COLOQUIO REFLEXIN JURDICA Y REALIDAD SOCIAL EN MEXICO

Autoritarismo, inseguridad y protesta ciudadanaDr. Martn Aguilar Snchez

Instituto de Investigaciones Histrico-Sociales

Autoritarismo, inseguridad y protesta ciudadana

La presente ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre el problema de la inseguridad como problemtica nacional, centrando nuestro anlisis en el caso del estado de Veracruz.

La contraparte de la inseguridad sera hablar del concepto de seguridad humana que nos situara en el mbito del respeto y del reconocimiento de los derechos humanos. Esta visin tiene como objetivo rebasar los anlisis que circunscriben la seguridad a la esfera de la seguridad pblica, donde la solucin de la problemtica de robos, delincuencia organizada, extorsiones, secuestros, etc., se limita a una perspectiva policiaca que no toma en cuenta la complejidad de elementos econmicos, polticos y sociales.

Como bien sabemos, la violencia en nuestro pas se generaliz, principalmente, como efecto del vnculo que exista entre delincuencia y narcotrfico y debido a la guerra contra el crimen organizado que declar y llev a cabo el ex presidente Felipe Caldern con un saldo negativo para el Estado mexicano. El diagnstico del Estado fue que la delincuencia organizada se haba extendido en el pas y que, al mismo tiempo, haba penetrado a algunas instituciones. Sin embargo, la guerra gener un conjunto de repercusiones que todava estn presentes: no slo muertes de personas involucradas en el espacio criminal, sino afectaciones a la sociedad civil: trata de personas, secuestros, extorsiones, desplazamientos, falta de controles al problema de la drogadiccin. Estas repercusiones tuvieron tambin que ver con la estrategia adoptada por el gobierno calderonista, donde las principales medidas para combatir el narcotrfico fueron militares y policiacas, siendo secundarias las estrategias sociales y polticas.

El problema de la delincuencia organizada ligada al narcotrfico, si bien es un negocio econmico que se desarrolla a nivel internacional, cuando se trata de analizar en nuestro pas se vinculan varios aspectos: primero, el trfico de drogas a los Estados Unidos; segundo, el fortalecimiento de los grupos delincuenciales a partir del combate a ellos en Colombia, y tercero, la falta de consolidacin de la democracia mexicana, donde se tiene un endeble sistema de imparticin de justicia y, por ende, una impunidad generalizada, lo que permite el trnsito y consolidacin de estos grupos sin mayores controles.

Para algunos analistas como Edgardo Buscaglia, este aspecto es central para analizar los impactos de los grupos delincuenciales, pues en la medida en que la transicin poltica de un rgimen autoritario a otro democrtico no acaba de crear nuevas instituciones que garanticen la transparencia y la rendicin de cuentas, as como la imparticin de justicia, se crean las condiciones para que el narcotrfico se ampare en un estado de cosas que le permite su crecimiento. Este especialista propone, en distintos mbitos, el desarrollo de una serie de controles: judiciales, patrimoniales, contra la corrupcin, sociales.

Esta perspectiva supone que un pas con una democracia consolidada, donde la sociedad civil tiene una participacin determinante, permite controlar los aspectos ms agudos de la problemtica de la inseguridad; tambin supone que la transicin en Mxico ha sido incompleta en la medida en que la alternancia no fue suficiente para tener una democracia slida y que ms bien habra que impulsar una profunda reforma del Estado, de la cual se ha hablado mucho en nuestro pas.

Consideramos que esta perspectiva es vlida, pero tiene que afinarse para entender el papel de los sistemas polticos estatales en el proceso de los cambios polticos. Pues si analizamos los territorios donde el narcotrfico ha impactado, stos son principalmente los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo Len, Tamaulipas, Michoacn y Veracruz.

Por qu es necesario tener claridad al respecto? Porque cuando se habla de la transicin poltica o de los cambios polticos, parecieran procesos muy generales determinados desde el gobierno federal. Nuestra experiencia en los estudios polticos nos lleva a pensar que los procesos sociopolticos estatales asumen un ritmo desigual respecto de los procesos federales. Por lo cual es necesario comprender cmo se han formado las lites polticas y las caractersticas de la sociedad civil en las diferentes regiones. De esta manera, podemos evaluar el discurso poltico sobre la democracia dentro del conjunto de prcticas polticas. Esta posicin no quiere decir que lo nacional no influya o se vincule a lo estatal, pero tendramos que diferenciar estos procesos.

Por ejemplo, consideramos que los cambios polticos para consolidar la democracia en nuestro pas se han detenido o hasta podramos hablar de retrocesos polticos; que el sistema de partidos est distancindose de las necesidades de la ciudadana y su legitimidad se pone en entredicho. Un elemento que ha puesto en jaque, por lo menos coyunturalmente, la eficiencia del sistema electoral, es la incapacidad del Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral (INE) , as como de otras instancias econmicas y jurdicas; es la falta de claridad sobre el financiamiento de los partidos polticos y qu tipo de mecanismos utilizan para allegarse recursos econmicos. Esto no es una cosa menor, pues se intuye que el narcotrfico ha inyectado recursos a diferentes partidos polticos. Otro aspecto se refiere al todava ineficiente sistema de imparticin de justicia de nuestro pas, donde 98% de los casos que se denuncian no se resuelve.

Al arribar a la presidencia de la Repblica representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente Enrique Pea Nieto ha abordado stos y otros problemas sealando que, por un lado, con el conjunto de reformas aprobadas el pas crecer econmicamente, y por otro, se mejorarn los niveles de la calidad de la democracia y la inseguridad disminuir.

An es muy pronto para evaluar estas reformas, pero es necesario tener presente que mientras no se desarrollen controles rigurosos en los sistemas financiero y electoral, no tendremos claridad de dnde provienen los importantes recursos econmicos para las campaas polticas.

Por otra parte, aunque se han planteado estrategias para combatir la delincuencia organizada a travs de la creacin de la Gendarmera Nacional, la Coordinacin Antisecuestros y la expedicin, al inicio del sexenio, de la nueva Ley de Vctimas, la descomposicin y la exclusin social van a ritmos ms rpidos que las medidas puestas en prctica. Esto lo podemos observar en el aumento de la pobreza, el incremento del desempleo, la falta de crecimiento econmico y la profunda inseguridad que vive el pas.

As, tomando como punto de partida el argumento de los ritmos desiguales de la transicin poltica en Mxico, expondremos de manera breve el caso de Veracruz con el objetivo de dimensionar la magnitud de una problemtica sociopoltica, lo cual nos permitir visualizar la profundidad de los cambios que se requieren.

Veracruz: la necesidad de cambios polticos

Es necesario reflexionar en torno a cmo un gobierno autoritario genera condiciones para la emergencia de diversos campos de violencia, entre ellos la delincuencia organizada, y cmo la violencia ha ido poco a poco transformndose en un elemento estructurador de la vida social en el estado de Veracruz. Situacin que, sin duda, representa un gran desafo para la sociedad veracruzana.Una de las caractersticas del sistema poltico veracruzano es su autoritarismo, que se refleja en que es de los pocos estados del pas donde no se ha producido la alternancia poltica en el gobierno estatal. Esta caracterstica nos lleva a pensar en la relacin entre ciudadana y Estado, esto es, si lo vnculos entre el gobierno estatal y sus agencias y la ciudadana estn sujetos al reconocimiento de los derechos humanos en los diferentes mbitos de la sociedad civil.

En otros trabajos hemos analizado diversos procesos sociales que nos permiten acercarnos a una primera caracterizacin del sistema poltico en la entidad, por ejemplo, en el libro La difcil construccin democrtica en Veracruz, acceso a la justicia y actores sociales (2008), editado por la Universidad Veracruzana. Por otra parte, en un artculo publicado sobre los medios de comunicacin y el proceso electoral planteamos la falta de efectividad de instituciones que, en principio, tienen como objetivo modernizar el sistema poltico y, con ello, democratizar las relaciones entre ciudadana y Estado. Sin embargo, estas instituciones estn lejos de cumplir dichos propsitos; por ejemplo: a) la Comisin Estatal de Derechos Humanos ha jugado un triste papel en diversos problemas que han aquejado a importantes sectores sociales, como son: los migrantes, las vctimas de la violencia producto de la lucha contra el narcotrfico o de la violacin de los derechos de grupos indgenas, la desaparicin y trata de mujeres; b) el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sigue siendo una institucin que, en ltima instancia, aparece subordinada a los intereses polticos del gobierno estatal y del instituto poltico en el poder, el PRI: esto ha quedado evidenciado por la participacin que tienen diversas instituciones estatales en las campaas polticas, sin que dicho Instituto haya dado seguimiento a estos hechos, los cuales fueron denunciados por Gustavo Madero, dirigente nacional del Partido Accin Nacional (PAN), quien calific y denunci que las instituciones estatales funcionan como una estructura a favor del PRI; c) el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informacin (IVAI) es slo una especie de adorno en el discurso sobre la democracia veracruzana.

Los medios de comunicacin veracruzanos, que deberan tener un rol activo en darle voz a la ciudadana y garantizar la libertad de expresin, en general han jugado un papel de reforzamiento del autoritarismo estatal. Constatamos de nuevo que en coyunturas polticas como la eleccin presidencial del 2012, la prensa, la radio y la televisin estatal cierran filas en torno a los intereses del partido hegemnico (PRI) y del gobierno en turno. Especialmente en las coyunturas electorales es ms evidente la falta de tolerancia para aceptar una esfera pblica crtica. La falta de garantas a la libertad de expresin ha sido una constante y se ha agudizado por los problemas que genera el narcotrfico, el cual, en ciertas coyunturas, ha puesto en cuestin el ejercicio de gobernabilidad del estado.

Por otra parte, el estilo del gobernador Javier Duarte, quien considera los derechos humanos como conceptos secundarios y no como parte sustancial de la construccin de la democracia, ha acentuado la falta de respeto hacia el reconocimiento de tales derechos.

Ciertamente un gobierno tiene que promover su imagen, pero es ya muy evidente a nivel nacional e internacional que en la entidad veracruzana tenemos a la delincuencia organizada actuando en amplios espacios de su territorio. Este grave problema pretende invisibilizarse en los medios de comunicacin. Si bien no es recomendable aterrorizar a la ciudadana, si sera beneficioso conocer las medidas que se estn tomando para combatir el problema y no cerrar los canales de dilogo y limitar el debate de los problemas que nos aquejan.

En fin, ante la falta de eficiencia de las instituciones que tendran que garantizar los derechos humanos y los desgastados y tradicionales vnculos entre Estado y ciudadana, tenemos una especie de vaco poltico que es utilizado de manera oportunista en el reforzamiento del autoritarismo del sistema poltico veracruzano.Condicin socioeconmica y crecimiento de los grupos criminales

El fenmeno de la delincuencia organizada en Veracruz ha sido poco estudiado, sin embargo, s se perciben las consecuencias sociales del fenmeno. En el ao 2004 algunos acadmicos y organizaciones sociales avanzamos en un diagnstico sobre los problemas sociales en el estado, y nos sorprendimos de que en algunas reuniones con campesinas y ejidatarias salieran a relucir sus preocupaciones, como madres, de que sus hijos fueran vctimas de las drogas. Esto es, el problema del trfico de drogas tocaba tambin a las zonas rurales y no slo a las urbanas.

En el 2008, con los asesinatos de dos miembros de la familia Hakim, familiares del prominente empresario xalapeo Alfredo Hakim, quedaron a consideracin varios aspectos: 1) que el narcotrfico haba penetrado a un importante sector empresarial, 2) que no hubo capacidad del Estado para esclarecer el crimen y 3) que el problema haba llegado para quedarse.

De ah en adelante se conocieron innumerables secuestros, extorsiones a comercios en distintas partes de la entidad veracruzana, la creciente importancia del narcomenudeo y, sobre todo, la presencia de los grupos ligados al narcotrfico.

En el diagnstico realizado por varios investigadores(as) se plantea que la diseminacin y la organizacin de las redes del narcotrfico han generado en el estado una fuerte disputa por las ciudades medias veracruzanas consideradas marcadas por los clanes de la delincuencia organizada. La violencia del narcotrfico se increment a partir del 2002, pero fue hasta 2007 cuando se convirti en el elemento sobredeterminado de la dinmica de la inseguridad en Veracruz.

Diversos hechos violentos han sucedido en la entidad veracruzana por el control del rgimen, ciudades cementerios y rutas de la droga, ya algunos periodistas documentaron el enfrentamiento entre carteles, los zetas y el cartel Nueva Generacin quienes supuestamente liquidaron a 34 personas ligadas al narcotrfico y arrojaron sus cadveres en una zona central de Boca del Ro.

Otros fenmenos sociales abonan en esta especie de desarticulacin social, como el aumento de la pobreza en el estado y el fenmeno de la migracin que se acrecienta desde el ao 2005, aproximadamente. Como lo mencionan algunos investigadores en Veracruz, el registro estadstico disponible indica que la delincuencia y la violencia suelen desplegarse en espacios geogrficos donde es mayor la desigualdad econmica y el deterioro de las instituciones de justicia []. Las repercusiones sociales de la presencia y acciones de la delincuencia en la entidad, por supuesto que hace aparecer a la violencia como el elemento estructurador de lo social. (certes, sil est vrais que) Si bien este fenmeno no es exclusivo de la entidad veracruzana, pues ya es un problema nacional, s existen ciertas caractersticas que generan un caldo de cultivo para la violencia. La gravedad de que la violencia sea un eje de lo social lo observamos en la capacidad que tiene el crimen para integrar a sus filas a jvenes para trabajar en el narcomenudeo y para tener a nmero importante de alcaldes bajo extorsin, como lo document la periodista Regina Martnez: Durante el periodo 2007-2009 se registraron en Veracruz 100 ejecutados []. Entre septiembre y octubre de 2011 se registr el mismo nmero slo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Ro. Las ejecuciones entre clanes rurales han obligado al gobierno de Veracruz a aceptarlo durante dicho breve periodo. En Veracruz la lucha contra el crimen organizado la han encabezado el Ejrcito y la Marina y aunque se piensa que con esta medida se arriesga una posible militarizacin del estado, la realidad es que, por el control que la delincuencia tiene de algunas regiones o sectores de ciudades, no se vislumbra otra solucin.El proceso electoral de 2012Si bien la lgica electoral marc la eleccin presidencial de 2012, en el estado de Veracruz tuvimos un cambio en relacin con la eleccin presidencial de 2006, pues en dicho ao Andrs Manuel Lpez Obrador gan la eleccin en la entidad veracruzana, a diferencia de la actual eleccin en que gan el PAN por una pequea diferencia sobre el PRI. Los resultados porcentuales fueron los siguientes: 33.63% de los votos los obtuvo el PAN, 33.59% el PRI y 28.95 el Frente Progresista, constituyndose estos partidos en las tres principales fuerzas polticas. Como observamos, la disputa estuvo entre el PAN y el PRI. Recordamos que en la eleccin para gobernador de 2010 tambin la disputa fue entre estos dos partidos, obteniendo la gubernatura el PRI. Dicha eleccin se caracteriz por la evidente intervencin del gobierno estatal en apoyo del candidato del PRI: durante ese proceso electoral, como es ampliamente sabido, se registraron las clebres conversaciones en las cuales el gobernador Fidel Herrera Beltrn expresaba su franco apoyo al entonces candidato Javier Duarte. En contraparte, el gobierno federal apoy abiertamente al candidato del PAN.En la eleccin por el gobierno estatal en el ao 2004, tambin fueron estos partidos, PRI y PAN, los que disputaron de manera cerrada la gubernatura, siendo el triunfador el candidato del PRI Fidel Herrera Beltrn.

Comento estos acontecimientos porque algunos fenmenos polticos, como las escisiones en el PRI veracruzano y en el PAN, han llevado a la realizacin de contiendas muy intensas y agresivas. La coyuntura poltica de la eleccin presidencial de 2012 en Veracruz fue diferente, como ya lo mencionamos, de la eleccin presidencial de 2006 y de las elecciones por la gubernatura veracruzana ya citadas. Algunos elementos que podemos destacar son:

1. Sobresale la presencia del crimen organizado, segn especialistas. La presencia de ste en el ambiente poltico la podemos ver en las condiciones de inseguridad que imperan debido a los enfrentamientos que tuvieron lugar a lo largo de la entidadpero con impacto meditico principalmente en las ciudades de Xalapa y Veracruz entre estos crteles, el Ejrcito y la Marina. El combate al crimen organizado est dirigido por el gobierno federal y da la impresin de que el gobierno estatal tiene muy poca intervencin en dicho conflicto.

2. Si bien los medios de comunicacin estatales, principalmente televisin y prensa, han estado controlados por el gobierno estatal y en cada eleccin se privilegia al partido en el poder (el PRI), en esta coyuntura electoral se cerraron los medios de comunicacin a cualquier expresin poltica que cuestionara la poltica estatal. Esta situacin se agudiz con la muerte de la periodista Regina Martnez y los asesinatos de otros periodistas en el puerto de Veracruz, noticia que tuvo un alcance internacional. En este momento habra que diferenciar aquellos problemas derivados de una poltica de comunicacin desde el gobierno estatal que limita e inhibe la libertad de expresin, y aquellos problemas que se relacionan con el crimen organizado y que hasta el momento no han sido aclarados. Particularmente en la Universidad Veracruzana, varios acadmicos han sido hostigados con la finalidad de limitar sus opiniones sobre diversos problemas del estado.

3. La eleccin para diputados y senadores federales fue definida principalmente en el PRI con la seleccin de algunos candidatos que haban sido cuestionados por algunos periodistas locales y nacionales, por sus antecedentes o probables complicidades con el crimen organizado, lo que puso en tensin las campaas locales. El caso ms citado fue el del ex procurador de Justicia de Veracruz Reynaldo Escobar, quien compiti por una diputacin. En pocas ocasiones la desaprobacin de la ciudadana respecto a un candidato haba sido tan generalizada. Reynaldo Escobar perdi la competencia y se presume que fue abandonado por su propio partido.

4. El fenmeno electoral catalogado como compra de votos se llev a cabo de una manera que no haba sido registrada en anteriores elecciones. Particularmente el PRI invirti mucho dinero para estimular el voto a su favor, aunque hasta el momento es muy difcil probar esto. Si el gobierno estatal tiene una deuda muy alta calculada aproximadamente en 55 mil millones de pesos, de dnde sali el dinero para la compra masiva del voto? Se les pagaba a observadores electorales 2000 pesos la jornada, por dar un ejemplo.

5. Aunque la jornada electoral transcurri sin acciones de violencia, el ambiente estaba enrarecido por una serie de eventos violentos que haban transcurrido antes de la jornada electoral, lo que hizo que mucha gente fuera a votar por la maana pues se corrieron rumores de posibles conflictos en las urnas.

Una coyuntura de estas caractersticas nos deja como conclusin que la inseguridad, los actos de violencia del crimen y la limitacin de la libertad de expresin han alimentado un proceso de creciente desconfianza entre la ciudadana.El delito y la impunidad

Hace aproximadamente tres aos, cuando la presencia de la Marina y el Ejrcito se hicieron presentes en varias partes del territorio veracruzano, principalmente en las ciudades medias, se pens que el combate a la delincuencia organizada renda frutos , por lo cual el gobierno estatal anunciaba al estado como Veracruz Seguro. Pareca que los conflictos que se dieron en el gobierno pasado, es decir, el conjunto de crmenes perpetrados por los grupos ligados al narcotrfico, quedaban atrs.

Sin embargo, en los ltimos aos se conocieron varios eventos que reflejan que la delincuencia organizada vuelve a copar espacios importantes de la entidad. Si recapitulamos, sabemos que existe en la entidad un repunte de los casos de secuestros, tanto es as que Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en ese rubro, segn declaraciones del coordinador nacional antisecuestros.

Tambin se localizan fosas comunes con decenas de cuerpos en su interior, adems de otros hechos muy preocupantes, como la constante desaparicin de jvenes, hombres y mujeres, a lo largo y ancho del estado.

El gobierno estatal, al parecer, va a la cola de estos hechos. La prensa veracruzana da una imagen de que estos problemas no son mayores, y justo cuando el responsable de la Coordinacin Antisecuestros difunde los graves problemas de inseguridad en el pas, el gobierno estatal promueve los programas de Minatitln Seguro y Poza Rica Seguro.

Ante esta situacin la pregunta obligada es: hasta dnde estn capacitadas las agencias del Estado para combatir y esclarecer estos hechos?Prensa, migracin y violenciaEl caso de los periodistas y reporteros asesinados y desaparecidos muestra una compleja situacin que se ha querido minimizar a travs del argumento de que varios de los trabajadores de los medios asesinados estaban coludidos con la delincuencia organizada y utilizaban la fuente policiaca, a la cual ellos tenan un acceso privilegiado, para obtener recursos econmicos adicionales, por lo tanto, era lgico que entraran en situacin de riesgo.

Sin embargo, lo sustancial de este argumento se viene abajo si lo contrastamos con el hecho de que la muerte de Regina Martnez, corresponsal de Proceso, ocurri en la coyuntura electoral del 2012, justo cuando la periodista investigaba probables vnculos de polticos veracruzanos con el narcotrfico. As, observamos casos oscuros de violencia contra comunicadores no aclarados por las autoridades responsables y periodistas autoexiliados porque son amenazados por tratar temticas como la migracin, la extorsin, etctera.El gobierno del estado y la Procuradura General de Justicia se han visto muy limitados por una serie de acciones que no se encaminan a resolver realmente los problemas: la creacin de la Comisin de Periodistas, la cual, hasta el momento, no ha podido esclarecer los diferentes casos de violencia contra miembros de este gremio; el premio otorgado al gobernador del estado por una organizacin de periodistas, en reconocimiento a la atencin que, supuestamente, el Ejecutivo estatal ha prestado a los problemas de los comunicadores; la lentitud de las investigaciones en los casos de violencia contra los periodistas; etctera.

Esto nos lleva a pensar que una salida a esta situacin pasa necesariamente por una reforma en el quehacer de los medios de comunicacin, la cual implica una apertura absoluta y mayor seguridad en la tarea periodstica e investigaciones crebles por parte de la Procuradura de Justicia estatal.

Si las agencias del Estado no se responsabilizan en generar certeza jurdica y respeto y proteccin a los derechos de los comunicadores, seguir existiendo una especie de vaco legal que alimenta el fortalecimiento del autoritarismo estatal.Otro aspecto que es muy grave en la entidad se refiere al paso de migrantes, principalmente centroamericanos. Aunada a la situacin de los migrantes veracruzanos que han sido desaparecidos o asesinados, sobre todo en el norte del pas, recordemos el caso de los migrantes centroamericanos de la zona de Los Tuxtlas, donde stos son extorsionados y agredidos en su paso por la entidad veracruzana.Para ejemplificar, recordemos que el 13 de marzo de 2013 se denunciaron secuestros masivos en Medias Aguas; en diciembre de ese mismo ao, madres de migrantes centroamericanos organizaron una caravana para hacer visible la desaparicin de sus familiares, sealando al estado de Veracruz como uno de los lugares ms peligrosos.

El padre Jos Alejandro Solalinde, voz autorizada en el fenmeno migratorio, permanentemente denuncia las extorsiones y secuestros que padecen los migrantes centroamericanos a su paso por Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca y Orizaba. El problema es muy complicado porque no se define una poltica de apoyo a los migrantes, a la vez que se evidencia que si existen estos delitos es porque diversas bandas delictivas estn asentadas en territorio veracruzano.

La solucin no es fcil, pero de entrada se requiere voluntad poltica para abordar esta situacin de manera integral.Las acciones de la ciudadana ante el impacto de la violencia y la inseguridadEl desconcierto que en la ciudadana han causado los eventos generados principalmente por el crimen organizado, a partir de que encontramos una especie de parlisis estatal por llamarla de alguna manera, es mayor a partir de 2008. En mayo de ese ao, como lo mencionamos, fueron asesinados Fouad Hakim, hijo de un prominente empresario xalapeo, y su esposa Irene Mendez, hija de la doctora Esther Hernndez Palacios, prestigiada acadmica de la Universidad Veracruzana. Hasta donde la informacin nos permite indagar, el crimen organizado le otorg un prstamo al empresario que ste no pudo pagar en el tiempo pactado, por lo cual arremetieron contra su familia. Dos grupos se movilizaron: los amigos del joven asesinado responsabilizando al padre y un amplio grupo de la academia veracruzana ligado a la doctora Esther Hernndez Palacios. El gobierno estatal no dio una respuesta clara, y ms bien el caso qued sin investigar durante la administracin de Fidel Herrera Beltrn. As, la doctora Esther Hernndez se integr al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezaba el poeta Javier Sicilia.Los sectores universitarios se han movilizado en dos eventos que los han afectado directamente. En mayo del 2011, en el puerto de Veracruz, fue asesinado de una manera salvaje el profesor Jos Luis Martnez Aguilar de la Facultad de Pedagoga de la Universidad Veracruzana: su cuerpo fue depositado en llamas en el centro de la ciudad de Veracruz por sus secuestradores y victimarios. La investigacin ha quedado rezagada: el gobierno estatal, con la finalidad de minimizar un hecho que situaba al estado ante la opinin pblica a merced del narcotrfico, difundi que los hbitos sexuales del profesor lo haban llevado confrontarse con un narcotraficante. El trato dado a este caso sera modelo para justificar y personalizar las siguientes muertes y secuestros. La comunidad universitaria respondi ante la muerte del profesor con marchas y una manifestacin en la ciudad de Xalapa exigiendo se investigara y se encontrara al culpable o los culpables. En la manifestacin convocada por la Red Cvica Veracruzana y el Colectivo por la Paz, tuvieron participacin familiares de vctimas, profesores e investigadores universitarios y el propio rector de la Universidad Veracruzana. Es necesario comentar que la reaccin del gobierno estatal a travs de la prensa fue furibunda contra el rector, dando a entender que el tema del crimen organizado no poda ser abordado de esa manera.

No acababa de suceder este hecho cuando a finales del mes de abril es asesinada la periodista Regina Martnez, quien haba fincado su prestigio en acompaar movimientos sociales hacindolos visibles, haba seguido los acontecimientos polticos y, ya siendo corresponsal de Proceso, escriba reportajes sobre los procesos electorales y la trayectoria de polticos veracruzanos. Sus ltimos reportajes denunciaban las presiones y las extorsiones a que estaban sujetos los presidentes municipales por el crimen organizado. El gobierno estatal, despus de haber prometido que se investigara a fondo, no ha tenido una respuesta clara a dicho acontecimiento. Ante el temor y el miedo que ocasion la muerte de la periodista, es de resaltar la reaccin de un amplio sector de periodistas y universitarios, de las redes sociales y de la misma revista Proceso. Hubo varias concentraciones en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, y en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) se hicieron pronunciamientos de solidaridad y se exigi al gobierno estatal una investigacin que aclarara los hechos; tambin hubo manifestaciones en varias ciudades del pas. A los pocos das de la muerte de la periodista, asesinan en el puerto de Veracruz a cuatro periodistas ms y se exilia un caricaturista de Milenio que viva en la ciudad de Xalapa por amenazas.

Por otra parte, en la coyuntura poltica de los meses de mayo y junio, el movimiento #YoSoy132 en Xalapa y otras ciudades hace acto de presencia. Es muy interesante porque la demanda de los jvenes se centra en la democratizacin de los medios de comunicacin. En Xalapa, las protestas de los jvenes la integran estudiantes de universidades privadas y pblicas. Particularmente se protesta contra algunos peridicos que no informan equitativamente sobre los diferentes partidos polticos.

Por ltimo, debido a varios delitos y desapariciones en el estado, redes de ciudadanos(as) inconformes e indignados con esta situacin hicieron un llamado a protestar a travs de marchas en diferentes ciudades de la entidad.

El 7 de septiembre se manifestaron cerca de tres mil personas en la ciudad de Coatzacoalcos repudiando los secuestros y asesinatos y solicitando la renuncia del gabinete de seguridad y del gobernador.

En la ciudad de Xalapa, el Colectivo por la Paz convoc a otra marcha donde ciudadanos(as) se manifestaron contra la creciente inseguridad y exigieron a las autoridades que dieran pronta solucin a los casos de personas desaparecidas. Las consignas fueron: Queremos Paz! y Alto a la violencia! Los ciudadanos estn tratando de pasar el umbral del miedo y ha comenzado una fase abierta de exigencias a las autoridades municipales y estatales.

Comentario final

Podemos concluir que si bien el fenmeno del crimen organizado se sita en un amplio espacio del territorio nacional, su insercin es ms slida en aquellos estados donde el sistema poltico es de carcter autoritario. La construccin de la democracia queda limitada al funcionamiento bsico de la competencia poltica. Tanto los medios de comunicacin veracruzanos como las instituciones que tienen como responsabilidad garantizar los derechos humanos y la transparencia, aparecen subordinados al Ejecutivo estatal.

Todo indica que en el estado de Veracruz la violencia generada por el crimen organizado lleg para quedarse; esto no quiere decir que el gobierno federal y estatal no estn poniendo en marcha los programas federales a travs del Ejrcito y la Marina para proteger la entidad y disminuir los delitos, como podemos observar en las ciudades de Veracruz, Xalapa y algunas zonas rurales.

Sin embargo, ante la profundizacin de la desigualdad social, por un lado, y la falta de democratizacin y eficiencia de las instituciones estatales, por otro lado, se corre el peligro de que la violencia se vuelva un estructurador de lo social. Nuestros hijos(as) estn creciendo con programas y tomando cursos de cmo prevenir los secuestros; con el programa Mochila Segura para prevenir narco menudeo; con los retenes que se vuelven cotidianos; con el tema de los jvenes a los llamados levantones; etctera.

En un interesante libro publicado por investigadoras de la Facultad de Psicologa de la Universidad Veracruzana, cuyo objetivo fue comprender las relaciones de violencia entre los estudiantes del Telebachillerato, se muestra que en los diferentes espacios de socializacin de stos (las relaciones entre pares, el noviazgo, la escuela, la comunidad), la violencia se estructura como algo normal y cotidiano, pues se vive dentro de un contexto donde lo social est en crisis.

Sin embargo, en respuesta a esta problemtica, la ciudadana va, paso a paso, ofreciendo alternativas: combatir el miedo a travs de redes organizativas que fomentan solidaridades, como son el caso de Las Patronas o el Colectivo por la Paz; el impulso constante de redes de movimientos sociales y acadmicos para lograr la democratizacin y trasparencia de las instituciones, como la Comisin de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y los medios de comunicacin, y especialmente, para hacer eficiente el sistema de imparticin de justicia. El conjunto de manifestaciones en varias partes del estado protestando contra la inseguridad, demuestran fehacientemente que las acciones llevadas a cabo por el gobierno del estado, como la mayor vigilancia policiaca y la propia intervencin de la Marina y el Ejrcito, no son suficientes. BibliografaAguilar, Martin (coord.), La difcil construccin democrtica en Veracruz. Acceso a la justicia y actores sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2008.Aguilar, Martin y Juan Ortiz Escamilla (coords.), Historia General de Veracruz, Universidad Veracruzana/Secretara de Educacin del Estado de Veracruz, Mxico, 2011.Aguilar, Martin, Elecciones y medios de comunicacin en Veracruz, 2004-2007, La Palabra y el Hombre, Universidad Veracruzana, Xalapa, nm. 5, 2008, pp.24-28.

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