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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se desarrollan los antecedentes relacionados con el
objeto de estudio, los cuales permiten hacer una revisión del estado del arte
de las variables analizadas, asimismo, la fundamentación teórico-conceptual
que da soporte a la investigación. Se establecen las relaciones existentes
entre los diversos trabajos considerados y sus respectivos aportes. En lo
referente a la indagación bibliográfica y documental a través de los diferentes
medios y fuentes, tanto primarias como secundarias, la misma está orientada
a la búsqueda de teorías, así como contribuciones específicas relacionadas
con el problema planteado relativo a las estrategias para desarrollar el
gobierno electrónico bajo la óptica de la responsabilidad social.
1. Antecedentes de la Investigación
González (2009) desarrolló una investigación titulada “Factores que
intervienen en el desarrollo del gobierno electrónico en la alcaldía del
municipio Motatán del estado Trujillo”. En este trabajo fueron establecidos los
factores que intervienen para el desarrollo del Gobierno Electrónico (GE) en
la alcaldía del Municipio Motatán del Estado Trujillo desde la perspectiva de
los ciudadanos y la dependencia de dicha alcaldía. El tipo de investigación
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que se utilizó para este estudio es de campo y descriptivo, quedando
establecidas dos poblaciones, la primera por 15.235 ciudadanos y la segunda
integrada por 55 jefes de la dependencia de esta Alcaldía, para el primer
caso se determinó el tamaño adecuado de la muestra de 219 sujetos y se
utilizó un muestreo estratificado, y para el segundo caso se realizó un
muestreo por conveniencia seleccionando 24 jefes. Como instrumento fue
utilizado un cuestionario de preguntas cerradas tipo escala Likert.
Se analizaron los aspectos tecnológicos, administrativos,
organizacionales, Gubernamentales y estratégicos vinculados al proceso de
implantación del GE. Los resultados indican que existe una estructura
tecnológica y organizacional baja, con capital humano insuficiente a nivel de
informática, además la mayoría de los departamentos no están
automatizados, los equipos de computación son insuficientes o inexistentes,
no poseen un portal Web donde los ciudadanos puedan realizar sus
transacciones sin necesidad de ir personalmente hasta la dependencia y no
poseen accesibilidad a Internet en la Alcaldía. Al respecto la autora
recomienda tomar en cuenta las recomendaciones propuestas en el trabajo.
Este antecedente aporta elementos prácticos, que sirven de guía para la
definición de los indicadores, que permiten lograr la medición de las variables
objeto de estudio. De igual forma, contribuye con un referente teórico sobre
las estrategias que impulsan el desarrollo del gobierno electrónico.
Riascos, Martínez y Solano (2008) desarrollaron una investigación
sobre “El gobierno electrónico como estrategia de participación
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ciudadana en la Administración Pública a nivel de Suramérica- Casos
Colombia y Uruguay”.
Bajo un enfoque cualitativo etnográfico, los investigadores reflejan en su
estudio que la transformación de la administración pública es causada
especialmente por la inclusión de las nuevas tecnologías de información y
comunicación –TICs ha desencadenado una serie de aspectos positivos y
negativos para los ciudadanos; entre las reformas más innovadoras que ha
sufrido el ambiente gubernamental se encuentra su inmersión en los
procesos electrónicos a través de Internet, dando como resultado la aparición
del gobierno electrónico –e-government; el artículo busca presentar los
avances y su respecto análisis del e-government en países como Colombia y
Uruguay, partiendo de la expectativa de utilizar el e-government como
estrategia de participación en la administración pública.
Esta investigación es importante para el estudio que se realiza, porque
hace una revisión exhaustiva de una de las variables analizadas. Sirviendo
esta información como fuente de consulta para el desarrollo del cuadro de
variables aquí presentado y su posterior operacionalización.
Gómez (2007) trabajo un artículo titulado “El gobierno electrónico en el
municipio venezolano”. Este artículo presenta una evaluación del desarrollo
del gobierno electrónico municipal en Venezuela. Para ello se utiliza la
metodología desarrollada por Esteves (2005), que consiste en una medición
de los atributos de servicio al usuario presentes en los portales Web de las
alcaldías venezolanas. Estos atributos son clasificados en cinco etapas:
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Presencia, Información urbana, Interacción, Transacción y Transformación o
Democracia electrónica.
Se evaluaron los portales de las 294 alcaldías que tenían dominio
asignado para la fecha del estudio y se encontró que las alcaldías con mayor
desarrollo en gobierno electrónico, al 01 de septiembre de 2006, fueron:
Valencia (estado Carabobo), Chacao (Miranda), Los Salias (Miranda), Baruta
(Miranda), Alcaldía Mayor (Gran Caracas), San Cristóbal (Táchira), Pedro
María Freites (Anzoátegui), Naguanagua (Carabobo) y Maturín (Monagas),
en ese mismo orden.
Este trabajo aporta elementos conceptuales de gran relevancia para
esta investigación, al igual que los resultados generados sirven de guía para
determinar si pueden o no ser replicados en contextos similares y contribuye
teóricamente en la formulación de lineamientos.
Carballo, Cattafi, Sanoja, y Zambrano (2006) escribieron sobre “Gobierno
electrónico en Venezuela”. En este documento se realiza un análisis del
gobierno electrónico en Venezuela: objetivos, principios rectores, lineamientos y
estrategias para su implantación, así como los logros alcanzados. Este trabajo
se realizó en forma colaborativa en la asignatura Gobierno Electrónico del
Postgrado en Ciencias de la Computación de la UCV.
Prosiguen los autores afirmando, para ello se efectuó la selección,
análisis y discusión de artículos de diversos autores relacionados con el
tema. Concluyendo que Se tiene una definición conceptual bastante
avanzada, que no se queda en los procesos tecnológicos y de
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automatización y que entiende las posibilidades del uso de las tecnologías en
el proceso de sociabilización de las mismas y su impacto en la sociedad.
Se ha internalizado que el gobierno electrónico es un tema amplio y
transversal que se incluye en temáticas como construcción de la
democracia, mejora de los procesos de gestión pública, participación en el
diseño de políticas públicas y políticas nacionales, sociedad de la
información y tecnologías de la información. Este antecedente aporta
elementos que permiten orientar la construcción del instrumento de
recolección de datos.
Ruelas y Pérez (2006) desarrollaron un artículo bajo el titulo “El
Gobierno electrónico: Su estudio y perspectivas de desarrollo”. Allí se
describen los inicios de la implementación del gobierno electrónico como una
estrategia administrativista, dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías
de información y comunicación; asimismo se refiere a los enfoques teóricos
que se han propuesto para analizar el gobierno electrónico y que se han
extendido hacia considerar al gobierno electrónico como una herramienta
para la democratización.
Se pone énfasis en los impactos e importancia para el mejoramiento del
desempeño de los gobiernos, la implementación de sistemas de gobierno
electrónico. Afirmando, que resulta claro que los gobiernos, como
instituciones públicas y guardianes de la democracia, necesitan desempeñar
un papel pro-activo en el mundo de la Internet. Primero, necesitan mantener
las prácticas democráticas existentes.
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Segundo, necesitan incorporar y adaptar estrategias y tecnologías en
línea para expandir y aumentar la democracia participativa. Como señala Clift
(2004), el aumento de la participación ciudadana en la democracia es vital
para asegurar que los gobiernos de todos los niveles y de todos los países
puedan cumplir la voluntad de sus ciudadanos y vencer los desafíos que
presenta la era de la información.
Guarucano (2005) escribió un artículo sobre “Análisis de modelos de
gestión estratégica para implantación de gobierno electrónico en Registros y
Notarias públicas”. En este articulo la autora afirma que: “Las tecnologías de
información como herramientas son un potencial para configurar estructuras
organizativas y modelos de gestión pública para ofrecer una respuesta única,
ágil, eficiente, de calidad y transparencia a los ciudadanos.
El objetivo general de este estudio fue establecer un modelo de gestión
estratégica para la implantación de gobierno electrónico en los registros y
notarias del estado Zulia. El mismo, servirá de guía para otras oficinas
públicas que tengan la necesidad de proveer un gobierno electrónico a sus
ciudadanos. La investigación estuvo defina en la modalidad de campo y de
tipo descriptiva, con un tipo de diseño no experimental, transeccional
descriptivo. La información se obtuvo tal cual y como se presenta en el
momento de la investigación.
La población quedó constituida por, registradores - notarios y
empleados de los registros y notarías públicas del estado Zulia. Como
instrumento de recolección de datos fue utilizado el cuestionario, el cual fue
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aplicado a una muestra de 21 registradores - notarios y 92 empleados
adscritos a las diferentes oficinas de registro del estado Zulia.
La técnica de análisis de datos seleccionada fue el análisis de la varianza y
prueba T-test. Los resultados indicaron la inexistencia en la formulación de
objetivos a nivel gerencial (16,66%), debilitando de esta manera la gestión
estratégica en los registros y notarías, para lo cual se recomienda establecer un
modelo estratégico a seguir para la implantación de gobierno electrónico en los
registros y notarías públicas, propuesto en esta investigación.
Urdaneta, Fernández y Govea (2005) realizaron un trabajo sobre las
“Consideraciones acerca de la implementación del gobierno electrónico en la
administración pública venezolana”. Al respecto, los investigadores
estudiaron el significati vo desarrollo que han tenido en los últimos años las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) ha generado un fuerte
impacto en los distintos ámbitos del quehacer de las sociedades y de la
actividad económica, pues ha facilitado la vida cotidiana y ha logrado mayor
eficiencia y eficacia en el desarrollo de variados tipos de procesos.
En la mayoría de los países latinoamericanos se había concebido el
proceso de modernización a un mero cambio de normas y reducción del
gasto público. El artículo da a conocer los aspectos más interesantes y
relevantes que nos ofrece la aplicación de las TICs en las diferentes esferas
o entidades de la administración pública, especialmente la venezolana.
De igual manera, este articulo ofrece un profundo análisis del
fundamento legal que puede tener la implementación de la figura de los
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gobiernos electrónicos en la administración pública venezolana, así mismo,
ofrece un importante estudio sobre el funcionamiento de los mismos, así
como las ventajas o desventajas que pueden ocasionar la implantación de
esta nueva modalidad de interacción con los ciudadanos.
Cendros, Durante y Fermin (2004) escribieron un artículo sobre los
“Factores estratégicos para desarrollar el gobierno electrónico en las
Alcaldías de Venezuela” Este trabajo intenta establecer los factores más
relevantes que intervienen para desarrollar el Gobierno Electrónico (GE) en
las alcaldías Venezolanas desde la perspectiva de los gerentes de
informática. Se enviaron encuestas a los responsables de informática de 275
alcaldías de Venezuela.
Se analizaron los aspectos tecnológicos, organizacionales,
legales,doctrinal y estratégicos vinculados al proceso de implantación de un GE.
Se evidencia la existencia de instrumentos legales que favorecen la
implantación del GE y, desde la perspectiva de los responsables de informática,
se percibe la poca voluntad de los líderes para impulsar un proceso
modernizador orientado a implantar el GE. No se observa un pensamiento
estratégico ni políticas de actualización informática orientada al GE.
El aporte de este antecedente está en la sustentación que se hace al
analizar los aspectos tecnológicos y estratégicos vinculados con la
implantación del gobierno electrónico, los cuales contribuyen
significativamente a la formulación de los lineamientos.
Rodríguez (2004), desarrolló una investigación sobre “Gobierno
electrónico: Hacia la modernización y transparencia de la gestión pública”. La
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investigadora señala: El gobierno seguirá siendo un actor principal en la
nueva economía, pues tiene un rol de liderazgo. Para establecer un clima de
crecimiento y de bienestar, debe evitar el estancamiento producido por el
déficit fiscal, y estar alerta a los grandes retos de transformaciones que se
deben realizar para mantener un ambiente de crecimiento y sustentabilidad
política, económica y social. Parte de las exigencias de este nuevo siglo es la
necesidad de gobiernos efectivos, catalizadores, que en vez de dedicarse a
remediar los posibles males, tengan como propósito prevenirlos.
Para facilitar estos nuevos servicios, el gobierno debe establecer toda
una estrategia clara y bien definida impulsada desde los niveles más a/tos,
con sus propósitos, estructura y fondos para su desarrollo. Así surge la idea
de e-government o gobierno electrónico, una innovación a partir de las
tecnologías de información y comunicación, que ha construido lo que algunos
denominan la infosociedad o sociedad de la información, más expedita,
menos burocrática, más sensible y transparente. Este trabajo contribuye con
elementos conceptuales, que complementan los aportes teóricos esbozados
y sirven para mejorar la construcción del cuadro operacional de las variables.
En cuanto a la variable Responsabilidad Social, se presentan los
siguientes antecedentes:
Ávila (2011), realizó un estudio intitulado “Responsabilidad social
universitaria como fuente generadora de proyectos comunitarios desde una
perspectiva gerencial”, cuyo objetivo estuvo centrado en analizar la
responsabilidad social universitaria como fuente generadora de Proyectos
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Comunitarios desde una Perspectiva Gerencial. La fundamentación teórica
estuvo encabezada por Barreto (2007), Pelekais et al (2007), Vallaeys
(2007), Romero (2006), Lerner (2004).
El estudio se enmarcó en el enfoque epistemológico positivista; de tipo
descriptivo, con un diseño no experimental transeccional de campo, la
población, estuvo constituida por veinticuatro (24) secretario(a)s y
secretario(a)s adjuntos de la red de cooperación interinstitucional, para el
apoyo conjunto al servicio comunitario del estudiante de educación superior a
nivel nacional, población con características de tipo censal que permitió
estudiar las variables de estudio.
Así mismo, para la recolección de información, se aplicó un instrumento
con escala de Likert de 63 ítems, que fue sometido a la validez de contenido
a través de la técnica de juicio de diez expertos y se midió su confiabilidad
aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de 0.96,
siendo este altamente confiable. Entre los resultados alcanzados se obtuvo
un resultado de 4.6 para la variable responsabilidad social universitaria de
acuerdo al baremo para la interpretación de las medias ubicándose en la
categoría de muy alto nivel al igual que la variable proyectos comunitaria que
obtuvo una media de 4.61.
Concluyéndose que desde las casas de estudios se desarrolla la
responsabilidad social universitaria, así mismo existen voluntades ganadas
para transpolar a la colectividad las grandes fortalezas de la educación,
igualmente la forma de cómo compartirla al ciudadano no precisamente
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desde las aulas de clases, sino aprovechando los espacios disponibles para
abonar y sembrar el futuro del país, sustentando en conocimientos, valores,
ética, responsabilidad y trabajo en equipo. En vista de las conclusiones se
consideraron los resultados para proceder a elaborar unos lineamientos
teóricos relacionados a los objetivos de la misma.
El aporte de esta investigación está centrado en la determinación de las
acciones de RSU puestas en práctica por las IUV, pues se evidenció un muy
alto nivel ante la operatividad de las mismas, permitiendo la creación de
programas así como de proyectos para la extensión del conocimiento a
través de sus dependencias pero se dejó notar que existe una población que
requiere se promuevan estas acciones para impulsar la motivación de
participación de la universidad con la universidad.
Así mismo Núñez (2009), desarrolló una investigación titulada
“Responsabilidad social universitaria: Desde el enfoque de gestión ética para la
toma de decisiones compartida”, para optar al Grado de Doctora en Ciencias
Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Su propósito fue
analizar la responsabilidad social universitaria: desde el enfoque de gestión
ética para la toma de decisiones compartida. Fundamentándola en los autores
Pelekais et al (2007), Chávez (2006), Vallaeys (2003), Kliskberg (2002).
En el mismo orden de ideas, trabajó bajo una metodología descriptiva y un
diseño, no experimental, transeccional - descriptivo, una población de 17
informantes claves de las universidades del Zulia y Carabobo, la recolección de
datos, se hizo con un instrumento tipo cuestionario de 73 items con escala de
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respuesta, siendo validado por 10 expertos de otras Universidades. Los
resultados indican que la relación de estas universidades con sus clientes, con
el personal propio y el entorno se encuentra ubicada en la categoría muy alta al
igual que la gestión ética. En cuanto a la toma de decisión compartida el
liderazgo ejercido facilita la conducción del personal en el logro de sus metas.
El aporte de este estudio viene dado por la relación entre las dos
variables objeto de estudio, pues este antecedente arrojó que las
apreciaciones de estas universidades para con el aspecto de la convivencia
le confiere una categoría muy alta destacando la intención de generar
armonía entre sus relaciones permitiendo una interacción positiva.
Igualmente se determinó que las universidades para alcanzar sus objetivos
promueven una inclusión de trabajo con diversos sectores. De allí, que la
teoría consultada, así como las posiciones de los autores referenciados,
permiten fundamentar las bases conceptuales de este trabajo.
2. Marco Teórico
2.1. Estrategias
Para Mintzberg (citado en González, 2005), las estrategias son tanto
planes para el futuro como patrones del pasado. Los enfoques clásicos del
concepto de estrategia la definen como un proceso a través del cual el
estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado
futuro deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones necesarias
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en el presente para alcanzar dicho estado. De esta definición se destaca el
concepto de estrategia como un plan puramente racional y formal que se
define hacia el futuro con total prescindencia del pasado.
El autor antes citado, no niega la importancia de mirar hacia al futuro e
impulsar visiones creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia
de patrones de comportamiento organizacional los cuales dependen en gran
medida de las experiencias pasadas. La experiencia que surge de las
acciones pasadas (deliberadas o no) no dejan de hacerse sentir,
proyectándose hacia el futuro. Así, el estratega sabe con precisión que le ha
funcionado y qué no ha servido en el pasado; posee un conocimiento
profundo, detallado de sus capacidades, su mercado. Los estrategas se
encuentran situados entre el pasado de sus capacidades corporativas y el
futuro de sus oportunidades de mercado.
En este sentido, la estrategia gerencial puede definirse como el modelo
de decisiones en una empresa que determina, revela sus fines, propósitos u
objetivos, produce la política principal, planifica para alcanzar aquellos
objetivos, define la gama de negocio a perseguir por la empresa, la clase de
organización económica y humana que es o tiene la intención de ser, la
naturaleza de su contribución económica o no económica la cual tiene la
intención de hacer a sus accionistas, empleados, clientes, comunidad en la
cual se encuentra inmersa (Andrews, citado en Garrido, 2006).
Por otra parte, existen diversas clasificaciones de estrategias que han
pasado a la literatura académica como un referente para todos los que
abordan estos temas. La primera de ellas data de 1965, se debe a Ansoff y
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se deriva de la matriz preconizada por este autor que agrupa las estrategias
en los siguientes grupos (González, 2005): Penetración del mercado,
desarrollo del producto, expansión geográfica o diversificación.
Dentro de este contexto, Francés (2005), plantea una clasificación que
engloba las anteriores y clasifica las estrategias en tres (3) grandes grupos:
estrategias de diversificación, competitivas y funcionales. Las cuales se
describen a continuación:
(a) Estrategias de diversificación corporativa: Es la selección de las
unidades de negocios y a las relaciones entre ellas. Sus componentes son:
De portafolio (perspectivas del accionista y del cliente); vertical (perspectiva
de procesos); horizontal (perspectiva de procesos y capacidades).
(b) Estrategias Competitivas: Derivadas de la propuesta de Porter
(citado en Francés, 2005), se refieren a los cursos de acción que emprende
una empresa o unidad de negocio para lograr su objetivos en situaciones
coyunturales del mercado, como puede ser la aparición de competidores o
nuevos entrantes, la decisión de incursionar en un nuevo mercado o la de
enfrentar la aparición de productos sustitutos. El negocio o empresa puede
haber adoptado una estrategia genérica determinado y adoptar además, una
o más estrategias competitivas, según las situaciones que deba enfrentar.
Este tipo de estrategias pueden ser: De disuasión; ofensivas; defensivas y de
cooperación o alianzas.
(c) Estrategias Funcionales: Dan dirección a las actividades que
realizan cada una de las áreas operativas de la empresa, lo cual
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permite poner en ejecución la estrategia gerencial. Esta surge a
partir de la introducción del concepto de cadena de valor de Porter
(citado en Hill y Jones, 2006), se suele agrupar de la siguiente
manera: mercadeo, producción, suministros, tecnología, gestión del ta lento
humano y financiera.
2.1.1. Factores que estratégicamente intervienen en el desarrollo del gobierno electrónico
A los fines de explanar la fundamentación teórica que da soporte a la
dimensión anteriormente enunciada, se presentan de manera individual, cada
una de los indicadores, soportados en los diferentes autores que han escrito
al respecto, en los siguientes términos:
2.1.1.1. Tecnológicos
Explicar cómo afectan cada uno de los componentes de los factores
tecnológicos analizado en este estudio, el desarrollo e implantación del
gobierno electrónico en las organizaciones universitarias, es la finalidad de
los párrafos que a continuación se señalan.
2.1.1.2. Accesibilidad
Para Hassan (2006, p. 7), es un atributo de calidad referido a la
posibilidad de que el sitio web pueda ser accedido y usado por el mayor
número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del
usuario o del contexto de uso.
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En un análisis de los sitios web desde su perspectiva comunicativa,
como indica García Gómez (2004), la accesibilidad se preocuparía más de
que el canal de comunicación funcione a la perfección, mientras la usabilidad
de que ese mensaje se perciba y aprehenda correctamente, no teniendo
demasiado sentido una sin la otra. Prosigue el autor afirmando que, la
accesibilidad se refiere a la posibilidad de «acceder», por lo que si un usuario
no puede hacerlo y consecuentemente no puede usar el sitio web, sentirá
frustración. En cambio, si un sitio web es accesible, y por tanto no provoca
frustración, esta cualidad pasa desapercibida al usuario.
2.1.1.3. Equipos
Para Caldevilla (2010, p.62) las llamadas “nuevas tecnologías”, han
cambiado la forma de entender la comunicación a todos los niveles. Gracias
a los equipos ordenadores y a un fenómeno de los últimos tiempos llamado
“internet”, se puede dar una comunicación punto a punto con cualquier
terminal informática del mundo en tiempo real, y para ello es necesario contar
con equipos actualizados, en condiciones optimas y con los programas
computacionales adecuados a la función que deben cumplir.
2.1.1.4. Actualidad tecnológica.
Lopez et al (2007, p.11) señalan que para ser competitivas las
empresas tienen que implantar las tecnologías de la información que les
permitan el fomento de la interacción con los grupos clave: clientes, socios,
proveedores y empleados.
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Prosiguen los autores afirmando, que aun cuando la tecnología en sí misma no asegura ventajas competitivas, la forma de integrarla en el negocio y en el modo de hacer las cosas dentro de la empresa si se configura como una nueva fuente de valor, diferenciación y competitividad, ya que permite innovar, integrar los procesos de la empresa y transformar el conjunto de la organización. Por tanto, la fuente de valor no está en la tecnología, sino en la habilidad para integrarla en la empresa y convertirla en un instrumento de innovación. (p.11)
En este sentido, al extrapolar al ámbito educativo, lo afirmado por los
autores con anterioridad, es posible asegurar que en las organizaciones
universitarias objeto de estudio, esta premisa se cumple, no obstante la
actualidad tecnológica como factor estratégico, en función de la
obsolescencia de este tipo de infraestructura no puede mantenerse, por
condiciones existentes con respecto a los recursos financieros. También
aclaran Lopez et al (2007) que:
Las tecnologías se suceden en varios conjuntos de industrias sustituyendo a las del ciclo anterior como motores del progreso tecnológico. Estos cambios tecnológicos se aceleran cuando el conjunto de tecnologías que han emergido conjuntamente y se habían expandido declinan, disminuyendo las oportunidades de desarrollo. Este proceso termina con una nueva ola de innovaciones que destruyen la vieja forma de hacer las cosas y generan un nuevo proceso de crecimiento. (p.13)
Lo expresado denota la importancia de que las organizaciones se
mantengan actualizadas, de allí, que la palabra clave en este factor
estratégico es cambio, ya que para poder ser competitivo se hace
necesario cambiar tecnología, forma de producir (incluso el conocimiento), la
cultura, los valores y adaptarse rápidamente a los cambios que se van
generando día a día.
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2.1.1.5. Disponibilidad de internet
Capanegra (2002, p.51) al hacer un análisis sobre el tema, asegura que
una primera alternativa la constituye el acceso a los servicios públicos a
través de Internet desde el domicilio del usuario del servicio. Este medio es
muy utilizado en países desarrollados y es poco empleado en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, como los países latinoamericanos,
en los cuales la tecnología y las comunicaciones no han penetrado en forma
masiva en los hogares. De allí que el uso de Internet, como medio, implica
que cada familia debe poseer una computadora personal conectada en su
domicilio, hecho que lleva implícito diferenciaciones sociales, económicas y
culturales para acceder a una prestación pública.
Continua el autor referenciado señalando, que esta brecha digital entre ricos
y pobres, se potencia aún más debido a que muchos servicios se obtienen a
través de pagos electrónicos, lo que ineludiblemente lleva a que cada beneficiario
debe estar bancarizado para que le sea debitada la prestación. La ventaja
para el usuario de utilizar esta alternativa radica en que dispone de un servicio
desde su domicilio sin necesidad de trasladarse a ninguna dependencia pública y
de una alta disponibilidad horaria: las 24 horas del día, los 365 días del año.
2.1.1.6. Jurídicos: Leyes y reglamentos
Cendros, Durante y Fermín (2004) señalan: en Venezuela se observan
intentos para incorporarse a esa sociedad de la información, en términos
jurídicos, se han hecho importantes avances para crear las condiciones
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propicias que impulsen el gobierno y la democracia basada en las TICs.
observándose varios instrumentos legales que soportan esas condiciones, así
por ejemplo: El Decreto 825, El Decreto con fuerza de Ley de Registro Público y
del Notariado, La Ley Especial contra Delitos Informáticos, entre otros.
En tal sentido, puede afirmarse que el marco jurídico venezolano es
propicio para el desarrollo de gobiernos electrónicos, las limitaciones legales no
son determinantes para que no se produzca ese desarrollo. Pudiera en todo
caso promoverse decretos y ordenanzas, a nivel de Alcaldías y Cámaras
Municipales, que impulsen el gobierno electrónico facilitando, a nivel de los
gobiernos locales, la participación ciudadana a través del uso de las TICs.
Por otro lado, en la dimensión legal – tecnológica, a nivel mundial se
han desarrollado importantes sistemas en materia catastral que valorizan las
TICs para el registro, control y valorización de las tierras. Existen
experiencias en la implantación de sistemas automatizados de catastro con
resultados positivos. Panayiotou (2003).
2.1.2. Estrategias que impulsan el desarrollo del gobierno electrónico
2.1.2.1. Económicas
Capanegra (2002, p.19) al referirse a este punto, señala que al
simplificarse y flexibilizarse los trámites administrativos por el empleo
intensivo de tecnologías de información se abaratan los costos operativos de
los organismos públicos para producir bienes y servicios. Por ello, una
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política de gobierno electrónico facilita transformaciones y reestructuraciones
profundas del sector público que reducen tiempos y recursos para satisfacer
las mismas demandas en cantidad y calidad.
Por lo tanto, este aumento de productividad reduce en términos monetarios
el gasto público, lo que posibilita trasladar este beneficio a los contribuyentes o a
la sociedad en general cuando paga una tasa por una prestación determinada.
Además disminuyen también los costos inherentes al transporte del ciudadano a
las oficinas públicas, los costos de horas laborales perdidas para tramitaciones
que tradicionalmente se producen por largas colas de espera, o por complejos
circuitos administrativos, con muchos requerimientos preestablecidos que
motivan concurrencias recurrentes y reiteradas a los organismos públicos en
búsqueda de información.
2.1.2.2. Sociales
De acuerdo a lo planteado por la OECD (2003) como estrategia
impulsora, el gobierno electrónico puede ayudar a crear confianza entre el
gobierno y los ciudadanos. Aspecto este que es fundamental para alcanzar
una buena administración. Con esta estrategia las tecnologías de la
información y la comunicación fortalecen esa confianza posibilitando el
compromiso ciudadano en el proceso de decisión política, promocionando, a
su vez, un gobierno abierto y responsable y ayudando a prevenir la
corrupción. Más aun si se superan los límites y los problemas encontrados.
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Por analogía esta apreciación puede trasladarse al campo educativo,
específicamente a las organizaciones universitarias, sobre todo las públicas,
ya que el desarrollo del gobierno electrónico podría reemplazar los métodos
tradicionales de suministro de información, consultas y participación,
haciendo más expeditos los procesos administrativos. Y este hecho en
particular, incide de manera directa y particular en los cambios sociales que
podrían ser generados a partir de su implementación.
2.1.2.3. Culturales
Los cambios de éxito deben estar basados en una profunda comprensión
del comportamiento cultural y territorial de los usuarios del servicio. Las métricas
tradicionales, tales como la cuenta de páginas web, vistas o accesos de
visitantes no son suficientes. Monitorizar y analizar las políticas de uso, los
volúmenes de tráfico, lo que gusta o no a los usuarios, sus satisfacción y
actitudes hacia el uso de datos, la variación estacional, la descomposición de la
audiencia, correo electrónico y realimentación, así como el uso de técnicas de
búsqueda, son elementos importantes para entender como los usuarios
consumen servicios electrónicos y es precisamente en estos elementos donde
se refleja el aspecto cultural del usuario del servicio.
De allí, que este análisis debe alimentar directamente el desarrollo, la
implementación y prestación del servicio, a los fines que se ajusten lo mas
posibles a las expectativas de los usuarios, en correspondencia con los
factores culturales. (OECD. 2003)
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2.1.2.4. Territoriales
Piñero et al (2007), asegura que siendo la información y el conocimiento
ejes centrales de la nueva sociedad emergente, no cabe duda que el
sustento que los alimenta y mantiene sea la triada que forman los vectores
del aprendizaje, la instrucción y la educación. No es de extrañar entonces,
que las instituciones de educación superior estén apostando decididamente
por las TIC a partir de revisión y replanteamiento de los modelos educativos
implementados hasta ahora.
Es por ello que la introducción y desarrollo de las TIC plantean nuevos
retos de crucial relevancia al mundo educativo universitario que obligan a
asumir y decidir una diversidad de respuestas y alternativas; tales retos son
para Rama (2005) equiparables a los “shocks” denominados por Alvin Toffler,
al referir que:
El impacto de las nuevas tecnologías, está cambiando el panorama global, permitiendo acortar las distancias al expandir la educación fronteriza, generar la educación virtual y viabilizar no sólo una práctica pedagógica y una educación no presencial, sino la expansión de la sociedad del conocimiento asociada a la autopista de la información para todos los intangibles, y destacadamente, para la Educación Superior (p. 189-190).
Concluye Piñero et al (2007) afirmando que esta es una de las razones por
las cuales un número cada vez mayor de universidades en todo el mundo está
exigiendo la alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus
exámenes de acceso y de graduación, por considerar que es un objetivo esencial
preparar a los futuros profesionales para la era digital en los centros de trabajo.
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2.1.3. Estrategias que limitan el desarrollo del gobierno electrónico
En este aparte es necesario hacer una revisión sobre los diferentes
referentes teóricos que soportan los puntos esbozados, a los efectos se hace
en los siguientes términos:
2.1.3.1. Económicas
Cendros et al (2004) señalan que cualquier estrategia de implantar
Gobierno Electrónico requiere de inversiones, relativamente grandes, por lo
costoso que le resulta al país la importación de tecnología y el consiguiente
mantenimiento requerido para la sustentabilidad del proyecto.
De igual forma, Frick (2008, p.21) complementa lo expresado por
Cendros et al (2004), enumerando dentro de las estrategias que limitan,
las siguientes:
1. Costo del desarrollo de los e-servicios
2. Costo de la provisión de servicios en canales múltiples
3. Costo de la implementación de las leyes y regulaciones relativas al
gobierno electrónico
4. Dificultad de demostrar los beneficios a largo plazo.
Con respecto a lo señalado, puede mencionarse que las organizaciones
universitarias en general y las objeto de estudio en particular, tienen fuertes
limitaciones económicas para desarrollar algunos proyectos de investigación
y desarrollo, entre ellos la implementación del gobierno electrónico. Aun
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38
cuando se han formulado estrategias para alcanzar la meta, a través de la
participación en convocatorias internacionales, nacionales, regionales y en
algunos casos hasta locales, a través de las cuales puedan obtener los
recursos necesarios para operativizar esa propuesta.
2.1.3.2. Sociales
Dentro de las estrategias que limitan la implantación del gobierno
electrónico en las organizaciones, desde el punto de vista social, se tiene:
1. Diferencias entre las tradiciones administrativas y los procesos
internos de estas organizaciones
2. Resistencia al cambio
3. Coordinación entre niveles nacionales, regionales y locales
4. Falta de apoyo político al e-gobierno
5. Deseos de evitar cambios en servicios que funcionan bien.
(Frick 2008, p. 21)
2.1.3.3. Culturales
Frick (2008) al referirse a las estrategias que limitan desde el punto de
vista cultural, menciona:
Hubo problemas en materia de la cultura de las personas porque antes no había una forma de comprar en la cual no había una cámara mirando, un “gran hermano”. No tenían que dar tantas explicaciones, ocupaban menos tecnología y no tenían que utilizar técnicas modernas. Por cierto que ha sido un cambio drástico, traumático para una buena cantidad de gente. (p.31)
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39
Y prosigue afirmando, lo mismo en las empresas, que estaban
acostumbradas a vender de cierta manera al Estado y que tuvieron que
cambiar sus prácticas de forma relativamente rápida. Muchas no estaban
preparadas para Internet o tenían otra lógica de compras al Estado: por
teléfono o mediante vendedores que visitaban la administración pública…
una cosa muy tradicional. Claro que , muchos de aquellos que tenían esta
cultura muy arraigada hasta el día siguen así. Pero la mayoría ha
desarrollado mucha destreza, que era uno de los temores y mitos que había
Si se analiza lo expuesto por la autora referenciada con anterioridad, es
posible agregar que justamente uno de los factores que influye drásticamente
en ese cambio cultural, que requiere la implantación del gobierno electrónico, es
precisamente el educativo, porque si una organización, independientemente sea
pública o privada, no cuenta con un personal capacitado, formado en el área, la
implementación del sistema se hace muy difícil.
También, Salamanca (2007) hace referencia a este aspecto
ejemplificando con una experiencia analizada en Chile, al respecto señala:
El grueso de los esfuerzos y recursos para incorporar a Internet en la política se ha orientado a perfeccionar la gerencia del Estado para mejorar la calidad de las prestaciones y el acceso a ellas, y reducir sus costos. Esto ha implicado dejar de lado los factores socioculturales que influyen en la relación ciudadano/gobierno electrónico. Entre esos factores figuran desde la percepción inicial que tiene una persona sobre los servicios públicos (utilidad, cercanía, confianza) hasta la capacidad de usar la información disponible en línea y hacerla eficiente. En efecto, cada ciudadano tiene una “historia personal” con el aparato estatal (tradicionalmente a través de la atención en ventanilla) que incide en cómo demandará más o menos información, servicios, respuestas, atenciones.
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La ausencia de lo físico en las relaciones que se construyen a través de
cualquier dispositivo electrónico otorga una mayor importancia a los aspectos
socioculturales. Por eso, la política pública en materia de gobierno
electrónico debe considerar esos aspectos para mejorar su efectividad en los
sectores excluidos de la población.
2.1.3.4. Territoriales
Lévy (2002) plantea:
Una de entre las más importantes alteraciones del espacio urbano que promueven las nuevas tecnologías es la propia configuración territorial. La ciudad como espacio de acumulación e intercambio económico, como base de la interacción y vinculación social y como unidad próxima y cercana al ciudadano de administración pública hoy está siendo transformada por las redes de telecomunicaciones. La nueva urbe, las formas contemporáneas, y hasta extemporáneas, de ciudadanía son incluso redefinidas hoy en el ciberespacio. Si la ciudad es la memoria interconectada de la cultura moderna en la medida en que alberga el gobierno de la sociedad civil, el ciberespacio representa una prolongación de lo urbano que amplía e intensifica las condiciones de reflexividad social del desarrollo moderno, política y culturalmente. En este sentido, una de las principales transformaciones asociadas a las TICs es que modifican la distinción de lo local y lo global, transformando las formas de participación ciudadana mediante la construcción de comunidades conectadas. Este proceso de implosión y desterritorialización replantea las cercanías y pertenencias, los marcos territoriales locales y las distancias para establecer un criterio de delimitación y ordenamiento distintos. (p.159).
Como puede observarse en lo expresado por esta autora, la
implementación e incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación a los diferentes procesos organizacionales, hace posible la
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interconexión no solo entre comunidades, sino también entre naciones. No
existen fronteras para comunicarse y esto contribuye significativamente a
fortalecer la sociedad del conocimiento.
2.2. Gobierno Electrónico
Los primeros pasos para implantar lo que se denomina E – Goverment
o Gobierno Electrónico se dan a finales de la década de los noventa,
denominado inicialmente Gobierno Virtual, sin embargo la palabra virtual se
ha ido reemplazando por conceptualizaciones más tangibles y propias del
mundo tecnológico. La virtualidad se asocia a algo que no existe, y se
ha ido llevando hacia el mundo de lo irreal, virtualidad implica el uso de un
artificio que simula la existencia de objetos o la ocurrencia de hechos irreales
o ficticios, o que posibilita la presencia de personas reales pero distantes, en
sitios y momentos en los que suceden eventos reales (Pratchett, 1999).
Podrían clasificarse los mundos virtuales en dos grandes grupos: a)
Simulación virtual, que implica sistemas que procuran dar la ilusión más
convincente posible de inmersión funcional dentro de un mundo sintético, b)
“Televirtualidad”, el cual implica sistemas que representan situaciones reales,
alejadas o inaccesibles; son las aplicaciones de telemedicina, tele educación,
aula virtual, casa virtual, etc., agrupadas bajo el rótulo de “«tele presencia»”
Joyanes (1997, p.3).
El concepto de Gobierno Electrónico se identifica por el uso de las
nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)
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42
expresado hacia lo tangible e identificable dentro de las funciones de la
gestión pública. El Gobierno Electrónico es el uso que hacen, de las
modernas tecnologías de la información y comunicaciones, los órganos de la
administración pública, en particular Internet para mejorar los servicios e
información ofrecidos a los ciudadanos, incrementar la eficiencia y la eficacia
de la gestión pública, proveer a las acciones del gobierno un marco de
transparencia y crear mecanismos para facilitar la participación ciudadana en
la toma de decisiones de la gestión pública.
En el ámbito conceptual Cabanellas (1981:434) define el Procedimiento
Administrativo Electrónico como la serie de actos y diligencias que regulan el
despacho de los asuntos ante la administración pública mediante el empleo
de las TICs. Con esta definición se establece un pilar fundamental para el
concepto de Gobierno Electrónico ya que precisa un punto de inicio en las
actividades que el ciudadano realiza generalmente frente a la gestión pública,
identificando la presencia del proceso como parte de la definición y de la
importancia que éste tiene.
Por su parte, Reilly (2002) define el Gobierno Electrónico, como los
complicados y cambiantes esfuerzos dirigidos a utilizar las nuevas y
emergentes tecnologías para apoyar la transformación de la operatividad y
efectividad del gobierno. Este autor, afirma que el uso de la tecnología es la
herramienta más valiosa para alcanzar niveles de eficiencia y funcionalidad
en la gestión de gobierno; en este sentido el autor expone además que la
Democracia Electrónica (E–Democracy) es el uso de las TICs para facilitar la
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participación de los ciudadanos en los procesos democráticos, implicando la
creación de relaciones entre los actores sociales, incluido el gobierno.
Granados (2002) aporta su definición del GE (E–government) como el
uso de las TICs (por el gobierno) para modernizar el estado por lo cual se
dstaca la importancia de los aspectos organizacionales necesarios para
implantar el GE. Así mismo (Osborne y Gaebler, 1992) afirman que el
proceso modernizador pasa por cambiar estructuras, mejorar procesos y
hacer un uso adecuado de la tecnología para hacer más eficiente el aparato
del estado y más participativa a la comunidad en la gestión pública.
Otros estudios más recientes realizados por Gartner Group (2000) y
Ferguson (2000) citado por Criado, et al. (2002), definen el Gobierno
Electrónico como la optimización continua de la prestación de servicios de
gobierno, participación ciudadana y “gobernanza” por la transformación de la
relaciones internas y externas a través de la tecnología, Internet y los nuevos
medios. Considerando de manera preponderante el cambio, la
transformación institucional y la articulación de consensos entre aquellos
intereses fundamentales para lograr el éxito del proyecto.
2.2.1. Causas que han obstaculizado la implantación del gobierno electrónico
Para Urdaneta et al (2005), la alta tecnología y el potencial humano son
el desafío y la aventura mayor que la humanidad encara hoy (Granero,
2002:55). Por ello, cada vez que las instituciones sean gobierno o sector
privado ofrezcan nuevas tecnologías a los usuarios o a los empleados,
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tendrán que hacerlo como parte componente de un todo, en el que está
presente una respuesta humana; si no lo hacen, la gente tratará de crear una
propia, o de rechazar la nueva tecnología y esto se observa en la resistencia
al cambio frente a la automatización.
Es necesario además, de aprobar el acceso a Internet u otras redes
telemáticas, lograr alfabetizar digitalmente a la población latina, al menos en
un 80%, y se sabe que alrededor del 60o/G de los territorios
latinoamericanos nuca han tenido una computadora; de igual forma es
necesario más que una participación popular como se indicaba en el caso del
voto electrónico, o páginas con contenido meramente informativo-teórico, es
más bien la oportunidad de debatir temas como la corrupción, el abuso de
poder y la desinformación, lo que garantizará que la red global acerque la
democracia a los pueblos.
En resumen se tienen a continuación algunos obstáculos para instaurar
un gobierno electrónico:
Obstáculos Deficiencia en la infraestructura tecnológica y física para la instauración de un gobierno en línea.
Falta de coordinación y comunicación entre los diferentes organismos gubernamentales.
Inestabilidad política y Recesión económica.
Existencia de una mayoría de ciudadanos analfabetas tecnológicos.
Carencia de regulación que proteja los datos que circulan en la red y la inexistencia de planes y políticas estratégicas de modernización desde el gobierno.
Fuente: Urdaneta, Fernández y Govea (2005)
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45
2.2.1.1. Equipamiento y conexión
Salamanca (2007, p. 7) hace referencia a que la ausencia de una política
digital desde los gobiernos es la barrera inicial en el desarrollo del gobierno
electrónico. Si existen precarias políticas públicas en materia digital, existirán
problemas en el diseño e implementación del gobierno electrónico, así como
también una baja absorción de la oferta por parte de la ciudadanía. Asimismo,
continua la autora como toda tecnología, Internet adquiere valor en razón del
uso instrumental y significativo que las personas hacen de ella. En ese sentido,
a los gobiernos les cabe una amplia responsabilidad en la orientación del uso
que puede darse a Internet para fortalecer a las democracias.
Según Grosvald (1999) citado por Salamanca (2007) el gobierno electrónico
[…] incluye todas aquellas actividades basadas en las nuevas tecnologías informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno de un marco mucho más transparente que el actual, tanto en las aplicaciones internas como las externas de las tecnologías de información y las comunicaciones en el sector público.
Lo anterior implica dos vías de comunicación básicas: por un lado, los
gobiernos obtienen información sobre la población, y por otro, generan
información para un nivel básico en el proceso de toma de decisiones. Por lo
tanto, hay una serie de factores que determinan el acceso y uso de las TIC.
Tal como lo sostiene el primer libro del Diálogo Regional sobre la
Sociedad de la Información, el concepto de pobreza digital se entiende como
la carencia de uso y consumo de las TIC por falta de acceso, de
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46
conocimientos o de ingresos. En consecuencia, es un concepto
multidimensional. (p.8)
De lo señalado por los autores referenciados es importante acotar que
tanto el equipamiento como la conexión, son factores de vital importancia a la
hora de implantar el gobierno electrónico, porque precisamente es una de las
principales causas que han obstaculizado ese desarrollo.
2.2.1.2. Formación del personal
Tal como lo plantean García y Pinto (2005) las universidades por
mandato de la ley, tienen el compromiso y la obligación de formar el potencial
humano que con visión de futuro será el encargado de dirigir el país en todos
los órdenes: salud, educación y economía. Por lo tanto el personal que
trabaja o desarrolla del sistema, debe contar con un perfil profesional
actualizado, innovador y creativo, en consonancia con los nuevos retos a los
que las TIC la obligan, que a su vez, le permita impulsar la misión de la
organización, con criterios de calidad y excelencia.
La universidad se encuentra ante nuevos procedimientos incorporados a
los quehaceres académicos tradicionales, tales como, el aprendizaje en línea o
e-learning, aprendizaje colaborativo, autoeducación, autoformación, aulas
virtuales, tele clases o tele conferencias, redes de aprendizaje, redes de
investigación, bibliotecas digitales, revistas académicas electrónicas, entre otros.
Tal como lo expresa Lavados (2001; referido por García y Pinto, 2005)
la potestad de convertir la información en conocimiento es una de las
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funciones tradicionales de la universidad a través de la investigación. Esta
labor, sin embargo, también pueden realizarla otras instituciones. Pero, la
utilización del saber, requiere de la convergencia de disciplinas científicas y
humanistas y de una capacidad académica que sólo tiene la universidad.
Piñero et al (2007) sostiene que en Venezuela, son muchas las
universidades que ya han iniciado o están en franco proceso de avance del
proceso de virtualización educativa, especialmente dirigido hacia los
procesos vinculados con la docencia.
Por lo que no es raro encontrar como el sistema educativo superior ofrece
a través de sus portales una gran disparidad de desarrollo en plataformas de
gestión del conocimiento, también denominadas plataformas educativas, que se
constituyen como programas integrados (cursos en línea, diplomados, cursos de
pregrado, programas de postgrado asignaturas, tutoriales) con los consecuentes
componentes de contenidos sustantivos educativos y sus correspondientes
materiales, mecanismos de evaluación, herramientas de comunicación (como el
correo electrónico o los foros), así como instrumentos a disposición del alumno
para que desarrolle sus potenciales capacidades de autoaprendizaje y
maduración cognitiva e intelectual.
2.2.1.3. Promoción de servicios administrativos en línea
Curci La Roca (2003) asegura “llama la atención la variedad de los
resultados en cuanto a las otras estructuras, procesos y espacios u objetos
que se encuentran en línea, además de los programas académicos virtuales
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48
ofrecidos. Entre los cuales resaltan los bajos porcentajes presentes en los
procesos y servicios vinculados con la “gestión de la educación virtual”; a
saber” (p. 42).
En tal sentido, se tiene: noticias e información: 89%, Inscripciones: 74%,
Pruebas de ingreso a la institución: 11%, Pagos de matrículas y de otros
servicios académicos: 42%, Planeación Académica de los Programas
(determinación de requisitos, créditos, asignación de docentes, salones,
horarios, cargas académicas): 63% , Elaboración y registro académico de los
programas de estudio por parte de los estudiantes: 32%, Histórico de notas
de los estudiantes: 42%.
Asimismo, enlaces permanentes con bases bibliográficas: 68%
Biblioteca virtual propia (se han digitalizado y puesto al servicio los textos
fundamentales para consulta virtual): 47% , Secretaría Académica Virtual
(para la solicitud y elaboración de certificados, trámites, elaboración de cartas
y etiquetas: 11%, Gestión de Docentes (para administración de los horarios,
cargas de los docentes, tipo de funciones que realiza): 37%, Planeación y
gestión financiera de los programas y de la institución: 21%, Manejo de los
programas como Centros de Costos: 11%, Elaboración de Reportes
Estadísticos y tablas: 37%, Servicios de Banca virtual: 16% y Comercio
electrónico: 11%.
En relación a este último aspecto, es necesario considerar el papel que
las Tecnologías de la Información y Comunicación, han operado en la
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49
transformación sobre los procesos de gestión académica y administrativa, a
través de las respectivas unidades de gestión, siendo las primeras que de
manera rutinaria incorporaron en sus tareas, innovaciones generadas por
estas herramientas. Tal como lo expresa (Torres Alvero, s.f.). Justamente
una de las organizaciones más innovadoras en materia de servicios
administrativos son las universidades.
2.2.1.4. Sistemas integrados de información
Para Piñero (2007) son incontables las posibilidades y el abanico de
oportunidades que el gobierno electrónico traería a la modernización de la
gestión universitaria. En este sentido, tanto los requerimientos como los
factores deben ser integrados al proceso de una cultura tecnológica,
adecuada al entorno en la cual la tecnología debe formar parte integral del
pensamiento y acción del potencial humano en la búsqueda de una
universidad más cercana, más productiva y competitiva. Una universidad de
servicio, que facilite los procesos de intercambio e interacción entre todos los
actores que de una u otra forma tienen que ver con ella.
De allí, que lograr un sistema de información integrado repercutiría en
los procesos administrativos que en este tipo de organizaciones se cumplen,
mejorando la gestión de una manera efectiva, al mismo tiempo que generaría
una cultura de atención de calidad al usuario, ya que al asumir
responsablemente el proceso estaría siendo transparente en sus actos.
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50
2.2.1.5. Fundamentación legal del gobierno electrónico en Venezuela
Art. 108 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
donde se establece lo siguiente:
Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.
El Estado como tal está en el deber de facilitar todos los servicios
públicos colocándolos a disposición de los ciudadanos para así mantenerlos
informados de cualquier suceso o evento. Igualmente en el mismo texto del
artículo anteriormente mencionado, se puede observar que el Estado
venezolano da prioridad de forma constitucional el uso de la informática a fin
de garantizar a todos sus ciudadanos el acceso universal a la información, de
allí que es posible inferir que los gobiernos electrónicos al estar
implícitamente relacionados con informática, permite determinar que esta
nueva forma de interactuar con los ciudadanos tendrán una garantía
prioritaria por parte del Estado.
No obstante a lo expresado, la Constitución venezolana en su articulado
establece un mecanismo de control para el uso ilimitado de la informática al
establecer en el artículo 60 ejusdem “que el estado podrá limitar su uso para
así garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y
ciudadanas en el pleno ejercicio de sus derechos.
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51
Por otro lado, el Art. 110 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela señala:
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.
En correspondencia con lo planteado Urdaneta, Fernández y Govea
(2005) agregan: El citado artículo, amplia el fundamento jurídico
constitucional que tiene la aplicación de las nuevas tecnologías en la
administración pública ya que en el mismo se reconoce el interés público que
el Estado dará a la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos
fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país.
De igual forma, el texto comentado establece que el estado venezolano
conjuntamente con la empresa privada garantizaran recursos suficientes para
que estas áreas (la ciencia, la tecnología, los servicios de información entre
otros) se desarrollen suficientemente, razón por la cual con esta norma se
estaría estableciendo un marco normativo propicio desde todo punto de vista
(jurídico-económico) para el desarrollo e implantación de los gobiernos
electrónicos en Venezuela.
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Así mismo el Art. 141 Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela plantea:
La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.”
También, el Art. 143 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela que trata sobre el derecho a la información deja claro que:
Los ciudadanos y ciudadanas tiene derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienes acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Además del marco constitucional mencionado anteriormente en
Venezuela se han promulgado leyes que ayudan a fortalecer el marco
jurídico de aplicación de los gobiernos electrónicos, como por ejemplo:
a) La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que crea el Fondo de
Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL),
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT).
b) El Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, de
fecha 28 de febrero de 2001, que tiene por objeto otorgar y reconocer
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53
eficiencia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al mensaje de datos y a toda
información inteligible en formato electrónico, independientemente de su
formato material así como regular todo lo relativo a los Proveedores de
Servicios de Certificación Digital.
c) La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la
misma el MCT coordina las actividades del Estado que en el área de
tecnologías de información fueren programadas, actuando como un
organismo rector del Ejecutivo Nacional.
d) El Decreto Presidencial 825 promulgado en fecha 10 de mayo de
2000, y publicado en gaceta oficial en fecha 22 de mayo de 2000; el cual
considera factores contemplados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce como de interés público la
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, sus aspiraciones y los
servicios de información.
e) La Ley Orgánica de Administración Pública Nacional, la cual señala
en su artículo 12: “... a fin de dar cumplimiento a los principios establecidos
en esta ley los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar
las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios
electrónicos, informativos y telemáticos, para su organización,
funcionamiento y relación con las personas...”.
f) Decreto Legislativo con rango de Ley No. 1290 de fecha 30 de agosto
de 2001, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación cuya exposición
de motivos indica que la tercera revolución industrial se sustenta
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principalmente en la microelectrónica, la informática, las redes de
comunicación, la biotecnología y la masificación masiva de conocimientos, es
decir las nuevas tecnologías, para producir de manera flexible un conjunto
cambiante de bienes y servicios.
2.3. Responsabilidad Social
Para Ibarra (2006 p. 128), se valora el conocimiento universitario, se
reconoce la autonomía de la cátedra, se percibe la cultura universitaria como
un bien social, así como la necesidad de la certificación universitaria de los
conocimientos y habilidades en el ejercicio de muchas actividades
productivas. Este autor señala que la universidad ha desarrollado una serie
de nuevas funciones económicas, políticas y culturales, que son cada vez
más intensas y que la enlazan de manera diferente con la sociedad.
La universidad es una herramienta fundamental de movilidad social
ascendente, ha jugado el papel de masa crítica y genera producción de
cuadros superiores y medios para ocupar los puestos de dirección en las
instancias más importantes de la sociedad.
Sin embargo, puede afirmarse que así como la sociedad vive una
contradicción durante un proceso de mutación, también la universidad se
encuentra inmersa en inevitables paradojas, en gran medida relacionada con
la tendencia mundial, que marcan grandes diferencias entre los países en el
nivel terciario de la educación.
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De igual forma, la Responsabilidad Social Universitaria ha sido un tema
muy debatido dentro del marco problemático que envuelve a las instituciones
universitarias; surge como un paradigma y como tal no está del todo
claramente definido y comprendido. Autores como Cavero (2004), citado por
Pelekais y Aguirre (2008), establecen que la Responsabilidad Social
Universitaria es un enfoque ético del vínculo mutuo entre universidad y
sociedad, un compromiso moral irrenunciable, a la par que genera un nuevo
conocimiento relevante para la solución de los problemas sociales, permite la
aplicación directa del saber científico y tecnológico, así como una formación
profesional más humanista.
Otra de las definiciones, es la de Vallaeys (2003), quien la define como
la gerencia ética e inteligente de los impactos que genera la organización
universitaria en su entorno humano, social y natural. Este autor reflexiona al
respecto que, al igual que las empresas que han debido superar el enfoque
benéfico de la inversión social para entenderse a sí misma bajo el nuevo
paradigma de la Responsabilidad Social, la Universidad trata de superar el
enfoque ejercido bajo la figura de la proyección social y la extensión
universitaria, como complementos a su función central de formación
estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria.
Bajo este enfoque las universidades han de desempeñar un rol social y
moral definitivo en la formación profesional, en la transformación de su medio
ambiente, entre otros aportes; para lo cual requieren cultivar un
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56
comportamiento ético basado en valores, como herramienta de gestión que
hoy se cristaliza en el resurgir de la Responsabilidad Social. Hecho éste que
involucra no solo a la organización universitaria como productora de
conocimiento, sino también a la familia y al entorno en el que se
desenvuelven cada uno de los grupos de interés.
En este sentido, se demanda que las acciones y proyectos de
responsabilidad social puestos en práctica por las Universidades, respondan a
las necesidades tanto internas como las de los actores de su entorno, a través
de la creación de planes dirigidos al crecimiento y fortalecimiento plural de sus
conocimientos y capacidades de desempeño, mediados por la facilitación de
conocimientos que puedan proveer las instituciones educativas bajo una
estrategia de ganar-ganar. Por ello la implementación de estrategias de
gobierno electrónico, debe realizarse bajo la óptica de la responsabilidad social.
2.3.1. Acciones de la Responsabilidad Social Universitaria
La Responsabilidad Social es un modo de gestión integral de la
empresa u organización, que se puede caracterizar como Gestión de
Impactos (humanos, sociales y ambientales), que la actividad de la
organización genera, en un esfuerzo constante por abarcar y satisfacer los
intereses de todos los afectados potenciales. (Cohen, 2006)
Definiendo cuáles son los impactos de la organización universitaria: Los
dos principales propósitos de la Universidad son ante todo (1) la formación
humana y profesional (propósito académico) y (2) la construcción de nuevos
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conocimientos (propósito de investigación), sabiendo que estos dos fines se
relacionan estrechamente: es a partir de las investigaciones de sus
profesores que la Universidad construye los contenidos académicos que se
transmiten a los estudiantes para su formación.
Es oportuno denotar que la Universidad no está naturalmente destinada
a jugar un papel de ONG de Desarrollo, ni de substituto del Estado en el
alivio de la pobreza, por lo que su “Responsabilidad Social” no puede ser
confundida con la de dotarse de una oficina de ayuda social. Las acciones se
pueden dividir en cuatro: funcionamiento organizativo, educativo, cognitivo –
epistemológico y lo social, las cuales se definen en los siguientes términos:
Funcionamiento Organizacional: Como cualquier organización
laboral, la Universidad genera impactos en la vida de su personal
administrativo, docente y estudiantil (que su política de Bienestar social debe
de gestionar) y también contaminación en su medioambiente (desechos,
deforestación, polución atmosférica por transporte vehicular, entre otros).
La RSU exige, desde una visión holística, articular las diversas partes
de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos
y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión
de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos
igualmente responsables.
Educativas: La Universidad tiene por supuesto un impacto directo
sobre la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e
interpretar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en
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su vida. Influye asimismo sobre la deontología profesional, orienta
(de modo consciente o no) la definición de la ética profesional de cada
disciplina y su rol social.
La meta es capacitar a los docentes en el enfoque de la RSU y promover
entre otras estrategias el Aprendizaje Basado en Proyectos de carácter social,
abriendo el salón de clase hacia la comunidad social como fuente de enseñanza
significativa y práctica aplicada a la solución de problemas reales. Aquí se trata
de ser creativos, y de imaginar (no sólo a través de prácticas profesionales
sociales, sino también en los cursos teóricos de cada carrera) cómo el
estudiante puede aprender lo que tiene que aprender haciendo cosas
socialmente útiles y formándose como ciudadano informado y responsable. Con
lo anterior se podría fomentar la creación de talleres de aprendizaje en las
facultades, mayor articulación entre las disciplinas y mayor articulación entre la
docencia, la investigación y la proyección social.
Cognitivas Epistemológicas: La Universidad orienta la producción del
saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que se llama
socialmente verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad, utilidad, enseñanza,
entre otros” Incentiva (o no) la fragmentación y separación de los saberes al
participar en la delimitación de los ámbitos de cada especialidad. Articula la
relación entre tecnociencia y sociedad, posibilitando (o no) el control social
de la ciencia. Genera actitudes como el elitismo científico, la “expertocracia”
o al contrario promueve la democratización de la ciencia. Influye finalmente
sobre la definición y selección de los problemas de la agenda científica.
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La articulación de los planes de estudios, la investigación, la extensión y
los métodos de enseñanza; con la solución de los problemas de la sociedad.
Como objeto pilar del desarrollo de las naciones la investigación busca desde
todos sus aspectos y niveles abordar problemas que requieren soluciones,
donde las necesidades se satisfagan mediante el esfuerzo de personas,
entidades, instituciones y gremios que desde sus diferentes ópticas y
especialidades generen resultados por bien común de un contexto social, de
esta forma lo expresa Vallaeys (2007).
Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento
en todas sus formas y expresiones y promover su utilización
en todos los campos de acción de la Educación Superior, son: el de la
técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del
arte y el de la filosofía.
Sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su
desarrollo económico, social y político. No sólo tiene un impacto directo sobre
el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino que
ella es también un referente y un actor social, que puede promover (o no) el
progreso, que puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la educación
de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible (o no) el
conocimiento a todos, entre otros. Así el entorno social de la Universidad se
hace una cierta idea de su papel y su capacidad (o no) de ser un interlocutor
válido en la solución de sus problemas.
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La proyección social: la meta es trabajar con los departamentos de
investigación y los docentes de las diversas facultades para
implementar y administrar proyectos que puedan ser fuente de investigación
aplicada y recursos didácticos para la comunidad universitaria.
Dejando atrás la marginalización institucional de estas iniciativas voluntarias
humanitarias, por la debilidad de su vínculo con la formación profesional y la
didáctica universitaria.
Dado que el fortalecimiento de la identidad y de la pertenencia, suponen
el reconocimiento de los aportes constructivistas que cada actor puede
realizar a la propia comunidad, la Universidad trabaja sobre el concepto de
sostenibilidad ciudadana que implica una participación multidimensional
desplegada en un abanico que incluye trabajos de campo, intervinculación
comunitaria, convenios con organismos públicos de la esfera social,
encuentros abiertos, jornadas y otras actividades.
Esta iniciativa de trabajo aunado entre directivos, docentes, no
docentes, alumnos, graduados, organismos públicos, empresas y
comunidad, se orienta y apoya en los Niveles de Responsabilidad Social de
las Universidades, fijados por la Red Universitaria y se incluyen a las
comunidades organizadas se logra un: manejo transparente y eficiente de los
recursos disponibles, formación de los estudiantes como personas
reflexivas capaces de ver las consecuencias de su sentir, pensar y hacer en
el medio en que viven, aporte reflexivo, propositivo y práctico de la
Universidad a la sociedad.
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Para lograr estos objetivos es menester: entender cómo la Universidad
debe redefinir su rol social y comprometido, establecer un equilibrio entre las
necesidades reales de la vida personal/profesional para incidir en la
transformación de la sociedad y las organizaciones que la componen,
resolver la ambigüedad y ambivalencia de valores entre la universidad y su
entorno, acabar con la organización separada del saber en especialidades y,
al contrario, instituir el pensamiento holístico, complejo, trandisciplinario y
práctico para formar profesionales con responsabilidad y compromiso social.
A partir de la a combinación de prácticas de campo, con seguimiento
tutorial especializado y personalizado, se logra: incorporar la solidaridad
como experiencia de aprendizaje y formación profesional, trabajar en forma
paulatina para tender a la integración del concepto de Responsabilidad
Social a los documentos estratégicos de las distintas organizaciones como
parte de su visión, misión y principios.
Aumentar la conciencia ética y social, incentivando conductas éticas y
responsables dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades
desarrolladas a nivel de gestión, docencia, investigación aplicada y extensión
comunitaria (Responsabilidad Social Universitaria), se materializan con base a:
a) Desarrollo de una óptica innovadora para visualizar los problemas
emergentes y potenciales regionales, no solamente con un sesgo académico
sino utilitario y práctico.
b) Facilidad de la apertura hacia la comunidad para lograr una
alternancia entre la lógica y las necesidades de bien común.
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c) Generación de incentivos permanentes para el logro de acciones
persistentes basadas en el logro, crecimiento y proyección de metas
plurianuales concordantes con las estrategias universitarias.
d) Manejo de prácticas pedagógicas de Educación No Formal
coadyuvantes al proceso de apertura e integración de la universidad hacia
la comunidad.
Estas 4 acciones definen 4 ejes de gestión socialmente responsable de
la Universidad, las cuales Vallaeys (2007) enuncia de esta manera:
1. La gestión socialmente responsable de la organización misma, del
clima laboral, la gestión de recursos humanos, los procesos democráticos
internos y el cuidado del medio ambiente.
2. La gestión socialmente responsable de la formación académica y la
pedagogía, tanto en sus temáticas, organización curricular como
metodologías didácticas.
3. La gestión socialmente responsable de la producción y difusión
del saber, la Investigación, y los modelos epistemológicos promovidos
desde el aula.
4. La gestión socialmente responsable de la participación social en el
Desarrollo Humano Sostenible de la comunidad.
El nuevo enfoque dista mucho del modelo clásico de la Proyección
Social Voluntaria que sólo abarcaba al cuarto rubro de acciones (la acción
social). Este desplazamiento de la atención desde el exterior de la
Universidad (hacer proyectos sociales hacia afuera) hacia la gestión integral
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de la organización académica es la clave para comprender de modo maduro
lo que puede (y debería) significar la Responsabilidad Social Universitaria,
más allá de cambios cosméticos de nombre para seguir haciendo lo mismo
de siempre tal y como lo enuncia Vallaeys (2007).
Para Martínez (2008), las acciones de la responsabilidad social
universitaria son aquellas que apuntan a resultados efectivos y en
consecuencia medibles, y por lo tanto requieren la construcción de una
metodología que lo permita, fundamentada no sólo en el concepto de
Desarrollo Humano antes expuesto, sino también en el contexto más
estratégico de la consideración de los problemas sociales del país que
revelan las áreas prioritarias de intervención social asociadas al desarrollo,
las áreas de inversión social que han resultado de interés para el sector
empresarial, así como la identificación de leyes en cuyo cumplimiento se
evidencia que algunas empresas realizan aportes adicionales a lo exigido.
La responsabilidad social universitaria como estrategia permite
cualitativamente medir su actuación, evaluar permanente y sistemáticamente
su acción; sino de la misma manera, identificar aquellos programas de mayor
utilidad para la comunidad y la sociedad que han de favorecer el desarrollo
de una acción social más efectiva; corregir su desempeño y planificar nuevas
metas de responsabilidad social e informar a diversas audiencias sobre el
desempeño social de la empresa.
Los fundamentos gerenciales, se relacionan con aquellas mediciones
sociales complementarias a los balances económicos que permiten efectuar
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comparaciones en el tiempo, así como frente a otras empresas lo que les
posibilita evaluar, potenciar y divulgar los beneficios que le reporta un
balance social.
2.3.2. Políticas establecidas para la implementación de la responsabilidad social
Ascoli et al (2009, p.1) hacen referencia que con la implementación de
las políticas públicas, las empresas deben ahora considerar a los gobiernos
como interesados clave en sus estructuras de operación y cobrar más
conciencia de los esfuerzos del sector público por promover la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Asegurando que al colaborar con los gobiernos, las empresas pueden
aumentar el impacto de sus estrategias de RSE y aumentar la sostenibilidad
de sus programas. Los esfuerzos conjuntos entre sectores pueden conducir a
soluciones más eficientes a problemas sociales que preocupan tanto a las
empresas como a los gobiernos. Las empresas que toman medidas
preventivas para involucrarse en la política pública tienen una nueva
oportunidad de volverse líderes en los países donde operan y de moldear el
futuro de cómo promueven los gobiernos la RSE.
Por otro lado Chiavenato (2005) expresa que la responsabilidad social
se traduce en obligaciones que una organización asume por medio de
acciones que protejan y mejoren el bienestar de la sociedad, a medida que
tratan de satisfacer sus propios intereses, de cuyo criterio puede inferirse el
compromiso asumido por los individuos que laboran en las organizaciones.
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Extrapolando lo expresado con anterioridad, podría decirse que la
responsabilidad social en las universidades, no solo debe interesarse por
cumplir con lo establecido en las políticas legales y laborales, sino lograr el
compromiso que como organización tienen con la sociedad y con el país.
2.3.2.1. Políticas Legales
Alonso (2012) señala que en el marco de la nueva dinámica
universitaria y con el objetivo de dar fuerza a la responsabilidad social
universitaria en Venezuela, nace un instrumento legal que establece los
lineamientos jurídicos y las bases que permiten organizar e implementar la
prestación del Servicio Comunitario para todo aquel estudiante que aspire al
ejercicio de su profesión. Su nombre: Ley de Servicio Comunitario del
Estudiante de Educación Superior (ob. cit). El Servicio Comunitario queda
claramente expresado en el artículo 4 de dicha Ley, el cual lo define como:
La actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos culturales, deportivos y humanísticos, adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social... (p. 1)
Por otro lado, la responsabilidad social ha venido insertándose de
manera importante en el proceso de gestión de algunas instituciones
universitarias para consolidar un compromiso impregnado de valores, que
además de brindar soluciones a problemas exis