ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

“El proyecto Estratégico más importante de la Orinoquia”

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 532 /2016

“Formulación e Implementación del Plan de Ordenamiento Departamental de Arauca”

GOBERNACIÓN DE ARAUCA “HUMANIZANDO EL DESARROLLO”

0

ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO

EN ARAUCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 532 DE 2016

“FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL”

Universidad de los Llanos – Gobernación de Arauca






1

Citación sugerida:

Universidad de los Llanos – Gobernación de Arauca. 2019. Formulación e Implementación del

Plan de Ordenamiento Departamental de Arauca. Informe técnico final “Análisis del conflicto

armado en Arauca”. Convenio interadministrativo 532 de 2016. Villavicencio – Colombia.

Desarrollado por:

Este documento fue realizado con la colaboración de Jairo Andrés Osorio Cortes. Sociólogo. MSc.

en Justica Social y Construcción de Paz., Leonardo Agudelo Jayzks. Socilogío. MSc. en Ciencias

Sociales & Fernando Cantor Amador. Sociologo y Licenciado en Ciencias Sociales. MSc. en

Filosofía y MSc. en Sociología (Q.E.P.D). Dentro del convenio interadministrativo 532 de 2016

entre la Universidad de los Llanos y Gobernación de Arauca, como parte del ítem 2 “Diagnostico

Social”.

Verificación técnica:

Clara Inés Caro Caro. MSc. ©PhD. Profesor Universidad de los Llanos.

Naisly Ada Tovar Hernández. MSc. Profesor Universidad de los Llanos.

Supervisión:

Marco Aurelio Torres Mora. PhD. Profesor de la Universidad de los Llanos.






2

Tabla de Contenido 2.2 EL CONFLICTO ARMADO Y LA PERSPECTIVA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEPARTAMENTAL EN ARAUCA ............................................................................................................ 5

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 5

2. LOS ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS DE LA DINÁMICA DE CONFLICTOS

ARMADOS TERRITORIALES EN ARAUCA. .......................................................................................... 6

2.1 PRIMERA TESIS DE INTERPRETACIÓN ...................................................................................... 7

2.2. SEGUNDA TESIS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

TERRITORIAL ....................................................................................................................................... 10

2.3. TERCERA TESIS DE CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO TERRITORIAL . 12

2.4 TESIS SÍNTESIS .............................................................................................................................. 19

3. EL ENFOQUE TERRITORIAL, INTEGRADO Y SISTÉMICO DEL CONFLICTO ARMADO

COMO EXPRESIÓN DEL GRADO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEPARTAMENTAL.

21

4. EL “MOTOR” NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO TERRITORIAL Y

ARMADO EN ARAUCA ........................................................................................................................... 23

4.1 ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DE LOS ASUNTOS FRONTERIZOS DE ARAUCA

25

5. CASUÍSTICA Y EXPRESIÓN FENOMÉNICA DE LA ESTRUCTURA DEL CONFLICTO

ARMADO TERRITORIAL. ....................................................................................................................... 35

5.1 CONFLICTO Y TERRITORIO .................................................................................................. 36

5.2 PETRÓLEO Y REGALÍAS, COMBUSTIBLE PARA LA GUERRA Y POBREZA PARA LA

REGIÓN. ................................................................................................................................................. 37

5.3 MÁS ALLÁ DE LA CASUÍSTICA DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA ................. 39

6 PETRÓLEO, CONFLICTO Y REGIONALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 51

6.1. EL DESARROLLO DEL ELN, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ................................. 51

6.2. LA PRESENCIA DE LAS FARC EP, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ....................... 55

6.3. PARAMILITARES .......................................................................................................................... 59

6.4. REINSERCIÓN ............................................................................................................................... 64






3

7 LAS OPORTUNIDADES DE RECONCILIACIÓN, DE PREEMINENCIA COMUNITARIA Y

ENFOQUE TERRITORIAL HACIA ADENTRO. .................................................................................... 67

8 LAS OPORTUNIDADES Y RETOS PREVALENTES DEL CONFLICTO ARMADO

TERRITORIAL EN ARAUCA. .................................................................................................................. 68

9 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE LA

PERSPECTIVA DE LA NEGOCACIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO ARMADO Y LA PAZ

DEPARTAMENTAL. ................................................................................................................................. 71

10 . ANEXOS ....................................................................................................................................... 75

10.1 Anexo 1. Una mirada de Antonio García Nossa sobre la Reforma Rural Integral planteada en los

acuerdos entre Farc y Gobierno ............................................................................................................... 75

10.2 Anexo 2. Algunas preguntas problema ........................................................................................... 89

10.3 Anexo 3. Una mirada crítica sobre la noción de territorio de Jérôme Monnet. ............................... 90

10.4 Anexo 4. Transición política y capitalismo global en medio de los acuerdos de paz ..................... 93

11 . BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 104

LISTA DE TABLA

Tabla 1. Participación de las regalías en Arauca entre 1982 y 2015 .............................................. 37

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Participación de las diferentes ramas de la economía en Arauca, 2013. ...................... 24






4

“La guerra es política por otros medios”

Karl von Clausewitz

“El fundamento de las guerras, es el control de los recursos estratégicos naturales y culturales”

“¿Cuál es el panorama de los hidrocarburos de Colombia para los próximos 10 años?

El proceso de paz nos va a ayudar a desarrollar mucho de lo que no hemos podido evaluar

ni conocer. Las zonas donde hubo conflicto tienen los mejores prospectos para encontrar

hidrocarburos: toda la cuenca de los Llanos, la región del Catatumbo y la del Caguán-

Putumayo. El acuerdo con las FARC y los avances del diálogo con el ELN nos van a

permitir evaluar el potencial de hidrocarburos de esas regiones…La buena salud de las

finanzas públicas pasa por la buena salud de la industria petrolera. Es posible que algunos

cuestionen el modelo económico. Pero la foto de hoy es esa” (Velandia, 2017) Presidente

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Aceptar el conflicto es el primer acto para la terminación del mismo. La categoría

descriptiva: “Acto terrorista” encubre la historicidad, la causalidad y las

responsabilidades en la compleja trama social y política de la guerra. Es una mirada

simplificadora de los múltiples bandos enfrentados, máxime en un conflicto armado como

el colombiano. Precisamente, y de manera plausible, en el país se ha creado un andamiaje

que responde a la complejidad de la guerra en materia de esclarecimiento, perdón y

justicia. Esta complejidad institucional es una barrera para impedir que las miradas

sesgadas o fraccionadas de la realidad tengan éxito en sus propósitos”. (Sánchez, 2018)

Ex director de la Comisión Nacional de Memoria Histórica (CNMH).






5

2.2 EL CONFLICTO ARMADO Y LA PERSPECTIVA DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEPARTAMENTAL EN ARAUCA

Lineamientos para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Arauca

1. INTRODUCCIÓN

Este informe final recoge, como se señaló en el plan de trabajo, los resultados metodológicos,

analíticos y de caracterización del conflicto armado, como parte consustancial de la dinámica de

cambio y desarrollo socioeconómico, cultural e institucional araucano y, según como ha sido de

convenido entre las partes, con el concurso colegiado del equipo de trabajo de la Corporación

Antonio García articulando los temas de apoyo para lo sociocultural.

En este sentido, éste informe recoge los avances y los detalles de los pasos anteriores, de tal forma,

que permita una lectura compendiada completa del enfoque y conceptos matrices de la

caracterización y de algunos elementos complementarios de aporte para la consideración de ésta

temática en el ordenamiento territorial departamental; de tal forma, que es una versión comprensiva

y extendida que permitirá que el ejercicio no sea una descripción analítica, sino un material más de

trabajo académico sobre los procesos de desarrollo regional.

En la primera parte se encuentran los aspectos conceptuales y normativos con citas y referencias

detalladas, que a futuro permitirá encontrar más concatenaciones e hipótesis explicativas. En la

segunda parte, se reitera el enfoque integrado territorial de aproximación y se establecen los

campos donde se encuentra la vinculación e interdependencias intersectoriales entre el conflicto y

el desarrollo territorial araucano. Luego le sigue, la consideración de los contextos suprarregionales

del conflicto y posteriormente, las descripciones y detalles de la fenomenología del conflicto

armado en el territorio, una lectura de las oportunidades de la negociación estratégica del conflicto

e igualmente los retos correspondientes. Termina con un cuerpo breve de recomendaciones

estratégicas para el proceso de ordenamiento territorial departamental, desde la perspectiva del

conflicto armado.

En síntesis, como se verá, hay una balanza inestable entre el proceso de aclimatación de la paz

territorial y la revitalización de los conflictos territoriales armados; especialmente en Arauca dentro






6

del territorio nacional. En esa medida, desde una perspectiva objetiva, lo que se resalta en el proceso

territorial y el conflicto es la marcada incertidumbre y el estancamiento de los procesos de

negociación de la paz. Al tiempo que se ven múltiples escenarios dentro de lo normativo para

reconfigurar el territorio incluyendo la paz y la negociación con otros actores armados, hacen

presencia en el entramado, visiones de desarrollo institucionales estatales en todas las escalas,

diferentes organismos multilaterales, organizaciones comunitarias, formas de agremiación

empresarial privada y públicas, entre otros. Que aportan desde la diversidad de miradas sobre la

territorialidad araucana que desbordan incluso el mismo orden normativo institucional.

2. LOS ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS DE LA DINÁMICA DE

CONFLICTOS ARMADOS TERRITORIALES EN ARAUCA.

La noción de “conflicto armado” es por definición una expresión des-institucionalizada y

excepcional, irregular, de imposición de facto o de hecho de la fuerza de la autoridad.1 Cosa

distinta, la amenaza de aplicación de la fuerza de la autoridad legal del interés público y del Estado,

que es lo que se viola en los regímenes dictatoriales y un territorio en disputa estratégica tanto en

guerra expresa o velada.

Es decir, el conflicto territorial, entre comunidades y entre actores, es regulable mediante los

canales institucionales existentes y tiene tipologías jurídicas que lo sustentan en el principio clásico

de que en el Estado de Derecho del poder público es el monopolizador de la coerción material

(Senado de Colombia, 1980). 2

1 Etimológicamente, se estaría hablando de que el concepto de conflicto -conflictus- corresponde a choque, golpe con encontronazo,

conexión; que incluye la raíz con que señala convergencia o unión. De tal forma que conflictus (golpe), golpe juntos, golpe entre

varios, pleito, es en efecto, una contradicción de intereses. Por otra parte, arma, significa instrumento de guerra. (arma-armun) que

deviene de articular, de armar, de manera ofensiva o defensiva. Véase, por lo tanto, la afinidad semántica con palabras como

armadura, armadillo, armario y de alarma: “al arma…” en tanto en la antigüedad griega y romana, las armas eran comunales y

reposaban en la “plaza de armas”. Así pues, armisticio, literalmente sería “bajar las armas”.

2 En el ordenamiento jurídico, está tipificados en el Código penal- Decreto 100 de 1980

"Artículo 125.- REBELIÓN. (Modificado D.L. 1857/89, art. 1o.) Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al

gobierno nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de cinco (5) a nueve (9)

años y en multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales".

"Artículo 126.- SEDICION. (Modificado. D.L. 1857/89, Art. 2o.). Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir

transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en arresto de dos (2) a ocho (8) años

y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales".






7

El conflicto armado, sería entonces la disputa deliberada y aplicación de la violencia física entre

otras, por fuera de la legitimidad del Estado y de las instancias públicas, para imponer un interés o

voluntad particular (Corte Constitucional, 2012).3

2.1 PRIMERA TESIS DE INTERPRETACIÓN

El predominio de la violencia y el conflicto armado territorial es inversamente proporcional al

predominio de la institucionalización pública y estatal del desarrollo territorial.

Esto significa que hay una explicación histórica del desarrollo territorial. En términos de

acumulación sociocultural, la síntesis histórica del proceso de institucionalización de las

relaciones territoriales, implica tanto las responsabilidades asociativas (comunidad política) como

el manejo de las disociaciones (violencia, crimen y el conflicto armado).

De igual modo, se deberá entender que los acuerdos constitucionales, como la actividad política

legislativa en el Congreso Nacional, son procesos de tensiones y oposiciones entre los hechos y los

derechos de los actores que los representan; de tal forma, que la Constitución Nacional, que es un

acuerdo, a su vez, señala aquellos aspectos políticos, económicos y sociales, incluso ideológicos

que quedaron por fuera de la Constituyente. Eso sí, con un énfasis republicano liberal clásico, de

"Artículo 128.- ASONADA. Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún

acto propio de sus funciones, incurrirán en arresto de cuatro meses a dos años".

"Artículo 130.- CONSPIRACION. Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebelión o de sedición, incurrirán por este

solo hecho en arresto de cuatro meses a dos años".

"Artículo 131.- SEDUCCION, USURPACION Y RETENCION ILEGAL DE MANDO. El que, con el propósito de cometer delito

de rebelión o de sedición, sedujere personal de las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente mando

político, militar o policial, incurrirá en prisión de cuatro meses a dos años".

3 La Corte reconoció que la noción de conflicto armado ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad

y evolución fáctica e histórica del fenómeno en el contexto colombiano, tanto de la evolución de las normas que han planteado

mecanismos de protección y reparación para las víctimas del conflicto armado, como de la jurisprudencia de la Corte

Constitucional. Sentencia C-253A de 2012; aquí se normaliza lo que se considera “conflicto armado” y de víctimas. Disponible en

link: https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Ley1448/Sentencia_de_constitucionalidad-Ley1448-C-781-12.pdf

https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Ley1448/Sentencia_de_constitucionalidad-Ley1448-C-781-12.pdf






8

defensa de los derechos humanos básicos, el respeto a la ley y a los procedimientos representativos

y la división de poderes (Reyes, 2017).4

Así, el nivel o grado de cultura (apropiación-integración social) de los territorios y sus

comunidades, incluye las relaciones “exteriores” con los entornos “limítrofes” de otras regiones o

provincias y dependería del citado grado de modernización y de democratización pública, estatal e

individual (republicación) de las relaciones sociales territoriales históricamente consideradas. Con

un pasado colonial y otro republicano atado a la dinámica del desarrollo histórico colombiano y

sus contradicciones regionales.

De ahí lo que se ha definido: “La configuración del Departamento a partir de relaciones asimétricas,

históricamente constituidas desde la zona Andina Colombiana, fundamentalmente desde Bogotá,

Boyacá y Norte de Santander. Respecto a lo primero, se propone examinar la construcción de

centros de poder regional, que concentran y reproducen los mayores volúmenes de capital,

supeditando para este fin, periferias regionales o zonas de influencia que permiten la expansión,

reproducción y reorganización del capital irradiado desde los centros. Aunque no es del caso para

el objeto, es importante señalar la fragmentación de Colombia en tres centros importantes de

concentración de capital, que fungen a su vez como centros político-administrativos y culturales

con la expansión regional constituyendo sus propias periferias: Bogotá, Medellín y Cali, en menor

4 Reyes, A. (2017). Vale mencionar que en el campo de la normalización del Acuerdo General de paz y parte consustancial de la

permanencia del conflicto armado interno estaría en el Congreso y por parte del Gobierno nacional: “el objetivo estratégico de

disputa se centra en dos campos prácticos y legales: en el campo práctico, de la pugna por la legalización (impunidad) de los

resultados de acumulación de rentas producto de la guerra interna y del conflicto, en proceso general de paz: de la apropiación de

tierras, de la reducción de la competencia de intervención del Estado para democratización integral y la superación de la desigualdad

y la pobreza social (políticas públicas de tierras, reforma agraria integral, fiscal, política y de innovación tecnológicas); y en el

campo jurídico, de reducir la capacidad de juzgamiento y justicia sobre tales objetivos prácticos: donde el tema central es la Justicia

transicional para la paz (JEP) en lo relacionado tanto de la verdad, justicia y reparación, tanto de los agentes del Estado, la guerrilla,

pero sobre todo, del “juzgamiento de terceros” por tal justicia especial de paz.

Sobre todo, de “todos los aliados de los paramilitares que no quieren confesar la verdad ni reparar a las víctimas devolviendo las

ganancias de la guerra. A quienes han ocupado posiciones de poder les cuesta mucho reconocer la responsabilidad de los gobiernos

en la reproducción ampliada de la violencia contra la población, pero más les cuesta renunciar al uso de la violencia para

mantenerlas. Esa es la razón de fondo para que la derecha no se haya querido sumar a la paz.” “Una dirigencia rapaz que desangra

las finanzas públicas y monopoliza las rentas generadas por la sociedad es incapaz de reconocer sus propias fallas y de terminar el

conflicto armado, que tantos dividendos les ha dado como justificación para no hacer las reformas necesarias, como la agraria, para

desplegar el potencial de las nuevas generaciones que heredarán el país.” Disponible en link:

https://www.elespectador.com/opinion/retorno-la-realidad-columna-726325

https://www.elespectador.com/opinion/retorno-la-realidad-columna-726325






9

medida ciudades de la Costa Atlántica como Santa Marta y Barranquilla, compiten como centros

de acumulación.”5

La violencia sistemática y la amenaza de aplicación de la fuerza, es un concepto central de la razón

de Estado. La violencia es por definición un instrumento, para la imposición legal o ilegal; legítima

o ilegítima de dominación política y militar de la voluntad general; pero puede, en caso de

regímenes no democráticos, convertirse en un instrumento de abuso del poder. La capacidad de

aplicación de la fuerza armada, es la base de la sustentación normativa y del Estado social de

derecho y de la jerarquía de las decisiones públicas territoriales.

En términos militares, exclusivamente, se denominaría control y aseguramiento armado territorial;

de ahí que cuando no prima la autoridad pública y estatal, los conflictos se polarizan y expresan en

forma violenta y con la fuerza armada, se generarían, entre otros, los fenómenos disociativos y

fragmentadores de la integración comunitario y societal, de la victimización y desplazamiento de

la población, pérdida de garantías sociopolíticas y jurídicas del desarrollo convencional, la

deslegitimidad del Estado y de la fuerza pública.

Con el predominio del conflicto armado territorial y la apropiación de facto de los recursos

estratégicos –agua, suelo, subsuelo, es improbable el acuerdo y convergencia sobre las reglas

comunes de definir el desarrollo territorial a largo plazo como sería el ordenamiento territorial

(OT).

En otras palabras, el conflicto armado, es la expresión física y material de una confrontación por

intereses territoriales de actores con capacidad de aplicación de la violencia y la fuerza armada,

5 Véase Primer Informe de Avance sobre el Conflicto Armado Territorial en Arauca. L. Agudelo. “regional, así como de origen

internacional invertido en proyectos considerados estratégicos.

La relación advertida entre el Departamento, a través de relaciones económicas estrechas entre municipios como Saravena, Tame y

Fortul con Boyacá y Norte de Santander, obedecen tanto a la expansión u organización estratégica de infraestructuras orientadas a

la explotación macro de la región de la Orinoquía desde el gran centro regional, así como a vínculos históricos como unidad

territorial, hasta 1911, momento en que se separa administrativamente de Boyacá.

El problema resultante por las características de las relaciones asimétricas entre el centro de poder económico y político y la periferia

regional, es la subordinación de los intereses y necesidades locales y regionales a los fines estratégicos determinados desde el centro.

En este sentido, valdrá la pena preguntar por los intereses locales y regionales construidos por los diferentes elementos que

componen la sociedad civil araucana y la relación, si existen, con los intereses del centro de poder regional y con lo que se pueda

presumir como intereses nacionales.” Pág. 4






10

que se expresa en el control de poblaciones y que coloca los territorios en un régimen de

excepcionalidad y de violación del Estado Social de Derecho.

2.2. SEGUNDA TESIS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO

ARMADO TERRITORIAL

La crisis del predominio de la institucionalización pública y estatal del desarrollo territorial

regional está orgánicamente asociada (dependiente) del desenvolvimiento de las contradicciones

(desigualdades) centro-periferia del desarrollo nacional colombiano, que es una característica

estructural y principal reto de integración y unidad nacional.6

Cuando un conflicto territorial se mantiene en el tiempo, sería estructurante (territorial) y funcional

para las áreas donde se concentra el conflicto. La confrontación armada sería activa y potencial, en

tanto habría fronteras de copamiento (cortar, golpear) y control territorial que marcarían la

distribución territorial del conflicto.

Así, el objetivo de fondo de considerar el conflicto armado dentro de un proceso estratégico de

ordenamiento territorial -departamental para el caso- como un factor de desinstitucionalización y

de anomia en la aplicación de las normas del derecho público y privado, según el estatuto

constitucional de las actividades socioeconómicas y culturales. De tal forma, que el alcance de un

análisis, caracterización y proyección del conflicto armado y de otros conflictos asociados (socio

ambientales, culturales, etc.) estaría estratégicamente orientado a buscar formas y procesos

territoriales (sobre áreas específicas de conflicto alto y medio) de regulación e institucionalización

pública y estatal bajo el imperio de la ley, de tales conflictos.

Lo estratégico del proceso de Acuerdo territorial del ordenamiento entre los actores se asocia a la

reglamentación y división del trabajo territorial departamental; que sería estratégicamente

considerado, un proceso de acuerdo geopolítico a largo plazo sobre el emplazamiento de la

población, asentamientos urbanos y áreas priorizadas para la producción agropecuaria e industrial

como de las áreas estratégicas de conservación y protección ambiental de los recursos naturales

6 Se entenderá el Estado y el Estado Nacional como una síntesis de las relaciones de poder existentes en un espacio soberano, de tal

forma que tal Nación y Estado, se derivan del grado de modernización e institucionalización de las contradicciones (conflictos,

cambios, acciones y reacciones) de las estructuras de reproducción material y cultural como de su expresión en tanto asociación

popular (democrática, liberal o conservadora) constituyente y de factores de poder predominantes.






11

renovables; que se ha definido como “Fragmentación territorial” o insuficiencia en el proceso de

integración socioeconómico departamental, que señala dos áreas separadas entre el Piedemonte y

la sabana suroriental de Arauca.

“La fragmentación campo-ciudad, siguiendo el mismo patrón de comportamiento económico del

país, Arauca sigue el movimiento disyuntivo básico para el desarrollo del capitalismo en todas sus

formas propiamente modernas. La fragmentación entre el campo y la ciudad, es evidente, por

cuanto no existe encadenamiento productivo entre las formas de explotación desarrolladas en la

zona rural, incluyendo la minería, con la creación de fuerzas productivas en los municipios.”7

En tal materia del ordenamiento territorial departamental y regional, lo fundamental a enmarcar

conceptual y estratégicamente es la “gobernabilidad e institucionalización del conflicto territorial

armado”; en tanto el desarrollo territorial sería incluyente y con derecho para todos. Gobierno de

lo público frente a lo sectorial y corporativo, incluso, los intereses particulares de comunidades

específicas.

La solución jurídica formal (estatal) del ordenamiento–desordenamiento de los territorios hace

parte de una lectura crítica del reordenamiento territorial nacional y de la distribución del poder del

Estado (descentralización – federalización) en las regiones.

El Ordenamiento Territorial (OT) es un límite formal de un lado; pero de otro, es la expresión de

la consolidación de los retos estratégicos de las territorialidades para la autonomía y negociación

local-regional republicana en el marco de un país de regiones.

La Constitución y las leyes han previsto como un derecho político, la probabilidad de resistirse

legítimamente a la violación de los derechos y de la mala gobernanza. De ahí, que estén

normativamente reguladas sus expresiones y conceptos, incluso asociado al derecho a la rebelión.8

Esto sin desconocer, que no necesariamente el Estado sea una síntesis plenamente democrática

7 Ibíd. Primer Informe de Avance. L. Agudelo. Pág. 8

8 Por lo demás, la jurisprudencia constitucional señala que es un derecho civil y ciudadano que el pueblo tiene derecho a no dejarse

discriminar en sus garantías fundamentales; a no ser obligado a actuar por la fuerza; a reclamar por las injusticias o inconsistencias

del gobierno, y a protestar por la ilegitimidad del mismo, pero siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y

legalidad. En este sentido, en el ordenamiento jurídico penal vigente, la noción de delito político es central, en tanto la Constitución

y la ley lo consideran como infracción privilegiada, lo cual implica una serie de consideraciones especiales a su alrededor, cuales

son “la posibilidad de la concesión del beneficio de la amnistía o indulto general” y “existen muchos mecanismos que protegen los

derechos fundamentales de los particulares cuando estos resulten amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier

autoridad pública; contra la que se puede entrar a reclamar siguiendo el camino constitucional sin necesidad de imponer de ninguna

manera ni legitimar la fuerza que conlleva a la violencia."






12

como expresión organizada de la sociedad. En tanto, conceptualmente, el Estado y el Estado

Nacional son síntesis de las relaciones de poder existentes objetivamente en un espacio soberano,

de tal forma que Nación y Estado, se derivan del grado de modernización e institucionalización de

las contradicciones (conflictos, cambios, acciones y reacciones) de las estructuras de reproducción

material y cultural, como de su expresión en asociación popular (democrática, liberal o

conservadora) constituyente y de factores de poder predominantes.9

2.3. TERCERA TESIS DE CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

TERRITORIAL

El poder político y militar, sobre la base del poder de las estructuras de reproducción material y

cultural de las naciones como un campo relacional con clases y bloques hegemónicos en constante

contradicción y movimiento (Poulantzas, 2005).10 Con sus complementos posteriores como el

desarrollado por Jessop (2014)11, que alude a tal “enfoque estratégico-relacional (EER)” del poder

y del Estado. Desde la sistematización social, se podría confirmar también tal enfoque

metodológico de la totalidad de lo relacional del poder territorial con los conceptos de la teoría de

la acción comunicativa (Habermas, 1999) o más ortodoxamente y creativamente con el concepto

de constelación (Adorno, 1994)12.

En cuanto a la violencia o el conflicto, es necesario precisar que el concepto de violencia -funcional

y estructurales una expresión sociopolítica, que se expresa de varias formas y maneras,

diferenciando los instrumentos utilizados. Una cosa sería la violencia armada y física, con un pie

de fuerza expreso y tangible que la aplica; y otra, la violencia simbólica, violencia socioeconómica,

9 Desde una perspectiva crítica, parte de la conflictividad territorial nacional y regional está en la limitación del derecho a la

formalidad jurídica liberal, sin profundizar en los conceptos de derechos de justicia social obligatoria, paz como prerrequisito de la

razón del Estado, y pleno derecho del uso de las libertades públicas e individuales. De ahí, la importancia de los consensos sobre

las imposiciones, así ésta última sea en nombre de la paz y del desarrollo nacional. En otras palabras, la preeminencia de lo general,

común e incluyente, como fundamento de lo patriótico y de lo constitucional.

10 Poulantzas, N. Estado, poder y socialismo. Siglo XXI Editores. 1979

11 Jessop, B. El Estado y el Poder. (2014)

12 Vale subrayar que la sociología clásica (Weber) ya precisó un carácter constitutivo del Estado: el interés de asociación política

de una comunidad particular en un territorio soberano.






13

sicológica y cultural. Vale decir, que uno de los costos socioculturales y por supuesto económicos

y políticos más severos de la violencia armada y la aplicación de la brutalidad13.

La noción de legalización e intervención pública o estatal de los conflictos, de la “resolución de

conflictos”, se sustenta en el reconocimiento para las partes del imperio de la justicia y de la ley.

De la consideración como matriz común del acuerdo, de ideas concertadas sobre los conceptos de

justicia, verdad y reparación, por ejemplo. En este sentido, es un referente normativo específico

del marco legal de la paz y el Acuerdo general con las FARC, la suerte de decretos que regulan su

aplicación. (Presidencia de la República, 2017) 14.

13 Para efectos de diferenciación conceptual, se propone diferenciar la violencia -abundancia de fuerza- como ocurre en la naturaleza

con el acto de nacer o con la cadena trófica, o el conflicto como confrontación y disputa; y otra, la aplicación bruta de la fuerza y la

sevicia por fuera de los canales “de la legalidad internacional de los conflictos y el derecho humanitario” como herramienta de

guerra y destrucción deliberada.

14 DECRETO 903 DEL 29 DE MAYO DE 2017

"Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP".

DECRETO 902 DEL 29 DE MAYO DE 2017

"Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en

materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras".


"Por el cual se adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016 y se dictan

otras disposiciones".


"Por el cual se prorroga la duración de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de

Normalización (PTN).


"Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes

de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016".


Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de

las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos

humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la

implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas

como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su






14

conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de

la entidad y se dictan otras disposiciones.


"Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y

se dictan otras disposiciones".


"Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-".


"Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política".


Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable V Duradera.


"Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET".


«Por el cual se crea un régimen (sic) transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a

nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)>>.


"Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 en lo relacionado con el proceso de restitución de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del lCBF, desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final para la

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".


«Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social

Rural».


"Por el cual se adiciona un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991".


"Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia".







15

"Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".


Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería ya la explotación de hidrocarburos

en la forma de pago de obras por impuestos.


«Por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente

en zonas afectadas por el conflicto armado».


Por el cual se designa un representante del Gobierno nacional ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la

Implementación del Acuerdo Final.


Por el cual se designan los miembros del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz (FCP).


Por medio del cual se crea la visa de Residente Especial de Paz.


Por la cual se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública,

financiado por Fondetec preste servicios de defensa técnica a los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública en el Sistema

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.


Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e

inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones.


Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de

la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017.

DECRETO 691 DEL 27 DE ABRIL DE 2017

Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto

por el "Fondo Colombia en Paz (FCP)" y se reglamenta su funcionamiento.


Por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de menores en caso de acuerdos

de paz, y se dictan otras disposiciones.






16

Teniendo expresamente claro que esencialmente la estructura de reproducción del conflicto armado

y los problemas de seguridad, son expresión de la dinámica territorial que expresa las tensiones y

conflictos, sociales, económicos, culturales e institucionales de la apropiación territorial con poca

o mínima regulación e intervención del Estado y de la disputa del poder, por parte de fuerzas ad

hoc o para-institucionales.

Las dinámicas territoriales, son de por sí, en tanto expresión de aglomerados de intereses entre

sectores diferentes, conflictivas, pero no necesariamente violentas y menos, armadas. De ahí, que

territorialmente aparecen tanto las fuerzas legales, ilegales y las deliberadamente contra-

institucionales. Vale decir, que el concepto de soberanía es el imperio del Estado y la ley en un

territorio; de tal forma que el concepto de “seguridad territorial y monopolio legal de la fuerza” es

una competencia inequívoca del Estado constitucional. Y por lo mismo, el derecho internacional y

nacional, define claramente que se consideraría como conflicto interno.

En cuanto a la definición de conflicto armado, su principal identificación es que tiene una

organización o grupo con expresa organización táctica y estratégica (disputa del poder territorial y

recursos humanos, logísticos y financieros para ello) para la confrontación en tanto factor de poder

tangible. La criminalidad convencional es una forma de conflicto armado, empero, se encuentra

como un factor individualizado y disperso; el carácter organizado y con principios auto-regulados

de acción son lo central: unidad de mando, disciplina y coerción interna de cumplimiento y

seguimiento15.


Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.


Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.


"Por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y No Repetición (SIVJIRNR)".

15 Así en la identificación de los factores de poder -grupos de interés, actores claves, representación de la autoridad legal, etc.,.-

habría que considerar cuáles directa o indirectamente se expresan mediante la fuerza armada: la institucionalidad legal como fuerzas

armadas del Estado, los grupos paramilitares y para-institucionales, los grupos subversivos o insurgentes, y los grupos al margen

de la ley con propósitos autónomos del crimen organizado y no organizado (Bandas, pandillas, delincuencia común). Vale precisar

que se entendería factor: “el que hace que…” del (factum) el hecho y sus efectos; y del hacer (facere) que implica el actor, esto es,

el que realiza la acción; el (actus) literalmente el que conduce la acción.






17

Así, según el “estado” del conflicto interno o de la confrontación interna en el territorio nacional,

habría varios “procesos de paz” entre el Estado con los actores organizados de tales conflictos

armados. Una cosa sería entonces los “procesos de paz” y otra, un “estado de paz”16.

De tal forma que un territorio –departamento o región- según sus particulares procesos o dinámicas

territoriales, expresa una tipología particular de conflictos de varias clases; y que son expresión de

la correlación o intercambio de los factores reales de interés y de poder territorial unas veces como

unidad de criterio y de identidad; y otros, como posicionamientos y confrontación armada, según

sea la capacidad instalada de emplazamiento de la justicia y los mecanismos de resolución de

conflictos institucionales. Independiente, de la formalización de Acuerdo de Paz con grupos u

organizaciones específicas, como ha ocurrido por ejemplo con las FARC.

De ahí la importancia en la teoría de la guerra, de la noción de “estado de violencia fría o guerra

fría”; de las tensiones intrínsecas posteriores a los acuerdos de paz. “Tensiones y confrontaciones”

no expresamente armadas directas, sino básicamente estratégicas, que implican manifestación de

pie de fuerza, armamento y posiciones tanto ofensivas como defensivas, y de confrontación

ideológica y sociopolítica (Connor, 2015), (Duch, 2018) o (Puchol, 2008)17.

Entonces, desde la óptica de la regulación y ordenamiento de los territorios, uso y aprovechamiento

y factores determinantes ambientales y socioculturales como económicos definidos por el Estado,

16 En esta medida, el Acuerdo General de paz de La Habana entre el Estado y las FARC-EP son un “proceso” de paz. Como igual,

ha sido el “acuerdo con los paramilitares”; o los posibles “procesos” de paz o de “rendición de los grupos BACRIM” o con ELN.

17 George Orwell, Walter Lippmann The Cold War y otros en los años cuarenta que examinan el proceso de la posguerra mundial.

https://blog.oxforddictionaries.com/2015/10/19/cold-war-origin/ De igual modo, En el campo geopolítico internacional se reconoce

que una vez superada la etapa de la llamada “guerra fría” y consolidada la “doctrina de seguridad nacional”, desde hace dos décadas

se advierte que la guerra civil y el uso de tecnología informática y comunicativa, es un escenario estratégico para favorecer la

intervención extranjera en los asuntos internos de los Estados o Naciones; denominadas, guerras asimétricas de cuarta generación,

busca estratégicamente el colapso del “enemigo” en su retaguardia civil, no en el frente de guerra directa, debilitando la potencia

militar del adversario y desestabilizando las instituciones públicas; como preparación incluso de los golpes blandos, o de la guerra

jurídica al interior de los Estados.

A propósito, de asuntos estratégicos, gestionados por vía militar, sin involucrar los Estados, están las llamadas genéricamente

“compañías militares privadas” (CMP); en los EE. UU se denominan “Blackwater” y recientemente “Academi”, a propósito de la

necesidad de una milicia privada -mercenarios- dedicada la ejecución de operaciones especiales y seguridad de países en Medio

Oriente. Recientemente, en Rusia, se prevé una ley para su legalización, pues según la Cancillería, “muchos países practican el uso

de las CMP para no comprometer a su ejército en caso de que los resultados de las operaciones militares no sean los deseados”.

Véase: https://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2013/07/monsanto-compra-blackwater-el-mayor.html o

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-empresa-provee-de-mercenarios-irak-podria-entrar-colombia. (2008)

https://blog.oxforddictionaries.com/2015/10/19/cold-war-origin/

https://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2013/07/monsanto-compra-blackwater-el-mayor.html

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-empresa-provee-de-mercenarios-irak-podria-entrar-colombia






18

la condición de legitimidad e imperio de la autoridad pública y de la ley es un pre-requisito

fundacional. No habría ordenamiento territorial ni regulación pública del desarrollo territorial, allí

donde no se imponen como predominantes, los procedimientos, funciones y competencias de las

autoridades del Estado.

Por la misma razón, dentro del análisis y caracterización del “conflicto armado” o la “violencia”

no legítima de la ley y del Estado, es necesario considerar la ilegitimidad o desviación de ciertos

representantes del Estado. Asunto que explicaría factores intrínsecos al conflicto armado, como el

combate no legal del terrorismo o los grupos u organizaciones subversivas, o de criminalidad

organizada. Del “poder de uso ilícito” o de los “falsos institucionales” como serían los grupos para-

estatales, paramilitares y de la organización de la corrupción de las autoridades como un factor de

conflicto territorial importante.

Otro asunto, es la naturaleza o causas de los conflictos; y aquí aparece, como en toda confrontación

o guerra, que la disputa es por los recursos estratégicos, naturales o humanos, socioeconómicos y

ambientales para decirlo simplificadamente, el origen de los conflictos. Entre propiedad y

patrimonio público y colectivo de la asociación política constituyente en la Nación y los intereses

particulares o corporativos. Para el caso de Arauca, la hipótesis de la causa de los conflictos

armados, estaría en la expresión territorial que tiene la categoría de la apropiación o distribución

de tierras para las actividades económicas tanto tradicionales llaneras (ganadería-agrícolas) y de

territorios indígenas, de las áreas de reserva y protección ambiental y forestal condicionadas

legalmente por el Estado y la ley y la modernización y tenencia de la tierra para la explotación

industrial minero energética y agroindustrial; incluso, para los cultivos ilegales como la coca y

demás.

Por otra parte, consustancial a la noción de conflicto territorial armado, aparece como necesaria la

consideración de la categoría de cambio territorial. La noción de conflicto, tal como se ha descrito

en su contenido etimológico, haría parte del proceso histórico evolutivo o revolucionado de la

realidad territorial. Una derivación lógica y dialéctica del desarrollo o desenvolvimiento de las

estructuras económicas, como socioculturales y políticas. Así, el poder territorial y el poder en lo

territorial se expresa también en movimiento contradictorio y a ritmos de disputa y contradicción

(conflicto) entre la diversidad de fuerzas (actores) endógenos y exógenos.






19

2.4 TESIS SÍNTESIS

De ahí la importancia del enfoque integrado y sistémico territorial (construcción socioeconómica

y cultural de territorios y territorialidades) para considerar el cambio y el conflicto, como una forma

del cambio territorial. Vale precisar que resultaría comprensible, la diferenciación de intereses y

de propósitos por parte de los grupos y actores claves del desarrollo territorial araucano. Tales

intereses se expresan en efecto en el territorio; con perspectiva de tensión y resolución según la

capacidad organizativa y estratégica de cada sector de interés estratégico y la movilización frente

a los acuerdos territoriales resultantes del ordenamiento territorial. Estos factores de poder

concreto, que en algunos casos se expresan mediante la fuerza coercitiva de las armas, intervienen

en las decisiones públicas y en la planificación del desarrollo directa e indirectamente. En

consecuencia, los actores clave del conflicto armado territorial influyen positiva o negativamente

sobre las decisiones sectoriales y del desarrollo territorial regional y local.

El conflicto armado territorial, en consecuencia, sería un factor territorial a considerar en el

diagnóstico y formulación de estrategias de desarrollo territorial a largo plazo. Y tarea de la

institucionalidad seccional, en tanto representan la síntesis política y administrativa del status quo

territorial y encargados como autoridades legales de la planificación, inversión y la gestión de las

dependencias del Estado tanto ejecutivas (gobierno), legislativas (Asamblea), judiciales y de

control fiscal y disciplinario. En otras palabras, constitucional y legalmente, por jerarquía

normativa, el Ordenamiento Territorial (OT) es la expresión instrumental de la capacidad

monopólica de decisión política pública del Estado para la regulación de las competencias del poder

público en el territorio; de tal forma, que el OT es una herramienta fundamental de geopolítica y

de la economía política nacional-regional, y por tal razón, parte del conflicto político y corporativo

extra-departamental, incluso, internacional.

Por otra parte, estructuralmente, (cualidad de la cantidad y cantidad de la cualidad) el conflicto y

contradicción territorial y armada en particular, tienen que ver con los ritmos y velocidades de tales

cambios territoriales o del entorno y con el aparecimiento de nuevos intereses estratégicos

territoriales (recursos naturales, del subsuelo y de la concentración de la inversión pública). La

apropiación territorial por parte de las comunidades y de los agentes de cambio, que se expresa

históricamente como una parte del proceso de integración y unidad nacional colombiana, explica






20

las proporciones y el nivel de modernización instrumental o complejidad de los factores y actores

del poder territorial regional18.

De ahí que hacen parte, directa e indirectamente vinculados con el conflicto armado territorial y a

la gobernabilidad territorial departamental, el complejo de expresiones organizadas de interés

político: los partidos, movimientos y organizaciones políticas, gremiales, sociales o culturales de

orden nacional, regional y local.

En términos de competencia, según la estructura de la función pública y el Estado, la planificación

le corresponde al Ejecutivo (Gobiernos nacional, seccional y local) y la aprobación a las

corporaciones públicas (Congreso, Asambleas y Concejos). El ordenamiento territorial y la

planeación del desarrollo, son procesos complejos de decisión política, de acuerdos sobre

estrategias y visiones de desarrollo territorial, formalizado o normalizado con disposiciones

técnicas y legales específicas.

Juega un rol igualmente complejo, como estimulador del conflicto, la economía ilícita del tráfico

de base y coca, tráfico fronterizo de mercancías y bienes agropecuarios y de la madera y, por

supuesto, de acaparamiento o apropiación ilegal de predios. No obstante, son factores de economía,

en donde todos los bandos en disputa, tienen vinculación e interés, de tal forma, que una vez

superado el conflicto y la confrontación armada, hipotéticamente se verán morigerados tales

factores de soporte de rentas y logística de la guerra.

Finalmente, aunque el conflicto y los análisis privilegian la capacidad de los actores claves del

conflicto territorial y en particular del conflicto armado, sería un capítulo por profundizar, la

consideración de impactos directos e indirectos en la población y de la identificación más concreta

de las víctimas en la perspectiva de la verdad, justicia y reparación. Esto, en tanto, la violación de

los estándares jurídicos internacionales de las confrontaciones armadas, implica que la noción de

crímenes sea de lesa humanidad. En “derecho internacional” en la guerra interior, o guerra semi-

civil categóricamente debería estar por fuera la población. Violencia sistemática, armada en virtud

del control territorial y de las poblaciones que implica no reconocer como legítimas nociones como

18 En el cambio, el ritmo, generalización y “velocidad” del tiempo y el espacio, resultan cruciales. De ahí que hablando de

velocidades, sería revolución, evolución o regresión de factores reales de poder - (recordar la tesis marxiana de Poulantzas del

“campo (territorio) relacional del poder)- del “rollo” araucano y regional es el despliegue de las estructuras socioeconómicas y

socioculturales sobre el manto medio ambiental particular de las montañas y sabanas inundables.






21

leyes de punto final y de “obediencia debida” en tanto no se corresponderían con las categorías de

justicia, verdad y reparación.

3. EL ENFOQUE TERRITORIAL, INTEGRADO Y SISTÉMICO DEL CONFLICTO

ARMADO COMO EXPRESIÓN DEL GRADO DE MODERNIZACIÓN Y

DESARROLLO DEPARTAMENTAL.

La importancia del enfoque territorial, integrado y sistémico del conflicto armado, facilita la

consideración de inferencias y proyecciones de lo que son la expresión fáctica de eventos y

confrontaciones armadas y demás elementos asociados directamente, como el desplazamiento, la

extorsión y demás criminalidad de facto.

Como se señaló en los informes preliminares, para la caracterización del conflicto armado

territorial se ha considerado que “El elemento teórico propuesto y fundamental, es la consideración

del Departamento de Arauca como territorio Integral. En este sentido, los elementos que se

enunciarán a continuación, estarán orientados no solo a la caracterización de los aspectos

socioculturales, que se aproximarán a la necesaria lectura relacionados entre cada uno de ellos, no

como fenómenos aislados, sino como parte de un todo que se configura como región, tanto

problemas, así, como en lineamientos para sus posibles soluciones.” (Agudelo, 2018, pág. 3)19

Se ha propuesto, según el enfoque, un método de caracterización del conflicto armado territorial,

dentro de la matriz del inter-relacionamiento y confrontación entre modernidad vs tradición

socioeconómica y cultural, como causa de conflictos socioculturales y políticos. Esto es, que la

pretensión de la utilización de las herramientas de regulación y ordenación del territorio, pasa por

la aceptación de un proceso estratégico de resolución de los conflictos y contradicciones

territoriales en tanto expresiones síntesis de la institucionalización del mismo.

19 “La configuración del Departamento a partir de relaciones asimétricas, históricamente constituidas desde la zona Andina

Colombiana, fundamentalmente desde Bogotá, Boyacá y Norte de Santander” … “La relación advertida entre el Departamento, a

través de relaciones económicas estrechas entre municipios como Saravena, Tame y Fortul con Boyacá y Norte de Santander,

obedecen tanto a la expansión u organización estratégica de infraestructuras orientadas a la explotación macro de la región de la

Orinoquía desde el gran centro regional, así como a vínculos históricos como unidad territorial, desde 1911, momento en que se

separa administrativamente de Boyacá.” Ibíd. Informe preliminar Conflicto Armado. L. Agudelo. Pág. 3






22

En otras palabras, el ordenamiento y la planificación estratégica del desarrollo territorial araucano,

teóricamente debe prever la inclusión de las fragmentaciones y contradicciones territoriales, como

una oportunidad de resolución de los mismos.

El conflicto territorial, sería entonces expresión de la ausencia de convergencia y acuerdo

estratégico de actores regionales frente al cambio socioeconómico, cultural e institucional; y de

una manera más precisa por el nivel de integración y participación de la población en el capital y

renta pública y privada generada territorialmente. La matriz de intereses estratégicos, cambia con

la introducción de nuevos procesos socioeconómicos y culturales, que tendría expresión territorial

subregionalizada, y en este punto, puede haber ausencia de conflicto armado, por el predominio de

la función coercitiva y de justica legal existente; pero no sería necesariamente, ausencia de

conflicto territorial, en tanto, este está asociado a la justicia social y la redistribución equitativa del

desarrollo territorial.

La diferenciación territorial del desarrollo regional implicará a su vez, una alta correlación con las

áreas frontera interna entre espacios del conflicto territorial y armado; y a su vez, permitiría prever

a largo plazo alguna suerte de estrategia de resolución territorial de los conflictos mediante la

adecuada “ordenación” o regulación de una mayor integración territorial, esto es, de distribución

equitativa del desarrollo entre las subregiones integradas y las marginales.

Vale decir, que un enfoque territorial del conflicto, señalaría que el objetivo estratégico del control

y copamiento armado de los territorios, es una necesidad estratégica del mismo; sin control

territorial y sin la amenaza prevalente de la aplicación de la fuerza armada no existiría un conflicto

estructurado territorial, sino eventos conflictivos. Es decir, el control territorial de áreas de

influencia y zonas de confrontación, son intrínsecas al conflicto armado territorial.

A su vez, la disputa por el control de territorios y comunidades se da en tanto la estructura o base

material que soporta la reproducción del conflicto armado, está en el control de flujo de bienes y

servicios como de personas en un área territorial específica; y es al mismo tiempo fuente, de la

financiación del conflicto territorial armado. Es decir, desde una caracterización objetiva del

conflicto armado territorial, las “bases socioeconómicas” territoriales son la estructura de soporte.

También, como parte de la estructura de reproducción del conflicto armado –y por ende su posible

solución territorial- está en que la permanencia del conflicto armado mismo, se convierte en un

factor de cambio sociocultural y político que niega la resolución normativa e institucionalizada de






23

los conflictos territoriales. De tal forma, que el control armado territorial, es a su vez, por sí mismo,

en términos simbólicos o expresivos, un factor sociocultural del conflicto (Noguera, 2016).20

4. EL “MOTOR” NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO

TERRITORIAL Y ARMADO EN ARAUCA

La característica estratégica y de la jerarquía existente de las organizaciones (grupos) que lideran

la confrontación armada territorial en Arauca, entre las fuerzas regulares del Estado, la insurgencia

y los grupos paramilitares, hace visible que con algunas pocas diferencias, la orientación estratégica

de la confrontación, tenga origen y naturaleza nacional y no regional.

En este sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado que los “asuntos nacionales”

del conflicto se concentraron en el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el

reclutamiento forzado; desde aquí se entenderían los fenómenos más o menos regionalizados como

las masacres.

Vale decir que se reduce en algunos análisis la estructura de la conflictividad socioeconómica y

armada en Arauca, al aparecimiento de la explotación y renta petrolera y que tal predominancia de

rentas e inversión, movilizó los focos y fronteras del conflicto armado interno departamental.

Si bien, éste es un factor determinante de la polarización y disputa territorial armada y una fuente

de autofinanciamiento de la confrontación de parte y parte, de la subversión como de las fuerzas

del Estado -guarniciones y brigadas específicamente de cuidado de la infraestructura petrolera-, la

cuestión del conflicto armado territorial no sería un producto “interno” y dependería sobre todo de

la unidad de mando de las estructuras del conflicto de carácter extra-regional.

Como ya se ha señalado: “El problema no radica en la naturaleza de estos recursos (petroleros),

sino, en la posibilidad de generar valor agregado, creación de fuerzas productivas, reproducción y

20 De ahí que el enfoque de la Unidad de Víctimas (UARIV) para las reparaciones colectiva, como el caso de la UP en Arauca o de

la ANUC, se sustenta en un Plan Integral de Reparación que alude en primer lugar a la “reparación simbólica” (monumentos en

lugares emblemáticos), la económica que alude a infraestructura agropecuaria y la social, que se refiere a “los mecanismos políticos

para que la organización se fortalezca y se vuelva la principal interlocutora entre los campesinos y el Estado”. Véase

https://colombia2020.elespectador.com/pais/esta-seria-la-primera-reparacion-colectiva-de-una-organizacion-campesina-en-el-

mundo

https://colombia2020.elespectador.com/pais/esta-seria-la-primera-reparacion-colectiva-de-una-organizacion-campesina-en-el-mundo

https://colombia2020.elespectador.com/pais/esta-seria-la-primera-reparacion-colectiva-de-una-organizacion-campesina-en-el-mundo






24

cualificación de fuerza de trabajo, todo orientado al desarrollo de mercado regional y sus posibles

articulaciones con el mercado nacional y mundial. Expresión de lo mencionado, es la precariedad

en la generación del PIB a 2013, éste en el Departamento, tuvo una variación negativa de 3,1%,

respecto al año anterior, producto del traslado de la explotación petrolera hacia otros departamentos

[…] La dependencia de procesos mineros extractivos, no se ha expresado en reproducción de

capitales productivos regionales, en general, los capitales que llegan con los distintos proyectos

extractivos se trasladan una vez se agota la fuente de reproducción, solo unos cuantos se quedan,

falta advertir, el grado de importancia de estos capitales que se localizan y su impacto en el

desarrollo social” (Agudelo, 2018, pág. 4).

De igual modo, la estructura productiva de Arauca, señala las perspectivas de crecimiento, teniendo

en cuenta el declive de la producción minero energética: Según Sarmiento (2015) actualmente, en

cuatro sectores se sostiene la economía araucana: minero-energético, agropecuario, construcción y

gobierno-servicios. Estas actividades económicas concentran cerca del 90 por ciento del PIB.

Estadísticas DANE cuentas departamentales, 2013. Recuperado de: (Sarmiento, 2015)

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/12/Arauca-y-el-Petroleo-Libardo-

Sarmiento.pdf

Gráfico 1. Participación de las diferentes ramas de la economía en Arauca, 2013.

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/12/Arauca-y-el-Petroleo-Libardo-Sarmiento.pdf

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/12/Arauca-y-el-Petroleo-Libardo-Sarmiento.pdf






25

4.1 ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DE LOS ASUNTOS FRONTERIZOS DE

ARAUCA

Una de principales características de los temas fronterizos para el ordenamiento territorial de

Arauca, es que la noción de frontera socioeconómica es menos marcada, que la noción de frontera

geopolítica; esto es, que prima en el manejo de los asuntos fronterizos y de su posible conflictividad

o complejidad, de la ocurrencia de eventos más que políticas fronterizas, desde las perspectivas

nacionales que regionales.

Esto es, que la naturaleza de la construcción socioeconómica de la categoría territorial araucana,

es de por sí, como lo demuestran las identidades de orden sociocultural alrededor de la actividad

ganadera en un continuo permanente de afinidades e intercambios de parentesco desde la Conquista

y Colonia española; el poblamiento y la apropiación territorial de los piedemontes del Apure y de

Arauca, tienen identidades bien marcadas más que diferencias. Que ocasionalmente, se sufren

rupturas, no históricas, sino dependiendo de la política exterior binacional.

Entre los antecedentes significativos está la separación de Venezuela de la Gran Colombia y la

disputa de fronteras que se mantuvo a lo largo del siglo XIX condensado en el Laudo Español de

1891, reconfirmado con el arbitraje suizo en 1924 y que se formalizó plenamente hasta bien entrado

el siglo XX con el tratado de 1941, justo en la compleja época de la Segunda Guerra mundial que

le generó demandas de abastecimiento de materias primas especiales a los países en confrontación,

como el caucho y el petróleo. De igual modo, el acento de diferencias limítrofes, fueron sobre todo

marcadas, por los conflictos al interior de los regímenes políticos nacionales, sobre todo en

Venezuela con la dictadura de Juan Vicente Gómez (1909-1935), que entre otras cosas generaba la

institución clásica del contrabando de bienes y servicios a un lado y otro de la frontera, que para el

ganado, la principal actividad económica, utilizaba mayormente la vía por San Cristóbal a Cúcuta

y en menor medida, la travesía hacia Villavicencio. De tal época, es que se encuentra el antecedente

de la agricultura campesina del piedemonte en las tierras aptas de Arauquita y Saravena (Rausch,

2003).

Vale decir, como lo señala sistemáticamente Rausch21 (2003), que la ampliación de la frontera de

los “Llanos” entonces no tuvo cambios fuertes, pese a que la introducción europea de tales

territorios, tiene un pasado religioso y colonial desde los siglos XVI en adelante; en efecto, hay un

21 Rausch, J. (2003) Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos. Editorial Universidad de Antioquia.






26

antecedente interesante que lo verifica, y es que la capital de Arauca, Santa Bárbara fue en realidad,

la evolución histórica venezolana y fundada por ellos, en razón de la dinámica de los conflictos y

revueltas al interior de Venezuela; cuestiones que marcaron algún tipo de preocupación más militar

que social por parte de los gobiernos colombianos a cargo del entonces “Departamento de

Territorios Nacionales” DTN y a través de la Dirección de Intendencias y Comisarías (Rausch,

2003, págs. 230-231-247)22.

Sólo hasta los procesos republicanos de mediados de siglo XX, la solución de los temas críticos de

la llamada Violencia de los años cincuenta. Más en detalle, en el proceso de desarrollo territorial

araucano, priman sobre todo, los factores de integración e identidad cultural tradicional y

vinculados a la economía ganadera, entre ambas “fronteras” como un asunto de notable estabilidad,

solo modificada ocasionalmente por las cuestiones de presencia de rebeldes, por la inestabilidad

política típica de Venezuela, donde contaban con mejores salarios y una propuesta de

repoblamiento de Apuré con ofrecimiento de tierras y herramientas dada la capacidad fiscal por su

renta petrolera, y con la precaria respuesta coyuntural de aumento de presencia de policía,

promoción de la carretera del Sarare, de colonización espontánea, de algunas escuelas, de

herramientas y de medicinas como de nacionalismo colombiano.

Empero, para los primeros cincuenta años del siglo XX el territorio Araucano era remoto, con

grandes problemas de salud pública (malaria, anemia tropical, tuberculosis, disentería y

enfermedades de transmisión sexual, calor y humedad altas), pero cuya atención estatal dependía

de los temas fronterizos; sobre todo, vale decir, con el Amazonas en virtud de los conflictos

territoriales con el Perú y aislado por vía terrestre de la Capital del País; en suma, a los márgenes

22 “Sin embargo más importante para el desarrollo de Arauca que los misioneros, fue la llegada en 1780 de dos hombres de Barinas,

Venezuela, Juan Isidro Daboin y Antonio Useche, que cruzaron el río Arauca para fundar la ciudad de Arauca. Rápidamente se les

unieron otros venezolanos y el pueblo creció gracias al intercambio con Venezuela.” … “a lo largo del siglo XIX ciudad de Arauca

siguió siendo el principal puerto colombiano sobre una vía fluvial que conducía al Orinoco y en 1930 su población había aumentado

a 2.500 personas, de las cuales se estimaba que 70% eran venezolanas”. Ibíd. Pág. 230 y 231. Vale decir, que la población de toda

Arauca, en 1928 era de 12.683 personas y en 1951, casi igual, de 13.221 personas. Pág. 247






27

del país, con muy poca colonización, la cual se intentaba promover infructuosamente con familias

desde la zona andina23.

Un elemento analítico importante del proceso de construcción territorial de Arauca y la Orinoquia

ha sido históricamente, la propuesta de la llamada República liberal de los años treinta que duró

década y media, con preeminencia de López Pumarejo, que además de la promoción del desarrollo

agropecuario y aplicación de ley 200 de tierras, decidieron una estrategia de desarrollo de la

frontera oriental, a través de estrategias de apertura vial, con prioridad hacía Puerto López Meta

(1938) (llega a Villavicencio la carretera en 1936) y el Vichada, un mercado incipiente de

transporte por el río Meta y un sostenido transporte aéreo por la compañía Alemana de Scadta, que

retira los pilotos alemanes y se convierte en Avianca, en virtud del acuerdo del Gobierno

Colombiano (Eduardo Santos) con el Gobierno Norteamericano en el marco de la segunda guerra

mundial.

En tal periodo liberal, Arauca era una Comisaría (segregado de la Provincia de Casanare en 1911)

y el Meta una Intendencia, pero no advirtió un desarrollo significativo, con la economía ganadera

y la colonización estable o estancada; tanto que se llegó a considerar a Arauca y Vichada más como

“fronteras occidental de Venezuela que como la lejana frontera oriental de Colombia” (Rausch,

2003, pág. 344).

Pero en resumen para la mayoría de historia territorial, Arauca sigue atado a la estructura

productiva modificada en el uso y aprovechamiento del suelo, que se sustentó en los años cincuenta

con la colonización dirigida y de reforma agraria de la Administración Lleras Restrepo en el

Piedemonte, con el propósito de pacificar la Época de La Violencia y cumplir los compromisos de

la entrega de armas de las Guerrillas liberales del Llano, que tuvieron un rol protagónico en toda

las sabanas de la Orinoquia y el norte de Caquetá, y solo la espera de algún boom extraordinario

cambiará tal dinámica lenta de desarrollo (Gallón, 2018)24.

23 No obstante, en la medida que avanzaba la colonización de tierras, se empezó el desplazamiento de comunidades indígenas y del

conocido conflicto interno entre ganaderos con Cuivas y Guahibos, por hurto de ganado y asaltos, que terminó en la conocida

práctica de “cacería” literal de indígenas; hurto del ganado (abigeato), que por lo demás, que una práctica generalizada también en

Casanare, que se sustentaba en la convención de la “ley del llano” de que el ganado sin marca pertenecía a la sabana donde pastaba.

24 Gallón, G. 2018. Lectura del Informe de la Comisión histórica sobre el conflicto (12 miembros): Gallón, Gustavo. Director

de la Comisión Colombiana de Juristas. “La exclusión política se habría percibido en el apartheid partidista establecido por el Frente

Nacional, el bombardeo de Marquetalia en 1964 y la política contrainsurgente inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional

(estado de sitio, grupos paramilitares, enemigo interno). Ello habría estado precedido y nutrido en la primera mitad del siglo pasado






28

Efectivamente, dado el cambio abrupto del déficit marcado de aumento de la economía y de la

productividad agropecuaria, que solo se ve, radical y artificiosamente modificada en términos de

desarrollo territorial, por el aparecimiento del boom petrolero de Caño Limón, explotación que se

buscaba desde la exploración de las sabanas de Villavicencio en los años veinte y pasando luego

hacia en la década siguiente a Casanare y Arauca.

Los últimos setenta años, han significado, sobre todo, un aumento de las demandas insatisfechas

de una población que no puede ser adecuadamente atendida con los recursos propios, y que en

virtud de la renta exponencial de regalías, se le traslado desde el nivel nacional y por parte de las

políticas públicas del Estado, a las comunidades regionales y sus “líderes”. Cuestión que explica,

la licuadora y la ausencia de partidos y organizaciones propiamente regionales consistentes que

han sido copadas por las dinámicas de manejo político electoral, de los partidos políticos con

predominio andino.

El hito de apropiación y poblamiento posterior a la colonización dirigida del Sarare, pero más

categórico y determinante territorial, fue el petróleo. Así, estructuralmente, el principal conflicto

interno araucano, estaría pues focalizado en la utilización pragmática del territorio, como coto de

explotación industrial del petróleo, y soportado en la estructura de clases gamonal del

mantenimiento del predominio latifundista ganadero y algunas concesiones a la propiedad

campesina. No en un proceso de modernización económica, de mejoramiento de las capacidades

de aumento de la productividad y la diversificación productiva y del empleo, con introducción de

por un intenso sectarismo ideológico y religioso y arraigadas prácticas violentas, como la Guerra de los Mil Días, magnicidios

(Uribe Uribe, Gaitán, Guadalupe Salcedo), escuadrones de la muerte (chulavitas y “pájaros”) y el alzamiento guerrillero de liberales

y comunistas. Finalizando el siglo, esta exclusión se habría reforzado con nuevos magnicidios, el genocidio de la UP y el bombardeo

de Casa Verde en 1990. La exclusión económica se habría manifestado en la concentración de la tierra y la resistencia encarnizada

a su distribución. La reforma agraria (Ley 135/61) tuvo lánguida aplicación, y sucumbió ante la contrarreforma (Pacto de Chicoral

y Ley 4/73). El intento de revivirla con la Ley 160/94 terminó en letra muerta, y en 2003 se proscribió incluso el concepto de

reforma agraria al eliminar el instituto del mismo nombre y crear el Incoder. Algo similar había sucedido en la primera mitad del

siglo XX contra las reivindicaciones agrarias del movimiento campesino y del movimiento indígena y la función social de la

propiedad reconocida en la Ley 200/36. El resultado ha sido la usurpación de más de seis millones de hectáreas, agravando la

inequidad social. La generación de recursos por actividades ilegales (narcotráfico, secuestro masivo) contribuyó a prolongar el

conflicto y también a degradarlo. Con la celebración del Acuerdo de Paz y la entrega de armas por las Farc, han desaparecido

además otros factores que alimentaban la confrontación violenta entre esa organización y el Estado. Pero algunos persisten, y urge

superarlos para consolidar la paz, como la concentración de la propiedad rural y la resistencia a su redistribución, así como la

actividad de grupos sucesores del paramilitarismo.” https://www.elespectador.com/opinion/democratizacion-la-clave-de-la-paz-

columna-741744 (febrero de 2018).

https://www.elespectador.com/opinion/democratizacion-la-clave-de-la-paz-columna-741744

https://www.elespectador.com/opinion/democratizacion-la-clave-de-la-paz-columna-741744






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tecnologías industriales y digitales que corra pareja con el crecimiento de la población y el aumento

de las demandas de servicios del Estado. Proceso de paz, que trataba justo de superar el conflicto

de los años cincuenta y superar la variante dictatorial de Rojas Pinilla como lo habían sido, la de

Pérez Jiménez en Venezuela.

Tal consideración estructural, implicaría el incumplimiento paulatino y sistemático de los

compromisos supuestos de la inversión y presencia estatal nacional y la debilidad de la

representación política regional; incluso, las ahora menguadas rentas departamentales de regalías,

sirvieron y siguen sirviendo de cuota de pago, de una presencia nacional débil y artificiosa.

Arauca, es un estratégico campo de explotación petrolera con economías provinciales ahogadas en

el mercado local alrededor; con comunidades migrando a las ciudades, en tanto, la estructura de

propiedad de la tierra y las probabilidades de desarrollo endógeno agrícola y de servicios en lo

urbano, asimile tales demandas. Contexto que se ve, gravemente complejizado, con la llegada de

la reciente inmigración venezolana.

Tal condición de debilidad manifiesta para la promoción de proyectos propiamente araucanos de

desarrollo y modernización, con estructuras de poder convencional sobre todo ganaderas,

arraigadas en las élites provinciales, obstaculizó por décadas la renovación económica y social

regional. En donde la cuestión del aparecimiento de la “renta guerrillera”, sirvió de excusa y causa

del modelo regresivo y conservador de manejo del desarrollo territorial araucano.

Como se ha señalado en los apartes del aparecimiento de la subversión en Arauca, y de la posterior

presencia del paramilitarismo, con la diferenciación territorial compartida con la política de

seguridad insurgente de las fuerzas armadas, configuraron zonas bien diferenciadas de fronteras

internas del conflicto. Espacialización del conflicto, que implico, por razones del uso extremo de

la violencia, comprometer comunidades urbanas y rurales que no tenían expresión armada de sus

reivindicaciones y convirtiéndose en “victimas territoriales” del mismo y que tantos pasivos de

justicia y reparación tienen pendientes.

En el marco de tal evolución, se mantuvo el esquema de utilización pragmática de los territorios

araucanos y regionales. De ahí que la expresión del conflicto armado y del tema fronterizo, rebasa

necesariamente la cuadrícula departamental. El conflicto armado y sus fuerzas orgánicas, tenían

orientación de geografía regional (Casanare-Vichada-Meta-Boyacá y Santanderes) y nacional. Con

el encuadramiento también de los regímenes liberal - conservadores en Colombia, y la revolución






30

social bolivariana, apareció un elemento adicional que utilizó la frontera como tapón y

encerramiento de las comunidades araucanas.

La frontera formal abierta, contrastaba según la memoria de eventos sucedidos en los últimos 20

años, con una frontera cerrada real. El tema fronterizo sirvió muro complementario para contener

y diferenciar la zonificación del conflicto interno. La frontera, no se convirtió entonces como pudo

ocurrir en los años cuarenta a setenta con los regímenes conservadores venezolanos en una puerta

de dinamización demográfica y socioeconómica con los vecinos paisanos, sino en una frontera

política e ideológica estratégica, cerrada.

El factor geopolítico, donde quizá Colombia no tiene la iniciativa y está estrechamente alinderado

por la política exterior norteamericana, solo tuvo el respiro que autores como De Soussa, señalan

de abandono de América Latina por los intereses estratégicos del medio oriente. Una cuestión, que

el mundo bipolar actual y con la llegada de Trump en particular, marca una vuelta a América y en

consecuencia a una nueva política de “américa para los americanos” y preocupación por atender

geoestratégicamente la influencia Ruso-China con el avance contra liberal-conservador de una

izquierda-centro en Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela.

Así pues, en cuanto a las perspectivas de los asuntos fronterizos, se destaca según el enfoque de

aproximación señalado sobre el papel suprarregional de las dinámicas políticas institucionales en

Arauca, que el fenómeno Chávez- Maduro ha modificado geopolíticamente el contexto de los

intercambios entre pobladores y economía. La principal característica como se ha reseñado,

Colombia y Venezuela, en virtud de la diferenciación política conservadora y socialista, se ha

convertido en un campo de confrontación entre los bloques de la OTAN-EE. UU versus el bloque

ruso y chino. En esa medida, el nuevo realineamiento de las fronteras políticas de los países del

sur, que modifica el anterior proceso centrado hacia la iniciativa UNASUR, implica con la llegada

de nuevas administraciones de derecha y extrema derecha en Colombia y Brasil, y la marcada

influencia norteamericana, un aumento del separatismo frente a la unificación fronteriza.

Esto explicaría el que la Agenda de la Cancillería, el relativo fracaso sociopolítico de la

reincorporación a la vida civil y política de las FARC y del aplazamiento de las negociaciones de

paz con el ELN, como el recrudecimiento del conflicto armado con una nueva estrategia de

“seguridad democrática” por parte de las fuerzas armadas, a la usanza de la época de Uribe,

señalaría una intensificación del conflicto estratégico más que el conflicto socioeconómico, pero

que tal factor, incluido inseguridad territorial y exacerbación del conflicto armado interno van a

aumentar en la Frontera. De igual, dado el aislamiento internacional de Venezuela, y el peso






31

excepcional del acuerdo Brasileño-Norte Americano, generará desde tal país fronterizo el aumento

de la tensión y dificultades de la integración socioeconómica común.

En consecuencia, se colegiría que no existe dado la lógica y el peso discrecional de la Agenda

nacional e internacional del tema fronterizo, como lo ha demostrado el asunto del manejo de la

migración venezolana y la ausencia de política exterior consistente en programas y financiación de

procesos de consolidación fronteriza con una Cancillería Colombiana sin recursos mayores y un

retraso considerable de la inversión de los proyectos de gestión institucional compartidos con el

Departamento por razones de corrupción entre otros; señalaría que lo más prudente desde la

perspectiva del ordenamiento, sería concentrar las iniciativas al fortalecimiento de la economía y

sociedad regional araucana y dejar en segundo lugar, –aunque estratégicamente deberían ser

primeros, al igual que los asuntos de integración interregional en Colombia- las perspectivas de

ordenar binacionalmente un desarrollo sostenible común.

Independiente de tratados y procesos de asociación política, las relaciones de integración fronteriza

son una necesidad incluso de los mercados comunes; y que la integración cultural y de los

intercambios, debería ser una perspectiva estratégica de largo plazo. Y que tal perspectiva, debería

morigerar las tácticas propiamente políticas partidistas que se advierten en los regímenes de

Colombia y Venezuela.

Perspectivas complicadas para la armonización de relaciones bilaterales y de mercado común

binacionales, mejor asimilación socioeconómica de la inmigración si se introduce además en las

ecuaciones de la decisión política nacional, con perspectivas a mediano plazo del factor

geoestratégico del nuevo alinderamiento bipolar global entre los bloques de la OTAN-USA y el

bloque Asiático Rusia-China, que al parecer ha colocado a Venezuela y Colombia como una de las

“cabezas de playa”. Un peso sobredimensionado en comparación de con las exiguas fuerzas e

intereses de desarrollo interno araucano, incluso de la maniobra de los grupos en confrontación

armada como el ELN y el probable reacomodo insurgente probable de parte de las llamadas

disidencias de las FARC, que castigarán más aún, la economía regional sujeta frente a la mejor

competitividad de las demás economías regionales más cercanas al consumo interno del centro del

país.






32

No se puede desconocer el hito internacional que uno el conflicto armado y la tensión fronteriza

con la adecuación del conflicto regional internacional, sobre todo para el caso de Arauca y de

Venezuela. Para la muestra la posición de los EE. UU25 es expresamente clara:

El rol de los EE.UU, que tiene entre sus propuesta incluso la intervención militar de

Venezuela para acomodar su esquina estratégica, que es refrendada en sus discursos

por el Ex presidente Uribe: “El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,

planteó la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente

Nicolás Maduro, aunque aclaró que no sabe si eso va a ocurrir.” “En la historia de

Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes

de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo

(Reuters, 2018).

25 Twit de @ivanduque: “Productiva reunión con el Secretario de Defensa de los EE.UU., James N. Mattis. Dialogamos de temas

relacionados con la seguridad del hemisferio y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. Retwit de Carlos Holmes Trujillo

@DeptofDefense: quien afirmó que, “vamos a continuar con el propósito de fortalecer una gran coalición democrática internacional

que permita avanzar en la creación de condiciones para que finalmente el pueblo venezolano pueda escoger en procesos

transparentes, democráticos y libres el gobierno que deseen tener”.

“En este punto el presidente Duque y el secretario Mattis coincidieron en la importancia continuar el rechazo hacia la dictadura, al

igual que mantener las acciones con la comunidad internacional para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.”

http://caracol.com.co/radio/2018/08/17/nacional/1534517637_402771.html

http://www.eltiempo.com/noticias/rex-tillerson

http://www.eltiempo.com/noticias/nicolas-maduro

https://twitter.com/DeptofDefense

https://twitter.com/DeptofDefense






33

Imagen 1: Seguridad en América, el tema de discusión entre Duque y Mattis. Recuperado

de: https://www.kienyke.com/politica/seguridad-en-america-el-tema-discusion-entre-

duque-y-james-mattis

En pleno proceso de paz colombiano, señalaba el propio secretario de estado de EE.UU. Rex

Tillerson en febrero de 2018:

Es un problema real (la migración) y tiene el potencial desestabilizar a Colombia y

es por eso que seguir adelante con la implementación de los acuerdos es tan

importante para que no se desarrolle una nueva área de inestabilidad y las partes

regresen a sus esquinas y terminemos donde arrancamos (Gómez, 2018).

No obstante, para contrastar y comprender de paso, la réplica venezolana y los vínculos cada vez

más crecientes con Rusia y China, factores estratégicos del poder global y que señalarían

restricciones a la idea mecánica de socavar la seguridad de la frontera desde Colombia, se puede

citar la posición de la cancillería rusa; cuestión fundamental de considerar la influencia y los

programas del Gobierno norteamericano sobre ésta parte del continente.

https://www.kienyke.com/politica/seguridad-en-america-el-tema-discusion-entre-duque-y-james-mattis

https://www.kienyke.com/politica/seguridad-en-america-el-tema-discusion-entre-duque-y-james-mattis






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Recientemente el Canciller ruso Lavrov S. en la conferencia anual 2018 sobre las relaciones

exteriores en Moscú, hace mención estratégica al respecto:

Desafortunadamente, nuestros colegas estadounidenses y sus aliados siguen

apostando por imponer su voluntad y plantear ultimátums como su único modus

operandi y desoyen la opinión de otros centros de la política internacional, negándose

de esta forma a reconocer la realidad de un mundo multipolar que está surgiendo.

Los métodos a los que recurren para contener a sus adversarios son en su mayoría

bastante cuestionables y desleales y destacan por su gran variedad, desde el

despliegue del escudo antimisiles global hasta las sanciones unilaterales, la

aplicación extraterritorial de su legislación nacional y, como ya he dicho, las

amenazas de solucionar cualquier problema internacional sólo a través de su propio

guión y practicando el principio del ’todo vale’, incluido el uso de una ruda fuerza

militar. Como resultado, estamos ante la devaluación del derecho internacional, el

debilitamiento del papel de las instituciones multilaterales y la apuesta de un número

cada vez mayor de países por el incremento del poderío militar, opción en la que ven,

en el contexto actual, casi la única garantía de preservar su soberanía.

Se ha creado un mecanismo de diálogo y cooperación con la CELAC. Hace 1.5 años

representantes del “cuarteto” CELAC acudieron a Sochi, donde aprobamos una

“hoja de ruta” para el fomento de la cooperación. Estamos en contacto con otros

organismos subregionales del continente latinoamericano, incluidos el ALBA, el

MERCOSUR, la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración Centroamericana,

habiendo solicitado Rusia el estatus de observador extrarregional en éste último.

Indudablemente, tenemos relaciones bilaterales bastante bien desarrolladas con

todos los países latinoamericanos, sin excepción alguna. Son más o menos intensas,

depende del país concreto, pero el diálogo sí que lo mantenemos con todos.

El intercambio comercial entre América Latina y Rusia, si no me equivoco, ha

superado ya los 10.000 millones de dólares. Está compuesto, en primer lugar, por

productos de alta tecnología, acuerdos en la esfera técnico-militar y espacial,

incluido el apoyo terrestre del sistema ruso GLONASS, la energía nuclear y muchos

otros aspectos (Lavrov, 2018).






35

5. CASUÍSTICA Y EXPRESIÓN FENOMÉNICA DE LA ESTRUCTURA DEL

CONFLICTO ARMADO TERRITORIAL.

La evolución del conflicto armado en el Departamento de Arauca, tienen como

característica fundamental el control del territorio por parte de las organizaciones

guerrilleras, en este caso siendo el ELN y las FARC-EP quienes lograron, por lo menos por

un tiempo, fortaleciéndose en el territorio mediante las extorciones a compañías petroleras

y el aprovechamiento de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, la presencia de estas dos

organizaciones disminuyó sustancialmente debido a dos factores en la década del 2000: 1.

La penetración paramilitar y su consolidación, y, 2. El reforzamiento de la acción militar

del Estado. La entrada del paramilitarismo llevó a un incremento sustancial de la violencia

en el departamento, acompañada de sistemáticas agresiones contra la población civil,

desplazamientos forzados y homicidios selectivos, todo esto como mecanismos

fundamentales para el asentamiento en el territorio. Este proceso fue claramente detallado

por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la

siguiente forma:

En 2001 se produjo la incursión de las Autodefensas, desde Hato Corozal y Paz de

Ariporo, en Casanare, hacia Tame y otros municipios en el departamento de Arauca,

situación que se verificó no solo porque sostuvieron enfrentamientos con las FARC-

EP sino porque se registró un aumento notable en los homicidios especialmente en

Tame pero también en Saravena, Fortul y más recientemente en Puerto Rondón

(Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2002,

pág. 9).

Como consecuencia de lo señalado, los grupos armados lograron el control político y económico

en el departamento, en zonas estratégicas propiciando cierta subregionalización político militar. En

el año de 1997 las FARC-EP logró consolidarse, en detrimento del ELN, este grupo guerrillero

conservo su hegemonía hasta mediados de la década de los noventa y podría decirse que intento

crear un proyecto político autónomo en el departamento, además de ellos, la expansión de los

grupos paramilitares golpeó fuertemente la base militar y social del grupo.

Por otra parte, los grupos de autodefensas habían intentado incursionar desde la misma década, a

través de los grupos de autodefensas campesinas del norte del Casanare, las autodefensas del Meta

y Vichada. Estos intentos fracasaron debido a la resistencia de los grupos guerrilleros y a las

disputas dentro del mismo grupo de autodefensas. Sin embargo, desde el año 2001 con el recién






36

formado bloque Vencedores de Arauca perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia

(AUC) lograron ingresar al departamento por el sur. En el año 2002, la fuerza pública inició una

ofensiva en el departamento, dado que Arauca era considerado como una de las zonas donde los

grupos guerrilleros y paramilitares habían logrado consolidar proyectos políticos y económicos,

desde entonces el departamento se convirtió en una zona de rehabilitación y consolidación por

parte del gobierno.

5.1 CONFLICTO Y TERRITORIO

El departamento de Arauca se puede dividir inicialmente en dos regiones: la primera, la región de

pie de monte en donde se ubican los municipios de: Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en donde

las organizaciones guerrilleras tuvieron mayor predominio y, la segunda región, es la sabana

conformada por los municipios de: Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte, allí la presencia

paramilitar se acentuó rápidamente.

Desde 1998 la capital del departamento se convierte en teatro de operaciones militares y centro de

disputa regional entre las guerrillas y los paramilitares, en ese mismo año se instauró el Bloque

Vencedores de Arauca, perteneciente a las AUC. Entre 2000 y 2006 la penetración de las FARC

en zonas de domino del ELN, y las diferencias ideológicas frente al desarrollo de la guerra y el

dominio político entre las dos organizaciones en la región, detonó en confrontaciones, situación

que favoreció la incursión de los paramilitares y la efectividad de las acciones de las FF.MM, por

lo cual perdieron el control de Tame y Puerto Rondón, de igual manera obedece a que los

paramilitares incrementaron las acciones armadas con el fin de ganar el control territorial, los

municipios en disputa aumentaron y la violencia se disparó en el departamento. El interés particular

de estos grupos ilegales fue el control de los cultivos ilícitos y los recursos provenientes del

petróleo. En el año 2005 hubo fuertes enfrentamientos entre las FARC-EP y el ELN, confrontación

que se puede explicar porque había aún municipios en disputa y un acelerado incremento del

desplazamiento en el departamento. Sin embargo, para el año 2007 se dio la desmovilización del

Bloque Vencedores de Arauca, y fue allí, donde los grupos guerrilleros ELN y FARC-EP cesaron

sus enfrentamientos.






37

5.2 PETRÓLEO Y REGALÍAS, COMBUSTIBLE PARA LA GUERRA Y POBREZA

PARA LA REGIÓN.

Entre 1986 y 2015, se estima que el Departamento de Arauca por regalías generadas de la

explotación petrolera recibió cerca de 3,6 billones de pesos.

Tabla 1. Participación de las regalías en Arauca entre 1982 y 2015

Entidad territorial Regalías directas entre

1982 y 2015 (miles

de millones)

% de participación en

regalías.

Gobernación 2.765.921.871,1 77,9

Arauca 549.058.683,2 15,5

Arauquita 220.524.010,6 6,1

Tame 4.986.120,7 0,1

Saravena 12.870.673,4 0,4

Total Dpto. y municipios 3.595.035.464,9 100

Fuente: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55411b8a3ccab.pdf

Algunas consideraciones respecto a los datos presentados por el cuadro anterior:

a. Los recursos generados durante 30 años, no se expresaron en la superación real de los

problemas sociales del Departamento. Entre otros, se propició una mayor fractura

subregional, puesto que los centros de acumulación de capital se acentuaron claramente en

los cuatro municipios del Pie de Monte. Esto tiene cierta explicación, sobre todo al

considerar que para los inicios de la explotación y la constitución del sistema de regalías

hasta la constitución de 1991 Arauca era intendencia, consideración administrativa que

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55411b8a3ccab.pdf






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implicaba menos recursos por parte del gobierno nacional, dada la baja densidad

demográfica y lo que se denominaba como bajo desarrollo relativo. Esto siempre implicó

menos recursos para las regiones consideradas entre intendencias y comisarías y los

antiguos Territorios Nacionales. Política económica contradictoria que presupone la

inversión del Estado en tanto productividad de las regiones, y no al contrario, mayor

inversión para incentivar la productividad.

b. Por las particularidades del poblamiento, y el establecimiento alrededor del Pie de Monte

de los principales centros de acumulación de capitales, se configuró la asimetría económica

y política, expresándose en la orientación del conflicto justamente hacia los municipios allí

ubicados. La asignación de recursos, tal como se muestra en el cuadro, profundizó la

asimetría regional, en tanto los cuatro municipios centrales, tuvieron la oportunidad de

apropiarse directamente de regalías y la posibilidad de mayores recursos a nivel del

Departamento (hasta el acto legislativo 05 de 2011, que restringió el acceso y orientación

de los mismos en los entes territoriales). Ya desde esta condición los municipios de la

Sabana, se encontraban condenados a menos inversión en el tiempo y en mayor desventaja

financiera respecto a los anteriores, salvo Arauca la capital. Esto obliga a establecer una

periodización en dos momentos, el primero desde 1991 hasta 2011, donde se permitía en

mayor proporción el manejo de recursos a nivel del Departamento; un segundo momento

con el acto legislativo 05 de 2011, a partir de esta fecha, que restringió en mayor medida la

apropiación al Departamento. Frente al primer periodo, si bien se hicieron obras de

infraestructura y mejoramiento en algunos rubros relacionados con la calidad de vida, no

hubo transformaciones significativas que superaran los problemas históricos (construcción

de fuerzas productivas, generación de mercado y cadenas productivas etc.). Lo anterior,

implicó mayores argumentos a las guerrillas para exigir a través de presión a las empresas

petroleras, por medio de destrucción de la infraestructura, una distribución y destinación

distinta de los recursos. Para el segundo periodo mencionado, implicó la disminución de

recursos para el departamento y los municipios dificultando las posibilidades, no de

desarrollo, sino de subsistencia de programas y proyectos. A lo anterior se le suma las

dificultades producidas por la guerra.

c. En 1983 se descubrió el campo de Caño Limón, un yacimiento con reservas estimadas en

1.100 millones de millones de barriles, en el año de 1985 se extrajo el primer barril del pozo

ubicado entre los municipios de Arauquita y Arauca la capital. Este pozo dimensionó la

producción petrolera colombiana y fue un factor clave para las finanzas públicas nacionales.

Además de ello, Caño Limón colocó a Arauca en la escena nacional, puesto que este






39

departamento era un territorio lejano y olvidado por el Estado, pero después de treinta años

el territorio de Arauca sigue estando en disputa y de presión sobre las comunidades y todo

esto siempre lleva el petróleo como motor.

En 1983 se estableció que en Caño Limón hubo 2.000 millones de barriles de petróleo,

además de ser reconocido mundialmente por su calidad y por contar con uno de los factores

de recobro (porcentaje de petróleo en un yacimiento que puede ser extraído) más altos en

la historia. No obstante, el campo ha sido operado por Occidental de Colombia (OXY),

mediante el contrato de asociación Cravo Norte, además de que “la renta petrolera

acumulada entra 1986 y 2015 suma 3,6 billones de pesos” (Celis, 2015).

d. Por otra parte, la máxima producción del crudo en el departamento de Arauca se alcanzó

en el año de 1996 con 252 mil barriles diarios, es decir, 43,1% del total producido en el

país, además de ello, en el periodo 1983 – 2015 el petróleo extraído de los campos

araucanos suma 1.465,5 millones de barriles, lo cual corresponde a 73,3% de las reservas

originales. Posteriormente, en 1997 el aporte absoluto y relativo de Arauca a la producción

de hidrocarburos de Colombia decae de manera continua y para 2015 la OXY produce en

promedio, 66.000 barriles diarios en todo el departamento, lo que representa solo el 6,4%

respecto al total nacional, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). (Fundación

Ideas para la Paz, 2015)

Según el estudio realizado por la (Corporación Nuevo Arco Iris, 2008) las regalías

provenientes del petróleo a lo largo de los 33 años permitieron elevar al departamento de

Arauca al nivel promedio de desarrollo actual de Colombia en materia de infraestructura

vial, energía eléctrica, cobertura en salud y educación y satisfacción de las necesidades

básicas de la población.

5.3 MÁS ALLÁ DE LA CASUÍSTICA DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA

Tal como ocurre con la mayoría de conflictos armados territoriales en Colombia, y con los asuntos

asociados a la propiedad de la tierra y del subsuelo, en Arauca, los factores que imprimen una

perspectiva de intensificación y afectación de la dinámica de las actividades socioeconómicas y del






40

involucramiento de las comunidades regionales, vienen derivados de decisiones de orden nacional

más que locales26.

Los mapas de eventos de conflicto armado que se construyen sobre ejes viales de carreteras y ríos,

sobre centros urbanos y poblaciones agrupadas, señalan en términos de ordenamiento territorial,

un factor de disturbio y “desorden” radical de la institucionalización de la vida social y económica

como la limitación estructural de “negociación departamental” para la estabilización de la paz; esa

es la principal pregunta: que margen discrecional tienen las fuerzas políticas araucanas para regular

su propio desarrollo; hasta dónde el conflicto territorial y su expresión armada, es regulable por

parte de las fuerzas presentes en la administración departamental y la Asamblea.

Crucial en el escalamiento del conflicto interno, los asuntos de seguridad estratégica que definen

el Estado Central y que define los alcances de la intervención armada en el territorio frente a temas

como las garantías para la extracción y exportación de crudo y gas en cuanto a la economía

industrial; y el escenario de los negocios corporativos del tráfico y contrabando de mercancías y

de drogas alucinógenas que corresponden jerárquicamente a organizaciones nacionales e

internacionales y donde las comunidades y algunos grupos colocan la base media y baja de tales

cadenas de negocios.27 Por ello es válida la pregunta, desde el ordenamiento territorial, si lo ideal

es el mantenimiento de la aplicación intensiva de la fuerza, así sea defensiva, para el libre desarrollo

de las actividades socioeconómicas, culturales e institucionales específicamente regionales (La

Silla Académica, 2018).28

26 Igual vale decir, se ha señalado sobre las disputas fronterizas, donde es la política exterior de los regímenes en el poder, los que

imprimen facilidades u obstáculos al libre intercambio de personas y bienes y servicios comunes entre los pueblos con identidades

muy marcadas, tanto societales como culturales. Véase el capítulo de motores del conflicto de éste informe.

27 En los análisis específicos, se señala que los corredores de exportación de droga procesada tienen varias fronteras estratégicas

como la panameña, la ecuatoriana y la venezolana, que son altamente correspondiente con la presencia de grupos armados,

guerrilleros, paramilitares y de las fuerzas de policía y del ejército del Estado. Y que no hay nada más confuso, que el rol

internacional del negocio de las drogas y el aumento de los consumos que lo disparan.

28 Hasta los autores expertos en los temas de conflicto armado, caen en el sesgo de superar en falso las particularidades regionales;

prima una lectura nacional y global. Algunos, plantean la negociación de paz, como mero balance de las fuerzas en confrontación.

Por ejemplo, Echandía, C – Cabrera, I. descreen de la necesidad de un proceso de negociación si se va “ganando la guerra” y las

élites políticas, económicas y la sociedad (sic) están de espaldas al proceso de paz: “La mala lectura o interpretación por parte del

ELN del estado del conflicto armado se refleja en proponer una agenda que apunta a cambiar el país y no a poner fin al conflicto

armado bajo ciertas condiciones.”.

Véase: 2017 “Madurez para la paz, evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano.” Echandía,

C, I. 314 Pág. O en http://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-

http://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pierde-el-tiempo-con






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Mapa 1. Localización de estructuras armadas y relación entre combates de FF.MM y acciones

armadas FARC entre 2011 y 2015

Fuente: Articulo de la Silla Vacía del 17 de Febrero de 2018. 5 razones por las que se pierde el

tiempo con el ELN. Recuperado de: https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-

externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pierde-el-tiempo-con

El tema de los eventos o casuística del conflicto son por ello, solo indicadores de tales estructuras

del conflicto territorial armado; y tal consideración, aplica para el caso Araucano, que además por

ser un área fronteriza, polarizada por razones geopolíticas nacionales e internacionales, genera otra

suerte mayor de “eventos”, que deben ser adecuadamente contextualizados. La noción de “guerras

híbridas” hablaría de un contexto de indeterminación clara de los acontecimientos pero que tiene

pierde-el-tiempo-con “La exigencia de un cese al fuego bilateral de entrada, la negativa a la concentración geográfica de sus frentes

y a suspender el secuestro y la extorsión, son las pruebas de que “El ELN no ha tomado la decisión de dejar las armas”.

https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pierde-el-tiempo-con

https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pierde-el-tiempo-con

http://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-de-colombia/cinco-razones-por-las-que-se-pierde-el-tiempo-con






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detrás posicionamientos tácticos claramente pensados por parte de las fuerzas en confrontación que

explicarían la “rentabilidad política” de mantener el conflicto interno sin llamarlo así; de un “estado

de caos controlado” que permite combatir la insurgencia o subversión guerrilleras sin problema del

desarrollo “normal” de la economía y de la aplicación de los intereses corporativos y de los grupos

en conflictos, sin obligarse a cambios ni transformaciones democráticas (Koribko, 2016).29

Imagen 2: Reunión FARC-ELN. No hay política de ELN contra las FARC: Arturo Alape.

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/paz/no-hay-politica-del-eln-contra-la-

farc-pastor-alape-tras-reunion-con-esa-guerrilla-articulo-748124

29 “El gran objetivo tras toda guerra híbrida es perturbar, controlar, o influenciar proyectos conectivos transnacionales multipolares

a través de conflictos identitarios provocados externamente (étnicos, religiosos, regionales, políticos, etc.) dentro de un Estado de

tránsito objetivo” (pág. 184).

https://www.elespectador.com/noticias/paz/no-hay-politica-del-eln-contra-la-farc-pastor-alape-tras-reunion-con-esa-guerrilla-articulo-748124







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Con tal precaución analítica, se puede comprender que observadores externos, han recabado

insistentemente en que la principal razón del sostenimiento de la violencia y el conflicto

propiamente armado, se ha generado por el vacío de poder dejado por las antiguas FARC-EP; pero

en realidad, no habría “vacío de conflicto”. Es decir, la expresión de conflicto armado con un actor

estratégico específico, no cambia la lógica secuencial y estructural de los intereses también

estratégicos en conflicto. Así es que se sigue, por otros actores, no necesariamente armados, el

control territorial de los corredores de seguridad y movilidad. Áreas estratégicas bien definidas

para los negocios industriales del subsuelo y de agropecuaria, y para el tráfico de drogas ilícitas,

mantienen los enfrentamientos entre otros grupos armados organizados del Estado con el resto: el

ELN que se posiciona tácticamente de forma regional y no meramente departamental, contra las

Fuerzas Armadas, el EPL que trabaja el corredor del Catatumbo, y los grupos neo-paramilitares

que justo están teniendo un realce similar al que se ha descrito antes del proceso de paz.

Además, estos enfrentamientos y amenazas de enfrentamientos y ataques a la población, que son

parte del conflicto armado, parecen estar creciendo también en intensidad y se focalizan en las

mismas áreas donde se jugaba el campo de operaciones táctico y estratégico de la confrontación

antes del Acuerdo General de paz.

“[…] Las dimensiones que hoy muestran el crimen organizado y los grupos dedicados a este son

alarmantes. Coinciden y, en ocasiones, rebasan los escenarios pesimistas planteados durante la

negociación con el hoy partido político… Según el documento del Ministerio de Defensa, hay

registro de 7.260 hombres en armas en 26 departamentos: una cifra casi igual a la de los fusiles que

en su momento entregaron las FARC” (El Tiempo, 2018)30

Y aunque el ELN, algunas de las disidencias de las FARC e incluso los Pelusos aún enarbolan

banderas políticas, la evidencia es clara en el sentido de que sus prioridades son la extracción de

rentas y el enriquecimiento mediante el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro,

principalmente. En esto tiene razón el ministro Guillermo Botero al afirmar que tras la paz con las

FARC lo que queda ´es ilegalidad total´”

Efectivamente, entre los conflictos armados identificados relacionados con Arauca, que se

inscriben en este panorama, y que están relativamente reconocidos como protagonistas y en

consecuencia, sujetos de negociación política y militar, están los del Gobierno y las fuerzas del

30 El Tiempo. 2018. El mapa del crimen. Violencia derivada del accionar de ejércitos ilegales representa un enorme desafío para el

Estado. Periódico el Tiempo. Editorial. Disponible en sito web: https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-mapa-del-crimen-

editorial-el-tiempo-306394

https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-mapa-del-crimen-editorial-el-tiempo-306394







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Estado; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las formas regionalizadas funcionales del

paramilitarismo (Caballero, 2018)31, como las antiguas estructuras del bloque Oriental de las

FARC-EP que desestiman el proceso de paz de la comandancia.

De ahí, que es el enfoque territorial una categoría que facilita mayor comprensión como se ha

sustentado: la disputa por las tierras, según los usos potenciales y disponibles, incluidos

acaparamiento de suelos y recursos de agua y bosque, como de la riqueza del subsuelo y el recurso

de “jóvenes para la guerra”, son la base real de la confrontación estratégica entre grupos y actores

armados, legales, criminales y subversivos; sin rentas y financiación del conflicto, sin economía

no es viable, sino con financiación externa, sea nacional o internacional.

¿Qué intereses estratégicos, como en las novelas de crímenes, están en juego y qué alimenta el

fuego de la guerra interna?. El interés estratégico en el territorio y las razones externas sobre él, es

un camino a seguir, para calcular incluso, las probabilidades de intensificación del conflicto armado

territorial.

Pues los escenarios de confrontación no son territorios en abstracto; son en los espacios

conformados de territorialidad, con comunidades, mano de obra e instituciones y recursos de la

tierra donde se dirimen el cruce de intereses y las disputas, incluidas, los intereses “nacionales”;

independiente de la legitimidad, es en tales escenarios donde se agudiza y se expresa la

contundencia la inseguridad y la violencia. En tanto son áreas estratégicas en disputa territorial, de

control y repliegue táctico en términos militares, con sus recursos humanos y naturales dentro. La

seguridad o inseguridad públicas, son un mismo asunto: el ejercicio pleno o no de derechos y

deberes ciudadanos y públicos depende de la correlación concreta del poder del Estado –a su vez,

31 Aquellas tales fuerzas oscuras se aclararon después. Eran los narcoparamilitares, cuyo nombre todavía muchos se niegan a

reconocer: prefieren llamarlos “mal llamados paramilitares”, para no tener que reconocer que en muchos casos eran auxiliados en

sus crímenes por los militares propiamente dichos. Y respaldados por civiles de variada condición –terratenientes, industriales

palmeros, ganaderos, transportadores, comerciantes. Y, naturalmente, políticos. Curiosamente, de entre todos ellos son los políticos

y los militares casi los únicos que han sido juzgados y condenados por esas complicidades. Para ser de inmediato sustituidos en sus

poderes y fortunas locales por sus hijos, sus cónyuges y sus hermanos. Y sin que los narcoparamilitares con quienes colaboraban

hayan desaparecido: siguen ahí, siguen matando, siguen narco traficando. Y hoy se llaman “Bacrim”, acrónimo de “bandas

criminales”. Solo ha cambiado el nombre: ni siquiera ha cambiado el hipócrita recurso de cambiarles el nombre por uno que no

quiere decir nada: las Bacrim de hoy son los mismos paras de ayer, que son las mismas fuerzas oscuras de hace 30 años […] Y

siguen en guerra fundamentalmente porque han encontrado en el camino una fuente de recursos financieros, y también de disputas

territoriales, al parecer inagotable: el negocio de las drogas prohibidas.” http://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-

lideres-sociales-por-antonio-caballero/556690

http://www.semana.com/noticias/paramilitarismo/102998

http://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-por-antonio-caballero/556690

http://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-por-antonio-caballero/556690






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síntesis de la contradicciones y acuerdos políticos estratégicos- en un territorio, más que de

consideraciones jurídicas o constitucionales formales.

De igual modo, la casuística de eventos calificados de conflicto armado –recientemente se está

dando por parte de las mismas autoridades crédito a la “sistematicidad” del asesinato de líderes

comunales, defensores del derechos humanos o desmovilizados- no deja entonces de señalar la

agrupación y sistematicidad de tales eventos violentos. En todos los casos, lo evidente es que el

peso de la guerra, no está en los actores claves del conflicto armado, incluidas las fuerzas armadas

del Estado sino en la llamada población civil, asunto, que incluso leído desde los conceptos de

memoria histórica, debe ser considerada una razón estructural del desarrollo territorial a resolver

(CNMH, 2018) (Caracol Radio, 2018) (Colombia 2020, 2018)32.

32 El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, le entregó al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No

Repetición, la base de datos más completa sobre el conflicto armado en Colombia, que documenta hechos de 1958 a julio del

2018.”…“La gran mayoría de víctimas fatales que dejó la guerra eran miembros de la población civil: 215.005 civiles frente a

46.813 combatientes.”…“El Observatorio documentó diez modalidades de violencia, entre ellas secuestro, desaparición, violencia

sexual, masacres, reclutamiento de menores y atentados terroristas.”… “Un total de 94.754 muertes son atribuidas a los

paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado.”… “La guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos: casi la

misma población que habita el área urbana de Sincelejo, Sucre. De este total de víctimas fatales, 215.005 eran civiles y 46.813 eran

combatientes. Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de

Memoria Histórica (CNMH), que documentó los hechos ocurridos en el conflicto armado colombiano entre 1958 y julio del 2018.”

… “El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó, en total, 353.531 hechos. Estos son algunos de sus hallazgos: la guerra

dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de

violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados.” Disponible en el link:

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado

A: 19.000 víctimas de desplazamiento masivo en 2018 en Colombia. La agencia afirma que esa cifra ya superó el total de

desplazamientos ocurridos durante 2017.” http://caracol.com.co/radio/2018/08/01/nacional/1533154497_854282.html

La presencia histórica del Eln en este departamento se remonta a comienzos de los años ochenta, cuando se conformó el frente

Domingo Laín. Desde entonces ha sido una de las estructuras armadas más poderosas de esta guerrilla en lo militar, territorial y

económico. Por eso las palabras de Hernando Sánchez, presidente de l

Asociación de Educadores de Arauca (Asedar) tienen tanto sentido: “En Arauca sí sabemos qué es encontrar una carretera

obstruida con un carro lleno de dinamita, sabemos qué es que vuelen con explosivos un puente o un oleoducto. Nos ha tocado

sufrir la toma de pueblos y ver cómo miles de familias han dejado sus fincas por la violencia, sabemos qué es no dar clase durante

dos o tres meses por un paro armado, sabemos lo que son las vacunas y extorsiones, sabemos qué es el dolor de la muerte y la

desaparición forzada. Por eso respaldamos estos diálogos de paz y exigimos que siga el cese al fuego bilateral”.

https://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-clamor-de-las-comunidades-afectadas-por-la-guerra-con-el-eln (Tomado el 11

de enero de 2018)

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado


https://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-clamor-de-las-comunidades-afectadas-por-la-guerra-con-el-eln






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Imagen 3: Infografía de número de víctimas en 60 años de guerra en Colombia.

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/paz/no-hay-politica-del-eln-contra-la-

farc-pastor-alape-tras-reunion-con-esa-guerrilla-articulo-748124

De ahí, que la información de “eventos” que abundan en la prensa local y nacional como en los

organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, sirven para








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conocer el detalle de la gravedad de los hechos violentos y de la presión militar sobre los territorios

o sobre el déficit de regulación estatal y de la aplicación de los derechos y obligaciones

constitucionales legítimos, pero requieren de una lectura integrada y sistémica (Revista Semana,

2018) (Caracol Radio, 2018)a (Caracol Radio, 2018)b (Caracol Radio, 2018)c (Riveros, 2018)

(Cajiao & Álvarez , 2018) (Caracol Radio, 2018)d (Noticias RCN, 2018).33

33 Véase una muestra de hechos significativos por su magnitud y trascendencia que se vuelven parciales y sin contexto: En Arauca,

el conflicto se agudiza; sobre la base de bombardeos, la Fuerza Aérea Colombiana, señala que fueron dados de baja “10 disidentes

de las FARC en Fortul. Según el Mindefensa: “#Atención @FuerzasMilCol apoyados por @FiscaliaCol en #Arauca lograron

neutralización de 10 integrantes del GAO residual frente 1, 10 y 45 al mando de alias #Burro. Estos delincuentes fueron los autores

del ataque contra empleados del hospital de Saravena. #NoticiaEnDesarrollo. 8:00 - 13 jun. 2018”

Sobre la JEP:

“La ley de procedimiento de la JEP es la primera norma relacionada con la implementación del acuerdo de paz que han sido

aprobadas con las nuevas mayorías formadas en torno al presidente electo Iván Duque. Después de largas controversias, lo que se

aprobó esta semana en el Congreso incluyó dos artículos propuestos por el Centro Democrático que generaron revuelo y polémica,

al punto que el mismo presidente Juan Manuel Santos aseguró que en ellos hay serios vicios de constitucionalidad.”

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-jep-que-paso-por-el-congreso-es-una-colcha-de-retazos-farc/573444

a. http://caracol.com.co/radio/2018/06/13/regional/1528903267_077201.html

b. Mayo 23: el presidente Santos, en la presentación del informe “Garantías de Seguridad: un año de implementación”,

reconoció que al menos 40 ex miembros de la extinta guerrilla han sido asesinados durante el proceso de reincorporación

[…] Hoy no hay ningún líder o miembro de las Farc protegido, que haya sido asesinado o víctima de ataque, con

excepción del caso en Arauquita que no tiene que ver con su condición de excombatiente”.


Arauca: abril 14. El defensor nacional del Pueblo, advierte incumplimientos del proceso de paz en el Espacio territorial de

capacitación y reincorporación de la Vereda Filipinas y hace una solicitud al Comandante Pablo del Eln en relación con los

secuestrados. En conjunto con el Defensor Regional es el Padre Deíson Mariño, a través de la Cámara de Comercio conversa sobre

la necesidad de la Declaración de una “emergencia económica y social” departamental ante “la inseguridad, el aumento significativo

de los hurtos en distintas modalidades, el decrecimiento económico, alto índice de desempleo, el contrabando a gran escala, abigeato,

prostitución, drogadicción, entre otros.”

https://lavozdelcinaruco.com/19224-Llamado-hizo-Defensor-del-Pueblo-a-al%C3%ADas-%22Pablito%22

“En 24 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron tales homicidios, lo que significa un 70 % del territorio nacional",

indica el informe, y agrega que "donde se presentan más crímenes son aquellos que se podrían llamar 'territorios ex FARC'", es

decir, de donde se retiró la antigua guerrilla.

c. Como presuntos responsables de estos crímenes aparecen desconocidos en 86 de los casos, grupos de narcotraficantes y

de origen paramilitar (9), miembros de la fuerza pública (5), ELN (3), la guerrilla del Ejército Popular de Liberación

(EPL), con dos, y las disidencias de las FARC con uno.”


El debate político electoral, según los opinadores alternativos, recaba la verdadera encrucijada socioeconómica nacional, y la

continuidad del statu quo: “el “establecimiento” comete los errores de siempre: defiende los privilegios y asume el “todo vale” para

tratar de no perder el poder.


http://caracol.com.co/radio/2018/06/13/regional/1528903267_077201.html








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Así en términos territoriales, los factores que sirvieron de base para el aparecimiento y

mantenimiento del conflicto armado territorial araucano siguen sin modificaciones mayores;

incluso, con mayor presión dado el estancamiento de la economía interna, del déficit de atención

pública y de política social, como del crecimiento normal de la población y una frontera caliente.

Cuestión de fondo que pone el acento en dos probabilidades: primera: se puede proyectar una

propuesta estratégica de ordenamiento territorial departamental suponiendo la aclimatación de la

paz y el control riguroso del Estado de los factores e intereses disociadores de la seguridad pública

en Arauca y la región. O Segunda probabilidad: se mantendrán las causas estructurales de la disputa

territorial estratégica que se despliegan sobre y desde Arauca, incluida la limitación para la misma

regulación económica del suelo, que rebasan la autonomía y la capacidad efectiva del ordenamiento

autónomo del desarrollo departamental.

El análisis realizado sobre la dinámica y expresión territorial del conflicto armado en Arauca,

señala desde nuestra perspectiva y método de ponderación flexible, que se dará, con tendencia a

crecer, más los escenarios de la probabilidad segunda. La evidencia de la consistencia de macro

proyectos industrial minero y agropecuario nacionales en la región, la crisis del desarrollo

agropecuario campesino y de mediana empresa como el aumento del desempleo y el cierre de un

comercio binacional estable y productivo, la debilidad de la capacidad de gestión e inversión

pública departamental y municipal que en conjunto se orientan a la concentración de la renta

generada, señalaría desde una perspectiva como la renovación de la intensidad de tácticas diversas

de violencia armada, que señalan un escenario bastante negativo pero muy probable. El relativo

fracaso del cumplimiento de los términos pactados para la rendición de las FARC – EP, la

Los voceros de los ricos les echan la culpa del mal desempeño económico a los impuestos altos, la inseguridad jurídica, las consultas

y etc. Sus reclamos sobre los impuestos se traducen en que quieren ganar más de lo que ganan, el de la inseguridad jurídica en que

no quieren perder los privilegios y las exenciones que se han ganado haciendo lobby en el pasado y las quejas contra las consultas

lo que quieren decir es que les parece inconveniente que le pregunten a la gente sobre temas que los afectan directamente como si

se adelanta o no una explotación minera a gran escala en un municipio de 7.000 habitantes.” Riveros, Héctor.

http://lasillavacia.com/opinion/el-establecimiento-unido-jamas-sera-vencido-64733 Tomado el 17/02/2018

La FIP – Fundación ideas para la paz – señala que: “Arauca es el departamento más afectado por las acciones armadas del ELN

después del fin del cese al fuego bilateral con ataques a la infraestructura petrolera y hostigamientos contra la fuerza pública. De

acuerdo con el seguimiento de la FIP, desde el 9 de enero han protagonizado 20 acciones, es decir, el 46% de todas las registradas

en el país. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1649

d. Enero/18. “La alcaldía de Arauca, a través del Decreto No. 0004 de 2018, adoptó medidas transitorias tendientes a

preservar el orden público y la tranquilidad ciudadana en el Municipio de Arauca.”


Muerte de dos indígenas Tame – por parte del Ejército…en retén. Enero 20 de 2018. http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-

oriente/investigan-muerte-joven-indigena-quien-un-soldado-le-disparo-un-reten

http://lasillavacia.com/opinion/el-establecimiento-unido-jamas-sera-vencido-64733

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1649


http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/investigan-muerte-joven-indigena-quien-un-soldado-le-disparo-un-reten

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/investigan-muerte-joven-indigena-quien-un-soldado-le-disparo-un-reten






49

existencia de Bloques y líderes en disidencia fuertes y con presencia regional, la suspensión de las

negociaciones con el ELN, la continuidad del negocio altamente rentable del llamado narcotráfico

y la consolidación de una derecha neoliberal conservadora en el régimen político existente en

Colombia, no señalan expectativas favorables (Razón Pública, 2018) (El Colombiano, 2018).34

En consecuencia, quizá la mayor recomendación de este ejercicio sobre evaluación y

probabilidades de uso territorial de las contradicciones y grupos territoriales en conflicto armado,

sería centrar la atención en la negociación política departamental al conflicto que considere el coste

efectivo de las rentas, vidas de personas e impactos socioeconómicos y ambientales ya acumulados

como pasivos de la guerra y del haber sido –y con tendencia a seguir- uno de los principales “teatros

de las operaciones” de un conflicto extra-departamental, que no es de interés de las comunidades

territoriales. De poner en la agenda del ordenamiento territorial departamental y municipal, los

valores de la institucionalización y moralización cívica de los conflictos que el proceso particular

de modernización y superación del “subdesarrollo” del Departamento y sus municipios.

De concitar, un Acuerdo Político de mínimos de paz para el desarrollo socioeconómico endógeno

con las diferentes agrupaciones y grupos de poder regionales legales e incluso ilegales, y prever la

morigeración del excesivo margen de maniobra de la decisión en el desarrollo territorial

departamental por parte de agentes del Estado y de los gremios nacionales, especialmente los

asociados a la explotación y transporte del petróleo y la sustitución de tierras para la producción

agroindustrial. De un robusto capítulo de estrategias políticas e institucionales del Plan de

Ordenamiento Territorial Departamental y los municipales, en tanto no sólo se atiende el qué, sino

el cómo y el cuándo del desarrollo sostenible a largo plazo.

No hacerlo, será seguir sumando años, a un pasado centenario como el de Arauca; como si el

tiempo no fuera el único recurso no renovable existente. Es el reto de un departamento de Arauca

34 Las perspectivas parecer en efecto, por lo menos confusas: para los expertos internacionales, el año 2109 es una gran

incertidumbre: A decir de Kyle Johnson: “Es difícil predecir lo que sucederá el año entrante, pero hay algunos escenarios que

pueden identificarse […] La reforma rural integral podría estar en peligro, pues es probable que las leyes que no han sido aprobadas

hasta ahora tampoco tengan éxito en 2019 […] Mientras Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización (antes, postconflicto),

dice tener un interés real en ejecutar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), su primer borrador se basa en un

análisis erróneo sobre la situación actual y sobre los problemas de la implementación del acuerdo. Además, Archila ha salido en los

medios para decir que no hay suficiente plata para volver realidad el Acuerdo […] La política de seguridad de Duque, orientada a

revivir el plan de consolidación territorial que existió bajo los gobiernos de Uribe y de Santos, dará algunos frutos en 2019, sobre

todo en cuanto al combate contra diferentes jefes de las disidencias, e incluso contra algunos mandos del ELN.”

https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11647-en-qu%C3%A9-qued%C3%B3-la-paz-y-que-

se-sigue.html

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/entrevista-a-emilio-jose-archila-penalosa-sobre-la-implementacion-del-acuerdo-con-las-farc-XD9647000?fbclid=IwAR0iTp52Ds3tSGPGFGPg_YkVmqUV04YEgU4auwOndtYqUmFn_X-myaeQKec

https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11647-en-qu%C3%A9-qued%C3%B3-la-paz-y-que-se-sigue.html

https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11647-en-qu%C3%A9-qued%C3%B3-la-paz-y-que-se-sigue.html






50

para los Araucanos y sus vecinos; más que para intereses neoextractivos y conflictos que no

acumulan desarrollo sostenible y bienestar real para el conjunto de la población regional.






51

6 PETRÓLEO, CONFLICTO Y REGIONALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE

ARAUCA.

6.1. EL DESARROLLO DEL ELN, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

El ELN tuvo una fuerte presencia con el “El Frente de Guerra Nororiental, que logró un enorme

crecimiento en los años ochenta y sobre todo en los noventa. La consolidación de los frentes Camilo

Torres, Domingo Laín y Armando Cacua Guerrero permitió la creación de otros frentes alrededor

del oleoducto Caño Limón-Coveñas, bajo el liderazgo del Laín, al tiempo que en el sur del Cesar

el ELN se fortalecía a partir del trabajo político con las comunidades.” (Corporación Nuevo Arco

Iris, 2008, pág. 31). Referente al ELN en el departamento de Arauca, el frente Domingo Laín tuvo

un gran crecimiento, lo cual generó el nacimiento de la compañía Simacota en 1989, más tarde a

la compañía Capitán Pomares, al frente Efraín Pabón Pabón, cuya zona de influencia principal

estaba en el norte de Boyacá, en la frontera del Norte de Santander, y los frentes en Casanare.

Dentro de los hitos más relevantes de la presencia y desarrollo del ELN en Arauca se encuentran:

a. Una condición histórica es la estrecha relación entre el desarrollo de la extracción

petrolera y el desarrollo del ELN, principalmente vinculando su discurso político con la

crítica a la explotación petrolera y el mayor margen de ganancias por parte de

multinacionales extranjeras, en los años sesentas; cuando se crea Ecopetrol, la distribución

del ingreso petrolero era del 75% para las empresas extranjeras y 25% para el ingreso

nacional; esta correlación del ingreso, propició desde la insurgencia del ELN, discursos

nacionalistas orientados no solo a cuestionar la política petrolera, sino además, al largo

plazo, justificaría sus acciones orientadas tanto al sabotaje de la extracción y transporte del

hidrocarburo, como al cobro de extorciones a las mismas empresas so pena de su seguridad.

b. La explotación del petróleo trajo consigo el conflicto por la distribución de la renta,

en primer instancia entre las empresas extranjeras y Ecopetrol, que implico un triple

conflicto en los territorios donde esta empezó a desarrollarse, como lo señala Sarmiento

(2015): primero el conflicto por la extranjerización de la explotación; segundo, el robo del

petróleo tanto desde la extracción como en el proceso de transporte y, tercero, los bajos






52

precios pagados a los campesinos por las tierras donde se ubicaban los yacimientos. Es

justamente en dicho ambiente político, cuando el ELN, realiza su primer atentado registrado

oficialmente a la infraestructura petrolera, atacando el oleoducto de la compañía Cities

Services Intercol, cerca de Barrancabermeja.

c. Sin embargo, la historia del ELN en el Departamento de Arauca, se remonta a los

procesos de colonización, algunos estimulados por los proyectos del Incora y la Caja

Agraria, en la región del Sarare. Este proceso, impulsado desde la segunda mitad de los

años sesenta, junto al proceso migratorio derivado de la violencia bipartidista, fue

configurando un tipo de campesino colono, con cierto grado de politización, de los cuales,

un sector se incorporaría a la ANUC, lo que constituiría un importante agente dinamizador

político en los movimientos cívicos de los años setenta en la región. Básicamente la

organización de este campesino colono estaba motivada por la exigencia al Gobierno, en el

cumplimiento de las promesas realizadas para mejorar sus condiciones de vida.

d. El proceso de colonización, constituyó el sustrato social necesario que dadas las

condiciones de vida, la debilidad del Estado y el creciente activismo político de la

insurgencia, permitieron que se constituyera la base social suficiente para que germinara en

el departamento el frente Domingo Laín, cuya base inicial fueron Saravena, Arauquita y

Tame, hacia la zona montañosa.

e. En 1983, con el descubrimiento de los yacimientos de caño Limón, así como la

construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la creciente exploración y explotación

a partir de allí en el departamento, el ELN, fue fortaleciendo sus estructuras, por una parte,

gracias a las extorciones orientadas a las empresas para garantizar la seguridad de la

infraestructura y las explotaciones, mientras por otro lado, realizaba presiones a los

negocios diversificados de la actividad petrolera. Desde la propia construcción del

oleoducto Caño Limón-Coveñas quedaba claro que el ELN, orientaba sus acciones en la

justificación política del recaudo de las extorciones a las multinacionales, mientras este

recurso no se nacionalizara. En este sentido, para la construcción de dicho oleoducto, la

multinacional Mannesmann, debió pagar para garantizar todo lo relacionado con la

construcción. Sin embargo, pasados 40 años, la situación no ha cambiado, el ELN dinamita

el oleoducto, cuando no hay pagos. Sin embargo, esto más allá de la simple lógica

económica, obedece históricamente como se señaló, a cierta identidad política orientada a

formas nacionalistas presentes en las consideraciones que dicha organización ha planteado

desde su fundación, incluyendo la exigencia de invertir en obras sociales, buena parte de






53

los recursos obtenidos por la explotación petrolera. En este sentido, el Estado, fue sustituido

por algún tiempo como agente legítimo, dado el carácter no solo del discurso, sino además

de las acciones expresadas en obras derivadas de la política de la insurgencia.

f. El escenario planteado por el petróleo en un marco de relaciones conflictivas,

permitió, al igual que lo hiciera el narcotráfico en otras regiones del país, que el flujo de

capitales derivados del petróleo, incluyendo la economía ilegal impulsada por las

extorciones, propiciaran mutaciones en las relaciones políticas (Fundación Ideas para la

Paz, 2015). El flujo de capitales permitió un reacomodo político de tal forma que la guerrilla

y sectores de la dirigencia regional, a fines de los ochenta, no solo convivieron, sino que

pudieron convenir en acuerdos expresados en las elecciones de alcaldes. De esta forma el

conflicto armado adquiere mayores proporciones, al ser la guerrilla del ELN, intermediario

entre el Estado y las comunidades, o, por lo menos, se puede interpretar como una

pretensión inicial. Esto termina expresándose en formas de proselitismo armado, y la

instrumentalización de las guerrillas por parte de algunos sectores políticos tradicionales.

A medida que se acercaba el boom petrolero a inicios del nuevo siglo, no solo la presión a

las regalías y rentas del petróleo aumentaron, también el influjo y la relación de esta

insurgencia con funcionarios del Estado, pero igualmente, se agudizo la confrontación, al

entrar en disputa el territorio y el recurso petrolero con los paramilitares. Entre 1991 y 2001,

fueron detenidos 4 ex gobernadores del Departamento de Arauca y un alcalde de la capital

por desvió de regalías hacia la guerrilla del ELN y más de 32 funcionarios fueron detenidos

por estas investigaciones.

g. Para el primer lustro del siglo XXI, el ELN entra en declive por la entrada de los

paramilitares y la creciente presencia de las FARC, hicieron de Arauca zona de guerra

disputada por 4 elementos, incluyendo el Estado. En el contexto de los diálogos del Caguán,

las FARC se expanden hacia el norte, tratando de consolidar corredores en la frontera con

Venezuela, el centro del país y el sur oriente, razón por la cual, Arauca resultaba vital en su

estrategia de guerra. Esto conllevó a enfrentarse y declarar como objetivos militares al ELN,

situación que propicio los años violentos de la guerra vivida en la región.

h. En 1996, Arauca alcanza su tope máximo de producción de petróleo 215 mil barriles

diarios, equivalentes al 43% de la producción nacional, con el aumento de la producción se

incrementaron a su vez los ataques; entre 1999 y 2001, se presentaron 30 ataques solo en

Arauca; sin embargo, culminado el proceso de negociación del Caguán, la consolidación

de la presencia paramilitar en las zonas de explotación estratégica y el debilitamiento de las






54

dos guerrillas producto de la ofensiva orientada por el Estado, entre el 2002 y 2010, el

número de ataques a la infraestructura disminuyó, pero no así la confrontación militar.

i. Para el 2002, los paramilitares, estaban consolidados en Puerto Rondón, Cravo

Norte y Arauca, e intentaban consolidar presencia en zonas históricas de la guerrilla en

Saravena, Arauquita y Fortul.

Mapa 2. Movimientos de grupos armados en Arauca

Fuente propia: Espectador 2012. Arauca, en la mira de todos.

La organización del ELN ha contado con mayor presencia en todo el departamento, pero

principalmente en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Tame. Su accionar está

vinculado principalmente con los negocios del narcotráfico (existen cultivos de coca en el sur del

departamento) y la extorsión en las zonas más golpeadas por su accionar. El ELN inauguró la

extorsión a las petroleras y las FARC siguieron el ejemplo años después.

En los años noventa el ejército creó las brigadas 16 en Casanare y 18 en Arauca. En el año 2001,

las autodefensas ya eran fuertes en Casanare y comenzaron su penetración en Arauca a lo largo de






55

la línea Tame-Puerto Rondón-Cravo Norte, y al parecer se preparaban para avanzar sobre una línea

paralela a la mencionada, entre Arauca-Arauquita-Saravena; esto significó la disputa de otra zona

de producción de recursos y la dificultad para los intercambios en la frontera colombo-venezolana.

6.2. LA PRESENCIA DE LAS FARC EP, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

La FARC-EP, aparecieron en el departamento de Arauca a finales de los años setenta durante la

sexta y séptima conferencia del grupo y en los años ochenta se tomaron el municipio de Fortul,

anunciando de esta manera la aparición del frente Guadalupe Salcedo - frente 10, durante este

tiempo la organización se planteó nuevas perspectivas de crecimiento y la consolidación de los

frentes de guerra, e inician la formación de la modalidad de columnas guerrilleras para que operen

en áreas lejanas.

En el año de 1978 se lleva a cabo la sesta conferencia en la cual se establece que para dar origen a

un ejército es necesario que todo el grupo esté capacitado, por lo tanto, era fundamental incrementar

el número de hombres, de armas y de finanzas. Esta conferencia fue considerada la más importante

en toda la historia de las FARC, dado que allí se adopta la concepción de la estructura organizativa

e igualmente reglamentos internos disciplinarios y de comando. Por otra parte, en la séptima

conferencia que se realizó en 1982 se decidió la creación definitiva del ejército revolucionario,

asumiendo a partir de entonces la designación FARC-EP, y junto con ello la modernización en

términos militares y el mejoramiento de aspectos tecnológico y de política de expansión en el

territorio.

En el proceso de expansión de las FARC-EP, frentes de Casanare con el creciente dispositivo

desplegado en Arauca, empezaron a operar de manera coordinada como “Mini Bloques”. Lograron

de esta manera extender su presencia a municipios limítrofes con Arauca, Hato Corozal y Paz de

Ariporo, que se comportaron con la misma dinámica. Como consecuencia de la operación Centauro

del Ejército Nacional contra el Bloque Oriental de las FARC en 1990, cuando sucedió el reconocido

ataque a Casa Verde en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta, la actividad militar de

las FARC se tradujo en una mayor movilidad de sus frentes, entonces concentrados, llevando al

copamiento de parte importante de la cordillera oriental, en especial en la zona de los

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Arauca (Vicepresidencia de la República de

Colombia, 2002, pág. 6).






56

No obstante, en la década de los noventa el proceso de consolidación de las FARC-EP en Arauca,

llevó a mostrar el detrimento del ELN como el actor principal en la zona y, posteriormente en el

año 2002 se da el posicionamiento de los frentes 10, 45 y la columna móvil Alfonso Castellanos

con un pie de fuerza calculado en 500 combatientes. Por otra parte, durante la octava conferencia

de la FARC-EP se determinaron avances estratégicos en relación con el afianzamiento de

dispositivos en la cordillera oriental y el actuar en las zonas de importancia económica como lo era

Arauca a causa del boom petrolero.

Posteriormente, en la década del 2000 las FARC-EP se encontraba en enfrentamientos con el ELN

y los paramilitares, los cuales incursionaron en el mismo periodo, e incrementaron las fuertes

disputas por el control del territorio. En el año 2002 esta guerrilla tenía contingentes repartidos en

todo el departamento y con ellos se oponían fuertemente al Bloque Vencedores de Arauca. Sin

embargo, debido a la presión de la fuerza pública y a la guerra contra el ELN, la columna Urías

Cuéllar casi desaparece, por lo que debió unirse con la columna Julio Mario Tavera. En el año 2005

se da la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque

Vencedores de Arauca; pero la disputa entre el ELN y las FARC-EP permanecen; fue solo hasta el

año 2010 que ambos grupos llegaron a un acuerdo de no agresión.

En el año 2012 se da inicio al proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero

FARC-EP, estos diálogos se llevaron a cabo en la ciudad de Oslo y la Habana hasta el año 2016

donde se obtuvo como resultado la firma del Acuerdo para terminación definitiva del conflicto (24

de septiembre de 2016 en la ciudad de Bogotá), y posteriormente se dio la desmovilización del

grupo armado, aunque cabe advertir que en la actualidad se encuentran disidencias de las FARC

en varias regiones del país.

Cabe resaltar que el desarrollo y la evolución del conflicto armado en el departamento de Arauca

ha estado permeado por la posesión de la tierra y el conflicto político, siendo éste uno de los

principales factores que dieron lugar a enfrentamientos armados en el departamento y en la región

por décadas, aunque claro está, que otro componente importante es el lucrativo negocio del

narcotráfico el cual ha encrudecido la guerra y, por ende, la afectación a toda la sociedad civil, que

ha quedado atrapada en medio de las hostilidades. No obstante, el conflicto en Arauca ha estado

marcado por la improvisada colonización, la explotación del petróleo, la frontera con el país

venezolano, la llegada de los diferentes grupos armados como el ELN, las FARC-EP y los grupos

paramilitares, sumado al abandono por parte del gobierno, lo cual ha puesto a la población en una

situación de vulnerabilidad frente a la violación de los derechos humanos, la pobreza y la violencia

constante.






57

El conflicto en el departamento de Arauca no solo se ha extendido a las zonas rurales con los

campesinos y los indígenas, sino que también ha llegado hasta los centros urbanos para ejercer el

control territorial y ampliar las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales. Por lo

tanto, la violación a los derechos humanos en el departamento de Arauca por parte de los grupos

armados ha sido preocupante, puesto que en los años 2000-2003 con la llegada de los paramilitares

al departamento, con el afán de obtener el control territorial acudieron a las masacres y a asesinatos

para intimidar a la población, la cual había estado por años bajo la influencia de las guerrillas. Cabe

resaltar, que para los años 2011-2013 las tasas de homicidios, de desplazamientos forzosos, de

minas antipersonas tuvo un decrecimiento, pero se registró a cambio un incremento en la cantidad

de secuestros y extorsiones y, otras situaciones de menor visibilidad como el reclutamiento de

menores en las zonas de alta presencia guerrillera.

Por otra parte, la protección a la sociedad civil por parte del Estado se ha limitado a la presencia

militar en el departamento y especialmente en la protección de la infraestructura petrolera, lo que

ha intensificado el conflicto, al colocar a la población en medio de los enfrentamientos armados.

El Estado ha mantenido el abandono en la inversión social que aumenta la vulnerabilidad de los

habitantes frente al desempleo, la carencia de los servicios básicos como la salud y la educación, y

el desplazamiento masivo de campesinos a los cascos urbanos. Se evidencia que, a través de los

años con la guerra no se han obtenido los objetivos que plantearon los grupos insurgentes, basados

en las diferencias políticas y que han afectado la vida social de todo el país y en el caso particular

al departamento de Arauca.

Fenómenos como el narcotráfico ha transformado el conflicto armado, dado que es una atractiva

fuente de financiación y enriquecimiento de los grupos guerrilleros y paramilitares, que ha

permitido alimentar la guerra y debilitar las instituciones del Estado, además de atentar

sistemáticamente contra la integridad de la población.

A la concentración municipal de la actividad de las FARC-EP se suma la del ELN, Arauca aparece

nuevamente con una participación elevada, 4 municipios, coincidentes todos con los de actividad

FARC-EP, lo cual coloca a este departamento como el más afectado por la guerrilla en términos

proporcionales a su número de municipios y población según el Observatorio de Derechos

Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Vicepresidencia de la

República de Colombia. La organización de las FARC-EP contaba con integrantes en todos los

municipios, pero particularmente en los municipios de Arauquita y las áreas rurales de Saravena,

Fortul y Tame. Su accionar consistió principalmente en emboscadas y hostigamientos a las fuerzas

públicas y la siembra de minas antipersonas para frenar el avance de las autoridades a sus zonas de






58

influencia. También fue un grupo acusado de reclutamiento de menores, extorsiones, homicidios

selectivos, control social de la población, en particular en las zonas rurales donde limitaban la

movilidad de la población.

Mapa 3. Ubicación del grupo guerrillero FARC-EP

Fuente: Conflicto y narcotráfico en Arauca. Consejo de Redacción. Recuperado de :

http://consejoderedaccion.org/webs/conflictoypaz/conflicto-y-narcotrafico-en-arauca//

Finalmente, el Estado Colombiano debe complementar las medidas frente al conflicto con

mecanismos institucionales que potencien la participación ciudadana, fortalezcan la representación

política de la comunidad rural y favorezcan la defensa de la sociedad civil, así como también la

resolución de conflictos por medio de la participación política activa de grupos indígenas y de

minorías. El proceso de paz “logrado”, la terminación de los grupos armados ilegales, la presencia

activa del Estado, el fortalecimiento de la democracia y el fin del narcotráfico, son las premisas

que permitirán reducir el conflicto y alcanzar la reconciliación que se necesita para garantizar la

paz en los diferentes territorios del país y, de manera particular, en el departamento de Arauca que

se ha visto vulnerado durante décadas.

http://consejoderedaccion.org/webs/conflictoypaz/conflicto-y-narcotrafico-en-arauca/






59

6.3. PARAMILITARES

El crecimiento y accionar de los grupos paramilitares en el departamento de Arauca fue débil en

sus inicios durante la década de los noventa, debido a la fuerte capacidad armada y de aceptación

social en la comunidad, de las que gozaban las dos organizaciones guerrilleras presentes en el

territorio. Pero a pesar de esto, el proceso de consolidación de los paramilitares en el departamento

de Arauca inició en zonas urbanas de municipios fronterizos con Casanare, Tame, Puerto Rondón

y Cravo Norte; caracterizados por tener poca presencia guerrillera. No obstante, las primeras

incursiones importantes se dieron durante el 2000 y 2001 dando lugar a asesinatos y desapariciones

forzadas de campesinos, líderes comunitarios, políticos de izquierda y en general de la sociedad

civil. Posteriormente a ello, se expandieron hacia el municipio de Saravena, lo cual les permitió

incrementar la extorsión a comerciantes, ganaderos, empresarios y particulares como mecanismo

de financiación.

Posterior a la desmovilización paramilitar, diferentes grupos armados ilegales que permanecieron

en la región se “disputaron el control sobre el territorio y sobre la población en las zonas que habían

estado bajo el dominio de los paramilitares”. (FIP, USAID, & OIM, 2014, pág. 27).

Según el Observatorio de Derechos Humanos, indicó que entre los años 2005 y 2007 se dio la

aparición de nuevos grupos armados ilegales, los cuales afectaron las condiciones de seguridad del

departamento, ubicándose principalmente en los municipios de Tame, Saravena y Arauca. Las

bandas criminales buscaron controlar proyectos de explotación petrolera y rutas de narcotráfico de

Arauca hacia Venezuela, e igualmente generaron violencia al reducir el control de la guerrilla sobre

la población, dado que buscaban contrarrestar toda presencia de los grupos guerrilleros dentro de

las comunidades, imponiendo sus códigos de conducta y disciplina a la población, a través de actos

violentos como; amenazas, extorsiones, homicidios y desapariciones forzadas. La población más

afectada con las extorsiones fueron los comerciantes, ganaderos y transportadores, con el fin de

captar los recursos que inicialmente obtenían las guerrillas, sin olvidar los actos de barbarie

cometidos por los grupos paramilitares.

Cabe resaltar, que los paramilitares era un grupo contrainsurgente y de extrema derecha que

participó en el conflicto armado interno en Colombia, siendo pues este uno de los grupos criminales

que más víctimas ha dejado en el país. El objetivo principal de este grupo era combatir las

organizaciones guerrilleras como el ELN, las FARC-EP, entre otras, en varias regiones de

Colombia.






60

Las AUC se encontraban patrocinadas por grupos de terratenientes y narcotraficantes de las

regiones donde operaban, a causa de la extorsiones y amenazas que llevaban a cabo los grupos

guerrilleros, es de resaltar que más del 70% de los ingresos de las AUC provenían del narcotráfico

e igualmente de las extorsiones y los secuestros, además de recibir dinero por parte de las grandes

multinacionales que operaban en las zonas que se encontraban bajo su dominio y el estrecho

vínculo con múltiples políticos con el fin de adquirir poder político y militar en el país.

Finalmente, en el año 2006 se lidera el proceso de desmovilización por parte del gobierno de la

Álvaro Uribe Vélez. Según el artículo de Verdad Abierta:

Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003

en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006

con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los

integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor número de

desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el bloque Norte con

4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el

bloque Elmer Cárdenas con 1.538 (Verdad Abierta, 2008).

Según La Voz del Cinaruco en el año 2016, hubo un intercepción y retención a transportadores de

material pétreo ocurrido en los sectores de las Delicias y el Corozo de la vía entre Arauca- Cravo

Norte, allí salieron varios hombres armados quienes manifestaron a los conductores que eran

“paras”, pero tal situación no trascendió.

En relación con la desmovilización, de acuerdo con la revista Semana:

Resulta interesante ver el monto pagado en otros procesos recientes de

reincorporación de grupos armados. En el caso de las Autodefensas Unidas de

Colombia (AUC) el informe muestra que entre el apoyo y la asignación inicial cada

miembro de esta organización recibió por los primeros 24 meses de vida civil un

poco más de 20 millones de pesos. En cuanto a la ayuda para proyecto productivo,

los miembros de la AUC recibieron lo que hoy serían 3’320.767 pesos; para traslado

por riesgo y atención en salud 1’723.638 y 2’732.556 pesos, respectivamente, que

suman en total 27’900.809 pesos en ayudas.

Por otra parte, después de la desmovilización de los paramilitares en el año 2006, en el

departamento de Arauca surgieron Bandas Criminales las cuales aún están presentes y asociadas a

los paramilitares. Estas bandas o paras se encuentran ubicadas en los municipios de Puerto Rondón






61

y Cravo Norte, pero su accionar delictivo se extiende por todo el departamento, con su habitual

accionar: asesinatos, extorsiones, disputas por el control del territorio, etc.

Ahora bien, las perspectivas de continuación del conflicto armado sobre la base de los actores

paramilitares, tendría una cierta correspondencia con el respaldo que implicó por razones más

partidistas y electorales, la votación negativa del plebiscito de la paz y la elección de la nueva

presidencia de Duque, con afinidad ideológica con los sectores de derecha que justo niegan la

probabilidad de la paz como de la continuación de los diálogos con la ELN.

De ahí la crucial lucha desplegada por el sí y el no del plebiscito por la paz; y sus secuelas políticas

y electorales producidas para el futuro de las decisiones públicas y de Estado.

● Continuidad de la lucha contra-insurgente: lev motiv, la homogenización ideológica y

política hacia la derecha.

● Un caso especial, es la rehabilitación del llamado paramilitarismo; un caso, la declaración

de guerra, una vez terminada la tregua de fin de año, de las Autodefensas Gaitanistas de

Colombia (AGC) frente a las FARC legalizadas, partidos y organizaciones de izquierda y

de víctimas, el sindicalismo y personalidades: “les informamos a todos esos hijueputas…

vamos a reactivar nuestras acciones militares y terroristas…Ese cuento de la paz, ya nadie

se lo cree, es la farsa para ganar adeptos e incautos, Colombia no será influenciado por el

Fenómeno Castro-Chavista, no más comunistas en nuestra patria”. El Espectador,

17/01/2018

● En el mismo sentido, la oposición al Acuerdo General de La Habana y el PosAcuerdo; el

centro de tal posición fue el No en el plebiscito propuesto por el Presidente Santos, donde

se aprovechó para blindar la oposición y de poner cortapisas a lo acordado. La base

conceptual paradójicamente de la oposición cuando estuvo en el Gobierno (Uribe) fue el

desconocimiento del conflicto interno, y de la no necesidad de proceso de paz –aunque se

tienen las evidencias de que lo buscó como sabe- con la Insurgencia de las FARC. Ahora

que el proceso ha avanzado por la firma del Acuerdo –independiente del incumplimiento






62

de las partes y de la degradación de las áreas de antiguo control guerrillero- se alude a la

ausencia de pacificación como demostración del fracaso del proceso.35

Finalmente, tras el proceso de desmovilización varios miembros terminaron siendo extraditados

como narcotraficantes a los Estados Unidos, después de la culminación del proceso de

desmovilización en el 2006 varios integrantes incurrieron nuevamente en sus accionar delictivo,

por lo que se conformaron bandas criminales.

35 Apuleyo, P. estandarte ideológico de la derecha, entre otras cosas non santas con los llamados para-políticos igualmente documentadas, lo expresa claramente: “La paz a precio de guerra. No hay un real posconflicto. Los frentes de guerra continúan más intensos que nunca.” http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/plinio-apuleyo-mendoza/la-paz-a-precio-de-guerra-177894 Tomado el 2/2/2018

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/plinio-apuleyo-mendoza/la-paz-a-precio-de-guerra-177894






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Mapa 4. Presencia armada y cultivos de uso ilícito en Arauca en el Posconflicto

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de:

https://pares.com.co/2015/06/22/presencia-armada-y-cultivos-de-uso-ilicito-en-arauca/

● La erradicación de los cultivos ilícitos se ha adelantado en Colombia con el apoyo y bajo

la dirección de los Estados Unidos, el método prevaleciente ha sido la fumigación con

glifosato de los cultivos. En ocasiones se ha usado la destrucción manual, pero su incidencia

ha sido marginal, también se han dado casos de destrucción de cultivos por iniciativa de las

propias comunidades

● Los cultivos ilícitos han generado en el departamento de Arauca problemas relacionados

con la violencia, la corrupción, daños ecológicos, entre otros.

https://pares.com.co/2015/06/22/presencia-armada-y-cultivos-de-uso-ilicito-en-arauca/






64

● La presencia de organizaciones armadas inhibe la participación ciudadana, tanto política

como social, rompe las solidaridades de la comunidad y afecta negativamente la

gobernabilidad en las localidades.

● Las autoridades locales son condicionadas por una organización ilegal y puestas a su

servicio. La definición de preferencias y la toma de decisiones pasa a las guerrillas o de las

autodefensas, las cuales ejercen la capacidad de definir preferencias y decidir de manera

militar y arbitraria, según sus intereses de control territorial y poblacional.

● Las autoridades locales son expulsadas de los municipios y con esto se pierde cualquier

tipo de acercamiento e integración social que el Estado quiera tener con la sociedad civil.

Las instituciones pierden presencia y el poder queda en manos de grupos que lo ejercen con

una lógica puramente militar por necesidades del conflicto mismo, todo queda subordino a

las necesidades de información, de abastecimiento, de reclutamiento y seguridad que tenga

el grupo armado que este ejerciendo el control en el momento.

6.4. REINSERCIÓN

El acuerdo de paz ha puesto final a más de 52 años de conflicto armado y ha permitido que los ex

guerrilleros incursionen en la vida civil, aunque cabe resaltar que tal transición ha tenido algunos

altibajos. Como se sabe en el año 2016 tras haber firmado el acuerdo de paz, se dio inicio a la

reincorporación de los ex guerrilleros a la vida civil, fue allí, donde los integrantes de las FARC-

EP fueron concentrados en zonas rurales, en este caso del departamento de Arauca, para dar inicio

al proceso de desarme. Desde entonces, según el Diario de la Américas:

10.200 miembros del grupo (entre ex combatientes y milicianos, es decir

colaboradores de la organización) han sido afiliados al sistema de salud, 4.500 están

recibiendo formación académica y se creó la cooperativa Ecomún, que funciona con

el dinero que recibieron por su reincorporación a la vida legal. El acuerdo de paz

dispone que los ex guerrilleros reciban un pago único de aproximadamente 660

dólares (10.733 personas ya recibieron este monto) y una renta mensual, por un






65

periodo de dos años, de 200 dólares. Además, en septiembre pasado hicieron la

presentación oficial de su partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del

Común, que conservó sus siglas FARC (Diario las Américas, 2017).

El panorama del departamento de Arauca referente al proceso de reincorporación ha tenido

aparentes avances positivos, pues según OACP “para marzo de 2018 el Espacio Territorial “Martín

Villa”, en Arauquita, contaba con 390 ex miembros de las FARC:

A mayo del mismo año, según los entrevistados, se lograron mantener más de la

mitad de excombatientes, 267 de 426, quienes han expresado una real motivación en

quedarse y continuar su proceso de reincorporación. La gran mayoría de los

excombatientes que han salido del ETCR continúan en el departamento y son

monitoreados por la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad

que los tiene ubicados y realiza visitas a sus lugares de residencias para comprobar

las condiciones en que viven. Esta población no es ajena al territorio y las

comunidades, puesto que son de la zona, lo que ha servido en su proceso de

reincorporación a la comunidad. Gran parte de esos excombatientes volvieron a sus

familias y retornaron a las veredas en donde habían sido reclutados. Según

organizaciones encargadas del monitoreo consultadas, el número de excombatientes

que entraron al proceso y se encuentran en las disidencias es reducido (Fundación

Ideas para la Paz, 2018).

Es de gran importancia aclarar que en todo proceso de paz existe un porcentaje de grupos armados

que se declara disidente, por lo cual el caso de la FARC-EP no es una excepción, dado que este

grupo llegó a operar en más 242 municipios del país. Las disidencias de este grupo actualmente

tienen presencia en 48 municipios en los departamentos de: Guainía, Vichada, Arauca, Caquetá,

Nariño y Meta. La principal disidencia de este grupo está formada por antiguos integrantes del

frente primero, la deserción de algunos integrantes tiene como causa la falta de seguridad y la

incredulidad que se le tiene al Estado colombiano.






66

Mapa 5. Disidencias de las FARC y Paramilitares

Fuente propia: Laura Tobón. Adaptado de Fundación Ideas para la Paz.


En relación con lo anterior, en el departamento de Arauca se han presentado varias disidencias

principalmente de los frentes 1, 10 y 45, en los municipios de; Fortul, Tame y Arauquita. En el

presente año se realizó un bombardeo en el municipio de Fortul, al menos con 14 aeronaves de la

Fuerza Aérea y posteriormente, la intervención del Ejército Nacional a un campamento de las

FARC. Según El Colombiano “Desde el Ejército aseguran a este diario que ese grupo de disidentes,

que tenían la misión de “retomar el poder armado contra la población civil, Fuerza Pública e

infraestructura petrolera en Arauca”, quedó prácticamente desarticulado”. Es pues, con la firma

del acuerdo de paz disminuyeron las acciones armadas y los riesgos asociados al conflicto, aunque

siguen presentes las amenazas para la reincorporación, dado que los conflictos continúan latentes.







67

7 LAS OPORTUNIDADES DE RECONCILIACIÓN, DE PREEMINENCIA

COMUNITARIA Y ENFOQUE TERRITORIAL HACIA ADENTRO.

En términos de acumulación material, el reto histórico no solo es la modernización sobre la base

de la modernización (mercado, ciencia y tecnología) de la auto-reproducción colectiva como

Nación en un régimen de economía política neoliberal, sino de democratización política y

democratización de la modernización de la organización y desarrollo sociocultural y del Estado en

los territorios (regiones, poblaciones y grupos).

En términos de acumulación sociocultural, la síntesis histórica del proceso de institucionalización

de las relaciones territoriales, implica tanto las responsabilidades asociativas (comunidad política)

como el manejo de las disociaciones (violencia, crimen y el conflicto armado). Así, el nivel o grado

de cultura (apropiación-integración social) de los territorios y sus comunidades hegemónicas, que

incluye las relaciones “exteriores” con los entornos “limítrofes”, estaría dado por el grado de

modernización y de democratización pública, estatal e individual (republicación) de las relaciones

sociales territoriales históricamente consideradas. Con un pasado colonial y otro republicano atado

a la dinámica del desarrollo histórico colombiano y sus contradicciones regionales.

En consecuencia, el tipo de integración-desintegración (desigual e inequitativa) de los ciudadanos

territoriales en marco nacional, señalará el nivel de “desarrollo” socioeconómico y cultural

(economía política regional) y de la magnitud trascendente de problemas territoriales a resolver

frente al concierto nacional y global.

En términos de la contemporaneidad de la paz territorial, ésta sería el “estado” del proceso (estadio)

de predominio de la democratización e institucionalización pública o privada de las relaciones

territoriales; a su vez, expresión autónoma (sujetos) de la práctica de los derechos asociativos

(constituyentes) de las diferentes comunidades territoriales, en el marco de la soberanía asociación

política mayor con la Nación y del Estado.

De ahí el contenido de los conceptos (históricos) de imperio de la justicia (diferente a la ley) y del

Estado, como voluntad política soberana y legítima. Asuntos del todo y de las partes. (Nación-sub-

naciones-regiones-localidades)

El contrario, la ausencia de estado de paz se expresa como el predominio de la autocracia práctica

e institucionalización de un poder particular no general, de relaciones desiguales e inequitativas

tanto socioeconómicas como políticas para la población (comunidades) por métodos violentos y






68

armados no legales ni legítimos. Un estado de cosas públicas disputado; un Estado parcial o Estado

incompleto en proceso de generalización republicana.

En este sentido, vale señalar el carácter “nacional” genérico de los acuerdos suscritos de Paz en los

temas de desarrollo rural integral, participación política, drogas, etc. y la necesidad de introducir

el carácter y las particularidades del marco normativo de la paz en el contexto territorial y del

conflicto armado araucano.

La perspectiva estratégica que señalaría el conflicto armado, es que una vez “regionalizada” la

discusión y la negociación política en el territorio araucano, se puede configurar escenarios de paz

local y regional más probables; en esa medida, condicionar la negociación política, a definir áreas

de paz y de desescalamiento del conflicto, que bien podría ser empezar por un cese bilateral

regional. No obstante, se entiende que las complicaciones de cumplimiento del Acuerdo de paz, el

estancamiento de las conversaciones con el ELN y la identificación de una posible nueva estrategia

contrainsurgente como la re-paramilitarización de algunos territorios en la región, hacen por ahora,

razonablemente aplazable ésta probabilidad de negociación política regionalizada, favorecida por

la perspectiva del reordenamiento territorial departamental.

8 LAS OPORTUNIDADES Y RETOS PREVALENTES DEL CONFLICTO ARMADO

TERRITORIAL EN ARAUCA.

Arauca responde regionalmente a una suerte de articulación y dependencia de las variables del

complejo proceso de desarrollo nacional en todos los campos. Lo crítico o problemático es que los

cambios de tales contextos nacionales y sobre todo en la periferia territorial estén condicionados

en gran medida no por la lógica liberal del mercado interior sino por el mercado de la violencia y

la guerra, de la acción paramilitar propia del conflicto armado no regulado por el Estado. Si se

mantienen tales factores de disturbio y conflicto, además de los efectos socioeconómicos y

culturales en las comunidades araucanas, se retrasa el desarrollo local y departamental, en tanto, se

seguiría invirtiendo ingentes recursos humanos y logísticos para la regulación del conflicto.

Resulta una oportunidad política especial, y esto es por supuesto una hipótesis particular, la crisis

de gobernabilidad del Ejecutivo y las dificultades de cooperación del Congreso Nacional. Además,

en el abanico de fragmentación de partidos y movimientos políticos y sociales en el país, esté más

equilibrado y repartido entre los grupos convencionales liberales, conservadores y la nueva

oposición. Si bien, la responsabilidad de los procesos de paz y seguridad estratégica sigue en cabeza






69

del Ejecutivo, en este sentido, incluso por el concurso modesto pero significativo de alternativas

en la votación a presidencia de la república, en primera como en segunda vuelta, permitiría un

clima de discusión favorable a la negociación regionalizada de paz.

Por supuesto, las oportunidades instaladas, dependen de la disminución relativa de los riesgos y de

los retos; y a su vez, los retos, pueden ser bien orientados, convertibles en oportunidad. Así pues,

bien ponderada, la intransigencia de la administración Duque y de ciertos sectores partidistas por

la gestión de la paz, dada las complicaciones políticas de la agenda legislativa y de la discusión de

la política fiscal para los próximos cuatro años, implicaría que podría morigerarse tal dificultad

estratégica y abrirse nuevos escenarios de negociación y cumplimiento de los Acuerdos de paz

(Redacción El Espectador, 2018).36

De igual modo, es una oportunidad relativa, que se esté produciendo una necesidad creciente de

reivindicaciones de soluciones de paz y de desarrollo interno, que implicarían quitarle recursos a

la confrontación para disponerlos en la inversión social y productiva departamental.

En consecuencia, el mayor reto quizá de los Acuerdos de ordenamiento territorial araucano estaría

en la consideración de la favorabilidad de la aplicación de la jurisprudencia de las negociaciones

de paz y de la reconciliación en los territorios, como criterio estratégico de ordenamiento a largo

plazo del desarrollo territorial.

Como señala Sarmiento, la situación afecta a todos por igual:

El núcleo problemático… es la actual situación paradójica de cambio estructural

que afronta la sociedad araucana, esto es: la sociedad araucana está inmersa en el

proceso de ingreso a un nuevo período de desarrollo histórico, definido por dos

hechos estructurantes: i) el declive de la bonanza petrolera; si bien el estancamiento

de la explotación de petróleo y de los ingresos percibidos por esta actividad

36 “750 organizaciones religiosas, laicas, sociales y personalidades del país, que residen en Colombia y en el exterior, le

escribieron una carta al papa pidiéndole que abogue por la reanudación de los diálogos con el Eln y que consolide la

implementación del proceso de paz con las Farc.” […] “Sin embargo, ya van más de setenta días y no se ha reabierto formalmente

ese diálogo conducente a una solución política del conflicto armado en Colombia, desconociendo la bilateralidad de cualquier

proceso de negociación de paz”, le expresan. Además, le hacen una llamada para que “siga pendiente de este propósito de paz

reclamado desde las víctimas”. https://www.elespectador.com/noticias/politica/organizaciones-religiosas-y-sociales-le-piden-al-

papa-abogar-por-los-dialogos-con-el-eln-articulo-818871






70

ha significado un cambio paulatino de la matriz económica del Departamento

de Arauca durante el último cuatrienio, el petróleo no ha dejado de ser el renglón

predominante en la base material y del imaginario colectivo; teniendo aún una

perspectiva temporal mínima de seguir condicionando el desarrollo territorial

durante dos décadas más ii) la implementación territorial de los acuerdos de

paz Gobierno - FARC-EP y el inicio formal de negociación de la paz entre el

Gobierno y el ELN, con la participación democrática de la sociedad civil a través

de la Mesa Social para la Paz y la 2da Asamblea Nacional por la Paz, lo que abre una

nueva ventana de oportunidad política para la participación de los movimientos

sociales en la redefinición del sistema institucional, la construcción de la

democracia en un ambiente de paz con equidad y justicia social y la planeación

concertada de un modelo de desarrollo territorial alternativo, sostenible e

incluyente (Sarmiento, 2015, pág. 4) 37.

Dentro de tal perspectiva, estaría bien para bajar la intensidad del conflicto armado, también

minimizar los aspectos de disputa y confrontación ideológica y política con la frontera venezolana.

Las comunidades no son plenamente responsables de las responsabilidades políticas de los

dirigentes de ambos países y de los predominios políticos e ideológicos vigentes en sus

administraciones. Así pues, integrar, unificar y redistribuir equitativamente el desarrollo territorial

a ambos lados de la frontera, es parte estratégica de una propuesta progresista y modernizadora de

desarrollo territorial regional y suprarregional.

Resulta a su vez, una especial oportunidad de paz y de negociación del conflicto armado en Arauca,

inclusive pese a la concentración de eventos violatorios del acuerdo en éste departamento, incluida

la eliminación de líderes ex guerrilleros y defensores de los derechos humanos vinculados a las

causas de la paz, el que las FARC se mantengan en el cumplimiento del Acuerdo (FARC, 2017) 38.

37 Sarmiento, L. Arauca 1983 – 2015 Fin de un ciclo histórico y transición incierta. http://www.indepaz.org.co/wp-

content/uploads/2017/12/Arauca-y-el-Petroleo-Libardo-Sarmiento.pdf

38 “El plenario ratificó el espíritu de unidad del nuevo partido FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN y

la necesidad de avanzar hacia un gobierno de transición y reconciliación nacional que cierre el capítulo de la violencia política y

abra una nueva época en la que germine la democracia plena a través de la paz y el buen vivir de la sociedad colombiana.” Consejo

Nacional de Comunes – FARC

http://www.farc-ep.co/comunicado/conclusiones-del-primer-plenario-del-consejo-nacional-de-los-comunes.html

http://www.farc-ep.co/comunicado/conclusiones-del-primer-plenario-del-consejo-nacional-de-los-comunes.html






71

En contraste, no se advierten como favorable el estancamiento de las conversaciones de paz con el

ELN. Recientemente, el jefe negociador de ésta guerrilla señaló que “ha existido respuesta de

nuestros frentes, pero quienes toman la iniciativa de escalamiento es el Gobierno de Duque", y

sostuvo que "nosotros nos defendemos” … "Desafortunadamente, Duque ha entregado esta mesa

de negociaciones a las fuerzas militares"… "Lo que nos ha pedido nuestra dirección (en el ELN)

es que no nos levantemos de la mesa", reiteró el dirigente insurgente, ya que "solo la paz es la que

va a volver viable a una sociedad como la colombiana". (Telesur, 2018).

9 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NEGOCACIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO

ARMADO Y LA PAZ DEPARTAMENTAL.

El conflicto armado, incluso en sus formas más cruentas de violación de los derechos humanos de

la población, la desaparición física de líderes y masacres, el desplazamiento, no tiene otra

alternativa desde la perspectiva del desarrollo territorial acumulado en la economía regional, que

la negociación política.

El beneficio colectivo, de quitar renta del conflicto armado y de la confrontación, y trasladarla a la

inversión social y productiva del Departamento, debería ser un propósito estratégico regional de

todos los actores no vinculados estrechamente, con el negocio del conflicto armado.

Además, vale señalar categóricamente, que el modelo extractivista predominante, sin combinarse

con economías autosuficientes del orden regional, solo favorece al negocio petrolero, sobre todo,

trasnacional. Algo similar ocurre con la generalización de economías de industria alimentaria, para

la exportación, que no dinamizan la economía interna regional.

La experiencia más evidente en el caso Araucano, como igual se expresa en el Casanare vale decir,

es que el aumento de la explotación petrolera y los booms de renta que para la subregión empezó

en los años ochenta, que no se ha traducido en disminución de la pobreza multidimensional,

fortalecimiento del Estado seccional y se mantiene un déficit marcado de asimilación laboral de la

población con cada vez mayor preparación técnica y profesional.






72

Así que un proceso de paz, institucionalizado como un acuerdo estratégico territorial, distribuiría

más recursos públicos y garantías privadas para la acumulación y desarrollo endógeno, y de

facilidades operativas y funcionales para el mejoramiento de la organización territorial de la

inversión en infraestructura de la integración, la producción agropecuaria, campesina e

industrializada, y la introducción de nuevos nichos de mercado tecnológico de bienes y servicios

en los centros urbanos.

Vale decir, que la necesidad de una economía diversificada, implicaría una relación más

“ordenada” entre los centros subregionales y la periferia rural, sobre todo, de un estímulo especial

a la actividad productiva en las áreas urbanas, en tanto la tendencia de migración por razones varias,

incluida la del desplazamiento forzado, se ha concentrado en los centros urbanos y la tendencia de

decrecimiento poblacional en el área rural es un hecho en consolidación39.

Dado que las “líneas rojas” que delimitaron el teatro de las operaciones y la distribución territorial

de las áreas de seguridad y control territorial por parte de los actores organizados del conflicto

armado en Arauca, se ubican en una franja intermedia sin articulación funcional entre el

Piedemonte y la Sabana baja, desde la perspectiva territorial de largo plazo, estaría bien respaldar

la iniciativa de configuración de una instancia municipal intermedia entre ellas, y recomendable

inicialmente, en Pueblo Nuevo. El “copamiento” institucional por parte del Ordenamiento

Departamental, y la integración de todo el territorio desde el punto de vista de la infraestructura

vial, de comunicaciones y de energía, facilitaría la logística y la distribución de la modernización

productiva y de la diversidad intercultural.

La interculturalidad resulta ya en una evidencia socioeconómica territorial; de tal forma, que los

nuevos patrones de integración subregional, el crecimiento acelerado de la Orinoquia, que impactan

a Arauca tanto por el Oriente por el Vichada como por el Sur por el Casanare y el Meta, como la

expansión obligada de la economía andina del centro del país y de los Santanderes, implicaría el

fortalecimiento de las formas convencionales tradicionales, sobre todo en los atributos morales

propios de la vida campesina llanera, y a su vez, la consideración de los nuevos elementos de

modernización cultural y tecnológica.

Quizá el mejor aporte del ordenamiento territorial y del proceso de negociación y acuerdo

estratégico territorial de la proyección del desarrollo departamental a largo plazo, en la relación

39 Según se ha dicho: “Los 260 mil habitantes estimados a 2014, se distribuyen así: 63% en las cabeceras urbanas, el 37% en las

zonas rurales, siendo Arauca, Saravena y Tame, los municipios cuyas cabeceras reciben más población (cerca de 163000, de los

cuales 75000 aproximadamente viven en la capital).” Ibíd. Pág. 7






73

con la superación del estado de conflicto interno armado, es la movilización de un gran acuerdo de

carácter regionalista, de la guerra en otra parte. Es decir, de buscar la aplicación de las nuevas

normativas y categorías de la negociación del conflicto, sobre la base de privilegiar los arreglos

hacia adentro y con el propósito de garantizar una seguridad estratégica territorial de mejoramiento

de la calidad de vida, el empleo y la soberanía alimentaria, con un fortalecimiento de las instancias

consultivas y participativas de planificación del desarrollo sectorial, bajo un enfoque integrado

rural y urbano.

La potencialidad de la oferta de recursos de agua y suelos, deberían estar en la perspectiva de

aumentar la productividad de los procesos productivo y de un encadenamiento orgánico con los

centros subregionales. Es decir, el mejor arreglo de los conflictos socioambientales y económicos,

base de la conflictividad armada o por lo menos de su justificación espuria, es la previsión de un

proyecto regional de desarrollo sostenible e inclusivo para la mayoría de la población. La

honorabilidad de un arreglo político estratégico de tal naturaleza, coincidiría con los posibles

principios rectores de los actores claves del conflicto armado y de los principales factores reales de

poder económico, social y cultural regionales; incluso, implicaría una propuesta estratégica de

negociación con los emprendimientos e intereses exógenos pero presentes en la dinámica territorial

de Arauca.

Por supuesto, la planificación territorial y el ordenamiento territorial municipal y la pretensión del

ordenamiento departamental, son procesos más indicativos que de gestión estratégica; sobre todo

sirven para la armonización entre los actores gubernamentales, nación-departamento-municipio- y

en menor medida para la orientación de la inversión del sector corporativo gremial que se definen

por la lógica del mercado y los emprendimientos; como igual ocurre con el sector social-

comunitario campesino, indígena y afrodescendientes, que promociona al ritmo de sus propias

posibilidades la agenda de proyectos y acuerdos. En este sentido, una recomendación estratégica,

necesaria, es la consideración de la dinámica del conflicto territorial –incluido el de violencia

armada- como un proceso de gestión y promoción de programas y estrategias de mediano alcance.

Es decir, de sustituir el proceso complejo de gestión de los conflictos territoriales, con los

instrumentos de planificación y ordenamiento.

Finalmente, como conclusión final, se podría pensar en que la organización de una estrategia

territorial de vinculación e integración entre el Piedemonte y la Sabana, a través de llenar de

institucionalidad y fortalecimiento del centro del departamento, contribuiría a la minimización de

las brechas de desarrollo territorial y a disminuir los conflictos socioeconómicos y mejoramiento






74

de la modernización institucional, y por ende, de la reducción de la maniobra y sustentación del

conflicto armado territorial.






75

10 . ANEXOS

10.1 Anexo 1. Una mirada de Antonio García Nossa sobre la Reforma Rural Integral

planteada en los acuerdos entre Farc y Gobierno

“[…] no me parece justo (dice Sócrates) suplicar al juez ni hacerse absolver a fuerza de súplicas.

Es preciso persuadirle y convencerle, porque el juez no está sentado en su silla para complacer

violando la ley, sino para hacer justicia obedeciéndola” (Platón).

Antonio García propone una mirada global sobre el problema agrario. Este puede analizarse desde

dos enfoques diferentes, por el de la tenencia agraria, economía de la tierra o de la administración

rural, o bien, como un elemento central de la problemática del desarrollo. El primer enfoque

propone plantear el problema como un fenómeno de concentración de la tierra, acumulación de

renta y explotación del trabajo. El segundo, concibe el papel central que desempeña la tenencia de

la tierra y su capacidad productiva agropecuaria y de generación de materias primas para la

alimentación humana y la transformación en los distintos sectores de la industria; lo que

contribuiría a la expansión y profundización de los mercados internos, con la redistribución del

ingreso entre las distintas capas sociales, la modernización de la estructura de clases, la ruptura de

la segregación de la población campesina, la participación ciudadana y el fortalecimiento del

Estado. El problema de la estructura agraria en Colombia, sin embargo, ha sido postergado por

visiones segmentadas y particularizantes que ignoran su capacidad estructurante y funcional en la

creación de desarrollo.

El gran aporte de la teoría de A.G. es la explicación global que ofrece de la sociedad nacional y

latinoamericana. En ella observa el conjunto de la realidad y busca explicarla y comprenderla por

medio de los elementos predominantes que la componen. El elemento estructurante fundamental

(con predominio) en este sistema es la estructura agraria. Funciona como un eslabón (temporal-

espacial), como un elemento necesario para el enlace de acciones en otras estructuras. No se crea

que es de forma funcional (como por causalidad lineal), en un primer momento puede entenderse

así; pero en la práctica, en la praxis. A nivel teórico es el elemento sintético por medio del cual se

determina la formación social y el modo o sistema de producción específico de la sociedad y, luego

en la práctica, poder desencadenar todas las transformaciones de una constelación social.






76

En este texto se plantea problematizar algunos aspectos relevantes del primer punto de los acuerdos

negociados entre el gobierno y Las FARC en noviembre de 2016, luego de la renegociación

emprendida rápidamente, por causa del plebiscito de la paz del 2 de octubre del mismo año, que

como se sabe tuvo una mayoría por el NO.

Para entrar en materia, podemos decir que desde el punto de vista de A.G. tal como quedó planteado

el punto de Reforma Rural Integral (punto uno) tiene grandes vacíos de forma y contenido; o bueno,

reconociendo que haya quedado bien planteado, son exigencias que ya están suscritas en la carta

constitucional, en distintos programas agrarios de los gobiernos en las últimas décadas, incluso en

políticas de desarrollo rural, programas y proyectos agrarios; que no han operado por falta de

voluntad política o bien por las lógicas de los poderes locales que pueden oponerse al desarrollo

rural por vía de los pequeños y medianos propietarios, a la democratización del acceso a la tierra,

la formalización de derechos de propiedad, a la restitución de tierras y la racionalización del uso

de la tierra mediante la actualización del catastro y el recaudo efectivo del impuesto predial, entre

otros factores.

Estos son aspectos, precisamente, por los cuales se ha dado el conflicto en Colombia. Y digo que

tienen vacíos de forma y contenido por concebir el problema como un ente desligado de las otras

estructuras sociales; por ejemplo, del modelo económico capitalista, de las estructuras de poder

regional y de la estructura de clases sociales. Todo ello ha creado la democracia representativa

gamonal y la segregación cultural y política de la población rural. Hacia el interior y en la lógica

propia del acuerdo, es realizable pero la ejecución, el poder hacer, muestra distancias considerables

con el deber ser.

Por ejemplo en el caso de Arauca como se ve en el mapa 6 existe una alta concentración de la tierra

en los municipios de la Sabana y en los del sur, y una más baja en los municipios de Pie de Cuesta

al noroccidente del departamento; esto demuestra que la forma de acaparamiento de la tierra

determina las lógicas del desarrollo, puesto que la producción mayoritariamente e históricamente

se dio en la ganadería de extensión; además que los mismos municipios han sido en los cuales se

concentró la explotación de hidrocarburos. Mientras que en los municipios de Pie de Cuesta, se dio

una apropiación del territorio de modo distinto, recuérdese las migraciones dirigidas de entregas

de tierras en el Sarare por el Incora en los setenta y los resguardos indígenas, como otro modo de

apropiación de la tierra por parte de las comunidades.






77

Mapa 6. Concentración de la tierra en Arauca

Fuente: IGAC, 2011. Recuperado de:

https://sigot.igac.gov.co/sites/geoportal.igac.gov.co/files/sigot/Mapas%20Tematicos/Departament

ales/Arauca/Arauca_Tam_Prom_Predios_Rurales_V2_2012_01_18.pdf

Retomando la discusión, los siguientes son los datos existentes a nivel nacional sobre los acuerdos

fundamentales del primer punto sobre tierras.

1. Fondo de tierras y acceso a la tierra

Hay disponibles 3 millones de ha. Para los próximos 12 años; se han expoliado cerca de 6,6

millones de (has) desde 1980 a 2010 durante el conflicto colombiano afectando más de 434 mil

hogares. Paras, FARC, actores sin identificar. Además, se dieron 200.000 desplazados cada año

entre 2003 y 2006. La comisión de seguimiento y verificación e implementación expone que entre

https://sigot.igac.gov.co/sites/geoportal.igac.gov.co/files/sigot/Mapas%20Tematicos/Departamentales/Arauca/Arauca_Tam_Prom_Predios_Rurales_V2_2012_01_18.pdf

https://sigot.igac.gov.co/sites/geoportal.igac.gov.co/files/sigot/Mapas%20Tematicos/Departamentales/Arauca/Arauca_Tam_Prom_Predios_Rurales_V2_2012_01_18.pdf






78

7 y 12 años se puede estabilizar y regular la repartición de tierras, luego de llevarse a cabo una

negociación de paz, con base en la experiencia de otros conflictos en el mundo.

2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: Visión de Ordenamiento

Territorial desde El Acuerdo de Paz

Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y Planes de Acción para la Transformación

Regional (PATR), donde en 16 subregiones que agruparon 170 municipios.

La nueva perspectiva y más reciente del desarrollo y la planificación del ordenamiento territorial

diseñado para Colombia y sus regiones más olvidadas y marginadas, surge del Acuerdo Final de

2016 firmado entre Gobierno colombiano y Guerrilla FARC-EP, que en el punto 6.2.3, literal a,

trata de salvaguardas sustanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final en

materia de Reforma Rural Integral, citado por el decreto 893 de 2017 contempla que el desarrollo

territorial tendrá un enfoque diferenciado de población étnica y género (particularmente mujeres),

a lo cual en el primero contempla lo siguiente:

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté

proyectada para hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas,

deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con

el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial,

orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de

manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos

étnicos. (Decreto 893, 2017, pág. 4).

Y, en todo el Acuerdo, el enfoque de género significa:

[…] el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las

circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres

independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria,

como sujeto de derechos y de especial protección constitucional (Acuerdo de Paz,

2016, pág. 193).

Los enfoques de territorio, etnia, género y edad, surten un efecto mediador en los 6 puntos del

Acuerdo, como una estrategia en la participación de las poblaciones más afectadas por el conflicto

entre las dos partes, por lo que el diseño de la implementación por medio de políticas, normas,

planes y programas, se sustenta en una concepción participativa de la sociedad civil, en la que el






79

Estado continúa su papel tutelar y directivo, mientras la sociedad deberá abrir su interlocución en

y para el debate y aplicación de la normatividad diseñada y planeada verticalmente.

Mapa 7. Zonas priorizadas por los PDET según Agencia de Renovación del Territorio

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio, 2017. Recuperado de:

http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/mapa.html







80

Los lineamientos del enfoque territorial del desarrollo y planificación del ordenamiento territorial

se proponen en una línea jerárquica y direccional o autoritaria, que provienen de las instancias

centralistas del estado, aunque se resalten los principios de la participación y creación de espacios

democráticos donde las comunidades deberán crear dichos espacios. Véase a continuación, un

párrafo del acuerdo, que es diciente sobre la postura habitual sobre el modo discursivo de la

participación,

Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI -Reforma Rural

Integral- dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de

las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y

democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la

planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas

acordados. (FARC-EP & Gobierno Nacional, 2016, pág. 11).

Precisamente, la implementación del acuerdo se realiza en zonas priorizadas (170 municipios) que

tendrán ejecución a través de planes de acción, con carácter inmediato, que comenzaron su

implementación el año pasado, y que para el caso de Arauca tiene cuatro municipios priorizados,

Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, con un costo calculado en 2.44 billones de pesos a un plazo

de 10 años. En el mes de agosto salieron los resultados del plan de acción para la “transformación

regional” de Arauca, en el que se definieron los próximos 10 años, éste;

[…] Fue construido a partir de la participación de 5.256 actores del territorio y cuatro

administraciones locales. Para llegar a este documento se realizaron 44

preasambleas, que dieron como resultado cinco pactos comunitarios y 15 pactos

étnicos (11 indígenas y 4 afros), lo que finalmente se tradujo en los cuatro pactos

municipales. (Colombia 2020, 2018).

Algunos de los resultados del diagnóstico, muestran las condiciones en que se encuentran los cuatro

municipios priorizados: en esta subregión del departamento se concentra el 66.6% de la población

que corresponden a 164.992 habitantes de los 259.447, el 33% de los predios rurales tienen una

tenencia informal de la tierra, el 67% de los habitantes (63.983) del departamento son víctimas del

conflicto, la subregión está compuesta por 1.055.627 ha, de la cuales el 16% están dentro del parque

Nacional Natural del Cocuy y el 12.4% hacen parte de Zonzas de Reserva Forestal.

En materia de pobreza multidimensional se tiene que, “falta de alcantarillado (99%), de acueducto

(82%) y bajo logro educativo (87%). De acuerdo con la UPME el 13,5% de las viviendas en la






81

zona rural de la subregión no cuenta con servicio de electricidad y el nivel más alto en servicios

hospitalarios es el dos” (ART, 2018, pág. 4). En pobreza multidimensional IPM Arauca está 11

puntos porcentuales por encima de la nacional (PNUD & ANH, 2015, pág. 18), lo que muestra las

condiciones precarias en que vive la población rural.

Entre otros indicadores que muestran las condiciones de la población y los territorios, la actividad

económica;

[…] ha estado altamente ligada a la actividad minero energética, sector que por la

caída escalonada de los precios del barril del petróleo afectó de manera considerable

las finanzas del Departamento sumado a los cambios en la actividad petrolera y a la

operación del Sistema General de Regalías (SGR) que representó una disminución

en los ingresos. (ART, 2018, pág. 5).

A partir de estas condiciones se realizó un instrumento metodológico por medio del cual identificar

y construir las acciones prioritarias para la próxima década entre los actores sociales (pueblos

indígenas, comunidades afros y campesinas) y actores institucionales de los cuatro municipios

referenciados.

Consistió básicamente dicho instrumento en, -primera etapa- una ruta étnica de la que surgieron 11

pactos indígenas y 5 afros (reuniones con las organizaciones que representan las comunidades

étnicas), después en reuniones preasambleas veredales -segunda etapa-, donde los actores

convocados de las comunidades étnicas y campesinas debatían los pareceres propios que

ingresarían a la visión de PDET. Luego se organizaban delegados surgidos de las asambleas para

que representaran en el ciclo municipal -tercera etapa- iniciativas formuladas en el ciclo anterior,

para que fueran discutidas en mesas de trabajo, en las que participaban los alcaldes y sus equipos

de trabajo, agremiaciones, asociaciones y otros actores claves del territorio. Finalmente, -cuarta

etapa- de nivel subregional, es decir los actores de los cuatro municipios priorizados por la política,

formulan el plan de acción efectivamente, en el que deberán compartir una misma visión,

encuentran un objetivo en común y una meta ambiciosa que será la clave para la transformación

territorial y la construcción de paz (ART, 2018, pág. 3).

3. Planes nacionales para la reforma rural integral:

Infraestructura y adecuación de tierras, vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación

y conectividad a internet, estímulos a la productividad: planes para fomentar la economía familiar

y solidaria, y para facilitar la comercialización de los productos campesinos al acercar el productor






82

con el consumidor. Entre otros como salud, alimentación, acceso a vivienda y agua potable,

asistencia técnica, tecnológica e investigación, etc.

4. Plan nacional integral de sustitución integral de cultivos ilícitos (PNIS) y Planes integrales

municipales (PIM)

En los municipios de Uribe (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Tibú (Norte de Santander),

Briceño (Antioquia) y Puerto Asís (Putumayo), en el marco de los (PDET) y (RRI) cuando no,

busca el cierre de la frontera agrícola en las (ZRC), planes de zonificación ambiental: zonas de

reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos

y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho

progresivo al agua de la población.

Estos componentes pueden contribuir en parte a la transformación de las estructuras agrarias según

escalas locales, regionales y de carácter nacional. Ahora revisemos como va al día de hoy la

implementación de los acuerdos. Suponiendo que la forma como quedó plasmado en el acuerdo el

problema agrario, una parte pequeña de justicia redistributiva y otra de justicia de la diferencia y

el reconocimiento y, aunque no se desarrolla en el texto, puede proponerse que nuevamente, se

reconocen derechos en el Acuerdo pero se niegan en la práctica de la re-distribución social.

Teniendo este contexto, la teoría de A.G. se pone en el mismo escenario de redistribución de la

propiedad de la tierra, para que distintos grupos sociales campesinos sean productivos en pequeña,

mediana y gran escala. Sin embargo, la realidad del desarrollo nacional se ha sustentado en las

últimas décadas en el mantenimiento de dos modelos agrarios en el cual uno está en desventaja con

respecto al otro; la agroindustria y el sector extractivo-energético, sobre la economía campesina, la

primera concentrando tierra, trabajo, capital y mayores rendimientos que la segunda, además del

desplazamiento de fuerza de trabajo por ser intensificada.

Ambos modos de producción tienen finalidades distintas, entre el sector comunitario productivo y

el sector privado empresarial, se puede prever la lógica de acción del Estado por un lado y del

mercado por el otro, en el que se busca entretejer un desarrollo agroambiental y alimenticio

sustentable y seguro, en la provisión de alimentos para el consumo interno, mientras se desarrolla

la producción agroindustrial y extractiva minero-energética para el consumo externo de mercados

internacionales, que se sustentan en la era de los agrocombustibles, mercado perfectamente

diseñado en el sistema financiero global, en cuanto regula el mercado de commodities la oferta y

demanda de capitales financieros de distinto calado.






83

Retomando a A.G., éste plantea una estrategia de confrontación al orden social capitalista en el

campo, las cooperativas agrarias que son un modelo de desarrollo campesino, familiar y

comunitario, que sustenta su efecto teórico en la proyección de nuevas estructuras y la definición

de técnicas operativas en los campos del asociativismo campesino, la economía de empresa, la

integración y el desarrollo comunal. Esta estrategia de desarrollo se comprende en la triada de

desarrollo de la comunidad campesina, del desarrollo agrícola y del desarrollo nacional. Lo que

aumenta las fuerzas productivas nacionales-regionales que repercutirían en las demás estructuras

para la transformación social, económica, política y cultural.

Teniendo presente la discusión sobre la importancia del sector primario y para finalizar este anexo,

según la teoría liberal clásica y contemporánea, los investigadores (Junguito, Perfetti, & Delgado ,

2017) de Fedesarrollo, proponen en el contexto de la implementación de la paz y del punto 1 del

acuerdo final para la finalización del conflicto armado y social, que:

…una verdadera transformación del campo requiere adoptar medidas para promover

el uso adecuado de la tierra, de acuerdo con su vocación y estimular la formalización,

restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo

a la propiedad rural de quienes habitan el campo, democratizando la propiedad y

promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.

(Junguito, Perfetti, & Delgado , 2017, pág. 35).


“El proyecto estratégico más importante de la Orinoquia”

GOBERNACION DE ARAUCA

“Humanizando el desarrollo”



89

10.2 Anexo 2. Algunas preguntas problema

También propone dicha teoría que es necesario descolonizar el conocimiento que el norte, ha

impuesto en el sur, entendiendo por norte aquellas naciones ubicadas en la zona del Trópico

de Cáncer o región septentrional y que se desarrollaron en términos de la modernidad, aunque

en los últimos 70 años nuevas naciones llevaron a cabo procesos de modernización propios

que les permitió alcanzar cierto desarrollo con el cual imponer sus puntos de vista ante las

demás naciones. Que no sólo es una condición material la que tiene a América Latina en el

atraso estructural, por la imposición de una economía política capitalista, por el modelo

político liberal de democracia, sino también por los modelos teóricos y técnicos de

interpretación de ésta realidad que no encajan con ella; estos modelos se siguen imponiendo,

inclusive en el desarrollo rural contemporáneo, a través del funcionalismo institucionalizado,

que quedó plasmado en el anexo anterior de este texto.

Se requiere de voluntad política de los sectores sociales (populares y dinámicos) y también

políticos (alternativos y activos) para arreciar en contra de este modelo perpetuador y

reproductor de ordenes sociales desiguales existentes en el contexto agrario y rural. Como se

plantea en otra parte de este informe, se propone una construcción de paz territorial

fundamentada en la experiencia de las propias organizaciones de base y comunitarias para

enfrentarse a la desidia del atraso estructural, estructurante de desigualdades en órdenes y

escalas distintos.

Por qué y para qué del discurso histórico (científico), por qué y para qué tocar el tema de la

tierra (cualquier problema social), en este sentido, es importante revisar el papel de la

pedagogía y del maestro en el papel del aprendizaje-enseñanza en la formación del docente

mismo y, con, el estudiante; sobre todo en la formación y proceso de los investigadores y

científicos.

Por qué creer que la estructura agraria es la síntesis de múltiples determinaciones, o por qué

pensar que a través de esta estructura se desencadenen procesos de transformación de las

distintas estructuras de la sociedad. Cuál es la razón de esta creencia científica.

Las estructuras territoriales que tienen relaciones con otras estructuras espaciales y/o

temporales, dentro de una estructura espacial delimitada o con otras estructuras espaciales;

existen jerarquías entre estructuras, que determina este tipo de relación, puede ser por el peso

específico de los capitales que están en disputa, de acuerdo a la estructura, volumen y

[génesis] del capital de diferentes especie y de distintas estructuras sociales, de los valores

que poseen los capitales para los agentes en lucha por conseguirlos (adquirirlos), que







90

determinan a su vez, las tasas de transacción que asumen el valor dado a ellos, entre las

distintas estructuras, por lo tanto, que diferencia el valor del capital para la tasa de transacción

entre estructuras y el peso específico dentro de una estructura particular.

10.3 Anexo 3. Una mirada crítica sobre la noción de territorio de Jérôme Monnet.

Territorio: son las interacciones entre la sociedad y su entorno físico, e implica el

reconocimiento de un bucle de interdeterminación entre conceptualización y producción

física del espacio.

Territorialidad: representa la dimensión espacial de los actores y los valores que éstos

atribuyen al espacio intervenido.

Territorialización: es el conjunto de acciones implementadas por los actores en nombre de

sus valores.

Para Monnet, el entorno físico puede ser determinable por sus características objetivas,

mientras que las interacciones humanas que se dan en él, se entienden de acuerdo a las

representaciones formadas sobre el mismo. El entorno, el espacio y el lugar son nociones

tangibles en la realidad de los agentes sociales. Ahora bien, existe cierta distancia entre las

nociones que se representan estos últimos y las que se representan los científicos sociales.

Entendiendo en este particular, la relación entre el investigador y lo investigado, se concibe

que los agentes, no solo interactúan con el espacio y el territorio en sus vidas comunes y

silvestres, sino que también, surten un efecto de “interacción entre el uso social de los

conceptos y las conceptualizaciones científicas”, pero en este punto, cabe la pregunta, si los

agentes sociales ponen en práctica las nociones construidas por los investigadores, o si estos

últimos, son los que construyen las nociones a partir de la observación, sistematización e

interpretación de las formas como se representan los agentes el territorio en la interacción

con éste.

La otra lógica de entendimiento del territorio es que parte reconociendo la construcción de

instancias políticas, en el cual los agentes harían una práctica no tranzada del territorio y, por

ende, la representación de los mismos que surge sobre el territorio sea una apelación a la

“interacción entre el uso social de los conceptos y las conceptualizaciones científicas”,

anteponiendo como se dijo, el concepto científico como utilidad social, implementado

técnica y políticamente sobre el espacio y territorio tangible, que hace que los agentes se







91

representen y practiquen, de acuerdo a su interacción con el territorio, la noción de territorio

construido por los expertos.

El autor hace el tránsito de un concepto de territorio natural a uno experto y científico. Hace

alusión a la manera como en Francia la política de ordenamiento territorial en la relación

concepción y producción del espacio, desde la segunda guerra mundial hasta el presente. De

algún modo se pasó de la noción de territorio a la de territorios en las políticas

administrativas. Se pasó de lo nacional a lo regional y local, en donde apareció la definición

de comunidades territoriales, como una acción sobre el territorio, a partir de la transferencia

de competencias del Estado a las unidades espaciales departamentales y municipales, en el

marco de la política de descentralización del Estado en los años 80.

El territorio areolar, es una definición surgida de la concepción del desarrollo de la

modernidad entre el territorio individual de la propiedad privada y el territorio nacional de

propiedad del Estado. Claramente, se observa el proceso histórico de la noción de territorio.

La conformación del Estado-Nación, desempeño un papel importante, en la definición de

territorio como área (superficie) por extensión espacial.

Por ello la territorialidad tiene un fundamento jurídico dialéctico entre lo nacional y lo

extranjero, y de extraterritorialidad, como el espacio diplomático que se obtiene en territorio

de otro Estado-Nación. Finalmente, la Territorialización es el proceso de la acción humana

sobre el territorio, que a su vez, constituye un sistema de valores sobre el modo de

apropiación de este.

Es apropiado distanciarse de la idea, que el territorio es meramente una superficie con ciertos

atributos, y por el contrario, hay que ir más allá de este y encontrar una definición acertada

sobre el territorio como superficie y contenido de atributos y propiedades, en el que los

agentes sociales construyen sus propios sentidos y significados.

Lo anterior es precisamente antinómico de la propuesta del autor, puesto que manifiesta un

territorio donde los agentes ejecutan acciones, que aparentemente, dan sentido a sus

interacciones, y no pueden, aparentemente también, ser conscientes de sus determinaciones;

es una red de relaciones en las que los agentes reproducen el orden social dentro del territorio

compartido que abrevia y dilata las acciones para los fines buscados.

Si definimos el territorio como una red, abstraemos las nociones del espacio a una

idealización. Territorio areolar y territorio reticular se oponen, aunque el primero es

simplemente según lo plantea el autor, una forma extensiva de concepción del espacio, un

área o superficie bidimensional, en el que existen cosas, personas o propiedades y éstas se

encuentran distribuidas dentro de ese espacio ocupando un lugar. Mientras que en la segunda,







92

el espacio es representado por las interacciones, no tanto por las mediaciones materiales con

ese espacio, sino por el contrario por interacciones de apropiación simbólica y cultural.

El territorio territorializado con base en las acciones que tienen las sociedades

contemporáneas, puede ser una descripción bien detallada de las interacciones llevadas a

cabo por los agentes. Es de hecho una sociedad mediada por relaciones e interacciones

sociales configuradas como redes. Sin embargo, dicha descripción detallada solo puede llegar

a un nivel de interpretación de las representaciones que poseen los individuos de la sociedad

a partir de las prácticas ejecutadas.

De hecho, éste es su postulado, puesto que se da por sentado epistemológicamente, que se ha

dado una ampliación de las políticas (ordenamiento territorial capitalista) que favorecen

dichas dinámicas, y que ontológicamente, los agentes no se cuestionan por las prácticas o

acciones que están ejecutando, que por medio de la interacción dotan de sentido su acción.

Por otro lado, los espacios ejemplares donde se dan dichas formas de interacción dentro del

espacio social que configuran relaciones en red, son lugares y zonas, donde se privilegia el

capital (económico) y donde se han dado procesos muy fuertes de modernización. Las

ciudades contemporáneas son los territorios donde se desenvuelven las territorialidades

reticulares surgidas de las interacciones humanas. También los territorios de comunidades

campesinas que implementaron la modernización en el campo. Sin embargo, el contexto de

Arauca es diferente.

Efectivamente, con estos fundamentos, las distintas territorializaciones desencadenadas en

estos espacios globales pudieron desarrollar dichos procesos, pero en otras regiones globales

donde se han dado desarrollos con menor impacto modernizante, qué pasó. Pueden aplicarse

dichos modelos teóricos para interpretar, comprender o definir los problemas que suscita el

control tanto del Estado-Nación como del mercado sobre el territorio en tensión, a su vez,

con las comunidades sociales marginadas y excluidas en el proceso modernizador.

La hipótesis fundamental de esta mirada sobre el territorio se debe, a que el aparente

debilitamiento del Estado-Nación en medio de la triada Territorio (ecúmene) como espacio

habitado, la sociedad y el mercado, adopta un nuevo relacionamiento dentro del sistema

capitalista global vigente. De tal modo que el espacio deja de ser “fijo” para hacerse móvil,

permitiendo el intercambio de flujos entre mercancías, personas e información, por fuera de

los márgenes que imponen los límites de los Estados-Nación.

Por lo tanto, puede hacerse la pregunta de acuerdo a esta delimitación del problema y

concepción del territorio, que desde el punto de vista que se tiene sobre la noción del territorio

reticulado, sin asumir que tenga una postura ideológica (en particular), si en sociedades como







93

la colombiana o latinoamericana, y las particularidades de configuración social, económica,

política y cultural específicas, pueda contribuir a solucionar los problemas que estás

manifiestan.

Producción social del espacio-teoría social Vs Producción conceptual del espacio-Espacio

conceptual producido-Territorio-Territorialidad-Territorialización.

10.4 Anexo 4. Transición política y capitalismo global en medio de los acuerdos de paz

El siguiente texto tiene como objeto plantear la relación existente entre la crisis económica

petrolera y la transición política surgida de los acuerdos de paz, firmados entre el gobierno

nacional y las FARC-EP, en el transcurso de los últimos años.

Primero se plantea el problema y las relaciones que se establecen entre éste y algunas

hipótesis que explican la dinámica del capitalismo en el sector petrolero y la continuidad del

modelo económico en medio de la transición política surgida de las negociaciones de paz;

después, se pone en contexto desde la mirada de Castillejo (2016) lo que significa la

transición política como ilusión de justicia social del porvenir. Consecuentemente, se expone

el concepto de producción del espacio desde la concepción de Lefevbre (2013) y su aporte

para el entendimiento del problema. Finalmente, un aporte de lo que sería aterrizar en la

realidad los acuerdos y los problemas en los territorios y lo que significan las instituciones

comunitarias para la paz de Jaramillo (2017) como una estrategia de paz territorial surgida

de los actores comunitarios.

Este planteamiento busca también reencontrar dos miradas teóricas, políticas e históricas que

sobre el conflicto se han construido desde la intelligentsia colombiana. Por un lado, los

estudios centrados en “la sociología de los actores” sustentadas en las tesis de la “guerra

contra la sociedad” y de la “teoría económica del conflicto” (Informe de la Comisión

Histórica y del Conflicto y sus Víctimas CHCV 2015. p-7); y, por el otro, los estudios

olvidados oficialmente por la academia colombiana desde los años noventa, que es una

mirada más abarcadora desde un análisis de la tendencia histórica del proceso de acumulación

capitalista, de las formas de organización del poder de las clases dominantes, de los

componentes culturales e ideológicos, de la centralidad de la no resuelta cuestión agraria y

campesina, del lugar de las estructuras contrainsurgentes y paramilitares, del papel de los

EEUU, y de aspectos de las historias insurgentes (Ibíd., p-9) desarrollados durante la década

de los setenta y ochenta.







94

La cuestión fundamental de este análisis es mostrar la relación entre crisis y, que se da justo

en un momento histórico de liberalización de las fuerzas económicas del mercado

internacional (década de los ochenta) y la reconversión de las políticas públicas nacionales

que privilegian el uso intensivo de capital como motor del desarrollo. La experiencia de la

explotación del trabajo y el modo de producción nacional demostró el aumento en la calidad

de las condiciones de vida de la población por casi un siglo de manera progresiva; pero de

manera acelerada, después de la crisis económica las mismas condiciones comienzan un

retroceso.

Sin embargo, la transición política presente no plantea una transformación del modelo

económico de desarrollo lo que hace que la situación de la productividad continúe bajo los

mismos principios que han dirigido la acumulación de capital. Así en términos de los

acuerdos de paz, la transición política y económica se percibe de una manera distante, como

lo plantea Castillejo (2017) que se ve atravesado por un capitalismo que no presenta fracturas

sino más bien continuidades, es decir, en últimas, que es una transición en la que en el espacio

social nacional no pareciera haber tribulaciones políticas ni económicas.

La transición política está sustentada ideológicamente en la imaginación social del futuro,

“en esta imaginería se encuentra la narrativa de un futuro mejor, el “desarrollo”

(paradójicamente) como la ruta hacia ese “cambio”, el imaginario de una sociedad unificada

en torno a la paz, la unidad nacional y la idea misma de una nueva nación encarnada en el

eslogan oficial del proyecto presidencial: ´Todos por un nuevo país´” (Presidente de la

República).

Esta gramática o discurso oficial que pregona un evangelio global de perdón y reconciliación

subsume las diferencias de fondo que permiten obviar y esconder nuevamente, las

exclusiones endémicas y desigualdades crónicas que son la matriz de las nuevas y antiguas

violencias y, guerras que siguen apareciendo en medio de la reconciliación que se pregona.

Por ello el autor propone que el paradigma transicional se debe comprender desde los

presupuestos de su configuración cotidiana y revisando críticamente la “industrial

producción académica”, -a lo que hay que agregar-, se han venido convirtiendo en verdades

institucionalizadas. Se propone que desde los territorios en los que se enmarcan las

comunidades se pueden discutir con la continuidad o fractura que plantea la transición.

En este sentido, entonces, cómo demostrar que las desigualdades económicas y sociales que

se sustentan particularmente en la distribución de la producción petrolera en el caso del

departamento de Arauca se ven determinadas por las lógicas del capitalismo, es la situación

que hay que develar en las relaciones sociales específicas que se sostienen en este espacio

social.







95

Por lo tanto, en medio de la actual transición política y de continuismo económico, acaso

permitirán una transformación del modelo económico, partiendo por el principio de lo que

se pactó en los acuerdos y que comenzó su etapa de implementación, que contribuyan a la

construcción de la paz. Es otra cuestión que se quiere poner también de manifiesto en este

anexo.

De tal modo que podría lograrse una explicación satisfactoria de la realidad específica que

expresan las dinámicas sobre producción en relación con la dinámica económica y social

general en Arauca; por ahora, el hecho del aumento en la concentración de la tierra y el giro

a la productividad sustentada en el policultivo y los conglomerados empresariales de

monocultivos como alternativa a la crisis no explica nuestro problema; pero el hecho que las

dinámicas socioespaciales de la crisis económica y la búsqueda de soluciones de la misma a

través de nuevos campos productivos como la minería y la energía y, el gasto social en

infraestructura y turismo, nos hace pensar en los intentos por vía de la acumulación por

desposesión dentro de la continuidad de la lógica capitalista de producción en medio de la

ilusión de la transición.

Finalmente, existiría alguna posibilidad de transformación de las condiciones sociales de

producción del capitalismo presente a través de la experiencia de las mismas comunidades,

sustentadas en la dinámica que presentan las instituciones comunitarias, que habría que

identificar cuáles comunidades y pueblos rurales tienen alguna experiencia en procesos de

organización social, económica y política, en el departamento de Arauca, para poner a

dialogar la teoría con la realidad, a la vez que determinar las condiciones en que se

encuentran. Por otro lado el primer acuerdo que es referente a la reforma rural integral, tiene

un subpunto sobre la restitución de tierras, que no es más que un elemento jurídico y judicial.

Que de todos modos es importante que las comunidades tengan presente en el momento de

su organización.

Lo que es importante en esta búsqueda es el diálogo entre lo teórico-explicativo y las

posibilidades reales de transformación que presentan las conceptualizaciones basadas en las

experiencias de las comunidades, entre la teoría de la acumulación del capital y las

experiencias prácticas que pueden tener las organizaciones sociales para transformar la

realidad, como un recurso metodológico que habría que desarrollar en otro lugar y momento.







96

La ilusión de la transición

La ilusión de la justicia social hace alusión a la doble concepción que refleja la ilusión de la

transición política de los acuerdos entre las FARC y el gobierno, comprendido tanto como

esperanza, como engaño de las expectativas, la posibilidad de realizarse a la vez que no de la

justicia social como “prospecto del futuro imaginado”. Entendida esa posibilidad del futuro

como experiencia social. Por lo tanto la noción de justicia transicional se ve atravesada por

estas concepciones de la ilusión “su objeto es, pues, descentrar el término, situarlo en su

propia ilusión, deconstruirlo si se quiere, y asignarle otra serie de preguntas sobre los

presupuestos subyacentes al ‘paradigma transicional’” (Castillejo & [et. al.], 2015, pág. 2).

La primera insinuación de esa ilusión es la que surge en el contexto histórico colombiano

reciente, donde se sientan en una negociación los dos actores en disputa, “para parar el

desangramiento del país” que ha generado el conflicto armado y social, aunque este provenga

de distintas fuentes. El futuro de paz imaginado, navegando en escenarios de resistencia

negativa, por los intereses divergentes de los intereses de grupos de poder nacional e

internacional, hace soñar a los “ilusos” de transformar el país, que se ven atravesados por “el

evangelio global del perdón y la reconciliación”, que nace de lugares comunes de organismos

multilaterales que pueden estar guardando intereses de distinta índole sobre la noción de

desarrollo que quieren implementar particularmente en Colombia.

En este sentido ¿dónde se ubican las miradas de los distintos grupos poblacionales y

comunitarios frente a la ilusión de la paz como proyecto de futuro, que conlleva la idea de

desarrollo, progreso, etc., que aún conviven en medio de la violencia, después de firmados y

en proceso de implementación los acuerdos de paz?

De tal manera que la continuidad y la fractura de la violencia de “larga duración” o

“estructural” (Castillejo, 2015), persiste en medio de las condiciones sociales de vida de las

comunidades. Por ello, “toda transición es al fin de cuentas un movimiento teleológico hacia

una forma de capitalismo global donde, en casos de conflictos armados asociados a violencias

crónicas estructurales, se fundamentan sobre una serie de continuidades más que de

fracturas” (p-3).

Este es el contexto en el cual se llevan a cabo las implementaciones jurídicas, económicas y

sociales de los acuerdos. La hipótesis central me parece, que plantea el autor, es que la

transición política se da si o si en medio de la lógica de la guerra mutada o violencia

estructural continuada, después de todo pacto de paz, según la experiencias sociales en otras

latitudes y, en este sentido el perdón y el reconocimiento se desarrollan bajo una lógica







97

trasnacional y transaccional del capitalismo, puesto que es una realidad innegable, que esta

potenciada por organismos multilaterales y países “del primer mundo” interesados en que se

reduzcan los índices de criminalidad, quizás para explotar los recursos naturales y humanos

para que contribuyan en el crecimiento del capitalismo mundial.

En últimas lo que busca defender el autor es “entender los lugares sociales en los que es

posible hacer visible la dialéctica entre la fractura y la continuidad de di-versas formas de

violencia a la vez que comprender la particular teleología que implica transitar hacia el

postacuerdo” (p-6), es decir, que en medio de la implementación de lo acordado y negociado

no se discuta el modelo de desarrollo, o mejor dicho, que el modelo de desarrollo se impone

a lo acordado, mientras que la violencia estructural de largo aliento alimenta las condiciones

de desigualdad y equidad en el país. Una realidad sustentada en la dinámica teleológica

impuesta por los poderes tradicionales otorgados por la lógica en la que se mueven los

intereses privados del capital económico y político.

Las condiciones bajo las cuales se siguen desarrollando estas perspectivas de futuro son la

“exclusión endémica y desigualdades crónicas” de territorios y lugares en los cuales lo

acordado no ha surtido efecto. La institucionalización de la paz no pasa exclusivamente por

el Estado, sino que debe operar en las experiencias sociales particulares de las comunidades,

es decir, en las experiencias de paz territorial que dinamizan el espacio social donde se

desarrolla las prácticas y realidades sociales para la transformación social.

Los espacios sociales donde se lleva a cabo el cambio no se ven atravesados por las

gramáticas tradicionales de pacificación de territorios, sino por dinámicas propias de

superación del atraso estructural de las condiciones de vida y cultura propias de los grupos

poblacionales, una manera práctica y de experiencia propias de las comunidades que han

vivido más cercano el conflicto político y social, una manera de “desnaturalizar la promesa

y la ilusión de la transición, entender que esto es una localidad en un sistema de coordenadas

más amplio, incluso de orden global, que no tiene nada de excepcional” (p-7).

Los motivos que permitieron la implementación de lo pactado y la búsqueda de una paz con

perdón y reconciliación sustentada en la experiencia de lo social, tendrá que tener presente

las condiciones de realidad de los territorios dañados y afectados, por su experiencia de

socialidad particular con base en las dinámicas de la globalización y el neoliberalismo.

La producción de los espacios de capital

Pensar la producción del espacio supone pensar el modo de producción de la sociedad. El

modo de producción bajo el cual se halla la sociedad contemporánea se sustenta en la

acumulación de capital a través de la explotación de los medios de producción y del trabajo.







98

Según Harvey (2009) “la acumulación de capital se produce en un contexto geográfico y que

a su vez produce tipos específicos de estructuras geográficas” (pág. 255),

Es posible, entonces, afirmar que empíricamente se puede localizar la acumulación capitalista

en un espacio geográfico en el que las dinámicas (sociales, económicas y políticas) se

convierten en el centro de las cosas. Además que es posible relacionar, teóricamente, “los

procesos generales de crecimiento -o decrecimiento40- económico con la comprensión

explicita de una estructura emergente de relaciones espaciales” (pág. 255), por lo tanto, el

espacio está determinado *(en este sentido como se entiende que la región caldense sufre una

crisis económica y pierde su valor relativo en la economía nacional e internacional, sabiendo

que ya no es rentable su producción, además que pasa de monocultivo al policultivo, entre

otras situaciones), por las dinámicas socioespaciales establecidas.

Estos enfoques teóricos tienen su inicio con los aportes fragmentarios de Marx y que retoma

Henri Lefevbre para reorganizar estas ideas, que son continuadas y constituidas por David

Harvey en una teoría geográfica de la acumulación capitalista.

Lefevbre concibe el modo de producción capitalista como ordenador del espacio, antes la

producción se organizaba en el espacio pero hoy el espacio está determinando las relaciones

sociales de producción; “se pasa de la producción en el espacio a la producción del espacio”

(Lefevbre, 1974, pág. 219). También, plantea de la siguiente manera en este contexto lo que

significa el modo de producción:

El modo de producción organiza -produce su espacio y su tiempo (a la vez que

algunas relaciones sociales)-. Es así como se realiza […] El modo de

producción proyecta sobre el terreno esas relaciones, lo que actúa sobre ellas.

Sin que haya una correspondencia exacta, asignada de antemano, entre las

relaciones sociales y las relaciones espaciales (o espacio-temporales).

(Lefebvre, 2013, pág. 59).

Es decir, que son relativas de acuerdo a la dinámica propia de las relaciones sociales que se

entrelazan en un lugar y tiempo determinado. Pero al hablar del espacio y de las relaciones

que se establece en el modo de producción, hay que hablar de las relaciones sociales que

40. En este caso la intención es demostrar la realidad de la estructura presente del espacio de relaciones sociales de la región

Araucana, después de la crisis petrolera y de la apertura del mercado neoliberal.

*Aportes que según Harvey dejo planteados Marx pero que no alcanza a desarrollar en una teoría de la localización en la

que el crecimiento económico del capitalismo permite explicar la teoría de la acumulación del capital y la teoría del

imperialismo: “un novedoso enfoque de la teoría de la localización (en el que las dinámicas son el centro de las cosas) y

demuestra que es posible relacionar, teóricamente, los procesos generales de crecimiento económico con la comprensión

explícita de una estructura emergente de relaciones espaciales” (Harvey, 2009. p-255).







99

dinamizan esa forma de producción del espacio. Necesariamente se dan dentro de la

existencia de un mercado, en el que interactúan la fuerza de trabajo y los medios de

producción. Al hablar del mercado se tiene que ver la globalidad de la producción,

circulación y el intercambio.

Para este ejercicio solo tendremos en cuenta el análisis de la manera como el espacio se

produce a través de las relaciones sociales, pero solo de manera que se entienda la relevancia

de la producción del espacio, y se deja para otro lugar la relación de este con los conceptos

centrales de la teoría del valor de Marx y Harvey. Y solo tendré en cuenta alguna de las

definiciones que trae a colación Lefevbre por su importancia en los aportes de esta

reformulación de la teoría de la localización y el mercado mundial que dejo planteada o

esbozada Marx y que continúo Harvey. V.g.:

El espacio no es una cosa entre las cosas, un producto cualquiera entre los

productos: más bien envuelve a las cosas producidas y comprende sus

relaciones en su coexistencia y simultaneidad: en su orden y/o desorden

(Lefebvre, 2013, pág. 129).

Un primer acercamiento a la manera como se define el espacio es entenderlo como el

“escenario” en el que se relacionan las cosas producidas en el espacio y en el tiempo, por el

lugar que ocupan y por la dinámica que tienen. En este sentido,

Podemos afirmar que el espacio es una relación social, pero inherente a las

relaciones-de propiedad (la propiedad-del suelo, de la tierra en particular), y

que por otro lado está ligado a las fuerzas productivas (que conforman esa

tierra, ese suelo); vemos, pues, que el espacio social manifiesta su polivalencia,

su «realidad» a la vez formal y material. Producto que se utiliza, que se

consume, es también medio de producción: redes de cambio, flujos de materias

primas y de energías que configuran el espacio y que son determinados por él.

En consecuencia, ese medio de producción, producido como tal, no puede ser

separado de las fuerzas productivas, incluyendo la técnica y el conocimiento,

ni separado de la división social del trabajo, que lo modela, ni de la naturaleza,

ni del Estado y las superestructuras de la sociedad (Lefebvre, 2013, pág. 141).







100

Instituciones Comunitarias para la Paz ICPP: Acercamiento a su definición.

Interpretando a Norbert Elías sobre “los procesos de larga duración” las geografías de guerra

originaron, constituyeron y ordenaron una estructura del espacio social (territorio),

configurado bajo una lógica de amigo-enemigo, en la cual los actores inmersos en este

espacio se comportaban con recelo, temor o sospecha, y cualquier tipo de contacto entre ellos

sería mal visto por el actor dominante. Los actores armados y el vacío de poder que deja el

Estado permiten dicha configuración, solo los individuos alejados de esta lógica, en distintos

espacios diferenciados y diferentes momentos de la historia local, personal, colectiva,

familiar y comunitaria, se decidieron por entablar modos distintos de relacionarse, algunas

veces victoriosos otros trágicos, para llegar al fin a su organización comunitaria, mediada por

principios distintos de los que les impusieron los dominantes regionales y locales.

La definición de lo que son las Instituciones Comunitarias Para la Paz, ofrecida por Jaramillo

et. Al. (2017), es una propuesta alternativa a los discursos que sobre la construcción de paz

se han dado en el país entre un conjunto heterogéneo. De hecho, pretenden debatir recogiendo

los aportes realizados por estos, abriendo el abanico de posibilidades pero con miras a la

especificidad de las representaciones y prácticas desde las comunidades mismas que han sido

sobrevivientes de las geografías de guerra.

Digamos que los discursos de construcción de paz en la historia del conflicto y la violencia

en Colombia, han pretendido crear “diseños institucionales macro” o una “ingeniería del

posconflicto” que termina por reproducir la “ceguera territorial” (p-17).

Precisamente es desde aquí, desde donde se quiere conversar y dialogar el concepto, desde

el territorio y las comunidades, apropiados y territorializados, por decirlo de alguna manera,

o como lo definen los autores citados “el valor de los bienes comunes territorializados más

básicos y de acceso cotidiano a la gestión de la convivencia local”, a lo cual tienen una lista

de los bienes comunes, aquello que definen también como “teflón comunitario”, la escuela,

las juntas de acción local, juntas de vecinos, el consejo comunitario, las asociaciones de

productores, zonas de reserva campesina, los cabildos, o términos de Fals Borda o Camilo

Torres las organizaciones de base, de forma más clásica. Aunque es claramente un avance

ante esta postura.

Se puede plantear o sugerir, la idea que los procesos de larga duración pueden también ser

dispositivos colectivos e individuales que operan en el orden de las comunidades, no de

manera acabada, sino con digresiones y rupturas, que hacen dilatar los tejidos comunitarios,

pero para volverlos resistentes a la lógica impuesta en los territorios por los actores armados.

Estos procesos de larga duración, constituyen la base desde donde se deben entender y

comprender los procesos de las instituciones comunitarias para la paz.







101

Surgen entonces preguntas desde lo macro, cómo operan las lógicas de las geografías de

guerra, si operan por el poder que ofrecen los recursos económicos, políticos y sociales en el

control territorial y social, cuáles son los intereses de mantener y conservar estas lógicas de

guerra amigo-enemigo, si pueden superar los intereses locales, o funcionan en diferentes

momentos estratégicos por el control y el poder territorial y social; si los intereses superan

los escenarios locales y regionales, en los que proyectos internacionales, por ej., el capital

económico, el narcotráfico, la extracción de recursos naturales, los monocultivos, etc., como

hacer para ingresar estos elementos esenciales en la mirada de la construcción de memoria

de las comunidades, sin que se desdibuje el contenido de las experiencias de las comunidades.

Los niveles de lectura de la realidad superan la dinámica del orden vs desorden o violencia,

muy bien queda expuesto en la discusión de la distancia entre centro-periferia y en la relación

del Estado con el territorio, en la medida que se construyen ordenes en la medida de los

intereses de los actores en la “estructura” política, económica, cultural y social, y el vacío de

la institucionalidad del Estado lo suplanta el orden de los actores ‘adyacentes’, y según el

espacio ocupado en los intereses internacionales, nacionales, regionales o locales, y la

historia diferenciada de ocupación del espacio, por zonas céntricas caracterizadas por ser

“territorios en disputa” u “ordenes disputados”, y las zonas periféricas definidas como

“territorios estructurados por la guerra” en los márgenes de “la colonización campesina

periférica” o de frontera.

Podemos decir con Bourdieu que existe una disputa por el espacio, una lucha por el control

del campo, en el que los agentes (“actores”) se disputan una fracción del mismo porque les

brinda reconocimiento y poder, pero en el que a la vez, otros actores, como los comunitarios

se disputan por el respeto, la soberanía, la tranquilidad, la solidaridad aunque estén inmersos

en el “juego” en la lucha por sobrevivir o la supervivencia política, económica, etc., aún en

medio de las prácticas de las economías ‘ilegales’.

En todo caso se plantea la discusión en términos del espacio vital, en el que las prácticas y

representaciones del territorio, los recursos y el entorno, los habitantes o pobladores

configuran unas relaciones sociales que les dota de sentido su convivencia, en medio

inclusive de las geografías de guerra en las que han diseñado unas estrategias consientes e

inconscientes por la sobrevivencia, que los autores referidos definen como,

[…] orden institucionalizado a pesar de la guerra, orden disputado en la

guerra y orden estructurado por la guerra, o si quiere territorialidades

integradas a pesar de la guerra, territorialidades disputadas en la guerra o

territorialidades estructuradas por la guerra (p-20).







102

Concepciones non sanctas de las transiciones políticas en Colombia

Después de haber transcurrido 70 años del asesinato de Gaitán se hace indispensable,

continuando con una nueva época los poderes del establecimiento colombiano la

marginación de los distintos grupos sociales que conforman la población, los de aquella

época y la dinámica de su variación hasta el presente, por lo menos de los grandes grupos

étnicos y pueblos originarios, sociales y políticos, y de los nuevos grupos sociales en general,

campesinos y urbanos específicamente, y determinar cuáles han sido las experiencias de las

transiciones políticas hasta la actualidad.

Tomando como referentes los hechos desde aquella época, como la dictadura de Rojas

Pinilla, la conformación de la unidad del frente nacional bipartidista, la continuación de los

grupos de autodefensa bipartidistas, las guerrillas marxistas, el narcotráfico, la constitución

del 91, el cambio del modelo de desarrollo neoliberal de apertura económica, y finalmente,

los acuerdos de paz de perdón y reconciliación con los paramilitares en el 2006 y la

negociación de los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla de las FARC en 2012.

Estos diferentes pactos tienen una particularidad, que nos hacen presumir que son pactos

“cuarteros” o privados, por ciertos grupos sociales que no recogen los intereses del resto de

la sociedad “civil”, algunos que vienen desde arriba del poder, otros que vienen del poder de

base y otros que son jalonados de arriba y abajo, de acuerdo a las particularidades de la época

en que se dan. Entendiendo que es una contradicción en los términos partir por una

clasificación que presupone el compartir intereses, siendo la marginación en la participación

el principio de los mismos intereses. En la lógica de “acuerdo” o “transiciones de élite”, como

lo enuncia Castillejo (2015, p-17)41.

La transición política surgida de los acuerdos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las

Farc EP no busca cambiar el modelo económico capitalista, por el contrario el interés general

de la paz es el desarrollo sustentado en la acumulación de capital a partir de la pacificación

de los territorios.

La concentración de la tierra y el paso del monocultivo al policultivo han transformado la

productividad, después de la crisis petrolera y la aplicación de políticas neoliberales de libre

mercado. Las ideas expuestas de la producción del espacio sustentarían una explicación de

41 Es decir, acuerdos o transiciones pactadas entre las élites del Estado y los líderes de cualquier organización y cualquiera

sea su forma de denominación, en pactos secretos de grupos armados y no armados en alianza con las élites del estado como

es el caso de los paramilitares y el narcotráfico, o en disputa con el mismo, con las guerrillas. Cuando se habla de pactos

secretos, es el proceso inicial de la alianza, en la que se comprometen los intereses del poder del Estado en los intereses

particulares de un grupo armado, cuando se llegan a los acuerdos que dan fin al conflicto sostenido en este caso de relaciones

transicionales de paz adoptan la denominación de pacto o acuerdos negociados para la terminación de la confrontación, bien

con los grupos que guardan algún interés, como cuando no tienen intereses en común.







103

la transformación ocurrida en la economía del departamento. De alguna manera es importante

recordar que este marco explicativo apenas toca el fundamento de la producción del espacio.

El paradigma de la transición se enmarca en las teorías que se inspira en las experiencias de

las sociedades que han tenido algún tipo conflicto interno o regional y han sufrido violaciones

y vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a lo cual de

estas experiencias se decantan para desarrollar un marco normativo especial transicional para

superar el conflicto y construir paz.

Es posible pensar la transición como una continuidad de las violencias antes que como la

ruptura que anuncia el posconflicto, al tiempo que es teleológica la relación entre la

continuidad del modelo económico que reproduce las desigualdades y segregaciones crónicas

de algunos sectores sociales que no entra en la negociación, lo que hace que en medio del

proceso de paz adoptado, se concibe la democracia como economía de mercado y democracia

representativa, reproduciendo nuevas guerras y violencias.

Las instituciones comunitarias para la paz pueden convertirse en una experiencia importante

para la transformación de los territorios que han sido marginados y segregados tanto de la

economía productiva como para la participación democrática.

Finalmente, es necesario definir las distintas transiciones que se han sucedido en la historia

de los conflictos sociales y políticos colombianos, para construir un marco explicativo de la

dinámica política, económica, cultural y social y poder entender de manera amplia la

transición actual que se desarrolla y, siendo optimista, reconocer las posibilidades de futuro

de la sociedad.







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Universidad de los Llanos – Gobernación de Arauca

Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana - ICAOC

Villavicencio, vereda Barcelona: Km. 12 Vía Puerto López - PBX. +57 (8) 6616800

Línea Gratuita PQRs: 018000918641

[email protected]

https://www.unillanos.edu.co/

Desde la Investigación social la temática del conflicto armado busca la

caracterización y formulación de recomendaciones estratégicas de resolución de las

tensiones y aprovechamiento de las organizaciones socioculturales para el ítem 2.2.

“Análisis del conflicto armado del departamento de Arauca como aporte en el

diagnóstico y formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental”,

convenio 532 de 2016, Universidad de los Llanos-departamento de Arauca.

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ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA

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