CASO EL FRONTONMATANZA EN LOS PENALES

DEL PERU

La sangrienta campaña terrorista del grupo subversivo peruano Sendero Luminoso

contra la población civil indefensa, las autoridades, la infraestructura (puentes, postas médicas, torres de alta tensión, etc.) había ido en alza desde 1983 y era responsable de la muerte de miles de habitantes de las regiones rurales del Perú. El Ejército peruano, comisionado por el gobierno para combatir esta amenaza, ocasionó igualmente una dura campaña de represión contra los terroristas, en la que asimismo se vulneraron los derechos humanos de la población campesina, sospechosa de colaborar con los subversivos.

Al inicio de su gobierno, el presidente peruano Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, el presidente Fernando Belaúnde Terry, con el fin de reducir las agresiones sufridas por la población rural, llegando a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones a este grave problema.

Los sucesos ocurridos en las prisiones, sin embargo, volvieron a poner el tema de la violación de los derechos humanos en el centro de la atención nacional e internacional.

ANTECEDENTES

El 18 de junio de 1986, a las seis de la mañana, durante el transcurso de un congreso de la Internacional Socialista (de la que el Partido Aprista Peruano del entonces presidente Alan García formaba parte) en Lima, los presos por terrorismo de las cárceles de San Juan de Lurigancho (presos comunes), en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón (terroristas) y Santa Bárbara (mujeres), que poseían un control tácito al interior de los centros, se amotinaron en forma coordinada y tomaron como rehenes a los guardias de las cárceles y a tres periodistas.

Los amotinados en las tres cárceles presentaron un pliego único de 26 demandas, la mayoría relacionada a mejoras en las condiciones de vida de los prisioneros y la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad encargada de las prisiones en el país.6 7 Alan García y los miembros de su gobierno fueron tomados desprevenidos por el incidente. [cita requerida]

A las 10:00 se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. Tres horas después, finalizada la reunión, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza.

Sendero Luminoso lanzó ese día una ola de asesinatos y atentados terroristas en Lima que costó varias vidas.

INTRODUCCION

El gobierno envió una comisión negociadora

formada por César Samamé, Augusto Rodríguez Rabanal y Fernando Cabieses, que llegó a las 16:30 a negociar a la cárcel de El Frontón. Dichas negociaciones no prosperaron.

NEGOCIACIONES

A las 17:15 , al no prosperar las negociaciones, el jefe del grupo de Fuerzas de

Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú, a requerimiento del señor viceministro del Interior, Agustín Mantilla, inició las acciones para retomar los penales. Las FOES se encargarían de las demoliciones de algunas paredes de los penales para así posibilitar la intervención de los elementos de la Guardia Republicana del Perú.

El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana (sección en ese momento existente de policía encargada de la vigilancia de las cárceles y de las fronteras) recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados, resultando dos internas muertas.

El asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0:00, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruanas. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención.8

HECHOS

Mientras tanto, desde la isla de El Frontón, el viceministro del Interior aprista, Agustín Mantilla, anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. También a las 0:00 llegó a Lurigancho un escuadrón de la Guardia Republicana, que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial de la prisión donde los senderistas tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del Ejército peruano.

A las 3:00, después del ataque con fusiles y granadas que ocasionó un duro combate. Horas más tarde, los 124 senderistas atrincherados en el edificio yacían muertos.

El escándalo nacional e internacional frente a este crimen múltiple fue enorme.[cita requerida] El presidente García visitó tardíamente el lugar de los sucesos, declarando que sólo cabían dos posibilidades: "o se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo". Sin embargo nunca se hizo nada por castigar a los culpables.

EL FRONTON

Ante las graves acusaciones que se hicieron con

respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas, el Parlamento peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales.

La comisión, presidida por el entonces senador Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por el Presidente Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos.

CONCLUSIONES

El gobierno de García, sin embargo, otorgó impunidad a los autores de

la masacre. Inclusive, uno de los responsables del operativo llevado a cabo por la Marina de Guerra del Perú en El Frontón, el vicealmirante AP Luis Giampietri Rojas, fue Primer Vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, la matanza de las prisiones marcó un punto de quiebre en la política antiterrorista del gobierno de Alan García, pues si hasta ese momento había mostrado interés en frenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas del Perú, tras los hechos de junio de 1986, permitió e inclusive alentó la continuación de la represión(de la cual uno de los hechos más sonados de estos años fue la masacre de 30 campesinos en el poblado ayacuchano de Cayara.

CONCLUSIONES

El Ministerio de Justicia solicitó al Tribunal Constitucional corregir de oficio lo

que considera un “error material” registrado en la sentencia que declara que no se cometieron crímenes de lesa humanidad en el caso El Frontón.

El error radicaría en que no se alcanzó la mayoría necesaria para que sea considerado un fallo, tal como lo exige la Ley Orgánica del TC.

El pedido, según informó Andina, se alcanzó a través de un petitorio presentado el 16 de setiembre por el procurador público especializado supranacional, Luis Huerta.

Al respecto, se advierte como “error material” el hecho de que el magistrado Juan Vergara haya argumentado que carecía de objeto pronunciarse sobre esta materia, pero a la vez suscribió la sentencia en mayoría.

CITAS PERIODISTICAS

“Corresponde al Tribunal Constitucional subsanar este error

material que se evidencia al revisar el texto de la sentencia y el contenido de los votos de los magistrados Vergara Gotelli, Urviola Hani y Eto Cruz”, indica el documento.

Según organismos humanitarios e investigaciones periodísticas, varios de los reos rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente, por lo que unos 33 efectivos de la Marina se encuentran procesados.

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra afirmó hace unos días que la sentencia del TC “está escrita ex profesamente para limpiar” al ex presidente Alan García “de cualquier responsabilidad presente y futura en este caso”.

CITAS PERIODISTICAS

LA DESGRACIA DE LOS HOMBRES PROVIENE SIEMPRE DE QUE COLOCAN MAL SU PRECAUCION Y SU CONFIANZA.

EPITETOFILOSOFO GRIEGO

REFLEXION

ALUMNA: SANDRA IRIS AVENDAÑO

LOPEZ. CICLO: X FACULTAD :DERECHO CURSO :DERECHOS HUMANOS.

ULADECH