Basualdo Distribucic3b3n Del Ingreso Pp307 2008

Derechos humanos en ArgentinaInforme 2008

Derechos humanos en ArgentinaInforme 2008

Centro de Estudios Legales y Sociales

Diseo de interior: tholn kunstTapa: Alejandro Ros

2008, Siglo XXI Editores Argentina S. A.

ISBN 978-987-629-026-5

Impreso en Grafinor // Lamadrid 1576, Villa Ballester,en el mes de mayo de 2008.

Hecho el depsito que marca la ley 11.723Impreso en Argentina // Made in Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)Derechos humanos en Argentina : informe 2008. - 1a ed. - Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008. // 432 p. ; 21x14 cm.

ISBN 978-987-629-026-5

1. Derechos Humanos. I. TtuloCDD 323

ndice

Agradecimientos 15Prlogo 17

I. Justicia y memoria por delitos de lesa humanidad: un 2007 con ms deudas que logros 31

1. El lento despertar de la justicia. Obstculos y propuestas 332. La intervencin del Ministerio Pblico Fiscal 383. Las deudas del Ejecutivo 39

3.1. Fuerzas Armadas. El caso Tereso 413.2. Secretara de Derechos Humanos. Un espacio vaco 423.3. Delincuentes VIP 463.4. Polticas de Memoria 47

3.4.1. La construccin de un Espacio para la Memoria 3.4.1. en la ESMA 483.4.2. Parque de la Memoria y Monumento en 3.4.2. Homenaje a las Vctimas del Terrorismo 3.4.2. de Estado 52

Anexo estadstico: anlisis de la situacin de las causas queinvestigan delitos de lesa humanidad en todo el pas 541. Presentacin de los datos: sobre cmo leemos los valores 1. de la situacin actual de las causas en consonancia con 1. los avances y retrocesos del sistema judicial 55

1.1. Sobre la situacin procesal de los implicados en 1.1. causas por delitos de lesa humanidad a diciembre 1.1. de 2007 561.2. Evolucin de la situacin procesal en las causas 1.2. por delitos de lesa humanidad durante el periodo 1.2. abril-diciembre de 2007 58

2. Detenidos por delitos de lesa humanidad: algunas 2. consideraciones y problemas 69

8 derechos humanos en argentina. informe 2008

2.1. Detenidos en unidades penitenciarias 712.2. Detenidos en unidades militares o de fuerzas 2.2. de seguridad 722.3. Detenidos con arresto domiciliario 752.4. Evolucin de los detenidos en el periodo 2.4. abril-diciembre de 2007 76

3. Algunos datos sobre los implicados en delitos de 3. lesa humanidad en nuestro pas 78

3.1. Datos generales sobre los implicados segn fuerza 3.1. a la que pertenecen o pertenecieron durante el 3.1. terrorismo de Estado 783.2. Datos generales de imputados procesados segn 3.2. lugar de radicacin de la causa judicial 79

II. Violencia institucional y polticas de seguridad. Los espacios donde se recicla la violencia policial 911. La seguridad en la agenda poltica del 2007 952. Violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires 2. y el Conurbano Bonaerense 101

2.1. Enfrentamientos 1042.1.1. Eduardo B. Crdoba, 31 aos de edad, Villa 2.1.1. Lugano, Ciudad de Buenos Aires, 22 de abril 2.1.1. de 2007 1042.1.2. Darin Barzbal, 17 aos de edad, La Plata,

2.1.2.2.1.1. Provincia de Buenos Aires, 10 de enero 2.1.2.2.1.1. de 2007 106

2.1.3. Jonathan Oros, 19 aos, 7 de enero de 2007, 2.1.3. Mendoza 107

2.2. El uso particular de la fuerza 1093. La violencia de las organizaciones de seguridad privada 3. y la relacin entre las estructuras pblicas y privadas 3. de seguridad 111

3.1. Fabin Nstor Pereyra, 18 aos, Orn, Provincia 3.1. de Salta, 17 de septiembre de 2006 117

4. Respuesta estatal a la violencia policial. Las decisiones 4. judiciales y de los organismos de control de las policas 119

4.1. El accionar de la polica en la construccin del 4.1. relato que llega a la justicia 1204.2. El accionar de la Justicia 123

ndice 9

4.3. El rol de los familiares de las vctimas y 4.3. de las organizaciones 129

5. Las ltimas polticas de reforma de las instituciones 5. de seguridad desde la perspectiva de los derechos 5. humanos 130

5.1. El gobierno civil de las instituciones de seguridad 1325.2. Las instancias de control 1375.3. Los estndares de actuacin 141

6. Conclusin 142

III. La situacin carcelaria: una deuda de nuestra democracia 1471. Introduccin 1472. Las condiciones de detencin en las crceles de 2. nuestro pas 160

2.1. Incendio y muerte en el Penal de Varones n 1 2.1. de Santiago del Estero 1602.2. Sobrepoblacin y hacinamiento. La determinacin 2.2. del cupo carcelario 1602.3. La situacin de las mujeres detenidas embarazadas 2.3. y con hijos 173

3. Torturas y maltratos 1753.1. Las dimensiones de un problema estructural 1753.2. El proceso de implementacin del Protocolo 3.2. Facultativo a la Convencin contra la Tortura 3.2. y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 3.2. Degradantes 186

4. Propuestas para una agenda de discusin 188

IV. Independencia para una justicia democrtica 1911. Introduccin 1912. Hacia una concepcin robusta de la independencia 2. judicial 1923. Independencia para qu? Una agenda ampliada 1994. Algunas cuestiones en relacin con los indicadores 4. clsicos de independencia judicial 204

4.1. Aspectos problemticos en el sistema de 4.1. designacin, disciplinario y de remocin de 4.1. magistrados 204

4.1.1. El proceso de designacin de magistrados 205


4.1.2. Sistema disciplinario y de remocin 4.1.2. de magistrados 211

4.2. El dedo en la llaga: los jueces, el impuesto a 4.2. las ganancias y la autarqua presupuestaria 217

5. La Corte Suprema y la discusin sobre independencia 2226. Conclusiones 228

V. Ejercicio de derechos en el espacio pblico. Polticas deseguridad y justicia frente a la protesta social 2002-2007 231

1. Introduccin 2312. El Estado frente a la protesta social en el 2. perodo 2002-2003 2343. El gobierno de Kirchner y su posicionamiento frente 3. a los conflictos sociales 236

3.1. Diferentes avances en normativas internas sobre 3.1. el accionar en el contexto de manifestaciones 3.1. pblicas 240

3.1.1. Polica Federal Argentina 2413.1.2. Sistema de Seguridad de la Provincia de 3.1.2. Buenos Aires 2413.1.3. Gendarmera Nacional Argentina 243

3.2. Actividades de inteligencia sobre manifestantes 3.2. y organizaciones sociales, y presencia de personal 3.2. sin identificacin 2443.3. Hechos de represin durante el perodo analizado 248

3.3.1. Los hechos de 2007: un ao de retrocesos 250El homicidio del docente Carlos Fuentealba en Neuqun 250Represin en Santa Cruz por parte de la Gendarmera Nacional 253Incidentes frente a la Legislatura portea entresindicalistas y policas 256

4. La intervencin del Poder Judicial frente a la 4. protesta social 257

4.1. La justicia frente a la represin de la protesta 2594.2. La investigacin judicial de los hechos del 19 y 4.2. 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de 4.2. Buenos Aires 262

4.2.1. El cambio de juez instructor 263

ndice 11

4.2.2. Retardo injustificado en la elevacin a juicio 4.2.2. de Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi 2644.2.3. La situacin del ex presidente Fernando De 4.2.3. La Ra y de los oficiales superiores de la 4.2.3. Polica Federal Argentina 2654.2.4. El planteo de nulidad por parte de la defensa 4.2.4. de Santos 2684.2.5. Ausencia de avances significativos en la 4.2.5. investigacin por los homicidios de Riva, 4.2.5. Lamagna y Almirn 269

5. Balance del perodo y cuestiones pendientes 2706. Afirmaciones finales 271

6.1. Idoneidad de los efectivos asignados al control de 6.1. manifestaciones pblicas 2716.2. La regulacin de las actividades de inteligencia 2736.3. Proteccin del trabajo de periodistas y reporteros 6.3. grficos 2736.4. Registro, preservacin y acceso a la informacin 6.4. sobre los operativos 2746.5. Otros aspectos importantes a tener en cuenta en 6.5. una regulacin de los operativos de seguridad 6.5. en el contexto de protestas sociales 276

7. Sntesis de propuestas 279

VI. Tensiones en un marco de crecimiento econmicoVI. La poltica social pendiente 283

1. Introduccin 2832. Produccin y acceso a la informacin: la 2. primera tensin 2843. Crecimiento econmico: un primer alivio 2864. Polticas laborales y programas focalizados. 4. Una dupla presente 291

4.1. La poltica para trabajadores asalariados formales: 4.1. distendiendo tensiones? 292

4.1.1. Aumentos salariales: bueno pero no suficiente 2924.1.2. Asignaciones familiares: reacomodamiento 4.1.2. sin reforma 2944.1.3. Novedades en el sistema previsional 296

4.2. Programas focalizados de transferencia de ingresos 301


5. Conclusin. La poltica social de cara al nuevo perodo: 5. conflictos latentes? 304

VII. La distribucin del ingreso en la argentina y sus VII. condicionantes estructurales 307

1. La distribucin del ingreso durante los ltimos aos 3072. La productividad del trabajo y la distribucin del ingreso 3123. Factores estructurales y distribucin del ingreso 319

VIII. El acceso a la justicia y el papel de la defensa pblica VIII. en la promocin de derechos sociales. Una mirada sobre VIII. el derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires 327

1. Introduccin 3272. La problemtica institucional. El acceso a la justicia 2. como obligacin estatal positiva 330

2.1. Obstculos y posibilidades 3302.2. La funcin de los rganos de la Defensa Pblica 2.2. en la proteccin de derechos sociales 335

3. El acceso a la justicia y el derecho a una vivienda 3. adecuada en la ciudad de Buenos Aires 341

3.1. Principales elementos de un contexto 3.1. en emergencia 3413.2. Caso 1. Los desalojos en la CABA 343

3.2.1. La normativa aplicable 3433.2.2. El papel de los actores institucionales en los 3.2.2. procesos de desalojos en la ciudad de Buenos 3.2.2. Aires 345

3.3. Caso 2. Exigibilidad del derecho a la vivienda: 3.3. Vecinos de villa La Dulce 354

3.3.1. Breve resea del caso 3553.3.2. El papel de los actores institucionales en el caso 357

4. Cmo fortalecer el acceso a la justicia en derechos 4. sociales? Algunas recomendaciones posibles para 4. las defensoras 360

ndice 13

IX. La poltica de agua y saneamiento para el rea Metropolitana IX. de la Ciudad de Buenos Aires: una deuda pendiente para IX. alcanzar la integracin social y urbana 365

1. Introduccin 3652. El nuevo diseo institucional para la provisin de agua 2. y saneamiento en el AMBA 3683. La poltica pblica de extensin de los servicios. Su 3. visin desde el derecho internacional de los 3. derechos humanos 371

3.1. El plan de mejoras y expansin propuesto 3723.1.1. El modo en que ha sido concebido. La 3.1.1. importancia y obligatoriedad de garantizar 3.1.1. la consulta y la participacin en su elaboracin 3.1.1. y aprobacin 3723.1.2. Los criterios y fundamentos del plan. La 3.1.1. obligatoriedad de que se priorice a los sectores 3.1.1. urbanos desfavorecidos 379

3.2. La implementacin del plan 3843.2.1. La implementacin del Plan. La garanta de 3.1.1. disponibilidad de recursos financieros 3853.2.2. La implementacin del Plan. Capacidad de 3.1.1. coordinacin, gestin y control de las obras 3.1.1. comprometidas 390

4. Las medidas adoptadas para atender la situacin de 4. grupos de especial vulnerabilidad 3955. A modo de sntesis final 398

X. Libertad de expresin y derecho a la informacin: X. nuevos desafos, antiguas deudas 401

1. Introduccin 4012. Acceso a la informacin pblica 404

2.1. Problemas de acceso y produccin de 2.1. informacin 4042.2. Informacin para la discusin pblica 407

3. Libertad de expresin 4113.1. Fallo de la CSJN por la distribucin de la publicidad 3.1. oficial: el caso del diario Ro Negro 4113.2. Cierre y reapertura de una repetidora de Canal 7 3.1. en Mendoza 413


3.3. El primer caso argentino sobre libertad de 3.1. expresin ante la Corte Interamericana de 3.1. Derechos Humanos 4153.4. Otras decisiones relevantes en materia de libertad 3.4. de expresin 4173.5. La ratificacin del tratado de diversidad cultural 3.4. de UNESCO 419

4. Radiodifusin y servicios complementarios: ms 4. concentracin, menos control 420

4.1. La fusin Cablevisin-Multicanal 4204.2. Licencias: entre el reconocimiento de los derechos 4.2. de las asociaciones civiles y la penetracin de 4.2. capitales extranjeros 428

5. Conclusin 429

Agradecimientos

Luego de otro ao de trabajo, el Centro de Estudios Legales y So-ciales (CELS) ofrece a la sociedad su dcimo tercer Informe sobre la situa-cin de los derechos humanos en la Argentina, en el que se analizan losavances y los retrocesos en materia de calidad institucional e inclusin socialdurante 2007.

En primer lugar, queremos agradecer a los miembros del equipo de tra-bajo, quienes con su labor cotidiana y compromiso construyen este Informe.Reconocemos, a su vez, el aporte oportuno y generoso de Eduardo Basualdo,Laura Pautassi y Damin Loreti.

Este Informe se elabora da a da con el trabajo de muchas personas y or-ganizaciones a lo largo de todo el pas, quienes han contribuido con infor-macin y han aportado el producto de sus experiencias e investigaciones.

Agradecemos la colaboracin de la Fundacin Ford y de la FundacinJohn Merck, que han confiado una vez ms en nosotros. Parte de las accionesque condujeron a este Informe contaron tambin con el reconocimiento dela Agencia Canadiense de Cooperacin Internacional (ACDI) y del Fondo deOportunidades Globales (GOF) del Ministerio de Asuntos Exteriores delReino Unido. Destacamos, adems, el aporte de todas las fundaciones y orga-nizaciones, nacionales e internacionales, que contribuyen al trabajo delCELS reflejado en estas pginas.

Por ltimo, agradecemos especialmente al rea de Comunicacin diri-gida por Vernica Torras e integrada por Luis Lozano y Soledad RodrguezSabater, que estuvo a cargo de la coordinacin y edicin general de este vo-lumen, a todos los compaeros y compaeras del CELS, y a quienes colabo-raron con ellos en la produccin de los distintos artculos por esta nueva en-trega del Informe.

Muchas gracias.

aclaracin

En este libro se ha procurado evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, a fin defacilitar la lectura no se incluyen recursos como @ o a/as. En algunoscasos, en los que no se ha podido evitar pluralizar en masculino, deseamosque se tenga en cuenta esta aclaracin.

Prlogo

I.

Este Informe 2008 del CELS coincide con el fin del mandato deNstor Kirchner, el primer presidente electo que gobern el pas con poste-rioridad a la ms grave crisis econmica, poltica y social que padeci la Ar-gentina desde la restauracin democrtica. Muchos de sus captulos evalan,desde una perspectiva de derechos humanos, los sucesos ms relevantes del2007, pero delinean tambin los rasgos de balance de un ciclo.

El anlisis se inicia necesariamente con la crisis que hizo eclosin a finesde 2001 y comienzos de 2002, cuya principal manifestacin fue la cada regis-trada en el salario real de los trabajadores, cercana al 30%. Para mencionarotros datos significativos de esa etapa recordemos que en 2002 la desocupa-cin superaba el 20%, y la poblacin con problemas de empleo, el 34%. Lacantidad de personas con ingresos inferiores a los que define la lnea de po-breza ascenda al 57,5% de la poblacin. El 27,5% de los pobres viva por en-tonces en condiciones de indigencia.

Dentro del anlisis de este mismo perodo debe incluirse tambin el au-mento de las ejecuciones y de los hechos de violencia institucional con par-ticipacin de funcionarios de seguridad, la ocurrencia de hechos graves decriminalizacin y represin de la protesta social, el crecimiento despropor-cionado de la cantidad de personas privadas de libertad en condiciones inhu-manas y el abuso de la prisin sin juicio como herramienta de control social.Todas estas formas de abuso del poder estatal que han sido denunciadas porel CELS en diferentes Informes profundizaron el proceso de segregacinsocial.

Las marcas de esta crisis persisten todava, pero el mapa que vemos hoy yano tiene los mismos contornos.

En el contexto de un crecimiento econmico sostenido desde el 2003, seprodujo en los ltimos aos una notable recomposicin del empleo y del sa-lario real. Llegamos a 2007 con un nivel de ocupacin el 16% ms elevado


que en el primer ao del siglo y un salario real que alcanz ndices similaresa los de 2001.

Los indicadores de pobreza e indigencia tambin mejoraron sustancial-mente. En el primer semestre del ao 2007, la poblacin con ingresos pordebajo de la lnea de la pobreza era menos de la mitad que en 2002, mientrasque la cantidad de personas en situacin de indigencia se redujo a menos deun tercio. Es necesario resaltar respecto de estos datos que, durante 2007,existieron serios cuestionamientos por las modificaciones introducidas en lasmediciones y encuestas que realiza el principal organismo pblico de pro-duccin de informacin, el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (IN-DEC). El retoque de los nmeros correspondientes al ndice de preciosafect tambin la fuente principal de informacin en cuestiones de pobrezay empleo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), e impact sobre sucredibilidad. Adems de dificultar las investigaciones socio-econmicas, estamanipulacin de los datos oficiales podra repercutir de modo regresivo so-bre las negociaciones salariales presentes y futuras.

Otro aspecto a destacar en este balance es la reduccin del nivel de violen-cia que caracteriz los ltimos aos de la dcada de 1990 y los primeros deeste siglo. Analizando la informacin producida por el CELS sobre hechosde violencia institucional con participacin de integrantes de la fuerzas de se-guridad, se verifica un descenso significativo. En 2001 y 2002 se produjeronlos mximos ndices de los ltimos diez aos, con 225 personas muertas du-rante el segundo semestre de 2001 y 213 en el primer semestre de 2002,mientras que en el primer semestre de 2007 los casos de muerte registradosfueron 58. Si bien ste sigue siendo un problema de mxima gravedad, talcomo surge de la sola lectura de los casos que se relatan en el captulo II, nopuede dejar de destacarse que se ha producido una reduccin cercana al75% de la cantidad de personas muertas en hechos de violencia institucional,lo que implica un nivel inferior al promedio de los aos noventa.

En relacin con la situacin carcelaria, tanto en el mbito federal como enla provincia de Buenos Aires, se registr un punto de inflexin en la evolu-cin de la poblacin penitenciaria: vena creciendo de manera ininterrum-pida desde la recuperacin democrtica y pas a mostrar una leve tendenciadescendente durante los ltimos dos aos. En contra del imaginario que aso-cia democracia con relajamiento de las leyes, la cantidad de personas deteni-das en crceles federales se cuadriplic de 1984 a la actualidad, y se triplicen la provincia de Buenos Aires en apenas una dcada, entre 1994 y 2005.

A pesar de la intervencin de las cortes nacional y provincial en la cuestincarcelaria, que constituye un salto cualitativo en la respuesta estatal, el CELS

prlogo 19

sigue planteando que la situacin de las personas privadas de su libertad esuno de los problemas institucionales de mayor gravedad por el carcter ma-sivo y sistemtico de las violaciones a los derechos humanos que genera y porsu alcance territorial, que se detalla en el captulo III. En nuestros Informeshemos planteado reiteradamente la gravedad de la situacin que atraviesa laprovincia de Mendoza. Por otro lado, pese a la trgica experiencia del incen-dio en la crcel de Magdalena apenas dos aos atrs, en 2007 ocurri un he-cho muy similar en Santiago del Estero en el que murieron 35 personas.

El inicio del mandato de Nstor Kirchner estuvo signado por la cercanatemporal de las represiones del 19 y 20 de diciembre de 2001 y del 26 de ju-nio de 2002. Desde el comienzo de su gestin, el gobierno tom una posi-cin que defini como de tolerancia y persuasin frente a la protesta ydict rdenes expresas de desarmar a los policas en las manifestaciones p-blicas. La poltica de disuasin y control del uso de la fuerza asumida por elgobierno nacional ha sido un eje fundamental en la reforma de las prcticasde las fuerzas de seguridad federales. Sin embargo, tambin resultan eviden-tes las debilidades de esta poltica para sostenerse en el tiempo y para exten-derse en el territorio nacional. El asesinato del docente Carlos Fuentealba enNeuqun y la violenta represin a trabajadores petroleros en Caleta Olivia,los dos hechos ms graves de represin ocurridos durante 2007, constituyenejemplos dramticos de esta limitacin, que se analizan en el captulo V.

Un dato ineludible en el balance de estos aos es la reanudacin de los jui-cios a los responsables por los crmenes de la dictadura. El gobierno deKirchner dio un impulso explcito a ese proceso, y obtuvo adems el acompa-amiento del Poder Legislativo, que anul las leyes de impunidad, y de laCorte Suprema de Justicia, que dict su inconstitucionalidad. Este progresoen el juzgamiento de los imputados por delitos de lesa humanidad y la reno-vacin de la Corte Suprema de Justicia representan los dos avances ms sig-nificativos registrados durante los ltimos cuatro aos en el camino de forta-lecimiento del Estado de derecho en la Argentina.

Sin embargo, una Corte protectora de derechos y con fuerte liderazgo enmateria jurisdiccional, como la que se ha gestado con posterioridad a la re-forma, convive actualmente con un Poder Judicial ineficaz para resolver se-rias violaciones de derechos humanos. Por otro lado, a pesar del respaldoque implica la existencia de una poltica de Estado en materia de juzga-miento de los crmenes de la dictadura, los avances en estos aos han sidomuy lentos, y se ha producido la muerte natural de numerosos represores yfamiliares de vctimas sin que los alcanzara la justicia. Adems, es necesariorecordar la desaparicin del testigo Julio Lpez, sobre cuyo paradero no hay,


a la fecha de cierre de este Informe, ninguna informacin, y el envenena-miento en el mes de diciembre del prefecto Hctor Febres, que estabasiendo juzgado por su actuacin como represor en la ESMA, y muri en lacelda VIP que ocupaba en Tigre cuatro das antes de la lectura de su senten-cia.

En resumen, aun con las marchas y contramarchas que se sealan y pese ala continuidad de graves hechos de violacin a los derechos humanos en de-mocracia, la situacin ha mejorado sustancialmente. Los derechos humanoshan pasado a tener una presencia indita en la agenda de los poderes del Es-tado y un peso ms significativo en sus argumentos y decisiones, lo que cons-tituye una oportunidad indiscutible. Pero es necesario realizar otros niveles deanlisis. Por un lado, mirar en profundidad la situacin actual para advertir lagravedad y urgencia de algunas tareas pendientes, y por otro, juzgarla con ma-yor perspectiva histrica, lo que nos obliga a ver que una recuperacin quenos pone en el umbral previo a 2001 y 2002 es insuficiente. Adems, resultaindispensable conocer con mayor detenimiento los problemas de articulaciny de gestin en el mbito estatal que impiden aun en un escenario polticofavorable que se pueda avanzar ms en la proteccin efectiva de derechos.

II.

Casi diez millones de argentinos viven todava en situacin de pobreza e in-digencia. Ms del 40% de los menores de 14 aos en nuestro pas son pobres;en algunas regiones, como la del noroeste, la cifra llega al 60%. Adems, porlo menos 6 millones de personas con ingresos levemente por encima del um-bral de la pobreza siguen estando en situacin de gran vulnerabilidad.

En el contexto de un aumento sostenido de los precios, el monto de losplanes de ingresos que siguen siendo el principal medio de subsistencia deal menos 1,3 milln de familias fue perdiendo poder de compra hasta llegara una cifra que no alcanza a cubrir hoy la mitad de la canasta bsica de calo-ras necesarias para sobrevivir.

El Plan Jefes y Jefas que destina 150 pesos a cada una de las 800 mil fami-lias receptoras sigue en los mismos niveles de su creacin en 2002, en tantoque el Plan Familias, creado en 2004 para cubrir la situacin de aquellas per-sonas calificadas como inempleables, destina hoy entre 155 y 305 pesos se-gn una escala que asciende por la cantidad de hijos a cada una de las 500mil familias receptoras.

prlogo 21

Aun cuando el Estado duplic holgadamente sus ingresos en trminos re-ales en los ltimos cinco aos, los fondos que destina a paliar la situacin delas familias pobres e indigentes han decrecido sensiblemente y representanhoy aproximadamente el 1,5% de los recursos del sector pblico nacional.Este monto equivale a la dcima parte del supervit fiscal.

El proceso de exclusin tambin se tradujo en una mayor disparidad socio-espacial en las ciudades y un aumento del aislamiento de los sectores de ba-jos ingresos. El universo de personas que residen en viviendas calificadas deinformales o irregulares es muy extenso. En 2002, cerca del 20% de la pobla-cin metropolitana se encontraba en una situacin habitacional deficiente.

A pesar de la mejora en los ndices socioeconmicos, los problemas de vi-vienda se agravaron an ms en los ltimos aos debido al aumento en el va-lor de las propiedades a partir de la expansin del negocio inmobiliario. Eldesalojo de los vecinos de Villa La Dulce en la ciudad de Buenos Aires en2000 que se relata en el captulo VIII es un buen ejemplo para analizar dis-tintas respuestas gubernamentales y judiciales a esta problemtica en la ciu-dad de Buenos Aires, y evaluar las limitaciones de las agencias estatales encar-gadas de garantizar el acceso a la justicia de los grupos ms desprotegidos.

Este fenmeno de acentuacin de la segregacin se verifica tambin en elmayor riesgo ambiental que viven actualmente las personas con menores re-cursos. El deterioro progresivo de las fuentes de aguas subterrneas de lasque podran abastecerse aquellos sectores de la poblacin que no tienen ac-ceso a otro tipo de provisin ha aumentado en estos aos la vulnerabilidadambiental y sanitaria de las familias pobres.

En el contexto del reconocimiento estatal del derecho al agua como underecho humano y del nuevo marco regulatorio aprobado por ley, la respon-sabilidad asumida por la empresa AySA cuyo desempeo es analizado en elcaptulo IX constituye una oportunidad para sentar nuevas bases en estamateria. Sin embargo, la informacin disponible hasta el momento no per-mite asegurar que los objetivos de equidad e inclusin social sern priorita-rios en la provisin de las redes existentes y en la construccin de obranueva. Para entender la magnitud de esta poltica pblica alcanza con recor-dar que hoy, slo en el rea metropolitana, un milln y medio de habitantescarecen del servicio de agua potable y tres millones y medio no cuentan condesages cloacales.


III.

El modelo de exclusin se consolid sobre la base de la degradacin paula-tina de todas las instituciones vinculadas al salario de los trabajadores, quehaban sido generadas a partir de mediados del siglo pasado y que ligabanlos derechos sociales a la condicin de trabajador formal. Con el nuevo es-quema macroeconmico sostenido por la gestin de Nstor Kirchner, los tra-bajadores han recuperado en estos ltimos aos cierto protagonismo. Sinembargo, esta mejora se encuentra limitada por razones estructurales.

A grandes rasgos, la histrica distribucin del 50% del ingreso nacionalpara el capital y el 50% para el trabajo que rigi en la Argentina desde la pos-guerra, se redujo al 70% y al 30%, respectivamente, durante la dictadura.Este retroceso no se ha logrado revertir en democracia. La expansin delPBI, de los salarios y de los niveles de ocupacin registrados desde 2003 nogener un aumento de la participacin de los asalariados en el ingreso, sinoms bien lo contrario. La participacin del trabajo en el ingreso ha dismi-nuido, y en el ao 2007 es del 27%, el 11% inferior a la del ao 2001.

Este fenmeno en apariencia paradjico se explica porque el ingreso totalde la economa creci en forma continuada y a tasas sumamente elevadas en-tre 2002 y 2007, mientras que el crecimiento de la masa salarial fue compara-tivamente menor. Tal como se explica en el captulo VII, el salario en la Ar-gentina evolucion por encima de la productividad hasta 1976, primer aoen que se revirti esta tendencia. El nuevo patrn que, con matices, imperadesde hace treinta aos no obedeci a modificaciones sustantivas en la pro-ductividad, sino al drstico descenso del salario real. La contracara de este fe-nmeno es una mayor participacin del capital en el ingreso, cuya rentabili-dad aument significativamente desde el fin de la convertibilidad. Otrasgraves consecuencias de esta regresin estructural de la participacin de lostrabajadores en el ingreso se analizan en el captulo VI. Entre ellas se desta-can el bajo nivel de sindicalizacin, la alta fragmentacin del mercado labo-ral y el elevado ndice de informalidad subsistente.

La sindicalizacin y la institucionalizacin de las comisiones internas en loslugares de trabajo constituyeron dos factores fundamentales de la identidadde la clase trabajadora en la Argentina. Mientras que en 1954 el 50% de lostrabajadores estaban agremiados, medio siglo despus slo el 37,2% de los trabajadores privados registrados estn agremiados, y apenas el 12,4% de las empresas tiene por lo menos un delegado. Si a este dato se le sumanlas estimaciones que comprenden tambin a los empleados pblicos, los ni-veles de sindicalizacin caen al 20-25%. Estos clculos dejan afuera por otro

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lado al universo de trabajadores precarizados, quienes se encuentran directa-mente al margen de los derechos gremiales.

La fragmentacin del mercado de trabajo entre asalariados formales, in-formales y tercerizados tambin ha modificado el perfil de la relacin entrecapital y trabajo. Aunque el empleo no registrado ha descendido en los lti-mos cuatros aos y medio del 45 al 40%, sigue siendo extremadamente alto.El efecto concreto es que las regulaciones laborales y las mejoras que afectanel salario indirecto, como el aumento en las asignaciones familiares, las refor-mas en el esquema jubilatorio y sobre obras sociales, dejan afuera hoy al 40%de los asalariados.

Los cambios en el escenario laboral han tenido impacto tambin sobre ladinmica de la protesta social. La bsqueda de mejores condiciones de vidapor parte de los trabajadores se expres en 2007 por medio de manifestacio-nes pblicas. En este punto, es preciso recordar que los dos episodios msgraves de represin de la protesta social ocurridos durante el ao se genera-ron en el marco de manifestaciones organizadas por trabajadores docentesy petroleros en un contexto de reclamo por aumentos salariales, lo que nosobliga a atender con mayor recelo su evolucin en los prximos aos.

IV.

Sobre este teln de fondo es que observamos el accionar del Estado y evalua-mos tanto la eficacia de sus polticas como la magnitud de las violaciones alos derechos humanos que no resuelve o que ocasiona. Entendemos que elpoder estatal debe garantizar proteccin a aquellos sujetos sociales que estnen situacin de mayor vulnerabilidad, y que en ningn caso puede conver-tirse en una amenaza para ellos o comportarse con indiferencia frente a losconflictos de los que son vctimas.

En nuestro anlisis, incluimos a todos los poderes del Estado, a quienesconsideramos dentro del mbito de sus misiones especficas como respon-sables por accin o tolerancia de la persistencia de situaciones de violacina los derechos humanos. Aunque no todos los casos relatados requieren elmismo tipo de intervencin jurisdiccional, es difcil encontrar situacionesgraves de violacin de derechos que no involucren al Estado de modo inte-gral. Es justamente en estas situaciones donde la articulacin entre los distin-tos poderes estatales resulta vital y donde su ausencia o morosidad puedeacarrear mayores riesgos. En este Informe se seala la necesidad de coordi-


nacin entre poderes en cuestiones tan dismiles como los juicios por el te-rrorismo de Estado, la poltica previsional, el acceso a la vivienda o la situa-cin carcelaria.

As como hemos destacado la confluencia estatal en la poltica de juzga-miento a los delitos de lesa humanidad, lamentamos el grado de cohesinmostrado entre los poderes del Estado para hacer uso del sistema penalcomo mtodo de resolucin de los conflictos sociales, fundamentalmentedespus de 2001. El lento desarme de los efectos nocivos de esta interven-cin ha requerido en estos aos un trabajo mltiple. Ese camino se inici en2005 con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso del habeas corpuscolectivo interpuesto por el CELS en resguardo de los detenidos en crcelesy comisaras bonaerenses, continu con la reforma de la ley de excarcelacio-nes de la provincia en 2006, con la sensible disminucin de la cantidad dedetenidos en comisaras en los ltimos dos aos, y con la intervencin en2007 de la Suprema Corte provincial. Sin embargo, las reformas regresivasque siguen proponindose y aprobndose en algunas provincias del pasmuestran que continan vigentes las debilidades del Estado para equilibrarlas demandas de seguridad ciudadana con polticas protectoras de derechos.

Cuando se trata de evaluar violaciones a los derechos humanos, es habitualconcentrar el anlisis en el accionar del gobierno. Por supuesto, este In-forme lo hace. Pero tambin extiende su mirada sobre los otros Poderes, elLegislativo y el Judicial. Muchas de las violaciones de derechos relatadas eneste Informe revelan el papel que las distintas agencias del Estado han des-empeado en el acompaamiento de los procesos de segregacin social quehemos descrito y en la convalidacin de un mayor rigor punitivo con los ex-cluidos.

En particular, se destaca la responsabilidad del Poder Judicial sobre el fun-cionamiento del sistema penal y penitenciario. Las intervenciones de las m-ximas instancias judiciales en el mbito nacional y de la provincia de BuenosAires en la resolucin de la crtica situacin carcelaria no hacen ms queconfirmar este diagnstico.

Existe incapacidad o falta de compromiso de las estructuras de los poderesjudiciales nacional, federal y provincial para definirse como actores res-ponsables de la vigencia de los derechos humanos. As lo evidencian la con-tinuidad de situaciones de tortura en muchas jurisdicciones del pas, la natu-ralizacin de condiciones inhumanas de detencin, la convalidacin delrelato policial en casos que se disfrazan de enfrentamientos y no se investi-gan, la criminalizacin de la protesta, el consentimiento de desalojos arbitra-rios sin contrapartida habitacional o el uso abusivo de la prisin preventiva

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como castigo generalizado, lo que contrasta con la resistencia a encarcelar afuncionarios policiales que cometen abusos o con la detencin en condicio-nes de privilegio de los imputados por graves violaciones a los derechos hu-manos.

A partir de los datos relevados, resulta til contrastar el desempeo judi-cial con la actuacin de la Auditora de Asuntos Internos del Ministerio deSeguridad de la provincia de Buenos Aires en la investigacin de hechos quese presentan inicialmente como enfrentamientos, pero que constituyen, enrealidad, casos de abuso de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad.Desde su creacin en 2004, la Auditora produjo investigaciones rpidas y efi-caces frente a prcticas policiales violatorias de derechos humanos, y en mu-chos casos aventaj o cuestion las desarrolladas por la justicia. De estemodo, gener una fisura en una de las rutinas ms habituales para construirimpunidad en casos de violencia institucional: la de paralizar las investigacio-nes administrativas sobre irregularidades a la espera de un proceso judicialque termina fraguando sus evidencias.

Como explicitamos en el captulo IV, todas estas prcticas inerciales del Po-der Judicial se relacionan con las condiciones histricas y estructurales de suconstitucin, marcada por la histrica convalidacin a los golpes de Estado,por una configuracin jerrquica y por la adopcin de la formalidad comoregla normalizadora de sus acciones.

Como demostr el proceso de renovacin de la Corte Suprema de Justicia,el Poder Judicial puede ser transformado, a la vez que tiene capacidad de ex-pandir esa transformacin a la realidad poltica y social sobre la que inter-viene. Es desde esa perspectiva que nos parece importante promover su inde-pendencia, como un actor estratgico para el fortalecimiento de laproteccin judicial de los sectores ms desprotegidos y la expansin de susderechos, no como un medio de autoconservacin corporativa y de repro-duccin del statu quo de la sociedad.

Tambin se analizan numerosos ejemplos que hablan de la existencia dejueces, fiscales y defensores que trabajan por construir un Poder Judicial msdemocrtico en distintos lugares del pas. Algunos de ellos, tal como relata-mos, han recibido mensajes de disciplinamiento interno, traslados o poster-gaciones profesionales, por no tolerar las condiciones inhumanas de deten-cin de los presos o por investigar casos de tortura o de corrupcin queinvolucran a funcionarios pblicos.

Avanzando en la lectura, tambin se revela que la mayor parte de las situa-ciones de violacin de derechos relatadas no se circunscriben slo a deficien-cias de coordinacin entre los poderes del Estado, sino que alcanzan tam-


bin a la articulacin del nivel federal con los distintos estados provinciales.Como sealamos en diversas oportunidades, ste es un dficit que impone li-mitaciones al alcance territorial de algunos estndares conseguidos en el or-den nacional. As sucede fundamentalmente en materia de control del accio-nar policial en el contexto de protestas sociales, en cuestiones de polticajudicial y penitenciaria, y en el proceso de enjuiciamiento a los responsablesde graves violaciones durante la dictadura.

La promocin de estndares respetuosos de los derechos humanos es unrecurso que ha tenido escaso uso en estos aos, a pesar de que el Estado dis-pone de mltiples herramientas, como los Consejos Federales en materiapenitenciaria, de seguridad interior y de derechos humanos, las ComisionesBicamerales, o el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Es oportuno desta-car, sin embargo, el liderazgo de la nueva Corte Suprema en materia jurisdic-cional, que contribuy a la expansin institucional de las normas nacionalese internacionales de los derechos humanos.

El Informe seala otros problemas de deficiencia institucional, como elbajo rango normativo que caracteriza a algunas polticas y la escasa eficaciaprctica de ciertas reformas cuando no existe ni control ni presin institucio-nal para aplicarlas. La fragilidad de las normas sobre control de uso de lafuerza en manifestaciones pblicas es un ejemplo del primer caso, y la inefi-cacia de las reformas normativas sobre detenciones por averiguacin de iden-tidad en la provincia de Buenos Aires evidencia la dificultad que sealamosen segundo orden.

Bajo este diagnstico de problemas institucionales sera irresponsable su-poner que no existen adems de problemas no resueltos riesgos de re-gresin. Algunas iniciativas, como las reformas procesales planteadas en lasprovincias de Mendoza y de Tucumn en 2007 o la designacin de ex re-presores de la dictadura en cargos de seguridad en varias provincias, cons-tituyen modelos de respuestas restrictivas en materia de proteccin de de-rechos que merecen una especial vigilancia. La posicin que el nuevoPoder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ha adoptado frente a lainstitucin policial y llama la atencin sobre la necesidad de no retrocederen polticas como el control del uso de la fuerza policial, las investigacionessobre la circulacin de la violencia en el interior de las policas, y la aper-tura de las oficinas de control policial a las vctimas de violaciones de losderechos humanos.

Finalmente, no consideramos que puedan ser evaluados del mismo modohechos aislados de suma gravedad como el no esclarecimiento de la desapa-ricin del testigo Julio Lpez; prcticas y rutinas violatorias de derechos que

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se mantienen con intensidad en el seno de instituciones democrticas, comolos hechos de violencia institucional protagonizados por fuerzas de seguri-dad federales; y situaciones de violacin masiva y sistemtica de derechos hu-manos como la que vive la poblacin carcelaria de nuestro pas. En cadacaso, se debe realizar un anlisis pormenorizado de la magnitud de la viola-cin; del nmero de vctimas afectadas; de la responsabilidad estatal, de lasestructuras involucradas y de sus resistencias e inercias especficas frente a unproceso de reforma; y por ltimo de la voluntad expresa y de las acciones re-alizadas por el Estado en direccin a poner fin a la violacin.

La continuidad de situaciones de violacin a los derechos humanos y laanuencia social otorgada durante estos aos mediante campaas de ley y or-den, discursos polticos, y expresiones frecuentes de la opinin pblica, nonos permite, sin embargo, enfocar nuestro anlisis en una sola direccin. Sa-bemos que la composicin y accionar del Estado es el resultado de un com-plejo entramado de relaciones entre las diferentes fracciones que componenla sociedad. As, el Estado que se fue configurando a partir de la dictadura noposee la capacidad ni las instituciones necesarias para revertir los problemasestructurales que resaltamos. La resolucin de estas deficiencias es parte deuna tarea colectiva que comprenda propuestas y acciones de fortalecimientodel tejido institucional.

Desde esta visin del Estado es que el CELS se plantea su trabajo de inci-dencia. Denunciando violaciones a los derechos elementales, propiciandoinstitucionalidad, pero tambin sealando la necesidad de que los trabajado-res mejoren sus niveles de organizacin y representatividad, para volver aconstituirse en un actor clave en las definiciones de las polticas pblicas. Enese contexto debe ser comprendido tambin el reclamo de nuevos espaciospara la participacin de la sociedad civil y el de un mayor acceso a la informa-cin pblica.

La habilitacin de mecanismos para la participacin de la sociedad civil oel mejor aprovechamiento de los existentes atraviesa temas tan dismilescomo el nombramiento de magistrados, la poltica de saneamiento y provi-sin de agua potable, la definicin de estndares de derechos humanos parala actuacin de las fuerzas de seguridad, o la implementacin del protocolocontra la tortura. Con el mismo espritu debe entenderse nuestro seala-miento respecto de la dificultad e imposibilidad para acceder a estadsticasoficiales sobre temas tan sensibles como pobreza, empleo, inflacin, crimina-lidad, cupo carcelario y violencia institucional. Como se plantea en el cap-tulo X, los problemas de acceso a la informacin y la crisis del INDEC queha teido de incertidumbre a todo el sistema estadstico nacional plantean


serios cuestionamientos sobre la responsabilidad del Estado de producir in-formacin seria y veraz como un punto de partida indispensable para el di-seo y control de sus polticas.

V.

Desde el inicio de la transicin democrtica, la mayora de los organismos dederechos humanos comenzamos un debate sobre el alcance de este con-cepto en el que estaba comprendida nuestra lucha. Los resultados de esteproceso fueron dismiles y marcaron las diferentes trayectorias que han ca-racterizado a cada organizacin durante todos estos aos. Esa discusin tuvo,sin embargo, un punto de partida compartido que cuestionaba la limitacindel concepto de derechos humanos a la revisin del pasado autoritario.

El valor de esa reflexin emprendida por los organismos en la bisagra en-tre dos pocas, explica en buena medida su vitalidad y supervivencia casitreinta aos despus. Ese proceso permiti que cada organizacin, segn superfil, comenzara a acompaar a la sociedad en nuevos problemas. La aper-tura de los organismos a temas de la agenda social y poltica que excedan ellegado de la dictadura result en parte limitada por la obstruccin a lo largode ms de veinte aos del proceso de justicia dentro de nuestro pas, lo queoblig a reconcentrar esfuerzos en el avance de los juicios a los represores.

El gobierno de Nstor Kirchner implic, en este sentido, un nuevo puntode partida. Al hacer explcito su compromiso con los derechos humanos eimpulsar la agenda histrica de los organismos, debera haber renovado laposibilidad de pensar y actuar sobre situaciones de violacin de derechos endemocracia. Sin embargo, el rasgo fundamental y casi excluyente de la pol-tica de derechos humanos del gobierno saliente ha sido el inters por conso-lidar el proceso de justicia por los crmenes del terrorismo de Estado.

Sin desdear la importancia institucional y social de conseguir el indispen-sable castigo de estos crmenes, el CELS considera que es necesario evitarque la agenda social sobre derechos humanos quede centrada de manera ex-cluyente en estos juicios. Es responsabilidad del Estado la construccin deuna cultura democrtica de los derechos humanos y el reconocimiento de lasdistintas situaciones que amenazan actualmente su vigencia en nuestro pas.

Por otro lado, es importante sealar que si nos atenemos exclusivamente auna evaluacin del desempeo del gobierno y de los distintos poderes del Es-tado en relacin con el proceso de justicia, el balance que nos deja el ao

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2007 no es auspicioso. Tal como se seala en el captulo I de este Informe, laausencia de una estrategia eficiente de persecucin penal y la implementa-cin de juicios acotados hasta el absurdo como el del prefecto Hctor Febres,son llamadas de atencin que marcan la urgente necesidad de evaluar el rolque las distintas instancias del Estado estn desempeando en el proceso deverdad y justicia.

Con el ascenso a la presidencia de Nstor Kirchner, se cre la Secretara deDerechos Humanos, con una estructura y un presupuesto significativos. Sudesempeo durante los ltimos aos ha expresado en buena medida tanto laorientacin general de la poltica de derechos humanos como sus principa-les limitaciones. Esta oficina se limit, en gran parte de su mandato, a los te-mas relacionados con la bsqueda de la verdad y la justicia sobre los crme-nes del terrorismo de Estado. Pero, aun en este aspecto, su gestin ha estadoms enfocada a administrar la relacin con los organismos de derechos hu-manos que a la ejecucin de una poltica eficiente para remover los seriosobstculos en el proceso de justicia. En lugar de avocarse a la resolucin delos numerosos inconvenientes de coordinacin y de falta de recursos suscita-dos desde el reinicio de los juicios, la Secretara ha adoptado como polticadominante la de presentarse como querellante de manera indiscriminada enlas causas abiertas en todo el pas, sin un trabajo previo de investigacin y sinaportar pruebas tiles en los procesos a pesar del cmulo de informacin deque dispone pero que no procesa. El CELS considera que el Estado cumplesu rol de querellante en estos juicios por medio del Poder Judicial y a travsdel Ministerio Pblico Fiscal, y que no corresponde por tanto que lo hagapor medio de la Secretara, cuyas capacidades especficas se orientan o debe-ran orientarse a complementar el trabajo de la justicia y no a superponersecon l, de un modo simblico e ineficaz.

Por otro lado, respecto de aquellos legados de la dictadura que el procesode justicia hace emerger, el gobierno no slo no encar polticas de transfor-macin sino que por el contrario mantuvo una actitud pasiva. As lo hizo frentea muchas de las rutinas y lgicas de trabajo de las instituciones de seguridad einteligencia federales, que dieron y dan sustento a cotidianas violaciones a losderechos humanos. Los efectos de la continuidad de estas prcticas autoritariaspueden observarse no slo en la descripcin de los casos de violencia policial,sino tambin en la falta de esclarecimiento de la desaparicin del testigo JulioLpez, las amenazas a testigos, abogados y funcionarios judiciales que partici-pan en los juicios, y la muerte por envenenamiento de Febres.

Respecto de este caso, existi por lo menos desidia de parte de la Secreta-ra de Derechos Humanos, que tuvo en su poder informacin sobre la situa-


cin irregular y riesgosa de la detencin de Febres desde varios meses antesde ocurrido el envenenamiento del prefecto gracias a una denuncia reali-zada por un joven miembro de prefectura, encargado de su cuidado y espan-tado por la obscenidad de sus privilegios. Esta informacin, que hubiera sidomuy til para dejar sin argumento la resistencia del juez Sergio Torres a tras-ladar a Febres a una crcel comn con cuidados especiales, tal como venansolicitando los querellantes, qued arrumbada en un escritorio y fue entre-gada a la justicia con demoras, recin cuando el caso tom resonancia p-blica por la proximidad del inicio del juicio.

Indiscutiblemente, poner fin al proceso de justicia por los crmenes msgraves cometidos en nuestro pas es un objetivo de primer orden institucio-nal. Pero tal como lo demuestran la desaparicin de Lpez, las amenazas atestigos, abogados y funcionarios judiciales que participan en los juicios y elenvenenamiento de Febres no puede separarse de una poltica que encarelas secuelas del pasado autoritario en las institucionales judiciales, de seguri-dad e inteligencia.

La persistencia de estas prcticas de violencia responde tambin a la pro-mocin o tolerancia del uso abusivo de la fuerza por parte de referentes pol-ticos, y funcionarios judiciales. Durante los ltimos aos, se han difundido ar-gumentos que intentan justificar estas actitudes oponiendo un concepto dederechos humanos vinculado exclusivamente al pasado con un inters su-puestamente ms actual por problemas urgentes como la seguridad. La fala-cia de estos argumentos es doble: ni es posible desatender los problemas delpresente como lo prueban con claridad ste y todos los Informes del CELSdesde 1979, ni lo que se postula como problemas del pasado puede ser des-deado sin costo pues tiene una enorme vigencia en las deficiencias institu-cionales que padecemos, y que impiden resolver los problemas ms graves delpresente. Todas estas cuestiones ponen de manifiesto que la construccin deuna agenda ampliada de derechos humanos es un trabajo que involucra de modo integral al mbito estatal y a la sociedad en su conjunto, y que debeconvocar cada vez ms actores pblicos dispuestos a regenerar y fortalecer untejido institucional que se corresponda con un modelo de sociedad inclusiva.

Gastn Chillier Director ejecutivo del CELS

I. Justicia y memoria por delitos delesa humanidad: un 2007 con msdeudas que logros*

En materia de justicia por delitos de lesa humanidad cometidosdurante la ltima dictadura, el balance de 2007 deja un sabor agridulce. Enel haber se destacan dos hitos histricos: las condenas al capelln Cristianvon Wernich1 y a los mximos jerarcas de inteligencia del Ejrcito.2 La canti-dad de procesados ha crecido significativamente,3 las fuerzas de seguridadhan detenido a represores que intentaban burlar a la justicia,4 varias causas

* Este captulo ha sido elaborado por los integrantes del Programa Memoriay Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, Carolina Varsky,Diego Martnez, Julieta Parellada y Lorena Balardini.

1 El 9 de octubre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata conden a reclusinperpetua al sacerdote de la Iglesia catlica Cristian von Wernich. La justicialo consider coautor de siete homicidios triplemente calificados, 34tormentos agravados y partcipe necesario en la privacin ilegal de lalibertad agravada de 42 personas.

2 El 18 de diciembre el juez federal Ariel Lijo conden con penas de entre 20y 25 aos de prisin al ex jefe del Ejrcito Cristino Nicolaides, a loscoroneles del Batalln de Inteligencia 601 Jorge Luis Arias Duval, SantiagoHoya, Waldo Roldn, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana y PascualGuerrieri, y al polica Julio Simn. Los responsabiliz del secuestro y latortura en 1980 de cinco militantes montoneros que continandesaparecidos, y la privacin ilegal de la libertad y reduccin a laservidumbre de Silvia Tolchinsky.

3 Segn registros del CELS, slo entre abril y diciembre fueron procesados48 represores.

4 El 1 de abril Interpol detuvo en Virginia, Estados Unidos, a ErnestoBarreiro, alias Nabo, jefe de torturadores del centro clandestino La Perla,en Crdoba. El 10 de mayo Interpol detuvo a Enrique Jos del Pino, aliasMiguel, ex jefe de un grupo de tareas que operaba en los centrosclandestinos El Banco y El Olimpo. Estaba prfugo desde haca un aoy medio. El 18 de septiembre, despus de pasar cuatro aos prfugo,Gendarmera detuvo al sargento ayudante Alfredo Omar Feito, alias Cachoo Speziale, ex miembro de la Central de Reunin de Contrasubversin delBatalln de Inteligencia 601 del Ejrcito. El 26 de septiembre la DivisinAntiterrorismo de la Polica Federal detuvo al capitn Carlos Esteban Pla,


han sido elevadas a juicio5 y algunas instancias puntuales del Estado handado respuestas a demandas planteadas desde organismos de derechos hu-manos. Sin embargo, la ausencia de una estrategia eficiente de persecucinpenal y la implementacin de juicios acotados hasta el absurdo como el delprefecto Hctor Febres6 son llamados de atencin que marcan la urgente ne-cesidad de evaluar el papel que las distintas instancias del Estado estn des-empeando en el proceso de verdad y justicia.

A este panorama se sum hacia fin de ao la muerte por envenenamientodel prefecto Febres, cuatro das antes de escuchar su sentencia. La noticia noslo puso al desnudo las condiciones de privilegio irregulares de las que go-zaba en la Prefectura, sino tambin la falacia del argumento esbozado por al-gunos magistrados que invocan razones de seguridad para no modificar una si-tuacin de evidente desigualdad. Estas deficiencias tuvieron lugar mientrassigue sin esclarecerse la segunda desaparicin de Jorge Julio Lpez, testigocentral en el juicio contra el ex polica Miguel Etchecolatz, y mientras conti-nan las amenazas a testigos, lo que demuestra la debilidad del Estado para in-vestigar y desarticular a quienes pretenden desestabilizar el proceso de justicia.

ex subjefe de polica de la provincia de San Luis sindicado como autormaterial del homicidio de la estudiante Graciela Fiochetti. Durante dosaos Pl logr escabullirse de la justicia. Tambin durante 2007 fuerondetenidos el uruguayo Ernesto Soca, alias Drcula, investigado por suactuacin en Automotores Orletti, y el polica salteo Jorge HctorZanetto, imputado por el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone. Alcierre de este informe existan an 43 prfugos.

5 Al cierre de este informe, ms de veinte causas estn elevadas a juicio,aunque slo tres tienen fecha de inicio confirmada. El 5 de febrero elTribunal Oral Federal (en adelante TOF) de Corrientes comenzar a juzgara los responsables del Regimiento de Infantera 9 por quince secuestros ydesapariciones forzadas. El 19 de febrero el TOF 5 comenzar a juzgar alcapitn Enrique Jos Berthier y al matrimonio de civiles compuesto porOsvaldo Rivas y Mara Cristina Gmez Pinto por la sustraccin de la menorMara Eugenia Sampallo. El 29 de abril otra vez el TOF 5 juzgar a losoficiales de la Polica Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole yMiguel ngel Timarchi por la masacre de Ftima, un desprendimiento deCuerpo I. El 8 de agosto una vez ms el TOF 5 juzgar a los oficiales delEjrcito Csar Miguel Comes, Hiplito Rafael Mariano, Pedro AntonioDurn Senz, Hctor Rubn Gamen y Pedro Alberto Barda por doce casosde secuestros, torturas y homicidios cometidos en los centros clandestinosMansin Ser, Vesubio y en la ciudad de Mar del Plata.

6 Este juicio se llev a cabo contra un solo imputado por el delito de torturascontra cuatro vctimas sobrevivientes en un centro clandestino ESMA porel cual pasaron alrededor de 5.000 personas, la mayora de ellasdesaparecidas.

justicia y memoria por delitos de lesa humanidad 33

Para el CELS, incluso los riesgos y dificultades asociados a este procesoconstituyen oportunidades para el Estado de generar tejido institucionaltanto en las fuerzas de seguridad como en los organismos de inteligencia, enlas Fuerzas Armadas y en la propia administracin de justicia. Apoyados en esta conviccin, en el mes de febrero difundimos un documento de tra-bajo destinado a fortalecer las polticas pblicas de persecucin penal de es-tos crmenes.7 Partiendo de lo planteado en ese documento, en este captuloanalizaremos las respuestas dismiles que desde el Poder Judicial, el Ministe-rio Fiscal y el Poder Ejecutivo se fueron dando a los problemas y desafosabiertos por el proceso de justicia.8

1. el lento despertar de la justicia. Obstculos y propuestas

Una novedad significativa de este ao ha sido el involucramiento de la m-xima instancia judicial del pas en el desarrollo de los juicios. En el mes dejulio, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin (CSJN) cre la Unidad de Asistencia y Seguimiento de las causas en las que se investiga la desapa-ricin forzada de personas anteriores al 10 de diciembre 1983.9 El objetivoperseguido fue satisfacer las necesidades de los jueces en materia de per-sonal, equipamiento y adecuacin de espacios y elementos, dar respuestaante las diversas circunstancias de naturaleza administrativa y funcionalque obstaculizan o dificultan la adecuada tramitacin de las causas y to-mar inmediato conocimiento de las situaciones que se presentan a fin deproveer rpida y eficaz respuesta por intermedio de los rganos competen-tes.

Sin embargo, la actuacin de la Unidad durante el primer semestre fuemeramente simblica. Dado que durante 2007 diversos juzgados y secretarasde todo el pas han sido dotados de personal y recursos especficos para ins-

7 El ttulo del documento es Lneas de accin para fortalecer el proceso deVerdad y Justicia. El l se present un diagnstico de la situacin de lascausas reabiertas en todo el pas y se plante al Estado una serie depropuestas (disponible en ).

8 Para presentar el documento se hicieron encuentros formales con el expresidente Nstor Kirchner, Esteban Righi, a cargo de la ProcuracinGeneral de la Nacin, Pablo Mosca, presidente del Consejo de laMagistratura y Ricardo Lorenzetti, presidente de la CSJN.

9 CSJN, acordada del 11-7-07, disponible en .


truir causas por crmenes de lesa humanidad y sin embargo no las han acti-vado, es imprescindible que la Unidad implemente algn tipo de control so-bre el estado de los procesos. Distinto ha sido el funcionamiento de la Uni-dad Fiscal de Coordinacin y Seguimiento de las Causas por Violaciones a losDerechos Humanos Cometidas durante el Terrorismo de Estado, creada enel mes de marzo en la Procuracin General de la Nacin, de lo que daremoscuenta ms adelante.10

Desde la reapertura de las causas por crmenes de lesa humanidad en2003,11 la justicia enfrenta una situacin extraordinaria, tanto por la desco-munal cantidad de vctimas (miles de detenidos-desaparecidos y asesinados,otros miles de torturados sobrevivientes de centros clandestinos) y victima-rios (varios centenares identificados, miles sin identificar), como por la cali-dad de los delitos denunciados: secuestros, torturas, violaciones, homicidios,desaparicin de personas, cometidos en forma premeditada, sistemtica y enla ms absoluta clandestinidad.

Es imprescindible, en ese contexto, extremar las precauciones para asegu-rar un proceso eficaz que concluya en sentencias definitivas. Ello debe ha-cerse respetando las normas del debido proceso y las garantas constituciona-les de los imputados.12 Y por otra parte, es preciso garantizar a las vctimas un

10 Resolucin PGN 14/2007, disponible en.

11 Luego de la sancin de la ley 25.779 que declar nulas las leyes de PuntoFinal y Obediencia Debida a fines de agosto de 2003, el 1 de septiembre delmismo ao la Cmara Federal portea dispuso mediante acordada laremisin de las megacausas ESMA y I Cuerpo de Ejrcito a primerainstancia, lo que implic la reapertura de estas investigaciones. Si bien conanterioridad varias causas haban sido reabiertas, aquellas que quedarontruncas en los aos ochenta fueron formalmente continuadas en 2003.

12 Acelerar el proceso judicial y dictar condenas o sobreseimientos en plazosrazonables es tambin un derecho de los imputados que el Estado tiene eldeber de garantizar. Prolongar el estado de sospecha sobre centenares depersonas denunciadas, en su mayora ex miembros de Fuerzas Armadas, deseguridad u organismos de inteligencia, impide adems sanear de una vez ypara siempre los organismos del Estado que actuaron en la guerra suciacontra la sociedad argentina. Condenar a quienes delinquieron y sobreseera quienes no lo hicieron es tambin una necesidad imperiosa para losactuales miembros de esas instituciones, que en su mayora y por razonesgeneracionales no tuvieron protagonismo durante la dictadura militar perocargan con la pesada mochila legada por sus superiores y, peor an, conuna estigmatizacin social que an impide su integracin plena al resto dela sociedad.


trato digno y evitar su sobrexposicin en carcter de testigos,13 de modo quese garantice a la sociedad en un plazo de tiempo razonable la posibilidad deconocer cabalmente los crmenes cometidos y su contexto.

El frustrado juicio al prefecto Hctor Febres es en tal sentido un ejemploparadigmtico de aquello que no debiera volver a suceder. La organizacinde los juicios en hechos parciales, sin una divisin que responda a criteriosconocidos o de economa procesal, o la realizacin de mltiples juicios parajuzgar hechos conexos pero con vctimas, pruebas e imputados comunes,aparece no slo como un despropsito procesal (con importante dispendiode actividad jurisdiccional) sino como una decisin que genera serios perjui-cios en las vctimas de los hechos que se juzgan, de los dems testigos e inclu-sive de los imputados, que debern someterse a mltiples juzgamientos enforma innecesaria.

Teniendo en cuenta el panorama general de causas en todo el pas con-forme surge del relevamiento realizado por la Unidad Fiscal de Coordina-cin y Seguimiento de la Procuracin General de la Nacin es imperioso lo-grar la unificacin de expedientes y la elevacin a juicio de los casos eimputados ms representativos de cada regin, sobre todo de quienes ocupa-ban las mximas jerarquas de unidades de las Fuerzas Armadas y de Seguri-dad. La concrecin de este objetivo permitir aunar planteos y recursos, y ob-tener sentencias definitivas en un plazo ms razonable. Parcializar loscrmenes e imputar a una nica persona un nmero reducido de delitos, encambio, desnaturaliza los hechos e impide que tanto los tribunales como lasociedad perciban el fenmeno histrico que se est juzgando.

13 La instrumentacin actual de los procesos implica en la prctica unaexposicin desmesurada de los testigos, en su mayora ex detenidos-desaparecidos que declararon por primera vez a fines de los aos setentaen organismos nacionales e internacionales, ante la justicia con eladvenimiento de la democracia en 1983, en el exterior tras la sancin delas leyes de impunidad en 1987, durante los juicios por la verdad en losnoventa, y una vez ms ante la justicia penal con la reapertura de lascausas, en el presente milenio. Cada nueva declaracin implicarememorar padecimientos extremos, situacin que dificulta la posibilidadde cerrar las profundas huellas que el terrorismo de Estado dej en suscuerpos y sus psiquis. Pretender que vuelvan a prestar testimonio una yotra vez en juicios minsculos, con imputados aislados y slo por unpuado de casos que impiden comprender la magnitud y el carctersistemtico de los delitos juzgados no es sino un modo de volver asometerlos a los arbitrios y desmesuras de un Estado incapaz degarantizar la ms elemental justicia.


Entre los mayores obstculos para el avance de los procesos se destaca laacumulacin de causas paradigmticas elevadas a juicio oral y pblico en elTribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal. A un promedio de sesenta tes-tigos por juicio y una duracin mnima de tres meses, estos procesos no ter-minarn antes de 2010, en caso de no derivarse hacia otros tribunales.14 Enel extremo opuesto se observa una fragmentacin irracional de casos y, en al-gunos tribunales de provincia, una notoria lentitud, cuando no resistencia,a avanzar en la instruccin de causas.

Para los casos de causas elevadas y asignadas al TOF 5, que instruye las me-gacausas ESMA y I Cuerpo, una solucin posible es la reasignacin deuno de esos dos procesos a otro tribunal, medida que la CSJN podra tomarmediante una acordada de sus facultades de superintendencia.15 Teniendoen cuenta el enorme trabajo realizado hasta el momento por la Secretaradel TOF 5, la reasignacin debera complementarse con la conversin de laSecretara de este tribunal en una dependencia nica dentro de los tribuna-les federales, que entienda especficamente en causas de violaciones a los de-rechos humanos durante la ltima dictadura.

De este modo, ante cualquier cambio de jueces no ser necesario que unanueva secretara deba estudiar causas de enormes dimensiones y compleji-dad desde cero, con las consecuentes demoras y trabas burocrticas. Si laCSJN o el Consejo de la Magistratura consideraran insuficiente la cantidadde tribunales con capacidad para llevar adelante los juicios en el corto plazo,una solucin posible sera incorporar al sorteo de nuevos casos por acor-dada de la CSJN a los Tribunales Orales de Capital Federal, o bien modifi-

14 El TOF 5 tiene ocho causas en lista de espera: la nmero 11.669/01, Rivas,Osvaldo Arturo y otros s/ sustraccin de menores, con fecha prevista parael 19 de febrero de 2008; 1.223, Lapuyole, Juan Carlos y otros, porhomicidio con alevosa, ms conocida como Masacre de Ftima, juicioque comenzar el 29 de abril de 2008; 1.170, Comes, Csar Miguel y otros,por torturas; 1.261, Olivera Rovere, Jorge Carlos, por privacin ilegal dela libertad; 1.268, Lobaiza, Humberto Jos Romn y otros, por privacinilegal de la libertad; 1.269, Barrionuevo, Juan L. (a) Jeringa, porprivacin ilegal de la libertad; 1.270, Donda, por privacin ilegal de lalibertad y torturas; y 1.271, Walsh, conexa con la causa Escuela deMecnica de la Armada.

15 Este tipo de medidas fueron adoptadas ya por la Cmara Nacional deCasacin Penal, que dispuso no incluir en el sorteo de causas al TOF 5 yque luego, en otra resolucin, dispuso retirarle todas las causas que notuvieran fecha fijada para el inicio del debate, dejndole solamenteaquellas relacionadas con crmenes de lesa humanidad.


car la ley 24.050 de Organizacin de la Justicia para crear nuevos TribunalesOrales Federales, que podran cubrirse con jueces criminales hasta tanto secomplete el trmite de nombramiento de jueces federales.

Los casos que se eleven en adelante deberan sortearse entre todos los tri-bunales federales (reincorporando al TOF 5 al sorteo de causas) pero sin se-guir la regla de conexidad, cuya aplicacin deriv en la acumulacin indiscri-minada de casos, excepto cuando se trate de juzgar delitos cometidos en unmismo centro clandestino y durante idntico perodo. La CSJN debera ex-hortar a los jueces para que investiguen con racionalidad y en coordinacincon el Ministerio Pblico Fiscal, de modo que no se repitan juicios acotadoscomo el del prefecto Febres, ni una disgregacin extrema tal como ocurrien Santa Fe.16

Ante la existencia de causas con imputados y vctimas comunes en las queslo difieren los delitos que se investigan, es imprescindible su unificacin enun mismo tribunal oral. Este criterio est previsto en el cdigo procesal, seaplic con xito en el caso Simn (en el cual se investigaba por un lado elsecuestro de un matrimonio y por otro la apropiacin de su hija) y deberaaplicarse, por ejemplo, al jefe de subzona Jorge Olivera Rvere y sus subordi-nados jefes de rea.

En el caso de la megacausa ESMA, teniendo en cuenta la descomunalcantidad de vctimas, victimarios y pruebas acumuladas, slo una disposicinespecfica que planifique la investigacin, la elevacin a juicio y el juzga-miento por etapas podra evitar los dos extremos que consideramos inconve-nientes: un megajuicio por un lado o una atomizacin extrema de juicios porel otro.

Finalmente, en los departamentos judiciales con ms de un tribunal oralen los cuales se instruyen varias causas con imputados y casos comunes(como en Crdoba y Rosario) se deberan crear secretaras nicas que se en-cargaran del trabajo logstico, de modo de no desperdigar recursos y evitarque la rotacin de jueces demore el proceso.17

16 El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rubn Rodrguez, form expedientesindividuales por cada homicidio o desaparicin forzada a medida que sepresentaron los familiares de las vctimas. Al margen del paso cansino decada uno de los expedientes, que no necesariamente guarda relacin conla disgregacin, de no modificarse el criterio mencionado tal como lo hansolicitado las querellas las futuras elevaciones derivarn en ms decuarenta juicios a los mismos imputados.

17 La creacin de este tipo de secretaras tiene como fundamento elAnteproyecto de Cdigo Procesal Penal elaborado por la Comisin Asesora


Si bien la principal causa de la lentitud de los procesos debe buscarse nece-sariamente en los mtodos y actitudes de la corporacin judicial, le cabe tam-bin al Poder Ejecutivo la responsabilidad de acelerar el nombramiento demagistrados, fiscales y defensores en los departamentos judiciales del pas.18

2. La intervencin del Ministerio Pblico Fiscal

En el mes de marzo, el titular de la Procuracin General de la Nacin(PGN), doctor Esteban Righi, cre la Unidad Fiscal de Coordinacin y Segui-miento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidasdurante el Terrorismo de Estado, con el objetivo de promover acciones ten-dientes a acelerar la instruccin de las causas reabiertas, asegurar la realiza-cin de juicios orales y pblicos en cada jurisdiccin donde funcionaron cen-tros clandestinos, y garantizar en todos los casos la observancia del debidoproceso en beneficio de los victimarios y el menor grado de exposicin posi-ble de las vctimas.

La Unidad Fiscal de Coordinacin y Seguimiento de las Causas por Viola-ciones a los Derechos Humanos se aboc desde el comienzo a elaborar undiagnstico preciso sobre los obstculos que enfrentaba cada proceso rea-bierto, como paso previo a la elaboracin de una estrategia capaz de enfren-tarlos con xito. A partir de un dilogo fluido con fiscales, jueces, querellasy organismos de derechos humanos actores en las causas, la Unidad sistema-tiz la informacin recopilada, construy bases de datos e identific causalesde atrasos.

La tarea deriv hacia fines de agosto en la elaboracin de un informe di-rigido a la CSJN en el cual se expuso y ejemplific a partir de casos testigola situacin crtica general de las causas en todo el pas, se sealaron facto-res problemticos y se demand un trabajo en comn entre distintas ins-

para la Reforma de la Legislacin Procesal Penal creada en el mbito delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin, en cuantoestablece la creacin de una oficina judicial que, sin perjuicio de lasfacultades e intervenciones de los jueces, se encargue de organizar lasaudiencias, el debate y ordenar comunicaciones y emplazamientos. DecretoPresidencial 115/2007, Boletn Oficial del 16 de febrero de 2007.

18 Vase en el captulo Independencia para una justicia democrtica ellistado de pliegos pendientes de resolucin por parte del Poder Ejecutivo.


tancias estatales.19 El informe abord temas prioritarios como la demora enel avance de los procesos, las subrogancias en los juzgados, las medidas quedeben preverse con vistas a los juicios orales, la concentracin de juicios endeterminados tribunales, los lugares de detencin y la necesidad de protec-cin para los testigos. Fue el primer diagnstico sobre el estado de estos jui-cios elaborado por alguna dependencia del Estado desde la reapertura ma-siva de las causas en 2003.

La Unidad tambin impuls el dictado de una resolucin del Ministerio deJusticia20 para que las fuerzas de seguridad se abocaran de inmediato a la cus-todia de testigos solicitada por fiscales y magistrados en causas por delitos delesa humanidad, tarea que a partir de su creacin asumi el Programa Ver-dad y Justicia.

Su principal desafo para 2008, segn el informe elevado al titular de laPGN en noviembre, es concluir la construccin de una base de datos quesirva de herramienta tcnica para los fiscales de todo el pas, de modo de uni-ficar la enorme cantidad de pruebas testimoniales y documentales fragmen-tadas y dispersas en distintas jurisdicciones y, al interior de cada una, de di-versas causas.

3. Las deudas del Ejecutivo

En el mes de mayo, el presidente Nstor Kirchner cre el Programa Verdady Justicia en la rbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.21 Le asigncomo tarea el seguimiento del proceso de memoria, verdad y justicia en suconjunto, para evaluar avances, retrocesos, necesidades, y remover los obst-culos que afecten su normal desenvolvimiento. Entre sus objetivos priorita-rios se destaca el de garantizar la contencin, proteccin y seguridad de tes-tigos, vctimas, abogados y funcionarios que intervienen en investigacionesde delitos de lesa humanidad, incluidos sus grupos familiares.

19 Algunos problemas vinculados al trmite de las causas por violaciones a losDDHH cometidas durante el terrorismo de Estado, Jorge Eduardo Auat,fiscal general, y Pablo Parenti, coordinador de la unidad, 24 de agosto de2007.

20 Ministerio de Justicia, resolucin 439, 23 de abril de 2007.21 Decreto 606/2007, disponible en .


Si bien el Programa ha intervenido con xito en casos especficos de pro-teccin de testigos, su coordinador, Marcelo San, ha planteado pblica-mente la necesidad de contar con una infraestructura acorde con las tareasasignadas, que incluya mayor presupuesto22 y personal propio, dado quehasta el momento utiliza a miembros de la Polica de Seguridad Aeroportua-ria. Tambin solicit que su unidad fuera parte de un programa ms ampliocontra el crimen organizado.23

La falta de esclarecimiento de la desaparicin del testigo Jorge Julio Lpezy el secuestro de Luis Gerez, sumados a una serie de amenazas recibidas portestigos durante 2007 y la muerte por envenenamiento del prefecto HctorFebres, evidencian la existencia de uno o varios grupos de personas que es-tn decididos a resistir, o por lo menos dificultar, la marcha de los juicios. Elproblema es la ausencia de informacin mnima sobre la trama que articulaa estos grupos: quines son, hasta dnde se extienden sus redes de ilegali-dad, cules son sus relaciones con las fuerzas de seguridad pblica, las Fuer-zas Armadas, los servicios de inteligencia24 y, sobre todo, su participacin enempresas de seguridad privada.25 En definitiva, hay dudas sobre el poder dedesestabilizacin de estos actores. Sin embargo, hay suficiente certeza de queparte de su xito se explica por la debilidad del Estado frente al que ope-ran.26

22 Al cierre de este informe la mayor parte de los integrantes del Programallevan seis meses trabajando sin cobrar sus salarios.

23 Marcelo San, entrevista en Pgina/12, 3 de junio de 2007.24 En septiembre de 2006 el CELS realiz un pedido de informacin al Poder

Ejecutivo para que desclasifique y permita el acceso a la nmina deintegrantes de la SIDE durante el perodo 1974-1983, que informe sobre lacantidad de integrantes de la actual Secretara de Inteligencia dePresidencia que cumplieron funciones en ese perodo y sobre las medidasque se tomaron para evaluar su idoneidad tica como integrantes de unorganismo del Estado. Este pedido no ha sido respondido an.

25 Teniendo en cuenta la laxitud de las leyes que regulan la conformacin deestos ejrcitos privados y la escasa informacin sobre sus responsables yempleados que el Estado pone a disposicin de la sociedad, es imperiosa lanecesidad de impulsar desde el Congreso Nacional, legislaturasprovinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marcos legalesque fortalezcan el control de estas empresas y transparenten la informacinsobre sus titulares y el personal.

26 Las primeras medidas rpidas y decididas adoptadas por la jueza federalSandra Arroyo Salgado frente a la muerte por envenenamiento de Febresconstituyen una excepcin a la debilidad de las respuestas estatales ante lasacciones de estos grupos.


Al Poder Ejecutivo le cabe, junto al Poder Judicial, la principal responsabi-lidad por la desarticulacin de estos grupos. Ocuparse de esta tarea no sloredundar en garantizar una respuesta adecuada a las vctimas y la sociedadsino que tambin contribuir a generar tejido institucional y fortalecer el Es-tado de Derecho. En este contexto, resulta clara la necesidad de dotar al Pro-grama Verdad y Justicia de una estructura operativa acorde a la envergadurade los obstculos que este proceso de justicia est confrontando.

3.1. Fuerzas Armadas. El caso TeresoEl 12 de agosto de 2007, el semanario Perfil inform que el general Jorge Al-berto Tereso,27 director de Planeamiento del Ejrcito, haba sido condeco-rado por la Armada durante la dictadura militar a raz de su actuacin en elgrupo de tareas de la ESMA.28

Al da siguiente, el CELS emiti un comunicado donde exige al Gobiernoque adopte las medidas necesarias que allanen el camino de la Justicia y quese investigue si tuvo responsabilidad en los crmenes cometidos por dichogrupo de tareas. En el caso de que se confirme la informacin publicada, es-tas medidas debern incluir la suspensin (pase a disponibilidad) inmediatadel general Tereso.

El 7 de septiembre, el CELS solicit al Ministerio de Defensa que informelos destinos y funciones de Tereso entre 1976 y 1983, la investigacin desarro-

27 El pliego de ascenso del general Tereso fue aprobado, junto a otros 186,por el Senado en diciembre de 2007. Ante la consulta que la Comisin deAcuerdos realiz sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadasnominados por el Poder Ejecutivo para ascender, el CELS manifest que elcaso del militar Tereso mereca un anlisis especial. Se inform entoncesque en diciembre de 2003 el general Jorge Alberto Tereso haba sidorelevado de la Secretara General del Ejrcito y se le impuso una sancindisciplinaria, por orden del presidente de la Nacin, por haber solicitado ala justicia que autorizara a varios generales procesados por crmenes contrala humanidad a pasar la Navidad con sus familias.

28 La publicacin cit el Boletn Pblico del Ejrcito nmero 4.254, fechadoel 13 de junio de 1979, en el cual consta una disposicin firmada por elentonces general Carlos Guillermo Surez Mason que autoriza a Tereso yotros oficiales del Ejrcito a aceptar la distincin Honor al Valor enCombate otorgada por la Armada por haberse destacado por suparticipacin en hechos de accin de guerra. Los premiados fueronpropuestos por el jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera, por sudesempeo en la ESMA durante los aos 1976 y 1977 y su colaboracinactiva con el grupo de tareas 3.3.


llada a partir de la denuncia pblica del caso, los mecanismos previstos antesituaciones similares todas informaciones de inters pblico, y le solicitque adopte las medidas de investigacin y sancin que correspondan al caso,incluyendo las denuncias judiciales que sean pertinentes.

La presentacin deriv en la formacin del expediente 23.196/07 de la Di-reccin de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que a mediadosde septiembre lo gir a la Direccin de Asuntos Jurdicos. Tereso finalmentefue pasado a retiro.

3.2. Secretara de Derechos Humanos. Un espacio vacoCon el ascenso a la Presidencia de Nstor Kirchner en 2003, la entonces Sub-secretara de Derechos Humanos adquiri el rango de Secretara, recibi unsustancial aumento de presupuesto y se produjo un ostensible crecimientode su estructura. Lo que en principio era una buena seal en el sentido deque el Gobierno les otorgaba mayor jerarqua a los derechos humanos, no setradujo necesariamente en una gestin comprometida con una agenda am-pliada de derechos.29 Esta oficina se limit durante gran parte de su man-dato a los temas relacionados con la bsqueda de la verdad y la justicia sobrelos crmenes del terrorismo de Estado. Lamentablemente, aun en este as-pecto que el CELS considera de extrema relevancia su gestin ha estadoms enfocada a administrar la relacin con los organismos de derechos hu-manos que a la ejecucin de una poltica eficiente para remover los seriosobstculos en el proceso de justicia que hemos mencionado.

El 16 de diciembre de 2003, por decreto 1.259, el Presidente cre el Ar-chivo Nacional de la Memoria (ANM) como organismo desconcentrado enel mbito de la Secretara de Derechos Humanos. En la prctica, el ANM nofue sino la centralizacin de archivos existentes: el de la CONADEP que fina-liz su labor en 1985, los archivos de las estructuras que le dieron continui-dad (Direccin, Subsecretara y finalmente Secretara de Derechos Huma-nos) ms la informacin recolectada durante el trmite de las leyesreparatorias. Paradjicamente, el crecimiento de ambas estructuras ha sidodurante los ltimos cuatro aos inversamente proporcional a su aporte alproceso de verdad y justicia.

29 Como el objetivo de este captulo es relevar lo que ha pasado en el rea deverdad y justicia no vamos a extendernos aqu en una evaluacin general dela gestin de la Secretara de Derechos Humanos.


Si bien entre los objetivos del archivo nacional figura el de proporcionarun instrumento necesario en la bsqueda de la verdad, la justicia y la repara-cin ante los crmenes de la dictadura, su gestin no ha desarrollado unapoltica activa de contribucin a la justicia. En tal sentido, no deja de ser lla-mativo que entre sus atribuciones explcitas se incluya la de invitar a juecesy fiscales a colaborar con la Secretara, pero no lo contrario.

Segn un informe del consultor Gerardo Caetano elaborado a pedido delarchivo,30 el equipo de trabajo responsable de recibir testimonios de vctimasy familiares, de mantener una relacin fluida con organismos de derechoshumanos, formular hiptesis de investigacin, buscar fuentes de informa-cin alternativas, intercambiar experiencias y resultados con otros investiga-dores, entrecruzar datos y verificar las reconstrucciones obtenidas y recons-truir en ltima instancia la mayor cantidad posible de datos sobre centrosclandestinos y sus responsables, trabaja sin reconocimiento de ttulo ni anti-gedad y con una jornada de seis horas claramente insuficiente, en espe-cial por la complejidad de la tarea asumida, por lo que la jornada se extiendesin el reconocimiento cabal de las horas trabajadas. Adems, carece de unlugar privado mnimamente apropiado para recibir testimonios, impedi-mento clave para generar un clima de calidez, contencin y resguardo de laintimidad, imprescindibles en estos casos, y padece problemas de comuni-cacin con el personal jerrquico de la Secretara. 31

Tambin los informes de la Sindicatura General de la Nacin (SIGEN) so-bre el funcionamiento de la Secretara en su conjunto sealan, al margen de

30 Caetano, Gerardo, Informe final. Proyecto sobre Archivo Nacional de laMemoria. Consultora, diciembre de 2005.

31 El grupo de trabajo al que se refiere Caetano se denomina Equipo deInvestigacin y Sistematizacin del rea Ley 24-321Archivo CONADEP-SDH y fuentes complementarias y desde hace una dcada, en contactopermanente con organismos de derechos humanos, vctimas, familiares,juzgados, fiscalas y organizaciones sociales, realiza un trabajo minuciosode investigacin y reconstruccin de la verdad histrica. Entre otras tareas,se encarga de tomar testimonios tanto a sobrevivientes de centrosclandestinos como a familiares o particulares, de recibir e investigardenuncias de desapariciones forzadas, de sistematizar informacin defuentes diversas, de reconstruir las estructuras internas del aparatorepresivo y el funcionamiento de sus centros de detencin, de organizar lainformacin en bases de datos y de elaborar hiptesis sobre el destinofinal de los detenidos-desaparecidos. Durante el ltimo ao ha aportadovaliosa informacin a la causa Campo de Mayo, que deriv en una seriede detenciones y procesamientos por parte del Juzgado Federal de SanMartn.


desmanejos econmicos,32 falencias preocupantes en trminos operativos.En el ltimo informe disponible, de septiembre de 2007,33 se citan comoejemplos la falta de integracin de bases de datos informatizadas de desapa-recidos y fallecidos, la superposicin de acciones entre sectores con res-ponsables distintos pero tareas y temticas similares, una prctica de archivomuy parcial y poco sistemtica, ausencia de metas y cronogramas explicita-dos para los distintos proyectos, y una excesiva cantidad de reas que ma-yoritariamente no cuentan con aprobacin formal bajo supervisin directade la mxima autoridad. Incluso ms de un ao antes la SIGEN ya advertasobre unidades operativas con carcter informal, con dependencia directade las mximas autoridades de la Secretara, sin evidenciar criterios consis-tentes de organizacin y la ausencia de lnea formales de supervisin sobredichas unidades, adems de la superposicin de tareas.34

Al margen de los informes tcnicos, el contacto permanente de organis-mos y familiares con la secretara permite tener un conocimiento pormeno-rizado de sus caractersticas dominantes. Junto con la contratacin desme-dida de personal, la actual gestin se ha caracterizado por la decisin polticade asumir un rol de elevada exposicin pblica en relacin con los juicios,que se traduce en presentarse como querellante de manera simblica e indis-criminada en causas judiciales de todo el pas, sin un trabajo previo de inves-tigacin, sin un procesamiento mnimo de la informacin disponible, sinaportar una sola prueba til a las causas, con lo cual su incidencia sobre lamayora de los procesos de justicia es limitada.

Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, el CELS consideraque ninguna agencia estatal debe presentarse como querellante en causas pordelitos de lesa humanidad porque no es el rol que le compete. A principios de

32 Un informe de la SIGEN de abril de 2007 destaca como aspectosnegativos a corregir el bajo nivel de devengamiento de partidaspresupuestarias, la falta rendicin de cuentas, los pagos realizados enefectivo de manera habitual y por importes significativos que incumplennormas vigentes, los compromisos que se asumen al contratar profesionalesen forma cuasi-continua, y la falta de integracin al sistema de registropatrimonial vigente en la jurisdiccin. (SIGEN. Informe de auditora.Secretara de derechos humanos. Circuitos de subsidios, compras ycontrataciones, e incorporacin de bienes al patrimonio. Abril de 2007,conclusiones, p. 9.)

33 SIGEN. Informe de Evaluacin del Sistema de Control Interno. Ministeriode Justicia y Derechos Humanos. Septiembre 2007.

34 SIGEN. Informe de auditora. Secretara de derechos humanos. Abril de2006, p. 12.


2007, argumentamos nuestra oposicin ante los miembros del Instituto Espa-cio por la Memoria, por razones prcticas aplicables a dicho organismo(como la necesidad de generar capacidades profesionales especficas dedica-das al litigo legal, la dificultad para unificar criterios con el resto de las que-rellas en cada una de las discusiones que se dan en el marco de las causas,etc.), pero sobre todo por razones de fondo. Sostuvimos entonces: El Estadocumple su rol a travs del Poder Judicial y del Ministerio Pblico Fiscal. El Po-der Ejecutivo y cualquier otro organismo vinculado a l tiene otras funcionesque cumplir, tales como apoyar las investigaciones, dotar de recursos a la jus-ticia y a las fiscalas, abrir archivos que sirvan a las causas, aportar solucionestecnolgicas, brindar proteccin a los testigos, abordar problemas de fondoque afectan las causas, generar un contexto favorable al juzgamiento, etc-tera. Advertimos incluso que la responsabilidad por cumplir con el rol dequerellante es importante y tambin lo son las consecuencias de no cumplirlouna vez que alguien se ha presentado. En muchos casos, ms que impulsar lascausas se puede concluir en difi

Basualdo Distribucic3b3n Del Ingreso Pp307 2008

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