del valor de la participación en esta jornada, es importante destacar una discusión de carácter teórico-práctico que se presentó en el grupo No. 2, con respecto al proceso de desmovilización. Como se registra en el diario de campo de la consultoría, uno de los funcionarios planteó los siguientes cuestionamientos: “Tanto para las instituciones como para la gente del común es importante entender que se tienen muchos prejuicios sobre los guerrilleros de las FARC y que constituye un riesgo tratar de edificar políticas de paz sobre la base de estereotipos a todas luces errados. Por ejemplo, en este taller, al preguntar por las variables que buscaría un desmovilizado para su vinculación a la vida civil se tiende a homogenizar a todos los integrantes de la guerrilla, como si fuera lo mismo un guerrillero raso que un comandante regional o un integrante del secretariado. Y, otra cosa, también creemos que todos los guerrilleros son pobres analfabetas trastornados, que necesitan ayuda psicosocial y aprender a vivir “en la civilización”. Es importante detallar, de manera juiciosa, en qué condiciones están, qué buscan, qué piensan pero, desde su perspectiva, no desde la nuestra. Quizá nos sorprendamos con el nivel de formación política y hasta académica que tienen. Ese nivel de detalle es necesario para que, como Estado y también como cooperación, no se cometan errores que después tengamos que lamentar”38.

Ahora bien, una vez identificadas y ponderadas las variables, los participantes ubicaron los municipios que en su opinión reunían las condiciones más favorables para las personas en proceso de reintegración, obteniendo los siguientes resultados. Como se puede observar en el mapa No. 4, para los asistentes al taller en La Paz, la probabilidad de ocurrencia de dichos factores de reintegración se concentra en las dos ciudades más grandes, en la región norte y centro-oriental del departamento.

37 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en La Paz, 7 de febrero de 2017.38 Ibid.

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Así, Valledupar y La Paz aparecen como los dos municipios con “Muy alta” probabilidad de reintegración de excombatientes. Los participantes creen que Valledupar reuniría mayores condiciones socioeconómicas e institucionales para favorecer el Proceso de Reintegración por ser la capital del departamento, y La Paz, congrega ya gran parte de la población en proceso de DDR debido a la ubicación del ETCR en Tierra Grata,

corregimiento de San José de Oriente. Debido a su ubicación estratégica, aparece Codazzi con una probabilidad “Alta” de reintegrar excombatientes, seguido de tres municipios del norte con una probabilidad “Media”: Pueblo Bello, San Diego y Bosconia, señalados por la cercanía con la capital, así como por la presencia histórica de las guerrillas en las zonas rurales.

Mapa No. 4. Probabilidad de reintegración de excombatientes en el Cesar.Taller participativo en La Paz

Igualmente, con una probabilidad “Media” de Reintegración de excombatientes aparecen dos municipios del centro: Becerril y La Jagua y, la única referencia del sur: Aguachica. Los dos primeros, se priorizaron por hacer parte del corredor minero del departamento y, por lo tanto, la percepción compartida de la existencia de recursos económicos de las regalías que podrían facilitar la implementación de las políticas públicas desde la institucionalidad local. Y finalmente, Aguachica, por ser la segunda ciudad más importante del departamento, estaría concentrando mayores capacidades instituciones y económicas para el Proceso de Reintegración.


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Taller en Valledupar Al taller realizado en Valledupar, el 9 de marzo de 2017, se convocó a los actores comunitarios e institucionales de la capital, tanto en su zona rural como urbana, y también a los representantes de los municipios de Pueblo Bello, Bosconia y El Copey, que conforman la subregión noroccidental del departamento. Sin embargo, a pesar de la gestión oportuna y articulada realizada entre el equipo consultor y la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación, la mayoría de los 50 participantes eran parte de la sociedad civil, especialmente organizaciones étnico-territoriales como Consejos Comunitarios, representantes de resguardos indígenas, organizaciones agrarias- campesinas y espacios estudiantiles y universitarios, la institucionalidad no fue muy representativa.

De acuerdo con la información etnográfica recopilada durante la jornada, la ausencia de un equilibrio entre la participación comunitaria y la institucional generó una serie de tensiones a considerar. En palabras de uno de los líderes participantes en el taller “es muy cuestionable el alcance que pueden tener espacios como estos si la institucionalidad de la ciudad y del departamento ni siquiera asiste de la manera en la que debería. Aquí estamos los líderes de muchas organizaciones sociales, algunos han venido de muy lejos para poder aprender y participar en este encuentro, y los funcionarios a los que les corresponde, porque es su trabajo, y que además viven aquí en Valledupar, ni siquiera se dignan a venir a escucharnos.

Tabla No. 4. Variables de Reintegración. Taller participativo en Valledupar

Siempre es lo mismo: pereciera que sólo les importamos cuando hay que votar”39.

Aunque, como se verá en el capítulo sobre riesgos de violencia dichas tensiones afectaron en algún momento la participación y el diálogo, en general el taller logró desarrollarse de manera integral, generando los resultados que se presentan a continuación. Con relación a los factores que promoverían el proceso de reintegración de excombatientes en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, los asistentes al taller identificaron ocho variables, ponderadas en un rango de 1 a 0, siendo 1 el valor de mayor importancia.

Como lo indica la tabla No. 4, la Inclusión social fue el factor de mayor importancia para los participantes del taller, con un promedio de 0,8. En los grupos de trabajo se especificó que la inclusión social comprendería un proceso socioeducativo y cultural de perdón y reconciliación, que permitiera superar los estereotipos construidos a lo largo de la guerra.

En palabras de uno de los participantes “los que hicieron parte de las FARC buscarán una comunidad que los acepte como personas, que reconozca que ante todo son seres humanos con ideas, con corazón y sentimientos, y no como siempre se les ha dicho unos terroristas. Yo creo que quieren recuperar su humanidad como personas, para que más nunca les digan desalmados que es la imagen de la guerra”40.

39 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en Valledupar, 9 de marzo de 2017.40 Ibid.


Inclusión social


Entornos seguros

Oferta/Acceso trabajo


Oferta/Acceso educativo



0,83

0,50

0,00

0,33

1,00

0,67

0,17

0,00

0,86

1,00

0,71

0,43

0,14

0,29

0,00

0,57

0,71

0,43

0,86

0,57

0,14

0,29

1,00

0,00

0,80

0,64

0,52

0,44

0,43

0,41

0,39

0,19

Promedio

22


El segundo factor priorizado por los participantes del taller en Valledupar, fue la Cobertura institucional señalando enfáticamente que ello implicaría programas y acciones concretas que garanticen los derechos de la población desde un enfoque diferencial, dada la diversidad cultural y territorial del departamento e igualmente, las condiciones específicas de afectación del conflicto armado en cada zona y comunidad. Al respecto, el acompañamiento psicosocial fue una de las sugerencias puntuales realizadas por los participantes para garantizar la materialización del enfoque diferencial en las políticas de construcción de paz territorial.

En tercer lugar, en el taller se priorizó la garantía de Entornos seguros para las personas en Proceso de Reintegración, alertando sobre la necesidad de ofrecer, de manera institucional y continua, seguridad y protección que eviten las amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos.

Enseguida, los grupos de trabajo indicaron la importancia de la Oferta y acceso al trabajo realizando precisiones que deberían ser tenidas en cuenta por la institucionalidad estatal encargada del Proceso de Reintegración. Tanto en las intervenciones en los grupos de trabajo como en la plenaria, los asistentes insistieron en que dicha oferta laboral debe repensarse en función de los elementos pactados en el Acuerdo y en las características específicas de las FARC como grupo armado, con posturas políticas e ideológicas. En concreto, afirmaban que el empleo no debería ofertarse a nivel individual, como se ha hecho en otros procesos de reintegración, sino priorizar los procesos de trabajo asociativo y cooperativo que garanticen la estabilidad económica del grupo, específicamente con proyectos agrícolas y políticas públicas rurales integrales.

De allí, que el quinto factor priorizado haya sido la oportunidad de Participación política ofrecida a los excombatientes en cada municipio, incluyendo la justicia y el esclarecimiento de la verdad del origen del conflicto en el departamento, especificando los vínculos y responsabilidades de los actores económicos y políticos en su desarrollo y escalamiento.

Finalmente, en el taller se priorizaron la Oferta/acceso educativo, incluyendo las posibilidades de acreditación y validación de la formación técnica y política de los excombatientes, la Implementación efectiva del acuerdo y la Reunificación familiar.

Por otra parte, resulta importante destacar algunos de los aspectos específicos que resultaron de la discusión interna en los grupos de trabajo y que fueron consignados de manera etnográfica en el diario de campo de la consultoría departamental del proyecto. En dos de los tres grupos, tanto los representantes de organizaciones sociales como de la Academia, alertaron sobre la necesidad de incorporar en las futuras políticas públicas las re-conceptualizaciones de algunos términos estructurales en estos procesos de construcción de paz.

En palabras de una de las participantes del taller: ‘Nosotras tuvimos la oportunidad de ir a un encuentro en Tierra Grata, en compañía de la Oficina Asesora de Paz y de otras instituciones del Estado, porque se hicieron unos seminarios o conversatorios de pedagogía de paz. Allí nos explicaban los Acuerdos de La Habana y los cambios que se hicieron. Hubo algo que me llamó mucho la atención y es que desde la guerrilla no están de acuerdo con las palabras ‘desmovilización’ ni ‘reintegración ’. Ellos afirman que esa es la manera de ver del Estado y de la cooperación, que hacen pensar que el problema de Colombia han sido las armas y no se entiende en sus verdaderas dimensiones. Allá no están de acuerdo con la palabra ‘desmovilización’ porque creen que fortalece la idea de que la movilización es algo malo, y que cuando uno no está de acuerdo con algo, debe quedarse quieto. Lo que dicen es que con la paz ellos no se van a desmovilizar, sino que se van a mover de otra manera, que su movilización ahora será sólo con las ideas, con la participación política sin armas. También critican el tratamiento de las instituciones que los califican como desvalidos o ignorantes que necesitan ser ‘reintegrados’ a la sociedad, ellos siempre han hecho parte de ella y no necesitan reintegrarse a algo de lo que ya se pertenece, porque también son colombianos”41.

Ahora bien, a nivel de priorización territorial los participantes del taller de Valledupar mantuvieron el papel preponderante de los municipios del norte y centro-oriente del departamento, otorgado en la jornada participativa realizada en La Paz y añadieron nuevos municipios de la zona noroccidental y sur del departamento. Así, ambos talleres coincidieron en que existe una “Muy alta” probabilidad de reinserción de excombatientes en Valledupar y La Paz, por tratarse de la capital del departamento y por la presencia institucional y de cooperación internacional asociada la ZVTN de San

41 Ibid.


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Mapa No. 5. Probabilidad de Reintegración de excombatientes en el Cesar.Taller participativo en Valledupar

José de Oriente, hoy Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Con una “Alta” probabilidad de reinserción de excombatientes, a Codazzi añadieron San Diego, Manaure y Pueblo Bello en el norte; Becerril en el centro, y Aguachica al sur del departamento. Dicha selección respondía, según los participantes, a la ubicación estratégica de los municipios, a la dinámica económica debido a la transferencia de regalías

del carbón a las zonas mineras y, también, por la presencia histórica de las guerrillas en las áreas rurales de algunos de estos municipios.

Finalmente, con una probabilidad “Media” de reinserción, además de Bosconia y La Jagua en el norte y centro del departamento, se añadieron El Copey, El Paso, Astrea, Curumaní y Pailitas, al igual que Rio de Oro y San Alberto en el sur.

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Tabla No. 5. Variables de Reintegración. Taller participativo en Curumaní

Taller en CurumaníEl taller realizado en Curumaní, el 21 de abril de 2017, convocó organizaciones comunitarias e institucionalidad local de la zona rural y urbana del mismo municipio, así como de El Paso, Becerril, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas y Pelaya. Asistieron 55 personas que establecieron un diálogo intersectorial entre sociedad civil e institucionalidad, equilibrando la representación de ambos tipos de actores. Entre los participantes se encontraban líderes campesinos, presidentes e integrantes de Juntas de Acción Comunal, organizaciones cívicas de víctimas y mujeres, así como alcaldes, secretarios de gobierno, enlaces municipales y personeros.

De acuerdo con la indagación etnográfica realizada durante la jornada, este escenario evidenció profundas diferencias políticas entre los actores institucionales y las organizaciones locales que, dadas las condiciones del taller, pudieron expresarse en un ambiente constructivo de diálogo y respeto. Como se verá en el presente acápite, la diferencia fue productiva para generar debates de alcance teórico-práctico, considerables y necesarios a la hora de implementar políticas públicas que promuevan la consolidación de la paz en los territorios.

Con esta nutrida participación se organizaron tres grupos que lograron identificar, por consenso, ocho variables priorizadas como lo indica la tabla No. 5.

De este modo, en el consenso entre los participantes del taller de Curumaní la Inclusión social sería el principal factor para garantizar el Proceso de Reintegración de excombatientes en el departamento. Siguiendo el registro etnográfico realizado a lo largo de la jornada de trabajo, es posible afirmar que la categoría de Inclusión social comprendería dos dimensiones interrelacionadas pero diferenciadas: a nivel individual, se enfatizaba en la necesidad de lograr la aceptación social de los excombatientes con el reconocimiento de su dignidad personal y de sus derechos políticos como ciudadanos, en igualdad de condiciones en los municipios receptores; en el ámbito colectivo, la inclusión se entiende como la eliminación de la estigmatización aún vigente sobre el grupo político al cual pertenecen los excombatientes y, más aún, la construcción de una cultura democrática capaz de reconocer la existencia y valor de la diferencia política.

La segunda variable priorizada por los participantes fue la consolidación institucional de Entornos seguros para los excombatientes y sus familias, garantizando los derechos humanos y, en especial, el derecho a la vida. En tercer lugar, se jerarquizó la Participación política, entendiendo por esta la oportunidad de apertura democrática que ofrezcan los municipios para que los excombatientes ejerzan sus derechos políticos y puedan ocupar instancias decisorias y de poder como nuevo grupo político legal.


Inclusión social

Entornos seguros





Oferta/Acceso educativo


1,00

0,67

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

1,00

0,60

0,80

0,80

0,40

0,00

0,20

1,00

0,67

0,83

0,17

0,00

0,33

0,50

0,00

0,87

0,78

0,59

0,32

0,27

0,24

0,17

0,07

Promedio


25

El cuarto factor priorizado fue la Cobertura institucional que, para los participantes del taller, incluía el apoyo psicosocial y la garantía del goce efectivo de los derechos básicos, especialmente la educación integral y el desarrollo rural. Con este argumento, los siguientes aspectos priorizados fueron: La Implementación del Acuerdo con políticas y programas concretos en cada municipio, la Oferta/acceso al trabajo incluyendo la tierra para desarrollar procesos productivos de economía campesina, la Oferta/acceso a la educación y finalmente la Reunificación familiar.

Ahora bien, para incluir de manera detallada los aportes de la jornada participativa vale destacar la propuesta del grupo de trabajo No. 2, registrada de manera etnográfica en el diario de campo de la consultoría del proyecto: “En el grupo de trabajo No. 2, los representantes de las organizaciones sociales insisten en que la pregunta formulada para el taller debe precisarse. En palabras de uno de los integrantes: ‘El problema es que, tanto la mayoría de la sociedad colombiana como las instituciones del Estado, están mirando el proceso de paz, y las decisiones de las FARC con los ojos de un colombiano promedio, y eso no es así. Creemos que los guerrilleros de las FARC van a pensar como nosotros, tener una casa, y un trabajo así sea mal pago. Pero ellos han estado allá en el monte muchos años y valoran las cosas de otro modo, antes que nada son una organización que tiene unos fines políticos. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero no puede negar que los tiene. Entonces, si uno se pregunta por las condiciones que debe tener la reintegración, se deben tener en cuenta dos aspectos que se relacionan pero que son distintos: uno es el colectivo y otro el individual”42.

De este modo, para el grupo No. 2 el Proceso de Reintegración debería tener dos dimensiones. Una dimensión sería de nivel colectivo, donde los factores fundamentales serían el cumplimiento del Acuerdo, la participación política, la garantía de los derechos humanos, el desmantelamiento del

paramilitarismo, el cambio en la estigmatización social sobre los exguerrilleros y el logro del trabajo asociativo y cooperativo en la instancia contemplada en los acuerdos (Ecomún)

La otra dimensión sería la individual, en la que el grupo consideró que los factores primordiales de una reintegración exitosa a la vida civil serían la garantía del derecho a la vida, la satisfacción de los derechos básicos como salud, educación, vivienda, el reconocimiento social de la dignidad personal de los exguerrilleros, a través de una inclusión solidaria, el acceso a tierras productivas, el empleo y la reunificación familiar43.

Respecto a la priorización territorial, la identificación de los municipios donde los participantes consideraban más probable el Proceso de Reintegración, se modificó respecto a los resultados obtenidos en el taller de Valledupar. Como puede observarse en el mapa No. 6, los participantes coinciden en que La Paz tiene una “Muy alta” probabilidad de acoger el Proceso de Reintegración de los excombatientes debido principalmente a la ubicación de la ZVTN, hoy ETCR. Sin embargo, consideran que la probabilidad de Valledupar no es “Muy alta”, sino “Alta” y reemplazan a la ciudad capital por Curumaní, en la priorización.

En los municipios con “Alta” probabilidad se mantienen Codazzi, en el norte y Aguachica en el sur, añadiendo a Pailitas en el centro del departamento. Finalmente, con una estimación de probabilidad “Media” se añade Pueblo Bello, Becerril, Chiriguaná y Pelaya y se mantiene únicamente Bosconia, Astrea y Rio de Oro, fundamentalmente en consideración a su ubicación e importancia económica para el transporte, la producción agroindustrial y minera.

42 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en Curumaní, 21 de abril de 2017.43 Ibid.

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Mapa No. 6. Probabilidad de Reintegración de excombatientes en el Cesar.Taller participativo en Curumaní

Taller en AguachicaEl cuarto taller de cartografía social participativa y prospectiva del posconflicto en el Cesar, realizado en Aguachica el 24 de abril de 2017, convocó a diversos sectores sociales e institucionales de la ciudad sede y de los municipios de Pelaya, La Gloria, Gamarra, Rio de Oro, González, San Martín y San Alberto. Sin embargo, a pesar de la convocatoria realizada, la participación de los sectores organizados de la sociedad civil

fue sensiblemente baja, indicando el clima de tensión entre los referentes de organización comunitaria de la subregión y la institucionalidad departamental y local. El taller se realizó con 35 participantes de las alcaldías municipales, especialmente personeros, enlaces de víctimas y funcionarios de diversas instancias locales; así como algunos líderes campesinos de la zona rural en el Perijá.


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Tabla No. 6: Variables de reintegración. Taller participativo en Aguachica

En este contexto, como lo indica la Tabla No. 6, se organizaron tres grupos que en consenso identificaron y ponderaron las siguientes ocho variables para el Proceso de Reintegración de excombatientes en el departamento, en el mismo rango de 1 a 0, siendo 1 el valor máximo de importancia.

La variable Oferta/acceso al trabajo aparece como el primer factor con 0,82, seguido de la necesidad de contar con Entornos seguros en los municipios. Este factor, ponderado con 0,76, incluía la ausencia de confrontaciones armadas en los municipios por parte de otros grupos aún vigentes, el respeto por los derechos humanos y el despliegue de las capacidades institucionales para garantizar la seguridad y tranquilidad de los excombatientes, así como de las comunidades receptoras.

La tercera variable priorizada fue la Cobertura institucional, con un 0,67, incluyendo allí la implementación de políticas públicas con enfoque diferencial por etnia y género, el acompañamiento psicosocial y la disponibilidad de tierras para desarrollar proyectos productivos de economía campesina.

Enseguida, los grupos de trabajo priorizaron la Inclusión social, con un 0,61, señalando que, en su opinión, los excombatientes buscarían el perdón, la aceptación social y evitar contextos sociales de discriminación y estigmatización. En dos de los grupos se insistió en que para ello sería importante el acompañamiento religioso, que identifican como una falencia del Acuerdo de Paz.



Entornos seguros


Inclusión social


Oferta/acceso vivienda

Oferta/acceso salud



0,86

1,00

0,43

0,57

0,71

0,14

0,00

0,29

0,00

0,75

1,00

0,88

0,25

0,38

0,63

0,50

0,00

0,13

0,86

0,29

0,71

1,00

0,43

0,57

0,00

0,00

0,14

0,82

0,76

0,67

0,61

0,51

0,45

0,17

0,10

0,09

Promedio

28


Mapa No. 7. Probabilidad de Reintegración de excombatientes en el Cesar. Taller participativo en Aguachica

En orden descendente, los participantes ubicaron la Oferta/acceso a la educación, la Vivienda y la Salud como factores que promoverían el éxito del Proceso de Reintegración de excombatientes en el departamento. Luego priorizaron la búsqueda de Participación política de los antiguos integrantes de la guerrilla, añadiendo que esta sería posible en la medida en que los excombatientes estuvieran en poblaciones que hubiesen leído y comprendido el Acuerdo de Paz. Finalmente, los grupos señalaron el papel de la Reunificación familiar como espacio de apoyo al tránsito hacia la vida civil.

Respecto a la posible distribución geográfica de los excombatientes, los participantes del taller consideraron que Valledupar sería el único municipio con una “Muy alta”

probabilidad de recepción de población desmovilizada. Como lo muestra el Mapa No. 6, con una “Alta” probabilidad, los asistentes señalaron a La Paz, La Jagua (por hacer parte del corredor minero y obtener regalías de la explotación del carbón) y Aguachica, por ser la segunda ciudad más importante del departamento.

Finalmente, con una probabilidad “Media”, los asistentes estimaron que en el norte San Diego y Codazzi podrían recibir población desmovilizada, mientras que el resto de excombatientes probablemente se ubicarían en los municipios del centro y sur, específicamente en Becerril, Curumaní, Pailitas, Pelaya, Rio de Oro, Gonzalez, San Martin y San Alberto.


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Variable Reintegración LA PAZ VALLEDUPAR CURUMANÍ AGUACHICA PROMEDIO

Inclusión social

Entornos seguros

Cobertura Institucional





0,63

0,67

0,62

0,48

0,41

0,10

0,44

0,80

0,52

0,64

0,44

0,41

0,43

0,19

0,87

0,78

0,32

0,24

0,17

0,59

0,07

0,61

0,76

0,67

0,82

0,51

0,10

0,09

0,73

0,68

0,56

0,50

0,38

0,31

0,20

Tabla No. 7. Variables de Reintegración del consolidado de los cuatro talleres participativos

De acuerdo con la tabla No. 7, la Inclusión social de los excombatientes es considera por los actores sociales e institucionales que participaron del proyecto como la variable de mayor importancia, con un valor promedio de 0,73. Conjugando dicha postura con los resultados del plebiscito, mencionados en la introducción del presente documento, se evidencia la necesidad de implementar acciones pedagógicas sobre el Acuerdo de Paz, así como procesos de acompañamiento psicosocial que favorezcan la reconciliación y la eliminación de estereotipos y prácticas discriminatorias.

La segunda variable priorizada corresponde a los Entornos seguros promediada con un valor de 0,68. Esto evidencia la percepción compartida por los participantes, sobre la inminencia de las condiciones de riesgo y posible amenaza contra la vida e integridad de los excombatientes que iniciarán su proceso de integración a la sociedad civil.

El tercer factor promediado, con un valor de 0,56, fue la Cobertura institucional como condición indispensable para la

Resultado Consolidado Participativo ReintegraciónUna vez consolidados los resultados de los cuatro talleres de Cartografía Participativa y Prospectiva del posconflicto en el Cesar, se obtuvieron siete variables relacionadas con el Proceso de Reintegración de excombatientes, haciendo posible la construcción del indicador participativo para dicho aspecto, teniendo en cuenta en la selección de variables dos condiciones: Primero, que sean variables que se repitieron a lo largo de los talleres y segundo, que sean variables que puedan ser cuantificables a partir de información estadística.

implementación territorial del Acuerdo de Paz, con enfoque diferencial por etnia y género. A partir de allí, los participantes priorizaron en orden descendente la Oferta/acceso al trabajo, con 0,50; y la Oferta/acceso a la educación, con 0,38.

Las dos últimas variables seleccionadas se relacionan con ámbitos colectivos e individuales, respectivamente. Por una parte, la Participación política, promediada con un valor de 0,31, indicaría la búsqueda de los excombatientes de unos entornos que faciliten el ejercicio de sus derechos políticos y la posibilidad de ocupar cargos de representatividad local y regional. Por otra parte, la Reunificación familiar, valorada con un promedio de 0,20, es identificada como la necesidad individual de cada excombatiente por reconstituir su entorno más cercano en el proceso de ingreso a la vida civil.

En este orden de ideas, el indicador participativo construido concentra la probabilidad de localización del Proceso de Reintegración de los excombatientes en la zona norte y centroriental del departamento. Como lo evidencia el

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Mapa No. 8, los participantes identifican una “Muy alta” probabilidad de Reintegración de excombatientes de las FARC en Valledupar, capital del departamento y en La Paz, como sede del ETCR.

Con una probabilidad “Alta” califican a tres municipios de distintas subregiones: Codazzi, en el norte; Curumaní, en el centro-oriente y Aguachica, en el sur. Tanto Codazzi como Curumaní se ubican en el espacio de influencia de la explotación carbonífera y, por lo tanto, de la transferencia de regalías constituyéndose, además, como corredores de los grupos armados con una historia particularmente importante de movilización social y de participación política de izquierda. Aguachica, por su parte, es la segunda ciudad

más importante del departamento con una historia de lucha social y construcción de paz, como lo demuestra el proceso de Consulta Popular por la Paz, desarrollado en la década de los 90.

Finalmente, con una probabilidad “Media” de reinserción de excombatientes se ubican tres municipios del norte destacados por su ubicación estratégica cercana a la capital y la presencia histórica de grupos armados, especialmente insurgencias, a saber: Manaure, San Diego y Pueblo Bello. En la misma consideración de probabilidad, se ubican tres municipios de centro-oriente pertenecientes al corredor minero del Cesar, como son Becerril, La Jagua y Pailitas.

Mapa No. 8. Probabilidad de Reintegración de excombatientes en el Cesar. onsolidado de los cuatro talleres de cartografía social


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Variable PONDERACIÓN (%)

Inclusión social

Entornos seguros

Cobertura Institucional





Participativo

TOTAL

30

20

15

10

5

5

5

10

100

Tabla No. 8: Variables priorizada y ponderación

Indicador prospectivo de ReintegraciónDe acuerdo con la identificación y ponderación de variables realizada en los talleres, se construyó un indicador prospectivo que cruza la percepción de los participantes respecto a los lugares donde podría localizarse la Reintegración de excombatientes, con información estadística oficial.

Inclusión socialEsta variable hace referencia a cómo el territorio está preparado (en términos sociales) para la reconciliación con reincorporados de las FARC. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es la mínima capacidad territorial para la reconciliación y 1 es la máxima. Para construir esta variable se capturaron datos en tres dimensiones: Número de víctimas totales de las FARC en el territorio; probabilidad de reintegración de excombatientes en el territorio (estimación a partir de presencia BACRIM y FARC, cultivos de coca, ruralidad, zonas de reserva campesina) y, finalmente, la magnitud de la victimización de las FARC en el territorio (Ponderación por peso poblacional OIM y UARIV 2015).

Entornos seguros Esta variable hace referencia a las condiciones de seguridad física del territorio. Entornos poco violentos y seguros serán más deseados por los reincorporados de las FARC. Esta variable

es continua y va de 0 a1, donde 0 es mínima seguridad y 1 es máxima seguridad. Para construir esta variable se capturaron datos en cuatro dimensiones: Tasas de homicidio, asesinato selectivo, amenaza y desplazamiento (UARIV 2016; Forensis 2015), presencia de BACRIM/ELN en el territorio (PARES/FIP 2015).

Cobertura institucional Esta variable hace referencia a la oferta estatal de planes, programas y proyectos en temas sociales que representen una respuesta al ciudadano, sobre las múltiples problemáticas que existen en el territorio. Los reincorporados de las FARC se inclinarán por buscar regiones donde puedan acceder a una mejor oferta institucional del Estado. Esta variable es continua y va de 0 a1, donde 0 es mínima capacidad institucional y 1 es máxima capacidad. Para construir esta variable se capturaron datos en tres dimensiones: Desempeño fiscal y administrativo (DNP 2013), mortalidad infantil (Ministerio de Salud 2013) y desempeño de justicia local (DeJusticia 2012).

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Oferta acceso al trabajo Esta variable hace referencia a las circunstancias y condiciones del territorio que representan atractivos económicos (v.g.: productividad, empleo, ingresos, etc.) para los reincorporados de las FARC. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es mínima oferta laboral y 1 es máxima oferta. Para construir esta variable se capturaron datos en cuatro dimensiones: Presencia de cultivos ilícitos (UNODC 2014), empleo informal (DANE 2005), dependencia económica (DANE 2005) y presencia de minería ilegal (UNODC 2014).

Oferta/acceso a la educación Esta variable hace referencia a las condiciones educativas y a la oferta que se brinda desde el territorio en este aspecto. Los asistentes al taller asumen que los reincorporados de las FARC tenderán a buscar regiones donde puedan acceder a una mejor oferta educativa. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es mínima oferta laboral y 1 es máxima oferta. Para construir esta variable se capturaron datos del Ministerio de educación y el DNP, relacionados con cobertura neta en educación media para 2015.

Participación política Esta variable hace referencia a las posibilidades existentes alrededor del desempeño electoral por parte de los reintegrados de las FARC, en un escenario de posconflicto. Aquí se deduce que los excombatientes buscarán lugares en donde, ejercer su derecho a la participación/representación política, sea más fácil. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 1 significa mayores posibilidades de participar en política para este grupo social y 0, menores posibilidades. Para construir este indicador se utilizaron datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral (MOE), relacionados con el desempeño para 2015 en las elecciones a los Concejos y Alcaldías, por parte de partidos de izquierda y reportes de violencia política para 2015 y reportes de limitaciones a la competencia electoral.

Reunificación familiar Esta variable hace referencia a los territorios en donde es más probable que las FARC se reintegren, teniendo en cuenta sus lugares de origen. Los excombatientes buscarán los municipios en los que habitan sus familias y sus redes sociales. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es baja probabilidad de reunificación familiar y 1 es máxima probabilidad. Para construir esta variable se capturaron datos de la ARN, que rastrean el lugar de origen de los desmovilizados individuales de las FARC hasta el año 2014.

Análisis sobre ReintegraciónA partir de la triangulación (variable participativa con un peso porcentual del 10% sobre la variación total del indicador) entre las percepciones obtenidas en los talleres participativos y las bases de datos oficiales sobre las variables, se construyó el siguiente Mapa Prospectivo de Reintegración de excombatientes para el departamento del Cesar.


33

Mapa No. 9. Mapa Prospectivo de Reintegración

En el mapa, los municipios con “Muy alta” probabilidad de Reintegración de excombatientes son Valledupar, Manaure, La Jagua, Pailitas, San Alberto y San Martín. Realizando

un ejercicio comparativo entre el mapa participativo y el prospectivo, encontramos los siguientes resultados:

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Tabla No. 9. Comparación entre el mapa participativo y el mapa prospectivo respecto a la Reintegración

Subregión Municipio Indicador Participativo Indicador prospectivoNorte

Noroccidente

Centro-oriente

Centro-occidente

Sur

Valledupar

La Paz

Manaure

San Diego

Codazzi

Pueblo Bello

El Copey

Bosconia

Astrea

El Paso

Becerril

La Jagua

Curumaní

Pailitas

Pelaya

Chiriguaná

Chimichagua

Tamalameque

La Gloria

Gamarra

Aguachica

Rio de Oro

González

San Martín

San Alberto

Probabilidad muy alta


Probabilidad Media

Probabilidad Media

Probabilidad Alta

Probabilidad Media

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Media

Probabilidad Media

Probabilidad Alta

Probabilidad Media

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Alta

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja

Probabilidad Baja


Probabilidad Alta


Probabilidad Baja

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Media

Probabilidad Media

Probabilidad Baja


Probabilidad Alta


Probabilidad Media

Probabilidad Media

Probabilidad Media

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta

Probabilidad Alta




35

En principio, respecto a la Cartografía Participativa, el mapa prospectivo incluye un mayor número de municipios como destinos probables para la Reintegración de los excombatientes. Por esto, la comparación comprende una variedad de posibilidades desde la coincidencia total o relativa, hasta la oposición.

De este modo, tanto el mapa participativo como el prospectivo coinciden al catalogar a Valledupar, La Paz, Codazzi, Curumaní y Aguachica como municipios con “Muy alta” y “Alta” probabilidad de Reintegración de excombatientes. Asimismo, existe una relativa coincidencia en algunos municipios del norte y centro-oriente, como Manaure, Pueblo Bello, La Jagua y Pailitas que en los talleres fueron considerados con una probabilidad “Media” de localización de Reintegración, mientras que la información oficial los pondera con una probabilidad “Alta” o “Muy alta”.

Por otra parte, existe una relativa contraposición en la valoración de San Diego y Becerril, municipios que en el indicador participativo aparecen con una probabilidad “Media”, pero de acuerdo con la información oficial tendrían un rango “Bajo” de probabilidad, debido a la falta de condiciones institucionales, sociales y económicas completas para la Reintegración de los excombatientes.

Otra contraposición existe en el caso de los municipios del noroccidente y centro, como Pelaya, Astrea, El Paso, Chiriguaná y Chimichagua, valorados en el indicador participativo con una “Baja” probabilidad, pero con unas condiciones que, para el indicador prospectivo configuran una probabilidad “Media” de recibir personas en Proceso de Reintegración. Esto puede deberse al imaginario social existente, sobre la ubicación histórica de las guerrillas en la zona oriental del departamento, sobre la cadena montañosa de la Serranía del Perijá y al norte la Sierra Nevada de Santa Marta.

Finalmente, la contraposición es total en la valoración de El Copey, Bosconia, Tamalameque, La Gloria, Gamarra, Rio de Oro, Gonzalez, San Martin y San Alberto, municipios con una “Baja” probabilidad en el mapa participativo, pero con escenarios prospectivos de “Alta” o “Muy alta” probabilidad de Reintegración de los excombatientes.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CESAR

Para contextualizar de manera adecuada los riesgos de violencia que existen actualmente, así como aquellos que podrían generarse en el contexto de la implementación

del Acuerdo de Paz en el Cesar, es importante analizar de manera ordenada los siguientes aspectos: Primero, comprender teóricamente por qué resulta estratégico prever los riesgos de violencia en los escenarios de posacuerdo, para lograr una paz territorial, duradera y estable; segundo, caracterizar brevemente la situación actual de riesgos de violencia que distintas entidades e instituciones han evidenciado en el país y tercero, describir los hechos concretos de violencia que amenazan la consolidación de la paz en el Cesar desde el 2016 hasta la fecha. Estos tres elementos permitirán contrastar de mejor manera los resultados de los talleres participativos, alrededor de la dimensión de riesgos de violencia en el posacuerdo, así como enriquecer el análisis prospectivo del posconflicto en el departamento.

Procesos de negociación exitosos y aumento de la violencia: Aportes desde otras experiencias de “paz”

Para la consolidación efectiva de la paz en Colombia resulta prioritario analizar los riesgos de violencia que surgirán en el contexto de implementación del Acuerdo porque, como lo evidencian las experiencias de negociación en otros países, el denominado “posconflicto” implica un sinnúmero de retos políticos, siendo uno de ellos, la continua confrontación

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armada: “Está establecido que más de la mitad de los acuerdos de paz en el mundo recaen en nuevas formas de conflicto (Lee, 2016; Mason & Greig, 2016; DeRouen et al, 2010), para no hablar de la posibilidad siempre presente de que las dinámicas bélicas se conviertan en diferentes modalidades de violencia (Perea, 2015). Colombia ya pasó por este trance que, según advierte la literatura, tiene una probabilidad no despreciable de ocurrir”44.

Por ejemplo, la experiencia de Guatemala y el Salvador prueban una dolorosa paradoja: procesos “exitosos” de negociación que conllevaron a la dejación de armas de las guerrillas, derivaron en un aumento de los índices de violencia común tras los acuerdos de paz. Esta circunstancia supone considerar una serie de elementos.

Primero, que la consolidación de la paz excede el momento de negociación y dejación de armas, exigiendo una serie de transformaciones aún más profundas. Siguiendo a García Pinzón: “pese a sus acuerdos exitosos de paz, El Salvador y Guatemala son hoy dos de los países más violentos del mundo. Por tanto, hay otras causas profundas de la violencia y la criminalidad que no resuelven los acuerdos de paz y esta es una lección crucial para Colombia”45. En este orden de ideas, es fundamental comprender que los acuerdos entre el Gobierno y las FARC son, apenas, el principio de un largo proceso político, económico y sociocultural de construcción de paz, en el cual se involucran diversidad de actores e intereses46. En palabras de Barreto: “un proceso de negociación y un acuerdo de paz tienen un alcance limitado. Permiten un primer paso fundamental e indispensable para la paz: el silenciamiento de los fusiles de los actores armados, pero no necesariamente eliminar los gérmenes de violencia y

las raíces de la conflictividad. Inciden tan solo sobre una de las dimensiones de un conflicto -los aparatos armados de los grupos ilegales y sus comandos políticos (Granada, Restrepo y Vargas, 2009: 103). Por lo tanto, no son garantía de un país verdaderamente pacificado, sino de una paz frágil, limitada e imperfecta. No generan una paz sostenible y duradera, que sea transversal a todos los niveles y esferas de relaciones sociales”47

Segundo, los riesgos de violencia en el posacuerdo no sólo pueden aumentar cuantitativamente, sino también transformarse cualitativamente en sus modalidades e impactos. Nuevamente, el caso de Guatemala y Salvador es tristemente ilustrativo al respecto: “con posterioridad a los acuerdos la situación social ha estado marcada por el incremento en los niveles de violencia y criminalidad. En efecto, estos dos países son dos de los más violentos del mundo- e incluso dos de cada tres salvadoreños consideran que el país se encuentra peor o igual que durante el conflicto. Pero mientras que la violencia de las últimas décadas del siglo pasado estuvo caracterizada por la lucha de agrupaciones guerrilleras contra regímenes políticos de carácter autoritario, las manifestaciones de la violencia actual son más diversas y abarcan violencia estatal y para-estatal, disputas por la tierra, conflictos socio-ambientales, crimen organizado y narcotráfico, y la violencia de grupos juveniles armados, entre otros”48.

Comprender tanto las continuidades como las transformaciones de la violencia en el contexto de la implementación del Acuerdo, es fundamental para evitar diseñar políticas públicas ineficaces: Minimizar los riesgos de violencia, simplemente porque no se expresan de la misma forma que en una confrontación armada “regular”, o porque se asume que ello significa negar los avances en la construcción de paz tiene

44 Carranza, Francy; Gutiérrez, Francisco y Marín, Margarita (2017) Dinámicas del asesinato de líderes sociales: las covariables municipales. Observatorio de Restitución y Regulación de la propiedad agraria. Reporte semestral, junio 2017. No. 1 Disponible en http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2017/05/Reporte-Semestral-ORRPDA-2017.pdf. Recuperado el 15 de agosto de 2017. Página 1345 García Pinzón, Viviana (2017, 31 de julio) “Violencia en el post-conflicto: la lección esencial de Centroamérica” en Razón Pública. Disponible en http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10438-violencia-en-el-post-conflicto-la-lecci%C3%B3n-esencial-de-centroam%C3%A9rica.html. Recuperado el 16 de agosto de 2017. 46 Si bien en el presente documento se ha utilizado de manera indistinta términos como paz, posconflicto y posacuerdo, las ideas aquí expuestas exigirían una clarificación conceptual. Siguiendo la argumentación desarrollada a lo largo del documento, Colombia se encuentra en una fase de posacuerdo, es decir, posterior a la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y a la expectativa de los resultados de su implementación. El posconflicto y la paz, implican, como se ha dicho un proceso de mayor complejidad e integralidad que excede el desarme de la insurgencia. Evidentemente, tal aclaración no es simplemente un debate semántico, pues tiene implicaciones políticas concretas: el uso constante de términos como postconflicto y paz, pueden terminar desvirtuando o minimizando los riesgos de violencia existentes en la actualidad, y que pueden potenciarse e incrementarse.47 Barreto, Miguel (2014) “Preparar el postconflicto en Colombia desde los Programas de Desarrollo y Paz: Retos y lecciones aprendidas para la cooperación internacional y las empresas” en Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. Bogotá: Enero- Junio de 2014. Vol. 9 No. 48 1 Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-30632014000100009García Pinzón, Viviana (2017, 31 de Julio) “Violencia en el post-conflicto: la lección esencial de Centroamérica” en Razón Pública. Disponible en http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10438-violencia-en-el-post-conflicto-la-lecci%C3%B3n-esencial-de-centroam%C3%A9rica.html. Recuperado el 16 de agosto de 2017.


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un costo en vidas humanas y en posibilidades democráticas demasiado altas que no debemos asumir.

Teniendo en cuenta esto, en tercera instancia, el análisis riguroso de los riesgos de violencia en el posacuerdo es vital por razones humanitarias. La pérdida de cada vida, independientemente del número, territorio, organización o alcance de su liderazgo, debe dolernos e indignarnos en lo más profundo. La estigmatización, las amenazas y los asesinatos a líderes sociales constituye, frecuentemente, una revictimización de poblaciones y sus representantes que han sufrido históricamente los rigores de la guerra.

Adicionalmente, a nivel socio-político los riesgos de violencia amenazan las posibilidades de discutir democráticamente los asuntos públicos profundizando las estructuras de desigualdad social y económica, es decir, es un atentado directo contra el espíritu del Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno y las FARC-EP: “Naturalmente, no habrá mayor participación democrática si el costo potencial de entrar a ella es la vida. Si se establece un bloqueo violento de las demandas sociales se podrían estar creando las condiciones para el resurgimiento de distintas formas de violencia (…) De cara no ya a los actores armados sino a los territorios, se supone que la gran apuesta de la paz es generar un efecto de demostración, a través del cual tanto los agentes del Estado como los liderazgos sociales re-aprenden el trámite de demandas sociales a través de canales institucionales (…) Naturalmente, bloquear la expresión de la voz, a través del asesinato, no solamente da incentivos para la salida de la democracia, sino para la radicalización. En los términos más sencillos posibles: nadie va a iniciar una pausada conversación democrática con una pistola en la sien”49.

Finalmente, coincidimos con el Observatorio de Restitución y Regulación de la Propiedad Agraria, al estimar que los riesgos de violencia en el posacuerdo pueden estimular la corrupción de varias maneras: “a. Permite que los corruptos utilicen la violencia como retaliación frente a las denuncias que se hacen de sus hechos, [promoviendo la impunidad] (…) b. Al destruir la capacidad de trámite institucional de las demandas de los

sectores más pobres y vulnerables, promueve las formas más nocivas de desigualdad. La desigualdad extrema, sobre todo en el campo, podría ser una de las variables fundamentales que permiten la captura del Estado por parte de agentes poderosos (You, 2014) (…) c. Genera incentivos muy fuertes para el desarrollo del negocio de la protección, y por lo tanto impide la separación de la política y las armas, que es una gran tarea histórica aún sin cumplir. d. También puede llegar a promover que los cargos de elección popular terminen siendo ocupados o cooptados por aquellos que tienen respaldo de los actores poderosos o armados, porque los líderes que no tienen ese respaldo son disuadidos (por su eliminación física o por miedo) de aspirar a cargos más visibles de representación”50

La violencia en medio del posacuerdo en Colombia

De acuerdo con el estudio publicado por el Observatorio de Restitución y Regulación de la Propiedad Agraria, los riesgos de violencia no constituyen una amenaza futura: son una realidad sumamente grave hoy. Focalizando únicamente desapariciones forzadas y asesinatos selectivos de líderes sociales rurales, desde el 2005 al 2015, el Observatorio concluye que, a pesar de los procesos de desmovilización ocurridos durante este periodo (AUC entre 2003 y 2007), el asesinato de líderes sociales no cede y, por el contrario, tiende a aumentar”51. Respecto a la ubicación geográfica, los departamentos más afectados en orden jerárquico son: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño52.

El perfil de las víctimas identificadas en el periodo del estudio es el siguiente: “Por tipo de víctima, se encuentra que la categoría más común es la perteneciente a las asociaciones rurales campesinas; vienen después los indígenas y los reclamantes de tierras. En cuanto a las organizaciones más afectadas, y que aparecen en nuestra base de datos, son las Juntas de Acción Comunal (JAC) con 109 eventos, seguidas por las asociaciones indígenas con 93 casos, las organizaciones campesinas no relacionadas con la restitución con 83 sucesos y las organizaciones de restitución con 69 registros (….) Asimismo, las organizaciones más afectadas son las del ámbito municipal con el 77% de los casos, seguidas

49 Carranza, Francy; Gutiérrez, Francisco y Marín, Margarita (2017) Dinámicas del asesinato de líderes sociales: las covariables municipales. Observatorio de Restitución y Regulación de la propiedad agraria. Reporte semestral, junio 2017. No. 1 Disponible en http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2017/05/Reporte-Semestral-ORRPDA-2017.pdf. Recuperado el 15 de agosto de 2017. Páginas 13 y 1450 Ibid. Páginas 14 y 15.51 Ibid. Página 3352 Ibid. Página 30.

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Mapa No. 10. Comparativo de homicidios de líderes defensores y defensoras de derechos humanos en el 2016

con zonas de presencia histórica de las FARC-EP

por las departamentales con 16% de los eventos y en menor medida las nacionales con 7% de las afectaciones. Estos datos sugieren que es el nivel más básico de participación el que está siendo fuertemente atacado”53.

En cuanto al victimario, el estudio afirma que “en el 58% de los casos, el perpetrador no está identificado. A pesar de esto, cuando se logra identificar, los principales perpetradores son los grupos herederos del paramilitarismo con cerca del 14% de los datos, seguidos por los paramilitares con el 10% de los datos y las FARC con 9%, el Ejército figura con un 5% y el ELN con un 1%. Debe aclararse que de los casos de las FARC registrados hay sólo uno después de la declaración de cese al fuego”54

La información disponible sobre dos últimos años, confirma la gravedad de la situación para las organizaciones sociales en Colombia. De acuerdo con la ONU, “Hasta el 31 de diciembre del 2016, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores), tres desapariciones forzadas, y un caso de violencia sexual (…) En 44 (74,5%) de los asesinatos verificados, los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales, cuatro vinculados al ELN, uno al EPL, dos a milicianos de las FARC-EP, uno a disidentes de las FARC-EP, seis a particulares y uno a la Policía Nacional durante una protesta social”55.

53 Ibid. Página 28 54 Ibid.55 ONU (2017) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia – 2016. Disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf Recuperado el 10 de agosto de 2017. Página 11.56 Ibid.

Como lo ilustra el mapa No. 10, los departamentos más afectados con asesinatos selectivos de líderes defensores y defensoras de los Derechos Humanos, en el 2016, fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba. Asimismo, el informe reitera la agudización de vulneración de los Derechos Humanos de los líderes de las zonas rurales: “En 43 (73%) de los casos de asesinatos verificados, las víctimas desarrollaban su labor en zonas rurales. De estos, 25 ocurrieron en zonas con presencia histórica de las FARC-EP. Es notable el aumento en asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas (60%). Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las FARC-EP, la escasa o débil presencia del Estado, la percepción de los actores

criminales sobre los defensores de Derechos Humanos ya que afectan sus intereses, la persistente estigmatización de los defensores de derechos humanos, el uso de la violencia para resolver disputas en las comunidades, la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales”56.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y mediados de julio del 2017, 52 líderes sociales han sido asesinados, y desde el 2016 a la fecha, alrededor de 500 han denunciado amenazas. En declaraciones dadas al diario

Fuente: Naciones Unidas 2016.

PRESENCIA HISTORICA FARC-EPCONFLUENCIA HOMICIDIOS Y ZONA FARCHOMICIDIOS FUERZA ZONA FARC-EPNÚMERO HOMICIDIOS POR MUNICIPIO

Convenciones


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El Espectador, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, añadió: “Los departamentos en los que más casos se presentan son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba. La gran mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC. La sociedad y el Estado tendrán que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir porque, si hemos logrado la paz con un grupo como las Farc, debemos buscar los espacios de reconciliación luego de que haya verdad y reparación”57.

Ante este preocupante panorama, la respuesta estatal ha sido por lo menos, contradictoria. Mientras algunas instancias del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han impulsado agendas de protección incipientes, diferentes representantes gubernamentales han tendido a minimizar o negar la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales, ubicando otras causas como la delincuencia común, poniendo en duda la condición de liderazgo de las víctimas e incluso cuestionando su integridad moral y ética58.

El debate sobre la sistematicidad de la violencia contra los líderes sociales es, evidentemente, un problema central de la construcción de paz que excede por mucho las diferencias semánticas del término. Para numerosas organizaciones e instituciones académicas, como el Observatorio de Restitución y Regulación de la Propiedad Agraria, es innegable la sistematicidad en la medida en que existe un patrón de violencia específico, sobre un perfil determinado de liderazgo social en territorios con condiciones similares. En efecto, las conclusiones del estudio realizado sobre un periodo de diez años les permite afirmar: “En primer lugar, [el asesinato de líderes sociales] no ha estado cediendo, lo contrario probablemente sea cierto. Es decir, no va a desaparecer solo, se necesitan políticas públicas para combatirlo. En segundo lugar, está relativamente concentrado territorialmente, y ha afectado duramente a las Juntas de Acción Comunal. En tercer lugar, está asociado a las siguientes variables a nivel municipal: Presencia de grupos herederos del paramilitarismo, desigualdad en la tenencia de la tierra y necesidades básicas insatisfechas, así como con economías políticas legales e

ilegales y un conjunto de variables relacionadas con herencias del conflicto armado como lo son el acumulado de secuestros y masacres. Cuarto, y muy importante, el fenómeno Sí es sistemático. Apabullantemente sistemático. Mirando desde tres perspectivas -semántica, jurídica y estadística- llegamos a la conclusión de que simplemente no es verosímil escamotearle su sistematicidad”59.

La violencia que amenaza la paz en el Cesar A nivel regional, las denuncias realizadas por las organizaciones sociales en el Cesar evidencian una continuidad de los repertorios de violencia utilizados por los actores armados ilegales, especialmente, el paramilitarismo antes de la firma del Acuerdo de Paz. Así, a pesar de la existencia del sub-registro de dichos actos violentos, la indagación realizada para el presente proyecto, permitió identificar claramente los siguientes casos de hostigamiento, amenazas, atentados, judicializaciones y asesinatos selectivos de líderes y lideresas defensoras de los Derechos Humanos, ocurridos en el departamento en los dos últimos años. El recuento detallado de los hechos no sólo es una solicitud de las organizaciones que han participado de la construcción del presente documento, sino que es vital para dimensionar los riesgos de violencia existentes en la actualidad.

Primero, a pesar de la dificultad para contar con información respecto a hostigamientos y amenazas es de resaltar dos hechos que evidencian los riesgos de violencia vigentes en el posacuerdo. Por una parte, la destrucción sistemática de los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, particularmente del pueblo Kankuamo, ubicado en la zona rural de Valledupar. Las autoridades kankuamas han denunciado como hostigamientos y destrucción de sus centros espirituales, se empiezan a presentar con regularidad, a pesar de la distancia temporal entre un acto y otro.

El primero de dichos actos ocurrió el 15 de febrero de 2016 en La Mina, ante esto las autoridades del resguardo alertaron sobre la gravedad del daño cultural ocasionado. “Manifestamos

57 El Espectador (2017, 13 de Julio) Ya van 52 líderes sociales asesinados este año. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/paz/ya-van-52-lideres-sociales-asesinados-este-ano-articulo-702980. Recuperado el 22 de agosto de 2017. 58 Para un examen más exhaustivo de las declaraciones gubernamentales y sus contradicciones al respecto ver Flórez Garzón, Gustavo (2017, 21 de Marzo) “Líderes sociales: matándolos en paz” en Las2Orillas disponible en https://www.las2orillas.co/lideres-sociales-matandolos-paz/. Recuperado el 23 de agosto de 2017.59 Carranza, Francy; Gutiérrez, Francisco y Marín, Margarita (2017) Dinámicas del asesinato de líderes sociales: las covariables municipales. Observatorio de Restitución y Regulación de la propiedad agraria. Reporte semestral, Junio 2017. No. 1 Disponible en http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2017/05/Reporte-Semestral-ORRPDA-2017.pdf. Recuperado el 15 de agosto de 2017. Página 8

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nuestra tristeza y sentamos nuestro rechazo por los hechos criminales malintencionados contra nuestro Pueblo, contra la tierra y el universo; cabe recordar que es desde las Kankuruas y desde los sitios sagrados desde donde sanamos la tierra, enfriamos la violencia y armonizamos el universo para que la vida siga en este planeta. Esto sin olvidar que nos encontramos en medio de un proceso de recuperación cultural de la identidad y el restablecimiento del tejido sociocultural y organizativo, y son las Kamkuruas en la Sierra Nevada, los Centros Espirituales para realizar los ejercicios tradicionales, la reflexión y trasmisión cultural del pasado, presente y futuras generaciones, para conservar el orden natural, el cuidado de la Madre Naturaleza, la paz y la tranquilidad en el territorio y la comunidad. También manifestamos que nos causa extrañeza, que estos hechos ocurrieran dos días después del pronunciamiento de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta de suspender todos los procesos de consulta previa que se vienen realizando en el corazón del mundo”60.

Recientemente, el 18 de agosto de 2017, estos condenables actos de hostigamiento se repitieron. “El pueblo indígena kankuamo, que habita en el corregimiento de Guatapurí, Valledupar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, advirtió que esta madrugada fueron quemadas las dos kankurwas o centros ceremoniales de la comunidad. Según advirtió Jaime Enrique Arias, gobernador del pueblo kankuamo, aún no se tiene claro quiénes son los responsables, ‘…pero todo apunta a que se trata de un acto deliberado. Como organización indígena rechazamos este tipo de hechos, es un ataque a la lucha valerosa que ha librado el pueblo kankuamo por su reivindicación cultural’, afirmó el líder”61

En cuanto a las amenazas y atentados, se han podido registrar dos tipos de casos. Uno, ligado directamente con la oposición al Acuerdo de Paz que a la fecha se ha presentado en los municipios del norte del Cesar. Específicamente, a principios del presente año se registraron amenazas e incluso atentados

contra líderes sindicales y cívicos pertenecientes a Congreso de los Pueblos en Valledupar, e integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, espacio creado justamente como un mecanismo de vigilancia y monitoreo sobre los riesgos de violencia en el posacuerdo. Al respecto el portal Verdad Abierta añadió: “El 13 de enero de 2017, una vez terminada otra reunión de la Mesa Departamental de Derechos Humanos, Orlando Salcedo Restrepo recibió una llamada amenazante en la que lo tildaron de “guerrillero”: “qué hacías hoy en la reunión en la OEA… cuántos guerrilleros había en esa reunión”, le replicaron (…). En la noche del jueves 9 de febrero atentaron contra la vida de un líder sindical en Valledupar, [Alfonso Barón Sánchez] quien resultó ileso del ataque. Las organizaciones de derechos humanos están preocupadas por el incremento de la violencia en la región”62. También, el 22 de agosto de 2017, se denunciaron amenazas en áreas cercanas a la Zona Veredal de Tierra Grata. Como lo indica la siguiente nota de prensa, las amenazas empiezan a ocasionar desplazamientos forzados y desarticulación del tejido social que promueve la implementación del Acuerdo en la zona rural del municipio de La Paz: “Por las reiteradas amenazas de las que ha venido siendo objeto, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Mirador, ubicado en la zona donde se encuentra la Zona Veredal Transitoria de Normalización, en San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, renunció y abandonó la población para salvaguardar su vida y la de su familia. Juan José Martínez Alvear, le dijo a la Tribuna del Cesar, que desde que comenzó a trabajar en el apoyo al proceso de paz, empezaron las amenazas por un grupo de personas de la población que se oponen a este proceso que vienen adelantando la guerrilla de las FARC y el gobierno para que los excombatientes se incorporen a la vida civil “63.

El otro tipo de amenazas está relacionado con las disputas por los proyectos minero energéticos que ponen en riesgo el acceso a recursos, como el agua y la tierra, para las

60 RPT Noticias (2016, 15 de febrero) Disponible en Denuncian ‘ataque al corazón del pueblo kankuamo’ al quemar j¡kankurúas. http://www.rptnoticias.com/2016/02/15/denuncian-ataque-el-corazon-del-pueblo-kankuamo-al-quemar-kankuruas/. Recuperado el 21 de agosto de 2017. 61 El Espectador (2017, 18 de agosto) Queman centros ceremonailaes del pueblo kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/queman-centros-ceremoniales-del-pueblo-kankuamo-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta-articulo-708731. Recuperado el 21 de agosto de 2017. 62 Verdad Abierta (2017, 10 de febrero) Atentan contra otro líder en Cesar. Disponible en http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6548-atentan-contra-otro-lider-en-el-cesar. Recuperado el 16 de agosto de 2017. Un dato importante para relacionar casos de violencia que parecieran aislados es que, tanto el atentado como las amenazas ocurrieron después de la que Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, atendiera la crítica situación de seguridad sufrida por El Hatillo, zona rural de El Paso, donde acababan de asesinar a otro líder social. Dicho caso se especifica más adelante.63 Radio Guatapurí (2017, 22 de agosto) Por amenazas presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Mirador de San José de Oriente renunció. Disponible en http://www.radioguatapuri.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=47720:por-amenazas-presidente-de-la-junta-de-accion-comunal-del-barrio-el-mirador-de-san-jose-de-oriente-renuncio&Itemid=218. Recuperado el 22 de agosto de 2017.


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poblaciones rurales del departamento. A la fecha, se han registrado amenazas al sur del Cesar, en San Martín, en medio de las movilizaciones sociales y cívicas que rechazan el fracking (estimulación hidráulica) en el territorio. Así lo señala, una de las organizaciones sociales del municipio: “En los últimos siete meses, líderes sociales de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, han sido víctimas de amenazas y atentados en el sur del Cesar; sin que, hasta la fecha, según denuncian, las autoridades den resultados que permitan esclarecer estos hechos e identificar a los responsables. Cuestionan, además, que pese a los informes de riesgo que reposan en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior, no se les haya garantizado protección (…) Este hecho se suma a las amenazas que recibieron en mayo de este año Marina Medina, presidente de la Junta Comunal del barrio La Floresta, y José Eliécer Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Vicente de Paul, quienes, de acuerdo con la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, se han opuesto a la venta de agua en bloque para el proyecto de fracking que se adelanta en la región”64.

Dichas amenazas se materializaron el pasado 23 de julio del 2017, en un atentado contra otro de los líderes de Junta de Acción Comunal que integra el movimiento ambientalista en San Martín: “En alerta están las autoridades del norte del país, debido a los recientes ataques contra líderes sociales en la región del Cesar. En los últimos tres meses, tres dirigentes han sido víctimas de atentados. En el caso más reciente, el líder social de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas del sur del Cesar, recibió ocho impactos de bala en la espalda en un hecho violento ocurrido en predios de una finca de su propiedad, en zona rural de San Martín (…) La víctima de este atentado era reconocido por dirigir a las comunidades que se oponen a los proyectos de minería y explotación petrolera con el sistema de fracking en el sur

del Cesar. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial de Aguachica”65.

Adicionalmente, en los dos últimos años han aumentado las judicializaciones contra reconocidos líderes campesinos de municipios del centro del Cesar. Específicamente en Pelaya. El 24 de diciembre de 2017 fueron capturados Ángel Lindarte y Reinel Payares, líderes campesinos del Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar, organización que integra el Coordinador Nacional Agrario. La gravedad de la situación aumentó ante el manejo imprudente de los medios de comunicación regionales y nacionales, cuyas notas de prensa afirmaron la pertenencia de los dos campesinos al ELN66.

La persecución política denunciada por las organizaciones sociales aumentó el pasado 7 de febrero de 2017 con la captura del líder José Trinidad Ravelo. “Reconocido dirigente campesino del Congreso de los Pueblos del centro del departamento del Cesar, integrante del Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar (MTCC), además, se desempeña como dignatario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Singararé en esa población. Las comunidades de esta región del Cesar han realizado durante los dos últimos años varias jornadas de protesta oponiéndose inicialmente al fracking e impulsando un movimiento que se opone a la política arrasadora de la Ruta del Sol dos, en la medida que el trazado afecta gravemente la economía campesina de las veredas de la zona alta de Pelaya”67.

Al respecto, en la presentación del informe anual sobre Derechos Humanos, realizada el 3 de agosto del presente año en Valledupar, Todd Howland, representante en Colombia para los Derechos Humanos de la ONU, alertó sobre la gravedad de la situación para la construcción de la paz en los territorios. “A veces se confunde a ellos que tomaron las armas contra

64 El País Vallenato (2017, 23 de Julio) Piden esclarecer amenazas y atentados contra líderes en el Sur del Cesar. Disponible en http://www.elpaisvallenato.com/2017/07/23/piden-esclarecer-amenazas-y-atentados-contra-lideres-sociales-en-sur-del-cesar. Recuperado el 21 de agosto de 2017.65 Noticias RCN (2017, 24 de julio) Preocupación en Cesar por recientes ataques en contra líderes sociales de la región. Disponible en http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-caribe/preocupacion-cesar-recientes-ataques-contra-lideres-sociales-region. Recuperado el 21 de agosto de 2017.66 Para fines ilustrativos únicamente señalamos la noticia de Caracol Radio, medio reconocido a nivel nacional: “Se trata de José Ángel Lindarte “Chango” y Reinel Payares Contreras “Reinel”, integrantes de las estructuras de finanzas y terrorismo del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, responsable entre otros, del secuestro de cuatro geólogos en el Carmen, Norte de Santander, el asesinato de un patrullero en Pelaya, la emboscada a una patrulla de la policía en la vía Pailitas-Curumaní y de la quema de maquinaria amarilla de la ruta del sol en el Cesar .Según la investigación José Ángel Lindarte, llevaba trece años en la organización y se encargaba de coordinar masas en los municipios de Pelaya y Pailitas. También, efectuaba labores de inteligencia, adquisición de material de guerra y logístico para perpetrar acciones terroristas contra la fuerza pública. Por su parte, Reinel Payares Contreras con diez años en el ELN, era el coordinador de finanzas, ordenaba y realizaba extorsiones a empresas, comerciantes y ganaderos, dinero usado en la compra de material de guerra y víveres para el frente guerrillero” Caracol Radio [Portal web] (2016, 29 de diciembre) Policía captura a dos presuntos integrantes del ELN en Pelaya Cesar. Los capturados hacían parte del Frente Camilo Torres Restrepo. Disponible en http://caracol.com.co/emisora/2016/12/29/valledupar/1482975276_619021.html. Recuperado el 21 de agosto de 2017.67 El Pilón (2017, 7 de febrero) Capturado líder campesino en Pelaya por supuestos vínculos con el ELN. Disponible en http://elpilon.com.co/capturado-lider-campesino-en-pelaya-por-supuestos-vinculos-con-el-eln/ Recuperado el 21 de agosto de 2017.

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el gobierno, ellos que están haciendo acciones de rebelión o crímenes, con los actos legítimos de defensores y defensoras de los derechos humanos”68. En la misma dirección, Ener Hernández, el personero de Pelaya, expresó preocupación por los impactos de la judicialización de líderes campesinos “falsos positivos judiciales” en la región: “Hoy tenemos una preocupación grande por la estigmatización a la protesta social. No podemos permitir que cuando nuestros campesinos bajen del Perijá a realizar una protesta social se les tilde como pertenecientes a un grupo al margen de la ley”69.

Los casos más graves en este clima de exacerbación de la violencia, lo constituyen los cinco asesinatos selectivos de líderes campesinos y de comunidades étnicas, ocurridos desde mediados del 2016 a la fecha. En julio de del mismo año, en el marco de una protesta pacífica de la comunidad afrodescendiente de la zona rural de Chiriguaná, en defensa del derecho a la salud, asesinaron a Naimen Agustín Lara, integrante del Consejo Comunitario de La Sierra, El Cruce y la Estación (CONESICE). “Tal como lo documentó El Espectador, los testigos aseguraron que su muerte habría sido causada por un policía quien en medio de las protestas disparó en contra del docente y líder social (…) Si bien el comandante operativo de la Policía de Cesar, el coronel Jorge Urquijo, le dijo a este diario que después de los hechos comenzaron las investigaciones pertinentes, tan solo un día después de la muerte de Lara fue atacada su sobrina, Yeraldín Lara, a quien un encapuchado desnudó y amenazó de muerte si decidía testificar en el caso de su tío. No obstante, la Comisión de Interlocución señala que las investigaciones por estas agresiones no han avanzado”70.

Poco tiempo después, el 11 de septiembre de 2016, fue asesinado Néstor Iván Martínez71, líder de la misma organización étnica, y con una trayectoria organizativa fundamental para la región: Era presidente de la Junta de Acción Comunal de la Sierra, coordinador del Comité de Territorio del Consejo Comunitario CONESICE y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar; espacios de articulación organizativa perteneciente al Congreso de los Pueblos. La gravedad del caso valió para que fuese incluido en el informe anual sobre la Situación Mundial de los Derechos Humanos, realizado por Amnistía Internacional, donde se lee: “Los activistas sobre los derechos a la tierra continuaron siendo víctimas de amenazas y homicidios. El 11 de septiembre, el líder afrodescendiente Néstor Iván Martínez murió abatido a tiros por unos atacantes no identificados en el municipio de Chiriguaná, departamento del Cesar. Néstor Iván Martínez participaba activamente en campañas de defensa del medio ambiente y de los derechos sobre las tierras, y también había hecho campaña contra actividades mineras”72.

A principios del 2017, el ataque contra la vida de los líderes de organizaciones étnicas continuó. Aldemar Parra, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, zona rural de El Paso, fue asesinado el 7 de enero. “Parra además era sobrino de Alfonso Martínez, Yolima Parra y Daniela Fonseca, quienes también son líderes comunitarios de El Hatillo. Según se conoce, Aldemar ya venía siendo víctima de amenazas por sus propuestas y críticas referentes al reasentamiento de esta vereda con motivo de la contaminación ambiental causada por la explotación minera en la región, que además ha dejado graves problemas de salud de los habitantes y ha cambiado la actividad agrícola en este territorio”73.

68 La Plena Caribe (2017, 8 de agosto) Conversatorio nuevos socios en derechos humanos. Presentación del informe anual de derechos humanos en el Cesar- Año 2016. Valledupar, 3 de agosto de 2017 [Archivo de video]. Intervención de Todd Howland. Representante en Colombia ONU Derechos Humanos. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=WGALkLeenZ8&feature=youtu.be. Recuperado el 9 de agosto de 2017.69 La Plena Caribe (2017, 8 de agosto) Conversatorio nuevos socios en derechos humanos. Presentación del informe anual de derechos humanos en el Cesar- Año 2016. Valledupar, 3 de agosto de 2017 [Archivo de video]. Intervención de Ener Hernández. Personero Municipal de Pelaya. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=WGALkLeenZ8&feature=youtu.be. Recuperado el 9 de agosto de 2017.70 El Espectador (2016, 12 de septiembre) Denuncian un nuevo asesinato de líder social en Chiriguaná, Cesar. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-un-nuevo-asesinato-de-lider-social-chiriguana-articulo-654322. Recuperado el 21 de agosto de 2017. Al respecto ver el informe de la ONU, donde indican: “En 2016, la Oficina documentó seis casos de privación arbitraria de la vida perpetrados por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña. Uno ocurrió durante operaciones conjuntas de la policía y las fuerzas militares en contra de la minería ilegal, otro durante una operación militar en contra del ELN y otro en una operación militar anti-secuestros. En tres casos estuvieron involucrados agentes de la policía en el contexto de protestas sociales o retenes” ONU (2017) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia – 2016. Disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf Recuperado el 10 de agosto de 2017. Página 13.71 Semana (2016, 9 de diciembre) Los trece líderes asesinados después de la firma del acuerdo de paz. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/los-13-lideres-asesinados-despues-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/493528. Recuperado el 16 de agosto de 2017.72 Amnistía Internacional (2017) La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe 2016 – 2017. Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/. Recuperado el 15 de agosto de 2017. Página 151.73 Contagio Radio (2017, 8 de enero) Aldemar Parra, líder social de El Hatillo en Cesar fue asesinado. Disponible en http://www.contagioradio.com/34435-articulo-34435/. Recuperado el 15 de agosto de 2017


43

Pocos días después, el 26 de enero de 2017, asesinaron en Valledupar a Yoryanis Isabel Bernal Varela, lideresa del pueblo indígena Wiwa, promotora de los derechos humanos y de género. “El secretario de la organización Wiwa Golkuche del resguardo Kowi, Malayo y Arhuaco, José Gregorio Rodríguez, dijo que (…) “ella fue acompañante en todos los procesos de la etnia Wiwa en el tema de los derechos de la mujeres y de la organización, siempre estaba pendiente de las necesidades de esta comunidad para buscar soluciones. Los indígenas están siendo objeto de amenazas e intimidaciones y esperamos la protección a los otros líderes, hoy nos asesinan a nuestra compañera y nos violan los derechos”74.

Al mes siguiente, otras dos muertes llenaron de luto a las organizaciones sociales del Cesar. Carlos Mejía Cordero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Buenos Aires en San Martín e integrante de CORDATEC, perdió la vida en “en confusos hechos que hasta el momento las autoridades no han esclarecido”75. Igualmente, el 4 de febrero de 2017 fue asesinado en su casa Edilberto Cantillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entre Ríos, zona rural de El Copey: “Edilberto era desplazado de la zona de Piedra Blanca, en el corregimiento de San Francisco y actualmente fungía como testigo en la Unidad de Restitución de Tierras para el caso de despojo de la familia Dayid Carmona Tejada”76.

Tanto la gravedad, como la frecuencia de todos estos actos de violencia ocurridos en el Cesar, explica la percepción del riesgo de violencia estimado por los participantes en los talleres tal y como se detalla a continuación.

Resultado de los talleres participativos en riesgos de violenciaEn el presente apartado se exponen los resultados de los cuatro talleres de Cartografía Participativa y Prospectiva del posconflicto en el Cesar, realizados entre febrero y abril del 2017, sobre los factores de riesgo de violencia que podrían amenazar la consolidación de la paz en la región. Como espacio de interlocución, los talleres contaron con la participación de

202 representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la institucionalidad local del departamento.

Concretamente, las jornadas buscaban caracterizar y ponderar las variables que aumentarían los riesgos de violencia e identificar los municipios donde, de acuerdo con la percepción y conocimiento de los participantes sobre el territorio, concurrirían con una mayor probabilidad dichos factores.

Así, metodológicamente, las jornadas se estructuraron en tres partes, a saber. Una vez culminado el ejercicio de reflexión sobre los factores de Reintegración cuyos resultados fueron analizados en el capítulo anterior, los participantes reflexionaron de manera individual alrededor de la siguiente pregunta orientadora ¿Qué variables incrementarían los riesgos de violencia en un escenario de implementación del Acuerdo de Paz?

A partir de los aportes individuales, los tres grupos de trabajo conformados al inicio del taller, identificaban las variables de riesgo de violencia a través del consenso, ponderando su importancia. Finalmente, de manera prospectiva, cada participante señalaba en el mapa los municipios que, a su juicio, tendrían una muy alta o alta probabilidad de ocurrencia de dichos factores de riesgo.

Taller en La Paz Como se indicó en el capítulo anterior, el primer taller del proyecto en el Cesar se realizó el 7 de febrero de 2017, en el municipio de La Paz, convocando a 60 participantes de organizaciones sociales, instituciones y entidades relacionadas con la construcción de paz en la subregión nororiental del departamento, específicamente, La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi.

El taller se desarrolló en tres grupos que reflexionaron y discutieron sobre la pregunta orientadora citada en el acápite anterior, identificando y ponderando siete factores de riesgo de violencia en el Cesar siendo 1,0 el valor de mayor jerarquía y 0,0 el de menor.

74 El Heraldo (2017, 27 de enero) Mujer asesinada en Valledupar era líder wiwa, defensora de derechos humanos. Disponible en https://www.elheraldo.co/cesar/mujer-asesinada-en-valledupar-era-lider-wiwa-defensora-de-derechos-humanos-323624. Recuperado el 16 de agosto de 2016 75 El Heraldo (2017, 25 de julio) Denuncian atentado a líder social en Cesar. Disponible en https://www.elheraldo.co/cesar/denuncian-atentado-lider-social-en-cesar-385711. Recuperado el 16 de agosto de 2017 76 Marcha Patriótica (2017, 5 de febrero) Tercer líder asesinado en el Cesar en el 2017. Disponible en http://marchapatriotica.org/index.php/82-ddhh-denuncias/3774-tercer-lider-asesinado-en-el-cesar-durante-2017. Recuperado el 16 de agosto de 2017

44


En este orden de ideas, para los participantes del taller el Incumplimiento del Acuerdo de Paz constituye el mayor riesgo de violencia en el departamento, con un valor promedio de 0,89. De acuerdo con el registro etnográfico realizado, los participantes señalaron el posible cambio de orientación política del Gobierno Nacional, en el 2018, como una amenaza para la consolidación de la paz. En palabras de uno de los participantes de la jornada: “La amenaza a la paz tiene nombre y apellido: Álvaro Uribe Vélez y sus secuaces. Ellos han sido claros que si llegan a la Presidencia van a desmontar el acuerdo, no van a respetar lo que se negoció”77.

Adicionalmente, uno de los grupos de trabajo añadió el obstáculo que supondría un cambio en la política internacional que, hasta la fecha, ha respaldado el Proceso de Paz en el país. Efectivamente, una parte importante de los recursos que se estiman necesarios para la implementación de los acuerdos depende de la cooperación internacional que, con las nuevas políticas de países como Estados Unidos, podrían verse comprometidos.

La Inseguridad es el segundo factor de riesgo ponderado con 0,76 por los asistentes al taller, quienes señalaron de manera enfática la preocupación por el aumento de las amenazas y asesinatos selectivos a excombatientes, así como la persecución y criminalización de los líderes sociales.

De acuerdo con la normatividad oficial, esta situación de inseguridad se explica por la presencia de grupos delincuenciales organizados y delincuencia común. Al respecto, cabe resaltar una discusión planteada por las organizaciones sociales, comunitarias e incluso por algunos funcionarios de la institucionalidad municipal respecto a la necesidad de reconocer la vigencia de las formas, intereses y repertorios de violencia del paramilitarismo en el territorio. “Mire, nosotros hemos estado aquí antes, durante y después de toda esa violencia en el Cesar. ¿Cómo nos van a decir a nosotros que no hay paramilitarismo, cuando en los territorios volvemos a ver los panfletos, las amenazas, el miedo y la muerte de antes? ¿Cómo nos van a decir que no existen si nosotros los vemos, los sentimos, y sabemos que son los mismos con las mismas, que solo cambia el nombre de uno y de otro, pero que en últimas siguen matando a los líderes? Cambiando el nombre no dejan de ser lo que son, ni de hacer lo que hacen a punta de bala y terror ¿o sí?”78.

En tercer lugar se identificó la persistencia de la Estigmatización social con un 0,66. Para los participantes en el taller, este factor generador de violencia se mantiene por la desinformación generalizada que existe en la sociedad civil y la institucionalidad sobre el proceso de paz, el contenido y alcance del Acuerdo. Igualmente, los mismos integrantes del Ejército y la Policía señalaron la falta de sensibilización

77 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en La Paz, 7 de febrero de 2017.78 Ibid.

Tabla No. 10. Variables de riesgo de violencia. Taller participativo en La Paz

R I E S G O Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Incumplimiento del Acuerdo

Inseguridad (Gao, delincuencia común)

Estigmatización social

Ausencia de Estado

Fracaso de diálogos con el ELN

Desempleo

Conflictos medioambientales

1,00

0,60

0,80

0,40

0,00

0,20

0,00

1,00

0,67

0,83

0,50

0,33

0,00

0,17

0,67

1,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,89

0,76

0,66

0,30

0,11

0,07

0,06

Promedio


45

al interior de las Fuerzas Militares que, por décadas, se han construido como oposición a la imagen del enemigo que debe eliminarse y que requeriría todo un proceso pedagógico para adecuarse al nuevo contexto de paz.

El cuarto factor priorizado en el taller fue la Ausencia del Estado con un valor de 0,30, con lo cual se menciona la falta de garantías de los derechos básicos para los excombatientes y la población rural de las zonas históricamente sometidas a los rigores de la guerra y el conflicto. Allí, los participantes señalaron el riesgo que representan la corrupción, la burocratización y las lógicas clientelares que históricamente han caracterizado el ejercicio de la política institucional en el departamento.

Los últimos tres factores de riesgo fueron aportes particulares de los dos primeros grupos de trabajo. Así, uno de ellos señaló el riesgo que constituye el Fracaso de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para la consolidación de la paz completa en los territorios. El otro grupo priorizó un factor de riesgo vinculado con la esfera individual de los excombatientes como lo es el Desempleo. Por último, el segundo grupo señaló la persistencia de Conflictos socio ambientales y agrarios como un factor de violencia, señalando como ejemplos específicos la concentración de la tierra y los megaproyectos mineros, represas y de fracking que se proyectan en el departamento.

Ahora bien, en cuanto a la ubicación geográfica de los factores de violencia anteriormente descritos, los participantes priorizaron los municipios de la zona norte del departamento.

Así, los municipios señalados con “Muy alta” probabilidad de presentar dichas variables de violencia en el nuevo escenario de posacuerdo fueron Valledupar, La Paz y Codazzi.

Para los participantes del taller, los municipios de Manaure y Pueblo Bello en el norte, Astrea en el noroccidente y La Jagua en el centro, tendrían una “Alta” probabilidad de presentar factores de violencia, mientras que San Diego, Bosconia, Becerril, Chiriguaná y Curumaní tendrían una probabilidad “Media”.

La única excepción a la ubicación geográfica la constituyen Aguachica y San Martin, dos municipios del Sur que aparecen señalados con una probabilidad “Alta” y “Media” respectivamente.

Al comparar estos datos con el Mapa No. 4 sobre las probabilidades de Reintegración estimadas en el mismo taller, se evidencia que la mayoría de los municipios coinciden, es decir, de acuerdo con la percepción colectiva de las organizaciones sociales e institucionalidad local, los municipios con mayor probabilidad de constituirse en zonas de recepción de población excombatientes son, justamente, los lugares que podrían presentar factores de violencia.

Otro elemento que explica esta distribución geográfica es la presencia de megaproyectos de extracción minera y conflictos por la tenencia de la tierra, recursos y bienes comunes en los municipios priorizados, así como la presencia histórica de confrontaciones armadas en dichas zonas.

46


Mapa No. 11. Probabilidad de riesgos de violencia en el Cesar. Taller participativo en La Paz

Taller en Valledupar Como se indicó en menciones anteriores, el segundo taller del proyecto se realizó en Valledupar, el 9 de marzo de 2017, con una asistencia de 50 participantes, mayoritariamente representantes de organizaciones sociales, étnicas, sindicales y estudiantiles de la zona rural y urbana de la capital del departamento, en conjunto con los municipios de Pueblo Bello, Bosconia y El Copey.

La disparidad existente entre la participación de la sociedad civil organizada y la institucionalidad local y departamental en la capital evidenció, adicionalmente, conflictos previos entre

los diferentes actores que generaron tensiones a la hora de buscar consensos sobre las nociones de riesgo y los factores de violencia a priorizar.

Con esta claridad, en el taller se lograron identificar ocho variables que podrían generar riesgos de violencia en el escenario de implementación del Acuerdo de Paz, jerarquizados en un rango de 0,0 a 1,0, siendo este último el de mayor valor. Como lo ilustra la Tabla No. 11, en concordancia con la jornada participativa desarrollada en La Paz, el primer factor priorizado fue el Incumplimiento del Acuerdo, con un promedio de 0,87.


47

De acuerdo con el registro etnográfico realizado, en este factor los participantes del taller enfatizaron en los riesgos que podría implicar el desarrollo de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en el departamento, al señalar actores e intereses sobre la tierra y los recursos que siguen vigentes en la actualidad.

Igualmente, indicaron su preocupación por la falta de voluntad política de los mandatarios regionales y locales, que puedan sabotear la implementación efectiva del Acuerdo en los territorios, así como la falta de garantías de seguridad por parte del Estado. “Uno ve como son las cosas aquí en la región y no puede dejar de preocuparse, vea no más lo del plebiscito. Hay que entender que aquí hay gente de poder, gente de plata, que no quiere que las verdades del conflicto se sepan, que tampoco quieren soltar lo que ganaron en la guerra, las tierras y el poder que consiguieron con tanto muerto, y tanto miedo. Y otra cosa, uno también se pregunta si todo lo del acuerdo quedará en el papel, muy bonitas palabras como siempre, pero nada de acciones reales. Porque se supone que el Acuerdo depende de la ejecución local, y como dije, aquí hay gente de poder que no quiere la paz, además de todos esos escándalos de corrupción que salen y salen”79.

Esta última circunstancia se relaciona directamente con el segundo factor de riesgo priorizado en el taller: la Inseguridad,

que incluyó la persistencia de grupos armados derivados del paramilitarismo, el riesgo del surgimiento de disidencias de las FARC ante el incumplimiento del Acuerdo, la persecución política y armada contra líderes sociales, excombatientes y sus familias, entre otros aspectos.

En este punto, se generó una discrepancia entre los representantes de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, por un lado, y algunos representantes de las instituciones departamentales por otro. Los primeros insistían en la necesidad de caracterizar adecuadamente la inseguridad como factor de riesgo de violencia, señalando que los asesinatos y amenazas que actualmente se registran y aumentan contra los líderes sociales del departamento, prueban la vigencia del paramilitarismo. En contraste, algunos funcionarios se negaban a reconocer el paramilitarismo como un actor vigente del conflicto, llegando incluso a cuestionar la sistematicidad y móviles detrás de los ataques a los líderes sociales.

El tercer factor de riesgo de violencia priorizado fue la Estigmatización social a los excombatientes, ponderado con un valor de 0,31. Allí, los grupos de trabajo precisaron elementos que promueven la persistencia de estos mecanismos de discriminación, como la influencia de los medios masivos de comunicación que han promovido una campaña en contra del

79 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en Valledupar, 9 de marzo de 2017.

Tabla No. 11: Variables de riesgo de violencia. Taller participativo en Valledupar



Inseguridad (GAO, delincuencia común)


Corrupción

Concentración de la tierra

Presencia de cultivos ilícitos

Ausencia de Estado

Conflictos religiosos

0,60

1,00

0,00

0,80

0,00

0,40

0,20

0,00

1,00

0,67

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,40

0,60

0,00

0,80

0,00

0,00

0,20

0,87

0,69

0,31

0,27

0,27

0,13

0,07

0,07

Promedio

48


proceso de paz, así como el desconocimiento social sobre lo pactado en La Habana.

Seguido de este, los asistentes al taller priorizaron la Corrupción como un factor generador de violencia en la medida en que pone en riesgo la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz en los territorios. La quinta variable a considerar, de acuerdo con el consenso logrado en los grupos de trabajo, corresponde a la persistencia y aumento de la Concentración de la tierra en el departamento situación que, de hecho, constituye una de las causas estructurales del conflicto armado.

Adicionalmente, los participantes en el taller priorizaron la Presencia de cultivos ilícitos como un factor de riesgo que puede promover las confrontaciones violentas, especialmente en las zonas montañosas con alta presencia indígena y campesina de origen colono, como la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. La séptima variable priorizada corresponde a la Ausencia del Estado, en cuyo aspecto los participantes incluyeron los conflictos que podrían derivarse de una aplicación inadecuada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Concretamente, los participantes señalaron que la falta de justicia y verdad sobre la responsabilidad de todos los sectores que promovieron y se beneficiaron del conflicto, puede impedir un proceso real de reconciliación y paz.

Finalmente, considerando la polarización durante el plebiscito, en el taller se identificó el Conflicto religioso como un factor que a futuro incidiría en la posibilidad de implementar el Acuerdo, al fomentar tendencias de votación por candidatos que rechacen el Proceso de Paz, la manipulación política del discurso religioso podría generar violencia en los territorios.

Una vez identificadas y ponderadas las variables de riesgo de violencia, los participantes procedieron a ubicar individualmente los municipios en los cuales, a su juicio, podrían concurrir dichos factores. Así, Valledupar aparece con una muy alta probabilidad de presentar las variables de riesgo de violencia, por tratarse de la capital del departamento y fue uno de los municipios considerados como posibles receptores de población desmovilizada.

Más aún, al comparar los mapas de probabilidad de reinserción con la ubicación geográfica de los factores de riesgo de

violencia realizados en el taller participativo, se evidencian coincidencias notables. En ambos casos, los municipios priorizados se ubican en la zona norte y centro oriental del departamento, a excepción de algunas zonas en el sur.

Concretamente, los municipios que para los asistentes presentan una probabilidad “Alta” de ocurrencia de los factores de riesgo de violencia antes mencionados son: La Paz y Codazzi en el norte, y con una probabilidad “Media”, Pueblo Bello, Manaure y San Diego de la misma subregión; además de Becerril, La Jagua, Curumaní y Pailitas en el centro del departamento.

Las excepciones fueron: Astrea, ubicada en la zona noroccidental del Cesar, que se proyecta como un escenario con una probabilidad “Alta” de riesgo, dada la presencia histórica de grupos paramilitares que controlaron territorial y políticamente el municipio; y Aguachica, en el sur, por tratarse de la segunda ciudad más importante del Cesar. Con una probabilidad “Media” de riesgo se añade el municipio del sur, San Martín, donde actualmente se presentan conflictos por la tenencia de la tierra y los proyectos de extracción no convencional de hidrocarburos a través del fracking.

En este orden de ideas, podemos afirmar que, de acuerdo con la reflexión de los participantes, la mayoría de municipios que por sus condiciones históricas, geográficas y sociopolíticas serían receptores de población desmovilizada presentan, justamente, las mayores probabilidades de riesgo. Estos municipios coinciden, bien sea con las ciudades más importantes del departamento a nivel económico y político, con zonas montañosas de colonización donde históricamente hicieron presencia los actores armados o con regiones planas donde actualmente se presentan conflictos por la tenencia de la tierra y la explotación de los recursos naturales.

Para finalizar este análisis comparativo entre las Cartografías Participativas de Reintegración y de Riesgo, cabe destacar que algunos municipios aparecen con una probabilidad “Media” de recepción de población desmovilizada, pero con una “Baja” posibilidad de ocurrencia de factores de riesgo. Este es el caso de El Copey, en el norte; El Paso en el noroccidente y Río de Oro y San Alberto en el sur del departamento.


49

Mapa No.12. Probabilidad de riesgos de violencia en el Cesar. Taller participativo en Valledupar

Taller en Curumaní Como se indicó anteriormente, el tercer taller del proyecto se desarrolló en Curumaní, el 21 de abril de 2017, con la participación activa de 55 personas habitantes de la zona central del departamento, específicamente de los municipios de El Paso, Becerril La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas y Pelaya. La jornada participativa logró constituirse en un espacio de interlocución y diálogo entre la

institucionalidad local y la sociedad civil organizada, pues la representatividad de ambos tipos de actores fue equitativa.

En este contexto, se conformaron tres grupos de trabajo que priorizaron seis variables de riesgo de violencia. En primer lugar, ubicaron la Inseguridad con un valor promedio de 0,78 (Ver tabla No. 12)

50


Tabla No. 12. Variables de riesgo de violencia. Taller participativo en Curumaní

Al respecto, es necesario mencionar que las diferencias políticas existentes entre las organizaciones sociales y los funcionarios de las entidades locales no llegaron a generar tensiones álgidas como ocurrió en el taller de Valledupar, o discusiones de profundidad conceptual como en el ejercicio sobre Reintegración, desarrollado en este mismo taller de Curumaní. Sin embargo, es importante señalar que tales diferencias se evidencian a la hora de caracterizar los elementos que constituyen la inseguridad como un factor de riesgo de violencia en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en el Cesar.

Así, mientras los funcionarios municipales, especialmente personeros, concejales, secretarios y alcaldes locales enfatizaron en la amenaza que constituye el surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley, los representantes de las organizaciones sociales insistían en la necesidad de reconocer de forma oficial la vigencia de una “arremetida paramilitar” contra el Proceso de Paz y la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto. Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron de forma insistente el asesinato de líderes sociales, y la criminalización del movimiento social que, particularmente, en la zona se ha evidenciado con el aumento de las judicializaciones a reconocidos líderes comunitarios y de juntas de acción comunal, casos que se señalaron en detalle en acápites anteriores del documento.

Para las organizaciones sociales asistentes al taller esta situación actual de riesgo permitiría inferir que, en un futuro, las amenazas, los asesinatos y la persecución contra los liderazgos comunitarios pueden aumentar y extenderse tanto a los excombatientes como a sus familias, como ya está ocurriendo en otras zonas del país como Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Tolima80.

El segundo factor de violencia priorizado en el taller fue el riesgo de Incumplimiento del Acuerdo, que para los participantes podría darse en la medida en que no se revierta el desconocimiento que actualmente existe en parte de la sociedad civil y la institucionalidad local sobre el Acuerdo de Paz. “Si uno se pone a preguntar por el contenido del acuerdo de paz, aquí mismo en las casas o hasta en las oficinas de las alcaldías, de las entidades, la gente ni sabe en realidad lo que se negoció. Hay mucha desinformación, mucho embuste malintencionado, y como la gente no se toma el trabajo de leer, de ver por sí misma, pues se cree lo que otro le dice. Y eso es muy grave, porque si la gente, si los mismos funcionarios no saben lo que dice el acuerdo ¿cómo van a exigir que se cumpla? ¿Con qué información van a poder hacerle veeduría para saber si están haciendo bien las cosas o no? Los mismos funcionarios ¿qué van a hacer si ni saben ‘para dónde va tabla’ como dice uno por aquí? Eso lo que ayuda es a que los enemigos de la paz, los grupos políticos que les conviene que sigamos en guerra, decidan sobre lo que va a pasar”81.

80 De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), hasta julio del 2017 habían asesinado a 16 excombatientes de las FARC o familiares. Lo preocupante, advierte el CERAC, es que desde el cese al fuego hasta abril de este año no se había reportado hechos de tal magnitud: una vez culminada la dejación de las armas, los asesinatos selectivos empezaron a escalar. Ver Noticias RCN (2017, 23 de Julio) Alerta por informe de la CERAC sobre asesinato de integrantes de las FARC. Disponible en http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/alerta-informe-cerac-asesinato-integrantes-las-farc. Recuperado el 21 de agosto de 2017. 81 Umana, Nadia (2017) Diario de campo para el proyecto “Cartografía Participativa y Prospectiva del Postconflicto en el Cesar” OIM- Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Taller participativo en Curumaní, 21 de abril de 2017.


Inseguridad (GAO, Delincuencia común)



Conflictos por la tierra (v.g.: minería)

Corrupción

Desempleo

0,33

1,00

0,67

0,00

0,00

0,00

1,00

0,40

0,00

0,80

0,60

0,20

1,00

0,50

0,75

0,00

0,00

0,25

0,78

0,63

0,47

0,27

0,20

0,15

Promedio


51

Adicionalmente, los participantes señalaron el riesgo que constituye la falta de apoyo de los gobiernos locales en la implementación efectiva del Acuerdo en los territorios: “¿de qué nos sirve a nosotros los líderes, a la comunidad, conocer los acuerdos y venir a tanto taller y a tanta reunión si los funcionarios de las alcaldías, de las personerías y de todas las instituciones del estado que deberían actuar aquí en lo local, no quieren apoyar el Acuerdo de Paz? Eso no va a servir de nada. Así que tendría que haber una forma para que se garantice que se va a implementar lo que está escrito, y que no se vea entorpecido por la mala voluntad de un funcionario de turno en este municipio o en aquél”82.

La tercera variable priorizada fue la Estigmatización social que podrían sufrir los excombatientes en Proceso de Reintegración. Al respecto, uno de los grupos de trabajo señaló la importancia de prevenir los casos de violencia de género que se pueden presentar contra las mujeres desmovilizadas de las FARC.

82 Ibid.

Enseguida, los participantes del taller priorizaron los Conflictos por la tierra, específicamente en las zonas donde existen intereses mineros que atentan contra las formas de economía propia, campesina y pesquera. Para uno de los grupos de trabajo, este factor es una de las causas estructurales del conflicto armado que sigue vigente en el país, y más concretamente, en toda la zona central del departamento del Cesar donde se pretende ampliar los proyectos de explotación carbonífera a cielo abierto. El quinto factor priorizado fue la Corrupción, que según de los participantes no sólo va en detrimento de los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo, sino que fomenta lógicas clientelistas, que excluyen y distorsionan los principios básicos de la participación, el debate político y la democracia. Finalmente, los asistentes identificaron el Desempleo como un factor de riesgo de violencia que evidenciaría la falta de garantía de los derechos básicos a la población en Proceso de Reincorporación.

Mapa No. 13. Probabilidad de riesgos de violencia en el Cesar. Taller participativo en Curumaní

52


Ahora bien, la coincidencia geográfica entre probabilidades de Reintegración y factores de riesgo de violencia existentes en los resultados de los dos primeros talleres, se modificó en esta jornada. Por ejemplo, en este caso los participantes estimaron que La Paz, Curumaní y Codazzi tendrían una “Muy alta” y “Alta” probabilidad de Reintegración de excombatientes y tan solo una probabilidad “Media” de presentar factores de riesgo de violencia. Adicionalmente, consideraron que Río de Oro, Pueblo Bello, Chiriguaná y Pelaya tendrían una probabilidad “Media” de reintegrar desmovilizados de las FARC, con unas posibilidades “Bajas” de riesgo de violencia.

Este optimismo por las posibilidades efectivas de Reintegración de los excombatientes disminuye en casos específicos a considerar. Por ejemplo, para los participantes las dos ciudades principales del departamento tendrían una “Alta” probabilidad de constituirse en receptoras de población desmovilizada, pero con condiciones de riesgo igualmente agudas. Para Aguachica consideraron que la probabilidad de ocurrencia de factores de riesgo de violencia sería “Muy alta” y en Valledupar “Alta”. Lo mismo ocurre con Pailitas, municipio del centro del Cesar considerado con “Alta” probabilidad de reintegración, e igualmente “Alta” posibilidad de riesgo de violencia.

Prospectivamente, el escenario de riesgo aumenta de tal modo en algunos municipios, como Becerril y Astrea, que conduce a los participantes a estimar que la probabilidad

de reintegración de excombatientes disminuye a un rango “Medio”. Para los asistentes el taller, el “Alto” riesgo en municipios del sur, como San Martín, y la probabilidad “Media” de riesgos de violencia en San Alberto, explicarían porque no son considerados como escenarios posibles de reintegración de la población desmovilizada

La única excepción a la discrepancia entre Reintegración y riesgo anteriormente detallada, la constituye el municipio de Bosconia, lugar en el cual los participantes consideraron que la probabilidad de ambos procesos está en un rango “Medio”.

Taller Aguachica El último taller de Cartografía Social Participativa y Prospectiva del Posconflicto se realizó en Aguachica, el 24 de abril de 2017, con 35 participantes de la subregión sur del departamento, específicamente de los municipios de Pelaya, La Gloria, Gamarra, Río de Oro, González, San Martín y San Alberto. Dadas las tensiones entre organizaciones sociales e institucionalidad local referidas anteriormente, la mayoría de los participantes representaba a las entidades municipales como personería, enlaces de víctimas y funcionarios estatales de instancias locales, con excepción hecha de algunos líderes y lideresas agrarias de la Serranía del Perijá que acompañaron la jornada.

Tabla No. 13. Variables de riesgo de violencia. Taller participativo en Aguachica


Inseguridad (GAO, Delincuencia común)


Ausencia de Estado

Desempleo


Corrupción

NBI

0,75

0,00

1,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,83

1,00

0,50

0,33

0,17

0,67

0,00

1,00

0,50

0,00

0,75

0,25

0,00

0,00

0,86

0,50

0,50

0,36

0,31

0,22

0,08

Promedio


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En este contexto, los grupos de trabajo identificaron y ponderaron las siguientes siete variables de riesgo de violencia para el posconflicto en el Cesar. La primera, en concordancia con los resultados de talleres previos, fue la Inseguridad entendida como el riesgo de violencia que supone la presencia de otros grupos armados al margen de la ley. Para algunos grupos de trabajo dicho factor es aún más específico e indica un proceso de rearme paramilitar, que aumentaría la persecución tanto a los líderes sociales como a los excombatientes, llegando incluso a constituir una amenaza de genocidio y exterminio de la oposición política como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia departamental y nacional.

En segundo lugar, con una ponderación equivalente a 0,50, los participantes identificaron dos variables. Por una parte, el Incumplimiento del Acuerdo, ante lo que los integrantes de los grupos de trabajo señalaron aspectos logísticos y económicos como la falta de presupuesto suficiente por parte del Estado y la ausencia de incentivos a la economía campesina que permitiera cumplir adecuadamente con los propósitos del desarrollo rural integral. Por otra, señalaron la Ausencia del Estado en términos igualmente operativos, relacionada directamente con la falta de coordinación institucional que puede presentarse entre las entidades de orden nacional, regional y local en el desarrollo de las políticas, programas y proyectos orientados a la consolidación de la paz.

En cuarto lugar, los grupos priorizaron el Desempleo y la falta de oportunidades laborales como un factor de riesgo que

podría generar nuevas formas de violencia al desmotivar el Proceso de Reintegración individual de los excombatientes. Seguido de este, añadieron la Estigmatización social como una variable que impediría el proceso de reconciliación nacional, al mantener los estereotipos y las prácticas discriminatorias contra la población excombatiente. .

Finalmente, dos de los grupos de trabajo añadieron dos factores específicos que podrían constituir riesgos de violencia en el departamento, a saber: la Corrupción y las Necesidades básicas insatisfechas, tanto de la población excombatiente como de los habitantes de las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

Respecto a la posible localización geográfica de dichos factores de riesgo, se evidencia un desplazamiento de los municipios priorizados en los talleres previos hacia el centro y sur del departamento. Así, los participantes de esta jornada consideraron que en casos específicos, a mayor probabilidad de Reintegración de población excombatientes, mayores niveles de riesgo de violencia. Así, estimaron que la capital del departamento tendría una “Muy alta” probabilidad de Reintegración e igualmente de riesgos de violencia. Caso similar al de los municipios de La Paz y Aguachica con una “Alta” probabilidad de Reintegración y el mismo nivel estimado de riesgo.

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Mapa No. 14. Probabilidad de riesgos de violencia en el Cesar.Taller participativo en Aguachica

En contraste, estimaron que los elevados niveles de riesgo en los municipios del centro y sur del departamento, disminuirían las probabilidades de Reintegración de la población de excombatientes. Tal es el caso de Pailitas, Curumaní, Pelaya y Río de Oro, catalogados con una “Muy alta” y “Alta” probabilidad de riesgo de violencia y una probabilidad “Media” de Reintegración. También, la estimación de una “Alta” probabilidad de riesgo en La Gloria, se relaciona con la percepción sobre la “Baja” probabilidad de Reintegración en dicho municipio.

Por su parte, San Martin, San Alberto y Gonzales, los tres municipios del sur, coinciden en una estimación “Media”, tanto de la probabilidad de reintegración como del riesgo. La excepción a dicha correlación entre ambos aspectos, se ubica en municipios del norte y centro del departamento, como son La Jagua, San Diego y Becerril, zonas consideradas por los participantes como escenarios con una “Alta” o “Media” posibilidad de reintegración de desmovilizados, y con un rango “Bajo” de factores de riesgo de violencia.


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Resultado Consolidado Participativo de RiesgoUna vez consolidados los resultados de los cuatro talleres de Cartografía, se obtuvieron cuatro variables de riesgos de violencia que configuran el indicador participativo de dicha temática. De nuevo, la inclusión de estas variables en el cuadro consolidado participativo obedece a los criterios expuestos en el apartado de Reintegración del capítulo anterior.

Tabla No. 14. Variables de riesgos de violencia del consolidado de los cuatro talleres participativos

Como lo indica la tabla No. 14, la Inseguridad es la variable de riesgo de violencia de mayor importancia para los asistentes el taller, ponderada con un valor promedio de 0,77 en la escala continua de 0 a 1. Esto coincide con el indicador participativo construido para el Proceso de Reintegración, que priorizó, en segundo lugar, la necesidad de garantizar Entornos seguros en los municipios que se constituyan como receptores de la población excombatiente (Ver tabla No. 7).

La segunda variable priorizada fue la Estigmatización social, con un valor promedio de 0,44, cuyas diversas causas fueron

detalladas a lo largo de los talleres: el desconocimiento social del Acuerdo, la persistencia de estereotipos e imaginarios de la guerra respecto a los excombatientes, reforzados por el lenguaje bélico de los medios de comunicación; la ausencia de un proceso real de sensibilización y transformación discursiva al interior de las fuerzas militares, entre otras. Esta idea concuerda con los resultados del indicador participativo de Reintegración que, como primer factor, priorizó la importancia de la Inclusión social en los territorios receptores (Ver tabla No. 7).

Variable Riesgo LA PAZ VALLEDUPAR CURUMANÍ AGUACHICA PROMEDIO



Ausencia de Estado

Desempleo

0,76

0,66

0,3

0,07

0,69

0,31

0,07

0

0,78

0,47

0

0,15

0,86

0,31

0,5

0,36

0,77

0,44

0,22

0,15

56


Mapa No. 15. Probabilidad de riesgos de violencia en el Cesar. Consolidado de los cuatro talleres de cartografía social

En tercer lugar, los asistentes al taller ubicaron la Ausencia del Estado como un factor de riesgo de violencia, con una ponderación promedio de 0,22. Nuevamente, al comparar los indicadores participativos de riesgos de violencia y de Reintegración, se evidencia una similitud, pues la tercera variable priorizada en este último, fue la necesidad de garantizar cobertura institucional en los municipios del Cesar.

Finalmente, la cuarta variable jerarquizada fue el Desempleo, con un valor ponderado de 0,15. Tal y como ha sucedido en los casos anteriores, esto coincide con el cuarto factor del indicador participativo de Reintegración relacionado con la importancia de ofrecer trabajo y opciones de empleo en los municipios, a la población excombatiente que se reincorpora a la sociedad civil. (Ver tabla No. 7).

Ahora bien, respecto a la ubicación geográfica del indicador participativo construido sobre riesgos de violencia, resulta ilustrativo continuar con el ejercicio comparativo con los resultados de Reintegración de excombatientes. Así, los asistentes a los talleres perciben que las zonas de mayor probabilidad de Reintegración son, a su vez, los municipios de mayores posibilidades de riesgo de violencia.

Por ejemplo, en una probabilidad “Muy alta” tanto de Reintegración de excombatientes como de riesgo de violencia se encuentran Valledupar, capital del departamento, y La Paz como municipio donde actualmente está el ETCR Tierra Grata, en el corregimiento de San José de Oriente. A estos municipios se suma Aguachica, como un territorio con “Alta” probabilidad de Reintegración y “Muy alta” de riesgo


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de violencia. Los panfletos y amenazas denunciados por la sociedad civil organizada de dichos municipios en tiempos recientes, respaldan la percepción de riesgo que tienen los participantes a los talleres sobre estos territorios.

Los asistentes a los talleres ubicaron a Codazzi y Curumaní como dos municipios con una “Alta” probabilidad de Reintegración de excombatientes e igual nivel de riesgo de violencia. A partir de allí, la percepción sobre el nivel de riesgo en los territorios empieza a afectar las posibilidades de ser considerados zonas probables para la Reintegración. Por ejemplo, Becerril y Pailitas fueron priorizados como municipios con una probabilidad “Alta” de riesgo de violencia y, por lo tanto, aparecen como un escenario de posibilidad “Media” de Reintegración.

Astrea y San Martín fueron considerados como territorios con “Altos” niveles de riesgo de violencia, y “Baja” probabilidad de Reintegración de excombatientes. Si bien existen otros factores que explican esta circunstancia, por ejemplo, la falta de cobertura institucional, es de resaltar el impacto que tiene la percepción sobre el riesgo en estos municipios. Dicho imaginario se basa en los altos de índices de victimización, control paramilitar a nivel territorial, político y económico cuya lógica de eliminación del contendor político y resolución violenta de los conflictos aún permea la realidad social de estos municipios.

Finalmente, en una estimación de probabilidad “Media”, tanto de Reintegración como de riesgos de violencia, se encuentran los municipios de Pueblo Bello, Manaure y La Jagua. A estos se le suman los municipios del centro y sur del Cesar como Pelaya, La Gloria, Río de Oro y San Alberto, donde se estima una probabilidad “Media” de riesgos de violencia y, por ende, una “Baja” probabilidad de Reintegración. La única excepción a esta correlación entre los factores, es el municipio de San Diego, donde los participantes estimaron una probabilidad “Media” de reintegración y una “Baja” probabilidad de riesgos de violencia.

Indicador prospectivo de RiesgoDe acuerdo con la identificación y ponderación de variables realizada en los talleres, se construyó un indicador prospectivo que cruza la percepción de los participantes respecto a los lugares donde podrían existir factores de riesgo de violencia, con información estadística oficial.

Inseguridad Esta variable hace referencia a las condiciones de seguridad física del territorio. Los entornos con patrones recientes de violencia tendrán mayores riesgos de presentar nuevos ciclos de violencia en escenarios de posconflicto. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es máxima seguridad y 1 es mínima seguridad. Para construir esta variable se capturaron datos en cinco dimensiones: Tasas de homicidio, asesinato selectivo, amenaza y desplazamiento (UARIV 2016; Forensis 2015), presencia de BACRIM y ELN en el territorio (PARES/FIP 2015).

Estigmatización Esta variable hace referencia a la preparación social que tiene el territorio para la aceptación de los reincorporados de las FARC. En territorios donde exista mucha estigmatización hacia esa población, los riesgos de violencia serán más altos. Esta variable es continua y va de 0 a 1 donde 0 es máxima capacidad territorial para la reconciliación y 1 es mínima capacidad. Para construir esta variable se capturaron datos en tres dimensiones: Número de víctimas totales de las FARC en el territorio, probabilidad de Reintegración de excombatientes en el territorio (estimación a partir de presencia BACRIM y FARC, cultivos de coca, ruralidad, zonas de reserva campesina) y magnitud de la victimización de las FARC en el territorio (Ponderación por peso poblacional (OIM y UARIV 2015).

Ausencia del Estado Esta variable hace referencia a la ausencia en la oferta estatal de planes, programas y proyectos en temas sociales que representen una respuesta al ciudadano sobre las múltiples problemáticas que existen en el territorio. Los riesgos de violencia en el posconflicto pueden ser mayores ahí donde la

Tabla No. 15

Variable PONDERACIÓN (%)



Ausencia de Estado

Desempleo

Participativo

TOTAL

35

25

15

15

10

100

58


ausencia de Estado sea pronunciada. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es máxima capacidad institucional y 1 es mínima capacidad. Para construir esta variable se capturaron datos en tres dimensiones: Desempeño fiscal y administrativo (DNP 2013), mortalidad infantil (Ministerio de Salud 2013) y desempeño de justicia local (DeJusticia 2012).

DesempleoEsta variable hace referencia a las circunstancias y condiciones del territorio que representan atractivos económicos (v.g.:

productividad, empleo, ingresos, etc.) para los reincorporados de las FARC y para las comunidades receptoras. Territorios donde la oferta laboral sea deficiente, serán territorios más proclives a presenciar nuevas oleadas de violencia en el posconflicto. Esta variable es continua y va de 0 a 1, donde 0 es máxima oferta laboral y 1 es mínima oferta. Para construir esta variable se capturaron datos en cuatro dimensiones: Presencia de cultivos ilícitos (UNODC 2014), empleo informal (DANE 2005), dependencia económica (DANE 2005) y presencia de minería ilegal (UNODC 2014).

Mapa No. 16 Prospectivo de Riesgo

Análisis comparativo A partir de la triangulación entre las percepciones obtenidas en los Talleres Participativos y las bases de datos oficiales sobre las variables, se construyó el siguiente mapa prospectivo de factores de riesgo de violencia para el departamento del Cesar:


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Tabla No. 16. Comparación entre el mapa participativo y el mapa prospectivo respecto a los riesgos de violencia

Realizando un ejercicio comparativo entre el mapa Participativo y el Prospectivo, encontramos los siguientes resultados:

Subregión Municipio Indicador Participativo Indicador prospectivoNorte

Noroccidente

Centro-oriente

Centro-occidente

Sur

Valledupar

La Paz

Manaure

San Diego

Codazzi

Pueblo Bello

El Copey

Bosconia

Astrea

El Paso

Becerril

La Jagua

Curumaní

Pailitas

Pelaya

Chiriguaná

Chimichagua

Tamalameque

La Gloria

Gamarra

Aguachica

Rio de Oro

González

San Martín

San Alberto

Muy alta

Muy alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Muy Alta

Media

Baja

Alta

Media

Muy alta

Muy alta

Baja

Muy alta

Muy alta

Media

Media

Media

Alta

Alta

Muy alta

Baja

Muy alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Alta

Baja

Muy alta

Media

Baja

Baja

Baja

60


Como se observa en la tabla comparativa y en los dos mapas respectivos (Ver mapas No. 15 y 16), existe una diferencia en cuanto a la priorización: Mientras que el indicador participativo sobre riesgos de violencia enfatiza en los municipios del sur y la zona oriental del departamento cuyas zonas rurales se extienden hasta la Serranía del Perijá, el indicador prospectivo incluye un número mayor de municipios distribuidos a lo largo y ancho del departamento, con excepción justamente de los del extremo sur.

En este orden de ideas, mientras que el indicador participativo únicamente estimaba una probabilidad “Muy alta” de riesgos de violencia en Valledupar, La Paz y Aguachica; el prospectivo añade a San Diego, Codazzi, Becerril y Curumaní.

Y si bien, ambos indicadores coinciden al estimar una probabilidad “Alta” de riesgos de violencia en Pailitas y Astrea, en los demás municipios con este nivel de valoración difieren los indicadores. Mientras que el mapa participativo indica en San Martín un nivel “Alto” de riesgo, las cifras oficiales del indicador prospectivo indican un nivel “Bajo”. En contraste, el indicador prospectivo estima un nivel “Alto” de riesgos de violencia en El Paso, Pelaya y La Gloria, el mapa participativo señala un nivel “Bajo”, para el primer municipio, y “Medio” en los dos restantes.

Asimismo, los únicos municipios en que ambos indicadores coinciden en la estimación de un nivel “Medio” de riesgo son Pueblo Bello y Río de Oro. En el caso de Manaure, La Jagua y San Alberto el indicador participativo estima un nivel “Medio” de riesgo, mientras que las cifras oficiales del indicador prospectivo permiten que tal nivel descienda a “Bajo”. Por el contrario, municipios como El Copey, Bosconia, Chiriguaná, Chimichagua, y Tamalameque tienen una probabilidad “Media” de riesgo en el indicador prospectivo, pero son percibidos por los asistentes al taller como territorios con niveles “Bajos” de riesgos de violencias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

De acuerdo con los resultados de los talleres realizados es posible concluir lo siguiente:

• En términos de la Reintegración de excombatientes, los indicadores construidos priorizaron siete variables, a saber: Inclusión social, entornos seguros, cobertura institucional, oferta/acceso educativo, participación política y reunificación familiar. Al contrastar los municipios priorizados en la cartografía participativa con el mapa prospectivo de Reintegración, se obtuvo que, primero, las políticas públicas para consolidar la paz y la reintegración de excombatientes a la vida civil, deberían focalizarse en los municipios de Valledupar, La Paz, Codazzi y Curumaní, donde ambos indicadores estiman una probabilidad muy alta o alta de reintegración de excombatientes.

• Igualmente, debería considerarse la focalización de Manaure, Pueblo Bello, La Jagua y Pailitas que, si bien en la cartografía participativa aparecen con una probabilidad “Media”, la información oficial los pondera con una


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probabilidad “Alta” o “Muy alta”. Por otra parte, es de considerar el caso de otros municipios como El Copey, Bosconia, Tamalameque, La Gloria, Gamarra, Río de Oro, San Martín y San Alberto que, aunque aparecen con una ponderación “Baja” en el mapa participativo, el indicador prospectivo indica probabilidades “Altas” o “Muy altas” de Reintegración.

• Respecto a esta conclusión, los participantes que asistieron a la jornada de validación, realizada en Valledupar el 13 de septiembre de 2017, aportaron tres elementos a considerar. Por una parte, precisaron que la ubicación de la Zona Veredal de Tierra Grata, hoy ETCR no se restringe al municipio de La Paz, sino que comparte jurisdicción territorial con la Alcaldía de Manaure: “Si uno analiza el mapa con detenimiento, este espacio está en Manaure, pero nos preocupa que en todas las reuniones sólo se hable de La Paz. Necesitamos saber qué tiene que decir el Gobierno frente a esto y frente a la priorización para el posconflicto de este municipio, porque nunca escogen a Manaure en los procesos sólo a La Paz” .

• Por otra parte, de acuerdo con la información directa que algunos participantes han logrado obtener de Tierra Grata, a través de los foros con la sociedad civil y la interacción con la institucionalidad local, se comparte que los excombatientes de las FARC no han expresado hasta el momento la intención de cambiar de municipio de residencia: “Según lo que han dicho, ellos no piensan irse por todo el departamento, sino quedarse más bien en La Paz y en Valledupar. Allá en Tierra Grata, van las familias de visita, pero ellos están pensando en quedarse juntos, trabajar juntos y así. No es que cada cual vaya a resolver el asunto solo, sino que quieren hacer la Reintegración colectiva también. Por lo menos, ese es el plan que tienen” .

• El tercer elemento que los participantes aportaron respecto a la Reintegración en la jornada de validación estuvo relacionado con la priorización territorial. Al preguntar a los asistentes por qué en el mapa participativo los municipios del sur aparecieron con una ponderación “Baja” de probabilidades de Reintegración, mientras que el indicador prospectivo señalaba probabilidades “Altas” o “Muy altas”, los participantes reflexionaron sobre los imaginarios de violencia que aún persisten sobre dichas

zonas: “Uno piensa que allá no se van a poder reintegrar por toda la violencia paramilitar que existió, y que fue tan cruel. Pero ya mirando los mapas uno recuerda que en el sur del departamento hay un precedente de apertura política que puede ser interesante para estas personas en este nuevo escenario de posconflicto con las FARC” .

• En cuanto a los riesgos de violencia, el análisis realizado en el marco del proyecto permitió priorizar cuatro variables: Inseguridad (derivada de la acción delictiva de los Grupos Armados Organizados, especialmente aquellos herederos del paramilitarismo), la estigmatización social de los excombatientes, la ausencia del Estado que impida la implementación territorial del Acuerdo y, finalmente, el desempleo.

• Al conjugar los resultados del ejercicio participativo

y prospectivo de ambas variables, obtenemos una coincidencia territorial relevante: los municipios priorizados para la Reintegración de excombatientes como Valledupar, La Paz, Curumaní y Pailitas, son considerados zonas con “Altas” probabilidades de riesgos de violencia. En la jornada de validación de resultados, los participantes señalaron que dicha coincidencia se explica, también, por el precedente de la guerra y los procesos de desmovilización de otros grupos armados ilegales, especialmente las AUC, pues en estos municipios los riesgos de violencia aumentaron tras el proceso formal de la dejación de armas. De allí que la intervención integral del Estado en dichos municipios sea prioritaria para garantizar la construcción y consolidación territorial de la paz.

• En este orden de ideas, para concluir el presente informe se estima necesario que la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para la implementación de las políticas públicas tendientes a la consolidación de la paz en los territorios:

Resignificar el sentido del proceso de reintegración en el nuevo contexto

Tanto para la sociedad civil como para la institucionalidad local, regional y nacional es fundamental comprender los retos de la Reintegración de los excombatientes de las

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de poder militar-económico aumenta sus expectativas respecto a los combatientes ‘rasos’ o milicias .

Generar confianza entre la sociedad civil organizada, las Fuerzas Militares y la institucionalidad local y regional

La Oficina de Paz tendrá que liderar procesos de generación de confianza tanto al interior mismo de la institucionalidad, como en la sociedad civil organizada. A lo largo de los talleres fue evidente la necesidad de realizar un proceso pedagógico de sensibilización sobre el Proceso de Paz con los funcionarios locales para que, en los municipios del norte del Cesar, dicho proceso se comprenda más allá de los recursos económicos que puede representar y, en el centro y sur, la institucionalidad local debe aceptar, de manera generalizada, que el Acuerdo de Paz es un hecho y que su actuación como funcionarios públicos es promover su consolidación en los territorios.

Respecto a la sociedad civil, la generación de confianza con la Fuerza Pública es vital. En palabras de los participantes de la jornada de validación: “Uno le apuesta a la paz porque cree que van a haber cambios. Antes de todo esto, jamás hubiera pensado en venir a un salón de la Gobernación a reunirme con el Ejército, cuando todo el mundo sabe aquí, y ya está probado por sentencias y todo, que los paramilitares gobernaron todo esto. Nosotros vimos cómo en nuestros pueblos y veredas muchas veces los paramilitares actuaban con el Ejército, mientras que a uno como campesino lo atacaban, lo trataban de guerrillero nada más por vivir en la Serranía, los falsos positivos. Todo eso lo vivimos nosotros, pero hoy queremos confiar en que las cosas serán diferentes. Hay que apostarle a la paz, hay que apostarle a los acuerdos”

Promover la Paz y reconciliación

El proceso pedagógico sobre la paz implica reconstruir la confianza en el otro, así haya sido un “enemigo” durante la guerra, y reivindicar el valor sagrado de la vida humana. La deconstrucción de prejuicios y estereotipos es crucial para lograr una reconciliación profunda y eficaz, comprendiendo que el Acuerdo no sólo beneficia a los excombatientes, sino que supone una restitución a los derechos de las comunidades rurales históricamente excluidas en el país.

FARC en los términos planteados por el proceso mismo y la naturaleza de los actores involucrados.

Así, en los distintos talleres los participantes insistieron en la necesidad de diseñar políticas públicas adecuadas al nuevo contexto, lo cual supone no reproducir los esquemas de la desmovilización individual de excombatientes de la guerrilla, o las características del proceso de las AUC. Es, por tanto, indispensable comprender los significados disímiles que tienen los conceptos para los actores que estaban involucrados en la confrontación armada y que actualmente se encuentran en el proceso de implementación de lo pactado. Esto quiere decir que, en un proceso tan complejo como el colombiano, hasta los términos (palabras), conllevan una carga simbólica que requiere un proceso de negociación y acuerdo respecto al sentido compartido. Esto vale para conceptos claves como reintegración, desmovilización y seguridad, empleo o trabajo asociativo, etcétera.

Evitar la incertidumbre en el Proceso de Reintegración pues ello aumenta los riesgos de violencia

Tanto en los talleres como en la jornada de validación, los participantes expresaron su preocupación por la incertidumbre que amenaza la implementación efectiva del Acuerdo en los territorios. La polarización política en el país ha generado un nivel muy alto de inseguridad respecto a las garantías para el cumplimiento de lo pactado: “Hay mucha incertidumbre en este proceso, por eso es difícil proyectar a futuro lo que puede pasar. No se sabe qué pasará cuando ya no existan como tal las zonas transitorias, cuando los recursos de alimentación, servicios y dinero dejen de llegar a las Zonas. Hay mucha inconformidad en las FARC por las condiciones en las que están, y uno piensa si no se cumplen cosas logísticas básicas ¿Qué puede esperarse de los derechos más amplios como la reforma rural y la participación política? ¿Qué garantías hay para la Jurisdicción Especial si cada día hay un obstáculo nuevo y, por ejemplo, el Congreso ya tiene la facultad de ‘echar para atrás’ lo acordado?” .

De acuerdo con estudios realizados al respecto, los riesgos de reincidencia en la guerra se concentran en los mandos medios de la guerrilla pues no encuentran los espacios de participación política de los altos mandos, y su experiencia


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Formalizar espacios de interlocución constante entre las organizaciones sociales, defensores de DDHH, y las instancias de la Gobernación.

La confianza entre institucionalidad y sociedad civil requiere espacios concretos de interlocución para disminuir las tensiones, conflictos y dificultades de comunicación. Puntualmente, se recomienda instalar la Mesa de Garantías de DDHH, reconociendo el papel de la Mesa de DDHH y Territorios del Cesar, Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar y demás espacios organizativos. Este espacio debe contar con el liderazgo y participación activa de la Gobernación y con funcionarios que generen confianza en las víctimas. En lo posible, es recomendable que dicha interlocución no sea delegada en representantes cuyos vínculos familiares y políticos con los victimarios, especialmente el paramilitarismo, profundicen la desconfianza existente entre las organizaciones sociales.

Articular las acciones para lograr un desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares

Un aspecto esencial para disminuir los riesgos de violencia es la implementación de medidas que garanticen de manera efectiva el derecho a vida, la participación política y la movilización social de líderes y lideresas en el departamento.

Acuerdos sobre el ordenamiento territorial para la construcción de paz

La consolidación de la paz supone la superación de los conflictos que dieron origen a la confrontación armada. Las organizaciones sociales insistieron en la necesidad de generar un debate y acuerdo colectivo sobre las prioridades de desarrollo y construcción de paz en el departamento.

Continuar el análisis participativo y prospectivo para el posconflicto

Finalmente, como proyección a futuro del presente informe, en la jornada de validación de resultados se recomendó a la Gobernación continuar con el análisis iniciado por el proyecto contemplando:

a) La variable de reclutamiento forzado como un riesgo de violencia específico

b) El estudio territorial a escala sub-municipal que permita comprender de manera más adecuada los procesos de reintegración y riesgos de violencia en el postconflicto

c) La caracterización adecuada de los excombatientes que permanecen en Tierra Grata, consultándoles directamente por su lugar de origen y proyecciones a futuro dentro del Proceso de Reintegración

d) La relación del proceso de restitución de tierras, reparación colectiva y la implementación del Acuerdo de Paz, comprendiendo que en el origen del conflicto armado se encuentra el control y acceso a la tierra.

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ANEXO METODOLÓGICO

La propuesta de análisis prospectivo y cartográfico del conflicto surge de la necesidad de propiciar el diálogo intersectorial, en torno a la etapa de implementación de

los Acuerdos de Paz, particularmente sobre reintegración de excombatientes y riesgos de violencia que les permitan, tanto las autoridades locales como comunidades de la sociedad civil, prepararse para asumir los roles y desafíos que trae consigo el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.

Los participantes de los talleres imaginan, colectivamente, dos preguntas analíticas en un escenario de posconflicto, a


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partir de su experiencia acumulada (memoria histórica), las vivencias (experiencias subjetivas) y la ilusión de vivir sin las imposiciones de la guerra. Para el caso de este proyecto esas dos preguntas analíticas hacían referencia a la reintegración de excombatientes y a los riesgos alrededor del reclutamiento de menores. El diseño del análisis cartográfico combinó una estrategia de investigación social de métodos cualitativos y estadísticos. Para el desarrollo de los talleres cartográficos, aproximación cualitativa, se convocó a una comunidad heterogénea conocedora del territorio y de las problemáticas asociadas al conflicto, para que indicaran dos cosas: primero, cuáles eran las variables que aportarían a la exitosa reintegración de excombatientes y cuáles serán las variables que potencializarían los riesgos de violencia en un escenario de posconflicto. Segundo, que, con esas variables definidas, identificaran en el mapa departamental (niveles municipales/veredales) en qué territorios será más probable la ocurrencia de dichas variables. Paralelo a este doble ejercicio, priorización y territorialización de variables frente a una problemática en particular, la metodología aplicada en esta investigación generaba espacios de discusión para nutrir de narrativa los datos capturados a lo largo de la jornada.

Con la información recolectada de todos los talleres cartográficos se procedió a implementar una estrategia de análisis estadístico, a partir de la búsqueda en bases de datos institucionales de variables que se relacionaran con los fenómenos narrados y “mapeados” por los participantes de los talleres.

Una vez conseguida la información se construyó un indicador compuesto de tipo prospectivo (normalizado de 0-1 con metodología MinMax, donde 1 significaba mayor probabilidad de ocurrencia y 0 menor probabilidad) que buscaba mostrar qué decían los datos institucionales a propósito de la priorización territorial construida en los talleres cartográficos.

El ejercicio prospectivo no tiene el espíritu de funcionar como un instrumento de verificación del ejercicio participativo y de cartografía social. Por el contrario, la combinación de estas metodologías de análisis lo único que pretende, es mejorar el nivel de entendimiento del fenómeno en el territorio, combinando percepciones con información estadística oficial. Los mapas, prospectivos y participativos, y los rangos calculados para estimar las intensidades de probabilidad, se hicieron mediante análisis de distribución en cuartiles, lo cual arrojaba las categorías de bajo, medio, alto y muy alto.

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