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Centrales Receptoras de Alarmas

D urante años, el principal ca-ballo de batalla de las cen-trales receptoras de alar-

mas (CRA) ha sido la reducción del nú-mero de alertas falsas comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE). Aunque hoy en día el problema persiste, la entrada en vigor de la Or-den Ministerial sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en 2011, unida a los esfuerzos realizados por los propios centros para mejorar sus pro-tocolos y tecnologías, ha permitido que remita significativamente. Lo que antes era una obsesión que copaba toda la atención de las CRA, ahora deja margen para que otros temas compar-tan ese protagonismo.

El Proyecto de Ley de Seguridad Pri-vada es, sin duda, el más sensible en este momento dado que el futuro in-mediato de estos centros estará mar-cado por la nueva norma, en tres sen-tidos de manera especial. Por un lado, en lo que se refiere al personal encar-

gado de las alarmas, las CRA podrían pasar de contar con operadores a te-ner que contratar a vigilantes de se-guridad si la ley se queda tal y como el Gobierno la presentó al Parlamento.

En segundo lugar, las compañías que se dedican a la gestión de las alar-mas consideran que el régimen san-cionador de la nueva ley es despro-porcionado en comparación con el vo-lumen de mercado que mueve esta actividad. Además, se quejan de que la Administración les haga responsables tanto de sus obligaciones, como de las de usuarios o instaladores de sistemas.

Por último, la ampliación de las ac-tividades que podrán desarrollar las CRA, como la atención de alarmas de tipo técnico o asistencial, ha sido muy bien recibidas como cabía esperar por-que aumentará el mercado al que po-drán dirigirse, pero, eso sí, supondrá para ellas un importante reto de adap-tación en diferentes vertientes.

En definitiva, las CRA se encuentran en un momento crucial en el que el re-sultado final del texto de la nueva Ley de Seguridad Privada podría redefinir

tanto el concepto de negocio de este servicio como la estructura de las com-pañías que lo prestan.

Esta idea abarcó gran parte del de-sayuno de trabajo organizado el 26 de septiembre por Seguritecnia y la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES), que reunió en una misma mesa a representantes de CRA, fabricantes de tecnologías, instalado-res y miembros de las FCSE. El resul-tado fue un diálogo en el que no sólo se habló de las incertidumbres que desprende la reforma de la ley, sino también de otros aspectos importan-tes para estos centros, como la certifi-cación de los productos y sistemas de alarma o las nuevas tecnologías que se incorporan a este sector.

La mesa estuvo compuesta por el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Luis González Pernía, de la Uni-dad Central Seguridad Privada (UCSP); el teniente coronel José Antonio Mon-tero, miembro del Servicio de Protec-ción y Seguridad (SEPROSE) de la Guar-dia Civil; Antonio Ávila, presidente de AES; Juan Jerez, director de Sistemas

Por Enrique González Herrero

En los últimos años, las centrales receptoras de alarmas han realizado grandes esfuerzos para adaptarse a la re-gulación y a los avances tecnológicos que han surgido. Ahora, con la nueva Ley de Seguridad Privada en ciernes, dichas empresas tendrán que hacer frente a importantes cambios que redefinirán el concepto de este negocio. Para analizar los principales retos, Seguritecnia y la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES) orga-nizaron en septiembre un desayuno de trabajo en el que quedaron patentes las necesidades de esta especialidad. Alter Technology Tüv Nord SAU y Security Cloud Services patrocinaron el encuentro.

Centrales receptoras de alarmasUn reto de adaptación al cambio

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de verificación personal de alarmas, la certificación de productos o el con-flicto que existe entre la nueva norma y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

El inspector jefe Luis González apuntó que el CNP ya está trabajando sobre algunas ideas para el Regla-mento de Seguridad Privada que po-drían matizar las cuestiones relacio-nadas con el servicio de acuda de vigilantes con armas. Sin embargo, consideró que si no se produce nin-guna modificación respecto a los operadores en el Parlamento “será di-fícil” variar en ese sentido la nueva ley con posterioridad.

Antonio Escamilla explicó que ese asunto es especialmente delicado por-que las CRA emplean en la actualidad a personas con discapacidad que en el futuro no podrían trabajar como vigi-lantes de seguridad. Ante esta tesitura, AES ha propuesto como alternativa a las disposiciones del proyecto de ley que se incluya a los operadores entre el personal de seguridad privada.

José Ramón Becerra, por otro lado, opina que el perfil profesional del gestor de las CRA viene definido por las funciones que tiene que desem-peñar en su puesto y los conocimien-tos especializados que posea, más cuando la norma va a permitir pres-tar atención a las alarmas técnicas o

asistenciales. Por ello, defendió: “de-pendiendo del tipo de servicio, tene-mos que seleccionar a la persona más capacitada, que no necesariamente tiene que ser un vigilante”. Además, el representante de Gunnebo declaró no cree que exista valor añadido en el hecho de que sean vigilantes de se-guridad quienes atiendan las alarmas en una CRA.

Pedro Ibarrondo añadió que las centrales tienen una alta especializa-ción en su materia, lo que requiere que exista “flexibilidad” a la hora de contratar al perfil más adecuado.

En esa línea, Jesús Alonso indicó que el tratamiento de las alarmas está ahora más tecnificado que hace años y se utilizan “herramientas cada vez más complejas”. Lo adecuado para este profesional sería “dotar al puesto de operador de más dignidad” y “crear un fondo de formación”.

Antonio Ávila defendió que las em-presas sean “libres de escoger al perso-nal que quieran”. El presidente de AES criticó el excesivo control que existe sobre las empresas de seguridad pri-vada cuando otros sectores igual-mente delicados no se encuentran so-metidos a tantos requisitos legales.

Le dio la razón el asesor jurídico Alejandro Guerra, para quien la Se-guridad Privada es un sector jurídica-mente muy regulado “porque es un

de Seguridad y Consultoría de Eulen Seguridad; Antonio Escamilla, direc-tor general de Bosch Security Systems y vicepresidente de AES; Jesús Alonso, director del Área de Particulares de Segur Control; Javier Lorente, direc-tor general de ADI Global Distribu-tion; José Ramón Becerra, jefe de Te-levigilancia de la CRA de Gunnebo Es-paña; Pedro Ibarrondo, presidente de Security Cloud Services (SCS); Ja-vier Badiola, gerente de IBS Iberia y partner tecnológico de SCS; José A. Montori; director de Operaciones en Europa de Bold Technologies; Ale-jandro Guerra, socio director de Cor-porate Compliance Abogados y ase-sor jurídico de SCS; y Julián Gallego, Testing & Certification Commercial Ma-nager de Alter Technology Tüv Nord SAU. Paloma Velasco, directora ejecu-tiva de AES, y Ana Borredá, directora de Seguritecnia, moderaron el debate.

Retos normativosComo preludio al debate, Antonio Ávila informó de la reunión que AES ha mantenido recientemente con los ponentes del Partido Popular para el Proyecto de Ley de Seguridad Pri-vada, en la que los representantes po-líticos se mostraron “receptivos” a sus propuestas. En el encuentro, se abor-daron cuestiones relacionadas con los operadores de las CRA, servicios

Juan JerezDirector de Sistemas de Seguridad y Consultoría de Eulen Seguridad.

José A. MonteroTeniente coronel del SEPROSE de la Guardia Civil.

Luis González Pernía Inspector jefe de la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía.

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que cumplan la LOPD, una ley que ge-nera muchas dudas para estas compa-ñías, especialmente en lo relacionado con la videovigilancia.

Como solución al problema de la protección de datos, AES propone que la nueva Ley de Seguridad Pri-vada delimite de manera particu-lar los espacios hacia los que tienen que estar orientadas las cámaras, para que así no se infrinja la LOPD en nin-gún supuesto. El inspector jefe Luis González se mostró partidario de que se regule en ese sentido.

Para el teniente coronel José Anto-nio Montero, la cesión de imágenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no genera ningún problema relacionado con la protección de datos, puesto que la LOPD contempla esa posibilidad. Y además, añadió que el Proyecto de Ley de Seguridad Privada ya recoge cuáles son los límites para la videovigilancia.

Juan Jerez, por el contrario, afirmó que la norma “queda a la libre inter-pretación”, lo que en la práctica hace dudar a las empresas y, finalmente, se producen sanciones. El representante de Eulen Seguridad plantea la con-veniencia de que la normativa defina de manera específica términos como “proporcional o idoneidad”, entre otros.

Jesús Alonso, por otra parte, criticó que se haga responsable a las CRA de algunos aspectos que escapan a su control, como por ejemplo el nivel de

calidad de la tecnología que instala el usuario para proteger su estable-cimiento. Por ello, solicitó por que se mejore la regulación sobre las caracte-rísticas que deben reunir los sistemas y dispositivos de videovigilancia conec-tados a las centrales.

Sobre este punto, José A. Montori apostó por que se regule de tal ma-nera que “según el grado con el que esté homologada una CRA pueda o no gestionar distintos perfiles de insta-laciones en función del riesgo”. El res-ponsable de Bold Technologies opina que con este criterio se evitarían con-flictos con aquellas CRA que cuentan con pocos recursos, pero en conjunto abarcan una parte significativa de la cuota de mercado.

Para Javier Lorente otro problema re-lacionado con ese tema es que, a pe-sar de que se exige a los fabricantes que certifiquen sus desarrollos, a la hora de la verdad la Administración no controla si los productos que se insta-lan reúnen los requisitos. “La ley sólo se aplica cuando ocurre un suceso im-portante, pero no en el momento de la instalación”, lamentó el director gene-ral de ADI Global Distribution.

Antonio Escamilla se mostró de acuerdo, y añadió que AES ha impul-sado en instancias europeas la nor-malización de productos. Un ejemplo palmario de ese esfuerzo se produjo

tema muy sensible”. El asesor jurídico apuntó la necesidad de hacer “cam-biar de mentalidad al legislador” y a la propia UCSP para que exista mayor flexibilidad.

Protección de datosOtro de los temas en torno al Proyecto de Ley de Seguridad Privada en los que coinciden las CRA es la “despro-porción” del régimen sancionador. Sin embargo, las multas derivadas de la aplicación de esa norma no son las únicas que afectan a sus bolsillos. Las centrales están sometidas también a la estrecha supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos para

Antonio Escamilla, Director general de Bosch Security Systems.

Jesús Alonso, Director del Área de Particulares de Segur Control.

Ana Borredá, directora de Seguritecnia, y Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES.

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bría que ir a algo parecido. Que den-tro de la Unión Europea haya unas nor-mas que digan cómo tienen que ser los equipos, que haya una libre circu-lación de esos equipos, que estén eti-quetarlos de forma que esté garan-tizado su correcto funcionamiento y que haya organismos que certifiquen las instalaciones”.

José Ramón Becerra solicitó que la nueva ley sea “flexible” y que “acom-pañe a las posibilidades tecnológi-cas y de servicios de las compañías”. Para este invitado, las CRA cuentan cada vez con mayores oportunidades de desarrollo de su negocio, sin em-bargo, si el Proyecto de Ley de Seguri-dad Privada no se modifica en lo con-cerniente al personal “se van a limitar mucho las posibilidades de que estas empresas puedan profesionalizarse y especializarse”.

Becerra propuso también que exis-tan “modelos colaborativos” para que las empresas no sólo compitan por el mercado, sino colaboren en aquellos nichos en los que no se hagan com-petencia. De esa forma, las compañías pueden hacer una labor de seguridad “mucho más evolucionada que la que hay ahora mismo”.

Colaboración con FCSELa colaboración entre las CRA y las FCSE es inestimable a la hora de es-clarecer muchos delitos, gracias a las imágenes que ceden las primeras a los cuerpos policiales. Sin embargo, esa relación ha estado marcada en gran parte también por las falsas alar-mas, cuyos índices llegaron a ser in-sostenibles para la Administración. Para tratar de solucionar el problema, el Gobierno aprobó en 2011 la Or-den Ministerial sobre funcionamiento de los sistemas de alarma, con la que trató de solucionar esa situación. Des-pués de dos años, los primeros resul-tados son “satisfactorios”, como se-ñaló en el desayuno el teniente coro-nel José Antonio Montero.

Este profesional desgranó algunas de las principales conclusiones del seguimiento realizado por la Guar-

dia Civil a la orden ministerial den-tro de su demarcación. Según los da-tos del informe elaborado respecto a este asunto, entre 2011 y 2112, el nú-mero de alarmas comunicadas a las FCSE descendió un 51 por ciento. De ellas, las alertas reales se han incre-mentado un 2,72 por ciento, mientras que las falsas han disminuido un 57 por ciento.

Por otro lado, señaló que el total de las alarmas no comunicadas a las FCSE aumentó en 111, pasando de 532 en 2011 a 643 en 2012. Un dato “reve-lador” cuya explicación podría estar en la adaptación de las empresas al sistema de verificación que establece la orden ministerial.

Otro dato que ofreció el invitado está relacionado con las denun-cias a las CRA. Según señaló, estás han disminuido también en un 45 por ciento (de 663 en 2011 a 360 en 2012). “Esto supone sólo un dos por ciento de denuncias en caso de falsa alarma”, enfatizó.

El teniente coronel de la Guardia Ci-vil indicó que el estado anterior de esta situación era “insostenible” por la distorsión que ocasionan las falsas alarmas en los servicios de las FCS y por el coste económico que supone para la Administración.

Aseguró al final de su intervención que la Guardia Civil está estudiando

durante la gestación de la Directiva Eu-ropea de Servicios, conocida como “Ley Ómnibus”, cuando la asociación pro-movió que se exigiera la normalización dentro de esa ley, con el objetivo de defender a las empresas que certifican sus productos frente a las que ofrecen menos calidad a bajo coste. “Para los instaladores era positivo en el sentido de que obligaba a utilizar un estándar de producto y de servicio que ponía unas mismas normas para todos”, argu-mentó. A pesar de ello, desde su punto de vista, queda camino por recorrer.

Según Alejandro Guerra, este tipo de casos se dan con frecuencia debido al modelo legislativo español. “Europa nos obliga a trasponer leyes, pero el problema muchas veces es que no te-nemos el músculo para asumirlas”, ex-plicó. El abogado calificó estas normas de “leyes pantalla” dado que “conten-tan a Europa, pero luego no pueden aplicarse realmente en España”.

Por otro lado, Julian Gallego estable-ció una comparación entre el control al que están sujetas las CRA y las ins-talaciones de protección contra incen-dios. Según especificó el representante de Alter Technology Tüv Nord SAU, en este último sector hay una “tradición de productos orientados a la norma-lización”, pero no hay una exigencia para las instalaciones. “En lo que se re-fiere a la especialidad de intrusión, ha-

Javier Lorente Director general de ADI Global Distribution.

José Ramón Becerra Jefe de Televigilancia de la CRA de Gunnebo España.

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CertificaciónCon la Orden Ministerial sobre siste-mas de alarmas se reguló otro aspecto importante para el mantenimiento de la calidad de los productos utilizados para la detección y verificación, la cer-tificación de los productos. No obs-tante, varios de los presentes en el de-sayuno lamentaron que en el mercado sigan circulando productos que no se ajustan a la legislación.

Antonio Escamilla explicó que las tec-nologías para las alarmas salen de las fábricas ensayados y cumpliendo la norma, pero no certificados. Esto su-pone para las compañías que operan en España un “gasto de certificación que antes no tenía” y que no todos asu-men por igual. Por eso solicitó que se aumenten las inspecciones sobre las instalaciones. Escamilla, no obstante, dejó claro que son los propios fabrican-tes quienes defienden que haya certifi-cados en el mercado “para que todo el mundo juegue en la misma liga”.

Luis González se mostró de acuerdo en la necesidad de incrementar el nú-mero de inspecciones y aseguró que el CNP está formando a sus agentes para llevarlas a cabo. El inspector jefe apuntó que fabricantes, instaladores y usuarios han de asumir su responsabili-dad. “Los productos instalados que no cumplan la norma habrá que retirar-los”, sentenció.

Javier Badiola, Gerente de IBS Iberia.

José A. Montori,Director de Operaciones en Europa de Bold Technologies.

Alejandro Guerra, Socio director de Corporate Compliance Abogados.

la posibilidad de suscribir convenios con empresas para que la Benemérita pueda disponer de más información en sus centros operativos de servicio sobre las alarmas.

La nueva Ley de Seguridad Privada recoge un régimen sancionador en el que se considera infracción “muy grave” la no comunicación de una alarma real a las FCSE y “grave” la tras-misión de una falsa alarma. Las mul-tas podrían ir de 30.001 a 600.000 eu-ros en el caso de las primeras y de 3.001 a 30.000 euros en el caso de las segundas. Cantidades que las CRA consideran desproporcionadas.

Jesús Alonso sostiene que es lla-mativo que el mayor número de su-puestos que recoge el proyecto de ley por los que se impondría una san-ción corresponde a infracciones “muy graves”. Para este invitado, la dispo-sición no sólo es desproporcionada en cuanto al coste económico de las sanciones, sino también “en los pun-tos que son considerados graves y le-ves”. Añadió además en el desayuno que “las sanciones por falsas alarmas son más cuantiosas que la recauda-ción por la cuota la propia conexión”.

Ante estas críticas, el inspector jefe Luis Pernía defendió que “hay que te-ner en cuenta que cuando se pro-duce una falsa alarma la sanción no se aplica de manera automática, se

deja un margen para que la instala-ción lo solucione”. El responsable po-licial matizó que una falsa alarma no significa necesariamente la imposi-ción una sanción muy elevada.

Igualmente, el representante del CNP recordó que las Orden Minis-terial sobre sistemas de alarma “fue acogida con alborozo” por el sector, y advirtió que una falsa alarma no sólo supone un coste económico para la Administración, sino que también va en detrimento de los recursos huma-nos disponibles para atender la segu-ridad ciudadana.

Enlazando con el tema de la veri-ficación policial, Juan Jerez aseveró que la tecnología está sustituyendo a los acudas personales. “Esta herra-mienta era muy útil durante muchos años”, reconoció; sin embargo, con-sidera que ahora “no lo es tanto gra-cias a los sistemas de verificación que existen”. Según este profesional, los servicios de acuda tienen un coste muy elevado, que no es tanto si se re-curre a las tecnologías.

En ese sentido, Pedro Ibarrondo propone un “nuevo modelo” para re-ducir el coste de los acudas para las CRA, que pasa por “acuerdos con em-presas locales que den servicio de proximidad”. Contratar a pequeñas compañías permitiría “dinamizar el mercado”.

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yor para aquellas centrales que quieran atender alertas técnicas o asistenciales y adaptarse a la nueva reglamentación de verificación de alarmas.

Desde esa perspectiva, una de las partes más sensibles es el plan de re-cuperación en caso de desastre, que requiere de las mejores tecnologías y protocolos para garantizar la conti-nuidad de las comunicaciones y de la actividad. Mantenerse al día en los nuevos productos y plataformas que soportan la recuperación y el almace-namiento de los datos requiere eleva-dos costes para las CRA que son difí-ciles de amortizar. Frente a eso, Pedro Ibarrondo planteó un modelo basado en “la externalización de servidores y de servicios en un CPD de alta segu-ridad”. La propuesta de este invitado consiste en que las empresas suscriban acuerdos de colaboración para que las CRA puedan apoyarse entre ellas en “todo aquello que no forme parte de su core bussines”, externalizando aque-llos servidores y servicios que puedan ser externalizados sin comprometer el núcleo de negocio fundamental de las CRA. Así, por ejemplo, una CRA podrá compartir la plataforma tecnológica con otras para prestar servicios de vi-deoverificación de última tecnología; si se produce una caída de los sistemas de una de las centrales, ésta puede mantener el servicio a través de otra

pecialmente en el caso de la tecnolo-gía para circuito cerrado de televisión.

Algo con lo que coincidió Antonio Ávila, para quien los temas relacionados con la normalización y las tecnologías debe depender del Ministerio de Indus-tria. El presidente de AES explicó que en los múltiples grupos de trabajo para la elaboración de normas en los que ha participado, cuando finalmente se con-sigue redactar una norma para un pro-ducto, resulta que ya ha salido al mer-cado tecnología novedosa que puede sustituir a la anterior.

Para cerrar el bloque dedicado a la certificación, Antonio Escamilla ex-plicó que incluso existen tecnolo-gías innovadoras –especialmente de videovigilancia– que no se pueden incorporar a determinados estableci-mientos obligados porque la legisla-ción de seguridad privada no contem-pla sus características, aunque sean beneficiosas para el usuario.

Nuevo modeloUna actividad tan tecnificada como las CRA requiere de una constante actuali-zación e innovación. Las centrales bus-can nuevos modelos de gestión para diferenciarse y para prestar un servi-cio cada vez más innovador y más efi-ciente en costes para sus abonados. Con la nueva Ley de Seguridad Privada, además, esa necesidad será aún ma-

El responsable policial también con-sideró que es necesario que las empre-sas fabricantes lleven a cabo una labor de formación con las empresas insta-ladoras. Según el invitado, existe “mu-cho desconocimiento” en relación con los certificados de los productos.

Por otro lado, algunos profesionales opinan que el plazo de dos años que se dio a las empresas para que adaptaran sus medidas de seguridad electrónica y los sistemas de alarma instalados antes de la entrada en vigor de la orden mi-nisterial no era suficiente. Jesús Alonso piensa que “se ha pecado de precipita-ción” y se pregunta “por qué se dio tan poco tiempo si no hay nadie preparado, ni siquiera la Administración”.

Lo cierto es que, transcurrido el bie-nio, el Ministerio del Interior ha apro-bado una moratoria de ocho años más al periodo de adaptación de las empresas a través de la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio.

Javier Lorente apostó por que exista un mayor dinamismo a la hora de certi-ficar dado que “los productos evolucio-nan de un año para otro”. No obstante, el responsable de ADI Global destacó como otro factor que ha dificultado un mayor ritmo en las certificaciones la “avalancha de peticiones” que han reci-bido los laboratorios.

Julián Gallego subrayo que “el pro-ducto va por delante de la norma”, es-

Pedro Ibarrondo Presidente de SCS.

Julián Gallego ‘Testing & Certification Commercial Manager’ de Alter Technology Tüv Nord

Antonio ÁvilaPresidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad.

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diola indicó que no deben existir du-das sobre esta cuestión puesto que la tecnología ya las ha superado. Afirmó que SCS dispone de sistemas redun-dantes de conectividad y, en el caso de catástrofe por caída total de comu-nicaciones, se reconfigura la infraes-tructura de manera que permita ac-tuar desde una CRA donde la disponi-bilidad de las comunicaciones no haya tenido incidencia.

Juan Jerez manifestó que el “pro-yecto es positivo” y, aclaradas ya las cuestiones relacionadas con la respon-sabilidad, no encontrará problemas.

Por último, Javier Lorente indicó que “evolucionar es bueno”, aunque tam-bién opina que “hay cosas que mati-zar”. Como parte más positiva de esta propuesta, el director general de ADI Global señaló que contribuirá a “rom-per barreras tecnológicas y dará ac-ceso a tecnologías punta a un mayor espectro del mercado”.

De esta manera se llegaba al fin del desayuno de trabajo dedicado a las CRA, que tienen por delante un futuro lleno de oportunidades de desarrollo aunque también de desafíos, como sa-ber adaptarse a la nueva legislación y a los avances sociales que se van produ-ciendo. Iniciativas, como quedó patente en el encuentro, no faltan; ni tampoco ganas de avanzar por parte de una de las especialidades de la seguridad pri-vada que más ha evolucionado a lo largo de los últimos años. S

dida en que podamos trasladar tecno-logía a un punto donde tenga más va-lor, la colaboración entre diferentes em-presas será rentable”, manifestó. Añadió que un modelo de colaboración de este tipo dependerá del contenido de los acuerdos que alcancen las CRA.

A pesar de las primeras valoracio-nes, algunos invitados se preguntaron quién asumiría las responsabilidades de cara al cliente y a la Administración cuando una empresa está prestando servicio a un abonado que pertenece a otra CRA. Alejandro Guerra aclaró que se observarían dos tipos de res-ponsabilidad: una con el usuario, “cuya responsabilidad sería de la CRA que tiene el servicio contratado”, y otra con la Administración, que conocerá a tra-vés de los contratos que suscriban las CRA asociadas cuál de ellas está pres-tando servicio en cada momento.

José A. Montori opina que la solu-ción “es buena”, pero advierte de que hay que tener en cuenta la protección de datos y los problemas de conectivi-dad que pueden surgir para los opera-dores. Por ello, consideró que es opor-tuno aclarar un poco más los aspec-tos legales, especialmente aquellos relacionados con la LOPD. Pedro Iba-rrondo aseguró que el cumplimiento es sencillo y está contemplado en el marco jurídico que SCS ha elaborado para sus clientes a través de un con-trato específico acorde con dicha ley. Respecto a la conectividad, Javier Ba-

CRA de backup hasta que se reanude la actividad. Esto se puede conseguir a través de las tecnologías de virtuali-zación en la ‘nube’ en un Servicio Cen-tralizado de Seguridad creado para tal efecto, que proporciona un plan de continuidad de negocio y de recupe-ración de datos.

Desde el punto de vista del presi-dente de SCS, esta propuesta “dinami-zará el mercado y beneficiará a todas las partes”. A las empresas, concretamente, les permitiría compartir costes opera-tivos y de infraestructura. Además su-pondría, por un lado, un ahorro para aquellas CRA que quieran subcontratar servicios en sus momentos escasa acti-vidad (los fines de semana y festivos) y, por otro, una oportunidad de generar ingresos para las CRA especialistas que presten servicios en ese periodo.

Esta opción suscitó mucha expecta-ción y algunas dudas de carácter legal, que despejó Alejandro Guerra. El prin-cipal obstáculo está relacionado con el artículo 48 del Reglamento de Segu-ridad Privada, que indica: “La CRA de-berá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no po-drán ser en ningún caso menos de dos por turno […]”. Guerra sostiene que la norma no especifica que “esos dos ope-radores como mínimo tengan que es-tar en la misma CRA” y aseguró que la UCSP no ha encontrado reparos a esta interpretación de la ley.

José Ramón Becerra apuntó que para las CRA diversificar servicios equi-vale a realizar importantes esfuerzos de inversión en equipamiento y espe-cialización. Por eso, se mostró a favor de que exista colaboración entre em-presas mediante acuerdos que bene-ficien a todas las partes y generen una “confianza mutua”. “Tenemos que rom-per barreras psicológicas y no ver al competidor como un enemigo sino como un posible aliado en algunos momentos para poner en marcha un nuevo servicio”, recalcó.

Javier Badiola reconoció que la tecno-logía que existe actualmente permite desarrollar esta propuesta. “En la me-