Material sobre Autonomía Comisiones de Demo y de Mercantilización
Cartilla de Presupuesto y Mercantilización
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Centro de Estudiantes del IPA
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“El pensamiento único se consolida en la medida en que se profundiza el
proceso de naturalización. El mundo de la normalidad crece
continuamente, en la misma proporción que disminuye nuestra capacidad
crítica y la percepción de posibilidades históricas de cambio. Quizás uno de
los ejemplos más elocuentes de este proceso de naturalización y
normalización del sentido común y del sentido político, es la amnesia
histórica ante el problema de la deuda externa. Terminamos aceptando
que es una realidad inmodificable, parte constitutiva de nuestra visión del
mundo. La deuda externa se convierte en una deuda eterna e
inmodificable. Hay un silencio en torno a este problema. La incapacidad de
pagar una deuda creciente se traduce en la más absoluta dependencia. La
aceptación y naturalización de la deuda externa de nuestra América Latina
significa permitir el afianzamiento de condiciones de destrucción de la vida,
de sumisión a las políticas diseñadas por los centros acreedores y de
clausura del horizonte de las trasformaciones posibles”
José Luis Rebellato, Ética de la Liberación.
Montevideo, setiembre 2011
Centro de Estudiantes del IPA
CEIPA
Sobre PRESUPUESTO y MERCANTILIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
CARTILLA TEMÁTICA DE
FORMACIÓN POLÍTICA Nº2
Centro de Estudiantes del IPA
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Contenidos
1. Introducción
2. Teoría del valor marxista y el carácter de clase del Estado
3. Conceptos básicos para entender el presupuesto
4. ¿Avance del modelo mercantilizador en la educación?
4.1 La cuestión de la “calidad” educativa
4.2 La evaluación educativa
4.3 PROFIME
4.4 La Mercantilización en la Universidad Latinoamericana
1. Introducción
El presente material pretende ser un insumo más para profundizar
la discusión colectiva sobre el actual modelo educativo en nuestro
país y sus consecuencias. Decidimos terminar con la elaboración de
esta cartilla para que pudiese ser un aporte a la Convención de
nuestro Centro de Estudiantes, brindando más elementos con el
ánimo de profundizar la discusión.
Esta cartilla originalmente fue pensada previa a la votación de la Ley
de Presupuesto en el 2010, por tanto incluye ciertos elementos
básicos (técnicos) para entender la discusión política que logramos
introducir en la agenda pública, gracias a la movilización de los
estudiantes y trabajadores de la educación.
Asimismo el largo tiempo de elaboración que nos tomamos para
realizar este aporte nos termino favoreciendo porque logramos
abarcar otros temas y propuestas que surgen luego de aprobada la
Ley de Presupuesto. Gracias a la discusión y problematización que
dimos en el Centro de Estudiantes, junto con otros gremios y
sindicatos logramos esbozar líneas generales de interpretación al
actual modelo educativo, superando las visiones parcializadas y las
reivindicaciones concretas y coyunturales. Desde este humilde
aporte pretendemos colaborar en la tarea de visualizar ciertos
elementos centrales que caracterizan el modelo educativo
neoliberal que se ha instalado en la región a partir de la década de
Centro de Estudiantes del IPA
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los noventa ya que entendemos que en nuestro país se está
profundizando a partir de la Ley de Educación y la reciente Ley de
Presupuesto. Es en este sentido que consideramos pertinente
presentar determinadas discusiones y situaciones de otros países de
América Latina. Es fundamental caracterizar nuestra realidad
nacional desde una perspectiva latinoamericana y mundial, saber
que los programas y proyectos educativos que se implementan en
Uruguay tienen muy poco de original y de autóctono, nuestro país al
igual que la mayoría de los países latinoamericanos siguen aplicando
las “recomendaciones” de organismos internacionales digitados por
EEUU fundamentalmente. La misma matriz empresarial que asumió
la educación en varios países de la región (Argentina y Chile por
ejemplo) hoy se profundiza en nuestro país, varios de los programas
que han fracasado en los noventa en esos países hoy se renuevan
con tintes progresistas para ser aplicados en nuestro sistema
educativo.
En términos generales nuestra formación académica en el IPA nos
permite tener elementos teóricos para abordar el análisis abstracto
de la educación, pero justamente quedan en meros análisis
abstractos y teóricos, separados del mundo real. Superar ese
binomio teoría-práctica y poder leer nuestra realidad desde una
mirada crítica es imprescindible para apostar a la transformación del
sistema educativo. Consideramos importante la tarea de la
formación política para fortalecer los procesos de acumulación
social, pero una formación política que surja desde la reflexión de
nuestra práctica política, una formación política basada en la acción
y en la lucha concreta de nuestras organizaciones sociales. Que nos
permita consolidar los procesos de construcción social con un
horizonte claro, definido, de forma amplia y diversa. Una formación
política que intente superar los dogmatismos, que nos sirva para
entender al otro, y no solo para reafirmar nuestras convicciones
frente a nosotros mismos.
Es en este sentido que surge este aporte, fruto de la lucha
presupuestal que dio nuestro Centro de Estudiantes con la
ocupación del Instituto, de las diferentes movilizaciones que
realizamos con los trabajadores de la educación, de las instancias de
discusión e intercambio que hicimos en conjunto. Surge de la
necesidad concreta de mejorar nuestra práctica política y cómo
forma de invitar a la reflexión y a la acción a todos los estudiantes
del IPA.
Comisión Presupuesto
C.E.I.P.A
Setiembre 2011
Centro de Estudiantes del IPA
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2. Teoría del valor marxista y el carácter de clase del Estado
Entendemos necesario comenzar realizando algunos breves
comentarios sobre la teoría del valor marxista y el carácter de clase
del Estado ya que nos parece pertinente aportar algunos elementos
que contribuyan a comprender el análisis y generar un debate más
productivo. La intención no es, ni puede serlo, la de acotar visiones
sobre temas tan complejos ni cercenar discusiones, sino que al
contrario, es la de poner sobre la mesa algunos conceptos que
fueron utilizados para realizar el análisis y que posibiliten una mejor
comprensión por parte del lector así como la discusión del propio
material.
En el entendido de que cuando se decide el presupuesto queda en
gran parte determinado hacía que sectores se van a volcar los
recursos que maneje el Estado y en consonancia con que proyecto
de país estarán orientados éstos. La pelea por el presupuesto se
convierte entonces en una puja por la distribución de la parte del
esfuerzo productivo de los uruguayos que es apropiada por el
Estado fundamentalmente a través de los impuestos; al mismo
tiempo que constituye un espacio donde se está incidiendo sobre el
modelo de desarrollo del país. El presupuesto por tanto es una
herramienta de política pública de suma importancia, es orientadora
y condicionante del modelo de desarrollo.
Teniendo en cuenta esto, es que vemos necesario entender cómo se
generan las riquezas y como se apropian en la sociedad
contemporánea y que rol cumple el Estado en ese proceso.
En la sociedad capitalista la mercancía es la principal mediadora de
las relaciones sociales ya que gran parte de la sociedad se estructura
en función de permitir la producción y el intercambio de mercancías.
Cada mercancía tiene a su vez, valor de uso y valor de cambio.
El valor de uso de un objeto es su capacidad para satisfacer alguna
necesidad humana, y el valor de cambio, el valor que un objeto tiene
en el mercado y que se mide en dinero, en términos puramente
cuantitativos. Hay objetos que tienen valor de uso pero no valor de
cambio (el aire que respiramos, los sentimientos de las personas, el
propio cuerpo humano), pero la tendencia de las sociedades de
explotación (particularmente del capitalismo) es hacer de todo
objeto que sirva para algo un objeto para vender y comprar, es decir
una mercancía (se intenta vender el propio cuerpo, el talento y los
sentimientos, el agua, la educación)
El valor de cambio de un objeto no depende necesariamente de su
valor de uso (de su utilidad social por ejemplo) sino del valor que
tiene en el mercado, de su escasez o abundancia, y sobre todo, de
la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Esto
es, del promedio de la habilidad y el gasto de energía que necesitan
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para fabricar ese bien los diferentes productores que participan del
mercado.
Para producir cualquier mercancía se necesitan materias primas,
medios de producción (máquinas, herramientas, etc.) y fuerza de
trabajo.
La fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra, por lo
que su valor es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario
para producirla. O sea, su valor es el valor de los bienes necesarios
para la existencia del trabajador y su familia (alimentos, vivienda,
salud, educación y todo lo que sea necesario para reproducir
nuestra vida). Pero la fuerza de trabajo tiene una particularidad
respecto a las demás mercancías empleadas en la producción, como
la maquinaria o las materias primas. La fuerza de trabajo puede
traspasar a la mercancía que produce un valor superior a su propio
valor, un plusvalor.
Este plusvalor surge del plustrabajo o el trabajo más allá del
necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo.
Para entender esto es clave entender la diferencia entre fuerza de
trabajo y trabajo. El trabajo es el empleo de la fuerza de trabajo. El
empresario o capitalista que contrata a un empleado no compra su
trabajo sino su fuerza de trabajo. El capitalista compra la mercancía
fuerza de trabajo y por ende, obtiene el derecho de consumir esa
mercancía, por lo tanto, apropiarse de lo que produzca.
El capitalista o empresario, no compra el producto de 8 horas de
trabajo sino que compra fuerza de trabajo por 8 horas. Esto hace
que lo que percibe como salario el trabajador nunca sea lo que el
produjo, sino una ínfima parte de esa producción, mientras que la
restante es apropiada por el capitalista.
Como la jornada laboral se extiende (y para el capitalismo así es
necesario que sea) más allá del tiempo de trabajo necesario para
reproducir el valor de la fuerza de trabajo, o sea más allá del tiempo
en el cual se produciría lo necesario para reproducir la vida del
trabajador y su familia, tenemos un tiempo de plustrabajo, en el cual
se genera un plusvalor apropiado por el capitalista.
De manera demasiado sintética, hemos visto como se produce la
acumulación de riquezas, que no podrá realizarse hasta que las
mercancías producidas por el trabajador y apropiadas por el
capitalista sean intercambiadas en el mercado.
El mercado no es más que una red de relaciones sociales donde las
personas se reconocen como iguales y libres en tanto son
propietarios de mercancías que quieren intercambiar: todos quieren
comprar y vender.
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Para garantizar que este sistema ha sido y es necesario un Estado
que a través de la represión, el control y la legitimación establezca y
reproduzca las condiciones materiales y la ideología que hace
posible y aparentemente necesaria, esta forma de organización de la
producción y por tanto de la sociedad. No entraremos aquí en el
debate sobre el determinismo reproductivista impulsado por
algunos autores. Solamente queremos hacer énfasis en el carácter
de clase del Estado. Esto es, la condición de aparato armado,
administrativo e ideológico de las clases sociales que se apropian del
trabajo ajeno, para mantener y aumentar sus privilegios.
Según Guillermo Foladori y Gustavo Melazzi “La evidencia histórica
aporta todos los elementos necesarios que demuestran las distintas
formas en que el Estado defiende en cada época a las clases
dominantes; cómo garantiza la apropiación del excedente generado
por los trabajadores; cómo promueve –incluso en forma armada los
intereses de las empresas de un país en el exterior; cómo adopta las
normas legales y colabora en la instrumentación de las medidas para
crear las condiciones favorables para separar al productor de sus
medios de producción; y otra serie de aspectos que veremos.
Todo ello implica que el Estado se constituye a través de continuos
conflictos y contradicciones que se dan en el plano económico;
aunque su nivel de acción, la política, no es lo mismo que la esfera
económica. Ese actuar en el nivel político hace que aparezca a los
ojos de la sociedad como un “orden” “por encima” de la sociedad –
imagen muy alimentada por la economía convencional y los medios
de comunicación de masas-, como representante de los intereses de
todos.”1
Ejemplos de que los Estados realizan diferentes acciones para
defender los intereses de las clases dominantes sobran. Uno de los
más claros han sido los Estados Unidos de América a largo de toda
su historia, imponiéndose política y militarmente para permitir la
apropiación de recursos naturales y materias primas. Sin ir más el
Estado uruguayo cumple con estas características, como por
ejemplo reforzando militarmente la zona minera que explotará
Aratirí para brindarle seguridad, o promoviendo infraestructura que
facilite la producción y exportación de mercancías y por ende
engorde la ganancia de los capitalistas.
Claro está que las funciones del Estado dependen de cada época
histórica y del proceso económico del que es expresión y por esto es
que no es un poder externo a la sociedad. Es un producto de la
sociedad en un grado de desarrollo determinado donde esta ha
generado una serie de antagonismos irreconciliables entre distintas
clases sociales. Para que estas clases “(…)no se devoren a sí mismas
1 “La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes”, Foladori, Guillermo y Melazzi, Gustavo, Universidad de la República, Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), Montevideo, 2009.
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y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario
un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y
llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del
"orden". Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por
encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado.”2
A modo de resumen entendemos que “(…) el Estado no ha existido
eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que
no tuvieron la menor noción del Estado ni del Poder estatal. Al llegar
a una determinada fase del desarrollo económico, que estaba ligada
necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división
hizo que el Estado se convirtiese en una necesidad. Ahora nos
acercamos con paso veloz a una fase de desarrollo de la producción
en que la existencia de estas clases no sólo deja de ser una
necesidad, sino que se convierte en un obstáculo directo para la
producción. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable
como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases,
desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando
de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación
libre e igual de productores, enviará toda la máquina del Estado al
2 “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado”, Engels, Federico, Endymión, Madrid, 1988
lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de
antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce"3
3 Op. cit
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3. Conceptos básicos para entender la discusión presupuestal.
¿Qué es el Producto Interno Bruto?
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es
un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o
decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las
empresas de cada país (extranjeras o nacionales), únicamente
dentro de su territorio. No tiene en cuenta la distribución del
ingreso, no es un indicador de calidad de vida o bienestar.
El PIB de una país aumentará si el gobierno o las empresas dentro
del mismo toman préstamos en el extranjero, obviamente, esto
disminuirá el PIB en períodos futuros.
El PBI se calcula a partir del consumo privado final (C), la Inversión
de capital (I), el consumo del Gobierno (G) y el saldo de la balanza
comercial exportaciones (X) menos las importaciones (M).
PBI= C + I + G +X –M
El Presupuesto Nacional
La Constitución de la República en su artículo 214 en la sección “De
la Hacienda pública” establece que:
“El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que regirá
para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo
dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato. El
Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura
que contendrá:
a) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en
cada inciso por programa.
b) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada
inciso por programa.
c) Los recursos y la estimación de su producido, así como el
porcentaje que, sobre el monto total de recursos,
corresponderá a los Gobiernos Departamentales. A este
efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 230,
asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de
anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso
primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no
compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder
Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislativo. Los
Gobiernos Departamentales remitirán al Poder Legislativo
dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, una
rendición de cuentas de los recursos recibidos por aplicación
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de este literal, con indicación precisa de los montos y de los
destinos aplicados.
d) Las normas para la ejecución e interpretación del
presupuesto.
Los aparatados precedentes podrán ser objetos de leyes
separadas en razón de la materia que comprenda.
El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio
anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo
la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las
modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos,
inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y
modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.
Artículo 215- El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente
sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los
mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no
pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos
que los propuestos.
Cabe aclarar que si bien siempre que hablamos de presupuesto
nacional lo relacionamos al PBI, los montos votados para cada inciso
en la ley de presupuesto se votan en números absolutos, expresados
en millones de pesos, no en porcentajes. Pero al ser el PBI uno de los
indicadores más representativos sobre el crecimiento de la
economía es que relacionamos la inversión del Estado en las
políticas públicas con el crecimiento total.
“El Presupuesto Nacional constituye un procedimiento que podría,
nutriéndose de la participación popular, significar una expresión
soberana de la voluntad social sobre las necesidades y prioridades
del país. Además, más a mediano y largo plazo, haría posible trazar
un sendero de desarrollo propiamente dicho”4
Índice de Precios de Consumo (IPC)
“Es una medida estadística de la forma en que varían los bienes y
servicios que consumen habitualmente las personas que viven en el
Uruguay. Se trata de medir como cambian mes a mes los precios de
los alimentos, bebidas, la ropa, los alquileres de viviendas, los
combustibles, los artículos escolares, las cuotas de las mutualistas,
las entradas a los partidos de futbol, y otros muchos productos que
consumimos los uruguayos.
Como no se puede medir los precios de todos los productos, todos
los días, para el IPC se seleccionan algunos bienes y servicios, los que
más se consumen o representan más gastos de los hogares. El 4 “Entre la emergencia social y el emerger social” CECEA, ASCEEP, FEUU. Ed.
Nordan-Comunidad Montevideo, 2005. pág.23
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conjunto de los bienes y servicios seleccionados se conoce como la
“canasta del IPC”.
La inflación es el aumento continuo y generalizado de los precios y
suele medirse a través de la variación del IPC.” (Instituto Nacional de
Estadística).
4. ¿Avance del modelo mercantilizador en la educación?
La ley de presupuesto votada el año pasado tiene una importancia
medular para la Educación pública. La relevancia de la misma recae
en dos aspectos que están estrechamente vinculados. Por un lado la
magra asignación presupuestal en relación a las necesidades del
sistema educativo. Por otro lado, por el contenido político
ideológico de clara matriz neoliberal, de las nuevas propuestas
educativas.
La ley de presupuesto no sólo contiene los montos globales para
cada inciso y rubro de la Educación pública, sino que se desprenden
nuevas políticas educativas y la creación de nuevos programas. En el
marco de la discusión por la cifra del PBI que se le asigno a la
Educación Pública, el análisis sobre estos nuevos lineamientos ha
pasado desapercibido. De esa manera el gobierno realiza un gran
“paquete” de medidas camuflado en la ley de presupuesto, en el
cual recorta las funciones del Estado y en particular de la Educación
pública. Recortar las funciones del Estado no significa “achicarlo”
porque el gasto del mismo no se ve disminuido. Hay una estrategia
de desmembramiento de la autonomía de la educación pública,
tanto la Ley de educación aprobada en el 2008 como la actual Ley de
presupuesto creando organismos de derecho privado a los cuales se
les otorgan funciones esenciales de la educación, ya sea la inversión
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en infraestructura, la evaluación, y la promoción a la innovación e
investigación.
En materia estrictamente presupuestal, la promesa del 4.5% del PBI
para la Educación Pública sigue sin cumplirse. Históricamente
cuando los actores políticos y sociales hablábamos del presupuesto
educativo nos referíamos a lo asignado a los entes de la educación, o
sea ANEP y UdelaR, y así estaba establecido en las rendiciones de
cuentas pasadas. De forma muy inteligente y demagógica el Dr.
Tabaré Vázquez asumió la presidencia en el 2005 con la promesa del
4.5%, pero dentro del inciso de la Educación pública incluyeron otros
programas que no dependen de los entes autónomos de la
educación para poder llegar a esa cifra. Por lo tanto dentro de ese
4.5% no solo se incluye lo que históricamente denominamos como
Educación Pública, sino también programas de los CAIF, ONG’s,
“educación” militar y policial, Plan Ceibal, entre otros programas.
Actualmente la cifra que recibe ANEP y UdelaR es del 3.9% del PBI,
una de las cifras más bajas de toda la región, y en relación a la
evolución interna de ese porcentaje se ha aumentado tan solo 1%
respecto a la crisis del 2002. Nos podrán decir que el PBI ha
aumentado considerablemente desde esa fecha, por lo tanto que el
presupuesto educativo aumento en el mismo sentido. Lo cual es
cierto, pero también podemos ver que el lugar que ocupa la
educación en el presupuesto nacional no ha variado, se le sigue
asignando un presupuesto marginal. Si el presupuesto de la
educación ha aumentado es debido a la política del derrame que
lleva a cabo el gobierno, no es por un cambio en las prioridades y en
la redistribución del presupuesto nacional. Por lo tanto la
preocupación del gobierno sobre el presupuesto educativo es solo
un slogan electoral, ya que no existió un cambio respecto a la
política de los gobiernos blanqui-colorados.
La famosa crisis de la educación, de la cual hoy todo el mundo habla,
es producto del escaso presupuesto que venimos recibiendo desde
hace décadas. Y es también producto de reformas educativas de
matrices neoliberales, que profundizan la marginación y exclusión
social. Basadas en los requerimientos de organismos
internacionales, utilizan recetas y parámetros estandarizados que
muy poco tienen que ver con las soluciones que demanda nuestra
realidad social.
El modelo neoliberal necesita que la educación cumpla un rol de
contención y asistencia para amortiguar las consecuencias que el
propio modelo genera. Un ejemplo de esto en nuestro país es, la
prioridad que se le está dando a las escuelas de tiempo completo y a
las “iniciativas educativas” de los CAIF y las ONG's, relegando la
función estrictamente educativa a favor de lo meramente
asistencial.
Centro de Estudiantes del IPA
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Consideramos que estamos frente a un nuevo impulso por
profundizar el proyecto mercantilizador de la educación pública, ya
sea quitándole funciones, y pasándolas a la órbita privada de
mercado, o introducir dentro de la educación pública una lógica
empresarial y productivista, en este segundo caso ya no es necesario
“privatizar” la educación, porque ésta pasa a ser un actor más en el
“mercado de la educación”, la cual brinda un producto que debe
satisfacer las expectativas de sus consumidores, y si esto no se
consigue se la cataloga como ineficiente y que consecuentemente
genera un “mercado imperfecto” y una competitividad desigual con
las otras empresas que supuestamente si lo logran.
Presentar estas nuevas propuestas en una ley de presupuesto, o en
leyes aisladas, genera una lectura fragmentada sobre estos
problemas, sin poder tener en este momento una visión global
sobre un modelo, que bajo una retórica democrática, se está
metiendo de apoco y de forma sigilosa en toda la educación. Esta
estrategia de fragmentar la realidad social y presentar las causas de
los problemas y de las injusticias sociales como inconexas es propia
del sistema capitalista, nuestra tarea (la de todos) es poder superar
esta situación, generando de forma colectiva una visión total de la
realidad social en la cual vivimos, desentrañando cuáles son los
mecanismos y las fuerzas que operan en ella.
Ya desde la Ley de Educación se incursiona en una batería de
propuestas en la cual el Ministerio de Educación empieza a cobrar
más protagonismo en desmedro de la Autonomía educativa, y sobre
todo le abre la cancha a otros actores que están fuera del campo
educativo, en la gestión y planificación de la educación.
Hoy las tareas esenciales de evaluación, inversión en infraestructura,
inversión e innovación, pasan a ser responsabilidades de entidades
públicas no estatales. Claramente orientadas a las necesidades e
intereses del mercado. Quizás lo más preocupante de esto, es que
no es solo por iniciativa privada, sino que en esas entidades
conviven representantes privados y del gobierno, lo cual muestra la
intención de orientar la educación solamente a aquellas ramas
productivistas, pensadas en lógicas de costo-beneficio y eficientitas.
Algunas de estas propuestas se encuentran en el texto de la ley de
presupuesto.
Podríamos decir que la lógica empresarial está más instalada en lo
que refiere a la educación superior, tanto en nuestro país como en la
región. Pero actualmente estamos frente a nuevas propuestas que
afectan directamente la educación primaria y secundaria. Nuevos
planes para nuestro país, pero viejos conocidos en países como
Chile o España, están propuestos para aplicarse en el 2012.
Programas que bajo los conceptos de descentralización y autonomía
promueven una lógica competitiva entre los centros de estudios. Se
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busca la autonomía por centro, desmembrando la unidad del
sistema educativo, donde recaiga la responsabilidad en las
direcciones y no en las autoridades, y que sean las primeras las
encargadas de buscar recursos extrapresupuestal, privatizando de
manera muy sigilosa la educación básica de nuestro país. Estos
programas van de la mano con los conceptos de calidad, evaluación,
eficiencia y productividad, se busca la evaluación por resultados por
centros de estudio, haciendo énfasis en la relación costo-beneficio.
En los próximos apartados se propone abordar más detalladamente
estos conceptos y programas.
Centro de Estudiantes del IPA
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4.1 La cuestión de la “calidad” educativa
La cuestión de la calidad educativa es algo que está muy de
moda, aparentemente la educación pública está en crisis según
los discursos de los gobernantes, hemos escuchado hasta el
cansancio que nuestra educación no es de calidad. ¿A qué nos
referimos cuando hablamos de calidad? ¿Qué sentido y qué
referente se toma al hablar de calidad? Las palabras no son
neutrales, tienen un origen, una historia determinada y un
contenido político-simbólico-ideológico que no debemos ocultar.
Es importante desentrañar determinadas concepciones que se
nos presentan como neutrales, y muchas veces terminamos
nosotros mismos usando determinados conceptos que hacen
referencia a cuestiones diametralmente opuestas a las que
pensamos, o peor aún ni siquiera nos cuestionamos sobre que
lenguaje usamos.
Es interesante observar la relación que existe entre calidad,
utilitarismo, pragmatismo y mercado, y es imposible no hacer
referencia a los carteles que el actual gobierno coloco en las
fachadas de nuestras UTU’s que dicen “Tus manos y tu mente
para el país productivo”. Es una muestra más de cómo se piensa
la educación, en términos de mercancía, netamente utilitaria y
productivista, si la educación no es rentable para el desarrollo
económico del país no sirve. Desde esta concepción la educación
pierde todo su contenido humanizador y liberador.
Inés Aguerrondo5
La calidad de la educación: Ejes para su definición y evaluación
“La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo
históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final,
que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo
estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de
eficiencia social que considera al docente poco menos que como
un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos
objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el
cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se
recogen en el producto final.
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este
concepto: La ideología (curricular) de la eficiencia social
(vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”)
entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia
5 Organización de Estados Iberoamericanos http://www.oei.es/calidad2/aguerrondo.htm
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como rendimiento escolar. A partir de la instauración de una
política educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones
“académicas” que permitan fundamentar la restricción del
ingreso a la educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches
pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal
es el caso de términos como “calidad de la educación”.
Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición
demasiado simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante
ya que, recortando las posibilidades, se la define
restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual
se la inscribe en un marco puntual casi positivista, muchas veces
hasta conductista, leyendo sólo conductas específicas.”
José Luis Martínez R.6
La calidad educativa, un espacio de lucha por la hegemonía
“El significado dominante de la calidad encuentra un gran apoyo e
impulso en la tendencia pragmático-conservadora, que es la
dominante en nuestro espacio educativo, al igual que en nuestra
realidad económica, política y social. Además de lo anterior, dicha
tendencia ha tenido y tiene presencia como propuesta de formación
en el modelo empresarial.
Dicha tendencia es la expresión de un proyecto histórico de
hombre, de sociedad y de educación; en nuestro país se integra por
la corriente de la tecnología educativa, ya rebasada históricamente,
y por el modelo empresarial, hoy en vías de consolidación.
La eficiencia y la eficacia son los componentes principales del
concepto de calidad educativa, según la tendencia pragmático-
conservadora; incluso la calidad en su conjunto llega a reducirse a
ellos, desapareciendo otros componentes. Lo anterior se debe a
la racionalidad tecnocrática que priva en la educación superior y se
extiende a la educación básica, así como a la preponderancia
6 Tutor-docente de la Maestría en Educación: Práctica Educativa (MEPE) del
Instituto Superior de Estudios Pedagógicos del Estado de Guanajuato (ISEPEG) Revista de educación y cultura sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, México.
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del interés utilitario y pragmático que guía a los actores educativos
principales, a quienes podemos denominar actores pragmático-
conservadores. (…)
La eficiencia se entiende como la relación óptima entre insumo-
producto, de tal modo que una institución o un proceso educativo es
más eficiente cuando emplea menos recursos en el logro de los
mismos resultados que otra institución o proceso similar; se es más
eficiente cuando se obtiene lo mismo con menos recursos, esto se
refleja en el slogan publicitario de los actores sociales pragmático
conservadores que dice: “hagamos más, con menos”.
La eficacia se refiere a la efectividad en el logro de los resultados
propuestos; así las escuelas o los sistemas educativos más efectivos
o eficaces son aquellos que logran obtener los menores índices de
deserción o de reprobación, los estándares más altos en las
calificaciones, o la mayor cantidad de premiaciones en los
concursos, etc.
En el concepto dominante de calidad educativa, construido en
mucho bajo la perspectiva empresarial, la relevancia y la
pertinencia de los contenidos y procesos curriculares o de los
aprendizajes es una cuestión secundaria; acaso se tornan relevantes
cuando se habla de cuáles deben ser las “competencias” para la vida
en esta sociedad y para el trabajo en el mundo económico actual. En
este concepto dominante no interesa la formación integral, interesa
que se sea competente y competitivo en este mundo globalizado.”
4.2 En cuanto a la evaluación…
En la Ley de educación se crea el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, integrada por miembros designados por el Poder
Ejecutivo, por la ANEP, Universidad, y representante de la educación
Privada, violentando la autonomía de los subsistemas de primaria y
secundaria permitiendo no solo la injerencia directa del Poder
Ejecutivo sino también de los empresarios de la educación privada.
Este Instituto “tendrá como cometido evaluar la calidad de la
educación nacional” en los niveles inicial, primaria y medio.
(art.118). En el texto de la Ley se remarca la importancia a de las
evaluaciones internacionales, las cuales están definidas por los
organismos internacionales, a partir de resultados, con parámetros
estandarizados, desconociendo las realidades particulares de cada
sistema, y promueven la eficiencia y eficacia del sistema, como si
fuera un ranking de competencia entre empresas. Una de las
evaluaciones más prestigiosas en América Latina, es la evaluación
PISA elaborada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), en las definiciones sobre educación de este
organismo dice lo siguiente:
“El capital humano desempeña un importante papel en el proceso
del crecimiento económico; los resultados del mercado de trabajo de
los individuos están relacionados con sus logros educativos. La OCDE
estudia las políticas que tienen influencia en los incentivos para
Centro de Estudiantes del IPA
17
invertir en capital humano y en la eficacia de los suministros de
servicios educativos” (www.oecd.org)
Realizamos una síntesis de un artículo de Ángel Díaz Barriga sobre la
evaluación, si bien trata sobre la Universidad mexicana, hay elementos
generales que son muy ilustrativos de las intenciones que existen al
momento de evaluar.
Angel Díaz Barriga7: La evaluación universitaria en el contexto del
pensamiento neoliberal
“La evolución y desarrollo de la evaluación educativa en el ámbito
de la educación superior se ha gestado en el contexto del
pensamiento neoliberal. La evaluación educativa se ha constituido
en un excelente instrumento para establecer una serie de prácticas
de control sobre la actividad académica. Desde las prácticas de
evaluación se busca establecer una nueva racionalidad del trabajo
académico en la educación y se promueve una nueva relación entre
Estado e instituciones universitarias y entre autoridades
universitarias y personal académico.
7 Investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad (UNAM)
Esta nueva relación obedece al intento de establecer una
orientación diferente en los proyectos universitarios. Así mientras
en la década de los años sesentas vinculación con la sociedad era
concebida con la tarea de vincular a la Universidad con los sectores
mayoritarios y empobrecidos de nuestras sociedades, en la década
de los ochentas, el pensamiento neoliberal ha gestado la
comprensión de vinculación con la sociedad, como relación entre
universidad-industria. (…) El pensamiento neoliberal utiliza la
evaluación como parte de una estrategia para establecer
mecanismos de funcionamiento cercanos a la Universidad
pragmática gestada en el desarrollo industrial estadounidense.
Por otra parte, el ascenso del pensamiento neoliberal en América
Latina vinculado a la supervisión política y económica que ejercen
los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial). Supervisión que forma parte de una estrategia de
los países desarrollados para establecer condiciones globales que les
permitan mantener los beneficios que reporta la existencia de países
pobres, es el contexto donde se crea un escenario diferente para
establecer nuevas formas de relación entre Estado y Universidad.
En este contexto los códigos del pensamiento educativo se fueron
modificando con la instauración del pensamiento neoliberal: calidad
de la educación, excelencia académica, eficiencia y eficacia del
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18
sistema educativo, representan el "texto" en el que se conforma el
planteamiento de la evaluación educativa.
La evaluación es un mecanismo eficaz para modificar el papel que
asumía la Universidad en México, y orientarla hacia una perspectiva
netamente productivista y pragmática, el mecanismo concreto de
este proyecto está íntimamente ligado a la asignación presupuestal.
Ello no significa que exista una política de incrementar el
presupuesto asignado a la Universidad, sino fundamentalmente se
trata de un proyecto que parte de establecer una racionalización
productivista de los recursos asignados a la educación superior.
Ligar el proceso de evaluación al financiamiento se ha constituido en
un mecanismo eficaz para lograr modificaciones en diversas
prácticas universitarias.
Las soluciones del neoliberalismo, vía conceptos calidad de la
educación y excelencia académica han contribuido a: estabilizar la
matrícula universitaria la cual tuvo un crecimiento en la década de
los ochentas sólo del 26%, disminuir drásticamente el poder
adquisitivo de los salarios del personal académico en una proporción
cercana al 60%, reducir el monto de recursos económicos asignados
a la educación superior, fomentar el individualismo entre los
docentes, así como un comportamiento ligado al puntismo
(meritocrática)
Para el neoliberalismo el concepto de vincularse con la sociedad
significa establecer relaciones con la industria y el sector productivo.
Por estas razones afirmamos que la Universidad Mexicana se
encuentra en tránsito hacia la Universidad pragmática”.
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19
4.3 ¿Qué es el PROFIME?*
El Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones para la Mejora
Educativa, es un nuevo proyecto educativo para los subsistemas de
primaria y secundaria que se empezaría a aplicar el próximo año.
Las líneas orientadoras de este proyecto están contenidas en la Ley
de Presupuesto votadas el año pasado, actualmente se cuenta con
muy poca información sobre dicho plan. El único documento
disponible es un “documento de implementación” del PROFIME del
4 de marzo del 2011.
Las autoridades de la ANEP repiten las mismas prácticas, criticadas
históricamente, de ocultamiento, de exclusión y elitistas al resolver
entre cinco “notables” sin la participación de estudiantes y docentes
los nuevos programas educativos. Y cómo podemos observar, el
primer documento que se hace público lleva el título de
implementación, o sea que la orientación, diseño y formulación del
mismo ya está cocinado por los miembros del CODICEN a espaldas
de los actores educativos y la sociedad toda.
El programa consiste en realizar proyectos pilotos en liceos y
escuelas, los cuales deberán armar proyectos educativos propios
para mejorar su gestión, eficacia y eficiencia educativa. Cada centro
educativo armará sus proyectos para conseguir mayores recursos
presupuestarios y extra presupuestarios (privados). El PROFIME
plantea como eje principal el compromiso del staff docente, se exige
que los docentes tengan disposición a participar de las actividades
extracurriculares, colaboración con el Proyecto de Mejora, participar
de todas las instancias que el mismo defina. Se exigirá por lo tanto la
adhesión de todo el plantel docente a dicho programa, y destinar
horas a instancias de gestión, convivencia y aprendizaje. Parece un
poco tragicómico que esto se plantea en una realidad en donde los
docentes deben tomar abundantes horas para poder armarse un
salario que le permita vivir.
Se conformará una Unidad Técnica de Innovación, conformada por
docentes-tutores que se los llamará coach, y serán los encargados
de acompañar el procesos de diagnóstico, armado del proyecto y
monitoreo, estos coach no necesariamente pertenecen a la
institución educativa que van a monitorear.
Compartimos textualmente un fragmento del documento de
implantación ya que es muy ilustrativo:
“La definición del accionar del tutor podría inscribirse en el
concepto de “coaching”, como un sistema de
asesoramiento personal y profesional del tipo que da un
entrenador sobre temas como: conocimientos, habilidades,
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20
destrezas, referencias, asesoría, etc., con el fin de que éste
mejore su rendimiento, desarrolle su potencial docente,
mejore las relaciones con sus compañeros docentes y con
sus alumnos, fomentando un liderazgo a nivel educativo,
aumentando su automotivación, autoestima e implicación
en los hechos educativos”.
Más adelante continua diciendo:
“1.- Coaching personalizado entre un docente en el papel
de entrenador y otro en el papel de participante. El
entrenador previamente ha sido seleccionado por su
conocimiento, experiencia, capacidad para comunicarse y
sobre todo por su capacidad para enseñar a otro colega de
tú a tú.
2.- Coaching grupal: un entrenador con un grupo de
personas que tienen la finalidad de dinamizar sus
actividades profesionales, toma de decisiones, solución de
conflictos, sesiones de creatividad, promociones”.
La responsabilidad en la Mejora Educativa recae fundamentalmente
en las autoridades y actores locales, o sea, direcciones, docentes,
estudiantes, padres y vecinos de cada instituto; las autoridades de la
educación se desentienden (aún más) de los problemas de cada
centro educativo. Este modelo de gestión se basa en las propuesta
neoliberales de reorientar los servicios sociales hacía la órbita
privada, donde prime la libre competencia y elección, y donde no
haya trabas o restricciones reglamentarias y burocráticas. Cada
centro educativo tiene autonomía para asuntos de gestión,
financiamiento y elaboración de curriculum contextualizado. Así dice
la propuesta:
“Esta respuesta se inscribe en el concepto de que el centro
educativo es el eje de la innovación y la mejora y que la
buena o mala educación depende primordialmente de la
buena o mala escuela, liceo, etc. (...) el contrato entre la
administración y el centro, donde se le otorgan grados
crecientes de autonomía de gestión y pedagógica pero en el
marco de un plan y programa anual y a cambio el centro
asume compromisos por resultados, conforme al plan de la
propia institución”.
Bajo el concepto de autonomía y descentralización se intenta
desmantelar el Sistema Nacional de Educación, utilizando de forma
muy inteligente y desvirtuando ciertos conceptos que tienen un
contenido político-simbólico muy fuerte para aquellos que seguimos
defendiendo una educación digna y popular. Esta descentralización
apunta a que cada centro arme su propio proyecto y consiga su
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21
propia financiación, perdiendo así la unicidad del sistema educativo,
y armando un sistema educativo competitivo y mercantil. El
proyecto permite que fondos privados financien los programas
educativos de cada centro, obviamente marcando ciertos
lineamientos. Y los recursos presupuestarios públicos se asignarán
según los logros y resultados cuantitativos del rendimiento escolar.
El PROFIME está en plena concordancia con las recomendaciones de
los organismos internacionales y especialmente con las
orientaciones de la OCDE, mismo organismo que regula las
evaluaciones PISA.
Este programa es parte de un proyecto de medidas y políticas más
generales que apuntan al desmantelamiento de la autonomía del
sistema educativo y avanzan hacia un modelo mercantilista,
imponiendo la lógica eficientista de costo-beneficio propio de la
lógica empresarial.
El PROFIME está estrechamente vinculado con los nuevos programas
de evaluación y calidad educativa, que toman estándares
internacionales, evaluando por resultados y que muy poco tienen
que ver con la realidad educativa de nuestro país.
Con estos programas se genera un mercado competitivo de la
educación entre los propios centros educativos públicos, con lo cual
se profundiza la brecha entre los liceos y escuelas céntricas y
residenciales que reciben a una población socioeconómica
privilegiada y aquellos que se encuentras en zonas periféricas que
reciben a los estudiantes más vulnerables desde el punto de vista
socioeconómico. Es decir, se profundiza la educación pobre para los
pobres.
Consideramos que la Ley de Educación, la reciente Ley de
Presupuesto y estos nuevos programas profundizan la concepción
del proyecto RAMERO, considerando a la educación como una
mercancía y pauperizando la educación pública para los hijos de los
trabajadores y los sectores más sumergidos.
Para poder frenar este avance mercantilizador, y en particular el
PROFIME el año que viene es necesario articular y mancomunar
esfuerzos entre todos los gremios y sindicatos de la educación,
porque solo con la lucha y la organización podremos conseguir una
educación digna y popular.
*Artículo de la comisión de presupuesto publicado en el periódico del
CEIPA, agosto 2011.
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22
4.4 La Mercantilización en la Universidad Latinoamericana
Este material se extracto en su totalidad del siguiente artículo:
“Universidad y mercantilización. Una mirada a las condiciones de
producción de conocimiento en América latina” de Adrián Pulleiro*
“La tendencia a la mercantilización de las relaciones sociales es
propia de un modo de organizar la vida que se basa en la
explotación y la alienación de la fuerza de trabajo y la apropiación
privada de los excedentes, y que despliega todo un entramado
institucional e ideológico que pugna por presentarlo, ante el
conjunto de la sociedad, como el único modo posible.
Al extenderse la mercantilización de las relaciones sociales, al primar
la producción de objetos para el intercambio y al priorizarse un
trabajo en tanto mero gasto de fuerza de trabajo, se procede a una
cosificación estructural de la sociedad. Tal como plantea Lukács, “lo
específico del capitalismo moderno frente a las formas arcaicas del
negocio capitalista es la organización rígidamente racional del
trabajo sobre la base de la técnica racional” (Lukács).
De esta manera, la escisión inicial entre valor de uso y valor de
cambio se consolida en la medida en que el intercambio ya está en
el origen de la organización y concepción de la producción, o sea
que el valor (de cambio) es lo que determina la producción misma.
Más puntualmente podemos decir que en la moderna sociedad
burguesa los bienes útiles para satisfacer necesidades humanas se
han vuelto mercancías.
Luego de la crisis que el capitalismo atravesó en la primera mitad de
la década de 1970 – crisis del Estado de Bienestar mediante y con el
auge neoliberal afianzado– se produjo un profundo cambio del
modelo de acumulación vigente hasta entonces, basado en la
producción y el consumo de masas y en un Estado garante del nivel
de demanda.
En ese escenario, la educación, y la educación superior en particular,
será objeto de un proceso de resubordinación por parte del capital
que, a su vez, debemos considerar como parte de una tendencia
global a la penetración del capitalismo en la sociedad.
En este último punto nos referimos, por un lado, a la incorporación
progresiva de una serie de funciones “intelectuales” a la explotación
directa del capital y a su proceso de reproducción y valorización. De
esta forma, podemos decir que el capitalista busca obtener un
doble beneficio al subsumir el trabajo intelectual, el económico y
el ideológico que se deriva de volcar a la producción mercantil lo
que de otra manera sería un trabajo improductivo, desde la lógica
del capital.
La mercantilización de las universidades latinoamericanas
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23
La fisonomía de la etapa actual del capitalismo, y con ella el proceso
de mercantilización que aquí nos ocupa, no pueden ser
comprendidos sino es en función de las transformaciones
estructurales que se vienen desplegando a escala global desde
mediados de los años 70.
En aquel momento luego de las rebeliones obrero-estudiantiles en
los países centrales emergió una profunda crisis económica que
profundizó la crisis más general del modelo de acumulación basado
en el modelo fordista de producción y consumo y en el modelo de
Estado de Bienestar sustentado en políticas de corte keynesiano que
apuntaban a dinamizar la demanda y garantizar el pleno empleo. El
estancamiento económico, combinado con altos índices de inflación
sentaron las condiciones para que se legitimaran y se impusieran las
salidas neoliberales que se habían venido gestando en el seno de la
inteligencia del stablishment desde hacía por lo menos tres décadas.
Los Gobiernos de Reagan y Thatcher expresaron el proceso de
recomposición hegemónica en los países centrales, proceso que
luego se expresaría en una ofensiva del capital a escala global.
Disciplinamiento y flexibilización del trabajo, liberalización y
financierización de las economías nacionales, privatización de los
servicios públicos, concentración y transnacionalización del capital,
son algunos de los elementos y de las consecuencias que definieron
el programa de esa ofensiva.
Tal como ocurrió en materia de salud o en el ámbito de la cultura y
de los medios de comunicación a partir de la década del ochenta,
pero mucho más claramente a partir de los años noventa, se
profundizó la tendencia global a hacer de la educación un terreno
para la revalorización y reproducción del capital y un sistema
proveedor de servicios. Lo que hasta entonces eran espacios que
remitían a derechos sociales y universales, en el nuevo contexto
pasaron a ser concebidos como esferas productoras de servicios
sujetas a la lógica de la oferta y la demanda.
Nos interesa traer a colación la triple crisis que, para De Souza
Santos, la universidad pública atraviesa en la etapa actual del
capitalismo y que nos permite visualizar con más precisión el
escenario sobre el cual se generan los avances y resistencias al
proceso de mercantilización. Por un lado, según el autor, la
universidad pública atraviesa una crisis de hegemonía, debida a
que ya no tiene el monopolio de la educación superior y la
investigación, supremacía que debe disputar con universidades
privadas, consultorías e institutos privados especializados. A su
vez, pasa por una crisis de legitimidad, relacionada con la
contradicción entre excelencia, conocimiento especializado y la
demanda de acceso masivo. Por último, la universidad pública
atraviesa una crisis institucional producto de la contradicción entre
la reivindicación de la autonomía para definir objetivos, criterios
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24
de valoración y normas propias de funcionamiento y la presión
creciente para someterla a criterios de eficiencia y productividad
de tipo empresarial (De Souza Santos).
Concretamente, en los años noventa se profundizó una tendencia
global a la mercantilización de la educación superior que tuvo como
blanco la transformación de la universidad pública tal como se había
desarrollado en el capitalismo de masas, tanto en el centro como en
la periferia. Más allá de que ese proceso de mercantilización global
de la universidad pública tuvo y tiene consecuencias diversas en el
centro y en la periferia, en principio podemos identificar en él tres
elementos fundamentales:
a) la tendencia a igualar la universidad pública y la privada (en
cuanto a otorgamiento de financiamiento y ventajas para el
desarrollo de las segundas –como por ejemplo la falta de
regulaciones y evaluaciones sistemáticas desde el Estado);
b) la disminución de los recursos públicos destinados para el
funcionamiento y desarrollo de la universidad pública, hecho que
sienta las bases para que éstas sean reconvertidas en instituciones
proveedoras de servicios y productos, y así generar sus propios
recursos financieros;
c) la reorganización de la propia institución universitaria (agenda de
investigación, criterios para la evaluación, publicación de
conclusiones, condiciones laborales, etc.) en términos mercantiles y
empresariales, o sea regidos por la lógica de la eficiencia y la
productividad y condicionados fuertemente por la demanda del
mercado.
A continuación repasaremos, con trazo grueso, las consecuencias
más relevantes del proceso de mercantilización de las universidades
públicas en América Latina, tomando como punto de referencia las
tres dimensiones que señalamos más arriba.
a) Con respecto a la tendencia a igualar la universidad pública y la
privada, en primer término las cifras indican un pronunciado
crecimiento de la cantidad de alumnos que cursan sus estudios en
establecimientos privados y un incremento significativo de la
cantidad de universidades privadas. Según los documentos
presentados en la Conferencia Regional de Educación Superior
organizada por la UNESCO, en el 2008, existen en América Latina y el
Caribe 1917 universidades privadas y 1023 públicas. Actualmente
más del 50% de la matrícula corresponda a universidades privadas.
Si bien los datos difieren según los países, la situación sólo se explica
a partir de la política de aliento y desregulación aplicada a partir de
la década de los 80 al calor de los principios emanados del Consenso
de Washington.
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25
En este escenario, la expansión de la universidad privada
evidenciada durante los últimos 25 años tuvo como contracara el
vaciamiento presupuestario de la pública y, junto con ello, un
proceso de descapitalización y transferencia de recursos humanos.
b) La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas
de América Latina se convirtió en una realidad cada vez más
palpable a partir de la crisis de la deuda externa que estalló a
principios de la década de 1980. El desfinanciamiento crónico no
sólo alienta la trasferencia constante de personal docente y de
estudiantes al sector privado, sino que genera las bases para una
relación cada vez más estrecha con los grandes actores del capital
concentrado, proceso que, a su vez, deriva en una pérdida creciente
de la autonomía institucional y de las libertades académicas. La
elaboración de una agenda de investigación en función de los
grandes problemas sociales y basada en una concepción del
conocimiento como bien público es puesta seriamente en cuestión,
al tiempo que la posibilidad de contar con los fondos necesarios
para avanzar en una autorreforma constante de la universidad
pública queda cada vez más remota.
Si bien asistimos, desde la segunda posguerra, a una expansión
generalizada y sostenida de la matrícula, esta expansión no fue
acompañada con un mayor presupuesto. Sólo como para aportar
algunos datos contundentes, en uno de los documentos presentados
en la Conferencia Regional de la UNESCO, se remarca que la
tendencia en la proporción del PBI per cápita que se gasta por
alumno es a la baja. Mientras que en Estados Unidos y en Canadá se
invierten 9500 dólares anuales por cada estudiante universitario, en
América Latina y el Caribe la cifra apenas llega a los 650. Y es casi
una cuarta parte de lo que invierten los países asiáticos (Atilio
Boron). La situación es muy gráfica si además comparamos los
presupuestos con los que cuentan las universidades en los países
centrales. Mientras que la Universidad de California, que tiene una
matrícula de 250.000 estudiantes, cuenta con un presupuesto de
7000 millones de dólares, la Universidad de Buenos Aires, cuya
matrícula supera largamente los 300.000 estudiantes, tiene un
presupuesto que apenas ronda los 500 millones de dólares.
En este marco ha hecho mella el discurso acerca de que las
universidades deben generar dinero y ser rentables. Vender
productos y servicios en el mercado, tanto en forma de propuestas
educativas como de investigaciones aplicadas y tareas de asesoría,
por ejemplo. Tal es así que, a partir de los años 90, cobró fuerza la
figura de los consultores y los servicios de consultoría. Este
fenómeno se da en medio de una constante presión por parte de las
grandes empresas que como consumidoras, usuarias e incluso
coproductoras del conocimiento científico demandan un
conocimiento útil económicamente, es decir que pueda ser –directa
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o indirectamente− comercializable y redituable (De Souza Santos).
Durante la década del 90 en el campo de las ciencias sociales fue
muy común que docentes e investigadores trabajaran como
consultores para organismos internacionales como el Banco
Mundial.
c) La última dimensión de la tendencia a la mercantilización
corresponde a las transformaciones llevadas a cabo en el orden de
su organización y funcionamiento como institución especializada en
la transmisión de la herencia cultural, la investigación y la formación
de profesionales, investigadores y docentes.
En este nivel, la creciente subordinación a la lógica del capital y la
expansión de la forma mercancía se expresará, fundamentalmente,
en la implementación de mecanismos que tienden a plantear la
actividad docente e investigativa en términos de “productividad” y a
precarizar y flexibilizar las condiciones de trabajo.
Así, los actores políticos, los agentes del propio campo académico y
los organismos internacionales intentaron arrasar con la gratuidad y
el acceso irrestricto, y pusieron en cuestión la razón de ser de los
órganos tripartitos de Gobierno, sosteniendo la necesidad de que
haya una clara preeminencia de los profesores en la toma de
decisiones y el gobierno universitario.
Como parte de las reformas mercantilistas implementadas en la
región se instauró un régimen de evaluación externa, a cargo de
instituciones de las que participan funcionarios y organismos ajenos
al campo científico, donde lo que tiende a primar es el nivel de
productividad y los criterios cuantitativos por sobre una valoración
que tenga más en cuenta los procesos, la pertinencia de los objetos
de estudio y las condiciones en las que se desempeña el rol docente.
Sobre este tema, Boron asegura que este sistema, por el cual los
salarios de los docentes se complementan con un complejo sistema
de incentivos, que a su vez dependen de una evaluación en donde el
desempeño o “la productividad” es establecida mediante una
combinación de criterios administrativos y académicos, se extendió
a varios países de la región. Asimismo, afirma que la posible
penalización económica tiene un efecto de control ideológico, ya
que el mecanismo de precarización laboral se traduce en proceso de
depuración del mundo universitario “de presencias intelectual o
políticamente indeseables” (Boron).
La combinación de mecanismos evaluatorios externos en función de
criterios productivistas y, por ende, cuantitativos, tiene su expresión
también en una carrera desenfrenada por presentar trabajos en
congresos y jornadas y lograr publicaciones reconocidas. En la
búsqueda por acreditar más méritos, hay una tendencia a ajustar la
producción a las exigencias y pautas de valoración, selección de
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temas, prescripción de lenguajes y metodologías propuestos por las
instancias de evaluación, acreditación y publicación.
De esta manera, podemos señalar con toda claridad que la
universidad pública no permaneció al margen del proceso de
precarización, flexibilización y, por lo tanto, de disciplinamiento de la
fuerza de trabajo que se llevó a cabo de modo general en nuestras
sociedades. Las reformas mercantilistas tuvieron puntualmente en
las libertades académicas y la autonomía universitaria un blanco
nada casual ni inocente. Para avanzar en la subordinación de la
universidad a las necesidades del gran capital se debía reducir la
libertad del docente frente a la cátedra y en el aula, dificultar su
trabajo de organización gremial, al tiempo que se debía acotar el
poder de definición del investigador y las posibilidades de la
institución para fijar un programa en base a criterios político-
académicos y a fines sociales. En otras palabras, ajustar el proceso
de subsunción real implicó, y sigue implicando, poner en práctica
mecanismos específicos con el propósito de volver trabajo
productivo el trabajo improductivo de los intelectuales.
Una vez hecho el recorrido que nos planteamos podemos sostener
que la mercantilización de la universidad pública supone una serie
de particularidades que es preciso analizar si se pretende generar
una alternativa. Del mismo modo que el perder de vista esa
vinculación con las características estructurales del sistema
capitalista y los procesos históricos más generales puede llevar a
posiciones nostálgicas o de mera resistencia, desconocer dichas
particularidades puede llevar a posiciones que terminen arando en
el aire, dejando para el “día después” la pelea por regenerar las
condiciones para la producción de un conocimiento crítico fundado
en su carácter de bien público.
De este modo, yendo a los procesos concretos, podemos decir que
a menos financiamiento público menos autonomía institucional y
menos libertades académicas y, con ello, más influencia del capital
y menos condiciones para la autorreforma y el pensamiento crítico.
La puesta en cuestión de la autonomía institucional, sumada a la
precariedad laboral, genera una actividad cada vez más enajenada
respecto del conocimiento nuevo y los contenidos a transmitir, y
cosifica, al profundizar las relaciones mercantiles, las relaciones
entre universidad y sociedad”.
* Licenciado en Ciencias de la Comunicación, investigador y docente de la
FISYP(Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas), Docente de
Teorías y Prácticas de la Comunicación II, UBA