Análisis de RealidadGrupo de Trabajo por Colombia GTCBerlín mayo de 2017

Cáritas ColombianaPor una Colombia justa y fraterna

Pastoral Social

Documento de trabajo elaborado por el Observatorio de Realidad 2017

Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas ColombianaCr 58 N° 80-87. Barrio Entre Ríos.Tel: 57 -1- 4377150Fax: 57-1- 4377171Bogotá, Colombia C.P. 111211 Email: snpscol@cec.org.cowww.caritascolombiana.org

Tabla de contenido

Presentación

1. Violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos 1.1. Distribución territorial de los homicidios a líderes y defensores1.2. Amenazas a líderes y defensores1.3. Presencia de grupos armados y acciones violentas1.4. Caracterización de los líderes y defensores afectados1.5. Patrones comunes y sistematicidad de los hechos

2. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos de Normalización (PNT) e implementación de los acuerdos2.1. Funcionamiento de las ZVTN y PNT2.2. Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V)2.3. Desplazamiento y concentración en las ZVTN y PNT2.4. Dificultades y retrasos en la construcción de las ZVTN y PNT2.5. Riesgos de las ZVTN y PNT2.6. Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI)2.7. Entrega de listas de guerrilleros2.8. Entrega de menores y restitución de derechos2.9. Dejación de las armas

3. Procedimiento legislativo especial para la paz o “Fast Track”3.1. Control de Constitucionalidad al “Fast Track”3.2. Reformas legales y constitucionales aprobadas vía “Fast Track”3.3. Reformas legales y constitucionales en trámite3.4. Próximos proyectos por radicar

4. Diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN4.1. Fase exploratoria4.2. Fase Pública

4.2.1. Primer ciclo de negociaciones4.2.2. Segundo ciclo de negociaciones

4.3. Situación de la guerrilla del ELN4.4. Perspectivas del proceso de diálogo

5. Presencia y respuesta solidaria de la Iglesia en la emergencia de Mocoa-Putumayo5.1. Los Hechos5.2. La respuesta5.3. Las brechas y desafíos5.4. Las proyecciones y trabajo que sigue

Análisis de RealidadGrupo de Trabajo por Colombia GTC

Berlín mayo de 2017

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Presentación

El análisis de realidad que se presenta a continuación, trata cinco temas centrales de la coyuntura nacional, realizando una descripción de los hechos más relevantes que caracterizan la problemática planteada (ver), desarrollando un análisis posterior (juzgar) y finalmente realizando una reflexión sobre la toma de decisiones (actuar). Para esta ocasión, con motivo de la reunión del Grupo de Trabajo por

Colombia (GTC), los temas planteados son los siguientes: 1) Violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, 2) Zonas Veredales Transitorias de Normalización e implementación de los acuerdos, 3) Desarrollo del Procedimiento legislativo especial para la paz o “Fast Track”, 4) Diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN y 5) Emergencia en Mocoa.

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Comenzando el 2017 se conocen los informes sobre la violencia en contra de líderes sociales, integrantes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos en Colombia durante el año 2016. La conclusión es preocupante: a pesar de la disminución de las cifras generales de violencia en Colombia asociado al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el 2016 fue un año más violento para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, con respecto a los años anteriores, donde han disminuido las amenazas y en cambio han aumentado los asesinatos; violencia que además, obedece a un patrón común y vista en su contexto tiene un carácter sistemático.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) y el Sistema de información sobre agresiones de DDHH en Colombia del Programa Somos Defensores (SIADDHH), presentan cifras cercanas pero con algunas diferencias que se deben principalmente a dos motivos: la diferencia de criterio para establecer en que caso una víctima se clasifica como líder social o defensor de derechos humanos, y en segundo lugar, la dificultad de establecer en qué caso el hecho violento estuvo asociado con la actividad social o política de la víctima.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación como ente investigador responsable por el esclarecimiento de estos casos, no ofrece cifras oficiales al respecto aun cuando se anunciara en octubre de 2016 el lanzamiento del “Plan Esperanza” el cual según esta entidad, se creó “con el fin de proteger la integridad de las comunidades vulnerables, líderes indígenas y comunales, defensores de derechos humanos y líderes sociales; (…) para evitar la impunidad, enfrentar el delito, frenar el avance de los grupos del crimen organizado y articular acciones para proteger la vida y restablecer los derechos de dichas comunidades.”1

Con el fin de tener en cuenta los datos de los principales in-formes sobre la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos hu-manos en 2016, a continuación se presenta un cuadro compa-rativo con las cifras de ambos, en las categorías de homicidios, desaparecidos, amenazas, aten-tados y violencia sexual.

Cabe aclarar que estas cifras solo registran los casos cometidos en contra de comprobados

líderes sociales y defensores con cargos directivos en sus organizaciones, dejando por fuera otro tipo de miembros de organizaciones sociales, así como casos de violencia cometidos contra hijos o familiares cercanos.

1. Violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos

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1FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2016) En marcha “Plan Esperanza”. Consultado el 13 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/en-marcha-plan-esperanza/

A pesar de la disminución de las cifras generales de

violencia en Colombia asociado al proceso de paz con la guerrilla de

las FARC, el 2016 fue un año más violento para

los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, con respecto a los años

anteriores.

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A pesar de las diferencias, ambos informes muestran que la violencia contra líderes y defensores sufrió un aumento. Según el SIADDHH del Programa Somos Defensores, en 2016 se registró un incremento del 27% en asesinatos de líderes y defensores en Colombia, 17 más que en 2015 y un aumento del 40% en los atentados, 14 más que en el año anterior.

1.1.Distribución territorial de los homicidios a líderes y defensores

La distribución de los homicidios en el territorio nacional, muestra como en 22 de los 32 departamentos de Colombia es decir en el 68% de ellos, se está atentando en contra de líderes y defensores. En el orden regional, el suroccidente colombiano (departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo) concentra el mayor número de homicidios a líderes y defensores,

con 34 casos, equivalente al 42% del total del país. Esta concentración territorial de hechos violentos indica la existencia de dinámicas y actores regionales configurados en contra de los procesos sociales y políticos que lideraban las víctimas.

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2OACNUDH (2017) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016. Consultado el 17 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf 3Programa Somos Defensores (2016) Informe Anual 2016 sistema de información sobre agresiones de DDHH en Colombia SIA-DDHH. Consultado el 13 de marzo de 2017. Disponible en: https://www.somosdefensores.org/attachments/article/144/Con-tra%20las%20cuerdas.%20Informe%20Anual%20Espan%CC%83ol%20220217227p.pdf

Entidad Homicidios Desaparecidos Amenazas Atentados Violencia sexual

OACNUDH127 casos

59 de líderes o defensores

3 casos210 amenazas

de las cuales 69 fueron colectivas

44 casos 1 caso

Programa Somos

Defensores

125 casos80 de líderes o

defensores2 casos 317 amenazas

individuales 49 casos 1 caso

Fuente: elaboración propia con base en los informes anuales de la OACNUDH2 y el Programa Somos Defensores Sistema de información sobre agresiones de DDHH en Colombia SIADDHH3 sobre la violencia en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016.

En el orden regional, el suroccidente

colombiano (departamentos de

Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo)

concentra el mayor número de homicidios a líderes y defensores, con 34 casos, equivalente al 42% del total del país.

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La tabla siguiente, indica la cantidad de homi-cidios cometidos a líderes y defensores por de-partamento en 2016 hasta el 2 de abril de 2017.

En lo transcurrido del 2017, no se observa un cambio en la situación, por el contrario como lo resalta el informe de riesgo número 10 de la De-fensoría del Pueblo4, el cual reporta los casos de homicidio cometidos de enero a marzo del pre-sente año; hasta el momento se han presentado 23 asesinatos de líderes y defensores, algunos ocurridos en regiones donde no se presentaron este tipo de hechos en 2016.

1.2. Amenazas a líderes y defensores

Además de los homicidios, otra de las afectacio-nes graves a líderes y defensores, son las amena-zas y asedio constante al que se ven sometidos. Según el Programa Somos Defensores, en 2016 se registraron 317 amenazas individuales, lo cual significa una disminución del 40% con respecto al 2015, año en el cual se presentaron 539 ame-nazas. Esta disminución en las amenazas contras-ta con el aumento de los homicidios e indica un grave paso de las amenazas a los hechos.

Durante 2016, se registraron amenazas en 20 de-partamentos de Colombia, contando a la ciudad de Bogotá como el lugar donde más amenazas se presentaron, con 67 casos denunciados según el Programa Somos Defensores; a Bogotá le sigue el departamento del Valle del Cauca (61 casos), Santander (42 casos), Cauca (39 casos) y Atlántico (27 casos). El informe también señala que los pre-suntos responsables, en su mayoría siguen sien-do grupos de origen paramilitar, entre los que se incluyen diferentes expresiones del crimen orga-nizado y los denominados Grupos Armado Or-ganizados (GAO)5, a los cuales se atribuyen 267 amenazas.

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4DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2017) Informe de Riesgo 010-17 A.I. Consultado el 3 de abril de 2017. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/documentos/victimas-1/defensores-de-derechos-humanos/1461--725Nueva denominación otorgada a las BACRIM por el Ministerio de Defensa mediante la directiva número 15 del 22 de Abril de 2016.

Departamento Homicidiosen 2016

Homicidiosen 2017

(al 2 de abril)

Cauca 22 3Antioquia 10 7

Norte de Santander 6Nariño 5

Valle del Cauca 5Córdoba 4 2

Huila 3Arauca 2 1

Meta - 3Caldas - 1

Atlántico 2Bolívar 2

Casanare 2Cesar 2 2

Cundinamarca 2La Guajira 2

Magdalena 2Putumayo 2

Risaralda 2 1Caquetá 1

Chocó 1 2Bogotá 1 1

Santander 1Tolima 1TOTAL 80 23

Fuente: Informe anual del SIADDHH del Programa Somos Defensores 2017.

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1. 3. Presencia de grupos armados y acciones violentas

En la mayoría de los casos de homicidio contra líderes y defensores, se identifica una relación entre los municipios donde ocurrieron los asesinatos y la presencia de grupos de origen narco-paramilitar y de la guerrilla del ELN, especialmente en los departamentos de la costa pacífica colombiana, al occidente del país, así como en la región nororiental. En este escenario, los departamentos de Cauca (22 casos), Antioquia (10 casos) y Norte de Santander (6 casos), registran la mayor cantidad de homicidios a líderes y defensores ocurridos en 2016.

El siguiente mapa elaborado por la Defensoría del Pueblo señala la ubicación de los casos de amenazas, atentados, desapariciones forzadas y homicidios en 2016 a marzo 3 de 2017.

Fuente: Informe de riesgo N° 10 de la Defensoría del Pueblo al 3 de marzo de 2017

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1.4. Caracterización de los líderes y defensores afectados

El tipo de líderes y defensores asesinados, indica que las organizaciones territoriales de carácter comunal, étnico y campesino, han sido las más golpeadas, haciendo notable la afectación de las áreas rurales, especialmente de aquellas donde hacía presencia la guerrilla de las FARC. Esta situación muestra la necesidad de una presencia integral del Estado colombiano en los territorios dejados por esta guerrilla, luego de su desplazamiento y ubicación en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos de Normalización; territorios donde se ha creado un vació de poder que intentan ocupar grupos de origen narco-paramilitar y la guerrilla del ELN que actualmente se encuentra en un proceso de negociación con el gobierno nacional.

El siguiente mapa señala la ubicación de los municipios donde ocurrieron los homicidios con respecto a la presencia de grupos de origen paramilitar y del ELN.

Grupos de origen paramilitarEjército de liberaciónNacional ELNMunicipios con líderesvíctimas de homicidio

Fuente: Informe anual del SIADDHH del Programa Somos Defensores 2017.

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La tabla siguiente muestra el número de casos ocurridos según el tipo de líder asesinado.

1.5.Patrones comunes y sistematicidad de los hechos

El análisis de los casos de homicidio registrados revela un patrón común y muestra el carácter sis-temático de la violencia contra líderes y defenso-res ocurrida durante el 2016 y lo corrido del 2017, en conclusión: en su mayoría fueron asesinatos de líderes de influencia local o regional, que re-

presentaban un desafío al poder local existente, cometidos a plena luz del día y en cercanías a las viviendas o sitios de trabajo de las víctimas, por sicarios que se movilizaban en motocicleta; crímenes que se presentan en un escenario de reconfiguración de los poderes locales, previo al inicio de la época electoral donde se juega el control del poder político local y regional.

Este modo de operar observable en la mayoría de los casos, genera temor, desplazamiento for-zado y desarticulación de procesos sociales a ni-vel local y regional, con el objetivo de tratar que el hecho tenga poca visibilidad a nivel nacional e internacional, debido a la poca figuración que tienen los líderes locales y regionales asesinados, por fuera de sus territorios. El asesinato selectivo cometido por sicarios en moto, en momentos en que la víctima se encontraba sola y cerca de su vivienda o lugar de trabajo, muestra un proceso sistemático de seguimiento y vigilancia que da con la identificación del líder asesinado, cometi-do a plena luz del día como muestra de presencia y control territorial.

También las amenazas responden a una lógica común, según el investigador Leonardo Gonza-les6, miembro del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), según la cual: “en su mayoría se realizan a través de panfletos donde indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones, líderes que son acusados de gue-rrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones.”7

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6Coordinador de proyectos y la unidad investigativa de Indepaz.7INDEPAZ (2017) Informe Anual sobre Líderes de Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos Asesinados en el 2016. Consultado el 17 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/informe-anual-sobre-lideres-de-organizaciones-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-el-2016/

Tipo de líder Homicidios

Líder Comunal 20

Líder Indígena 15

Líder Campesino 13

Líder Comunitario 10

Líder Afro 7

Líder Sindical 4

Líder de Víctimas 3

Líder Juvenil 3

Líder LGBTI 3

Abogado defensor de DDHH 1

Líder social y Concejal 1

TOTAL 80

Fuente: Informe anual del SIADDHH del Programa Somos Defensores 2017.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), existen algunos factores que agudizan la situación de violencia contra líderes y defensores: “la percepción de los actores criminales de que los defensores de derechos humanos afectan sus intereses; la persistente estigmatización de los defensores de derechos humanos; el uso de la violencia para resolver disputas en las comunidades; la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales; y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.”8 Dentro de las actividades económicas ilegales a que se hace referencia, se cuenta el control de los cultivos de uso ilegal y la producción de droga, el narcotráfico, la minería

ilegal y el tráfico de personas.

Luego de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, la posibilidad de construir la paz y lograr su consolidación en un escenario tan complejo como el que atraviesa Colombia, pasa por garantizar la vida y los derechos humanos a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes desde todas las regiones del país, cumplen un papel fundamental liderando los procesos de apropiación y exigencia ciudadana, por parte de los sectores sociales más afectados por la violencia y la vulneración de sus derechos; de las posibilidades de restitución de derechos y la oferta institucional que se presenta en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.

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8OACNUDH (2017). Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016.

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2. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos de Normalización (PNT) e implementación de los acuerdos

Ante el triunfo del NO en las urnas el 2 de octubre de 2016, el gobierno buscó otro mecanismo para la refrendación de los acuerdos con las FARC, al tiempo que desarrollaba acercamientos con los sectores promotores del NO para tratar de incorporar la mayor cantidad posible de propuestas de este sector, a través de jornadas de dialogo con la mayoría de sus líderes. El resultado final de estas jornadas, fue la incorporación de 57 de los 60 cambios propuestos, al nuevo Acuerdo firmado con las FARC en el teatro Colón de Bogotá.

De esta forma, el martes 29 de noviembre de 2016, el Senado en pleno, (con la ausencia del partido Centro Democrático) aprobó la refrendación del acuerdo final, con 75 votos a favor y 0 en contra, y el miércoles 30 del mismo mes, la Cámara de Representantes, con 130 votos a favor y 0 votos en contra, hizo lo mismo.

Con anterioridad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conceptuó que el Congreso sí puede refrendar el nuevo acuerdo firmado con las FARC, en respuesta a una consulta elevada por el Ministerio del Interior. La Sala de Consulta, con ponencia del magistrado Germán Bula Escobar, señaló que "desde el punto de vista de la naturaleza, fines y alcance del control político que el Congreso de la República ejerce sobre el Gobierno Nacional, resulta conforme con la Constitución y con la ley orgánica del reglamento del Congreso que ese cuerpo legislativo pueda hacer una manifestación política, a título de refrendación, de los acuerdos de paz suscritos por el Presidente de la República". No obstante, agrega el concepto que la refrendación es diferente a la implementación del Acuerdo Final, razón por la cual las reformas constitucionales y legales que este último demande deberán agotar

los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para el efecto.

2.1. Funcionamiento de las ZVTN y PNT

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, son áreas temporales, definidas, delimitadas y concertadas entre el Gobierno Nacional y las FARC para llevar a cabo el proceso de dejación de armas e iniciar el tránsito hacia la legalidad de esta guerrilla; los objetivos principales de estas zonas son: garantizar el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo (CFHBD), garantizar la dejación de las armas de las FARC y facilitar el inicio del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de la guerrilla, en lo económico, lo político y lo social. Según lo pactado entre el gobierno nacional y las FARC, las ZVTN tendrán vigencia por 180 días prorrogables mientras se lleva a cabo el cronograma de la dejación de las armas; es decir, 180 días a partir del día D+1 que fue el 2 de diciembre de 2016, lo cual significa que los 180 días irían hasta el 31 de mayo de 2017, inicialmente.

Como principales características, las ZVTN son de carácter territorial, temporal y transitorio, deben contar con facilidades de acceso por vía terrestre y fluvial y sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican. Allí se despliega el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) encabezado por la Misión Política Especial de la ONU y el Estado constitucional tiene plena vigencia dentro de sus límites, de esta manera, las autoridades civiles siguen ejerciendo sus funciones y pueden acceder sin limitaciones, excepto a los campamentos; el ingreso de la Policía Nacional y otras autoridades en caso de incidentes, debe hacerse informando al MM&V.

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Como medidas de seguridad, se suspende el porte y tenencia de armas de fuego para la población civil y no está permitido su ingreso a los campamentos, además la salida de combatientes de las FARC de los campamentos debe hacerse de civil, sin armas y con previa autorización y monitoreo del MM&V; también, cada ZVTN tiene una zona de seguridad de 1 kilómetro a partir del límite de la vereda donde solo puede movilizarse el MM&V.

Al interior de cada ZVTN, puede haber uno o varios campamentos, dependiendo de las condiciones del terreno y la cantidad de combatientes; en uno de los campamentos debe estar instalado el contenedor donde se almacenarán gradualmente

las armas de la guerrilla y este debe estar controlado por la Misión Política de la ONU.

También pueden contar con bibliotecas móviles al servicio no solo de quienes se desmovilizan y desarman sino de toda la comunidad de las veredas; además se desplegarán unidades del SENA que brindarán una amplia oferta de capacitaciones a los ex combatientes como parte de su reintegración temprana.

El esquema siguiente, ilustra la conformación general de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos de Normalización, y la ubicación de las integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación alrededor de las zonas.

Fuente: ONU (2016) Lo que necesitas saber sobre la Misión de la ONU en Colombia.

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2.2. Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V)

En el marco de la implementación de los acuer-dos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se estableció la creación del Mecanismo de Mo-nitoreo y Verificación (MM&V); razón por la cual el gobierno y las FARC solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU, una misión política para verificar el compromiso de dichas partes en lo que se refiere al cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas. Como resultado de esta solicitud, el Consejo de seguridad de Naciones Unidas, mediante resolución 2261 de enero de 2016, reco-noce la solicitud realizada y por decisión unánime, define “Esta-blecer una Misión Política que participará en el proceso […] como componente interna-cional y coordinadora del […] mecanismo tripartito […]”9. Por parte de la ONU, la misión po-lítica que integra el mecanismo tripartito, está compuesta por 450 observadores militares no armados, sin uniforme y que no actúan como “cascos azules”, pertenecientes principalmen-te a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Dentro del mandato de la Misión de la ONU en Colombia, se establecen cinco puntos básicos: 1. la verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades

Bilateral, diseñado para coordinar, dirimir controversias, hacer recomendaciones e informar a las partes. 2. Dejación de Armas, encargada de verificar la destrucción de armamento inestable y de recibir las armas de las FARC, según solicitud de las partes. 3. Resolver diferencias. 4. Diálogo con comunidades, sociedad civil y autoridades y 5. Hacer recomendaciones y pronunciamientos.

El siguiente esquema representa la ubicación de las 19 Zonas Veredales Transitorias de Normaliza-ción, los 7 Puntos de Normalización, las 8 sedes regionales y la sede nacional donde el mecanis-mo tripartito de verificación hace presencia.

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9ONU Consejo de seguridad (2016) Resolución 2261

Fuente: ONU (2016) Lo que necesitas saber sobre la Misión de la ONU en Colombia.

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2.3.Desplazamiento y concentración en las ZVTN y PNT

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo final de Paz en el sub punto 3.1.4.1 del punto 3, referido al Fin del Conflicto; el pasado sábado 18 de febrero, finalizó el desplazamiento de cerca de 7000 guerrilleros de las FARC hacia las 19 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y a los 7 Puntos Transitorios de Normalización distribuidos en todo el país. El desplazamiento de todas las estructuras de las FARC se completó con la llegada de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 3, 14 y 15 a la vereda Agua Bonita, del municipio La Montañita, en el departamento de Caquetá.

Así finalizó un proceso que requirió de 39 operaciones y la participación de más de 100 mil personas durante 19 días, en los que los guerrilleros transitaron más de 8.700 kilómetros a pie, en vehículos y embarcaciones, con acompañamiento de la Misión de Monitoreo y Verificación (MM&V), y en coordinación con la Fuerza Pública.

2.4.Dificultades y retrasos en la construcción de las ZVTN y PNT

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), en su quinto informe que comprende el periodo entre el 7 de marzo y el 7 de abril de 2017, establece el estado de construcción de los

campamentos de las FARC en las ZVTN y PTN, y divide el proceso en tres fases:

Fase IConsistió en la ejecución de contratos de arriendo de los 26 predios para los campamentos, la cual quedó concretada en su totalidad.

Fase IIDesigna como “construcción de áreas comunes” (salud, recepción, administración, logística, almacén y bodegas, cocina, comedor, aulas, esparcimiento, agua y saneamiento que incluye la batería sanitaria, áreas de combustibles, energía eléctrica y urbanismo).

Fase IIIDesignada como “entrega de materiales” al personal de FARC-EP para la construcción de alojamientos”10.

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10ONU (2017) Quinto informe mensual del mecanismo de monitoreo y verificación. Disponible en: https://colombia.unmis-sions.org/sites/default/files/quinto_informe_mmv_1.pdf

El desplazamiento de todas las estructuras de

las FARC se completó con la llegada de cerca de 300 guerrilleros de

los frentes 3, 14 y 15 a la vereda Agua Bonita, del municipio La Montañita,

en el departamentode Caquetá.

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Teniendo en cuenta que la primera Fase ya fue ejecutada, en la siguiente tabla se presenta el estado de avance de la construcción de áreas comunes y la entrega de materiales para la construcción de alojamientos, correspondientes a la Fase II y III, y se utiliza un semáforo que representa el estado de avance a partir de los siguientes porcentajes: 0% a 20% Gris, 21% a 40% Rojo, 41% a 70% Naranja y 71% a 100% Verde.

Fuente: Adaptación propia a partir de información del Quinto informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V)

Departamento Municipio ZVTN PTN

Construcciónde áreas

comunesFASE II

Entrega de MaterialFASE III

Tolima Icononzo La Fila 21% 0%

Tolima Planadas El Oso 43% 0%

Norte de Santander Tibú Caño Indio 45% 0%

Putumayo Puerto Asís La Pradera 88% 10%

Meta La Macarena Yarí 62% 25%

Caquetá Montañita Agua Bonita 15% 0%

Caquetá San Vicente del Caguán Miravalle 26% 0%

Antioquia Ituango Santa Lucía 40% 15%

Antioquia Dabeiba Llano Grande 36% 32%

Córdoba Tierra Alta Gallo 30% 35%

Antioquia Anorí La Plancha 92% 85%

Antioquia Remedios y Segovia Carrizal 100% 15%

Cauca Buenos Aires El Ceral / Robles 26% 50%

Cauca Caldono Los Monos 86% 25%

Nariño Tumaco La Variante 39% 0%

Cauca Policarpa Betania / La Paloma 54% 0%

Cauca Miranda Monterredondo 0% 0%

Chocó Carmen del Darién y Rio Sucio

Caracolí / La Florida 56% 10%

Antioquia Vigía del Fuerte Vidrí 66% 45%

San José del Guaviare San José del Guaviare Charras 33% 80%

San José del Guaviare San José del Guaviare Las Colinas 4% 40%

Cesar La Paz y Manaure San José de Oriente 35% 20%

Guajira Fonseca Pondores 26% 80%

Meta Mesetas La Guajira 0% 0%

Meta Vista Hermosa La Reforma 70% 80%

Arauca Arauquita Filipinas 43% 66%

Convenciones 0 a 20% Gris 21 a 40% Rojo 41 a 70% Amarillo 71 a 100% Verde

Como se observa, el estado de avance de las Fases II y III es precario en la mayoría de las ZVTN y PTN, con excepción de las ZVTN de los municipios de Anorí en Antioquia y el municipio de Vista Hermosa en el Meta, las cuales cuentan con un avance superior al 70% en ambas fases. Por su parte, en otro estado de avance se encuentran las ZVTN de los municipios de Puerto Asís en el departamento de Putumayo, Caldono en Cauca, y Remedios y Segovia en Antioquia; las cuales cuentan con un desarrollo superior al 70% solo en la primera fase y un desarrollo deficiente en la segunda. Mientras la ZVTN del municipio de San José del Guaviare y el PNT del municipio de Fonseca en la Guajira, solo cuentan con un desarrollo satisfactorio de la segunda fase y un desarrollo deficiente de la primera. En conclusión, solo 7 de las 26 zonas de concentración cuentan con avances significativos en al menos una de las fases de construcción de los campamentos.

La siguiente tabla presenta un resumen del avance presentado en las fases de construcción II y III.

Tal como quedaron diseñadas las ZVTN, estas se componen de las siguientes partes: la sede local del MM&V, los campamentos para las FARC, las zonas de estadía para amnistiados, licenciados y milicianos, y una zona de recepción para las múltiples visitas que llegarán. Pero lo único que está casi listo de todo esto son las sedes locales del MM&V.

Más allá de comprobar la ineficacia del proceso de construcción de los campamentos con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos y garantizar las condiciones mínimas para la concentración de los guerrilleros de las FARC, lo preocupante es que está en riesgo el sostenimiento de las ZVTN y la permanencia de los guerrilleros dentro del proceso; ya que las deficiencias e incumplimientos de lo pactado, abren la puerta a la posibilidad de la deserción y el reclutamiento de otros grupos armados como las “Autodefensas Gaitanistas” que según el Fiscal General de la Nación11, estarían ofreciendo hasta $1’800.000 mensuales a cada guerrillero que se incorpore a sus filas.

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11El Espectador (2017) "Clan del Golfo está reclutando miembros de las Farc por $1'800.000": Fiscal General. Consultado el 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/clan-del-golfo-esta-reclutando-miem-bros-de-farc-1800000-articulo-676536

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Quinto informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V)

Porcentaje de avance Color

0% a 20% Gris

21% a 40% Rojo

41% a 70% Amarillo

71% a 100% Verde

ZVTN/PTN % ZVTN/PTN %

4 15,4% 11 42,3%

10 38,5% 8 30,8%

7 26,9% 3 11,5%

5 19,2% 4 15,4%

Fase II Fase III

18

2.5. Riesgos de las ZVTN y PNT

El retraso en la entrega de las obras y el nivel de improvisación que muestra el proceso de construcción de las ZVTN, son preocupantes si se considera que estas zonas fueron concebidos como espacios seguros para llevar a cabo un complejo proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de cerca de 7000 hombres que inician este proceso en diferentes regiones del país y en medio de difíciles condiciones de seguridad. Dentro de los principales riesgos que se identifican para las ZVTN, se encuentran: el manejo del armamento y material explosivo, y los riesgos del entorno.

Respecto al manejo del armamento, existe una preocupación, ya que estas zonas fueron creadas como punto de inicio del acuerdo de paz, para asegurar la transición temprana de la tropa, razón por la cual se requiere de espacios seguros para el manejo del armamento, de manera expedita y siguiendo estándares internacionales para la recolección, identificación, inspección, almacenamiento y disposición final del arsenal. Por eso es preocupante que se sigan presentando retrasos e incumplimientos en la construcción y adecuación de las zonas, incumpliendo los cronogramas y protocolos establecidos; ya que esto puede implicar retrasos en la entrega del armamento y el riesgo de que no se entreguen todas las armas y municiones, o que estas se desvíen a otros grupos como el ELN, el EPL, el crimen organizado y disidencias o desertores con presencia cerca de las zonas de concentración.

Por otra parte, existen factores externos que amenazan con desestabilizar el proceso, en la medida que la concentración de las FARC avanza en medio de la reducción de la violencia, pero al mismo tiempo se caracteriza por un alto grado de

vulnerabilidad, como lo señala un informe de la Fundación Ideas para la Paz12 (FIP) que advierte, sobre cinco riesgos principales que afectan los entornos de estas zonas:

1. Presencia de otros actores armados como el ELN, el EPL y diferentes expresiones del crimen organizado de alcance regional y local, que siguen atacando a la Fuerza Pública y a la población civil, y empiezan a copar los espacios que dejan las FARC.

2. Continuidad de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, de las cuales se alimentan los grupos armados.

3. Corredores de tráficos ilícitos que abastecen a las economías criminales y que son protegidos por los grupos armados ilegales.

4. Proximidad a zonas de frontera por donde pasan rutas de tráficos ilícitos y redes transnacionales que operan en coordinación con grupos regionales y locales de crimen organizado.

5. Surgimiento de facciones disidentes de las FARC que siguen cometiendo acciones violentas y conservan su relación con negociones ilícitos.

Aunque los elementos anteriores caracterizan las amenazas que en general afectan a las ZVTN, cada región del país presenta una condición específica teniendo en cuenta el tipo de actores armados que se encuentren en la zona, las actividades ilícitas y el entorno geográfico. Teniendo en cuenta el informe de la FIP, se identifican cinco regiones con especial vulnerabilidad: Catatumbo, Meta-Guaviare-Caquetá, Bajo Cauca, Nudo de Paramillo-Chocó, Nariño y Putumayo.

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12Fundación Ideas para la Paz (2017) Entornos y riesgos de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización. Consultado el 18 de marzo de 2017. Disponible en: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/588d509ecd0be.pdf

2.6.Comisión de Seguimiento, Impulso y Ve-rificación a la Implementación (CSIVI)

El 2 de diciembre de 2016, en la sede de la misión política de Naciones Unidas en Bogotá, con pre-sencia de embajadores, representantes de países garantes del proceso de paz, miembros del Go-bierno y de la delegación de paz de las FARC, se instaló formalmente la Comisión de Seguimien-to, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI) del acuerdo de paz y el Consejo Nacional de Reintegración. Esta comisión se crea con el ob-jetivo de llevar a cabo control sobre las fechas y todo lo establecido dentro del acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.

Por parte de las FARC, están Victoria Sandino, Je-sús Santrich e Iván Márquez, y por el Gobierno, el comisionado Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, y el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. También en la Comisión hay dos notables y una secretaría técni-ca, apoyada por el componente de expertos del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (EE.UU). Tendrá relación con la ONU, encargada de coordinar el mecanismo de verificación del cese y de recibir las armas de las FARC. Son tres los asuntos prioritarios a seguir en la implemen-tación del acuerdo: cese, desarme y reintegra-ción; la incorporación normativa y la implemen-tación propiamente dicha de lo pactado en los territorios.

Por su parte, el Consejo Nacional de Reintegra-ción, que está conformado por dos miembros de las FARC y dos del Gobierno, se encarga de la

reincorporación a la vida civil y económica de ex-combatientes. Jairo Quintero y Pastor Alape con-formarán esa instancia por parte de la guerrilla.

2.7. Entrega de listas de guerrilleros

Estas listas serán contrastadas y verificadas con la información oficial, judicial y de inteligencia que se tiene sobre los integrantes de esta guerri-lla, y una vez sean validadas, serán la base para la aplicación de la Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como para las jornadas de cedulación que se organizarán en los campa-mentos con la Registraduría Nacional; esta cedu-lación ya se realizó en la Habana a los miembros negociadores de las FARC y posteriormente, a los miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verifi-cación.

Por su parte, el MM&V, notificó la entrega formal de las FARC al Gobierno Nacional, del listado de hombres y mujeres ubicados en las ZVTN y PTN que incluye 6.804 personas. El listado de milicia-nos contiene un total de 1.541 integrantes hasta el momento. La claridad en esta información con-tribuye a agilizar los procesos de amnistía, indul-to, desarme y reincorporación de los miembros de la guerrilla.

2.8. Entrega de menores y restitución de de-rechos

Según Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, las FARC se comprometieron a entregar el viernes 24 de febrero de 2017, el listado de los me-nores de 18 años que se encuentran en sus filas.

19

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12Fundación Ideas para la Paz (2017) Entornos y riesgos de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización. Consultado el 18 de marzo de 2017. Disponible en: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/588d509ecd0be.pdf

20

Por su parte, el gobierno se encuentra trabajando en la adecuación de 10 lugares en el país para acoger a los menores de forma transitoria, donde comenzarán su proceso de reincorporación a la vida civil. Los menores de edad serán recibidos en los lugares de acogida por Unicef, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y delegados del CNR. Allí se brindara atención y comenzará el proceso de restablecimiento de derechos por parte del Estado; luego se les hará el proceso de reintegración familiar en sus comunidades, donde desarrollarán su proyecto de vida. Esta tercera etapa se da cuando ya esté claro el diagnóstico, se haya establecido contacto con la familia y se haga la evaluación de sus entornos.

2.9. Dejación de las armas

Luego del triunfo del NO en el plebiscito, el 2 de octubre de 2016, el gobierno nacional y la delegación negociadora de las FARC, tuvieron que redefinir las fechas de implementación de algunos

puntos del acuerdo, incluido el de la dejación de armas. Adicional a este retraso por cuenta de la inesperada votación del plebiscito por parte del gobierno y los equipos negociadores, se suma el retraso general en la construcción y adecuación de las ZVTN y PNT, y en particular de las áreas donde se ubicaran los contenedores donde se almacenará la totalidad de las armas al finalizar el proceso gradual de desarme.

En estas circunstancias, el proceso de desarme se debe realizar gradualmente, según lo acordado, iniciando en el día D + 90 con el registro y la identificación del 100% de las armas de las FARC y la entrega del 30% del armamento, lo cual según el calendario debió ocurrir el 1 de marzo de 2017; continuando con otro 30% el día D + 120 y finalizando con la entrega del 40% restante, el día D + 150. El último paso en este proceso debe ser la extracción del armamento en los contenedores el día D + 180, lo cual debe ocurrir en el mes de junio. El siguiente esquema, ilustra el proceso de desarme, según lo pactado en el acuerdo final.

Fuente: Alto Comisionado de Paz (2016)

Sin embargo, la realidad es que el proceso de dejación de las armas avanza lentamente y hasta el momento no ha se ha cumplido totalmente con el objetivo de la dejación del 30% de las armas, lo cual debió haber ocurrido el 1 de marzo de 2017; entre otras cosas debido a los retrasos en la construcción de las zonas de concentración y el incumplimiento en la entrega de los contenedores especiales de fabricación italiana. Teniendo en cuenta estas dificultades, el día D + 90 (1 de marzo de 2017), se continuó con el proceso de destrucción de las denominadas armas inestables o artesanales, que incluyen por ejemplo, los llamados “tatucos”, minas antipersona y otro tipo de explosivos, y se llevó a cabo la entrega de las armas de los integrantes de las FARC que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), a manos de las Naciones Unidas.

Según lo acordado, este proceso incluye los procedimientos de: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final; y el manejo del armamento, municiones y explosivos de las FARC debe estar garantizado por protocolos de seguridad que contemplan el transporte, la manipulación, el almacenamiento y control de los mismos. En este

sentido, cada zona y punto debe contar con un único punto de almacenamiento de las armas para garantizar su control efectivo; el cual debe estar ubicado en uno de los campamentos de las zonas y puntos, bajo permanente monitoreo y verificación por parte del componente internacional del MM&V.

Al día de hoy, tal como lo señala el quinto informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), hasta el 17 de marzo de este año, el proceso de “registro e identificación de todas las armas en los campamentos temporales de las FARC-EP en las 26 Zonas y Puntos Veredales Transitorios de Normalización, está prácticamente finalizado”13. Sin embargo, transcurridos 60 días desde la fecha programada para la dejación del primer 30% de las armas de las FARC, aún no ha iniciado la dejación de armas de los guerrilleros de base de las FARC.

La realidad es que el proceso de dejación de las armas avanza

lentamente y hasta el momento no ha se ha

cumplido totalmente con el objetivo de la dejación

del 30% de las armas.

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________________________________________13Mecanismo de Monitoreo y Verificación (2017) Quinto informe mensual del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Consul-tado el 20 de marzo de 2017. Disponible en: https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/quinto_informe_mmv_1.pdf

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El 6 de diciembre de 2016, la Corte Constitucional aprobó mediante la sentencia C-699/16, el acto legislativo 01 de 2016 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el cual formula el procedimiento legislativo especial para la paz o “Fast Track”, para la aprobación de las leyes y las reformas constitucionales necesarias para la implementación del nuevo acuerdo de paz con las FARC, considerando que la vía rápida legislativa no afecta la independencia de poderes ni sustituye la constitución.

Dos mecanismos fueron establecidos en el acto legislativo 01 de 2016. Por un lado, se le otorga-ron facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley en temas exclusivamente rela-cionados con el objetivo de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final. En este caso, solo el Ejecutivo tendrá iniciativa legislativa para los temas de implementación del acuerdo y el Congreso puede aprobar o no, pero no modificar.

Por otro, se estableció el procedimiento legislativo especial para la paz o “Fast Track” con el cual se reducen los tiempos requeridos para la aprobación de estas reformas, en este caso, el mecanismo aprobado por el Congreso y avalado por la Corte, permite que las leyes se aprueben no en cuatro sino en tres debates (comisiones conjuntas y plenarias) y que los actos legislativos (reformas de la Constitución Política) se aprueben no en 8, sino en 4 debates

3.1.Control de Constitucionalidad al “Fast Track”

El mecanismo legislativo de vía rápida fue objeto de varias críticas principalmente frente a la posibilidad de abrir una puerta para realizar reformas constitucionales a futuro en un menor tiempo del tradicionalmente establecido; de igual forma, había una preocupación generalizada frente a la posibilidad de que con este mecanismo se suprimieran controles que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y que permiten asegurar la supremacía constitucional; sin embargo, todas estas preocupaciones fueron aclaradas por la Corte Constitucional con la sentencia C-699/16 que avala la constitucionalidad de este mecanismo14.

Frente a estos aspectos fundamentales, la Corte Constitucional se pronunció en el sentido que el “Fast Track” es un mecanismo con tres características específicas que lo enmarcan dentro de la constitucionalidad.

________________________________________14Corte Constitucional (2016) Sentencia C-699/16. Consultado el 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.corteconstitu-cional.gov.co/relatoria/2016/c-699-16.htm

3. Procedimiento legislativo especial para la paz o “Fast Track”

Se estableció el procedimiento

legislativo especial para la paz o “Fast Track”

con el cual se reducenlos tiempos requeridos

para la aprobación de estas reformas.

23

Primero es una herramienta especial, ya que su objeto es la transición hacia la terminación del conflicto, segundo es excepcional (solo para implementar el acuerdo) y tercero es transitorio (solo por 6 meses, prorrogable por un periodo igual), lo que significa que subsisten los mecanismos permanentes de enmienda constitucional, los cuales no son ni suspendidos ni derogados. Adicionalmente, la Corte afirmó que toda reforma legislativa tendrá control constitucional automático y posterior, y el Congreso preservará las competencias de control político y jurisdiccional sobre el Gobierno y el Presidente de la República, por lo que no se suprimen los controles interorgánicos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y aseguran la supremacía constitucional. Adicionalmente aclaró el tema de la refrendación del Acuerdo Final otorgando al Congreso la responsabilidad de definir la refrendación del acuerdo final.

Luego de largos debates, el Congreso aprobó la refrendación del Acuerdo Final y con esto dio paso para que comenzara la implementación de los acuerdos a través del “Fast Track”. A este mecanismo le fue otorgada una vigencia de seis meses con la posibilidad de ser prorrogado hasta por seis meses adicionales. A la fecha hace falta un mes para el vencimiento de los primeros seis meses estipulados y se está a la espera de la confirmación por parte del gobierno nacional del tiempo por el cual será prorrogado. Si bien, hasta el momento han sido radicadas y aprobadas varias iniciativas legislativas consideradas prioritarias, aún falta un largo camino por recorrer frente a la reglamentación de diferentes temas necesarios para poner en marcha el Acuerdo Final.

3.2.Reformas legales y constitucionales aprobadas vía “Fast Track”

En un primer momento el gobierno tramitó proyectos prioritarios en el marco del Acuerdo, como fueron la ley de amnistía, la ley de participación política de las FARC y el Acto legislativo que establecía la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Luego de este primer momento, la agenda legislativa se vio acelerada y actualmente ya se han aprobado más de 14 proyectos, todos aún pendientes de control de constitucionalidad.

A través del “Fast Track”, se surtió el proceso para la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proceso que finalizó en el Congreso el 28 de marzo de 2017, mediante la conciliación en Cámara de Representantes del Acto Legislativo 01 de 2017. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerado uno de los aspectos centrales del acuerdo de paz con las FARC, ya que es la instancia que juzgará los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano y que deberá sancionar a los miembros de las FARC, del Ejército y civiles comprometidos con delitos asociados al conflicto. Este mecanismo de justicia transicional establece penas restaurativas y contempla hasta ocho años de restricción efectiva de la libertad en centros especiales, siempre que los vinculados cumplan los compromisos de verdad y reparación con las víctimas.

La JEP estará compuesta por cinco órganos y una secretaría ejecutiva: la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía e indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas, la unidad de investigación y acusación y el tribunal para la paz.

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A continuación se presentan las principales iniciativas legislativas que ya fueron aprobadas mediante el mecanismo de “Fast Track”:

Proyecto de ley Descripción

Ley 1820 de 2016: Amnistías, indultos

y tratamientos penales especiales a Fuerza Pública.

El Gobierno Nacional hace uso de sus facultades para brindar amnistías e indultos en situaciones donde se cometieron delitos políticos, con el objetivo de facilitar la reincorporación a la vida civil y brindar garantías para los excombatientes en el marco del conflicto armado.

Se determinaron dos clases de amnistías: la primera, se aplica de manera general a todos aquellos que hayan incurrido en un delito político como la rebelión. La segunda, requiere que un magistrado de la JEP examine si el delito en concreto puede ser tenido como conexo con el político. La amnistía solo se aplicará para los delitos que expresamente señala la ley y que hubieren sido cometidos antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Final, esto es, el 1 de diciembre de 2016.

Para los agentes del Estado, no habrá amnistías, sino tratamiento penal diferenciado. Este será integrado a la JEP.

Hay claridad frente a los casos que de ninguna manera serán amnistiables, como lo son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, genocidio y todos aquellos que impliquen violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Ley 1830 de 2017: Participación

política Movimiento Voces

de Paz

Garantiza la participación del movimiento que surja del tránsito de las FARC a la vida política. Este movimiento, “Voces de Paz”, estará conformado por seis voceros (tres voceros en Senado y tres en Cámara de Representantes), quienes participarán en el debate de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo Final.

Estos voceros tendrán voz pero no voto.

El gobierno deberá garantizar los recursos para su trabajo.

Deberán realizar una labor de veeduría en el proceso de implementación del Acuerdo Final.

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15Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016) P&R: Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Consultado el 28 de abril de 2017. Disponible en:http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Paginas/PR-Sistema-integral-de-Verdad-Justicia-Reparacion-y-no-Repeticion.aspx

Acto Legislativo que crea el Sistema

Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y No Repetición

(SIVJRNR) y establece normas

aplicables a Fuerzas Militares en la Jurisdicción Especial para la

Paz (JEP).

“El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto.”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.15

Proyecto de ley estatutaria:

Estatuto de la oposición.

Regula el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las agrupaciones políticas, y agrupaciones independientes.

Los partidos que ejerzan la oposición tendrán mayor financiación. Tendrán “espacios adicionales” en medios de comunicación del Estado, además de los “espacios institucionales para la divulgación política”. Tendrán derecho a la réplica a través de los medios de comunicación social del Estado.

El candidato que quede de segundo en las elecciones presidenciales tendrá derecho a una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial, a una en la Cámara. Tendrán derecho a la participación formal en las mesas directivas de Senado, Cámara, Asambleas Departamentales y concejos distritales y municipales.

Decreto Ley 588 de 2017: Por el

cual se organiza la Comisión para

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la

no Repetición.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) tendrá como finalidad garantizar el derecho a la verdad como elemento fundamental para la consolidación de la paz.

“La CEV funcionará como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, encargado de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de promover y contribuir al reconocimiento, y promover la convivencia en los territorios.”

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_____________________________________________________________________

16Más información en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/abc-unidad-especial-busqueda-personas-desaparecidas.html

Decreto Ley 154 de 2017: Sobre la creación de

la Comisión Nacional de

Garantías de Seguridad

Dando cumplimiento a lo pactado en el punto 3 del Acuerdo final, se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “cuyo objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.”

Decreto Ley 589 de 2017:

Organización de la Unidad de

Búsqueda de Personas (UBPD).

Esta entidad será la responsable de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de esa manera contribuirá a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral, en particular en su componente de satisfacción.16

“La UBPD tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en el presente Decreto Ley, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género.”

3.3.Reformas legales y constitucionales en trámite

Actualmente, se encuentran en proceso de aprobación cinco iniciativas legislativas. En primer lugar, el proyecto de Acto Legislativo para la reincorporación política de las FARC, el cual incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política para que, finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC, se reconozca la personería jurídica al partido o movimiento

político que surja del tránsito de esta guerrilla a la actividad política legal y en el mismo campo, está en trámite el proyecto de acto legislativo sobre el sistema de partidos político, el cual reforma el artículo 108 de la Constitución, generando cambios frente a la obtención de personería jurídica por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos; derechos diferenciados entre partidos y movimientos políticos y sistema progresivo de reconocimiento de derechos.

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En relación con el tema agropecuario y de tierras, está en curso el proyecto de ley de adecuación de tierras el cual “tiene el objetivo de regular, orientar y hacer seguimiento al proceso de adecuación de tierras, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos suelo y agua, con el fin de mejorar la productividad del sector agropecuario”. En esta misma línea, está pendiente de audiencia pública el proyecto de ley sobre la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) el cual tendría a su cargo “la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector agropecuario y hace parte del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI)”.

Por último, con el fin de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, está en trámite el proyecto de acto legislativo que le adiciona un artículo transitorio a la Constitución Política, con el fin de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final al otorgarle cierto valor normativo a determinadas partes de éste. Según este proyecto de ley, hacia el futuro, “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.”17

3.4. Próximos proyectos por radicar

En los primeros días de mayo, el gobierno nacional radicará en el congreso proyectos relacionados con: apertura democrática, verdad y no repetición y acceso a la tierra; dando cumplimiento a lo contemplado en el acuerdo final. Uno de los proyectos que más expectativa ha generado es el que crea las Circunscripciones especiales para la paz, las cuales otorgan igual número de curules en el Congreso para las 16 circunscripciones creadas, las cuales corresponden a las zonas más golpeadas por el conflicto. La iniciativa contempla que las FARC no podrán inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones.

________________________________________17Gaceta del Congreso (2016) N° 1161 del 20 de Diciembre. Consultado el 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.impren-ta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=03&p_numero=01&p_consec=46990

El proyecto de ley de adecuación de tierras tiene como objetivo

regular, orientar y hacer seguimiento al proceso

de adecuación de tierras, haciendo un uso eficiente

y sostenible de los recursos suelo y agua, con el fin de mejorar la

productividad del sector agropecuario.

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A continuación se presenta el mapa de la distribución territorial de las Circunscripciones especiales de paz.

Fuente: Misión de Observación Electoral (2017) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes 2018-2022 y 2022-2026.

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Entre las principales características de las Cir-cunscripciones especiales, según un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE)18, estas regiones cuentan con una alta pre-sencia de Consejos comunitarios (167) y resguar-dos indígenas (380); alto déficit de cedulación, lo cual provoca grandes variaciones respecto al censo electoral y por último, altos índices de violencia política y social. Según la MOE, en los municipios que comprenden las circunscripcio-nes especiales, en 2016 y hasta abril de 2017, se registraron 69 amenazas, 2 desapariciones, 30 atentados, 56 asesinatos y 3 secuestros; en total 160 hechos victimizantes con un carácter políti-co, social o comunitario.

Según la MOE, el análisis de los hechos graves, definidos como la suma entre asesinatos y aten-tados, que se registraron entre 2016 y lo corrido del 2017, dentro de los municipios de las Circuns-cripciones Especiales de Paz; muestra que los periodos con más asesinatos se dan entre la re-negociación del acuerdo con las FARC y su refren-dación en el Congreso (6 asesinatos y atentados tanto para líderes políticos, sociales y comuna-les) y entre el Día inicial y la concentración de las FARC (donde se da el pico de asesinatos de líde-res sociales). La mayoría de estos hechos sucedie-ron en los departamentos de Caquetá y Cuaca. Se

puede concluir que en general los líderes sociales y comunales han sido en su mayoría víctimas de hechos graves, mientras que la violencia a líderes políticos disminuyó.

También está por radicarse, el proyecto de Ley estatutario que establece la manera cómo va a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz; el proyecto de Reforma política que contemplaría cambios en la organización electoral, incluidas entidades como la Registraduría y el Consejo Na-cional Electoral, implementación de listas cerra-das en las campañas y modificación a la elección de representantes a la Cámara. Finalmente, se aproxima la radicación del proyecto que trata el tema sobre la propiedad de la tierra, el cual esta-blece un ordenamiento social de la propiedad de la tierra y la adjudicación de baldíos.

________________________________________________18Misión de Observación Electoral (2017) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes 2018-2022 y 2022-2026.

Se puede concluir que en general los líderes sociales y comunales han

sido en su mayoría víctimas de hechos

graves, mientras que la violencia a líderes políticos disminuyó.

30

4. Diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN

Transcurridos más de tres años desde el inicio en enero de 2014, de los diálogos exploratorios entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, fase que se desarrolló a puerta cerrada; este proceso ha surtido varios momentos que al día de hoy han arrojado como principales avances, la definición de una agenda de negociación, el compromiso de un grupo de países garantes y acompañantes del proceso, y la delegación de dos sub-mesas de trabajo para trabajar simultáneamente en la definición del mecanismo mediante el cual la sociedad participará en el proceso de paz y en la definición de las acciones humanitarias para des-escalar el conflicto; avances que se producen en medio de la expectativa de una disminución de la confrontación armada y las acciones violentas que conduzcan hacia el cese definitivo de hostilidades.

4.1. Fase exploratoria

En términos generales, el proceso ha tenido dos momentos centrales: la fase exploratoria y la fase pública. La primera inicia con el desarrollo a puerta cerrada de los diálogos exploratorios, la cual se llevó a cabo entre los delegados del gobierno y del ELN de enero de 2014 a marzo de 2016, con el fin de trazar la ruta de diálogo para alcanzar un acuerdo de paz y que dio como resultado la definición de la agenda de negociación, compuesta por cinco puntos: Participación de la sociedad en la construcción de la paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas y Fin del conflicto armado e implementación.

4.2. Fase Pública

El segundo momento, estuvo marcado por el anuncio del inicio de la fase pública de negociaciones, ocurrido el 10 de octubre de

2016 en la ciudad de Caracas, Venezuela; donde los delegados del ELN y el Gobierno, anunciaron su propósito de alcanzar un acuerdo para la terminación del conflicto armado y la fecha del 27 del mismo mes, como fecha de instalación de la mesa del primer ciclo de diálogos. Sin embargo, la instalación del primer ciclo estuvo sujeta a la liberación del ex congresista del Chocó Odín Sánchez, quien estuvo en poder de la guerrilla del ELN desde Abril de 2016 y que fue liberado al tiempo que el gobierno nacional otorgaba el indulto a Nixon Cobos y Leivis Valero, integrantes del ELN, lo cual se produjo hasta el 2 de febrero de 2017.

4.2.1. Primer ciclo de negociaciones

Más de tres meses después de lo previsto, se da la instalación de la mesa del primer ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN, ocurrida el 7 de febrero de 2017 en la “Hacienda Cashapamba” ofrecida por la comunidad Jesuita para este propósito, ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quito en Ecuador. En esta ocasión se anunció la lista de los países garantes de la negociación, integrada por: Cuba, Noruega, Brasil, Chile, Venezuela y Ecuador, este último sede de la primera ronda de conversaciones formales; y también el grupo de países acompañantes del proceso, integrado por: Alemania, Holanda, Italia, Suecia y Suiza.

Días después, el jueves 16 de febrero de 2017, el Gobierno y el ELN, reafirmaron la decisión de trabajar simultáneamente en la definición del mecanismo mediante el cual la sociedad participará en el proceso de paz y de las acciones humanitarias para des-escalar el conflicto, mediante la delegación de dos sub-mesas de trabajo.

Finalmente, el pasado 6 de abril se cerró el primer ciclo de negociaciones en Quito y como se esperaba, se hicieron varios anuncios; en primer lugar, el desarrollo de un programa piloto de desminado humanitario, la formulación de un marco de referencia sobre acciones humanitarias con el fin evitar afectaciones a la población civil y la definición de los términos de referencia sobre el trabajo de los países garantes y acompañantes del proceso.

4.2.2. Segundo ciclo de negociaciones

El inicio del segundo ciclo de negociaciones, programado para el 3 de mayo fue postergado para el 10 del mismo mes, debido al encuentro que sostendrán los miembros del Comando Central (COCE) del ELN y los miembros del Secretariado de las FARC en la Habana (Cuba) durante la primera semana de mayo. El traslado de los integrantes de ambas guerrillas estará coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja con el apoyo de los países garantes del proceso. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, este encuentro fue autorizado por el gobierno con el fin de propiciar el intercambio de experiencias sobre las mesas de negociación y el proceso de implementación del acuerdo con las FARC.

Sobre el segundo ciclo que también se realizará en Quito (Ecuador) y debería durar seis semanas, se anunció que se seguirá discutiendo el punto de “Participación de la Sociedad para la Construcción de la Paz” y el sub-punto “Dinámicas y Acciones Humanitarias”.

Aunque en los últimos días, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, reiteró la importancia de tomar acciones y llegar a acuerdos para alcanzar el cese del fuego y expresó que existen puntos del acuerdo entre el gobierno y las FARC, que coinciden con la agenda del ELN y que solo es necesario “sincronizar” para incorporarlos al acuerdo; en Colombia los guerrilleros del ELN continúan posicionándose en territorios donde antes hacía presencia la guerrilla de las FARC, generando acciones violentas en estas zonas, entrando en disputa con otros grupos armados como las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas” o Clan del Golfo, y produciendo atentados contra obras de infraestructura, fuerza pública y acciones que afectan la población civil, tales como homicidios, amenazas y desplazamiento forzado. La más reciente acción violenta con afectaciones a la población civil, fue la voladura de un tramo del oleoducto “Caño Limón–Coveñas” en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, afectando a cerca de 5000 habitantes por el vertimiento de crudo en la quebrada Cimitarra, fuente del acueducto veredal del municipio.

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En Colombia los guerrilleros del ELN

continúan posicionándose en territorios donde antes

hacía presencia la guerrilla de las FARC, generando

acciones violentas en estas zonas, entrandoen disputa con otros

grupos armados.

4.3. Situación de la guerrilla del ELN

Después de un largo periodo en el que las accio-nes del ELN habían tenido baja figuración nacio-nal, la segunda guerrilla más grande de Colombia después de las FARC, decidió llevar a cabo accio-nes de mayor impacto regional y nacional, con el fin de mostrarse fortalecida frente al gobierno nacional como estrategia de negociación en la mesa de diálogo.

La ausencia de las FARC en varias zonas del país luego de su trasla-do hacia las Zonas Veredales Tran-sitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normaliza-ción (PTN) según lo pactado con el gobierno en los acuerdos de paz; está siendo aprovechada por el ELN para copar estos territorios, ante la falta de la presencia inte-gral del Estado, no sin antes entrar en disputa con otros grupos arma-dos que también buscan el control territorial de zonas estratégicas del país para el aprovechamiento de rentas ilegales.

Secuestros, voladuras de oleoduc-tos y torres de energía, son prác-ticas conocidas del ELN a las que han vuelto a recurrir, pero también han incrementado sus ataques a la fuerza pública y las poblaciones se están viendo más afectadas por amenazas, desplazamientos y homicidios en acciones atribui-das a esta guerrilla, especialmente en los territorios dejados por las FARC. El área urbana de Bogotá, también se ha visto afectada por el uso de artefactos explosivos cau-santes de un gran efecto mediáti-

co y zozobra en la población, como lo evidenció el atentado ocurrido el 19 de febrero de 2017.

Arauca, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Ce-sar, Nariño, La Guajira, Santander, Boyacá, Cauca y Casanare, son los departamentos que más se han visto afectados por el incremento de las acciones violentas del ELN durante el 2016 y lo corrido del 2017. El siguiente mapa, ilustra la distribución territorial de la estructura armada del ELN com-puesta por los denominados frentes de guerra.

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Fuente: Fundación Paz y Reconciliación 2016.

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Según cifras de inteligencia del Ejército19, la guerrilla del ELN a finales de 2016, debía contar con 1556 hombres en sus filas, cifra similar a la aportada por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía, en donde se refieren a 1480 guerrilleros armados y 1394 miembros en las redes de apoyo, conformadas por per-sonas desarmadas y sin distinciones que trabajan por los interés de esta guerrilla. La siguiente tabla, relaciona el número de integrantes del ELN por estructura y ubicación en 2016.

4.4. Perspectivas del proceso de diálogo

La dinámica de un proceso de paz que se adelan-ta sin la firma de un cese de hostilidades entre el gobierno y el ELN -como lo fue el proceso con las FARC-, explica por qué, cuando en Ecuador los voceros de ambas partes anuncian su voluntad de paz; mientras tanto los guerrilleros del ELN siguen efectuando hechos violentos contrarios a los anuncios de los negociadores en diferen-tes regiones de Colombia, especialmente en los departamentos de Chocó y Norte de Santander donde esta guerrilla sostiene una disputa territo-rial con el “Clan del Golfo” autodenominado “Au-todefensas Gaitanistas”.

En este escenario, cerca de iniciar la campaña po-lítica por la presidencia de la República en 2018, la continuidad del proceso con esta guerrilla po-dría estar en riesgo ante la posibilidad del triunfo de un proyecto político que decida utilizar como argumento la continuación de hechos violentos

cometidos por el ELN, para interrumpir los diálo-gos con esta guerrilla.

Los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, dejaron claro que es posible el triunfo de un proyecto político a favor de la vía armada, posi-blemente electo por población mayoritariamen-te urbana del interior del país, como lo mostró la distribución de l os votos del NO en el territorio nacional. Razón por la cual, el cese bilateral de hostilidades y el avance en los acuerdos es muy importante para el proceso, aunque hasta el mo-mento ambas partes continúan atribuyéndole al otro, la responsabilidad de ello.

Mientras el ELN ha pedido un cese bilateral del fuego, el Gobierno insiste en que este no es un punto de partida sino el punto de llegada; debería ocurrir, de acuerdo con el Gobierno, tras avances en acuerdos humanitarios como el fin del secues-tro y el fin de los atentados que afecten a civiles.

Frente de guerra Integrantes Ubicación (Departamento)

Norte 77 Cesar y La GuajiraOccidental 200 Chocó

Suroccidental 251 Nariño y CaucaDarío Ramírez 294 Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño

Oriental 348 Arauca, Boyacá y CasanareNororiental 386 Santander y Norte de Santander

TOTAL 1556Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados por Revista Semana

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20Verdad Abierta (2016) Radiografía de los artefactos explosivos del ELN. Consultado el 27 de abril de 2017. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/victimarios/eln/6293-radiografia-de-los-artefactos-explosivos-del-eln

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De acuerdo con esto, el inicio de un programa piloto de desminado humanitario, anunciado en el cierre del primer ciclo de diálogos, es fundamental para empezar a reducir las afectaciones a la población civil, especialmente las ubicadas en la región del Catatumbo, municipios de El Carmen y Teorama en Norte de Santander; municipios de Tame y Arauquita en Arauca y municipio de Morales, Sur de Bolívar donde se presenta la mayor concentración de minas antipersona colocadas por esta guerrilla .20

El proceso de paz con el ELN debe tener en cuenta el carácter propio de esta guerrilla, el cual no puede asimilarse al de las FARC, cuyo origen principalmente campesino y su corte “estalinista”, distan de una guerrilla como el ELN, cuya cúpula tiene origen en la academia y sectores asociados

al sindicalismo. Por esta razón, aunque coincidan en asuntos fundamentales con el acuerdo firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, el proceso de negociación con el ELN, debe ser comprendido como un proceso muy distinto al de la Habana y con una agenda propia.

El cese bilateral de hostilidades y el avance en los acuerdos es muy

importante para el proceso, aunque hasta

el momento ambas partes continúan

atribuyéndole al otro, la responsabilidad de ello.

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5. Presencia y respuesta solidaria de la Iglesia en la emergencia de Mocoa-Putumayo

5.1. Los hechos

En la madrugada del 1 de abril de 2017, debido a intensas lluvias se presentó el represamiento y desbordamiento de los ríos Mocoa, Sanguyaco y Mulato, seguido por una avalancha, que afectó 28 barrios y 7 veredas de la ciudad de Mocoa, capital departamental de Putumayo. Siete barrios quedaron totalmente destruidos. Al 30 de abril se han reportado 329 personas muertas, 332 personas heridas, y 7.603 familias incluidas en el Registro Único de Damnificados (RUD), para un total de 22.267 personas.

La avalancha destruyó la central eléctrica y el acueducto, dejando sin fluido al sistema eléctrico del municipio de Mocoa e incluso a los municipios vecinos. Un total de 12.548 Niños se vieron afectados por la suspensión de clases, la destrucción de escuelas y colegios.

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En la zona urbana se presentaron daños graves en 2.500 predios, mientras en la zona rural fue de aproximadamente 800 predios, incluyendo la infraestructura productiva campesina. La central de abastos/plaza de mercado fue destruida en un 80%.

Algunas vías principalmente rurales, así como puentes vehiculares y peatonales se destruyeron, o sufrieron graves daños, generando que comunidades enteras quedaran bloqueadas y aisladas.

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5.2. La respuesta

Debido a la magnitud de la emergencia, la Go-bernación y la alcaldía de Mocoa declararon ca-lamidad pública.

Aproximadamente 1.188 personas técnicas y operativas de la Cruz Roja Colombiana, la Defen-sa Civil, Unidad Nacional para la Gestión del Ries-go de Desastres (UNGRD), Armada, CTI, Fiscalía, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional, Gober-nación, Alcaldía, Bomberos y Corpoamazonía, así como también de transporte aéreo y fluvial fue-ron movilizadas en las operaciones de respuesta a la emergencia.

La Sala de Crisis en Mocoa se activó con presencia de UNGRD, Gobernación, Alcaldía y participación de las entidades del Sistema Nacional para la Ges-tión del Riesgo de Desastres (SNGRD), incluida la Diócesis de Mocoa a través de la Pastoral Social/ Cáritas Colombiana.

Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se movilizó ayuda humanitaria, maquinaria para limpieza de escombros, se realizó la instalación de una sistema temporal de abastecimiento de energía mientras se construye la nueva central eléctrica, se dispuso de camiones para distribución de agua, plantas pota-bilizadoras, así como, recursos para pago de arrendamiento inicial para mover las familias ubicadas en albergues.

Inicialmente se establecieron cinco alber-gues oficiales, sin embargo, habría alre-dedor de 16 puntos de concentración o

albergues temporales comunitarios, incluyendo sedes de Juntas de Acción Comunal y Cabildos Indígenas. Muchas familias durante las tres pri-meras semanas decidieron permanecer fuera de los albergues y auto albergarse en casas de familiares o amigos, permanecer en sus barrios, en casas parcialmente destruidas y en situación de riesgo.

El servicio de energía fue restablecido en un 98% en los municipios de Puerto Caicedo, San Miguel, Orito, Puerto Asís y Valle de Guamuéz del bajo Putumayo y el martes 13 de abril para los munici-pios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán.

El 75.89% de los niños, niñas, adolescentes y jó-venes (NNAJ) han retornado a estudiar y 450 han sido trasladados del municipio o retirados del co-legio. Organizaciones del Equipo Humanitario de País y del Equipo Local de Coordinación Humani-taria también movilizo su respuesta en emergen-cia y apoyo.

Reunión sala de Crisis- Mocoa con la presencia del Obispo de Mocoa.

Desde el primer momento la respuesta solida-ria de la Iglesia Católica se activó, para lo cual el Obispo de Mocoa Monseñor Luis Albeiro Maldo-nado estableció en las primeras horas un comité coordinador de la respuesta con los párrocos y los equipos Diocesanos. De igual forma, en coordi-nación con la jurisdicción el Secretariado Nacio-nal de Pastoral Social/Caritas Colombiana activo los mecanismos de respuesta, enviando personal del equipo de emergencias en la primeras 24 ho-ras e impulsando el llamado a la solidaridad con las victimas a través de colectas, donaciones y lla-mados a organizaciones Hermanas.

La Iglesia Colombiana a través de las Diócesis, pa-rroquias, grupos apostólicos, congregaciones re-ligiosas, movilizaron ayuda humanitaria en espe-cie y con recursos económicos. A través de la Red Nacional del Banco de Alimentos, en particular con el apoyo de los Bancos de Alimentos Arqui-diocesanos de Cali, Medellín y Bogotá, se activó la alianza con la Asociación Nacional de Indus-triales (ANDI), lo que permitió movilizar ayuda de diferentes lugares del país y ayuda humanitaria y

los aportes de la empresa privada, para ser distri-buida en coordinación con la Diócesis, el Ejército Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional.

Durante la primera semana la atención con ali-mentos calientes a través de las ollas comuni-tarias en los dos albergues más grandes fue ga-rantizada por la Diócesis de Mocoa, atendiendo diariamente alrededor de 2.500 personas, de igual forma se hizo énfasis en la atención de las familias ubicadas en la zona rural y auto alberga-das en viviendas de familiares y amigos.

Fueron habilitadas dos bodegas para el almace-namiento, clasificación y distribución de ayudas por parte de la Diócesis, con el apoyo de un gru-po de aproximadamente 150 voluntarios, que trabajaron hasta 12 horas diarias en estas tareas.

La Coordinación con la Pastoral Social del Obispa-do Castrense de Colombia, facilito el apoyo en la movilización, coordinación, seguridad y los proce-sos de transporte, cargue y descargue de ayudas.

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Durante las tres primeras semanas se transportaron y distribuyeron.

Cantidad Descripción

30.721 Litros de agua potable en envase individual y familiar de 1 a 6 litros.

13,2 Toneladas de elementos de aseo, consistentes en pañales niño y adulto, kits de aseo personal, toallas higiénicas, papel higiénico, guantes.

29,1 Toneladas de ropa y calzado para hombre y mujer, bebes y niños, frazadas.

412 Colchones y colchonetas

624 kilos de elementos de cocina: menajes, desechables, fósforos y velas

60,6 Toneladas de alimentos perecederos y no perecederos.

La Diócesis de Mocoa brindó un especial acompañamiento

espiritual a las familias afectadas

para el trámite de los procesos de duelo de sus familiares

y amigos.

También brindó una orientación

psicosocial a familias ubicadas

en albergues, casas de auto albergue,

comunidad en general.

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Algunos Obispos de Colombia y el Nuncio Apostólico Monseñor Ettore Balestrero realizaron visita al municipio, recorriendo los alberges y centros de atención de las familias y brindando un

mensaje de esperanza a las comunidades.

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5.3. Las brechas y desafíos

La respuesta estatal y la solidaridad de los Colombianos y personas de los aíses amigos ha permitido brindar respuesta inmediata de emergencia a las familias y comunidades afectadas por esta tragedia. Garantizar las acciones de acompañamiento para la rehabilitación, estabilización temprana y la recuperación económica de la población son el principal desafío que afronta la zona.

A partir de las evaluaciones MIRA realizadas en el municipio por el ELC y el proceso de

acompañamiento de las comunidades realizado por la Diócesis y el SNPS, se han evidenciado algunas brechas y desafíos en la atención de cara a estos procesos de rehabilitación y estabilización:

1. Acciones en materia de educación, agua e higiene, limpieza de viviendas y enceres en la zona rural principalmente.

2. Dotación de enseres habitacionales para las familias, ya que se trasladan de los albergues a los sitios de arrendamiento con las colchonetas y los kits de aseo y cocina que les fueron entregados.

Se dispuso por parte de la Diócesis de sacerdotes y equipos de apoyo para la atención permanente en el cementerio, el hospital, el Hogar geriátrico.

COMUNIDADES Y LUGARES DE ENTREGA

VillagarzonCárcel MunicipalAlbergue Asomi (Cabildo Vía Vereda San Antonio)Albergue El QuioscoAlbergue Vía LagartaAlbergue AwaAlbergue Barrio Los SaucesAlbergue ITPAlbergues Los Sauces - Las PalmerasAlbergue Las AméricasAlbergue Villa Del Rio - José HomeroFamilia Centro Auto AlbergadasJuan Pipe - Albergue De La PeñaAlbergue Fray PlacidoAlbergue Pio XIIAlbergue Coliseo El Jardín Albergue De Las AméricasHospital José María HernándezHermanas DominicasOCIPPlaza MercadoCuadra SamboniCambucanaSan Antonio30 Barrios De Mocoa Atendidos Con Familias AutoalbergadasVeredas Y Comunidades Dispersas

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3. Medidas para la generación de ingresos/activación económica temprana con enfoque diferencial y perspectiva de género.

4. Fortalecimientos de las capacidades y recursos para los programas de promoción y prevención extramurales. Capacitación y equipamiento del personal de salud local y autoridades indígenas

5. Se requiere movilizar y gestionar recursos para personal técnico en los distintos temas de protección para tener capacidad mínima de atención y coordinación en protección tras la salida de los equipos de apoyo desplegados temporalmente tanto de la Institucionalidad (ICBF, Defensoría, etc.) como de las agencias de cooperación.

6. Atención y acompañamiento para las familias durante el tiempo que tarda la construcción de las nuevas viviendas ofrecidas por el Gobierno Nacional.

7. Fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias para la gestión de riesgo, considerando que el municipio tiene un riesgo mitigable que requiere medidas y atención permanente.

8. Medidas de cuidado de la cuenca amazónica, siendo el municipio la puerta de entrega a la Amazonia Colombiana.

5.4. Las proyecciones y trabajo que sigue

Las proyecciones de la Diócesis frente al trabajo para la etapa de rehabilitación de Mocoa, se centraran en el acompañamiento integral de las familias damnificadas y afectadas, desde las

cuatro parroquias con las cuales se desarrolla un plan de acción para este fin.

Para ello se quiere garantizar acompañamiento y orientación técnica para la rehabilitación de medios de vida, rehabilitación económica, atención psicosocial, proceso de fortalecimiento de capacidades frente a la gestión de riesgos y la organización comunitaria.

De igual forma se prevé la priorización en las zonas rurales, comunidades campesinas, indígenas y el trabajo con NNAJ.

En asistencia humanitaria se continuara con la distribución de alimentos y enceres habitacionales para las familias que se ubicaran en lugares de renta.

Desarrollar un proceso de Reconciliación ante las pérdidas y el dolor vivido, Reconciliación con la naturaleza promoviendo el cuidado de la casa común y Reconciliación social ante las rupturas generadas por el conflicto armado que la región ha sufrido durante muchos años.

Garantizar acompañamiento y

orientación técnica para la rehabilitación de medios

de vida, rehabilitación económica, atención psicosocial, proceso

de fortalecimiento de capacidades frente a la gestión de riesgos y la

organización comunitaria.