“Telaraña” narco captura justiciallevarán a corte plena la sentencia reeleccionista Carlos...

CONFIDENCIAL • No. 695• Del 15 al 21 de agosto 2010 1

SEMANARIO DE INFORMACION Y A

NALISIS • AÑO 14 • No. 695• De

l 15 al 21 de agosto 2010

Continúa en la página 17

Juan Carlos AmpiéIván OlivaresLuis Astorga

México: La Pax mafiosa

BM-FMI señalan ‘riesgos’ del PNDH

Liberaciones involucran a jueces

Irak en la Imaginación


“Telaraña” narco captura justicia


n Todo empieza con un acuerdo entre abogados y narcos en la cárcel, para luego seguir con una larga lista de sobornos e influencias.

n Diputado José Pallais: el sistema judicial es la “primera institución del Estado en ser penetrada por el narcotráfico internacional”

n Pobreza, olvido y falta de presencia del Estado en vastas zonas del país permite auge del narcotráfico.

Carlos Salinas Maldonado

El Poder Judicial ha acaparado la cober-tura de los medios de comunicación no sólo por la crisis política que mantiene paralizada a la Corte, sino porque miembros de ese Poder del Estado han sido señalados de participar en tramas corruptas que han finali-zado en la liberación de supuestos narcotrafi-cantes, las cada vez más populares “narco libe-raciones”. Se trata, según expertos consultados por Confidencial, de una creciente influencia del narcotráfico en el sistema judicial del país.

¿Le darán legitimidad a Ortega los conjueces?

FSLN: control absoluto en CSJ

n Ex magistrado Rafael Solís afirma que con los conjueces llevarán a corte plena la sentencia reeleccionista

Carlos Salinas Maldonado

El FSLN elevó la parada en la crisis que afecta a la CSJ. La destitución de los magistrados liberales de la Corte y la imposición de conjueces leales al oficialismo, suponen el control total del presidente Daniel Ortega, y la posibilidad de legitimar su ansia-do proyecto reeleccionista, garantizado en un cuestionado fallo --pendiente de resolución-- que declara inaplicable el artículo 147 Cn, que prohíbe la reelección continua.

Meta depende del clima y de precios internacionales

Maní: exportar más de U$60 millones

n Venden en Europa, Norte, Centroamérica, Australia y Venezuela

Iván Olivares

El comportamiento del clima y la fluctuación de los precios interna-cionales, pueden hacer una brecha de U$12 millones para el sector manicero de Nicaragua (afincado en Chinandega y León, con menor presencia en Managua, Masaya y Granada), en el ciclo 2010- 2011.

Esa es la diferencia entre los valores mínimos (U$60.6 millones) y máximos (U$72.6 millones) esperados por los pro-ductores de la sabrosa botana.

Aunque los problemas principales aduaneros aún no se discuten

Cámaras confían en acuerdo con DGA

n Demandan que termine discrecionalidad de administradores de Aduanas

Iván Olivares

Después de más de 18 meses de cons-tante insistencia, el sector aduane-ro e importador nicaragüense, lo-gró que la Dirección General de Aduanas firmara unos acuerdos todavía muy iniciales que dan pie a esperar que se resuelva la to-talidad (o la mayoría) de situaciones irre-gulares incluidas en la matriz que redactó el sector.

La jefa de la Policía, Aminta Granera, inspecciona un quiebre de drogas.


2 CONFIDENCIAL • No. 695• Del 15 al 21 de agosto 2010

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CONFIDENCIAL Semanario de Información y Análisis

EDITOR: Carlos F. Chamorro

A través de una suerte de lotería en la que participaron periodistas que dan co-bertura a la Corte, los magistrados sandi-nistas impusieron el martes a los conjueces sandinistas Ivón Cruz, Mabel Martínez, Juan Pablo Obando, William Villagra y Patricia Delgado; los liberales José Ignacio Miranda y Félix Pe-dro Ocampo.

Montealegre: golpe a la seguridad jurídica

La oposición rechazó la desti-tución de los ma-gistrados liberales y la imposición de los conjueces. El ex candidato presiden-cial Eduardo Mon-tealegre afirmó en un comunicado que la acción del sandi-nismo “no abona a la seguridad jurídica tan necesaria para la estabilidad eco-nómica, la atracción de inversiones y la generación de em-pleo, sino que tam-bién desintegra el poco Poder Judicial que nos quedaba”. Montealegre llamó a los ma-gistrados liberales a “mantenerse firmes” y a “no sucumbir ante las obvias presiones, amenazas o halagos de los cuales estamos seguros están siendo objeto”.

Con la convocatoria a los conjueces, los sandinistas “están haciendo una tragi-comedia de la justicia”, dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en declaraciones al Canal 2. “Vician de nulidad absoluta y perpetua cualquier resolución que firmen, cualquier resolución que salga de ese tribu-nal es nula”, explicó.

El magistrado incluso acusó al FSLN de hacer uso de chantajes para garantizar la presencia en la Corte de los conjueces. “Lo que pasa es que han usado halagos,

amenazas, ofertas para hacer llegar esa gente (conjueces). Yo sé que uno de los jueces integrados, uno liberal, tiene un par de quejas y lo amenazaron con suspenderlo como abogado”, dijo Martínez en referen-cia a Félix Pedro Ocampo.

Confidencial consultó a Ocampo so-bre su presencia en la Corte. Dijo que asis-tió cumpliendo el llamado de la magistrada Alba Luz Ramos y que su papel en la con-

vocatoria es “meramente jurisdiccional”.-- ¿Apoyaría una sentencia que garan-

tiza la reelección del presidente Ortega?--Conozco de la sentencia lo que he

leído en los diarios, tendría que leerla y ver si está de acuerdo a los principios consti-tucionales, si cumple con las normas or-dinarias; hacer una confrontación con la Constitución.

--La Constitución es clara en el artícu-lo 147 al prohibir la reelección.

--Habría que ver las combinaciones que hacen la sentencia, las articulaciones que realizan, las conclusiones y las doctri-nas que han ocupado. Sería imprudente de mi parte opinar sobre algo que no conozco a profundidad, sólo de manera superficial.

Sin embargo, el ex magistrado sandi-nista Rafael Solís fue claro al advertir, tras la ratificación de los conjueces, que ahora tienen la sartén por el mango y pueden re-solver todo tipo de resoluciones en la Cor-te sin contar con las firmas de los liberales, ausentes en las convocatorias de Corte Plena hechas por la magistrada Alba Luz Ramo en rechazo al decreto presidencial 3-2010 en el que se han amparado Solís y

su colega Armengol Cuadra.

“Desde hoy nos olvidamos de los magistrados li-berales. Vamos a comenzar a trabajar con los siete conjue-ces electos, quienes adquieren todas las prerrogativas, privi-legios, derechos, de-beres y obligaciones que tenían los ma-gistrados liberales”, dijo Solís.

El ex magis-trado sandinista recordó que con la elección de los con-jueces queda nulo un acuerdo propues-to a los magistrados liberales, que esta-blecía que a cambio de conformar Corte

Plena, no se iban a discutir temas políticos como el fallo reeleccionista. “El acuerdo con los magistrados liberales quedó sin vi-gencia”, dijo Solís a Confidencial. “En ese acuerdo habíamos dicho que no se iban a discutir sentencias políticas, pero al rom-perse el acuerdo pudiera ser que de aquí a algunas semanas consideremos las senten-cias políticas también, pero no está en la agenda de la primera semana de trabajo”, explicó el ex magistrado.

Ya la magistrada sandinista Juana Méndez había advertido de esa posibilidad. “Yo he aclarado que la Corte está facultada para conocer todos los recursos; aquí no se debería estar haciendo alusión de casos po-líticos. Es absurdo, porque la Constitución establece que estamos para resolver todos

FSLN: control absoluto...

POLÍTICA

El FSLN se hizo con el control absoluto de la Corte Suprema al convocar a conjueces leales al oficialismo.


los recursos, tenemos la potestad, estamos facultados, para ejercer el control constitu-cional y en ese control constitucional pue-de haber leyes de carácter o trascendencia política”, dijo Méndez.

La legitimidad de la reelección

Cabe la duda, sin embargo, de que con la imposición de conjueces los sandinistas logren la legitimidad del proyecto reeleccionista de Ortega. El mismo presidente ha intentado impo-ner su reelección a través de las vías legales: una reforma constitucional que no cuajó en la Asamblea Nacio-nal, por lo que el mandatario tuvo que usar su poder en la Corte para que la Sala Constitucional declarara inapli-cable un artículo constitucional.

Sin embargo, ese fallo nece-sita del apoyo de todos los magis-trados legalmente constituidos y es ahí donde Ortega se topa con una piedra en su camino. Los magistra-dos sandinistas destituyeron a sus compañeros liberales para elevar la presión y torcerles el brazo. Está por verse cómo se desarrollará este nuevo capítulo que deja por el suelo la institu-cionalidad del Poder Judicial.

Para el experto en temas jurídicos Omar García, una resolución reeleccio-nista avalada por una Corte Plena confor-mada con conjueces, no da legitimidad al anhelado plan de Ortega. “El mecanismo adecuado para satisfacer la intención de

Ortega pasa obligatoriamente por una reforma a la Constitución. La emisión de una sentencia no es suficiente garantía, no representa seguridad para una candi-datura de Ortega porque siempre van ha-ber cuestionamientos”, explicó García.

Consciente de necesitar la firma de los magistrados liberales, el mismo Solís dejó abierta la posibilidad de permitir se-

sionar a los magistrados. Eso sí, siempre y cuando acepten tanto a Solís como Cua-dra. “Podrá ser que de aquí a una sema-na, unos meses, los magistrados liberales decidan reconsiderar y se reintegren. Está abierta la posibilidad de que los ma-gistrados se reintegren si reconocen al doctor Cuadra y al doctor Solís como lo dice la Constitución y el decreto 3-2010. Ellos pueden venir, como están viniendo,

pero es un papel triste porque no vienen a trabajar, vienen a dar su vuelta, a estar paseando”, dijo Solís.

Negociar funcionariosLa atención se centra ahora en las

negociaciones que deben desarrollarse a partir de la próxima semana, cuando los diputados regresen de su largo descanso

de un mes, para elegir una veintena de cargos pendientes y poner fin a la crisis política iniciada en enero tras el “de-cretazo” de Ortega.

Las negociaciones quedaron en punto muerto dada la negativa de la oposición de aceptar la imposición del oficialismo, que pretende man-tener en sus puestos a los magistra-dos del Consejo Supremo Electoral (CSE), principalmente a Roberto Ri-vas, señalado de organizar el fraude masivo denunciado en las elecciones municipales de 2008.

“No hay negociaciones todavía, porque ellos insisten en estar vetando a los candidatos del CSE y eso hace que no avancen las negociaciones”,

afirmó Rafael Solís.Para Omar García la salida a la

crisis de la Corte pasa por un acuerdo en la Asamblea Nacional. “El problema está en manos de los diputados de la Asamblea, que tienen que decidir so-bre la elección de los funcionarios pen-dientes”, dijo el analista. La próxima semana se prevé intensa en los pasillos parlamentarios.

POLÍTICA

El experto constitucionalista Cairo Manuel López afirmó que detrás de la convocatoria a conjueces por parte de la ma-gistrada Alba Luz Ramos, admi-nistradora de la Corte por la ley, está una estratagema de carácter político: “Lo que se está preten-diendo es justificar, legalizar, legitimar la sentencia que en su momento resolvió una sala mal integrada, sin los magistrados propietarios presentes, que fue la que favoreció a Ortega para que pudiera correr como candidato a la Presidencia”, dijo López.

¿Tienen legitimidad las sen-tencias que desde ahora resuel-van los conjueces? El analista opina que se abre la posibilidad de que se

alegue “nulidad perpetua” por parte de litigantes porque esas sentencias firmadas por conjueces y ex magistra-

dos estarían reñidas con la Cons-titución, explicó López, quien asistió al programa televisivo Esta Semana.

El experto dijo que la salida de la crisis que afecta a la Corte Suprema pasa por la elección de una veintena de funcionarios pú-blicos a los que ya se les venció su periodo, pero dado que los parti-dos políticos aún no llegan a un acuerdo al respecto, otras fuerzas impulsarán ese desenlace. “Al fi-nal la presión social, la situación económica actual e inseguridad jurídica van a empujar a que se produzca algún tipo de situación y se elija a esos funcionarios”,

dijo López.

Un problema político

Omar García

Cairo Manuel López


Las narco-liberaciones hasta aho-ra no han generado mayores reacciones por parte de las autoridades nacionales, a pesar que la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, afirmó que el siste-ma judicial ha beneficiado con órdenes de libertad y reducción de penas a más de mil narcotraficantes, incluyendo su-puestos miembros de importantes orga-nizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa.

Morales afirmó incluso haber pre-parado una lista en la que se enumeraba “con nombre y ape-llido” los jueces que según información de Gobernación han emi-tido las narco-libera-ciones. Hasta ahora esa lista no se ha he-cho pública.

Confidencial tra-mitó una entrevista con la ministra Mora-les, pero la solicitud no fue atendida.

El sociólogo e investigador Javier Meléndez afirma que Nicaragua aún no ha llegado a los niveles de México o Guate-mala, que cuentan con alarmantes grados de impunidad y filtración de las redes del crimen organizado, pero ad-vierte que las recientes denuncias de narco-liberaciones plantean un delicado reto al Es-tado. Es más, recien-temente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe en el que afirma que el Poder Judicial está “al-tamente politizado, corrupto y suscepti-ble de manipulación por las elites políti-cas y la delincuencia organizada.”

“Estamos en una situación de vulne-rabilidad muy alta”, explica Meléndez. “Primero porque el Estado nicaragüense se niega a reconocer que la criminalidad organizada es un problema que está aquí. Los principales funcionarios de la Policía o del Ministerio Público dicen que eso no existe en Nicaragua, que es problema de colombianos, de guatemaltecos. Pero la evidencia muestra lo contrario: mues-tra que las comunidades están completa-mente permeadas, son una base logística

importante de apoyo a la operación de narcotráfico internacional”.

Este sociólogo hace referencia a las alarmantes cifras de incautación de dro-ga y quiebres a redes del narcotráfico internacional llevadas a cabo por la Po-licía Nacional y el Ejército. En realidad, Nicaragua ha pasado de ser un puente de tránsito de la droga para convertirse en un paraíso geográfico donde organiza-ciones criminales están estableciendo sus bases. El país cuenta con tres caracterís-ticas fundamentales: pobreza, olvido gu-bernamental y vastas zonas que carecen del control de la Policía y el Ejército.

Los iniciosEl narcotráfico ancló con fuerza en

el país a partir de 1990, principalmente en la zona del Caribe, cuando tras el fin de la guerra civil se abrieron las fronte-ras al comercio internacional y se imple-mentaron políticas para el desarrollo de la pesca, con la idea de dotar al Caribe de una actividad que generara empleo y permitiera el desarrollo de la región. Ese experimento, fallido ahora, fue aprove-chado por narcotraficantes colombianos para traficar su producto a través de Ni-caragua.

Los narcotraficantes “entregaban ciertas cantidades de drogas a barcos camaroneros que faenaban en la plata-forma marítima nicaragüense para que

éstos comenzaran a cruzarla al Caribe hondureño o a embarcaciones ligeras más al norte del litoral nicaragüense. Con el tiempo, aprovecharon las islas del Caribe sur y los cayos del Caribe norte, que se convirtieron en los principales lugares para transbordar la cocaína. La cocaína venía de Colombia y, tras cruzar todo el Caribe panameño y costarricen-se, encontraba en Nicaragua apoyo para continuar su ruta hacia el norte del con-tinente”, reseña un informe preparado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

En el Caribe, los narcotraficantes encontraron el mejor apoyo con el que

podían contar: aldea-nos pobres, olvidados por el Estado, ansiosos de una actividad que los sacara de la mise-ria.

Los negocios del narcotráfico

De esta manera se convirtieron en una es-tructura fundamental para el narcotráfico, al garantizar el acopio de la droga, el avitualla-miento y hasta la defen-sa de los narcotrafican-tes: los aldeanos se han enfrentado al Ejército en la protección de los narcos, como ya quedó en invidencia en diciem-bre pasado en la aldea caribeña de Walpa Sik-sa, donde fue embosca-da una brigada conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la que mu-rieron dos oficiales de la

Fuerza Naval y otros cinco resultaron gra-vemente heridos.

Sumado a eso, el aumento del narco-tráfico en Nicaragua ha sido tal que entre 1997 y 2007 las autoridades han incautado 58 mil kilos de cocaína. Expertos como el investigador del IEEPP, Roberto Orozco, afirman, sin embargo, que esa cifra apenas representa el 20% del total que circula por el país.

Otra cifra que llama la atención de los investigadores es la siguiente: entre 2000 y 2007, las autoridades han detenido a 7,777 nicaragüenses ligados al narcotráfico, muchos de ellos miembros de “pequeños carteles” que según los expertos han sido creados en el país para dar seguridad y al-macenar la droga de los cárteles interna-

“Telaraña” narco...

ESPECIAL: TELARAÑA NARCO EN CSJ


Pánfilo Orozco es uno de los abogados que ha llevado varios casos relacionados a supuestos narcotraficantes. Orozco estuvo involucrado en la denuncia de una misterio-sa “desaparición” de 600 mil dólares que en 2004 fueron decomisados en un operativo de la Policía Nacional al narcotrafi-cante Luis González Largo, un caso que salpicó al entonces presidente de la Corte Suprema, el liberal Manuel Martínez, y al ex magistrado Rógers Camilo Argüello.

Orozco explica cómo funciona el lucrativo sistema de liberaciones irregularidades dentro del sistema judicial. “Hay un grupo de abogados que se involucran en toda actividad de corrupción dentro y fuera del po-der judicial para liberar asesinos, nar-cotraficantes, para tomar tierras. Ese mismo grupo de abogados es el que está haciendo todas estas actividades ilícitas”, dice Orozco.

¿Cómo funciona esa maquina-ria? Orozco hace la siguiente descripción: “Todo empieza en la cárcel. Los reos que ya tienen experiencia porque han salido por paga, dan a otros reos que tienen cómo pagar los nombres de los abogados a los que tienen que acudir. Entonces el abogado se entrevista con el preso, copia el expediente y buscan un padrino. La gente usualmente se equivoca,

porque piensan que son los magistrados, pero no es cierto, entre los padrinos hay diputados o políticos influyentes, que le dicen al magis-trado ‘mirá, ayudame con esto’”.

El secreto, dice Orozco, es contar con suficiente dinero para salir libre. “Hay reos

que han pagado millones de dólares. También hay gente que ha cometido asesinatos y han salido impunes por que han tenido plata para pagar. Hay jueces de distrito civil que te dicen te saco la sentencia si me das 500 o mil dóla-res. Claro que la gente piensa que esos son la mayoría de los jueces, pero no es cierto, son la minoría”, afirma Orozco.

La magistrada Alba Luz Ramos, admi-nistradora de la Corte Suprema por la ley, admitió en entrevista con Confidencial que ha habido “irregularidades” con jueces vincu-lados a la liberación de narcotraficantes, pero afirma que la institución ha tomado las me-

didas administrativas necesarias para evitar que aumenten estos casos o se conviertan en rutina en los pasillos de los juzgados.

El que cree lo contrario es el diputado liberal José Pallais, presi-dente de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Para el diputado, el Poder Judicial es la “primera institución del Estado en ser penetrada por el narco-tráfico internacional”. Se trata de una peligrosa telaraña en la que ha sido atrapada la institución encargada de impartir justicia, explica.

“Se han usado una serie de arti-mañas, una serie de interpretaciones erróneas de la ley, una serie de gave-tas legales para favorecer estas narco-

liberaciones”, dice Pallais. “Hay jueces que están siendo premiados” por el narcotráfico internacional, afirma el diputado liberal.

Muchos de los casos denunciados has-ta ahora se tratan de intrincadas tramas que afectan a jueces, magistrados de la Corte Su-prema, diputados y hasta el presidente de la República, Daniel Ortega.

Todo empieza en la cárcel


cionales. La policía también ha capturado a extranjeros y ha realizado importantes quiebres a las redes del narcotráfico inter-nacional.

Además, este aumento del narcotrá-fico en el país ha elevado el nivel de con-sumidores de droga. Un estudio preparado por el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, muestra que los consumidores

de drogas sumaban 850 mil nicaragüenses en 2006. Y de la mano de la distribución y el consumo, un nuevo y lucrativo negocio se ha asentado afectando al sistema de jus-ticia nicaragüense: las narco-liberaciones.

“Hay suficiente evidencia para estar claros de que en Nicaragua funciona un cartel de abogados que sabe qué teclas tocar y a quién llamar para favorecer las

narco-liberaciones”, advierte Javier Me-léndez. “Es toda una industria que apela a lo licito y lo ilícito para la liberación de nar-cos. Desde hace años en Nicaragua se ven situaciones que no se deberían dar, como fugas de la cárcel, liberaciones los domin-gos; y en medio de eso los funcionarios pú-blicos del Poder Judicial no saben nada”, agrega el sociólogo.

Oficiales de la Policía se quejan de las liberaciones de “narcos” capturados en operativos policiales.


9 de julio de 2010.Indulto para un narco mexicano

El mexicano José Salvador López Santos fue prota-gonista de una larga e intrincada historia que duró meses en desenvolverse. López Campos fue detenido en junio de 2007 en el Aeropuerto Internacional de Managua a bordo de una avioneta y cargando la pasmosa cifra en metálico de 965 mil dólares. La Policía Nacional intentó vincular al mexicano con el Cártel de Sinaloa y dijo que aparentemente el dinero iba a ser usado para facilitar la salida de presos del cártel mexicano condenados en Nicaragua.

López Santos fue condenado originalmente por contra-bando aduanero. El 14 de diciembre de 2009, la Juez Terce-ro Penal de Ejecución de Sentencia, Gertrudis del Rosario Gaitán Pavón, emitió un auto mediante el que otorgaba el beneficio de libertad condicional al mexicano. El abogado de López Santos, Ricardo Polanco, dijo que su cliente apli-caba para obtener la libertad, al haber cumplido las dos ter-ceras partes de la condena como manda la ley. Sin embargo, la sentencia no se cumplió porque el Ministerio Público y la Procuraduría anunciaron que apelarían.

Lo sorpresivo del caso es que en mayo pasado la Asam-blea Nacional indultó a López Santos en una lista que incluía a otros 39 reos. Los diputados se llenaron de contradiccio-nes al explicar el indulto. El caso levantó tanto revuelo, que el presidente Ortega vetó el indulto a López Santos. El Pre-sidente afirmó que el dinero decomisado al reo era para “la defensa y soborno, y facilitar la fuga de los internos del caso del cártel de Sinaloa”.

Consultado sobre este caso por Confidencial, el dipu-tado José Pallais, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, dijo: “El problema es que a ese señor no lo juzgaron por vínculos con el narcotráfico, que es de lo que debieron haberlo juzgado. El Ministerio Público tipificó inadecuadamente el delito, que lo puso como contrabando de dinero. Aquí mandan a pedir el expediente y el Sistema Penitenciario dice que el hombre es buenísimo, un ejemplo de ciudadano. El error no fue aquí, fue desde el procesa-miento”.

El 9 de julio pasado, López Santos fue liberado por or-den de la juez Gaitán, en una sentencia que la misma admi-nistradora de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, dijo que había sido correctamente emitida.

Lo contradictorio es que Ramos había afirmado en ene-ro que se le llamó la atención a la jueza Gaitán por la li-bertad condicional emitida originalmente para el mexicano. El magistrado Manuel Martínez hasta informó que había abierto en aquella ocasión una investigación contra Gaitán por supuestas liberaciones de narcotraficantes; y la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, afirmó que Gaitán es la judicial que más órdenes de libertad a favor de supuestos “narcos” ha mandado al Sistema Penitenciario. Lo dicho, una intrincada trama.

Historias de narco-liberaciones




Septiembre de 2009.Sentencia para el Cartel de Sinaloa.

Los magistrados sandinistas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emi-tieron en 2009 una cuestionada sentencia que aparentemente favorecía a supuestos miem-bros del Cártel de Sinaloa, capturados en el país en un gran operativo desarrollado por la Policía Nacional en conjunto con el Ejército.

La sentencia firmada por los ma-gistrados sandinistas confirmaba la pena de 22 años de cárcel por narco-tráfico a seis mexicanos, dos guatemal-tecos y diez nicaragüenses que según la Policía Nacional conformaban una red del Cártel de Sinaloa en Nicaragua. La sentencia, sin embargo, incluía la posi-bilidad de que los abogados defensores solicitaran adecuar la pena de acuerdo al nuevo Código Penal, lo que permiti-ría una reducción de las condenas, uno de los principales problemas del sistema actual, según el diputado José Pallais, para quien las adecuaciones de penas al nuevo código son “ilegales y escandalo-sas”.

Uno de los aspectos más contro-vertidos de la sentencia firmada por los magistrados sandinistas, es que ordena-ba al Ministerio de Gobernación que tramitara el traslado de los mexicanos y guatemaltecos a sus países de origen, lo que para expertos en temas jurídicos y oficiales antidrogas de la Policía Nacio-nal representaba un beneficio para los condenados. Los magistrados sandinis-tas alegaron que el traslado fue ordena-do porque los reos representaban “alta peligrosidad” para el Sistema Peniten-ciario del país.

14 de diciembre de 2004. Liberan a “súper narcos”

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenaron la libertad de los narcotraficantes Hazzan Chain Yasbeck, Carlos Fernando Mora-les Donis y Pablo Aguick Gruest, que ha-bían sido condenados con auto de segura y formal prisión en octubre de 2002 al de-clararlos culpables del transporte ilegal de drogas.

Los culpables fueron arrestados en septiembre de 2002 cuando intentaban trasladar un cargamento de 500 kilos de cocaína en una avioneta. Los hechos se produjeron en la comarca Monte Largo,

Mina El Limón, donde los narcotrafican-tes se enfrentaron a balazos con la Poli-cía.

Los magistrados de la Sala Penal libe-raron a los condenados atendiendo un re-curso de casación. Además, según informes de prensa de la época, fueron funcionarios de la misma Corte Suprema quienes emi-tieron una orden al jefe del Sistema Peni-tenciario para que dejara en libertad a los narcotraficantes, pasando por encima de los jueces a cargo del caso.

Expertos en temas jurídicos califica-ron la liberación en su momento como una “monstruosidad jurídica”. Magistrados de la Corte se defendieron alegando que en la captura de los acusados se violaron algunos procedimientos como la falta de firma de los “narcos” en el acta de la Policía Nacio-nal, o que no se probó el cuerpo del delito, a pesar de que la droga fue incautada. Lo que sí afirmó en esa ocasión la magistrada Yadira Centeno es que no analizaban los antecedentes de los condenados que libe-raban.

La liberación de estos narcotrafican-tes alarmó a la Policía Nacional y a repre-sentantes de la Agencia antidrogas de Esta-dos Unidos (DEA), quienes se mostraron

preocupados por lo que consideraban un riesgo para la seguridad nacional.

Los medios se hicieron eco de rumo-res que afirmaban que a cambio de la libe-ración funcionarios de la CSJ recibieron grandes sumas de dinero (se llegó a hablar de hasta 2 millones de dólares), lo que no pudo ser comprobado. Una fuente consul-tada por Confidencial que conoció de cerca el caso, dijo que la liberación de Hazzan Chain Yasbeck fue “negociada” al interior del Poder Judicial y que el mismo Chain

Yasbeck le contó desde Guatemala cómo había sido liberado a cambio de una importante suma de dinero.

10 de enero de 2003. Libre guatemalteco traficante de cocaína

El guatemalteco Juan Carlos Os-pina Rosales, arrestado a finales de 2002 con un cargamento de 525 kilos y 713.96 gramos de cocaína valorados en 1.6 millones de dólares, fue libera-do bajo fianza por la jueza Flavia Solís, entonces Juez Tercero del Distrito del Crimen de Managua, por supuesto pa-decimiento cardíacos según establecía un dictamen forense que luego la Poli-cía probó que había sido falsificado.

Al recibir la libertad, Ospina huyó inmediatamente del país, a pesar de que la Policía demostró que el guate-malteco estaba al mando de una red interna de narcotraficantes establecida en Nicaragua. La última noticia que se supo de Ospina se registró en 2007, cuando el diario guatemalteco “El Pe-riódico” reveló que el narcotraficante pertenecía a una red ligada al Cartel del Golfo y se encargaba, entre otras cosas, de liberar a narcos presos en Guatemala.La jueza Solís dijo que tomó la decisión

de liberar a Ospina por órdenes del Tribunal de Apelaciones, que le exigió “actuar con beligerancia” en el caso del guatemalteco. La jueza fue sometida a la Comisión de Ré-gimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, que además decidió suspender a la Juez Cuarto de Distrito Penal de Managua, Vanessa Chévez Juárez, quien según las in-vestigaciones de la Policía recibió el examen forense falsificado y tramitó el expediente de Ospina un día antes de dejar el juzgado. El Nuevo Diario publicó en julio de 2008 que la jueza Chévez había sido nombrada como asesora por el magistrado Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnol-do Alemán.


Entre 1997 y 2007 las autoridades han incautado 58 mil kilos de cocaína.

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La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentó hace unos meses el dictamen favorable del Proyecto de “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Unidad Ad-ministradora de Bienes Incautados, Deco-misados y Abandonados”, la que vendría, según el diputado liberal José Pallaís, a for-talecer el sistema jurídico de cara a comba-tir el avance del narcotráfico en Nicaragua. El dictamen aún no ha sido discutido por la Asamblea Nacional. Entre las novedades establecidas en la ley están:

• Se otorga mayor margen demaniobra al Ministerio Público. La ley establece que la Policía Nacional envia-rá directamente al Ministerio Público el acta que preparan cuando se dé un caso de incautación de droga. Hasta ahora la Policía enviaba el acta al juez que se en-cargaba del caso.

• LaleypermitealFiscalGeneralde la República o el Director General de la Policía que soliciten al juez encargado de un caso levantar el sigilo bancario, fi-nanciero y tributario a las personas que están siendo investigadas.

• Se fortalecen las medidas pre-cautelares como la retención migratoria, la prohibición de concurrir a reuniones o lugares relacionados con el hecho que se investiga, la prohibición a las personas investigadas de comunicarse con deter-minadas personas vinculadas a los hechos y la suspensión del investigado en el des-empeño de su cargo público.

• Tambiénseestablecenmedidascomo la clausura del negocio vinculado a los crímenes que hace referencia la ley, así como la prisión preventiva de los in-volucrados. Además, si en los casos inves-tigados se utilizaron aeropuertos, pistas de aterrizaje y aeronaves, la Policía o el

Ejército podrán ocuparlo y la licencia de funcionamiento podría ser cancelada de forma permanente.

• Encasodebienesincautados,laley establece que al Ejército se le entre-garán medios aéreos y navales, medios de comunicación militar, sistemas de locali-zación y GPS, así como armas de fuego. La Policía recibirá las armas de fuego de uso civil y medios de comunicación de uso civil. Los vehículos terrestres de menos de 3 mil metros cúbicos serán entregados al Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema.

• Enel casodeque sedecomisedinero o éste se obtenga por la venta de bienes en subasta pública, la ley ordena que la Tesorería General de la Repúbli-ca distribuirá el dinero para ser usado en proyectos con fines de prevención, inves-tigación y persecución de los delitos esta-blecidos en la ley.

Una ley contra el crimen organizado

n Experto advierte que de no tomarse medidas, algunos países están cerca de convertirse en Estados fallidos.

El crimen organizado está golpeando con fuerzas a las instituciones de los países centroamericanos. Guatemala es el caso más preocupante, según los expertos. El ex vicepresidente guatemalteco, Eduar-do Stein, denunció que en su país “hay un proceso casi indetenible” del secuestro del Estado por las estructuras del crimen or-ganizado, a tal grado que Guatemala está acercándose “a las dimensiones de un es-tado fallido”.

Stein, quien visitó Nicaragua invitado por la Fundación Konrad Adenauer, expli-có que el crimen organizado ha debilitado el sistema de justicia y ciertos espacios del Ejecutivo en Guatemala, particularmente a la Policía y organizaciones de investigación. El crimen organizado ha comprado favores, ha sobornado a funcionarios y financiado a partidos políticos guatemaltecos. “Hay una maquinaria transnacional de poder que

maneja inconmensurables cantidades de dinero. Esa maquinaria desplazó el poder económico tradicional. Son poderes mucho más fuertes que el aparato del Estado”, explicó Stein.

La penetración en los poderes del Estado de Guatemala ha sido tal, que el Gobierno tuvo que pedir la intervención de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad en ese país. Así nació la Comisión Interna-cional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha contado con el apo-yo técnico de 16 países.

El pasado 6 de julio la CICIG interpu-so una denuncia contra Mario Najarro, Juez Quinto de Primera Instancia Penal, Narco-actividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, por prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción de justicia. Najarro es señalado de dictar li-bertad a un acusado supuestamente ligado a una estructura corrupta relacionada con

el ex presidente Alfonso Portillo Cabrera, acusado por la justicia de Estados Unidos

de utilizar bancos de ese país para lavar dinero sustraído del erario guatemalteco, y por lo que se le sigue un pro-ceso judicial.

Gracias a la CICIG, dijo Stein, se ha podido de-mostrar una recuperación en las instituciones guatemalte-cas, pero el nivel de infiltra-ción e impunidad es grande y “pone en riesgo la conviven-cia democrática y el Estado de Derecho”, advirtió.

Para el ex vicepresi-dente guatemalteco la lucha contra el cri-men organizado y la violencia ya endémica que afecta a la región pasa por una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas estatales, la voluntad política de los poderes públicos en la lucha contra la impunidad y la entrega de los recursos necesarios a las instancias que combaten estos crímenes. “Sin recursos es imposible dar esta batalla”, dijo Stein.

Un problema regional

Crimen organizado secuestra instituciones regionales


Eduardo SteinFoto: www.guatemala.gob.gt


OJO DE MUJER

La Cruzada, rito de pasoMildred Largaespada

Es bella la escena.Con su voz de niño prodigio, solicita al grupo: “Digamos

todos: Fra-ter-nal”. Y sus alumnos-campesinos repiten de for-ma disciplinada, en coro: fra-ter-nal. El grupo está formado por gente adulta, gente del campo, se escuchan voces masculinas y femeninas. Todos podrían ser sus padres, o sus abuelos. El joven alfabetizador cruza su mano sobre la cartilla a la manera en que los sacerdotes consagran las hostias.

¿Qué hacés ahí, chavalo? Tan chiquito y dando tanto. Dán-dolo todo. Las manos abiertas del que nada esconde. El tono de voz, dulce, limpio. Vestido con la cotona de manga tres cuartos y su escarapela, con el jeans. Flaco. Peludo. No aparentás haber llegado ni a la pubertad. Pero ya habías saboreado el placer de saber leer y escribir, y quisiste compartirlo. Y, en un acto pacífi-co, liberaste a tanta gente. Diste el regalo más precioso: enseñar a leer y a escribir, y con eso, ya todos fueron menos pobres.

El contexto de la imagen es el acto social, masivo, intenso, transformador, de la Cruzada Nacional de Alfabetización, que en 1980 movilizó a 60 mil personas, en su mayoría jóvenes, para enseñar a leer y a escribir a la mitad de la población, que era analfabeta, que le habían robado su derecho a la Ilustración. En el campo y la ciudad. De punta a punta, en español, e inglés, y misquito y sumo.

¿Quién sos, chavalo? ¿Qué fue de vos?

La Cruzada fue el rito de paso más importante que ofreció la Revolución a los y las jóvenes en el país. Durante el proceso los mu-chachos vivieron la experiencia de que podían hacer cosas con sus manos, con su cuerpo, con sus saberes, con su trabajo y trasladarlas a otros semejantes para juntos cumplir un objetivo común en bien del país y de sus gentes, algo que cruza el tiempo –hay un antes y un después, en positivo- y que habla de generosidad y solidaridad. El simbolismo de este acto social está ahí en forma de discurso sobre la sociedad nicaragüense, en la memoria colectiva, construye país y es hermoso. El discurso se puede interpretar de manera cablegráfi-ca: lo hicimos, pudimos, sin golpear a nadie, sin matar.

¿En qué te habrás convertido, chavalo? ¿Te habrás ido del país? Seguramente sos un hombre de bien, solidario con tus seme-jantes. Quizá no sos un vivián de los que se aprovechan de la gente privada del derecho a la educación. Quizá sos de los que cuando miran a un pobre, saben que es una persona a la que no le han dado la oportunidad.

¿Te habrá tratado mal el país? ¿Te habrás cansado de este gru-po de gente que conformamos Nicaragua? ¿Te habrán quitado los políticos nicaragüenses la esperanza, la fuerza que tenías?

A toda la muchachada que alfabetizó, el país tiene que decir-les muchas gracias, infinitas gracias, por permitirnos ver este acto en grado extraordinario. A los gobiernos que han sido y serán, ahí tienen un ejemplo para construir ciudadanía con preciosos valores entre la juventud. Enseñar a leer y a escribir, por pura solidaridad, ya no es una cosa de otro mundo. Es un acto fraternal. Es bello.

Duración del concursoDel al de marzo

Premio:C o n c u r s o N a c i o n a l

Conchita Palacios

Duración del concursoDel 10 de Marzo al 15 de noviembre 2010

Convocatoria dirigida a periodistas y estudiantes de comunicaciónBases del concurso: http://despenalizacinabortoterapeutico.blogspot.com/

www.cenidh.org

Convocan:


Luis Astorga

Ciudad de México - La muerte de Ignacio Villareal, un jefe de la coalición de traficantes de drogas de Sina-loa, a manos de fuerzas especiales del ejército, impone preguntarse si es realmente eficaz la estrategia de eliminación de los “barones“ de la droga en México.

El gobierno mexicano tiene varias opciones para ter-minar con la violencia mafiosa que asola el país y debilita al sistema. Sólo dos son recomendables. Pero no son fáciles de implementar ni tienen una eficacia garantizada.

El presidente Calderón decidió emplear a las fuerzas ar-madas en operativos contra los traficantes de drogas ilegales en varios estados donde se han asentado las principales orga-nizaciones. Busca contener su capacidad de generar violencia y mermar sus recursos económicos. Pero aún no ha logrado realizar un trabajo de inteligencia que combine economía de medios y éxito.

Las dos grandes coaliciones de traficantes del país, la de Sinaloa y la de Tamaulipas, antes rivales, hoy están presunta-mente unidas contra otra coalición: la de sus antiguos socios (Carrillo-Beltrán-Zetas), surgidos en la época del sistema de “partido único de Estado“, el Partido Revolucionario Institu-cional (PRI).

Ese partido, creado en 1929, perdió la presidencia del país en el 2000 por primera vez en la historia. A partir de entonces, se dieron dos transiciones paralelas: la democrática por un lado, y la del campo del tráfico de drogas hacia un es-quema mafioso-paramilitar, por el otro.

Fue la organización de traficantes de Tamaulipas la que inició ese proceso de transformación cualitativa a finales de los años noventa. Mostró muy pronto una tendencia a pasar de la presencia territorial y las relaciones de corrupción con los políticos, al control y expansión territorial y al control de posiciones clave en las instituciones de seguridad, municipa-les y estatales; al escalamiento de la violencia armada contra policías, militares y periodistas; a la incursión en el campo político y a la diversificación de la renta criminal (secuestros, extorsiones, piratería, tráfico de indocumentados, etc.). Ese proceso fue paradójicamente acelerado y facilitado por al-gunos efectos de la nueva alternancia política: partidos sin pactos, sin consensos, sin visión compartida y corresponsable sobre los asuntos de seguridad del Estado.

Las zonas de producción de plantas prohibidas, las de introducción de cocaína y las rutas de las drogas ilegales ha-cia Estados Unidos atraviesan territorios gobernados por los principales partidos políticos y ninguno está ética ni genética-mente blindado contra la corrupción. Tampoco son inmunes a las balas. Las probabilidades de corrupción, o de “protección“ ( a los traficantes), y las de ser blanco de la violencia criminal -que trata de revertir su histórica subordinación al poder po-lítico- están distribuidas según los partidos que gobiernan en los estados y la federación.

En las elecciones de 2010, en Tamaulipas, fueron asesinados dos candidatos a alcalde presuntamente por la “delincuencia or-ganizada”. Otros candidatos a alcaldías, fueron amenazados de muerte. En Chihuahua, otros candidatos dijeron haber recibido

amenazas y algunos solicitaron protección policiaca. En Tamau-lipas, los antiguos socios Golfo-Zetas se pelean a muerte. Y en Chihuahua, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, se enfrentan también grupos poderosos antes unidos.

El PRI retuvo la gobernación en esos estados -los votan-tes no le hicieron pagar a ese partido la parte de la responsa-bilidad que le corresponde en los índices de violencia-. Pero el abstencionismo superó el 60%

La clase política tiene por lo menos seis opciones en su lucha con los traficantes:

No hacer nada y dejar que los traficantes impongan •su ley.

Considerar que la política antidrogas es un asunto •exclusivo del gobierno federal, apostarle al fracaso mediante la inacción o la obstrucción, y tratar de ca-pitalizar los errores.

Asociarse de manera estratégica con los traficantes •con la esperanza de éstos cumplan un “pacto de ca-balleros” y se comprometan a disminuir los niveles de violencia y a evitar los enfrentamientos con po-licías y militares. Eso significaría otorgarles un re-conocimiento político y ceder ante algunas de sus demandas a cambio de una supuesta pax mafiosa.

Apoyar a medias y continuar la estrategia de la ad-•ministración actual, incluido el tipo de cooperación acordada con Estados Unidos para combatir a la delincuencia organizada transnacional. El financia-miento de EU está destinado al combate al tráfico de drogas, la violencia relacionada y el crimen orga-nizado

Unir esfuerzos entre los partidos y el gobierno fede-•ral para diseñar una política de seguridad de Estado, consolidar las instituciones e imponer la autoridad en todo el territorio nacional sobre cualquier grupo armado ilegal.

Cambiar radicalmente la política sobre drogas vigen-•te: legalizarlas y asumir las consecuencias en la ONU y en la relación con Estados Unidos.

No hay nada que indique una tendencia de la clase políti-ca a optar por la última opción. En la actualidad se observan modalidades de las otras opciones. Si por lo menos se lograra la cuarta, acompañada de medidas económicas y sociales que impliquen mejores empleos y niveles de vida, habría mayores probabilidades de debilitar, contener y controlar a las orga-nizaciones de traficantes que hoy en día crean los mayores problemas de violencia y gobernabilidad en el país.

Es investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Copyright: Project Syndicate, 2010. www.project-syndicate.org

México: La Pax mafiosa

AMÉRICA LATINA


EN CALIENTE

BM-FMI SEñALAN ‘RIESGOS’ DEL PNDH

El análisis del Programa Nacional de Desarrollo Humano Ampliado (PNDHA), efectuado por un equipo conjunto del Ban-co Mundial y el Fondo Monetario Interna-cional, identifica cuatro grandes riesgos que Nicaragua debe enfrentar para poder apli-carlo de forma exitosa: macroeconómicos, políticos, de apropiación, y capacidad del personal encargado de llevarlo adelante.

Al hacer referencia al riesgo macroeco-nómico, los expertos de ambas instituciones financieras internacionales recuerdan que existe la posibilidad que no se materialice el nivel proyectado de recursos fiscales, como resultado de los choques exógenos deriva-dos de la menor demanda mundial; los altos precios mundiales de la energía, y la reduc-ción de la ayuda al desarrollo, tanto la que proviene de fuentes tradicionales, como la del ALBA.

“Las autoridades tendrán que mitigar estos riesgos mediante una gestión pruden-te del gasto, y un cada vez mayor diálogo político con los donantes para movilizar su experiencia y recursos”, sentencia el docu-mento.

En el aspecto político, se concentran en el hecho que “las tensiones políticas podrían intensificarse antes de las elecciones presi-denciales de noviembre del 2011”, lo que podría dar al traste con todos los esfuerzos que se pretenden hacer para ejecutar el PNDHA del gobierno.

Por ello, recomiendan que “las auto-ridades deben trabajar con los partidos de oposición y la comunidad donante en el for-talecimiento de las instituciones democráti-cas y el sistema judicial”.

EJECUTIVO ESTá SOLO CON SU PNDH

No menos importante que las dos an-teriores, el documento hace referencia al hecho que el PNDHA es un plan del go-bierno y no de la nación, defecto que se ve agravado por el despido de personal califi-cado en las dependencias oficiales, muchas veces sustituido por empleados cuya prin-cipal cualidad es ser leales al partido.

“A pesar que el gobierno muestra una fuerte apropiación del PNDHA, los parti-dos de oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil no apoyan la estrategia de las autoridades”, señalan los integran-tes de ambos staffs, lo que atribuyen a que “puede haber sido el resultado de debili-dades en el proceso de consulta para esta versión actualizada, y el marcado conteni-do político-ideológico del PNDH de octu-bre del 2008”.

A partir de esa realidad, alientan al gobierno a “ampliar la difusión del PND-HA como primer paso de una estrategia inicial que permita garantizar una amplia coalición de apoyo a las reformas necesa-rias”.

Finalmente, hacen ver que hay restric-ciones de capacidad entre los funcionarios de gobierno encargados de implementar el Plan, y carencia de personal adecuado, lo que atribuyen a “movimientos de personal, nombramientos políticos, y la ausencia de incentivos para llevarlo a cabo”.

Esto “puede impedir la adopción de políticas y programas incluidos en el PND-HA”, y de hecho, dice que los retrasos en la ejecución del Programa de Inversión Pública, son “en parte el resultado de es-tas limitaciones de capacidad”, por lo que recomiendan al gobierno que “revise su política de contratación, centrándose más en las credenciales profesionales que en la afiliación política”.

ExPORTACIONES: 4 RUBROS ‘BRILLAN’

El crecimiento de las exportaciones ni-caragüenses se mantiene a un ritmo sosteni-do de más del 30% anual, observado prácti-camente desde el mes de enero, en el que 4 rubros son los responsables de la mayor parte de ese incremento: azúcar, café, carne y oro, que juntos reportan ingresos por U$636.4 mi-

llones, lo que equivale al 55% del total de las mercancías exportadas entre enero y julio de este año.

Por ingresos, el producto estrella es el café oro, que pasó de vender U$168,4 millo-nes entre enero y julio del 2009, a U$261,4 millones en el mismo periodo del 2010, gra-cias a un incremento del 43% en los volú-menes exportados, que produjeron ingresos extras por U$92.9 millones (55% más).

El segundo por ingresos es la carne de res, de las que en los primeros siete meses del año pasado se habían exportado 37,887 tone-ladas por U$124,8 millones, saltando hasta las 47,362 toneladas (25% más), bueno para vender U$168,3 millones, lo que representa un incremento del 35%.

El tercero es el oro en bruto, que este año recauda U$103,5 millones, lo que es U$47.2 millones más que los U$56,2 millones vendidos a julio del año pasado, producto de la exportación de 4,392 toneladas este año, contra las 3,121 toneladas vendidas el año pasado.

Finalmente, el azúcar de caña, aunque fue la que menor ingreso obtuvo entre los cuatro rubros observados, (U$103,3 millones) fue en realidad el que reportó los mayores ni-veles de crecimiento (311%), luego que en el mismo periodo del 2009 lograra ingresos por U$25,1 millones, gracias a un crecimiento de 237% en los volúmenes exportados, que pa-saron de 66,181 a 222,757 toneladas.

Aunque no lograron ingresos tan altos, estos rubros muestran altos por-centajes de crecimiento a lo largo de los siete meses que lleva el 2010:

Producto Ene - Jul 2009 Ene - Jul 2010 Variación 09-10 Kilos US$ Kilos US$ Kilos US$Aceites y grasas 7,883 6,89 12,566 13,22 0.59% 0.92%Ajonjolí 3,515 4,69 4,798 6,14 0.36% 0.31%Cacao 567 0.94 884 1,74 0.56% 0.85%Cereales 1,955 1,41 4,983 2,21 1.55% 0.57%Chatarra metálica 26,203 5,21 43,686 13,55 0.67% 1.60%Cueros 2,512 2,08 4,037 4,92 0.61% 1.37%Ganado 7,370 11,09 11,871 15,17 0.61% 0.37%Leche 13,728 28,88 23,844 41,94 0.74% 0.45%Madera procesada 1,853 724,82 5,438 1,75 1.93% 1.42%Melaza 36,201 4,84 113,179 14,12 2.13% 1.91%Naranjas 72,099 3,90 56,913 6,26 -0.21% 0.61%Plátanos 12,542 2,15 16,993 3,49 0.35% 0.65%Derivados de petróleo 8,223 5,16 15,173 12,24 0.84% 1.37%Tabaco 1,195 13,80 3,10 21,44 1.60% 0.55%Los datos sobre exportaciones (las primeras cuatro columnas) están expresadas en millones de kilos y millones de dólares


NEGOCIOS

Los ingresos estarán en dependencia del rendimiento por manzana (que podría oscilar entre los 66 y los 58 quintales logra-dos en los dos últimos ciclos agrícolas), y del precio internacional, que debería fluc-tuar entre los U$19 y los U$20 por quintal.

“El precio promedio puede andar entre 19 y 20 dólares para el maní de exportación, sin cáscara y ya empacado, aunque puede ser menor a U$19, si la calidad es infe-rior, y mayor de U$20 si lográs un buen rendimiento”, explicó el pro-ductor Juan Alvaro Munguía, Vi-cepresidente de la Comercializa-dora de Maní S.A. (COMASA).

Aunque espera esos precios promedio, que se han mantenido de forma estado estable en 2009 y 2010, el sector no olvida los ‘días felices’ de la cosecha 2006-2007 cuando “tuvimos un precio ex-traordinario de 25 y 26 dólares, (que sólo habíamos visto en 1995), porque estadounidenses y argen-tinos tuvieron una fuerte baja en su producción, dado que prefirie-ron sembrar maíz para fabricar biocombustibles”, recuerda Mun-guía.

Datos del CETREX mues-tran que mientras los volúmenes exportados crecían sólo 4% (pasó de 69,227 toneladas en 2006, a 71,920 en 2007), el país obtuvo ingre-sos que fueron un 27% superior, al pasar de U$44.6 millones en 2006, a 56.5 millones en 2007, con un sobreprecio de 22%, al cotizarse el kilo en U$0.78 después que un año antes estaba en U$0.64.

Las exportaciones de maní se elevaron hasta las 77,694 toneladas y U$90.6millones en 2008, ingresos que se desplomaron estre-pitosamente al caer hasta los U$66.8 millones, pese a que las exportaciones apenas cayeron hasta las 75,848 toneladas.

“La producción de maní bajó a partir de la disminución en la demanda durante la cri-sis, siendo que el maní es un snack, no un ali-mento indispensable”, recordó el productor.

Estados Unidos y Argentina son dos de los cuatro actores de peso en el mercado mundial que junto a China y Brasil, superan a Nicaragua, como los grandes exportadores de maní del planeta, según datos aportados por el también segundo vocal de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, (UPANIC).

Concentrados en la calidadAunque los productores de maní no tie-

nen planes para hacer grandes ampliaciones

de las áreas cultivadas -42,000 manzanas en Chinandega, manejadas por COMASA, y 13,000 en León, pertenecientes a Cukra In-dustrial- sí están concentrados en mantener las calidades necesarias para seguir cumplien-do sus contratos internacionales.

En este momento, los principales com-pradores del maní nica están en Europa: Rusia y algunos países del antiguo bloque so-cialista, más Alemania y Holanda; además de Australia; los tres norteamericanos, (Canadá, Estados Unidos y México), más Costa Rica y El Salvador en Centro América, y el recién lle-gado Venezuela.

En este caso, la nación sudamericana no tiene el peso ni la importancia que ha cobrado en otros rubros, y de hecho, el sector se queja porque han encontrado “muchas dificultades

desde que entramos a ese mercado hace dos años, porque hay que enviar el furgón hasta Miami, y de ahí a Venezuela”.

En este caso “Venezuela no ha sido tan importante para el maní, como sí lo ha sido para otros rubros. Para nosotros es un merca-do más, aunque lo hemos aprovechado como una forma de diversificar nuestras exportacio-nes”, añadió.

Pero mantener esa calidad dependerá de muchos factores que los productores podrán controlar, tales como la fecha de siembra y de

cosecha, así como la aplicación de los agroquímicos y el mantener limpios las áreas cultivadas, aun-que hay uno al que no pueden controlar: el clima.

Armado de su laptop, Mun-guía dirige por radio desde su despacho judicial en Managua las operaciones de su propiedad en Occidente, indicándole a su personal en la finca a qué hora suspender las aplicaciones de los químicos, basándose en la infor-mación que le ofrece el Canal del Clima en la red.

“La mayoría de los mani-ceros trabajamos en la mañana, porque en la tarde ya no se pue-de. Las instrucciones son trabajar hasta las 11:00 ó 11:30 am, porque

después del mediodía no hay forma de hacerlo. Este año, ni siquiera hubo canícu-la”, recuerda.

En contraste, no todos están sufriendo por las constantes precipitaciones, en parti-cular quienes sembraron maní en Managua, Granada y Masaya, aunque tampoco los que lo hicieron en Los Brasiles, y en la antigua línea férrea Nagarote, La Paz Centro, León, a pesar que se considera “zona arriesgada”.

“El año pasado fue un año malo para la mayoría de los que sembró ahí, porque fue un invierno seco, pero este año, que es un invierno fuera de lo normal, segu-ramente van a tener excelentes cosechas, aunque ellos también han tenido proble-mas para terminar de sembrar, porque las lluvias han sido muy copiosas en la franja del Pacífico”, relató.

Maní: exportar...

El maní se selecciona y empaca según su tamaño


NEGOCIOS

En el ciclo 2008 – 2009, los campos chinandeganos produjeron unos 2.4 millones de quintales, a los que se les su-maron los más de 800,000 quintales cose-chados en León.

El problema es que “tuvimos una ca-lidad inferior, con granos muy pequeños debido a la sequía, y con altos niveles de aflatoxina”, la que es producida por un hongo que afecta al maní cuando ya fue arrancado, y que está reportado como cancerígeno.

El grano no puede ser vendido en la Unión Europea si sobrepasa las 5 par-tes por billón, o en Estados Unidos, si es de 10 partes por billón, a pesar que muy posiblemente, el maní que se vende en cartuchos en las esquinas de nuestras ciudades podría tener hasta un millón de partes por billón, “sin que veamos que la gente se está muriendo de cáncer por su consumo”, señaló el productor.

Ese maní tiene su origen en ejércitos de personas pobres que piden permiso para entrar a las fincas a recoger el maní que quedó en el campo, y lo venden a in-termediarios que lo procesan y lo reven-den en las ciudades.

Dados los altos requisitos que hay que cumplir para entrar al exigente mer-cado europeo o al estadounidense, los in-dustriales nicaragüenses han aprendido a manejar la aflatoxina, aplicando al grano un proceso de ‘blanqueo’, al pasarlos por tostadoras que le quitan la cáscara roja o cutícula, lo que baja considerablemente los niveles de la peligrosa sustancia.

“Si no los podemos bajar, usamos el grano para hacer aceite”, que se vende en Nueva York, y es muy apetecido por chi-nos y árabes.

Reconocen calidadA pesar de los esfuerzos del sector,

las dificultades de la cosecha pasada, (baja productividad ocasionada por escasez de agua), “nos llevaron a caer en situación de incumplimiento de contrato, pero por suerte, tenemos relaciones de muchos años con nuestros compradores, que nos

esperan cuando tenemos problemas, por-que este es un juego de ganar – ganar”.

Siendo que no se trata de confiar en que siempre contarán con la buena fe de sus clientes extranjeros, empresas como COMASA traen técnicos de la Universi-dad de Georgia, que llegan gracias a un convenio con la Asociación de Agricul-tores de Chinandega, “y cada año traen nuevas técnicas, nuevas variedades de se-millas, nuevos productos a aplicar, para

que se mantenga la calidad”, dijo Mun-guía.

En realidad, el problema del maní nicaragüense no ha estado ligado a la calidad, sino a factores ‘extraños’, como quedó en evidencia en 1987 cuando qui-sieron vender su grano en Inglaterra (para entonces, ya se vendía en El Salva-dor y Costa Rica), pero no se pudo entrar al mercado inglés, “no por la calidad del maní, sino por la duda sobre la posesión de nuestras tierras”.

El productor recuerda que se trataba de “una época de confiscaciones e inter-venciones, en la que de una u otra manera se privaba a los productores de sus bienes, por lo que los clientes ingleses temían que pudiéramos salir del negocio en cualquier momento si llegábamos a perder nuestras tierras, aunque reconocían que teníamos la calidad necesaria para venderles”.

Cinco años después, con el adveni-miento de la democracia, y con la con-fianza de que el Estado no llegaría a despojarlos de sus tierras, los maniceros lograron establecer relaciones comercia-les con KP Foods, las que siguen vigentes, y con el gigante M&M de Estados Uni-dos, relación que es previa a la firma del DR-CAFTA.

Ese acuerdo comercial nos otorgó una cuota anual de 10,000 toneladas, que aumenta a razón de 1,000 toneladas por año, alcanzando libre acceso a partir del año 20, aunque Munguía menciona el re-clamo que le hicieron a Regina Vargo, la jefa negociadora por Estados Unidos, en el sentido que “sólo en el happy hour de un viernes y sábado, ese país consume las 10,000 toneladas que nos otorgaron en el TLC”.

La gran diferencia en el precio al que el país coloca su maní en los mercados internacionales (U$20 ó C$4.28 la libra), contrasta sobremane-ra con lo que cuesta el producto proce-sado, cuyo precio en los supermerca-dos del país, oscila entre los C$31.20 y los C$98.05 por libra, dependiendo de la presentación.

Conocedores de ese desbalance, la industria manicera local está buscan-do formas para mejorar sus procesos, y ampliar y modernizar sus plantas, de modo que puedan prepararlo con mayor velocidad y más calidad, para enviarlo cuanto antes a sus destinos in-ternacionales.

El gremio también podría pro-ducir mantequilla de maní. “Tenemos los medios para producirla, pero en el TLC sólo obtuvimos una cuota de 250 toneladas, lo que no justifica hacer una inversión tan grande como la que se requiere para procesarla, aunque, in-sisto, tenemos la capacidad para ello”, aseguró Munguía.

Afectados por las aflatoxinas

Industrialización: el gran valor agregado

Juan Alvaro Munguía


“Esto es una parte, el inicio de las ne-gociaciones. Se comenzó por lo más fácil, después que pusimos al día cada elemento de la matriz, porque pasamos año y me-dio planteando que había que resolverlos. Una vez actualizada, se determinó con la ley en mano cómo debía cumplirse cada punto y en la práctica, cómo lo estaban aplicando los funcionarios, y así se encon-traron acuerdos rápidos”, relató Joe Hen-ry Thompson, Asesor Legal de la Cámara Aduanera, (CADAEN).

Francisco Javier Martínez, Presidente de la Cámara, explicó que primero resol-vieron los problemas menos conflictivos o complicados (18 temas en total), pero que unos quince de mayor peso sigue pendien-te de solución.

“El sector privado está evaluando los temas pendientes, y preparando una mejor argumentación para usarla a nuestro favor cuando nos reunamos con la Aduana el próximo jueves, porque las reuniones son cada 15 días”, explicó.

De todos los problemas, “está pen-diente el más importante, que es el de la valoración de mercancías, pero no se ha discutido en profundidad porque tiene va-rios componentes, y se considera que con-sumirá varias sesiones de trabajo”, añadió.

Tienen que cumplirA pesar de la importancia que

tiene el sector importador en gene-ral, los aduaneros han tenido que sufrir un acoso económico histórico por parte de los administradores de aduanas, que ven en ellos una fuen-te de recursos para elevar los ingre-sos del gobierno, y esta administra-ción no ha sido la excepción.

Es por ello que surge la duda acerca del interés que pudiera te-ner la Dirección General de Ser-vicios Aduaneros, que encabeza el Director Francisco Medrano, para aplicar unos acuerdos que, en prin-cipio, podrían llevar a una disminu-ción en las recaudaciones.

Tanto Thompson como Martí-nez confían en que de una forma u otra, los acuerdos terminarán cum-pliéndose, en plazos más bien cortos.

“Sí los cumplirán, porque están fir-mados por Medrano, que ya se reunió con sus administradores de Aduana y les bajó a todos el mismo documento que nosotros estamos entregando a toda la comunidad empresarial”, detalló confiado Thompson.

Con todo, admitió que aunque algunos cambios ya entraron en vigencia, “en otros sigue la resistencia. Es normal, como cuan-do entra una nueva ley, y aplican elementos de una o de otra, pero seguimos insistiendo en que todo lo nuevo se aplique como está acordado -siendo que todo está basado en la ley- y que todas las administraciones lo cumplan igual. Siendo que cada quien lee e interpreta la ley como quiere, por eso busca-mos la firma del Direc-tor, para que no haya interpretaciones”.

El presidente Martínez por su par-te, confía en el cum-plimiento de los acuerdos porque “están redactados en dos documentos: una ayuda memoria y una matriz de problemas. Am-bos fueron suscritos por Medrano, y se les están bajando a las aduanas para su cum-plimiento”, y aunque reconoce que “no hay mecanismos acordados si se presenta un incumplimiento, estamos en consulta con agencias aduaneras e importadores para volver a plantear aquello en lo que esté fa-llando la DGA”.

Ventajas y escepticismoLos aduaneros consideran que al apli-

carse los acuerdos suscritos “habrá agiliza-ción del despacho y por ende, menores cos-tos por estadía. No se atrasa al importador que necesita su mercancía para comercia-

lizarla; el aduanero podrá cobrar más rá-pido y emplear sus recursos de forma mas eficiente”, opina Thompson.

A su juicio, “esto tiene que ir fun-cionando de manera progresiva para destra-bar el despacho en las aduanas del país. La próxima [esta] semana ya no debería haber excusas ni resistencia en ninguna aduana del país para cumplir lo que dice la Ley”.

¿Y si la hay?“Haremos todos

los esfuerzos necesarios para que todos apliquen correctamente la Ley. El esfuerzo es válido tanto en el terreno aduanero

como en cualquier otro campo. Debe preva-lecer la ley”.

Pero no todos son tan optimistas.Una fuente del sector, que pidió man-

tener su nombre en reserva para evitar re-presalias, opinó que “lo firmado es mediana-mente importante. De hecho, casi todo son minucias. Lo más importante son las dudas al valor, que afectan más al importador (mu-chos de ellos representados por la Cámara de Comercio y el COSEP), pero todos estamos trabajando juntos para resolverlo”.

Aunque insiste en que “todo, aisla-do son minucias”, reconoce que “juntos todos los temas pesan mucho porque cada funcionario inventa cada cosa para recaudar más, y para demostrarle a sus jefes que son muy buenos, y eso siem-pre ha sido así. Con sus decisiones, los administradores de aduanas crean nue-vos cobros, usurpando funciones de la Asamblea Nacional”, señaló.

Por eso, siendo que una buena parte del origen del conflicto viene des-de abajo, es evidente que “el principal problema de los acuerdos es cómo se les va a comunicar a los administradores de aduanas, y no sé si van a cumplir si les pasan el texto así como fue firmado, lleno de respuestas que no son muy con-cretas”, advirtió.

Por eso, insta al gremio a “poner-se duro para que la aduana cumpla. El

problema es que hay gente que prefiere pagar para estar bien con ellos. Para que esto salga bien, Medrano debe decirle claramente a los administradores de las aduanas: ‘Tenés que cumplirlo. No quie-ro más quejas, o te corro’, porque de lo contrario seguirán actuando discrecio-nalmente”, vaticinó.

Cámaras confían...

ECONOMÍA

Francisco Javier Martínez

Los aduaneros sólo piden que se cumpla la Ley


EN PANTALLA

Juan Carlos Ampié

Después de dos incursiones en la saga del agente Jason Bourne, el actor Matt Damon y el director Paul Green-grass se reúnen en una película de acción escenificada en los albores de la invasión nor-teamericana de Irak. Pero no crea que esto es Bourne IV. Es ficción con incómodos ecos de la realidad.

Días después de la caída de Saddam Hussein, el Jefe Oficial de Búsqueda Miller (Matt Damon) se encuentra muy frustrado. Cada misión de rastreo de armas de des-trucción masiva lo conduce a bodegas vacías o depósitos desiertos. Mientras tanto, su vida y la de sus hombres corre peligro, y las bajas incremen-tan en la caótica Bagdad. Sos-pecha que la inteligencia sobre la que basan sus misiones es defectuosa, pero ningún supe-rior quiere siquiera ponderar esa posibilidad. Y él quiere respuestas. Quizás las tengan Lawrie Dayne (Amy Ryan), una periodista inquisitiva; Clark Poundstone (Gregg Kinnear), un burócrata demasiado satisfecho de si mismo; Martin Brown (Brendan Gleeson), un tenso agente de la CIA; o Al Rawi (Yigal Yaor) un fugitivo general del ejército iraquí.

Es fácil confundirse sobre lo que “La Ciudad de las Tormen-tas” es realmente. El estilo visual de Greengrass emula u n a realidad pseudo-documental. La cámara nerviosa se mueve a mano, componiendo los planos sobre la marcha.

Trabaja con iluminación naturalista y edita a la velocidad del rayo. Que no reduzca la acción a un huracán de confusión es testamento al grado de refinamiento que el director ha alcanzado – toma nota, Chris Nolan. O mejor aún, clases -. Y es posible relacionar a los personajes con contrapartes reales. La periodista interpretada por

Ryan, por ejemplo, funciona como una Judith Miller rei-maginada como corresponsal de guerra.

La sensación de autenti-cidad incrementa con la textu-ra de las escenas, y los detalles visibles en los márgenes. A unas cuantas cuadras de una virtual zona de lucha urbana, funcionarios se toman fotos ante monumentos bombar-deados como turistas en el in-fierno. Cuando soldados rasos entran al paradisíaco coman-do mayor asentado en el pala-cio de Hussein, se sorprenden al encontrarse en medio de una genuina fiesta de piscina. Apenas atinan a decir “¡Tie-nen pizza de Domino’s!”. Ese

afán reporteril probablemente viene del libro “Vida Imperial en la Ciudad Esmeralda”, escrito por Rajiv Chandrasekaran, ex corres-ponsal jefe del buró del Washington Post en Bagdad, identificado como fuente para el guión de Brian Helgeland.

Pero esto no es un documental. Es ficción que cristaliza lo que ahora se conoce sobre el origen del conflicto, compri-miendo tiempo, acontecimientos y personajes para destilar in-

formación en un formato de thriller comercial. Parece que ya es seguro hacer productos de entretenimento basados en esta tragedia de la vida real. “La Ciudad de las Tormentas” es la película perfecta para el público que encontró “The Hurt Locker” demasiado artística y ambigua. Por lo menos, ofrece en Matt Damon un héroe tan sensato y conciente, que sirve como bálsamo para la conciencia culpable norteamericana. No es Jason Bour-ne. Es el genuino espíritu penitente de una nación que desató una guerra por las razones equivocadas.

Irak en la Imaginación

Título “La Ciudad de las Tormentas”(Green Zone)

Dirección Paul Greengrass

Duración 1 hora, 51 minutos

Clasificación H H H (Buena)

No soy Jason Bourne, sólo me parezco a él: Damon le da clases de ética a Ryan en “La Ciudad de las Tormentas”.

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