Capítulo EL ESTADO DE CHILE - DefensaIII DE ATACAMA IV DE COQUIMBO IQUIQUE ANTOFAGASTA ... Aparte...

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Capítulo I. EL ESTADO

Capítulo II. EL TERRITORIO NACIONAL

Capítulo III. LA POBLACIÓN DE CHILEEL ES

TADO

DE C

HILE

Parte

Chile comparte con muchos países, especialmente del continente americano, una serie de rasgos institucionales, sociales y culturales; sin embargo, también posee características que lo distinguen no sólo entre ellos, sino, en general, dentro de la comunidad de naciones. Tales peculiaridades son producto de la experiencia histórica del pueblo chileno, de su medio geográfico, de su acervo cultural y de sus tradiciones, así como de la propia evolución de las instituciones públicas desde la época en que se gestaron con la independencia nacional.

Como Estado, Chile participa en el sistema internacional al igual que otros países, pero es, precisamente, a partir de sus rasgos singulares que el Estado chileno define el modo particular en que se inserta en el mismo.

Al igual que el resto de los Estados del sistema internacional, el Estado de Chile se propone metas y objetivos. En general, los países buscan su consecución en un ambiente político caracterizado por fenómenos de cooperación con otros países y de competencia internacional. Esto requiere, cualquiera sea el caso, un esfuerzo de conducción estatal en que se coordinen los distintos organismos públicos relevantes en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas.

26Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010

EL ESTADO DE CHILE

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ítulo EL ESTADO

I.1. Principios Básicos del EstadoLa Constitución Política de la República (CPR) establece los principios que orientan el ordenamiento jurídico y político de Chile, y expresan la continuidad de la tradición republicana del Estado nacional. Se trata de principios también reconocidos por otros países que comparten las premisas del régimen democrático y del respeto a la persona humana y sus derechos, pero a los que cada país imprime su sello particular en la tarea de darles vigencia cotidiana.

En Chile existe un amplio reconocimiento de la persona humana, su dignidad y derechos, así como de las comunidades en que aquella se desarrolla, partiendo por la familia. El pleno respeto de los derechos de las personas impone al Estado las finalidades que se recogen en los Artículos 1° y 5° de nuestra Constitución (recuadro 1).

De la dignidad e igualdad inherente a todas las personas se deducen también objetivos socioeconómicos prioritarios para el país, tales como la cohesión e integración social y la superación de la pobreza.

Así como el texto constitucional reconoce derechos a las personas, también establece deberes. Entre estos, son de particular relevancia para la seguridad y defensa del país los señalados en su artículo 22°; ellos dan fundamento al concepto de que la defensa es una responsabilidad de todos los chilenos (recuadro 2).

Los principios del orden institucional republicano y democrático de Chile y los objetivos nacionales desempeñan un papel crucial dentro de los elementos en que se basa la defensa nacional. Sobre ellos se sostiene la arquitectura de la defensa y se orienta la acción del Estado en pos de la seguridad exterior del país. A partir de ellos es posible apreciar la importancia de los desafíos de seguridad que el país enfrenta en el entorno internacional y del proceso de conducción del Estado para superarlos exitosamente.


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RECUADRO 1: FINALIDADES DEL ESTADO RELATIVAS A LA DEFENSA

Artículo 1° (incisos 4° y 5°):

• El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

• Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Artículo 5° (inciso 2°):

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

RECUADRO 2: DEBERES CONSTITUCIONALES REFERIDOS A LA DEFENSA

Artículo 22°:

• Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

• Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

• El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine.

• Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados.


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I.2. Orden Institucional: Democracia y Estado de DerechoChile es una república democrática, tal como lo establece su Constitución Política, donde impera el estado de derecho y la vigencia de los principios de supremacía constitucional, de legalidad, de tutela judicial y de control de los actos de la administración del Estado. En este contexto democrático y pluralista, el Estado asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y el ejercicio pleno de las libertades individuales.

El Estado de Chile es unitario y se organiza administrativamente en regiones, provincias y comunas (gráfico 1). Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.

Su soberanía y jurisdicción se ejerce en todo el territorio chileno continental e insular, así como en los espacios aéreos y marítimos que pertenecen a Chile, y su responsabilidad se extiende sobre espacios aéreos y marítimos más amplios de acuerdo con los tratados internacionales que establecen funciones especiales. En relación con su territorio antártico, Chile tiene derechos soberanos fundados sobre bases históricas, geográficas y jurídicas, y que ejerce en forma compartible con su calidad de miembro del Tratado Antártico, de 1959, y demás instrumentos del sistema antártico.

Conforme a la Constitución Política de la República, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo, ya sea de manera directa (elecciones y plebiscitos) o por intermedio de las autoridades que lo representan, reconociendo como límite de sus actos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

En sus relaciones exteriores, Chile adhiere íntegramente a los principios de solución pacífica de controversias, de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, del respeto al derecho internacional y de la intangibilidad de los tratados.


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GRÁFICO 1MAPA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CHILE

XV

Región

DE ARICA YPARINACOTA ARICA

Capital Provincia Capital

I DE TARAPACÁ

II DE ANTOFAGASTA

III DE ATACAMA

IV DE COQUIMBO

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

COPIAPÓ

LA SERENA

V DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO

SANTIAGO

RANCAGUA

TALCA

CONCEPCIÓN

TEMUCO

VALDIVIA

PUERTO MONTT

COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

RM METROPOLITANADE SANTIAGO

VI DEL LIBERTADORGENERALBERNARDOO’HIGGINS

VII DEL MAULE

VIII DEL BIOBÍO

IX DE LA ARAUCANÍA

XIV DE LOS RÍOS

X DE LOS LAGOS

XI AYSÉN DELGENERALCARLOS IBÁÑEZDEL CAMPO

XII DE MAGALLANESY DE LAANTÁRTICACHILENA

ARICA

PUTRE

IQUIQUE

POZO ALMONTE

TOCOPILLACALAMAANTOFAGASTA

CHAÑARALCOPIAPÓVALLENAR

COQUIMBOOVALLEILLAPEL

LA LIGUASAN FELIPE

QUILLOTALOS ANDESVALPARAÍSOSAN ANTONIOHANGA ROA

COLINASANTIAGOPUENTE ALTOMELIPILLATALAGANTESAN BERNARDO

RANCAGUAPICHILEMUSAN FERNANDO

CURICÓTALCACAUQUENESLINARES

CHILLÁNCONCEPCIÓNLOS ÁNGELESLEBU

ANGOLTEMUCO

VALDIVIA

LA UNIÓN

OSORNOPUERTO MONTTCASTROCHAITÉN

PUERTO AYSÉNCOYHAIQUECHILE CHICOCOCHRANE

PUERTO NATALESPUNTA ARENASPORVENIRPUERTO WILLIAMS

ARICA

PARINACOTA

IQUIQUE

TAMARUGAL

TOCOPILLAEL LOAANTOFAGASTA

CHAÑARALCOPIAPÓHUASCO

ELQUILIMARÍCHOAPA

PETORCASAN FELIPEDE ACONCAGUA

QUILLOTALOS ANDESVALPARAÍSOSAN ANTONIOISLA DE PASCUA

CHACABUCOSANTIAGOCORDILLERAMELIPILLATALAGANTEMAIPO

CACHAPOALCARDENAL CAROCOLCHAGUA

CURICÓTALCACAUQUENESLINARES

ÑUBLECONCEPCIÓNBIOBÍOARAUCO

MALLECOCAUTÍN

VALDIVIA

DEL RANCO

OSORNOLLANQUIHUECHILOÉPALENA

AYSÉNCOYHAIQUEGENERAL CARRERACAPITÁN PRAT

ÚLTIMA ESPERANZAMAGALLANESTIERRA DEL FUEGOANTÁRTICA CHILENA

CHILEISLAS ESPORÁDICAS, ISLAS

DIEGO RAMÍREZ Y

TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

53º90º

56º30’

27º08’

80º46’

78º49’33º37’

33º46’

109º20’

105º28’

26º27’Islas Salas y Gómez

Isla San Ambrosio

Isla San Félix26º18’

80º05’ 79º51’

Isla de Pascua

ARCH. JUAN FERNÁNDEZ

I. AlejandroSelkirk

I. RobinsonCrusoe 68º44’

TERRITORIOCHILENO

ANTÁRTICO

POLO SUR

Islas DiegoRamírez

“Acuerdo de 1998”


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I.3. Supuestos Constitucionales de la DefensaJunto a las finalidades del Estado consideradas en la Constitución Política de la República, existen supuestos constitucionales que contribuyen a orientar y dar coherencia a la actividad global del Estado, particularmente a la defensa. Entre ellos se puede mencionar a los siguientes: la preservación de la nación, el mantenimiento de su independencia política, el mantenimiento de su soberanía y el mantenimiento de su integridad del territorio nacional.

Estos supuestos son propios de la existencia del Estado de Chile como tal y se configuran como manifestación de una experiencia histórica que comienza con el surgimiento de la nación chilena y su independencia política. Si bien ellos no están expresamente consignados en el texto de la Constitución o en algún documento público o legal específico, son parte de los fundamentos en que se asienta la normativa constitucional de nuestro país.

Aparte de los supuestos constitucionales mencionados, Chile tiene, como todo Estado, aspiraciones que se inscriben entre sus intereses políticos generales o que forman parte de los propósitos históricos que animan a algunas de sus instituciones públicas, tales como el mantenimiento de relaciones internacionales afines con el desarrollo nacional, las necesidades de cooperación y la proyección internacional del país.

De igual modo, ciertas aspiraciones se encuentran en el propio acervo político-cultural del pueblo chileno. En esta categoría se incluye el mantenimiento de una convivencia ciudadana pacífica y solidaria; la conservación y enriquecimiento de la identidad nacional y del patrimonio cultural; el logro de un desarrollo económico alto, sostenido y sustentable; el logro de un desarrollo social acorde con el desarrollo económico, sobre la base de la capacidad individual e iguales oportunidades para todos.

Cada gobierno, a partir de sus propios postulados, impulsa una agenda pública que materializa y avanza en aspiraciones como las señaladas. Los gobiernos las expresan en políticas públicas vigentes para una extensión variable de tiempo, pero en general lo hacen apuntando a un horizonte temporal que no necesariamente se agota en sus propios períodos. Como es natural, será más fácil lograr


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el compromiso ciudadano con la defensa y la seguridad del país mientras mayor conciencia y consenso exista respecto de las metas por alcanzar.


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II.1. Descripción GeneralEl territorio, junto con la población, es una condición básica para la existencia del Estado nacional. Constituye el espacio donde se aplica el ordenamiento jurídico estatal e individualiza geográficamente a la población chilena. También fija el ámbito de competencia de la acción estatal materializada en políticas públicas, una de las cuales corresponde a la política de defensa. Las características del territorio y sus elementos fundamentales conllevan necesidades que el Estado debe atender, y que imponen el deber de actuar responsablemente en su protección y defensa.

El territorio de Chile está definido y delimitado por fronteras que son producto de tratados vigentes, libre y legítimamente pactados, y por sentencias arbitrales (recuadros 3 y 4). Considerando su parte continental sudamericana e insular, tiene una superficie de 756.096 km2. Del total de 6.630 km que tiene su frontera terrestre, 180 km los comparte con Perú, 850 km con Bolivia y 5.600 km con Argentina. Estos cifras no incluyen el Territorio Antártico Chileno, ni las fronteras marítimas con Perú y Argentina1.

EL TERRITORIO NACIONALLa protección del territorio y su población es, en último término, el objetivo de la defensa. Por lo mismo, las particularidades del territorio nacional y del pueblo chileno constituyen referencias fundamentales a considerar en la formulación de la política de defensa nacional. En las páginas que siguen se da cuenta de aquellas características más relevantes de nuestro territorio, de su geografía y de la gente que lo habita.

RECUADRO 3: TRATADOS Y CONVENIOS LIMÍTROFES VIGENTES DE CHILE

a. Con Argentina • Tratado de Límites de 1881. Firmado en Buenos Aires el 23 de julio de 1881.

Ratificaciones canjeadas en Santiago de Chile el 22 de octubre de 1881. Promulgado el 26 de octubre de 1881. Publicado en el Diario Oficial Nº 1.369, de 28 de octubre de 1881.

1 Las cifras son aproximadas.


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• Protocolo de 1893 firmado en Santiago el 1º de mayo. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 21 de diciembre de 1893. Promulgado el 23 de diciembre y publicado en el Diario Oficial Nº 4.701, de 23 de diciembre de ese mismo año.

• Actas de los Peritos Barros Arana y Moreno de 29 de agosto, y 3 de septiembre de octubre de 1898; Actas de las Conferencias del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y del Plenipotenciario argentino en Santiago, de 15 y 22 de septiembre de 1898.

• Cuarta Acta de la Comisión Demarcadora (Puna de Atacama), del 24 de marzo 1899.

• Fallo de S.M. Británica Eduardo VII, del 20 de noviembre de 1902.

• Protocolo sobre Reposición y Colocación de Hitos en la Frontera Chileno-Argentina, del 16 de abril de 1941.

• Laudo Arbitral de S.M. Británica Isabel II, del 9 de diciembre de 1966 (Palena).

• Laudo Arbitral de S.M. Británica Isabel II, del 18 de abril de 1977 (Canal Beagle).

• Tratado de Paz y Amistad de 1984. Firmado en la ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 1984. Ratificaciones canjeadas en la ciudad del Vaticano el 2 de mayo de 1985. Promulgado el 6 de mayo de 1985. Publicado en el Diario Oficial N° 32.170, de 14 de mayo de 1985.

• Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet. Firmado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 15 de julio de 1999.Promulgado por Decreto N° 1.155 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 15 de julio de 1999.Publicado en el Diario Oficial N° 36.419 de 22 de julio de 1999.

• Declaración Presidencial sobre Límites entre la República de Chile y la República Argentina, del 2 de agosto de 1991.

• Sentencia del Tribunal Arbitral Internacional sobre el recorrido de la traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, del 21 de octubre de 1994 (Laguna del Desierto).

• Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet. Firmado en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 15 de julio de 1999. Promulgado por Decreto N° 1.155 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 15 de julio de 1999. Publicado en el Diario Oficial N° 36.419 de 22 de julio de 1999.

• Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República de Argentina, suscrito el 30 de octubre de 2009.


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RECUADRO 4: TRATADOS Y CONVENIOS LIMÍTROFES VIGENTES DE CHILE

b. Con Bolivia • Pacto de Tregua, del 4 de abril de 1884.

• Tratado de Paz, Amistad y Comercio del 20 de octubre de 1904. Suscrito en Santiago, el 20 de octubre de 1904. Ratificaciones canjeadas en La Paz, el 10 de marzo de 1905. Promulgado el 21 de marzo de 1905. Publicado en el Diario Oficial Nº 8.169, de 27 de marzo de 1905.

• Convenio sobre Canje de Territorios en la Zona Fronteriza. Aprobado por el Honorable Congreso en agosto de 1907.

• Protocolo sobre Conservación de Hitos Fronterizos y Acta Adicional, del 10 de agosto de 1942. Aprobado por el Congreso el 21 de septiembre de 1948 y promulgado por Decreto Nº 300 el 6 de abril de 1949.

c. Con Perú • Tratado de Paz y Amistad y Protocolo Complementario del 20 de octubre

de 1883. Ratificaciones canjeadas el 28 de marzo de 1884. Promulgado y publicado el Diario Oficial del 21 de mayo de 1884.

• Tratado Chileno–Peruano y Protocolo Complementario de 3 de junio de 1929. Suscrito en Lima el 3 de junio de 1929. Ratificaciones canjeadas en Santiago el 28 de julio de 1929. Promulgado por Decreto N° 1.110, de 28 de julio de 1929. Publicado en el Diario Oficial N° 15.449, de 16 de agosto de 1929, y Protocolo Complementario del mismo Tratado.

• Declaración de Zona Marítima de 18 de agosto de 1952, entre Chile, Perú y Ecuador. Aprobada por el Congreso el 2 de septiembre de 1954. Promulgada el 23 de septiembre y publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre del mismo año.

• Convenio sobre Zona Especial Fronteriza de 4 de diciembre de 1954, entre Chile, Perú y Ecuador. Aprobado por el Congreso el 7 de julio de 1967. Promulgado por D.S. Nº 519 y publicado en el Diario Oficial del 16 de agosto de 1967.

• Acta de Representantes de Chile y Perú para el estudio en terreno de la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar, que materialicen el paralelo de la frontera marítima que se origina en el hito Nº 1, del 26 de abril de 1968.

• Acta de comisión mixta Chileno–Peruana del 22 de agosto de 1969 encargada de verificar las posición del hito número 1 y señalar el límite marítimo.

• Acuerdo sobre Conservación de Hitos en la Frontera Común del 6 de marzo de 1997.


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El territorio nacional se ubica en la parte occidental y meridional de Sudamérica, alcanzando hasta el continente antártico y hasta la Isla de Pascua en el Pacífico Occidental.

1. El Espacio Terrestre Continental

La parte continental del territorio nacional tiene una superficie de 755.776 km2 aproximadamente. Este gran espacio terrestre –o Chile continental– muestra características geográficas diversas y una amplia gama de recursos naturales. Constituye, por eso, uno de los factores esenciales en la definición de los objetivos de la defensa. Desde esta perspectiva se identifican tres zonas de importancia estratégica:

a. La zona norte, con amplios espacios poco habitados y condiciones climáticas predominantemente desérticas, concentra la gran y pequeña minería, constituyendo la actividad económica primaria en la estrategia exportadora nacional, al contribuir en un alto porcentaje al Producto Interno Bruto del país. Esta zona posee una estructura industrial y de transporte especializada cuya importancia radica en la capacidad de dar satisfacción a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país.

b. En la zona central y sur se asienta más del 85% de la población, distinguiéndose productivamente por su agricultura, la ganadería y una significativa industria forestal. Esta zona representa el corazón administrativo e industrial del país, con capacidad para servir como plataforma de generación de servicios.

c. La zona austral se caracteriza por su fragmentación geográfica, aunque atenuada por los proyectos de conectividad vial desarrollados por el gobierno y el Ejército. Su potencial está ligado a los recursos de agua dulce, a su ubicación privilegiada próxima a los pasos interoceánicos, y a su proyección al continente antártico.

Cada una de estas zonas representa para el país un resguardo del espacio terrestre fundamental –y, con ello, de la integridad territorial– para situaciones de crisis y de guerra.


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Además de la parte continental, conforman también el territorio de Chile las islas oceánicas y el Territorio Antártico Chileno, con sus respectivos espacios marítimos y aéreos, lo que le da al país la característica de tricontinentalidad.

2. El Territorio Marítimo

La parte insular del territorio nacional tiene una superficie de 320 km2, aproximadamente, e incluye varias islas del océano Pacífico. Las más próximas son las del archipiélago Juan Fernández, a 360 millas náuticas (667 km) del continente, y las islas San Félix y San Ambrosio, a 500 millas náuticas (926 km). Las más alejadas son la isla Salas y Gómez, a 1.870 millas náuticas (3.463 km), y la Isla de Pascua, a 2.000 millas náuticas (3.700 km), o más allá en el caso de la plataforma continental extendida (recuadro 5). Este espacio marítimo corresponde al “Mar de Chile”, que fue declarado el 30 de mayo de 1974 mediante el Decreto Supremo N° 346,2 indicándose que consiste en “aquellas aguas del mar que bañan o circundan el territorio nacional”, denominación que en modo alguno prejuzga o altera el régimen legal, interno o internacional, de las aguas a que se refiere el inciso anterior. Un hecho trascendente en la determinación de los espacios marítimos fue la proclamación presidencial de 1947 de soberanía sobre las 200 millas náuticas de zona marítima.

2 Diario Oficial del 4 de junio

de 1974.

RECUADRO 5: PLATAFORMA CONTINENTAL

En virtud de sus áreas insulares y de la proyección terrestre continental hacia el mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho inherente de los Estados a una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, cuando se configuren los requisitos naturales y jurídicos para así establecerla. En razón de esta facultad, en mayo de 2009, el Estado chileno cumplió el trámite de presentar el correspondiente informa preliminar sobre cinco áreas de plataforma continental extendida a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Este documento incluye referencias al territorio antártico, haciendo presente la vigencia de las normas del Tratado Antártico.

Considerando que Chile posee un litoral de más de 4.300 km, resulta una superficie de 3.409.122,34 km2 de mar, sin incluir la proyección marítima del Territorio Antártico Chileno, respecto del cual nuestro país ejerce competencias de acuerdo con los instrumentos jurídicos


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GRÁFICO 2ESPACIOS MARÍTIMOS NACIONALES


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internacionales aplicables en el área (gráfico 2). Además, es necesario mencionar los espacios acuáticos que se generan en las aguas interiores, fluviales y lacustres, particularmente al sur de Puerto Montt.

Nuestro territorio marítimo se extiende, por el norte, desde el paralelo limítrofe que pasa por la latitud 18°21’03’’ del hito N°1 de la frontera con el Perú hasta las riberas del continente antártico por el sur, exceptuando la porción de alta mar que se conforma en el Paso Drake, entre el Cabo de Hornos y la Península Antártica.

Los espacios marítimos de Chile comprenden las aguas oceánicas que van desde las líneas de base en la costa continental hasta el límite occidental de la Zona Económica Exclusiva y de la plataforma continental extendida. En estos espacios se aplican los siguientes conceptos territoriales y jurídicos:

• Mar Territorial de 12 millas náuticas (MN) de extensión (22 km), medidas desde las líneas de base, donde se ejerce soberanía plena, reconociendo el derecho de paso inocente de naves extranjeras ejercido en conformidad con la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas.

• Zona Contigua de 12 millas náuticas (22 km), que se extienden desde el límite exterior del mar territorial hasta 24 MN contadas desde las líneas de base, donde se ejerce fiscalización tanto para prevenir como para sancionar infracciones a las leyes y los reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en el territorio o en el mar territorial.

• Zona Económica Exclusiva (ZEE), entendida como el área marítima que se extiende hasta las 200 MN (370 km), medidas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide el mar territorial. Aquí, el Estado ejerce derechos de soberanía en cuanto a la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y subsuelo del mar, y respecto de otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona. Asimismo, el Estado posee jurisdicción respecto del establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras, de la investigación científica marina, y de la protección y preservación del medio ambiente, junto con otros


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derechos previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En el sector austral, el territorio marítimo nacional incluye los espacios marítimos pertenecientes al Territorio Antártico Chileno, a partir de las riberas antárticas, entre los meridianos 53° W y 90° W, donde Chile ejerce sus derechos de conformidad con el régimen propio del Tratado Antártico y de las normas del sistema antártico; en el mar de la zona austral (Mar de la Paz), según el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, al oriente y sur de las líneas de base rectas, los efectos del mar territorial en relación con Argentina se limitan a 3 millas marinas, siendo para el resto de la comunidad internacional de 12 millas marinas.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la costumbre internacional, Chile tiene una extensa zona de aguas interiores en el sector sur y austral, que forma parte de su territorio marítimo. Estas aguas interiores son las que se encuentran al interior de las líneas de base rectas, siendo ellas fiordos, bahías, canales y otros accidentes o escotaduras propias de nuestro territorio. Las aguas continentales que conforman los lagos y ríos navegables son parte del espacio terrestre que bañan, aunque, para efectos de la legislación nacional, se asimilan a la administración de las aguas que forman parte del territorio marítimo. En las aguas interiores, el Estado ejerce soberanía plena de acuerdo con las reglas generales del derecho internacional.

A los espacios descritos hay que agregar los espacios marítimos propios de las islas oceánicas, que poseen mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y una plataforma continental que se entiende según los criterios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entre estos límites y los espacios aledaños al litoral continental de Chile existe una parte de la alta mar que se ha denominado Mar Presencial3.

Concebido como aquella parte de la alta mar existente para la comunidad internacional entre el límite de nuestra ZEE y el meridiano que, pasando por el extremo occidental de la plataforma de la Isla de Pascua, se prolonga desde el paralelo del hito fronterizo Nº 1 hasta el Polo Sur, el Mar Presencial constituye un espacio que cobra especial interés para la nación chilena, donde rigen las normas propias de la alta mar. En este espacio, Chile manifiesta la voluntad

3 Ley N° 19.080, del 6 de septiembre de 1991.


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de ejercer presencia y asumir también una serie de responsabilidades internacionales relacionadas con la protección de la vida humana en el mar, el control del tráfico marítimo y la conservación del medio ambiente con irrestricto apego al derecho internacional. Así, Chile busca proyectar en este espacio de mar sus intereses marítimos propios y respeta su carácter de bien de la comunidad internacional, donde todo Estado posee derechos y también obligaciones, entre otras, la vigilancia del medio ambiente y la de conservar los recursos marinos. Chile no alberga pretensiones de soberanía en el Mar Presencial; su interés y voluntad es de participar en acuerdos internacionales que permitan fortalecer este espacio de usos abusivos o de actividades que, por su vecindad, puedan inferir daños a los recursos propios de las aguas chilenas.

Tal como se muestra en el gráfico 3, los regímenes jurídicos aplicables en los distintos espacios marítimos de Chile varían según se trate de espacios de su plena soberanía, donde posee derechos soberanos y jurisdicción exclusiva, en los que predomina la regulación de la normativa legal nacional y en que, ciertamente, se aplican los principios del derecho internacional y los tratados de los cuales Chile es parte, o de espacios donde rigen principios y reglas comunes para toda la comunidad internacional, que nuestro país respeta y con la cual coopera activamente por tratarse de la alta mar o de la zona donde rige el patrimonio común de la humanidad para los recursos de los fondos marinos y oceánicos.

RECUADRO 6: ZONA ESPECIAL FRONTERIZA MARÍTIMA

• Desde su entrada en vigencia, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, vigente entre Ecuador, Perú y Chile, establece una zona especial, a partir de las 12 millas marinas desde la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el respectivo límite marítimo entre los países mencionados. Esta disposición ha permitido administrar las zonas fronterizas sobre la base de la plena vigencia del límite marítimo.

• En el área limítrofe chileno-peruana, esta Zona Especial ha facilitado la actividad marítima pesquera, subsanando las dificultades que encuentran las embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos conocimientos de náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para determinar su posición en alta mar y que con frecuencia, de modo inocente y accidental, violan el límite marítimo entre estos dos Estados vecinos.


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GRÁFICO 3REGÍMENES LEGALES DE LOS OCÉANOS

AGUASINTERIORES

LÍN

EA B

ASE

ALTA MAR

L.P.I.

MAR TERRITORIAL ZONA CONTIGUA

ZONA ECONÓNICA EXCLUSIVA

PLATAFORMA CONTINENTAL

PLATAFORMA CONTINENTAL EXTENDIDA

LECHOMARINOPROFUNDO

24 MN

12 MN

200 MN

4 Artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, incorporado mediante reforma constitucional Ley N° 20.193, publicada en el Diario Oficial del 30 de julio de 2007.

3. El Territorio Insular

La parte insular del territorio nacional incluye varias islas del océano Pacífico, siendo las más próximas las del archipiélago Juan Fernández a 360 millas náuticas (667 km) del continente, y las islas San Félix y San Ambrosio a 500 millas náuticas (926 km). Las más alejadas son la isla Salas y Gómez a 1.870 millas náuticas (3.463 km) y la Isla de Pascua a 2.000 millas náuticas (3.700 km).

• Isla de Pascua (Rapa Nui o Te Pito Te Henua)

El año 2007, el Estado de Chile aprobó declarar en la Constitución Política de la República que la Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández son “territorios especiales”, es decir, se trata de partes del territorio chileno regidas por un “estatuto especial”4 de administración descentralizada con el fin de fortalecer su integración al continente y favorecer el desarrollo con respeto a sus tradiciones y cultura.


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En 1870, el gobierno de Chile envió a la Isla de Pascua la corbeta O'Higgins llevando como Segundo Comandante al Teniente 1º Arturo Prat Chacón. Durante su estadía se efectuó el levantamiento hidrográfico de la isla. En 1875, la Armada de Chile envió nuevamente a la corbeta O'Higgins y en esa ocasión iba a bordo el Teniente Policarpo Toro Hurtado. Posteriormente, la Armada dispuso que el viaje de instrucción de Guardiamarinas del año 1886 se hiciera a Isla de Pascua, destinando para ello a la corbeta Abtao y llevando como instructor al ya Capitán de Corbeta Policarpo Toro Hurtado.

Sobre la base del conocimiento adquirido, Toro presentó a su institución, en 1887, una memoria sobre la isla. En este informe destacaba la posibilidad de que Isla de Pascua formara parte de nuestro país. A su condición de ser un territorio firme en medio del Pacífico Occidental, espacio marítimo de natural interés para Chile, se añadía la necesidad de otorgar protección a sus habitantes bajo la bandera de nuestro país y evitar así los abusos a que estaban siendo sometidos por extranjeros que allí recalaban. La Armada apoyó el trabajo del Capitán Toro y lo presentó al gobierno del Presidente Manuel Balmaceda, quien se manifestó favorable a su consecución. Al año siguiente, en julio de 1888, llegó a la isla un grupo de 12 chilenos, quienes se trasladaron a bordo del transporte Angamos, iniciándose una nueva etapa en la evolución de nuestro territorio oceánico. Es de destacar que, hacia 1877, la población isleña nativa sobrepasaba apenas el centenar de personas.

El 9 de septiembre de 1888, el Capitán de Corbeta chileno Policarpo Toro Hurtado tomó posesión de la Isla de Pascua, a nombre del gobierno chileno, y desde ese día la isla pasó a estar incorporada a la soberanía de Chile

Este acto, que contó con el acuerdo de la población nativa y sus representantes, estuvo precedido del esfuerzo de las instituciones chilenas por disponer de un conocimiento amplio y cabal de ese territorio y el establecimiento de relaciones respetuosas con sus habitantes.

En 1995, la Isla de Pascua fue declarada como sitio del patrimonio cultural mundial, de acuerdo con la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.


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4. El espacio aéreo

El espacio aéreo resulta de la proyección de líneas imaginarias hacia la atmósfera desde los territorios marítimos y terrestres bajo soberanía nacional o de responsabilidad nacional en sus diferentes grados.En lo que respecta a este espacio nacional, el Estado de Chile ejerce soberanía, derechos y jurisdicción en los espacios suprayacentes a su territorio continental, insular y mar territorial. Este espacio aéreo se extiende desde el límite norte 18°21’03’’ S hasta el Polo Sur, siguiendo al territorio firme y el mar territorial. Nuestro país tiene asignado como espacio aéreo bajo su control, ejercido por medio de la Fuerza Aérea de Chile conforme a normas internacionales, desde el límite político internacional al este hasta el meridiano 131º 00´ W. El total del espacio aéreo encomendado por organismos internacionales para ser controlado por Chile cubre una superficie de 31,9 millones de km², lo que incluye su territorio continental e insular, sus espacios marítimos y la alta mar (gráfico 4).

El límite superior de este espacio, que se sitúa en el rango de los 80 a 100 kilómetros de altura y constituye la frontera con el espacio extra-terrestre, es un bien común de la humanidad.

Los países con que limita Chile, respecto a este espacio en los 360º, son: Argentina, Bolivia, Perú, Tahití (Polinesia Francesa) y Nueva Zelanda. En el Pacífico Sur, los límites con Auckland Oceanic (NZ) están establecidos desde la latitud 30º S y por la longitud 131º W.

El principio de la soberanía de los Estados en el espacio aéreo situado sobre su territorio es reconocido por la Comunidad Internacional Aeronáutica. Este principio fue confirmado en la Conferencia Internacional de Aviación Civil, conocida como la “Convención de Chicago”, en 1944.

Las responsabilidades de Chile en el espacio aéreo nacional están definidas en el Convenio de Chicago y en los acuerdos que dieron origen a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es en la OACI, de la que nuestro país es parte, donde la comunidad internacional acuerda, como deber de los Estados, otorgar seguridad y protección a la navegación aérea en una forma estandarizada y normada.


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GRÁFICO 4 ESPACIO DE CONTROL AÉREO


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II.2. El Territorio Antártico de ChileEn relación con el Territorio Antártico Chileno, este se encuentra al sur del Paso Drake y conforma un triángulo esférico que se proyecta hasta el Polo Sur entre los meridianos 53º y 90º de longitud Oeste, con una superficie aproximada de 1.250.000 km2.

1. Chile en la Antártica y el Tratado Antártico

El Territorio Antártico Chileno constituye un elemento relevante para la definición de la política antártica. En noviembre de 1940, Chile precisó, mediante el Decreto Supremo N° 1.747, los límites de su territorio en “la parte que se prolonga hacia la región polar denominada ‘Antártica Americana’”. En dicho Decreto se establece que “forman la Antártica Chilena o Territorio Antártico Chileno todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciales y demás conocidos o por conocerse, en el mar territorial respectivo existente dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° y 90° de longitud Oeste de Greenwich”.

Los derechos antárticos de Chile se encuentran fundados sobre bases históricas, geográficas y jurídicas, consolidadas y comunicadas a la comunidad internacional, siendo el año 1906 relevante para demostrar esta posición. Con estos antecedentes, Chile concurrió a la negociación del Tratado Antártico en 1959, junto a otros once Estados.5

Cabe señalar que otros dos países han formulado reclamaciones de derechos de soberanía en parte de la misma área geográfica donde Chile afirma sus derechos soberanos. Con todo, Chile y Argentina, uno de tales países, se reconocieron mutuamente sus derechos en la Antártica Americana, entre los 25° y 90° de longitud Oeste, sin delimitar sus respectivos territorios antes de la firma del Tratado Antártico.

En relación con los derechos de soberanía territorial, el Tratado establece, en su artículo IV, que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse como una renuncia a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártica hechas valer precedentemente. El Tratado protege la situación jurídica del Territorio Antártico Chileno, proscribe nuevas reclamaciones de soberanía territorial durante su vigencia y establece un régimen

5 Chile ratificó el Tratado Antártico el 23 de junio de 1961.


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internacional respetuoso de las posiciones de las partes en los temas atinentes a la soberanía sobre dicho continente. De esta manera, al amparo del reconocimiento consignado en el Tratado Antártico en su artículo IV, Chile mantiene en forma irrenunciable sus derechos de soberanía territorial en la Antártica.

Cumplidos ya los 50 años de la firma de dicho instrumento internacional el año 2009, se efectuó en Baltimore y en Washington D.C., Estados Unidos, la XXXII reunión Consultiva del Tratado Antártico que estableció un grupo especial para el estudio de materias que se relacionan con el futuro de la Antártica, particularmente desafíos tales como la protección del medio ambiente y la responsabilidad ante emergencias medioambientales, la preocupación por el aumento del turismo, el desarrollo de la actividad científica en general, el cambio climático, la bioprospección y la seguridad en la navegación aérea y marítima. Nuestro país tiene un firme compromiso con estas materias.

En su calidad de Miembro Consultivo originario del Tratado, Chile participa, con derecho a voto, en los procesos decisorios vinculados a la Antártica y está dispuesto a considerar esquemas de mayor control y cooperación internacional que no afecten ni menoscaben sus derechos de soberanía. Naturalmente, el objetivo de Chile es proyectar los intereses nacionales en esa región del mundo y cumplir sus obligaciones internacionales, y ciñéndose estrictamente a las distintas convenciones, medidas y normas del Sistema Antártico.

2. Política Antártica Nacional

El Estado de Chile cuenta con una política antártica nacional que propende a los siguientes fines:

• Proteger los derechos antárticos de Chile y afianzarlos en el marco del Tratado.

• Participar de modo activo en el sistema antártico.

• Preservar la zona de paz, las actividades científicas y la reserva ecológica.

• Consolidar y modernizar la institucionalidad antártica nacional.


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• Fortalecer la participación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, de acuerdo a las competencias administrativas que le otorga la legislación nacional, y promover las facilidades del territorio continental para servir de “puente” a la Antártica.

• Orientar la ciencia nacional antártica de forma que sea apta para vincularse más estrechamente a las grandes tendencias en este campo.

• Conservar los recursos vivos marinos y desarrollar la pesca austral en forma sustentable.

• Promover el turismo controlado.

• Alentar la cooperación internacional.

En respuesta a estos objetivos, en octubre de 1991, Chile suscribió el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid) con el objeto de fortalecer la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados. Reconociendo la importancia de salvaguardar la integridad del ecosistema de los mares que rodean la Antártica, Chile ya había suscrito, en septiembre de 1980, en Canberra, Australia, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

a. Chile, país puente hacia la Antártica Entre los aspectos que considera nuestra política antártica, se encuentra la capacidad de Chile de ser puente hacia la Antártica, siendo el país más cercano a este continente: unos 700 km desde el archipiélago chileno Diego Ramírez. Derivado de esta posición geográfica, Chile ofrece su apoyo a la comunidad internacional y posibilita las operaciones y actividades de otros países y operadores hacia la Antártica, de acuerdo con los principios del sistema del Tratado Antártico y la comunidad de intereses. Asimismo, debe garantizar el cumplimiento en la Antártica Chilena de las normas y decisiones que adopten las instituciones internacionales competentes, tales como la Organización Marítima Internacional (OMI); la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI); la Organización Meteorológica Mundial (OMM); la Comisión Oceanográfica Internacional (COI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).


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Por otra parte, fortalecer el papel de Chile como país antártico impone responsabilidades, funciones y derechos vinculados al concepto denominado “Estado Rector del Puerto”, tanto en el ámbito marítimo como en el aeronáutico. A partir de este concepto se generan competencias que Chile debe ejercer sobre actividades y expediciones que se organizan en el país, así como de aquellas que emplean el territorio chileno continental, primordialmente la Región de Magallanes y Antártica Chilena, como vía de acceso al continente antártico.

b. Bases Antárticas de Chile

Un segundo aspecto crucial en nuestra política antártica nacional es la presencia de bases de Chile en el Territorio Antártico Chileno (gráfico 5). Es fundamentalmente por medio de ellas que nuestro país puede materializar su presencia permanente y proyectar sus intereses en el continente antártico, junto a otras medidas, así como cumplir sus obligaciones con la comunidad internacional.

Nuestras bases en el territorio antártico son las siguientes:

• Base Científica “Profesor Julio Escudero” y otras instalaciones del Instituto Antártico Chileno (INACH).

• Base Arturo Prat, operada por la Armada desde 1947. Funciona todo el año y fue remodelada en 2008; está destinada a servir de campo de adiestramiento científico y museo histórico.

• Base O’Higgins, operada por el Ejército desde 1948. Remodelada completamente en 2003, está destinada preferentemente a servir la actividad científica nacional y actividades de exploración territorial.

• Base “Presidente Eduardo Frei Montalva”, operada por la Fuerza Aérea desde 1969, en la isla Rey Jorge. Es la más importante de las bases aéreas en el Territorio Antártico Chileno que opera durante todo el año. En este lugar se encuentra el Centro Meteorológico Regional y el núcleo poblacional chileno “Villa Las Estrellas”, que cuenta con todos los servicios necesarios y constituye un símbolo de la presencia soberana de Chile en la región antártica.


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GRÁFICO 5BASES NACIONALES EN EL TERRITORIO ANTÁRTICO

CHILENO

TerritorioAntárticoChileno

Círculo Polar Antártico

90º 53º2 3 4 5

11

12

13

14

10

8

9

7

1

6

15

Polo Sur

Bases y Refugios en el TerritorioAntártico Chileno

1. eniente Arturo Parodi2.- Refugio Comodoro Guesalaga3.- Sub base Yelcho4.- Refugio Cooper Mine5.- Refugio Guillermo Mann6.- Base Capitán Arturo Prat7.- Base Ripamonti8.- Base Luis Risopatrón9.- Estación Escudero10.- Est ación Marítima Puerto Fildes11.- Base Pdte. Eduardo Frei Montalva12.- Base General Bernardo O’Higgins13.- Refugio Punta Spring (INACH)14.- Base Pdte. Gabriel González Videla

Estación Marítima Bahía Paraíso15.- Base Teniente L. Carvajal V.

-

T-


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• Base aérea “Presidente Gabriel González Videla”, en Bahía Paraíso, donde también existe una Estación Marítima. Posee un Museo Histórico significativo y sirve para actividades científicas que se realizan en verano.

• Base aérea “Teniente Luis Carvajal”.

• Estación Polar “Arturo Parodi”, operada por la Fuerza Aérea. Es la más cercana al Polo Sur en el Territorio Antártico Chileno, junto con la Estación “Antonio Hunneus Gana”, del INACH, ubicada en el mismo sector.

Entre las Estaciones Marítimas, se destacan las de Puerto de Bahía Fildes, Bahía Covadonga, Puerto Soberanía y Puerto Paraíso, entidades todas que brindan apoyo a la seguridad de la vida humana en el mar y cumplen funciones de resguardo del medio ambiente marino local. De estas, Soberanía y Covadonga se mantienen activas todo el año, al ser operadas por las dotaciones de la Base Arturo Prat y de la Base O’Higgins.

c. Operadores Antárticos chilenos

El Estado de Chile dispone y opera sus bases antárticas y estaciones marítimas mediante los Operadores Antárticos de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como del Instituto Antártico Chileno.

RECUADRO 7: CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

• Establecimiento de bases permanentes en territorio antártico.• Actividades científicas y meteorológicas.• Apoyo a actividades científicas que desarrollan otros organismos nacionales

e internacionales bajo la coordinación del INACH.• Exploración del territorio y proyección hacia el Polo Sur en los ámbitos

meteorológicos, glaceológicos, geodésicos e hidrográficos.• Apoyo logístico a las actividades antárticas de otros organismos nacionales y

extranjeros conforme a programas oficiales y en coordinación con el INACH en lo relativo a la actividad científica.

• Asistencia y evacuación aérea humanitaria.• Remoción de contaminación y desechos de bases nacionales y extranjeras.• Salvaguarda de la vida humana en el mar, búsqueda y salvamento.• Protección del medio ambiente marino y rescate ante emergencias por

medio de la Patrulla Antártica Naval Combinada, tarea que se realiza junto con la Armada de Argentina.


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En esta calidad, las instituciones de las Fuerzas Armadas participan de los desafíos que supone nuestra presencia permanente en la Antártica, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivadas del Tratado Antártico; particularmente, aquellos desafíos de futuro relativos al medio ambiente, la protección de la vida humana, el cambio climático y el impacto de las actividades turísticas (recuadro 7).

Para sus actividades, las instituciones armadas chilenas requieren mantener y desarrollar capacidades actualizadas.

3. Fuerzas Armadas: Desarrollo y Aplicación de Capacidades Antárticas

En concordancia con lo anterior, la política de defensa define el desarrollo y utilización de capacidades antárticas concretas por parte de las Fuerzas Armadas.

En términos generales, a fin de mantener su gravitación en el sistema antártico y de proyectar los propósitos que orientan su política antártica, Chile requiere expresar en forma efectiva su compromiso sustancial con el sistema del Tratado Antártico y la valoración que posee el territorio antártico en la perspectiva del Estado de Chile y su desarrollo integral. Este compromiso abarca una serie de actividades y las capacidades asociadas a su materialización, las que incluyen, entre otras, las siguientes:

• La capacidad de mantener una presencia permanente, incluyendo invernada, en el continente antártico y sus islas.

• La capacidad de velar por la conservación de los recursos antárticos y evitar su utilización ilegal por terceros países o personas privadas.

• La capacidad de coordinar y llevar adelante un proceso de integración gradual del trabajo de todos los operadores antárticos nacionales, fortaleciendo el ámbito del Consejo de Política Antártica.


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• La capacidad de realizar investigaciones científicas, en cualquier punto del Territorio Antártico Chileno, al menos durante el verano.

• La capacidad de mantener un nivel de investigación y observación oceanográfica en el océano Austral.

• La capacidad de conducir estudios oceanográficos destinados a la recolección de antecedentes científicos reconocidos sobre la plataforma continental en la Antártica Chilena.

• La capacidad de gestionar y mejorar los sistemas de búsqueda y rescate en las áreas de responsabilidad y concertar las alianzas necesarias con los países australes que comparten aquellas responsabilidades.

• La capacidad de cumplir obligaciones internacionales de monitoreo de la atmósfera y los océanos en las áreas antárticas.

• La capacidad de desarrollar, mantener y publicar cartografía antártica.

• La capacidad de vigilar y proteger el patrimonio natural y cultural antártico, incluyendo los sitios y monumentos históricos, zonas protegidas y administradas, ecosistemas vulnerables terrestres y marítimos.

Estas tareas, que se derivan del cumplimiento de la política antártica nacional y de los acuerdos internacionales, imponen a las Fuerzas Armadas contar con capacidades institucionales específicas que privilegien las conexiones estratégicas en materia de transporte y comunicaciones, el enlace con el territorio continental chileno, la exploración terrestre, marítima y aérea profunda hacia las altas planicies interiores o las costas o espacios marítimos menos explorados del Territorio Antártico Chileno. A lo anterior, se agregan las capacidades para cooperar en la seguridad marítima y aérea, así como la cooperación internacional en esfuerzos y proyectos conjuntos de alta convocatoria.

4. Antártica y Defensa

Los efectos de la posición geoestratégica de la Antártica, su condición geográfica esencial, que implica una directa relación


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con los pasos marítimos australes y las rutas aéreas transpolares, la existencia de la mayor reserva de agua y recursos renovables y no renovables, su utilidad en la utilización y contacto con la observación satelital, su papel para el estudio de los temas ambientales globales, además de la posición de la Península Antártica como punto de referencia fundamental para la medición y pronóstico del cambio climático, son consideraciones primordiales que guían las metas y objetivos de la política antártica nacional. En este contexto, la preservación del ámbito de aplicación del Tratado Antártico como área desmilitarizada y desnuclearizada es una prioridad para Chile.

Consecuentemente, y en cumplimiento de las disposiciones del Tratado Antártico, Chile no realiza actividades de carácter militar de ningún tipo y considera que la Antártica está destinada exclusivamente a fines pacíficos, sin perjuicio de que sus operadores antárticos sean las instituciones militares, junto al Instituto Antártico Chileno. De la misma forma, Chile cumple con la prescripción de prohibición de actividad nuclear tanto en explosiones como de eliminación de desechos radiactivos en la Antártica.

Mantener la Antártida desmilitarizada y desnuclearizada constituye una prioridad para la política de defensa de Chile, tanto por los principios que inspiran la posición del Estado chileno en relación con ese continente como porque ello aleja del resto del territorio continental de Chile la posibilidad de un conflicto internacional que afecte las vías de comunicación australes. De esta forma, Chile colabora al objetivo de la paz mundial previsto en el Tratado Antártico. El desarrollo de capacidades de control en la zona marítima adyacente para fines pacíficos es, consecuentemente, una de las tareas que las Fuerzas Armadas realizan en beneficio de los propósitos del Tratado Antártico y del sistema derivado del mismo.

II.3. Análisis Estratégico del Territorio NacionalEl territorio nacional tiene una estrecha relación con la defensa nacional: primero, porque su protección es una de las finalidades de la defensa; segundo, porque su forma y sus particulares accidentes geográficos condicionan las soluciones estratégicas de la defensa.


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1. Factores de Valoración Estratégica del Territorio Nacional

a. La forma del territorio

El hecho de ser el territorio continental, en una parte considerable, una faja larga y angosta de tierra, y de contar, en la parte austral, con una gran presencia de islas y canales interiores, es uno de los factores más importantes por considerar. Primero, porque obliga a elegir dónde concentrar los esfuerzos defensivos, aconsejando la organización, en lo terrestre, de núcleos operativos que obedezcan a un mando centralizado, pero que puedan actuar en forma descentralizada. Segundo, porque la exigencia de dosificar medios humanos y materiales aumenta en la medida en que las distancias entre las regiones extremas dificultan la posibilidad de maniobras estratégicas. Tercero, porque lo angosto del territorio se traduce en una falta de profundidad estratégica transversal. Y cuarto, porque supone serios desafíos a las vías de comunicaciones terrestres, afectando a los transportes operativos y logísticos por esta vía, lo que obliga a que parte importante del transporte estratégico deba realizarse por aire o por mar.

Paralelamente, la extensión longitudinal de nuestro territorio continental impone serias exigencias desde el punto de vista logístico y la necesidad de contar con la infraestructura terrestre de apoyo a las operaciones aéreas.

b. La accidentada morfología del territorio nacional

Este rasgo restringe el empleo de elementos de detección situados en la superficie terrestre y obliga a soluciones tecnológicas que, no obstante, pueden presentar siempre limitaciones frente a una geografía muy exigente.

c. La amplitud de los espacios marítimos

Esto obliga a un gran esfuerzo para resguardar la soberanía, ejercer la jurisdicción correspondiente, otorgar protección a la vida humana en el mar, proteger los recursos del medio marino y proteger la


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navegación de naves cuya carga sea vital para el país en situaciones de conflicto.

d. La amplitud del espacio aéreo de control aeronáutico

Esta característica aconseja el uso de satélites que permitan la vigilancia y el control, y que faciliten la navegación y las comunicaciones.

e. La dificultad de acceso a las zonas extremas

A las grandes distancias entre el norte (Región de Arica y Parinacota a Región de Atacama) y la zona austral (Región de Aysén a Región de Magallanes y Antártica Chilena) con el centro del país, se añade, en el caso de la zona austral, su desvinculación por vía terrestre. Esto exige asegurar el tráfico marítimo y aéreo como un imperativo estratégico permanente.

f. La dificultad de operar en las zonas extremas

Por una parte, el norte abriga el desierto más árido del mundo y, por otra, la zona austral es una región subantártica y archipelágica.

g. Territorio insular en un vasto espacio marítimo

Las áreas insulares muy alejadas de costa continental (como la Isla de Pascua o el archipiélago Juan Fernández) constituyen posiciones estratégicas relevantes y, por lo tanto, exigen presencia in situ y un considerable esfuerzo de apoyo logístico del Estado para atender y mantener la calidad de vida de las poblaciones residentes en forma adecuada.

h. Pasos marítimos bioceánicos

La importancia estratégica que tienen los pasos marítimos bioceánicos en la zona austral constituye un desafío que debe ser considerado ante la evolución de toda situación que afecte a la seguridad nacional, ya que se relaciona con el despliegue estratégico de fuerzas navales.


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i. La diferencia de terreno y clima

Este rasgo obliga a que el entrenamiento y aclimatación del personal y material sea diferente en las distintas regiones del país. Ello conlleva dificultades de orden logístico, pues hace recomendable mantener equipos y materiales que deben adecuarse a diferentes condiciones de clima y altura. Lo anterior supone una certera previsión en lo referente al personal y material.

Además, una condición climática rigurosa dificulta las comunicaciones terrestres y aéreas, especialmente en las zonas sur y austral. En particular, estas condiciones extremas restringen el empleo del arma aérea en algunas zonas del país. Esto exige tener equipos de última tecnología, tanto en tierra como a bordo, que aseguren poder operar en cualquier condición.

j. La distribución de la actividad económica

Los recursos vitales para la vida y existencia de Chile se encuentran en todo el territorio nacional, terrestre y marítimo. Tratándose del espacio terrestre continental, la diferente distribución de estos recursos influye en la generación de tres zonas geográficas de importancia estratégica que caracterizan al territorio nacional.

2. Conclusiones

Centrándonos en los factores de valoración señalados, el territorio de Chile se caracteriza por presentar desafíos muy complejos para su defensa. El escenario geográfico es uno de los aspectos más significativos para la conducción estratégica de las fuerzas, porque la especial geografía de nuestro país condiciona, favorable o desfavorablemente, cualquier concepción sobre su empleo.

Las características del factor geográfico hacen imperativo contar con medios de las Fuerzas Armadas en forma permanente en las zonas extremas del país. La importancia de las zonas estratégicas exigen que la fuerza terrestre obedezca a una estructura funcional, en óptimo nivel operacional, proyectable, flexible y potente. Por otra parte, sigue siendo necesario poner énfasis en el transporte marítimo y aéreo para el soporte logístico y la conexión territorial, por lo que las vías de comunicaciones marítimas de cabotaje y de


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ultramar adquieren una importancia esencial para la supervivencia del país en caso de conflicto. Las líneas ferroviarias y viales que se extienden longitudinalmente por el país dan mayor flexibilidad al transporte terrestre, pero la red vial nacional está condicionada por los accidentes geográficos de nuestro territorio.

Las condiciones mencionadas, junto a las características climáticas y de relieve de las diferentes zonas del territorio nacional, así como los extensos espacios marítimos y aéreos por vigilar y proteger, imponen ideas y formas de solución específicas, diferentes y simultáneas, en cada uno de los probables teatros de operaciones.

Cada uno de ellos requiere de unidades con personal, material y entrenamiento adecuados de acuerdo a las características particulares que presenta el escenario geográfico en cada área.

En la mayoría de los casos, las fuerzas en presencia, además del cumplimiento de su misión militar, constituyen un valioso aporte al desarrollo nacional, en especial en aquellas áreas insulares o poco pobladas, consideradas como zonas aisladas.

Todas estas condicionantes deben tenerse en cuenta al definir la estructura, organización, despliegue, equipamiento, instrucción y entrenamiento de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de manera que puedan cumplir eficazmente su misión fundamental.

II.4. Políticas de Orden TerritorialEl concepto de soberanía supone la existencia de un territorio como espacio físico, circunscrito por límites cuyos alcances son también geoespaciales, así como una capacidad de hacer prevalecer la jurisdicción exclusiva del Estado sobre el mismo y en conformidad con el derecho internacional. Esta idea de exclusividad permite orientar la gestión administrativa del gobierno conforme a sus políticas y objetivos, teniendo el sector defensa un papel importante en las políticas apuntadas a desarrollar aquellas zonas del territorio que, por sus características y ubicación, necesitan de un respaldo especial del Estado.


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1. Política de Zonas Fronterizas

Desde la perspectiva de la defensa, las zonas de frontera son particularmente relevantes porque en ellas convergen aspectos históricos y de poblamiento especiales, y porque requieren una atención efectiva y tangible a partir del ejercicio de la soberanía del Estado. Esta perspectiva es complementaria de la que corresponde al desarrollo de dichas zonas, integrándolas al resto del país y valorando su capacidad para interactuar con la vecindad.

Chile ha definido su zona fronteriza considerando características especiales, vinculadas en general a la adyacencia a los límites internacionales y a las características dominantes de aislamiento o, en ciertos casos, donde se aplican tratados internacionales de efectos permanentes, sujetándola a una legislación específica que contempla la coordinación efectiva entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional. Mecanismos especiales para la adopción de decisiones operan en este ámbito y encauzan la acción del Estado en materia de bienes inmuebles fiscales, recursos hídricos, recursos naturales, expediciones científicas y de andinismo, y aplicación de disposiciones legales para zonas extremas.

Por otra parte, con los países vecinos, los Comité de Integración y Frontera han sido una de las herramientas eficientes creadas para establecer canales que den vitalidad a las zonas fronterizas, facilitar el flujo transfronterizo de personas y bienes y potenciar una relación normal, activa y de impacto ciudadano. Los países pueden encontrar a través de ellos un medio efectivo para dinamizar el desarrollo de las comunidades nacionales situadas en estos espacios geográficos, de manera tal que los habitantes cuenten en lo cotidiano con nuevas oportunidades de bienestar en zonas que tradicionalmente han sido menos favorecidas.

Complementariamente, el desarrollo de corredores bioceánicos mediante enlaces terrestres, y de otro orden, entre los distintos centros de producción con los puertos del Pacífico y del Atlántico constituye un instrumento para intensificar los intercambios humanos y económicos. Actualmente, el concepto de “Ejes de Integración y Desarrollo” implica un enfoque integral para mejorar accesos, obtener avances de conectividad y desarrollar potencialidades productivas y de servicios en los espacios geográficos mencionados.

Chile participa de esta visión, que apunta a conseguir mayores niveles


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de integración, junto a todos los Estados sudamericanos, valorando la relación que se produce entre zonas fronterizas que están bajo distintas soberanías y que se encuentran pobladas por comunidades que, a su vez, generan actividades económicas de mutua influencia. De aquí que los procesos integradores en estas áreas se hayan profundizado hasta alcanzar en el siglo XXI aspectos económicos, culturales y políticos.

Es de subrayar que la integración, que normalmente se inicia en torno a objetivos delimitados y de carácter funcional, puede variar a grados más profundos de interrelación económica, e incluso política, en la medida en que los Estados que concurren a la integración aceptan sus respectivas identidades nacionales y reconocen mutuamente su territorio.

2. Política de Desarrollo de Zonas Aisladas y Zonas Extremas

La baja densidad poblacional en ciertas regiones de Chile, y un desarrollo relativamente más lento en ellas en comparación con otras áreas del país, ha sido una de las características de las zonas aisladas y las zonas extremas de nuestro territorio continental, situación que constituye un desafío al que no es ajena la defensa nacional.

En tales condiciones, el Estado chileno se ha preocupado de implementar planes, programas y proyectos especiales cuyo objetivo es la reinserción de las zonas extremas y aisladas en el desarrollo económico nacional. Esto supone generar medidas concretas que dinamicen la actividad económica y productiva de esas zonas, perfeccionen su conectividad, tiendan a mejorar la oferta de servicios públicos con respeto al patrimonio cultural y que sean expresión de adecuadas políticas de migración. Entre los planes impulsados pueden mencionarse el Plan Palena, el Plan Chiloé, el Plan de Emergencia Aysén y el Plan Arica-Parinacota. Estos planes los lleva a cabo el Comité Interministerial para el Desarrollo de Zonas Extremas (CIDEZE) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior.

La presencia de unidades de las Fuerzas Armadas en estas zonas aisladas y alejadas de los centros vitales genera un polo de atracción para la vida humana. Las distintas instituciones armadas han


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cooperado al desarrollo y flexibilización del sistema vial de nuestro territorio, en la consolidación territorial y en el enlace del territorio continental, insular y antártico.

3. Política del Territorio Marítimo

En todo el territorio marítimo nacional, es responsabilidad de la Armada de Chile su vigilancia, custodia, seguridad y apoyo a los usuarios marítimos. La Armada es la institución del Estado donde se inserta la Autoridad Marítima, la cual contribuye a su administración, ejerce tareas de policía marítima, de apoyo y control a la navegación, supervigilancia de las actividades de pesca y deportivas, control del medio ambiente acuático y trabaja coordinadamente con otros organismos públicos que tienen responsabilidades sectoriales, tanto en las actividades como en los recursos del mar, ríos y lagos.

La ejecución de las funciones tradicionales de la defensa que realiza la Armada y las que desarrolla la Autoridad Marítima, bajo un sólo mando superior, ha sido de una enorme efectividad para Chile y ha permitido al Estado contar con una buena administración de este territorio.

a. Los intereses marítimos

Los intereses marítimos corresponden a actividades de desarrollo nacional que generan beneficios de orden político, estratégico, económico, científico y social para el país. Están relacionados con la explotación, goce y uso de los recursos o beneficios suministrados por el mar, el lecho y el subsuelo que están bajo la jurisdicción marítima de un Estado. Se desarrollan en la alta mar, la zona costera y las aguas interiores.

Los intereses marítimos de Chile incluyen algunos objetivos específicos que la Armada, con sus medios, contribuye a satisfacer. Por ejemplo:

• Procurar la utilización más eficiente de los recursos naturales del territorio oceánico nacional.

• Desarrollar las ciencias y tecnologías marinas y todas las actividades que apoyen y sustenten el uso, la explotación, la


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conservación y la administración de los recursos naturales del territorio oceánico nacional.

• Perfeccionar el marco jurídico y fortalecer los organismos de administración de dicho territorio y de las actividades marítimas, en los ámbitos del derecho nacional e internacional.

• Proteger y preservar el medio ambiente marino en el territorio oceánico nacional y procurar que las actividades de otros Estados en los océanos no afecten los intereses de Chile ni la calidad de vida de sus habitantes.

• Dar efectiva seguridad al territorio oceánico nacional, a los intereses marítimos y a las rutas oceánicas vitales para el país, dando por posibles la ocurrencia de amenazas, actos ilícitos o agresiones que lesionen la jurisdicción y soberanía del Estado, y tomando las prevenciones correspondientes para neutralizarlas.

• Incentivar y desarrollar la industria naval en Chile, aprovechando la tecnología y la capacidad instalada tanto en astilleros privados, del Estado y la activa participación de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). Es parte de los intereses marítimos del país utilizar la vía marítima para proyectarse hacia el Asia-Pacífico.

Por otro lado, un 90 por ciento del transporte de las cargas que salen o ingresan al país se hace por la vía marítima, requiriéndose mantener un constante apoyo a esta actividad de parte de las instituciones de la defensa. Nuestra red portuaria permite atender esas demandas y las de la zona interior adyacente, incluyendo el Cono Suramericano, que encuentra un enlace de sus productos hacia los mercados del Pacífico.

Asimismo, la preservación de recursos ictiológicos en los espacios marítimos nacionales reviste gran relevancia para nuestra economía. Esta actividad, así como el desarrollo de cultivos acuícolas en aguas interiores, hace indispensable mantener la calidad y pureza del medio ambiente. A su vez, las potencialidades de producción de energías limpias, renovables y no tradicionales que pueden proveer nuestros mares, demandan realizar investigaciones y experimentaciones a corto plazo para un país como el nuestro, carente de petróleo y gas. Para la gestión de las actividades dentro del territorio marítimo nacional hay varias leyes específicas que regulan la acción de los nacionales y extranjeros, y también varios tratados internacionales


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suscritos por el Estado que crean obligaciones para las autoridades y usuarios de este territorio.

En la zona marítima donde Chile tiene responsabilidades ante la comunidad internacional, y que supera los 30.000.000 de km2 medidos desde el meridiano 131º W, nuestro país pone en práctica los compromisos asumidos en un conjunto de instrumentos internacionales. En este contexto, Chile está adherido al Acuerdo Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar desde 1929; tiene obligaciones específicas de rescate y salvamento marítimo en el cuadrante suroriental del Pacífico desde1953; aporta a la Carta Batimétrica General de los Océanos desde 1962; es coordinador del Área Marítima del Pacífico Suroriental para la Oficina Hidrográfica Internacional desde 1987 y para el Control del Tráfico Marítimo desde 1989; además, es miembro activo de la Red de Alerta de Tsunamis del Océano Pacífico.

b. La estrategia marítima nacional

Es la estrategia del Estado con relación al mar y orienta la función que en ella cumple la Armada. En términos genéricos, dirige la aplicación del potencial nacional, tanto en tiempo de paz como en situación de crisis o guerra, para obtener el uso seguro, libre y sin interferencias del mar en beneficio propio acorde con la legislación nacional y los convenios internacionales. Es esencialmente integradora y tiene la importante característica de ser nacional, ya que para materializarla se necesita el apoyo y concurrencia de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, además de otras organizaciones del Estado.

A su vez, coopera con el esfuerzo del Estado en la preservación, potenciación y promoción de los intereses marítimos nacionales.

4. Política Aeroespacial

El Estado de Chile reconoce la necesidad de tener una visión realista y uniforme sobre el espacio aéreo nacional expresada en una política aeronáutica nacional, ya que esta constituye un factor decisivo para el país. La actividad aeronáutica contribuye a su desarrollo económico y social. Su estructura se complementa con la “política de cielos abiertos”, siendo nuestro país un pionero en este sentido.


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Nuestro espacio aéreo es flexible y dinámico, donde las actividades de la aviación general y civil-comercial se complementan cotidianamente con las actividades de la aviación militar, sin interferencias y con gran fluidez, lo que ha permitido usufructuar armónicamente del uso soberano del espacio aéreo nacional. Por esta razón se dice que el sistema es mixto, debido a que lo militar convive coordinadamente con lo civil, creando sinergias en su operación, mantenimiento y desarrollo, y aprovechándose en forma eficiente los recursos que el país pone a disposición del Sistema Aeronáutico Nacional (SAN), ya que se utiliza plenamente su infraestructura y sus capacidades.

El segmento militar del uso del espacio aéreo es de responsabilidad de la Fuerza Aérea de Chile, en tanto el segmento civil lo es de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ambas instituciones coordinan, a través de múltiples instancias, el uso flexible y permanente de nuestro espacio jurisdiccional, con el único propósito de operar el sistema aeronáutico y resguardar la vigilancia y la seguridad operacional. Este multisistema aeronáutico nacional es apoyado por la Fuerza Aérea de Chile a través del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), organismo que tiene la responsabilidad sobre toda el área antes definida.

En 1996 se dio inicio a las concesiones aeroportuarias, permitiendo atender la creciente demanda de la industria del transporte aéreo y acercando a Chile, en su conjunto, a los grandes polos de desarrollo del mundo actual. La estructura del espacio aéreo es complementaria a las necesidades de mayor conectividad y seguridad en la aeronavegación, estructurándose de tal forma que su uso flexible permite la convivencia armónica de todos los actores que en él operan.

En los últimos años, la actividad aeronáutica ha incorporado una nueva dimensión: la espacial. Es así como todos los esfuerzos se han consolidado en un “sistema aeroespacial chileno”, en el que interactúan las políticas de Estado, la conducción del gobierno, los ministerios de Defensa, de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones, la Fuerza Aérea de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); además, considera aquellas entidades y personas públicas y privadas específicamente relacionadas con el uso y explotación del recurso aéreo y su utilización en el campo del desarrollo nacional y la defensa. El sistema aeroespacial es un bien social que integra las capacidades aeronáuticas, espaciales y


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humanas, la infraestructura terrena asociada, organismos fiscales y políticas o normativas específicas orientadas y desarrolladas para el aprovechamiento efectivo y eficiente de sus componentes.

La actividad aérea se enmarca en textos normativos nacionales, en particular el Código Aeronáutico, la Ley N° 16.752, el Reglamento Aeronáutico y la Norma Aeronáutica. El Estado de Chile toma para sí la responsabilidad de la seguridad operacional de las actividades aéreas, enmarcadas no sólo en la seguridad y protección al vuelo, sino que de personas y bienes que circulan en nuestro espacio aéreo y por terminales aeroportuarios.

La “categoría I” otorgada a Chile por la Federal Aviation Administration (FAA), de Estados Unidos, y el reconocimiento internacional a la gestión de la DGAC por su liderazgo en materias de modernización y gestión, constituyen un patrimonio nacional que debe ser protegido, sustentado y proyectado en el tiempo. El equilibrio presupuestario y la gestión financiera eficiente en el marco de un sistema que se autofinancia, es un referente que la OACI ha reconocido como modelo a seguir en la administración de otros sistemas aeronáuticos.

La DGAC ha desarrollado una serie de aspectos relacionados con el espacio aéreo, el cual hoy se encuentra en pleno desarrollo de una estructura de cuarta generación, al estar aplicando tecnología satelital en su infraestructura y diseño de aerovías y procedimientos de aproximación para el aterrizaje y despegue. Esto significa que los aviones vuelen rutas más precisas, más directas, más seguras y en menor tiempo de vuelo, lo cual permite ahorrar miles de toneladas de combustible y mitigar la contaminación por emisión de gases en la atmósfera.

La actividad aeronáutica se ha mantenido a la par de las tendencias mundiales que hablan de una preocupación cada vez mayor por el cuidado del medio ambiente. Algunos de los criterios que se han impuesto en los últimos años en esta materia se manifiestan en medidas tendientes a la disminución de los niveles de ruido, motores menos contaminantes y materiales biodegradables en la construcción de aeronaves.

5. Política Espacial La tecnología espacial en Chile ha pasado a ser una herramienta


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usada por diversos organismos, universidades, centros de investigación y empresas. No obstante, nuestro país es sólo usuario de esta tecnología y, por lo mismo, depende de otros estados para obtener información, servicios e imágenes satelitales. De aquí el imperativo de participar con capacidades propias en la actividad espacial.

a. Marco de Referencia

En el ámbito internacional, los criterios que orientan la política espacial de Chile son:

• Defender el principio que el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad, conforme lo establece la legislación internacional vigente ratificada por nuestro país.

• Promover el uso pacífico del espacio ultraterrestre para afianzar la paz internacional.

• Cautelar la soberanía y la seguridad nacional frente a un eventual mal uso de la tecnología espacial por parte de otras naciones.

• Promover la cooperación internacional y la integración con la región latinoamericana en actividades espaciales.

En el ámbito nacional, los criterios que orientan nuestra política espacial consideran que, en el ámbito de la seguridad y la defensa, el uso del espacio se hará de acuerdo con las normas internacionales vigentes, considerando el empleo de tecnología espacial en el contexto del uso pacífico del espacio exterior, favoreciendo la cooperación en proyectos conjuntos entre entidades civiles y militares.

b. Orientaciones

Se dará prioridad al desarrollo de capacidades en los siguientes rubros propios de un sistema espacial:

• Elementos espaciales. Fabricación de satélites, cargas útiles y equipamientos o instrumentos de percepción remota, telecomunicaciones y científicos.

• Infraestructura espacial. En este campo se dará énfasis al


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desarrollo de laboratorios especializados de fabricación, prueba e integración y centros de control y rastreo. No se tiene previsto incursionar en la construcción de centros de lanzamiento.

• Lanzadores. No se ha previsto el desarrollo de cohetes, vectores, vehículos de transporte espacial u otros destinados a transportar elementos espaciales.

• Sistemas de información. Se tenderá a la formación de un Centro Nacional de recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de data espacial, a fin de evitar duplicidad en su adquisición y alcanzar eficiencia a nivel nacional en el manejo de este recurso.

• Actividades espaciales. Prioritariamente, se orientarán a la formación de una masa crítica conformada por científicos, profesionales, técnicos y especialistas que permita la operación de los elementos del sistema indicados anteriormente.

En este marco general, y con el propósito señalado de disponer de capacidades propias en la actividad espacial, el Decreto (Av) Nº 338, del año 2001, creó la Agencia Chilena del Espacio, dependiente de la Subsecretaría de Aviación. El posterior Decreto (Av) N° 144, de 2008, cambió la dependencia de la citada Agencia a la Subsecretaría de Economía y modificó la política espacial nacional de la forma que sigue:

c. Objetivos generales

• Incentivar, coordinar y regular el uso de la tecnología espacial para incrementar las capacidades productivas y de servicios que aseguren el desarrollo del país.

• Promover la cooperación y propiciar la integración internacional,

regional y vecinal en materias espaciales.

• Coadyuvar a las necesidades estratégicas de la seguridad y defensa nacional.

• Establecer las bases para la creación de un organismo coordinador y normativo y representante de la tecnología espacial en Chile y ante los organismos internacionales.


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• Orientar el diseño y la actualización del plan de desarrollo espacial que responda a los requerimientos nacionales intersectoriales.

d. Objetivos específicos en relación a la defensa

• Mantener coherencia y pertinencia de los avances de la ciencia y tecnología espaciales con el desarrollo nacional y sectorial así como con los planes de seguridad y defensa nacional.

• Promover y coordinar la participación de los organismos e instituciones nacionales en el campo de la ciencia y tecnología espaciales, estimulando el perfeccionamiento de los profesionales nacionales en las disciplinas espaciales.

• Promover y coordinar el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones nacionales, públicas y privadas, civiles y militares, facilitando el flujo expedito de la información sobre ciencia y tecnología espaciales.

e. El Sistema Satelital de Observación de la Tierra

En un nuevo esfuerzo por desarrollar su política espacial, Chile decidió impulsar un Sistema Satelital para la Observación de la Tierra (SSOT) consistente en la cofabricación de un satélite y la contratación de su puesta en órbita. El propósito del SSOT es entregar la capacidad de contar con un proyecto estratégico orientado a la observación del territorio con un amplio espectro de objetivos, tales como prospección geológica, vigilancia de ecosistemas, prevención y mitigación de catástrofes y temas de interés para la seguridad del país.

De acuerdo al programa, el SSOT debe estar disponible en un plazo de 2 a 3,5 años desde la firma del contrato, acto que ocurrió en 2008.


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La población del país, con los rasgos que la distinguen, así como el territorio nacional y las instituciones de la República, es objeto de la defensa nacional. La responsabilidad que compete al Estado de proteger los elementos que le son vitales, incluyendo la soberanía para tomar las decisiones que afectan el destino del país, tiene por uno de sus efectos la necesidad de dar a conocer lo que somos, quiénes somos, dónde nos situamos y qué queremos. Esto constituye uno de los requisitos para fundar las bases de lo que pretendemos defender.

III.1. GeneralidadesEn el proceso de evolución de una población en nación se van adquiriendo rasgos prevalecientes de sentido unitario, conciencia colectiva y convicción de pertenecer a una comunidad que la distinguirán de otras naciones.

Normalmente, en este mismo proceso, la nación se organiza políticamente en un Estado al que asigna funciones básicas para su desarrollo: entre ellas, la función de defensa. En este sentido, una de las razones de ser de la defensa es, precisamente, proteger a la población.

Toda defensa se funda, en última instancia, sobre las piezas más elementales del Estado nacional: Estado, territorio y población.

Estas piezas —recogidas o expresadas, en nuestro caso, en los principios y objetivos del Estado descritos en la Constitución Política de la República— corresponden a elementos que configuran parte de los bienes y propósitos que Chile está dispuesto a proteger, porque son los que animan su ser y le confieren identidad entre las naciones.

LA POBLACIÓN DE CHILE


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La sociedad chilena es el resultado específico de una combinación de etnias; todas ellas han dado riqueza, en el proceso de mestizaje, a la población de Chile. La identidad nacional exhibe factores de continuidad y de cambio a partir de distintas narraciones que conjugan, por una parte, la valoración de tradiciones heredadas y acontecimientos históricos y, por otra, la apertura a las influencias externas, transformaciones y legítimas aspiraciones acerca de las realidades del presente, así como visiones en torno a los proyectos colectivos de cara al porvenir.

Con todo, la identidad nacional se concibe como un proceso inclusivo en que interactúan sensibilidades de todos los referentes sociales, expresando así un ambiente cultural diverso y plural, aunque compatible y unido en sus componentes básicos. A la institucionalidad del Estado le compete promover las condiciones para el libre desarrollo de esas culturas, pero al mismo tiempo, y sin contradicción, estimular el enriquecimiento de los factores particulares de la identidad nacional.

III.2. Aportes de la Defensa a la Identidad NacionalLos efectos asociados a la actividad militar en los distintos períodos de nuestra historia constituyen un elemento que ha incidido en el proceso descrito de conformación de la identidad nacional. Historiadores, sociólogos, antropólogos y, en general, estudiosos de la sociedad chilena coinciden en que el conflicto, más allá de la tragedia humana que supone, explica algunos de los rasgos que concurren a la formación de Chile como una unidad nacional singular.

Complementariamente, en el largo proceso de conformación de la nación chilena, las instituciones de la defensa —y las Fuerzas Armadas, en particular— han contribuido de variadas maneras al propósito de fomentar la cohesión social como fundamento esencial de la permanencia de nuestra nacionalidad.

Puede decirse que las Fuerzas Armadas encuentran un doble sentido a su existencia como tales. Surgen formalmente como organizaciones con sentido nacional preparadas para asumir la defensa del pueblo chileno, su territorio y su soberanía expresada en el Estado nacional,


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pero, a la vez, emergen como instituciones asociadas a los valores en que esa defensa se funda.

En tal sentido, desde sus funciones específicas y principales, ellas generan las condiciones de seguridad externa indispensables para la vida de la nación organizada en sociedad, haciendo, a la vez, contribuciones a su desarrollo y a la conservación y enriquecimiento de su patrimonio cultural.

III.3. Datos y AntecedentesTanto el número de habitantes como los distintos aspectos de distribución de la población son relevantes desde el punto de vista de la defensa, dadas las determinaciones que ellos imponen al empleo de los recursos humanos en las previsiones que el país debe tomar para sostener su seguridad externa.

1. Crecimiento de la Población

Los índices poblacionales registran en los últimos veinte años una paulatina disminución en la tasa de crecimiento, declinación que se replica para el decenio venidero. Entre 1990 y 2000 la población nacional alcanzaba 15.397.784 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1,3 %, en tanto, la estimación para el decenio 2000-2010 es de 17.094.275 habitantes, cifra que representa una tasa de crecimiento de 0,97 %. Por su parte, la proyección para el decenio 2010-2020 es de 18.549.095, con una tasa de 0,74 %.6

2. Distribución por Sexo

La distribución de la población por sexo observa homogeneidad relativa entre hombres y mujeres, proporción que proyectada al 2010 equivale al 49 % y 51 %, respectivamente. Esta circunstancia no se presenta homogéneamente en todos los grupos etarios; particularmente, en el segmento comprendido entre los 20 y 49 años, la relación es la inversa (51 % y 49 %, respectivamente).

6 Instituto Nacional de Estadística (INE),

“Chile: Proyecciones y estimaciones de

población,1990 -2020”. Santiago, agosto de

2008.


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3. Distribución por Grupos Etarios

El estudio de los indicadores poblacionales anticipa como tendencia general el envejecimiento de la población, dibujando un escenario en que predomina tanto la declinación de las tasas brutas de natalidad como la tasa de mortalidad infantil. Asimismo, se mantienen constantes los índices de mortalidad general y el incremento sostenido de la esperanza de vida al nacer.

4. Distribución poblacional

Según este criterio, la distribución de la población presenta una relativa estabilidad en el tiempo, situándose en una proporción aproximada de 86 % urbana y 14 % rural; esta proporción tiende a mantenerse al proyectarse al año 2020, aunque con una leve disminución de la población rural. Por otra parte, del total de la población nacional, el 40,1 % se concentra en la Región Metropolitana (Santiago), el 12,3 % en la Región del Bíobío y el 10,2 % en la Región de Valparaíso.

5. Densidad poblacional

La densidad poblacional global del país es de 19,9 habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, esa relación genérica está disminuida en el norte; en efecto, la Región de Arica y Parinacota tiene 11,2 hab/km2 y la Región de Tarapacá cuenta con 5,7 hab/km2. Del mismo modo, en la zona austral, la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo tiene sólo 0,8 hab/km2 y la Región de Magallanes (continental) 1,1 hab/km2.

III.4. Política Nacional de MigraciónComo producto del trabajo realizado por la Comisión sobre Política Migratoria, establecida en el Ministerio del Interior, Chile cuenta desde el año 2008 con una política nacional migratoria que apunta a hacerse cargo de la realidad actual de Chile como país receptor de cuotas significativas de inmigrantes. Esta política, formulada bajo el prisma de los derechos ciudadanos, se ciñe a los principios señalados en el recuadro 8.


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1. Orientaciones para la Acción del Estado

• Chile, país de acogida: Chile es un país abierto a la inmigración sobre la base de una recepción no discriminatoria y que aplica los tratados internacionales que rigen en la materia, de los cuales es parte.

• Integración de los inmigrantes: Chile acepta positivamente al migrante dentro de la sociedad, respetando su especificidad cultural, pero también propendiendo a que el extranjero se integre a diversos ámbitos de nuestra sociedad.

RECUADRO 8: PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MIGRACIÓN

• Residencia y libertad de circulación

• Libertad de pensamiento y de conciencia

• Acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente in formadas

• Acceso a la justicia

• Integración y protección social de los inmigrantes

• Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en Chile

• No discriminación

• Regularidad de los flujos migratorios

• Reunificación familiar

• Participación ciudadana en la gestión migratoria

• Tratamiento internacional de la temática migratoria: Chile promueve la generación de acuerdos entre países de origen, tránsito y destino, de carácter bilateral y multilateral, que permitan la administración del fenómeno migratorio, considerando los intereses de los inmigrantes, pero también de los países involucrados.

• Capacidad de regulación y administración: Chile no renuncia a su derecho y deber de desarrollar marcos jurídicos para orientar el acceso a la residencia en su territorio, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y de su población.


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2. Promoción de la Migración Segura

Se promoverán acciones que permitan prevenir y sancionar tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas. Por otra parte, cuando efectos negativos derivados del fenómeno migratorio pudiesen generar tensiones internas o crisis en el nivel bilateral o internacional, el Estado podrá cautelar, a través del ordenamiento jurídico, los riesgos a la seguridad que pudieran asociarse a los fenómenos migratorios.

3. Condiciones de Asilados y Refugiados

La legislación migratoria vigente en Chile iguala, de cierta manera, los conceptos de “refugio” (categoría de residencia temporal) con cualquier otra categoría de residencia. En vista de lo anterior, será deber de los organismos gubernamentales competentes, generar fórmulas que permitan responder de manera adecuada a las especiales condiciones de vulnerabilidad que presentan las personas que solicitan refugio en Chile.

4. Compromisos Intersectoriales

El Consejo de Política Migratoria convocará a los servicios públicos nacionales a suscribir protocolos de acuerdo y coordinación para el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en la estrategia de implementación de esta política.

III.5. Impacto de la InmigraciónComparativamente con otros países de la región, Chile exhibe magnitudes relativamente bajas de inmigrantes, pese a que en las últimas dos décadas una cantidad cada vez mayor de ciudadanos extranjeros se ha radicado en el territorio nacional.

El gráfico 6 muestra que el porcentaje de inmigrantes sobre la población total de Chile nunca ha sobrepasado el 5 %. Durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX el predominio de los


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7 Departamento de Extranjería, Ministerio del Interior. Datos de septiembre de 2007.

GRÁFICO 6 IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN LA

POBLACIÓN CHILENA

AñoPoblación

total

de Chile

Población inmigrantes

Total % Europeos Americanos Otros

114.1141920

1930

3.731.593

1940

1952

1960

1970

1982

1992

2002

4.287.445

5.023.539

105.463

107.273

3,06%

2,46%

2,14%

60,0%

60,0%

67,2%

31,2%

24,6%

21,7%

8,9%

15,4%

11,1%

5.932.995

7.374.115

8.884.768

103.878

104.853

90.441

1,75%

1,42%

1,02%

55,9%

60,9%

53,3%

23,4%

26,1%

34,4%

20,7%

13,0%

12,3%

11.275.440

13.348.401

15.116.435

84.345

114.597

184.464

0,75%

0,86%

1,22%

31,8%

20,1%

17,2%

54,5%

65,1%

71,8%

13,7%

14,8%

11,0%

europeos entre los inmigrantes superó la cota del 67 %. Sin embargo, el censo de 1982 muestra el inicio de un notable cambio en la composición de los inmigrantes que llegan al país.

Según datos de 20077, residen en Chile alrededor de 258.000 personas de origen extranjero, representando el 1,6 % de toda su población. Del total de ciudadanos extranjeros, las estimaciones indican que el 54 % proviene de países limítrofes: Perú (26 %), Argentina (22 %) y Bolivia (6 %). Lo anterior, sumado a otras cifras menores procedentes de Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela, arroja una realidad caracterizada por el acento regional de la inmigración, superando el 67 % del total que fluye hacia Chile.

En un contexto globalizado, de creciente interdependencia entre naciones y de mayor flujo de intercambios ya no sólo de bienes, servicios y capitales, sino también de personas, el fenómeno migratorio ocupará un lugar cada vez más destacado en la agenda de los países desarrollados y en vías de desarrollo, centrándose en cómo absorber las ventajas y contener sus problemas. Para Chile, la importancia e impacto de lo que se denomina “nueva inmigración”,


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procedente especialmente de América del Sur y motivada principalmente por razones laborales, exigirá abarcar ámbitos más amplios que los relacionados estrictamente con el ingreso al país, los que deberán ser abordados teniendo en particular consideración las prioridades y énfasis que nuestra política exterior otorga a la región latinoamericana, en especial a los tres países vecinos.

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