Boletín Humanizando 4

HUMANIZANDO / 1

Año II Nº 4 Noviembre, 2006LIMA - PERÚ

2 / BOLETIN INFORMATIVO

Presentación

Mesa Interinstitucional

de Cárceles

Mesa Interinstitucional de Cárceles

Av. Salaverry 1945 Lima 14, PerúTelf. (01) 471-0790 Fax: [email protected]

Instituciones miembros: Asociación Iustitia et Pax, Asociación Paz y Esperanza, Centro de Estudios y Acción para la Paz, Asociación Peruana de Derechos de Ejecución Penal, Comisión Episcopal de Acción Social, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Instituto Sociedad y Derechos Humanos y Obispado del Callao.

Comité Editor:Diego Chiara BellidoFernando Negrón MuñozLourdes Zegarra Miranda

Impresión:

2,000 ejemplaresNoviembre, 2006

Con la colaboración de:Caritas Australia

El presente número de su Boletín “Humanizando” se inscribe dentro de un contexto de continuidad y cambios en el acontecer nacional. Continuidad en relación a los grandes problemas nacionales que siguen afectando a la mayoría de la población peruana y que a cien días de instaurado el nuevo Gobierno Central, son aún pocas las señales que se observan tendientes a revertir la situación, pero, las esperanzas siguen depositadas en quienes decidieron apoyar o no al partido gobernante en las justas electorales. En cuanto a los cambios, podemos señalar algunas acciones de diálogo promovidas para la solución de conflictos sociales así como diversas señales de austeridad con los recursos públicos.

La continuidad no queda ahí. Continúa en las tribunas públicas escuchándose aquellas voces que creen que estos problemas nacionales se resuelve atacando las consecuencias y no sus causas. En esta anómica lógica, se encuadra la política criminal imperante en estos tiempos y que se traduce, en su forma más cruda, en el planteamiento de la implementación de la pena de muerte para casos de violación de niños seguido de muerte, siendo el principal argumento de uno de los proyectos de ley presentados al respecto, que los autores de este hecho son irredimibles.

De otro lado, continúan los problemas en el sistema penitenciario. Los buenos propósitos de la actual Presidente del INPE, expuestos en resumen en las páginas internas, encuentran férreas resistencias en su interior, donde la corrupción enquistada a todo nivel frena cualquier proceso de reforma. Corrupción que comprende también a algunos malos funcionarios públicos, a abogados que denigran la profesión, a internos y familiares que ceden a cambio de obtener ciertas ventajas.

Esta nueva entrega de “Humanizando” ofrece a ustedes variedad de artículos que por su vigencia son importantes para el análisis y el debate. Sobre la pena de muerte, se recoge la opinión de una serie de personajes que muestran su desacuerdo con su implantación. La situación penitenciaria actual es tratada a partir del Informe Estadístico Mensual del INPE, reflejándose que las cosas no han variado sustancialmente.

Hemos considerado conveniente adoptar como tema central del presente número la propuesta penitenciaria del actual régimen. Asimismo, se plantea un interesante desafío en el tratamiento penitenciario, buscando el reconocimiento de la persona privada de libertad como sujeto de derechos y la promoción de la participacion ciudadana en el sistema penitenciario.

En Huancayo y Pucallpa, las Mesas Interinstitucionales hermanas siguen trabajando como es de verse en los artículos enviados a la redacción. Además de otras páginas de interés general, resalta también el artículo referido a las actividades que se realizan en el penal de mujeres de Chorrillos.

Es nuestro propósito seguir apostando por dignificar a la persona del encarcelado, como a cualquier otro ser humano, sin que ello signifique avalar o justificar conductas ilícitas en las que puedan haber incurrido.


PRESENTACION

HUMANIZANDO / 3

OPINIONES: PENA DE MUERTE

LA PENA DE MUERTE EN

DEBATE:Aportes para NO

aceptarla en nuestro sistema social

El debate se inició. Ya desde la campaña electoral se escucharon varias propuestas que pretendían revivir el tema de la pena

de muerte y, finalmente éstas calaron en la opinión pública; por lo cual, los

diversos candidatos que fueron elegidos, asumieron como una de sus primeras tareas, el impulsar la aceptación de la

pena de muerte en el orden constitucional. El debate no es nuevo, sin embargo,

sorprende como el eco del clamor popular es atendido de manera inmediata por

algunos sectores del Estado.

Presentamos seguidamente, algunas opiniones expresadas en relación al tema donde se fundamente las diversas razones por las cuales no se debería aplicar la pena de muerte:

El Constitucionalista Francisco Eguiguren realizó la siguiente reflexión: “yo apuesto por otras soluciones drásticas pero distintas (…) El deber de los políticos no debe centrarse solo en escuchar el clamor de la calle sino también en explicar a los ciudadanos que la pena de muerte no supone ningún beneficio y que si la tendencia mundial es su reducción y eliminación, es porque nunca ha sido efectiva. Es natural que los familiares de las víctimas deseen la muerte del agresor, pero no pueden pedir al Estado que ese deseo, nacido del dolor y la rabia, se convierta en ley”.

La Conferencia Episcopal Peruana, en un comunicado emitido al respecto señala: “La Iglesia proclama la primacía y la inviolabilidad de la vida humana, lo que significa que nadie puede disponer directamente de la vida propia o ajena, sin tener en cuenta el grave riesgo que corre en erigirse en el dueño de la vida, siendo Dios el Único Señor de la vida humana (…) El Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida, de modo especial la de los indefensos; pero este deber, expresión de la legítima defensa, no supone el uso de la violencia mas allá de la realmente necesaria (de C.CIC 467); además todo Estado debe garantizar un sistema jurídico suficientemente capaz y diligente para aplicar las penas establecidas que permitan eficazmente “reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable” (C.CIC 468) (...) Consideramos que es necesario buscar una solución integral a esta problemática basados en una política de prevención que pasa por una renovación de nuestro esfuerzo por la búsqueda de la formación de la persona humana y de la familia basada en principios y valores sólidos, en una verdadera educación sexual, no una mera información.”

El Constitucionalista Jorge Avendaño señaló que: ”la pena de muerte no es una medida efectiva y menos aún, disuasiva (…) la experiencia internacional ha demostrado que ningún violador deja de cometer un delito por miedo a la pena capital; y que de aplicarse en el país no disminuirán los casos de violación.”

Para Eduardo Arens, s.m. En la obra “¿Pena de Muerte? Orientaciones Bíblicas” precisa: “La pena de muerte no siempre resulta un castigo. Puede ser la alternativa al suicidio; la liberación fácil de una situación insoportable (p.ej. cadena perpetua). No es nada constructiva. Pero desgraciadamente es irreversible y es estéril! Además, ¿Cuántas veces no se ha condenado a muerte a alguien que realmente era inocente o cuyo crimen tenía muchos atenuantes? La pena capital es el camino a menudo más fácil y barato, pero el menos humano y constructivo. Algunos parecen sufrir del delirio de Caifas: “Más conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca” (Jn. 11,50).


ARTICULOS - PENA DE MUERTE

El ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega manifestó enfáticamente: “creo que la mejor opción es enfocar el tema de la violación de menores dentro de un gran enfoque vinculado con las relaciones dentro del ámbito familiar. Además, se debe apuntar hacia la educación y el fortalecimiento de los derechos cívicos, así como de los sistemas de vigilancia que permita a las víctimas denunciar este tipo de delitos”.

El señor Ismael Vega, Directivo de Amnistía Internacional - Sección Peruana, manifestó que: “el principal argumento para rechazar la pena de muerte es que se trata de una violación al Derecho a la Vida que está proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por todos los países del mundo (...) la pena capital es la máxima expresión de un castigo degradante que un Estado civilizado no debería aplicar”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a través de un comunicado señaló lo siguiente: “La pena de muerte no ataca las causas del problema, se limita a responder a las consecuencias del mismo. En este sentido es una medida reactiva equivocada puntual en cada caso que se cometa y que no atiende el problema en su integralidad. Por ello, el Estado debe contar con estrategias de prevención que involucren a sus instituciones y la participación ciudadana (…) Ampliar las causales de pena de muerte, mas allá de la traición a la patria, implicaría denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y dejar de ser parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto dejaría a los peruanos y peruanas sin un mecanismo internacional fundamental de protección de sus derechos en caso el Estado los viole. También colocaría al Perú en una posición de paria en la comunidad internacional”.

El debate está abierto.

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DIAGNÓSTICO

Una mirada a la situación penitenciaria actual

Fernando M. Negrón Muñoz1

En estos tiempos, ya nos parece ‘natural’ que desde el Estado y un sector de la sociedad, se crea que la cárcel representa el salvavidas en el tema de seguridad ciudadana. Ante el clima de violencia urbana que atraviesa nuestro país, el Poder Ejecutivo, Legislativo e incluso muchos candidatos a los Gobiernos Regionales y Locales, manifiestan la idea de incrementar las penas ¿Qué puede implicar esto a futuro? Consideremos algunas respuestas; un incontenible aumento de la población penal pero no del presupuesto del INPE; la construcción de más penales que finalmente no cumplen su rol resocializador pues el tratamiento penitenciario no funciona; condiciones de vida inadecuadas para los internos e internas; resentimiento y frustración de las personas encarceladas y de sus familiares; corrupción, etc.

Es necesario implementar políticas que contribuyan a la prevención de la delincuencia, especialmente dirigida a los niños y jóvenes, permitiendo además, tener una comunidad con mejores oportunidades de desarrollo, menos insegura, con menor violencia. Asimismo, incorporar en la política criminal un adecuado tratamiento que permita una real resocialización tanto dentro como fuera de la cárcel, para finalmente, lograr que la reinserción de las personas que egresan de prisión, la hagan a través de un trabajo digno, y de condiciones de vida que contribuyan a enmendar el daño ocasionado y, también preparar a la sociedad para que los reciba sin ningún tipo de estigmatización.

Si revisamos información estadística, veremos que en la actualidad la población penal a nivel nacional asciende a 36,4672 personas, de ellas 24,867 (68.2 %) se encuentra en calidad de procesados y 11,600 (31.8 %) están sentenciados, esto confirma la lentitud

en la resolución de los procesos judiciales, pues el número de presos sin condena es poco más de las dos terceras partes de la población penal.

En cuanto al sexo, tenemos que el 93.06% (33,936) son varones mientras que el 6.94% (2,531) son mujeres; Un dato de especial importancia es en relación al rango de edades de la población penal nacional, el 46.7% (17,045 personas) tienen entre 18 y 29 años, mientras que el 30.5% (11,115 personas) entre 30 y 39 años, es decir, que el 77.2% de la población que pueblan las cárceles son personas jóvenes y económicamente productivas.

En cuanto al tipo de delito por el cual ingresan a prisión, tenemos: contra el patrimonio (41.5%), contra la seguridad pública (25%), contra la libertad (19.7%), contra la vida el cuerpo y la salud (8.7%) entre otros. La población extranjera en los penales es de 867 personas (714 varones y 153 mujeres) mayoritariamente procesados por delito de TID, siendo los principales países de procedencia Colombia (135), España (112), Bolivia (81) y Ecuador (65).

Respecto de las mujeres con hijos en prisión; existe en los penales a nivel nacional un total de 149 madres que conviven con sus hijos menores de 3 años, los que representan un total de 153 (67 niños y 86 niñas).

Consideramos importante y necesario conocer éstos y otros datos, para con una visión mucho más amplia del mundo de la cárcel, se planteen propuestas más allá de las eminentemente sancionadoras, pues es preciso reconocer también que las personas encarceladas son seres humanos con derechos y deberes.

1 Abogado, Comisión Episcopal de Acción Social. 2 Fuente: Informe Estadístico Mensual - Agosto 2006, del Instituto Nacional Penitenciario, Oficina de Estadística.

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Estrategias públicas en la política penitenciaria

Lourdes Zegarra Miranda3

TEMA CENTRAL

A continuación, presentamos algunas de las medidas anunciadas tanto por la Ministra de Justicia, Dra. María Zavala Valladares, como por la Presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Dra. Rosa Mávila. Esperamos, mas allá de los anuncios, las medidas concretas que posibiliten su puesta en práctica.

• En relación al tema de Seguridad Ciudadana; generar los mecanismos legales necesarios, así como fortalecer y modernizar el Sistema Penitenciario Nacional, para expedir leyes especiales que regule el tratamiento del crimen organizado.

• Se está constituyendo una Comisión de Coordinación Permanente con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, para efectuar el seguimiento y monitoreo de esta política integral contra el crimen organizado.

• En lo que respecta al INPE, tiene que declararse en emergencia, puesto que si no hay un fortalecimiento de la seguridad de los penales, se entiende que hay corrupción En ese sentido, se está implementando un sistema de control de paquetes y de visitas. Asimismo, se está reforzando el parque automotor. Además, se está trabajando un plan piloto en Piedras Gordas para las visitas, que es un sistema donde se controla a la visita mediante la huella digital.

• En el INPE también existen problemas de personal, no hay un escalafón. Por otro lado, se tiene que ejecutar la ampliación de pabellones en Tambo de Mora, en Puerto Maldonado, en Chincha, en Piura y en el penal de Lurigancho, que es el penal donde existe el mayor grado de hacinamiento. Sobre este penal se plantea que se divida en dos, un porcentaje va a quedar a manos del INPE, y el otro, que es de peligrosidad de la fase inicial, a cargo de la Policía Nacional. Se va a fortalecer la clínica del Lurigancho para que sea una Clínica Psiquiátrica.

• La creación del Registro Único de Requisitoriados, Procesados y Sentenciados, que es indispensable en una administración de justicia.

A su vez, la Presidenta del INPE ha mencionado5 que parte de la problemática del sistema penitenciario radica en que los penales no sólo son administrados por el INPE sino también por la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.

Asimismo, señaló respecto al hacinamiento, que al mes de agosto de este año, la población penal nacional en los 84 penales del país, había alcanzado el número de 36,384 internos, si ello se contrasta con la capacidad de albergue, que es del orden de 22,959, se obtiene un hacinamiento del 58%. Es decir, más de la mitad de la población penitenciaria del país, tiene una pésima calidad de vida y de infraubicación en términos de hábitat carcelario. Lo cual resulta mucho más preocupante en el caso de la región Lima, donde se encuentra más del 50% de la población penal a nivel nacional. El caso emblemático más dramático es Lurigancho, donde se tiene un nivel de hacinamiento que alcanza el 343%. En el penal Sarita Colonia del Callao, el nivel de hacinamiento es de 208%; y en el penal de mujeres de Chorrillos es de 300%. Asimismo, refirió que el tema del hacinamiento plantea otros problemas más estructurales, como el principio de autoridad y gobernabilidad dentro de los establecimientos penitenciarios, en los que coexiste una subcultura del trabajo y del tratamiento, pero que se confronta con otra subcultura de la delincuencia, que lejos de contribuir a la rehabilitación del interno, convierte a las cárceles en escuelas de delito.

Entre las medidas anunciadas por la Ministra de Justicia se encuentran4:

3 Abogada. Asociación Paz y Esperanza. 4 Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. 5 Durante su exposición sobre política penitenciaria realizada ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

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Las acciones de urgencia anunciadas fueron: Actualmente el sistema de registro es manual, anacrónico, por lo que, se va a implementar un registro informático a nivel nacional.

En materia de política anticorrupción, afirmó que se trata de desarrollar una ética pública en el servidor penitenciario a través de programas de capacitación, un eficaz funcionamiento de los órganos de control, aplicación real de sanciones, que incluya la destitución.En cuanto al penal de Piedras Gordas, expresó que está orientado a una población penal de alta peligrosidad, de régimen cerrado especial en sus tres niveles. Mencionó que durante los últimos días de la gestión anterior, se trasladó a 20 internos bajo criterios de seguridad, pero esto resulta contradictorio, pues precisamente este penal es de máxima seguridad. Informó que se ha dispuesto el arreglo de los sistemas de vigilancia y de recuperación del orden y disciplina.

La Dra. Mavila, señaló que el paradigma teleológico de la readaptación, reeducación y reinserción está contemplado en la normatividad protectora, pero que hay serios recursos y limitaciones para la aplicación del tratamiento penitenciario. Sin embargo, hay importantes esfuerzos en los distintos establecimientos penitenciarios del país, sobre todo orientados a programas que son aún insuficientes, pero en perspectiva de inserción productiva de la población penal. Mencionó como ejemplo, la lavandería en el penal de Chorrillos, concebido ya como un proyecto semindustrial o el trabajo de carpintería en algunos pabellones de Lurigancho. Se necesita una inyección económica para que la población penal empiece a trabajar a fin de que sirva como efecto multiplicador para la manutención de su familia.

TEMA CENTRAL

• Declaración de emergencia del sistema peniten-ciario; asignación de recursos para la construc-ción de dos establecimientos penitenciarios en la región Lima.

• La división en dos del penal de Lurigancho: una parte administrada por el INPE, que albergará la criminalidad juvenil primaria.

• En el mismo penal, se realizará una inversión del orden de 3 millones de soles para obras de saneamiento integral de agua, desagüe y electricidad, así como para la refacción de la clínica para su conversión en clínica siquiátrica. Ello, a través de proyectos de ejecución rápida hasta diciembre, que ya están solventados por el Ministerio de Economía y Finanzas, para evitar los problemas que estaban contenidos en un informe de Defensa Civil sobre ese penal desde el año 2003.

• Asimismo, se va ampliar la capacidad del albergue de los penales de Río Seco de Piura y de Tambopata de Madre de Dios, y la construcción de tres pabellones en Carquín - Huacho; en Tambo de Mora - Chincha; y en Aucallama - Huaral.

En cuanto al personal penitenciario, señaló que el orden de remuneraciones es alrededor de S/. 800 a S/. 1,000 por trabajador penitenciario en todo el país. Si uno es Director de un establecimiento penitenciario, tiene un pequeño plus de S/. 200, y cuando deja ese cargo se retrotrae a la remuneración ínfima de S/. 800. No existe previsto un escalafón y una carrera con criterios de mérito, que evalúen no solamente antigüedad sino capacitación y los criterios modernos de administración en gestión de política de personal.

Por ley expresa, se ha tenido autorización y apoyo presupuestal para la contratación de 400 trabajadores penitenciarios. De otro lado, se necesita un incremento remunerativo básico del personal penitenciario. Establecer un concurso público, apropiado y con transparencia que permita evaluar a los nuevos servidores no sólo en función a la talla, sino sobre todo, a la estabilidad sicológica, raciocinio y grado de conocimiento básico. La propuesta que mencionó es aprobar una ley orgánica para los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario.

En materia de modernización, señaló que el Registro Penitenciario administra la información de más de 36,000 internos, así como la de los ex internos y personas condenadas a penas privativas de libertad que están en régimen de tratamiento en condiciones de libertad.

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En relación, a los recursos humanos destinados al tratamiento, señaló que en la cárcel de Yanamilla - Ayacucho, hay un psicólogo para 800 presos, de modo tal que la perspectiva clínica del tratamiento en materia criminológica resulta un mito en ese contexto de recursos humanos. Y por eso, el orden del requerimiento de personal, de médicos, sicólogos, asistentes sociales, implicará también un requerimiento en los distintos niveles a una mejor relación entre universidad, empresa, sociedad y cárcel.

Como parte de las acciones urgentes en el ámbito de seguridad penitenciaria, se ha planteado el impulso de políticas de reclasificación orientadas principalmente a separar la delincuencia primaria de la habitual y también hacer una separación de acuerdo a la edad.

Sobre la concesión de penales, informó haber hecho un llamado a la CONFIEP, a ADEX y a la empresa pública, a efectos de concitar su expectativa y su interés para desarrollar experiencias pilotos en la construcción de pabellones que podrían estar encargados a la gestión privada. Precisó sin embargo, que no existe una visión de privatizar todas las cárceles del país por considerarlo inviable, pero que sí se deben explorar otras alternativas.

Anunció también la propuesta de implementar el mecanismo de la terminación anticipada del proceso en el caso de los delitos vinculados a la bagatela y en delitos de escasa lesividad, contenido en el nuevo

Código Procesal Penal, que ya está en vigencia. Esto se efectuaría en coordinación con el Poder Judicial. Así como, la posibilidad de solicitar la aplicación, aunque fuere parcial, del proceso inmediato, que es una de las modalidades especiales señaladas.

Respecto, a la preocupación por los internos de escasos recursos, señaló que se va a inaugurar en el penal de Lurigancho, el servicio de coordinación interinstitucional de la Corte Superior de Justicia y del Ministerio de Justicia, para que el interno en el lapso de 24 horas pueda tener razón de la situación de su expediente y los requerimientos más urgentes en materia de servicio jurídico.

En cuanto, al derecho de gracia y a la despenalización, mencionó que es una política de Estado, pero que debe orientarse por sus canales adecuados. Se debe considerar que hay un porcentaje elevado de población penal primaria, en aplicación de la normatividad de asalto y robo, pluralidad de agentes, etc. sin embargo, no en relación a la naturaleza de la lesividad y al carácter del caso. Situación que deberá ser coordinada efectivamente con el Poder Judicial, a efectos de acelerar procesos. Y finalmente, en el caso, de la Comisión de Indultos, señaló que se han evaluado solicitudes de indulto recomendándose en algunos casos la aplicación de este beneficio y, en caso de delitos de mayor lesividad, se ha trasladado la solicitud a la Comisión de Derecho de Gracia, a efectos de que no se le condone la pena, pero que sí pueda aminorársele.

TEMA CENTRAL

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Redefiniendo el paradigma

del tratamiento penitenciario:

El reconocimiento de la persona privada de libertad como sujeto de derechos y la

promoción de la participacion ciudadana Wuille Ruiz Figueroa6

OPINIÓN - MIC LIMA

1. Límites del enfoque tradicional del tratamiento. Redefinición

La política criminal muestra sus límites con el paradigma del tratamiento donde se concibe a la persona privada de libertad como un enfermo social, al que se le debe someter a un tratamiento o a una “reingeniería clínico-social” para lograr su retorno a la sociedad ya “tratado” “curado” “cambiado” y “renovado”. Este paradigma, concibe al funcionario penitenciario como actor dinámico y protagónico frente la persona privada de libertad, mirándolo como a un ser pasivo y que sólo debe obedecer y someterse a ese tratamiento si quiere ser calificado como “readaptable” y “retornar” a la sociedad.

Este paradigma deja de lado un aspecto potencial y favorable que es la familia del privado de libertad, así como a la participación de la sociedad civil. Tanto la presencia de la familia como de la sociedad civil, son claves para concebir un nuevo paradigma en la política criminal: La participación ciudadana. En el Perú

y en varios países de América Latina se está pasando del ejercicio de una democracia representativa a una democracia participativa y esto debe mostrarse también en la política criminal.

2. De objeto a sujeto de derechos

La problemática penitenciaria no sólo es un problema de los funcionarios públicos penitenciarios o de la policía, o de los jueces y fiscales. Sin embargo, la política criminal peruana se ha manejado en ese enfoque. La persona privada de libertad - elemento central y hacia quien va dirigido esencialmente el grueso de la política criminal - aparece bajo el enfoque tradicional del tratamiento, como una persona enferma a quien se debe “tratar” o “curar”8, se lo convierte en un objeto de ensayo clínico, accesorio y pasivo sin concedérsele la posibilidad de ser actor dinámico, activo y protagónico. Se lo convierte en un objeto de ensayo, un objeto de derecho antes que sujeto de derechos.

A través de este artículo, se busca abordar el problema del paradigma del tratamiento penitenciario que domina la política criminal del Perú y proponer una redefinición. Se pretende mostrar los límites del tratamiento penitenciario y presentar elementos de una agenda social de política criminal que tenga como nuevo paradigma a la persona privada de libertad como sujeto de derechos7 y a la participación ciudadana como eje fundamental en la Política Criminal.

6 Abogado, Asociación Paz y Esperanza. 7 Ser sujeto de derechos implica a la vez ser sujeto de deberes. Entre derecho y deber existe una relación intrínseca. El derecho no puede ser entendido sin el deber. 8 La denominación que se le otorga a la persona privada de libertad en el Perú es el de “interno”.


El fin de la pena que señala la Constitución Política del Estado es “reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad”9. El Código Penal, al menos en forma declarativa también señala un propósito preventivo y resocializador.10 En el mismo marco se ubica el Código de Ejecución Penal11, sin embargo, el crecimiento de la delincuencia y la cada vez mayor sensación de inseguridad entre la ciudadanía, es motivo para que algunos políticos promuevan medidas sobrecriminalizadoras con eliminación de beneficios penitenciarios por ejemplo.

A nivel de presupuesto, el Estado no brinda los recursos necesarios para contar con infraestructura física adecuada y con suficiente personal penitenciario. La prisión, es uno de los rubros más pobres en la distribución del presupuesto nacional. Conforme a las condiciones de prisionización, caracterizado por la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de espacio físico suficiente y apropiado para realizar talleres y programas de formación, alta tasa de personas que retornan a la prisión, situaciones de maltrato, autoritarismo, existencia de mafias que buscan tener un dominio de la prisión, carencia de recursos del personal penitenciario para implementar programas, niveles altos de corrupción donde no sólo están comprometidos los privados de libertad sino que tiene a algunos malos funcionarios como parte de este sistema, a malos abogados, carencia de estímulos al funcionario penitenciario que percibe bajos sueldos, extensión del estigma de la prisionización a los familiares, reducción y dificultad en las posibilidades de lograr beneficios penitenciarios, entre otros aspectos, resulta poco favorable el contexto que permita al funcionario penitenciario, a pesar de su buena voluntad y de su buena fe, implementar eficazmente la tesis del tratamiento.

El tratamiento como tradicionalmente se la concibe, y dada la difícil situación penitenciaria, ha dejado de ser una posibilidad real. No se pretende abandonar totalmente este paradigma sino redefinir su enfoque.

Con este nuevo paradigma se pretende conceder a la persona privada de libertad, una actoría protagónica, convertirlo de objeto a sujeto de derecho, en tal perspectiva, estas personas durante la privación de libertad, deben construir nuevas capacidades y fortalezas que le permita la autoconstrucción de condiciones favorables y renovadas de la vida. No se trata de abandonar totalmente el enfoque del tratamiento sino de redefinirlo.

Este enfoque debe tener en cuenta que la tendencia de los últimos años en el país es que cerca del 70% del total de personas privadas de libertad, son presos sin condena. Sobre ellos recae la presunción de inocencia. De los privados de libertad, existe un sector de ellos quienes son etiquetados como de difícil readaptación, por lo que el enfoque que se propone debe tener en cuenta los niveles de conducta y comportamiento que existe entre éstos.

El privado de libertad es una persona que se diferencia del resto por el simple hecho de limitársele esencialmente su libertad de tránsito. En general, el privado de libertad es una persona que mantiene sus capacidades y fortalezas. Al ser concebido como sujeto pasivo que debe ser sometido a un tratamiento, no se le hace partícipe de su propio “tratamiento”. Se le anula como persona y se le instrumentaliza. El paradigma de la persona privada de libertad como sujeto de derechos busca reconocerle protagonismo y actoría social.

3. La Participación Ciudadana: Abrir la cárcel a la familia y a la sociedad civil

La familia de los privados de libertad resulta un elemento clave en este enfoque. Es el principal soporte de quienes se encuentran intramuros. No debe ser más la familia aquella concebida con una visión reduccionista de ser sólo la que se encarga de proveer los alimentos, medicinas, ropa, de buscar al abogado, de conseguir el dinero para sufragar aquellos gastos o de encargarse de la conducción del hogar. Aunque no se ha profundizado debidamente, la familia también resulta estigmatizada con el sello de la prisión y a pesar de aquello, es la familia el sector social con el que se puede lograr la alianza entre el funcionario penitenciario y la persona privada de libertad para garantizar una nueva actoría de éste.

A la prisión se la suele concebir como ese espacio alejado del medio social, como una isla o como lugar de destierro a dónde van a parar aquellos indeseables que no se sujetan a las reglas de una sana convivencia social y que deben ser “tratados” (por especialistas, tratados por otros) a fin que retornen “curados” o “sanados” al medio social. Este nuevo paradigma no mira a la cárcel como ese espacio ajeno a la sociedad, sino como parte de ella. En consecuencia, es la sociedad quien debe interactuar en forma protagónica en aquello que es parte de su problema.

OPINIÓN - MIC LIMA

9 Constitución Política del Estado. Artículo 139º inciso 22. 10 Código Penal. Artículo IX, Título Preliminar, Principios Generales: “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora”. 11 Código de Ejecución Penal. Título Preliminar, Artículo II. 12 Código de Ejecución Penal, Título Preliminar, Artículo VI.

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Si bien el Código de Ejecución Penal establece que la “…sociedad, las instituciones y las personas participan en forma activa en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post penitenciaria”12, sin embargo, no se impulsa desde las más altas autoridades penitenciarias como política pública y de manera eficaz y permanente este principio, quedando muchas veces relegado a la sola iniciativa de los directores de penales o de algunos otros funcionarios penitenciarios, siendo por ello, una actuación bastante limitada por parte de las organizaciones de la sociedad civil que se acercan a las prisiones mayormente motivados por opciones de convicción religiosa.13

La sociedad civil en el Perú esencialmente a través de los agentes pastorales de Iglesias, han tenido un importante rol no sólo propagando o difundiendo su fe, sino teniendo una relación horizontal con los privados de libertad. El agente pastoral no sólo realiza misas o actos de alabanza, sino también son quienes conviven con ellos al menos durante parte del día, recogen sus preocupaciones, buscan canalizar y solucionar algún problema en concierto con las autoridades y buscando involucrar a la familia de los privados de libertad. Otras organizaciones privadas también participan visitando las cárceles y realizando diversas actividades de apoyo. Las organizaciones de derechos humanos desde diferentes perspectivas también han estado atentas a la situación de las cárceles. En los últimos años, las universidades están mostrando cierto protagonismo en relación con la cárcel, brindando cursos por extensión, enviando a sus alumnos de la universidad, no sólo a los estudiantes de derecho, a interactuar con los privados de libertad; algunas empresas también van mirando a la cárcel como lugar desde dónde se puede promover empresa y por el cual es posible apoyar iniciativas de comercialización.14

El paradigma de la participación ciudadana en el sistema penitenciario como ejercicio de la democracia participativa en un Estado social y democrático de derecho, busca reconocerle protagonismo al privado de libertad, canalizar el potencial movilizador y de soporte de los familiares, así como persigue abrir la prisión hacia la participación de la sociedad civil que va, desde visitas frecuentes en las cárceles hasta actitudes dialógicas permanentes como la formación de Mesas de Trabajo donde compartan canales de comunicación, tanto los

OPINIÓN - MIC LIMA

funcionarios públicos como el privado de libertad, los familiares, y componentes de la sociedad civil.

4. La Mesa Interinstitucional de Cárceles

En el Perú, existe la Mesa Interinstitucional de Cárceles. Es una red de trabajo que busca aportar alternativas a la problemática penitenciaria y donde participan organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de Iglesias, abogados de ejercicio libre y funcionario públicos que participan a título individual15. Una réplica de esta experiencia se viene dando en la Mesa Interinstitucional de Cárceles de Huancayo y Pucallpa respectivamente. En estos dos últimos casos, la participación de representantes de entidades del Estado vinculados al tema penitenciario es mucho más activa y decidida. Incluso, algunas de las reuniones se han realizado en el interior de los penales Huamancaca y Concepción en Huancayo, con asistencia de delegados de los privados de libertad. En la Provincia Constitucional del Callao y en el Cono Norte de Lima también se busca hacer una réplica de la Mesa Interinstitucional de Cárceles con los mismos propósitos.

Desde el Estado, contando con el apoyo de diversas insituciones de sociedad civil, se han conformado algunos grupos de trabajo sobre el tema penitenciario. En Lima, existe el grupo de trabajo denominado Red de Alerta (conformado por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario, CEAS por la Iglesia Católica y la Asociación Paz y Esperanza por la Iglesia Evangélica, últimamente, también participa el Ministerio de Salud) que tiene como propósito, impulsar la concesión de gracias presidenciales humanitarias para personas privadas de libertad y también para las liberadas con beneficios penitenciarios que cumplan ciertos requisitos como el de estar padeciendo de alguna grave enfermedad terminal.

Otro espacio de coordinación interinstitucional sobre prisiones en Lima, es el que se estuvo promoviendo desde el Ministerio del Interior, a donde concurrían los directores de las cárceles a cargo de la Policía Nacional y agentes pastorales de ONG’s vinculadas a las Iglesias Católica y Evangélica, a fin de exponer algunos problemas y hallar alguna solución.

13 Al respecto, resulta de suma importancia el documento “Nota orientativa Nº 12.”Fomento de la participación de la sociedad civil. Centro Internacional para Estudios Penitencarios”. En ella se señala que la participación de la sociedad civil es un elemento clave del proceso de reforma penitenciaria. www.prisonstudies.org 14 La participación ciudadana es un elemento central de la democracia participativa. La Constitución Política del Estado establece en el artículo 2.17, el derecho de las personas a “participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”. La sociedad peruana viene asistiendo activamente a la implementación de mecanismos de participación en diferentes niveles de las políticas públicas y órganos de gobierno. 15 En el caso de la Mesa Interinstitucional de Cárceles con sede en Lima.


OPINIÓN - MIC HUANCAYO

La pena de muerte y la nueva reforma judicial en nuestra opinión

Dada la coyuntura actual de nuestro país, desde la Mesa Interinstitucional de Cárceles - Región Centro, se consideró pertinente realizar una encuesta entre sus integrantes sobre dos temas de actualidad. A continuación, presentamos un resumen de las ideas expresadas.

1. ¿Qué opinas sobre las propuestas para implantar la pena de muerte en nuestro país, consideras que es una solución adecuada?

“Obviamente no es solución a ningún problema, se pretende atacar el efecto mas no la causa del problema. Lo que debe enfocarse son los programas de prevención que involucre a los sectores de educación, en todos sus niveles, salud y producción”.

“La pena de muerte significa un retroceso en nuestra sociedad, el derecho a la vida es un fin primordial para el desarrollo de nuestras estructuras familiares y sociales. Se debe humanizar las penas y buscar condiciones de vida con equidad, justicia y oportunidad sin discriminación”.

“Se debe buscar otros mecanismos de sanción, los derechos humanos no pueden retroceder sino avanzar en forma progresiva. Se tiene que diseñar políticas sociales y criminales adecuadas y realistas”.

“Definitivamente no es una solución adecuada, por cuanto esta pena no es tal, sino la muerte de un ser humano que no es justicia desde ningún punto de vista. Desde la perspectiva del derecho penal, es considerada contraria a sus principios rectores de humanización y proporcionalidad de la pena, así como de culpabilidad. Desde la óptica política criminal y de la ciencia penitenciaria, es una pena cruel, inhumana, degradante e incompatible con el modelo del estado social y democrático de derecho, contraria a los diversos documentos internacionales sobre derechos humanos”.

“Sería un error implantar la pena de muerte, ya que con esta decisión no se estaría solucionando los graves problemas sociales de nuestro país”.

“Es contraria a la constitución, a los tratados internacionales suscritos por el Perú, por tanto, sería una decisión totalmente ilegal. Es necesario centrarnos en los avances que hemos tenido en política criminal, homologados con el avance de una democracia todavía incipiente, en un modelo acusatorio garantista que estamos postulando”.

2. En relación a la Reforma Judicial ¿Cuáles son tus expectativas y cómo consideras debe ser la participación de la sociedad civil en este tema?

“Esperamos operadores de justicia probos, que prediquen con el ejemplo el valor de la honestidad, que no sean corruptos. La sociedad civil debe participar en la selección, nombramiento y ratificación de magistrados mediante referéndum y/o consultas a los justiciables”.

“Sin duda el tema es complejo y bastante debatido, pero toda reforma de justicia debe enarbolar la autonomía del Poder Judicial e independencia de la función jurisdiccional de los jueces, se debe luchar contra la corrupción, propiciando el cultivo de valores en la función jurisdiccional”.

“La reforma debe ser real y no sólo de procesos aislados, debe involucrar a todo el sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, PNP y al Estado mismo”.

“Mis expectativas son escasas; se debe plantear el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial haciendo mas democrática la estructura del Poder Judicial. Dar mayor flexibilidad en la aplicación de las normas. La sociedad civil sí debe de participar, a través de los Colegios de Abogados, CIPUL, Iglesia, Universidades, Cámara de Comercio, etc.”

“La reforma judicial debe prever que la justicia sea accesible a las poblaciones mas vulnerables, debido a que éstos sectores sienten que son ajenos a la administración de justicia”.

“Debe propiciarse una participación activa de la sociedad y de los involucrados en la administración de justicia, previniendo la corrupción, estando vigilantes y participando en campañas anticorrupción, Es necesario recuperar el verdadero sentido de la justicia”.

“A la luz de la fe espero se considere al ser humano como un ser cualitativo y no cuantitativo, de ahí que la reforma de justicia, no debe de contemplar vacíos, sobre todo, decisiones que sólo empobrezcan y lleven a desesperación a los ciudadanos, en particular, a los más necesitados y menos favorecidos, porque a veces las reformas solo refundan”.

“Las expectativas son limitadas, porque no se realiza un trabajo de formación ética - moral en los nuevos abogados en las universidades. La participación de la sociedad civil es importante porque permite internalizar que la justicia es tarea de todos”.


HUMANIZANDO / 13

OPINIÓN - MIC PUCALLPA

Mesa Interinstitucional de Cárceles de Pucallpa:

Labor concertada en beneficio de los internos del Penal de Pucallpa

José Carlos Torres Pinedo16

A partir del mes de setiembre del 2004 se instala en Pucallpa la Mesa Interinstitucional de Cárceles de Pucallpa, con el objetivo de ayudar a mejorar las condiciones de vida y fomentar el respeto de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, así como aportar en la política penitenciaria. Iniciativa que se concretó gracias a las gestiones de la Comisión Episcopal de Acción Social, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa.

Lo resaltante de la labor que viene desarrollando esta Mesa en la ciudad de Pucallpa, es que ha permitido articular esfuerzos entre las diferentes instituciones que conforman la misma, contando con mayor presencia de representantes de la sociedad civil organizada, lo que permite ralizar un trabajo coordinado y concertado.

Desde su instalación se han desarrollado diversas reuniones de trabajo entre los representantes de las organizacionas que forman parte de la Mesa; las mismas que poco a poco se han incrementando en mayor número y asumiendo un compromiso con los objetivos trazados. Al año 2005, uno de los principales logros fue la instalación en el interior del Penal de Pucallpa de un consultorio jurídico gratuito a cargo de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali bajo la supervisión de un profesional del derecho; merced a un convenio intersinstucional firmado entre el INPE y la primera casa superior de estudios de esta región.

En el presente año, la coordinación de la Mesa Interinstitucional de Cárceles, viene siendo encaminada a través de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Cabe resaltar que actualmente esta Mesa, viene trabajando en un proyecto de implementación de un local del Programa Nacional Wawawasi en el interior del penal de Pucallpa, que permitirá atender a los hijos

de las internas menores de tres años; menores que serán atendidos por las propias mujeres privadas de su libertad, para lo cual recibirán previa capacitación por especialistas en la materia.

Asimismo, a través de esta Mesa se viene trabajando en el aspecto de salud. Organizando para ello diversas campañas de atención médica y de entrega de medicinas, en coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali, Dirección Regional de Salud de Ucayali, Cruz Roja Peruana filial Coronel Portillo, entre otras instituciones. Del mismo modo, se gestiona el apoyo con atenciones médicas a internos que se encuentran con diversos males y que no pueden acceder a una atención oportuna debido a la falta de profesionales en el centro penitenciario.

Gracias al compromiso asumido por cada una de las instituciones integrantes se está logrando todo este apoyo hacia los internos; teniéndose previsto, de acuerdo al plan de trabajo establecido, otros proyectos en mejora de la calidad de vida de los reos del penal de Pucallpa.

Las instituciones que conforman actualmente la Mesa son; el Ministerio Público, la Defensoria del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - DEMUNA, el Gobierno Regional de Ucayali a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y el Departamento de Asesoría legal, La Dirección Regional de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario a través de la Dirección del Penal de Pucallpa, la Administración, Asistencia Social, Tópico y Área Legal, el INABIF - Programa Nacional Wawawasi, la Cruz Roja Peruana filial Coronel Portillo, el Vicariato Apostólico de Pucallpa, la Pastoral Carcelaria, el Centro de Investigación y Promoción Amazónica, la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, la Red de Comunicadores en Derechos Humanos, el Foro Salud, La Universidad Nacional de Ucayali - Facultad de Derecho y, la Comisión Episcopal de Acción Social.

16 Abogado, Vicariato Apostólico de Pucallpa, Coordinador de la Mesa Interinstitucional de Cárceles - Pucallpa.


CONOCIENDO LOS PENALES

Conociendo el Penal de Mujeres de Chorrillos

Elvia Atoche Gutiérrez17


Datos Generales Nombre : Establecimiento Penitenciario Mujeres de ChorrilllosUbicación : Av. Defensores del Morro Nº 1045 Chorrilllos - LIMACapacidad de albergue : 450 Directora : Edith Violeta Cordero NuñezPoblación : 1,00218 internasProcesadas : 841Sentenciadas : 161

Respecto a la población penal extranjera existen 138 internas, de las cuales sólo 22 están sentenciadas. Asimismo, con relación a las internas con hijos, tenemos que existen un total de 39 madres y 39 niños (16 varones y 23 mujeres).

La atención de salud se realiza a través de diversos Programas preventivo promocionales del Ministerio de Salud, tales como:

El Programa Control de la Tuberculosis (PCT), organiza charlas y campañas de captación de sintomáticos respiratorios. De confirmarse el diagnóstico de la enfermedad en una interna, entonces recibe el tratamiento supervisado y una evaluación mensual.

El Programa de control de transmisión sexual y sida (PROCETSS), realiza diversas charlas y campañas sobre el tema. Sólo con la autorización escrita de la interna, se le practica el examen de Elisa, cuyo resultado le es entregado personalmente por un consejero. De resultar portadora, se notifica de esto a la Red de salud del MINSA, a fin que evalúe la posibilidad de darle quimioprofilaxis.

El Programa de control de la madre-niño, se encarga del control del embarazo de la gestante, derivándola - de ser el caso - al nosocomio más cercano para su análisis y ecografías correspondientes. Llegada la fecha probable del parto, el programa proyecta la evaluación de la parturienta a un nosocomio del Estado. De permanecer el niño con su madre, entonces ambos son permanentemente evaluados en el establecimiento penal.

El Programa de planificación familiar, realiza charlas de planificación familiar y, de ser posible, se invita a éstas reuniones al esposo o conviviente de la interna, a fin que asuma conciencia del significado de la paternidad responsable. También da a conocer a la pareja todo lo concerniente sobre los métodos de anticoncepción y sus formas de uso.

17 Abogada, Comisión Episcopal de Acción Social 18 Todos los datos que se indican han sido tomados del Informe Estadístico Mensual - Agosto 2006, del Instituto Nacional Penitenciario, Oficina de Estadística.

HUMANIZANDO / 15

CONOCIENDO LOS PENALES

Actualmente se está ampliando el Centro Médico con apoyo del Fondo Global.

A través de la donación efectuada por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón en el año 2001, se ha realizado en este Establecimiento Penitenciario los siguientes Talleres: Taller de panadería Taller de tejidos Refacción de los servicios higiénicos y

lavandería Mejoramiento de la cocina Instalación de cámara frigorífica

También se desarrollan diferentes talleres de trabajo, con la intención que las internas mantengan su tiempo ocupado, se procuren ingresos propios y aprendan un oficio que les sirva una vez que cumplan su tiempo de reclusión y salgan en libertad.

Los talleres de producción que se dictan son: manualidades, cosmetología, tejido a mano, tejido a máquina, lavandería, costura, telares e industria alimentaria. Se imparten además talleres de estudio de repostería, pintura en tela, juguetería, bijouteria y cosmetología. Todos estos talleres son considerados para la obtención de sus beneficios penitenciarios. Algunos de estos talleres brindan atención al público, como son el de lavandería y cosmetología.

El Taller de panadería fue instalado en diciembre del 2,002, actualmente, es uno de los talleres más productivos al igual que los talleres de industria alimentaria, lavandería y cosmetología.

Este taller, esta equipado con la maquinaria necesaria para su funcionamiento, su horario es de lunes a sábado de 8.00 a.m. a 5.00 p.m. trabajan 14 internas que elaboran pasteles, tortas, postres y un sinfín de bocaditos ofrecidos a la población penal y a la comunidad en general, especialmente, los días de visita. El taller recibe con frecuencia, pedidos para atender diversos eventos y acontecimientos.

Por otro lado, la buena organización del taller permite una óptima producción pues las internas trabajan de acuerdo a una programación mensual para asegurar el orden en el trabajo, el uso equitativo de los utensilios del taller y la limpieza diaria de las instalaciones. De esta manera, economizan los gastos, tiempos y esfuerzos de producción.

La lavandería fue construida hace 54 años y remodelada hace dos en que fue dotada de infraestructura adecuada. Hoy cuenta con medidas de seguridad y ofrece su servicio al público en general. Aquí laboran 15 internas pero con su ampliación trabajan 10 internas más, muchas de ellas madres solteras.

Se requiere apostar por las mujeres privadas de libertad, hacer llegar sus trabajos al público es una de las mayores dificultades que tienen. Ellas solo pueden vender sus obras durante las ferias en los días de visita o a través de sus familiares. En el caso de este penal, sus productos se venden en dos tiendas ubicadas al costado del penal.

HUMANIZANDO / 15


INFORMANDO

II Encuentro de Juristas Latinoamericanos yel Caribe de Pastoral Penitenciaria

Ricardo La Serna Fernández19

Seminario “El Sistema de Ejecución Penal en el Perú:Análisis y perspectivas”

Luis A. Ricra Soto20

Los días 6, 7 y 8 de Septiembre del presente año, en el Auditorio “José León Barandiarán” del Colegio de Abogados de Lima, la Asociación Peruana de Derecho de Ejecución Penal (ASPEDEP) en el marco de las celebraciones por su primer aniversario, realizó el evento académico denominado “El Sistema de Ejecución Penal en el Perú: Análisis y Perspectivas”, dicho evento tuvo como ponentes a connotados juristas y especialistas en el tema de Ejecución Penal y de la problemática penitenciaria en el Perú, como son: Dr. Germán Small Arana; Dr. Wilfredo Pedraza Sierra, Dr. Felipe Villavicencio Terreros; Dr. César Landa Arroyo; Dr. José Avila Herrera y el Dr. Alcides Chinchay Castillo; así mismo se contó con la participación de la Vice Presidenta del INPE Dra. Susana Silva y del candidato a la Municipalidad de Lima, Coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca quien expuso el rol de la Municipalidad en el tema de seguridad ciudadana.

El evento fue inaugurado por el Director Académico del CAL Dr. Vicente Quispe Salvatierra habiendo tenido bastante aceptación entre profesionales de la materia, personal del Ministerio Público, Poder Judicial, Servidores del INPE, Defensores de Oficio del Ministerio de Justicia, así como estudiantes de derecho de diversas universidades públicas y privadas.

Cabe mencionar que ASPEDEP, esta integrado por un conjunto de profesionales interesados y preocupados por la problemática de la Ejecución Penal en el Perú y forma parte de la Mesa Interinstitucional de Cárceles.

los Obispos participantes en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”, evento importante de la Iglesia Católica del continente que se realizará en Aparecida, Brasil, el próximo mes de mayo del 2007.

El documento presenta, entre otras, las siguientes propuestas:• Crear, promover y fortalecer Comisiones de Pastoral

Penitenciaria desde las Conferencias Episcopales nacionales.

• Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto acerca de la problemática penitenciaria.

• Proponer e incidir en las políticas nacionales e internacionales para una seguridad ciudadana respetuosa de los derechos de todas las personas.

• Trabajar con otros actores la instrumentación de: evitación, prevención, medidas alternativas a la privación de libertad y, postcarcelación.

En Chía, Cundinamarca, Colombia, del 22 al 26 de agos-to, se realizó el II Encuentro de Juristas Latinoamericanos y el Caribe de Pastoral Penitenciaria, organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Evento en el que asistieron representaciones de 15 países del continente, incluida la de Perú.

El objetivo del evento fue el sentar las bases y establecer fundamentos inspirados en el Evangelio y la Doctrina So-cial de la Iglesia, para orientar la labor de los juristas de las pastorales penitenciarias de los países que participan en el CELAM. Y entre las tareas más importantes se constitu-yó la entidad de los Juristas Católicos de América Latina y el Caribe de Pastoral Penitenciaria (JUCALAYC)

También, entre otras tareas de los coordinadores (direc-tores o secretarios ejecutivos) de las pastorales peniten-ciarias, se preparó el documento “Aportes de la Pastoral Penitenciaria Católica Latinoamericana y el Caribe a

19 Economista, Comisión Episcopal de Acción Social. 20 Abogado, Presidente de la Asociación Peruana de Derecho de Ejecución Penal (ASPEDEP).

HUMANIZANDO / 17

INFORMANDO

CAMPAÑA NACIONAL DE SOLIDARIDAD POR LA PERSONA ENCARCELADA

2006

“Las personas encarceladas son seres humanos con derechos

y deberes”

La Campaña Nacional de Solidaridad por la Persona Encarcelada tiene el propósito de contribuir en la humanización del sistema penitenciario en nuestro país, por medio de diversas actividades a favor de la realidad penitenciaria que realizan la pastoral penitenciaria e instituciones solidarias de la sociedad.

Una contribución de CEAS y los agentes pastorales penitenciarios es precisamente la elaboración de materiales de reflexión, conocimiento, sensibilización y propuesta sobre esta realidad, que fueron alcanzados a los representantes de la Iglesia, de la pastoral de cárceles, a la población penal y sus familias, a las principales autoridades y entidades que se ocupan de la situación penal y penitenciaria, y también han puesto a disposición www.ceas.org.pe de las personas interesadas:

Carta a la Iglesia en el Perú

Carta a los Equipos de Pastoral de Cárceles

Carta a nuestros hermanos y hermanas encarcelados

Carta a las familias de las personas encarceladas

Carta a las autoridades y sociedad civil

Catequesis desde la Carta a la Iglesia

Metodología de Taller de Sensibilización sobre la situación de las personas encarceladas

Afiche de la Campaña Nacional de Solidaridad por la Persona Encarcelada, 2006


PROMOVIENDO EMPRESA DESDE LOS PENALES

Exposición - venta de productos elaborados en penales

Las próximas exposiciones - venta en Lima se realizarán en:

Fecha Lugar Horario Dirección

Sábado 04 de Noviembre Explanada de la Municipalidad de Los Olivos

9:00 a.m. a 8:00 p.m. Cruce de las Avenidas Las Palmeras e Yzaguirre, Los Olivos

Domingo 26 de Noviembre Parroquia San Lucas

8:00 a.m. a 1:00 p.m.5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Copacabana 350, Pueblo Libre

Domingo 3 de Diciembre Parroquia San Francisco de Borja

8:00 a.m. a 1:00 p.m.5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Av. De las Artes Norte, cuadra 8, San Borja

La exposición - venta de los productos elaborados por los internos e internas en los penales del país, es una acción solidaria que realiza la Comisión Episcopal de Acción Social desde hace más de una década; especialmente desde el año 2000, cuando se celebró el año jubilar en las cárceles, este apoyo ha sido muy intenso y, de acuerdo con la población penitenciaria trabajadora, se ha convertido en un importante mecanismo de oferta de productos elaborados en los penales y ha favorecido su generación de ingresos y el bienestar de sus familias.

El objetivo de las exposiciones - venta es contribuir con la promoción laboral de la población penitenciaria por medio de la comercialización y ser un medio de información y sensibilización de la realidad penitenciaria a la sociedad en el marco de la Campaña Nacional de Solidaridad por la Persona Encarcelada.

Es importante destacar que todos los productos que se ofrecen en las distintas exposiciones venta, se encuentran señalados con un logotipo denominado LiberArte. Este diseño fue realizado por la maestra misionera Silvana Mendoza y se está utilizando para identificar los productos elaborados en los penales y también los lugares donde se realizan las exposiciones.

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NOTAS INFORMATIVAS

Notas Informativas

Desde “Humanizando” saludamos la conformación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional del Penal de Piedras Gordas, gracias al impulso de la Pastoral Social de la Diócesis de Carabayllo y de la Oficina Defensorial de Lima Norte de la Defensoria del Pueblo. Se han realizado ya dos reuniones con participación de representantes del INPE, Poder Judicial y Ministerio Público, la próxima reunión será el 13 de Noviembre. Hacemos votos por su consolidación y esperamos nueva información sobre sus actividades.

Del 7 al 12 de Noviembre, en la ciudad de Porlamar -

Venezuela, se realizará el “Encuentro Latinoamericano de Organizaciones - Observatorio Latinoamericano de Prisiones”. El encuentro tiene como propósito fundamental la conformación de un espacio de articulación que permita fortalecer la incidencia pública de las organizaciones que trabajan por la defensa y atención de las personas privadas de libertad de América Latina. En este sentido, el encuentro tiene como objetivos: compartir la situación de las personas privadas de libertad en América Latina, intercambiar las experiencias entre las organizaciones que trabajan con personas privadas de libertad en los distintos países y discutir el diseño conceptual y operativo de un espacio de articulación que las reúna como voz latinoamericana representativa de las personas privadas de libertad. A este Encuentro asistirán 19 participantes provenientes de 13 países de América Latina, entre ellos nuestro país.

Con motivo de las próximas Elecciones Regionales y Municipales, La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) está realizando la Campaña Cívica “Ética y Elecciones”, brindando un servicio pastoral de reflexión dirigido a los ciudadanos y ciudadanas del país, para que en éstas elecciones elijan mejor a sus autoridades pensando en el bien común de nuestro país y, en especial, de los más pobres. Son cinco los criterios éticos para elegir responsablemente: honestidad; conocimiento de las necesidades; propuestas claras y realistas; trabajo por la reconciliación y la justicia y; trabajo por el progreso y el bien común. Mayor información a los teléfonos (01) 471-0790 472-4712 o pueden visitar en: www.ceas.org.pe/ACTUALIDAD2.htm


Av. Salaverry 1945 Lima 14, PerúTelf. (01) 471-0790 Fax: 471-7336

[email protected]

Con la colaboración de:

Boletín Humanizando 4

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