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Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana

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1. INTRODUCCIÓN El ACUERDO ESTRATÉGICO: UN PACTO PARA EL FUTURO DEL PAÍS En los últimos años las condiciones de competitividad en el ámbito internacional se han modificado notablemente. El actual proceso de creciente globalización de los mercados, la incorporación a la Unión Europea de los países del centro y del este de Europa y la emergencia de economías como la de China o la de la India, junto con la intensidad y la velocidad del cambio tecnológico, plantean nuevos e importantes retos para el modelo de producción y crecimiento de la economía catalana.

El Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana quiere dar respuesta a este nuevo contexto y situar Catalunya en la línea de cambio que le debe permitir hacer frente a los nuevos escenarios. El conjunto de los agentes económicos y sociales y el Gobierno participan de una diagnosis común. El Acuerdo es el resultado de esta coincidencia, sobre cuáles son los problemas fundamentales, cuál debe ser la orientación económica y cuáles son las medidas que es preciso aplicar para llegar hasta dicho resultado.

A principios de 2004, el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales abrieron un proceso de concertación y acuerdo para reforzar las bases de competitividad y sostenibilidad de la economía catalana; este proceso tenía que conducir a la firma del Acuerdo estratégico. La Declaración del 17 de febrero enumeraba el amplio abanico de aspectos sobre los cuales tenía que arbitrarse esta concertación. Estos aspectos hacían referencia a infraestructuras (de transporte, energéticas, de telecomunicaciones y medioambientales); educación y políticas activas de ocupación; I+D+i; políticas sociales; políticas laborales; financiación de la actividad económica; entorno favorecedor de la actividad empresarial e internacionalización de la economía catalana. La constitución de las correspondientes ocho líneas de trabajo permitió, en una primera fase del Acuerdo, redactar un amplio conjunto de propuestas; en una segunda fase, estas propuestas fueron asumidas por la Comisión de Trabajo delegada de las instituciones firmantes de la Declaración de febrero, con el objetivo de elaborar y consensuar el Acuerdo definitivo. En cada línea, además de las personas expertas designadas por las organizaciones impulsoras, se incorporaron un amplio conjunto de técnicos y técnicas procedentes de la Universidad, las escuelas de negocios, las cámaras de comercio y otras instituciones, que podían hacer aportaciones relevantes a la definición de propuestas, y la participación de los cuales ha sido especialmente enriquecedora. Desde la Declaración de febrero de 2004 hasta el momento de la firma final del Acuerdo estratégico ha transcurrido un año de trabajo en el cual se ha abordado, a través de un amplio proceso de concertación, la definición, cuantificación y despliegue temporal de un conjunto de medidas dirigidas a transformar ámbitos muy diversos de la economía y la sociedad catalanas. El resultado final es el Acuerdo estratégico que se presenta en estas páginas. El eje central alrededor del cual se estructura el Acuerdo estratégico es la necesidad de aumentar la competitividad - entendida en sentido amplio- mediante la mejora de la productividad de la economía. En un nuevo contexto internacional caracterizado por la

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fuerte competencia de economías con bajos costes salariales, nuestra capacidad competitiva no puede basarse en las ventajas de costes o en la precariedad laboral. Por lo tanto, las propuestas ponen un énfasis especial en los déficits estructurales: infraestructuras en general; formación de la población activa; investigación y desarrollo; transferencia de tecnología; financiación de las PYME; proyección internacional y atracción de inversiones exteriores. Asimismo, a pesar del reconocimiento de la importancia primordial de las medidas dirigidas directamente al refuerzo de la competitividad, el Gobierno y los agentes sociales creen imprescindible mejorar el marco de relaciones laborales, favoreciendo al mismo tiempo la flexibilidad y una mayor estabilidad laboral. Igualmente, es necesario avanzar en medidas de fomento de la cohesión social que, a pesar de que no se vinculan tan directamente a cambios en la productividad, conforman el marco adecuado para que aumente. El texto que sigue a esta introducción se estructura de la manera siguiente. En el primer apartado se sintetizan las principales medidas acordadas, alrededor de las cuales se articula el resto del pacto. El segundo apartado constituye el Acuerdo estratégico estrictamente, que presenta detalladas las propuestas adoptadas y, siempre y cuando ha sido posible, la cuantificación presupuestaria que representan y los plazos dentro de los cuales se desplegarán. Finalmente, el último punto de este documento recoge la composición, las funciones y la organización de la Comisión de Seguimiento, un organismo necesario para aplicar el Acuerdo, evaluar los resultados y corregir, si procede, las propuestas adoptadas. 1. Las razones y los objetivos finales del Acuerdo estratégico Los cambios en el marco internacional hacen que la economía catalana, si no quiere perder posiciones, deba avanzar hacia una transformación de su aparato productivo, profundizar en el grado de internacionalización, mejorar y redefinir las relaciones laborales y progresar en la necesaria cohesión social; todos estos aspectos quedan recogidos en el Acuerdo estratégico. El punto de partida para avanzar hacia un nuevo modelo productivo y económico lo constituye el consenso sobre los problemas actuales de la economía catalana y sobre los retos que tiene que afrontar en un futuro próximo. 1.1. Los resultados económicos de los últimos años y los retos que es preciso

afrontar

1. La última década se ha caracterizado por unos resultados económicos, en general, positivos. El crecimiento del PIB se ha situado claramente por encima del promedio de la UE, hecho que se ha traducido en un proceso de convergencia real. Así, el PIB por cápita en paridad de poder de compra ha pasado de situarse casi veinte puntos por debajo de la UE-15 a niveles claramente superiores (el año 2003, y respeto la UE-15, Catalunya registra un índice de PIB por cápita de 103, y respeto la U-25 de 113).

2. El crecimiento económico ha ido acompañado de una sensible mejora en los indicadores laborales. La tasa de ocupación en Catalunya alcanza ya niveles superiores al 68 por ciento de la población en edad laboral, por encima del objetivo establecido en el Consejo Europeo de Lisboa para el 2005 y próximo al objetivo del 70 por ciento establecido para el año 2010. El notable aumento de la ocupación de estos últimos años (de 1995 hasta hoy la ocupación ha crecido más de uno 30 por ciento) ha hecho posible el recorte del paro hasta niveles equivalentes a la media de la UE, a pesar de estar aún por encima de lo que podría considerarse plena ocupación.

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3. En el dinamismo de la economía catalana ha jugado un papel clave, sin duda, la acentuación del proceso de internacionalización. Catalunya, una economía tradicionalmente abierta, ha aumentado en los últimos diez años de forma muy acusada su grado de apertura al exterior, en términos tanto de bienes como de servicios o capitales. Los datos referidos a flujos de bienes y servicios así lo demuestran. El conjunto de intercambios con el resto del mundo ha doblado su participación sobre el PIB, que se sitúa a estas alturas cerca del 100%.

Ahora bien, estos buenos resultados no han de ocultar los problemas que, ya en este último periodo, han comenzado a surgir y que se manifiestan en algunos de los resultados obtenidos:

1. En los últimos años, y a diferencia de lo que era común en otras etapas expansivas, el crecimiento económico en Catalunya ha sido inferior al registrado por el conjunto de la economía española. Mientras que el PIB en términos reales ha crecido en Catalunya un 25,3 por ciento entre 1995 y el año 2003, para el conjunto de España el aumento registrado en idéntico periodo se ha cifrado en un 29,8 por cien. El peso relativo de la economía catalana ha mostrado, pues, una tendencia a la baja en este último periodo, acompañada también de una pérdida de posiciones de la renta disponible de sus ciudadanos.

2. Las bases del modelo de crecimiento han sido excesivamente fundamentadas en el dinamismo de la demanda interna (específicamente, el consumo en los hogares) y el impulso del sector de la construcción. La inversión productiva y la actividad industrial han tenido un comportamiento más débil. Las exportaciones se han ralentizado y los resultados con el exterior han registrado un empeoramiento progresivo. Este desequilibrio del modelo se ha traducido en unos altos niveles de endeudamiento de las familias (que alcanza ya niveles superiores al 90 por ciento de la renta bruta disponible), un aumento de las tensiones inflacionistas (con una inflación más alta que la de la economía española y un diferencial de más de un punto respecto la zona euro) y una insuficiencia de la actividad inversora.

3. Catalunya, por su parte, ha ido perdiendo capacidad de atracción de la inversión extranjera. La aparición de nuevos competidores, con costes laborales menores, ha tenido como consecuencia la aparición de fenómenos de deslocalización industrial.

Los datos de 2004 apuntan ya hacia una pauta de crecimiento más equilibrada, con una clara mejora de la inversión - fundamentalmente en bienes de equipo- , una progresiva recuperación del sector exportador y de la atracción de inversión extranjera y una recuperación en el crecimiento del PIB. Sin embargo, es preciso tener presente que la mejora de la competitividad a medio y largo plazo debe ir acompañada necesariamente de aumentos en la productividad. Las medidas a adoptar, pues, tienen que orientarse a fomentar los incrementos de productividad. En este sentido, es preciso tener presentes algunos puntos: 1. El crecimiento de estos años se ha fundamentado en aumentos de la

ocupación, pero con un estancamiento de los niveles de productividad. La economía catalana se ha ido alejando progresivamente de los niveles de productividad del factor trabajo que registra el promedio de la UE. Es cierto, sin embargo, que la notable creación de ocupación ha permitido absorber un importante volumen de paro –factor especialmente relevante en una economía como la catalana, y como la española en general, caracterizada por una elevada tasa de paro–, pero de cara al futuro es preciso establecer las medidas que hagan compatible el crecimiento simultáneo de productividad y ocupación.

2. Los débiles resultados en productividad no son el resultado únicamente de un tejido productivo orientado hacia sectores de bajo valor añadido, sino que, en buena parte, lo son de las carencias estructurales que presenta la economía

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catalana. Los menores aumentos en la dotación de capital, privado y público, son un elemento primordial. La relativamente baja dotación de infraestructuras de transporte, los problemas en el suministro de energía eléctrica, el riesgo de fractura digital en el territorio, el elevado fracaso escolar, los déficits de la formación profesional y el bajo nivel de inversión en I+D+i han sido destacados como puntos débiles para los cuales es preciso una actuación urgente si se quiere mejorar la competitividad. Parte de estos problemas pueden ser debidos a un excesivo déficit fiscal de Catalunya con el sector público central, que se ha traducido en una menor dotación de recursos; otros, responden a insuficiencias en las actuaciones de los distintos agentes económicos públicos y privados.

3. Por otra parte, los resultados positivos en el ámbito laboral no han de ocultar que se registren aún niveles de temporalidad elevados, una tasa de paro más elevada en jóvenes y mujeres o un elevado grado de siniestralidad laboral. La mejora de estas condiciones y el avance hacia la cohesión social son elementos necesarios para garantizar un crecimiento estable en el futuro.

En resumen, pues, a pesar del avance innegable de la economía catalana en los últimos años, los factores que hasta ahora lo han hecho posible han ido perdiendo progresivamente capacidad de estímulo y afloran las carencias acumuladas en estos años. Es necesario, por tanto, el refuerzo de las bases en las cuales se asienta el modelo de crecimiento para dar un nuevo impulso a los resultados obtenidos. 1.2. Un nuevo marco territorial de actuación

Los retos que hoy se plantean pueden, sin duda, ser abordados y solucionados adecuadamente. Catalunya ha mostrado siempre una gran capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes. La etapa de integración económica empezada con la adhesión a la Unión Europea ha sido aprovechada para girar la vocación exportadora de la economía catalana desde el mercado interior hacia los países de la UE. El nuevo contexto internacional hace ahora necesario que, a pesar de mantener nuestra capacidad de proyección en el mercado español y europeo, nos convirtamos en una plataforma abierta al resto del mundo. El convencimiento sobre la capacidad de transformación del país debe ir acompañado de las medidas adecuadas para promover las bases de un modelo de crecimiento que, a medio y largo plazo, asegure el bienestar colectivo. Catalunya tiene que dirigir su producción hacia segmentos de alta tecnología y potenciar los servicios vinculados a la sociedad del conocimiento, manteniendo posiciones suficientemente sólidas en los sectores tradicionales. En el nuevo contexto de una UE ampliada y un entorno cada vez más globalizado, es preciso disponer de la dimensión adecuada para competir. Es preciso poder aprovechar las economías de escala, les sinergias y las complementariedades que puedan surgir entre los territorios que, además, tienen intereses estratégicos compartidos. En este sentido, la Euroregión aparece como el marco natural de una plataforma internacional en la cual Catalunya tiene que convertirse en un potente núcleo que recoja una realidad histórica de amplias relaciones económicas y comerciales. 1.3. El Acuerdo estratégico como punto de partida de los cambios

imprescindibles Una de las características del Acuerdo es el énfasis en las políticas de oferta y, por tanto, con impacto temporal a medio y largo plazo. El Acuerdo pretende modificar las condiciones de competitividad, de incremento de la productividad, de cohesión social, de internacionalización o de mejora de las relaciones laborales; todo ello en el contexto de la creciente globalización de la economía mundial. Son objetivos que afectan las condiciones en que compiten las empresas y, por tanto, modificarlos

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resulta, por naturaleza, lento. Se requiere un esfuerzo perseverante, pero al mismo tiempo las propuestas del Acuerdo quieren ser un revulsivo a corto plazo que señale estos cambios de orientación necesarios. De hecho, si el consenso sobre los problemas actuales y futuros que tiene tanto el aparato productivo como nuestra sociedad es relevante, lo es porque permite generar las complicidades imprescindibles que exige la puesta en marcha de las reformas necesarias. Para constituirnos en eje vertebrador de este amplio territorio económico, capaz de competir con las potentes áreas del centro y del norte de Europa y otros competidores externos al espacio europeo, la primera actuación, y más urgente, es reforzar el proceso de cambio interno que el país pide. La modificación en las condiciones de competencia internacional obliga a hacer un nuevo esfuerzo de transformación, y el Acuerdo estratégico constituye el núcleo de este esfuerzo, ya que a su alrededor se articula un amplio conjunto de actuaciones fruto del compromiso conseguido. Un compromiso que se extiende también, en el ámbito de las relaciones laborales, al acuerdo a qué se ha llegado para que las empresas puedan ganar en flexibilidad y garantizar, al mismo tiempo, un conjunto de valores que permitan la estabilidad laboral y la calidad de la ocupación. Una pieza esencial del Acuerdo es la constitución de la Comisión de Seguimiento, que debe evaluar como se lleva a cabo, ponderar nuevas condiciones, sugerir modificaciones o postular nuevas medidas que tendrán que aplicarse a lo largo de la legislatura. El carácter de las propuestas, la puesta en marcha durante los tres próximos años y la Comisión de Seguimiento constituyen tres aspectos que evidencian el carácter marcadamente transformador del Acuerdo estratégico. La ambición de las propuestas y el alcance estratégico de los cambios que se postulan necesitan el máximo apoyo de la sociedad catalana. La diagnosis ha sido efectuada y se han concretado las medidas adecuadas a los problemas que plantea. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya y los agentes económicos y sociales han adoptado el compromiso de llevarlas a cabo. Comienza, en resumen, el proceso que el Acuerdo estratégico quería poner en marcha. Sindicatos, organizaciones empresariales y Gobierno están convencidos de que se inicia una tarea compleja y difícil. Pero, como siempre ha sucedido, y con el apoyo de todos, están también convencidos que Catalunya será capaz de ganarse, otra vez, el futuro.

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2. SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS PRIORITARIAS DEL ACUERDO

A continuación se presentan las propuestas que las partes firmantes del Acuerdo consideran prioritarias por su relevancia, por su capacidad de mejorar una situación a corto plazo o bien por su carácter estratégico o innovador.

1. Con el objetivo de alcanzar un nivel de inversión en I+D+i sobre el PIB equiparable a la media europea (2 por ciento del PIB en R+D y 5 por ciento en I+D+i al final de la legislatura), las partes firmantes reafirman la importancia de aumentar el gasto privado y público en I+D+i y proponen incrementar las correspondientes partidas presupuestarias de los departamentos y organismos en esta materia. Destaca la importancia de impulsar polos de primer nivel en sectores tecnológicamente adelantados mediante la colaboración entre el mundo de la investigación, la empresa y la Administración (medida núm. 1).

2. En el campo del I+D+i, se considera especialmente relevante intensificar la

transferencia de tecnología a través de las redes de transferencia de tecnología, con el despliegue de tres redes: la Red de centros de soporte a la innovación tecnológica (XIT), la Red de centros tecnológicos (XCT) y la Red de centros de difusión tecnológica (XCDT) (medida núm. 4).

3. Para mejorar la dotación del capital humano, se considera prioritario luchar

contra el fracaso escolar en las zonas especialmente afectadas, con medidas como la apertura de los centros educativos públicos a las actividades complementarias y programas de apoyo a los alumnos con graves carencias educativas. Paralelamente a estas medidas, se elaborará un libro blanco con el objetivo de identificar y analizar los factores que más le afectan (medidas núm. 10, 11 y 12).

4. Entre las acciones dirigidas a mejorar la formación, destacan las relativas a una

mayor presencia del inglés en la vida curricular y escolar del alumnado, así como el impulso de las tecnologías de la información y del conocimiento en la escuela (medida núm. 13).

5. Dentro del ámbito de la formación profesional, destaca, por su relevancia y

mejora del sistema, la creación de 12 centros integrados de formación profesional, en los cuales se coordinarán los tres subsistemas (formación reglada, formación ocupacional y formación continua), posibilitando así una oferta formativa integrada y preparada para atender las necesidades de ocupación y desarrollo profesional (medida núm. 16).

6. Como medida para la mejora de la movilidad y del transporte por carretera,

destaca la construcción de 500 km de red de autovías libres de peaje, de los cuales unos 300 son competencia de la Generalitat. Destacan el eje Vic-Ripoll (C-17), el eje Diagonal (C-15 y C-37) Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès-Manresa, Reus-Alcover (C-14), el eje Transversal (C-25) Cervera-Girona, el eje del Llobregat (C-16) Berga-Bagà y el eje del Ebro (C-12) Amposta-Lleida (medida núm. 25).

7. Para mejorar la movilidad de las personas, se considera prioritario el desarrollo

de la Ley de movilidad y la creación de las autoridades de la movilidad a las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona con el fin de alcanzar la integración tarifaria. Durante la presente legislatura se elaborará y se tramitará, en el marco de la legislación estatal, un proyecto de Ley sobre la financiación del

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transporte público que garantice su viabilidad económica, (medidas núm. 28 y 29).

8. Con el objetivo de facilitar y hacer posible el acceso de los trabajadores a su puesto de trabajo, se considera relevante el Plan de acceso sostenible a los principales polígonos industriales, con el inicio, en el año 2005, de los programas piloto de acceso a 22 polígonos (medida núm. 31).

9. Entre las actuaciones competencia del Estado, y considerando prioritaria la corrección del déficit histórico de su inversión en Catalunya, destaca especialmente la necesidad de potenciar el transporte en ferrocarril para hacer frente a la creciente demanda de transporte, priorizando la puesta en funcionamiento de la línea R5 de RENFE, el impulso de la nueva línea ferroviaria orbital de la RMB y de una nueva línea de ancho internacional que permita la conexión con Francia, así como el desarrollo del corredor transversal y sus conexiones hasta la frontera francesa. Asimismo, se destaca la importancia de las infraestructuras nodales del Puerto y el Aeropuerto de Barcelona, básicas para dar apoyo al futuro desarrollo de la economía catalana en el marco de la Euroregión (medida núm. 38).

10. En el ámbito de las infraestructuras energéticas y medioambientales, se

considera clave mejorar la capacidad y la calidad de la red eléctrica de acuerdo con lo que establezca el nuevo Plan de la energía, ejecutando las infraestructuras previstas y potenciando el uso de energías renovables con nuevas instalaciones de energía eólica, solar y de biomasa, así como las infraestructuras de abastecimiento de aguas y gestión de residuos previstas en los programas de inversiones en el periodo 2005-2014 (medidas núm. 39, 40, 41 y 42).

11. De las medidas relativas a las infraestructuras y la política de

telecomunicaciones, se considera prioritaria la ejecución de los Planes directores de telecomunicaciones, con los objetivos básicos de evitar la fractura digital, impulsar el uso de las TIC tanto en el sector público como en el sector privado y desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones en los polígonos industriales (medida núm. 44).

12. Con el fin de mejorar la financiación de la actividad empresarial, se prevé una

serie de medidas que comprenden figuras como el capital riesgo, los microcréditos o el acceso a avales de la sociedad de garantía recíproca (Avalis de Catalunya, SGR). En concreto, para mejorar las posibilidades de financiación a largo plazo de las PYME catalanas, se considera prioritaria una nueva línea de préstamos con subvención parcial del tipo de interés, así como la concesión de préstamos participativos, especialmente adecuados al perfil de las PYME de carácter familiar (medidas núm. 49 y 50).

13. Se destaca como factor clave de la competitividad la necesidad de llevar a cabo

una política de suelo industrial que tenga por objetivos abastecer la demanda de suelo industrial, templar los precios mediante la oferta pública de suelo industrial y desarrollarlos en aquellas áreas del territorio donde el mercado tiene dificultades para hacerlo (medida núm. 55).

14. Con el fin de favorecer la atracción de inversiones se considera relevante

impulsar la Agencia Catalana de Inversiones, con el objetivo general de promover y atraer inversiones empresariales sólidas. La Agencia se convertirá en el interlocutor entre la empresa y la Administración en inversiones y reorganizaciones empresariales, promoverá y asesorará en procesos de implantación de nuevas actividades, asesorará las empresas catalanas en la toma

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de acuerdos con empresas de fuera y actuará en procesos de desinversión para minimizar las consecuencias (medida núm. 57).

La Agencia Catalana de Inversiones desarrollará su labor con los trabajos del Observatorio de Prospectiva Industrial, el cual tendrá por finalidad conocer la problemática de los diferentes sectores y empresas catalanas, prever la evolución y sugerir el diseño de futuras líneas de actuación (medida núm. 56).

15. Como medida para fomentar las exportaciones y la proyección internacional,

destaca la necesidad de implantar el Plan de internacionalización de la empresa catalana, el cual tiene por objetivos analizar tendencias internacionales, priorizar países y prever apoyos a las diversas tipologías de empresas. El Plan prestará especial atención a las necesidades de las PYME, tanto desde las primeras fases de iniciación hasta la implantación en el extranjero (medida núm. 58).

El Plan prevé la creación del Observatorio de mercados exteriores, que tendrá por objetivo hacer un seguimiento de tendencias (sectoriales, de mercado, tecnológicas, etc.) y contará para su tarea con la red internacional del COPCA (medida núm. 59).

16. Dado el peso del turismo en la economía catalana, se creará el Observatorio del

Turismo de Catalunya y se elaborará un plan estratégico del sector. Este plan estratégico definirá el modelo turístico para los próximos años siguiendo las directrices siguientes: una oferta diferenciada de calidad, más competitiva y más adaptada a la demanda, que sea sostenible y territorialmente equilibrada (medida núm. 61).

17. En el ámbito de las políticas activas de ocupación, se destaca la necesidad de

dotar al Servei Català d’Ocupació (SOC) de un modelo de gestión descentralizado que permita descentralizar las políticas activas de ocupación y que cuente con los medios necesarios para ofrecer una atención personalizada de la oferta y la demanda laboral (medida núm. 65).

18. Igualmente, en este mismo ámbito, se considera prioritario diseñar políticas activas

de ocupación destinadas específicamente a la recolocación de personas que pierden su trabajo en procesos de cierre o de deslocalización de empresas (medida núm. 67).

19. En el marco de las relaciones laborales, destaca la creación del Consejo

Catalán de Diálogo Social y Participación, que agruparía instancias de participación ya existentes, como también otras que en un futuro se puedan incorporar, con el fin de racionalizar la estructura de la participación y el diálogo social en Catalunya, que comprende cuestiones como los convenios colectivos, la seguridad y la salud laboral, la contratación, las elecciones sindicales o la igualdad y no discriminación (medida núm. 71).

Destaca también la creación de la Comisión de Convenios Colectivos de Catalunya, que también se incluiría en el marco del Consejo, y que tendrá por objetivo el análisis y la mejora de los diferentes elementos que intervienen en la negociación colectiva, con el fin de impulsarla, orientarla y atender situaciones que requieran su atención (medida núm. 72).

20. La creciente presencia de personas inmigradas requiere importantes actuaciones

para la igualdad de oportunidades y contra la discriminación en el ámbito educativo, social y laboral. En este sentido, el Acuerdo incorpora la elaboración del Plan de primera acogida (social, laboral, lingüística, de alojamiento), actuaciones

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en el terreno educativo y en los servicios de acogida e integración de alumnos inmigrantes.

En el ámbito laboral, en el marco del Consejo de dirección del SOC se creará una comisión de inmigración que estudie la manera más adecuada de ordenar los flujos migratorios y de garantizar los derechos de los trabajadores inmigrantes. Asimismo, en el Consejo Catalán de Diálogo Social y Participación, de nueva creación, se propondrán actuaciones para la igualdad y la no discriminación. Las partes también consideran conveniente crear el Servicio de Intermediación Laboral en Origen, dentro del SOC, y, por lo tanto, la transferencia a este Servicio de las competencias relacionadas (medidas núm. 14, 86 y 70).

21. Con el fin de trabajar para un nuevo modelo de competitividad sostenible y

responsable, destacan las actuaciones en el marco de la negociación colectiva que favorezcan una mayor flexibilidad y estabilidad en las relaciones laborales como una apuesta para la competitividad de la empresa, dado que posibilitan un entorno de mayor implicación de la persona con los objetivos empresariales y facilitan su adaptación al sistema productivo (medida núm. 75).

22. En materia de seguridad y salud laboral, se pone de manifiesto la importancia del Plan de gobierno para la prevención de riesgos laborales 2005-2008, con objetivos específicos, actuaciones, plazos, evaluación de resultados y la dotación de los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios para su desarrollo (medida núm. 76).

23. De las medidas relativas al fomento de la cohesión social, destaca –por su

incidencia en la competitividad de la economía catalana– la mejora de los servicios de atención a personas en situación de dependencia, mediante el aumento de horas de servicios de ayuda domiciliaria, el aumento de plazas residenciales y la universalización de los servicios de tele-asistencia (medida núm. 82).

24. También en el ámbito de la cohesión social, y en concreto de la inclusión social,

se considera especialmente relevante la elaboración del Plan de inclusión social de Catalunya que, entre otras medidas, incluye el rediseño del PIRMI, así como el estudio de la situación de las pensiones mínimas (medida núm. 85).

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3. LAS MEDIDAS DEL ACUERDO I. Mejora de las condiciones básicas de competitividad 1. Investigación, desarrollo e innovación 1. Con el objetivo de conseguir un nivel de inversión en I+D+i sobre el PIB

equiparable a la media europea (5 por ciento del PIB al final de la legislatura), y utilizando el Plan de investigación e innovación de Catalunya como principal instrumento, las partes firmantes reafirman la importancia de aumentar el gasto privado y público en I+D+i y proponen incrementar las correspondientes partidas presupuestarias de los departamentos en esta materia.

En este sentido, se considera prioritario, por un lado, que el Departament de Treball i Indústria, a través de la Secretaria d’Indústria i Energia, fomente la inversión privada en I+D+i de alto contenido tecnológico. El presupuesto 2005 destinado a esta medida, de 29 millones de euros, representa un aumento del 19 por ciento respeto al gasto del año 2004.

Por otro lado, y con el mismo objetivo, hace falta aumentar sustancialmente los recursos del CIDEM, que tiene como principal función el fomento de la inversión privada en innovación. El presupuesto para el 2005 del CIDEM es de aproximadamente de 31,3 millones de euros, cifra que representa un incremento del 56 por ciento respecto al año 2004.

Dentro del ámbito del gasto público en I+D, también se propone un aumento de los recursos de la Direcció General de Recerca de unos 30 millones de euros, es decir, un aumento del 38 por ciento.

2. Para ordenar y racionalizar los recursos públicos dirigidos al I+D+i, las partes

dan apoyo a la elaboración de la Ley catalana de ciencia y tecnología, que, entre otros objetivos, servirá para coordinar las políticas relacionadas con el I+D+i existentes en Catalunya.

3. Se propone que durante el año 2005 se cree un Consejo de investigación y

desarrollo, innovación y sociedad del conocimiento, con participación de los agentes sociales y con la finalidad de hacer el seguimiento y la propuesta de actuaciones de los planes y programas de la Administración y, en particular, del Plan de investigación y de innovación de Catalunya 2005-2008. Se dotará de la estructura y autonomía necesarias para el cumplimiento de sus finalidades.

4. Se intensificará la transferencia de tecnología a través de las redes de

transferencia de tecnología, medida para la cual el presupuesto 2005 cuenta con una dotación de unos 9.500.000 de euros.

Se promoverá, a través del CIDEM, el desarrollo de tres elementos principales de transferencia de tecnología:

• Red de centros de apoyo a la innovación tecnológica (XIT), que potenciará

el número de grupos universitarios que transfieran tecnología a las empresas y mejorará la calidad de la oferta tecnológica con criterios de excelencia.

• Red de centros tecnológicos (XCT), que asegurará la provisión de servicios y asistencia tecnológica a las empresas. Se prevé llegar a un número de entre 8

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y 10 centros durante la legislatura. • Red de centros de difusión tecnológica (XCDT) para acciones de difusión y

fomento de la innovación, que contarían con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales, para acercar la tecnología y la gestión de la innovación a las PYME.

En el marco de la actuación de creación y gestión de la Red de Centros Tecnológicos (XCT) y de la Red de Centros de Difusión Tecnológica (XCDT), se ha realizado una primera tarea de creación de un registro de centros tecnológicos.

Centros reconocidos en el registro:

Red CT:

• Associació d’Investigació de les Indústries de l'Adob i Annexes (AIICA), Igualada.

• Fundació ASCAMM (Fundación de l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius), Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès.

• Centre Tecnològic de Manresa (CTM), Manresa.

• Laboratori d’Assaigs i Investigacions Tèxtils del Condicionament Terrassenc (LEITAT), Terrassa

• Fundació CETEMMSA (Fundació del Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró-Maresme), Mataró.

Red CDT:

• Institut Català del Suro (Palafrugell)

• Centre Tecnològic Eduard Solé (Ripoll)

• Centre Català de la Vinya i el Vi (Vilafranca del Penedès)

Sin embargo, el conjunto de centros tecnológicos existentes en Catalunya –los cuales estarán registrados– no asegura la cobertura de la totalidad de los sectores o tecnologías que la Generalitat pueda estar interesada en potenciar (ya sea porque son sectores estratégicos o porque son sectores altamente expuestos a la competencia internacional).

Por esta razón es necesario un programa de nuevos centros tecnológicos que actúen de instrumento de política industrial para potenciar la transferencia tecnológica en sectores donde la Generalitat lo considere estratégicamente necesario. En los próximos años se crearán los siguientes centros tecnológicos:

• Centre Tecnològic de l’Aeronàutica i de l’Espai (7 millones de euros) • Centre de Difusió Tecnològica del Moble de Fusta (2 millones de euros) • Centre Tecnológic de la Logística (7 millones de euros) • Centre Tecnològic Media (2 millones de euros) • Centre Tecnològic de l’Automoció (7 millones de euros) • Centre Tecnològic de les TIC (3 millones de euros) • Centres Tecnològics de les Indústries Agroalimentàries (Reus, Lleida, Girona)

(16 millones de euros) • Centre Tecnològic de la Indústria Química (2 millones de euros)

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5. Se propone la creación, en el 2005, de una Agencia de Transferencia de

Conocimiento que sea el foco de los esfuerzos humanos y materiales disponibles en Catalunya para aprovechar más eficazmente los resultados que genera la actividad científica y tecnológica de los grupos de investigación de las universidades. Las universidades coordinarán sus esfuerzos a través de una figura de tipo consorcial. Las funciones principales serían: la gestión de patentes y protección de la propiedad industrial y de sus retornos económicos, la valoración de los resultados de la investigación y el desarrollo de estrategias de comercialización internacional en estrecho contacto con el COPCA. Para la creación de la Agencia, el presupuesto 2005 cuenta con una dotación de 1.000.000 de euros.

6. Fomento de la iniciativa empresarial de base tecnológica. Se considera

estratégico impulsar Catalunya como centro de atracción de polos de primer nivel en sectores tecnológicamente avanzados, mediante una acción a varios niveles y que combine diferentes instrumentos, así como ocurre, por ejemplo, en el sector de la biotecnología y la investigación biomédica. Se proponen un conjunto de actuaciones con vista a facilitar la aparición de nuevos proyectos empresariales, en particular, de aquéllos de base tecnológica, vinculados a las universidades y a los centros tecnológicos. Estas actuaciones cuentan con una dotación de 7.565.000 de euros para el 2005 y son las siguientes:

• Potenciación de los parques científicos y tecnológicos creados alrededor de las

universidades, en especial, en los sectores biotecnológico, aeronáutico, energías renovables y TIC.

• Programa de incentivos dirigido a los grupos de investigación y a las mismas universidades y centros de investigación en función de su implicación y del número de proyectos analizados en los trampolines tecnológicos.

• Creación de la Red de Incubadoras Tecnológicas, que requieren una oferta tecnológica próxima que facilite su supervivencia y competitividad.

• Consolidar y reforzar la actual red de trampolines tecnológicos aumentando sus sinergias con otras redes existentes, como la de inversores privados.

• Potenciación de la creación de empresas derivadas (spin-off) universitarias. • Creación de una red de viveros de empresa, que coordine la acción de las

diferentes administraciones y potencie los viveros existentes actualmente. 7. Se considera necesario establecer un sistema de incentivos que promueva un

perfil más emprendedor de nuestras universidades en el ámbito de la investigación y la transferencia de tecnología. A este efecto, se ha previsto destinar un total de 22.454.000 de euros durante la legislatura, de los cuales 6.469.000 se encuentran en el presupuesto 2005, para las medidas siguientes:

• Estimular la implantación de planes estratégicos de investigación en las

universidades, que hagan posible una planificación de la financiación de la investigación en función de criterios de prioridad establecidos en el Plan de investigación e innovación de Catalunya.

• Vincular de forma efectiva una parte de la mejora de la financiación de cada

universidad a los resultados en transferencia de tecnología a las empresas. 8. Con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del 3 por ciento del PIB en

innovación en Catalunya en el año 2008, es necesario dar estímulo y apoyo a la incorporación de la innovación de procesos, productos y de organización. El presupuesto 2005 para el conjunto de medidas propuestas es de 35.250.000 de

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euros y se cuenta con las actividades y funciones propias de la Secretaria d’Indústria i Energia, del CIDEM y del DURSI.

Se considera conveniente impulsar programas de promoción de la innovación empresarial para las PYME catalanas. Estos programas se estructuran en cinco ejes principales: • Gestión de la innovación (productos, procesos y en organización) • Logística • Diseño industrial • Fomento del uso de las TIC • Fomento de la calidad

Con el fin de incrementar la capacidad empresarial en materia de I+D+i, se fomentará la incorporación de tecnólogos y doctores en las empresas con vista a impulsar programas de investigación, desarrollo tecnológico y de sistemas de innovación.

Asimismo, hace falta conseguir un aumento equivalente al resto de gasto público en investigación que se hace en Catalunya pero que dependa de los recursos del Estado y de la Unión Europea. El Gobierno realizará acciones concretas para conseguir un mayor retorno de los programas marco de la UE, que consistirán en dar apoyo específico en consultoría y ayudas para las empresas, especialmente, con el objetivo de fomentar la agrupación y la colaboración entre PYME.

9. La formación para la tecnología y la innovación es uno de los aspectos

fundamentales para el futuro éxito de una sociedad innovadora. Es necesario modificar la percepción que el conjunto de los participantes en la gestión de la empresa tienen sobre la actividad innovadora. Por lo tanto, durante el curso 2006-2007 se propone introducir en los subsistemas de FP materias y módulos específicos de acceso a la cultura de la investigación, la innovación, la actividad emprendedora y el uso habitual de las TIC, en un contexto constante de adaptación de los currículums formativos a las necesidades de las empresas. En el caso de la formación continua, el fomento del uso de herramientas TIC, el aprendizaje virtual o e-learning, además de la inclusión de módulos obligatorios sobre innovación, nuevas tecnologías y organización de empresa. Para el desarrollo de esta medida, el presupuesto es de 1.250.000 de euros anuales.

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2. Dotación de capital humano

2.1. Fracaso escolar 10. El Consejo Superior de Evaluación de Catalunya elaborará, en el plazo máximo de

un año, un libro blanco con el objetivo de identificar y analizar los factores que más afectan a la elevada tasa de fracaso escolar. Este libro blanco se elaborará en cooperación con los agentes sociales y económicos y dará voz a todos los miembros de la comunidad educativa.

Durante el año 2005 se determinarán aquellos territorios con una tasa de fracaso escolar por encima del 30 por ciento, con el fin de priorizar las actuaciones a partir de 2006.

11. Se establecerán programas de apoyo a los alumnos con graves carencias

educativas. En particular, se impulsarán medidas de atención a la diversidad, sobre todo en la ESO, y al acabar la ESO, en especial para el alumnado que no ha obtenido el título correspondiente, se diseñarán programas estructurados y sistematizados que impulsen la transición y la inserción en el mundo laboral. El coste anual estimado para la plena implantación de la medida es de 19.000.000 de euros, que se alcanzarán progresivamente a lo largo de la legislatura. Con el fin de dar inicio a la medida se prevé destinar una partida de 1.000.000 de euros en el año 2005.

12. Se propone, a partir de 2006, abrir los centros educativos públicos a las

actividades complementarias, como medida para luchar contra el fracaso escolar, ofreciéndolas, en especial, a aquellos sectores de la población que presenten más problemas, de acuerdo con los ayuntamientos. Si bien la planificación de la medida se realizará durante el año 2005, el objetivo para el 2007 es la implantación de actividades complementarias en 1.000 centros, con un coste anual estimado de 18.000.000 de euros. En el 2006 se pondrán en marcha las actividades en 500 centros y el resto para llegar a los 1.000, en el 2007.

Asimismo, con el fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a estas actividades, se establecerá una política de precios máximos y de becas, y se establecerán acuerdos con la Administración local, los centros educativos y las entidades implicadas en los comedores y las actividades extraescolares con el fin de ofrecer presupuestos rigurosos y equilibrados que garanticen la calidad de los servicios.

Igualmente, en el territorio se establecerán programas de tutoría y orientación escolar y profesionales impulsados por las administraciones locales, con la participación de los agentes sociales, para alumnos de 14 a 16 años.

Estas medidas se realizarán en coordinación con los servicios sociales y comunitarios para garantizar un entorno social favorable a la educación.

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2.2. Mejora de la formación. 13. Mejora de la formación: lengua inglesa y TIC

Se fomentará la presencia del inglés en la vida curricular y escolar del alumnado. Con el fin de conseguirlo, se impulsarán las siguientes medidas:

• Incremento de la oferta de plazas públicas de inglés en escuelas oficiales de

idiomas, con la creación de 3.000 plazas nuevas durante la legislatura. • Introducción, a partir del curso 2007-2008, del aprendizaje del inglés en todos

los ciclos formativos de FP, con especial atención a la diversidad en el aprendizaje.

• Aumento de recursos para estancias en el extranjero –y en acciones similares organizadas en el país– para mejorar el conocimiento de la lengua inglesa.

• Impartir en lengua inglesa una de las materias de educación secundaria obligatoria a partir del curso 2006-2007 de forma generalizada, y en el curso 2005-2006 en la medida que los recursos humanos disponibles lo permitan. A este efecto, durante 2005 se evaluarán las capacidades del contingente de profesorado disponible, ya que aproximadamente un millar de profesores ya han participado en programas de intercambios. Además de éstos, se prevé la dotación de 250 profesores en el 2006 y de 250 profesores más en el 2007, con un coste total de 15.000.000 de euros.

Para el impulso de las tecnologías de la información y del conocimiento en la escuela:

• Los centros educativos se dotarán de equipamientos informáticos, telemáticos

y audiovisuales suficientes, así como de conexiones a Internet que permitan la utilización de las TIC por parte del profesorado y del alumnado.

• Se fomentará el uso de las TIC como instrumento en los procesos de aprendizaje, como también el trabajo en red entre centros de dentro y de fuera de Catalunya.

• Se promoverá la formación y el asesoramiento del profesorado en el dominio y utilización adecuada de estas tecnologías.

El presupuesto total destinado a impulsar las TIC en la escuela durante la legislatura es de 21.070.274 de euros, de los cuales 6.000.000 corresponden a formación del profesorado y el resto a la dotación y renovación de equipamientos y conexiones a Internet. En el presupuesto 2005 se prevén 2.000.000 de euros en formación del profesorado y 1.159.252 en equipamientos.

14. Asimismo, las partes proponen un conjunto de actuaciones en el terreno

educativo y en el de los servicios de acogida e integración de alumnos inmigrantes, que en el presupuesto del 2005 cuentan con una dotación total de 20.000.000 de euros:

• Se desarrollarán medidas de apoyo específico a los alumnos de incorporación

tardía al sistema educativo i que presenten carencias de conocimiento de la lengua y la cultura.

• Se establecerán dos niveles de acogida: desde el entorno local y desde los

centros educativos, los cuales tienen que coordinar sus actuaciones.

Desde el entorno local se detectará la situación de llegada de los alumnos y se establecerán sistemas de traspaso de información entre los centros educativos y

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los servicios locales; también se diseñarán planes de entorno local que permitan la integración de los alumnos inmigrados. Desde los centros educativos se implantarán planes de acogida del alumnado para el aprendizaje de la lengua y la cultura mediante un sistema de aulas de acogida dentro de los mismos centros, que permitan la escolarización compartida entre el grupo clase y estas aulas.

• Asimismo, las medidas previstas de soporte a los alumnos con graves

carencias educativas pueden ser extensivas al perfil de alumnado inmigrado de incorporación tardía, en función de las carencias de tipo educativo que presenten.

• Para la población adulta recién llegada se arbitraran planes de acogida

específicos de conocimiento de la lengua y la cultura y de preparación para el empleo. La oferta de educación permanente de adultos diseñará programas que incluyan estas necesidades.

2.3. Escolarización post-obligatoria y formación profesional

15. Para incrementar los índices de escolarización post-obligatoria,

especialmente en FP, se establecerá una política de gratuidad de libros de texto y durante el 2005 se pondrá en marcha un programa de becas y ayudas para facilitar la movilidad desde el lugar de residencia o desde el puesto de trabajo al lugar de formación para aquellos casos en que la nueva planificación de la oferta pública de FP así lo requiera. El presupuesto para el 2005 incorpora 1.000.000 de euros para becas a la movilidad.

Es igualmente necesaria una adecuada información y orientación en los últimos dos años de la ESO, que incluya las opciones que ofrece la FP y las salidas profesionales de cada especialidad.

16. Se propone la creación de 12 centros integrados de formación profesional en

el conjunto de la legislatura, de los cuales como mínimo dos se pondrán en marcha en el 2005. El coste anual estimado para el funcionamiento de los 12 centros integrados es de 31.200.000 de euros y el presupuesto 2005 cuenta con una dotación de 4.990.000 de euros.

Estos centros coordinaran los tres subsistemas de la FP: la formación reglada, la ocupacional para las personas en desempleo y la continua para las personas ocupadas, y proporcionarán una oferta formativa integrada. Además, certificarán la experiencia laboral e incorporarán un servicio de orientación interactiva que permita atender las necesidades de ocupación y de desarrollo profesional.

Los centros integrados también implantarán sistemas de transición entre la escuela y el trabajo y, si procede, proporcionarán atención a las necesidades de reconversión de personas activas como consecuencia de cambio de sistemas obsoletos o de deslocalizaciones de empresas. Más específicamente, estos centros contribuirán a identificar, en colaboración con el Institut Català de Qualificacions Profesionals, los sectores de actividad económica emergentes y con fuerte impacto en creación y transformación de ocupación con el fin de detectar y divulgar las nuevas ocupaciones y las ocupaciones en transformación, incorporando en esta tarea de divulgación las experiencias de éxito ya iniciadas en el país.

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Los nuevos centros integrados tienen que ser instrumentos de innovación permanente y de buenas prácticas en la FP. Asimismo, desarrollarán un sistema de formación del profesorado que mantenga un contacto activo con la empresa e incorporarán especialistas de la empresa a los centros de formación. Con el fin de verificar la consecución de estos objetivos, se establecerán los mecanismos de evaluación pertinentes.

Los centros integrados se regularán a través de un consorcio vinculado a cada centro, integrado por las consejerías de Educació y de Treball i Indústria, los agentes sociales y los ayuntamientos.

17. Durante el año 2005 la Dirección General de Formació Professional acordará con

los agentes sociales un plan para el desarrollo de la formación en centros de trabajo (FCT), que incluya: • La mejora de la calidad de la FCT y la relación alumnado/cuerpo docente. • La disponibilidad horaria del tutor de prácticas del centro docente, su

desplazamiento y la relación de los tutores del centro con los tutores de la empresa.

• La mejora de la cobertura de los seguros de los alumnos y del profesorado participante.

Asimismo, el Departamento de Educación preverá los mecanismos de información adecuados a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para facilitar el seguimiento y la evaluación de la FCT.

Se promoverá un reconocimiento a las empresas que destaquen en la realización de estas prácticas.

18. Se avanzará en el desarrollo del catálogo de calificaciones de Catalunya y el

catálogo integrado de formación profesional. 19. Para facilitar la asistencia y el seguimiento de las clases se proponen las

iniciativas siguientes:

• Promover la flexibilización organizativa de la formación profesional, estableciendo la modalidad de matrícula por créditos en la oferta de formación profesional inicial.

• Promover una organización horaria más flexible en los centros. • Establecer la formación a distancia o semi-presencial en los estudios de

formación profesional inicial. 20. Las partes coinciden en que la formación profesional en el ámbito laboral, y de

forma especial, la formación continua es una pieza fundamental para mejorar las calificaciones y las competencias profesionales de trabajadores y empresarios. Se llevarán a cabo las gestiones necesarias para obtener la transferencia plena de la competencia de gestión de la formación en el ámbito laboral, continua y ocupacional que se realiza en Catalunya.

Las partes consideran que la gestión de la formación profesional en el ámbito laboral tiene que hacerse de manera concertada y debe garantizar las respuestas formativas sectoriales que contribuyan a una mejor formación y calificación en relación a las necesidades. En este sentido, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya es el instrumento que tiene que facilitar esta tarea.

2.4. Medidas en el ámbito de la docencia universitaria

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21. En el ámbito universitario se adoptarán diversas iniciativas con el fin de potenciar

el Espacio europeo de educación superior, en el marco de la declaración de Bolonia, adecuando el mapa universitario a las necesidades de la sociedad.

• En este sentido, se elaborará un plan piloto para las universidades catalanas,

dotado de financiación específica para las públicas, para promover la adaptación al Espacio europeo de educación superior (EEES) e incorporar, al mismo tiempo, criterios de adaptación al EEES en la programación universitaria. El presupuesto total durante la legislatura es de 1.768.000 de euros, de los cuales 700.000 euros corresponden al presupuesto 2005.

• Se propiciará una mayor internacionalización de las universidades favoreciendo la movilidad de los estudiantes y el aumento de la presencia de estudiantes extranjeros en Catalunya, promoviendo las titulaciones conjuntas con universidades extranjeras y fomentando las habilidades lingüísticas de los estudiantes universitarios. El presupuesto total de la medida es de 3.915.000 de euros, estando previstos en el presupuesto 2005 1.305.000 de euros.

Asimismo se promoverá la atracción de profesores universitarios catalanes de alta cualificación que actualmente ejercen sus tareas en el extranjero. Destacan, a este efecto, los instrumentos previstos en el Plan de investigación e innovación 2005-2008.

22. Los criterios de revisión del mapa de titulaciones universitarias en Catalunya

tendrán en cuenta la calidad, la eficiencia de los recursos disponibles, el equilibrio territorial y la atención a los ámbitos más deficitarios de nuestra sociedad, como son actualmente las enseñanzas técnicas. La revisión del mapa de titulaciones contará con un presupuesto anual de 500.000 euros, ya previstos en el presupuesto 2005.

23. Se promoverán mecanismos de consulta a los agentes económicos y sociales

que faciliten las prácticas en empresas y organizaciones para garantizar una mayor adecuación entre la oferta formativa y las necesidades del mercado de trabajo. Con el fin de mejorar la relación universidad-empresa, se favorecerá la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los consejos sociales de las universidades.

24. Se desarrollará un plan de orientación para el acceso a la universidad que

ponga especial atención a las vías de acceso alternativas a las PAU (mayores de 25 años y personas provenientes de ciclos formativos de grado superior). La medida prevé un presupuesto anual de 285.000 euros a partir del presupuesto 2005.

En particular, se promoverá, en colaboración con el Departament d’Educació, la adecuada transición desde los ciclos formativos de grado superior (CFGS) a la universidad, así como la posible colaboración entre los centros de formación profesional y los universitarios.

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3. Infraestructuras de transporte y movilidad

3.1. Red viaria de alta capacidad para mejorar la movilidad y el transporte por carretera

Los firmantes del Acuerdo consideran imprescindible impulsar un modelo de red viaria de alta capacidad, homogéneo a escala española, que equipare los porcentajes de las vías de peaje y de las libres, y mejorar las vías de comunicación rápida alrededor de la conurbación de Barcelona. 25. En este sentido, esta equiparación supondría la construcción de unos 500 km de

red de autovías libres de peaje, de los cuales unos 300 km son competencia de la Generalitat y para los cuales se prevé un coste aproximado de unos 1.100 millones de euros. Entre las autovías que son competencia de la Generalitat, las partes consideran prioritarias las siguientes: • Eix Vic-Ripoll (C-17) • Eix Diagonal (C-15 y C-37) Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès-

Manresa • Reus-Alcover (C-14) • Eix Transversal (C-25) Cervera-Girona • Eix del Llobregat (C-16) Berga-Bagà • Eix de l’Ebre ( C-12) Amposta-Lleida

26. También se propone la creación de un fondo de gestión autonómica de transición u homogeneización de los peajes, integrado por los impuestos generados por las autopistas y por aportaciones presupuestarias de las administraciones, que permita una política de descuentos, de supresión selectiva de peajes y de inversión en infraestructuras del transporte, que garantice el equilibrio económico-financiero de las concesionarias.

27. Impulsar, desde el Gobierno de la Generalitat, una nueva política de las

concesionarias de autopistas, entendiendo el peaje como un elemento regulador de la movilidad sostenible, con una especial consideración a la política comercial en relación a los vehículos pesados y el transporte público, como también para jornadas especiales de mucho tráfico. Los presupuestos para el 2005 incluyen una partida de fondos de 18.500.000 de euros dirigida a mejorar el tema de los peajes.

3.2. Movilidad de las personas 28. Durante la presente legislatura, y en el marco de la futura legislación estatal, se

elaborará y se tramitará un proyecto de ley sobre la financiación del transporte público que garantice la viabilidad económica y se desarrollará la Ley de movilidad a través de las directrices nacionales y territoriales de movilidad.

29. Por otro lado, a lo largo de la legislatura se crearán las autoridades de la

movilidad de las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona, a las cuales se propondrá también incorporarse al operador RENFE. Estas autoridades elaborarán los planes de servicio del transporte urbano e interurbano de pasajeros y llevarán a cabo la integración tarifaria en las regiones de Tarragona, Lleida y Girona, así como la creación y consolidación de los consorcios territoriales en el contexto del avance hacia una red integrada en el conjunto de Catalunya. El presupuesto 2005 prevé destinar 7.512.269 de euros a esta medida.

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30. Se iniciarán en el 2005 los estudios y propuestas de solución, a medio y largo plazo, para los problemas de movilidad global a la RMB y, en especial, los de el Vallès Occidental y el acceso a la zona logística portuaria.

31. Se diseñará un plan de acceso sostenible a los principales polígonos

industriales, agrupaciones de empresas y grandes equipamientos. Para el ejercicio 2005 en concreto, y con el impulso de los gestores de la movilidad, se elaborarán los programas piloto de acceso a 22 polígonos, entre ellos: los polígonos de la Zona Franca, Seat-Martorell-Can Amat, Aeropuerto de El Prat, Aeropuerto de Girona, Mercat de treball de Granollers y a los polígonos industriales de Riudellots de la Selva, Politger (Sant Jaume de Llierca), a los alrededores del intercambiador de Quatre Camins, el polígono del Francolí en Tarragona y el polígono del Segre en Lleida. Los programas piloto incluirán diversos medios de transporte, con medidas como potenciar nuevas líneas de transporte regular, adaptar los horarios de transporte a los horarios de trabajo, reconvertir autobuses de empresa en autobuses de polígono y promover el coche compartido.

El presupuesto 2005 incorpora una dotación de 500.000 euros dirigidos a diseñar este plan de acceso, 6.500.000 de euros para mejorar el servicio regular de viajeros por carretera y 1.400.000 de euros para dar apoyo a la renovación de la flota de autobuses de servicio discrecional.

32. Se promoverá, durante el 2006, la realización de cuatro carriles bus para el

transporte colectivo de acceso a Barcelona, con un programa de estaciones de autobuses y de priorización semafórica, con el fin de favorecer la movilidad de las personas en el interior de la RMB.

33. Se creará durante el 2005 un organismo de promoción de los aeropuertos

catalanes y un fondo de promoción de rutas aéreas, abierto a la concurrencia, para fomentar los vuelos intercontinentales, promover los aeropuertos “regionales” e impulsar el sector aéreo catalán. El presupuesto 2005 incluye 4.766.400 de euros para el fondo de promoción de rutas aéreas.

3.3. Movilidad de mercancías 34. En el apartado relativo a las infraestructuras logísticas y a la mejora de la

intermodalidad, las partes consideran prioritarias las actuaciones siguientes: • Desarrollo de centros intermodales carretera-ferrocarril. En el 2005 se iniciarán

las experiencias piloto del Far d'Empordà y l'Aldea. • Estudios y proyectos el año 2005 sobre una eventual construcción de nuevas

áreas logísticas en el interior del país (Catalunya Central y Terres de Ponent) que actúen como puertos secos de los de Barcelona y Tarragona.

35. Asimismo, se considera necesario impulsar la ejecución –durante el 2005 de los

estudios y el 2006 de las obras– de los accesos al Delta del Llobregat, con una gestión coordinada de las infraestructuras viarias y ferroviarias de acceso.

36. Con el fin de introducir mejoras en el transporte de mercancías por carretera, se

iniciará el desarrollo de una red de aparcamientos para vehículos pesados y de mercancías peligrosas en el transcurso del 2005.

Las medidas 34, 35 y 36, tienen una dotación presupuestaria de 4.000.000 de euros para el 2005.

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37. En lo que concierne a los puertos, se considera necesario reforzar el frente portuario catalán, sus infraestructuras y su proyección internacional. En este sentido, se consideran prioritarias las conexiones con el mercado asiático. También se propone impulsar el cabotaje en el Mediterráneo y las conexiones marítimas con Francia, Italia y el Magreb, adecuando las terminales marítimas a este objetivo. En el presupuesto para el 2005 se prevé un importe de 500.000 de euros dirigidos a realizar estudios dentro de esta medida.

3.4. Otras actuaciones competencia del Estado

Las partes consideran prioritaria la corrección del déficit histórico de inversión del Estado en Catalunya con el fin de superar los principales impedimentos que limitan el crecimiento, afectan la competitividad y deterioran la calidad de vida. Entre estos déficits infraestructurales, merecen especial atención los déficits que afectan al aeropuerto, a la red ferroviaria regional y de cercanías, a las autovías libres de peaje, a la finalización del TGV y a la potenciación de los ejes articuladores de la Euroregión, como l'Eix de l’Ebre, el Corredor del Mediterráneo y la permeabilización de los Pirineos, entre otras actuaciones necesarias. A continuación se exponen un conjunto de actuaciones competencia del Estado necesarias a corto plazo: Los firmantes consideran necesario reclamar la gestión de los ferrocarriles de cercanías y los ferrocarriles regionales con el fin de poder optimizar la gestión de la movilidad a escala autonómica.

Mientras no se alcancen competencias en ferrocarriles de cercanías y regionales, se propone al Gobierno que pida al Estado un Plan de cercanías que incorpore el desdoblamiento de la línea entre Montcada y Vic, la ampliación de la capacidad entre Blanes y Barcelona y la definición de nuevas vías de penetración entre Barcelona, el Vallès y el Baix Llobregat. Asimismo, en materia ferroviaria se propone que, de acuerdo con las directrices europeas, se abra la competencia entre diferentes operadores para la explotación de las líneas regionales de alta velocidad de la red de cercanías y de la red de mercancías. En este sentido, se propone iniciar una experiencia piloto con la creación de un operador conjunto entre RENFE y FGC para la explotación de algunas líneas (Lleida-Manresa, Ripoll-Puigcerdà), así como fomentar la presencia de empresas catalanas operadoras tanto del sector de pasajeros como de mercancías. 38. Los firmantes consideran imprescindible potenciar el transporte por ferrocarril

para hacer frente a la creciente demanda de transporte. En este sentido, se destaca la ampliación de la red de metro con la nueva línea 9, con una inversión total por parte de la Generalitat de Catalunya de 3.127 millones de euros, que representarán 42,6 nuevos kilómetros de metro y 46 estaciones, y el enlace del Besòs, el aeropuerto, el puerto y la Fira. Además de las anteriores, las partes consideran especialmente relevantes las actuaciones de desarrollo del ferrocarril siguientes:

• Para el año 2005 se considera necesaria la puesta en funcionamiento de la

línea ferroviaria R-5 de RENFE, entre Martorell, El Papiol y Mollet, pasando por Rubí, Sant Cugat y la UAB, y la conexión de esta línea con los polígonos industriales mediante un servicio de autobuses.

• También se pide impulsar la nueva línea ferroviaria orbital de la RMB para

enlazar Granollers con Vilafranca y, posteriormente, continuar en Vilanova y en Mataró.

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• Finalmente, y con financiación del Estado, se considera absolutamente

necesaria la nueva línea ferroviaria para pasajeros y mercancías de ancho internacional que permita la conexión con Francia, así como el desarrollo del corredor transversal y sus conexiones hasta la frontera francesa, por Puigcerdà, y con los puertos de Barcelona y Tarragona.

Dada la necesidad de planificación del conjunto de aeropuertos catalanes, su potencial desarrollo y el papel clave que representan en el conjunto de infraestructuras, las partes consideran imprescindible hacer una gestión más autónoma y flexible que permita la entrada de otros agentes y, en particular, la participación de las instituciones del territorio en la gestión de los aeropuertos, con el objetivo final de asumir la plena gestión. Asimismo las partes destacan la importancia de potenciar el aeropuerto y el puerto de Barcelona, dado que representan unas infraestructuras nodales básicas para sustentar y promover el desarrollo actual y futuro de la economía catalana en el marco de la Euroregión y en un entorno de globalización económica. En otro orden de cosas, las partes piden una mejora en la transparencia de las inversiones mediante la publicación anual de la inversión en infraestructuras en Catalunya de las administraciones estatal, autonómica y local.

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4. Infraestructuras energéticas y medioambientales

4.1. Mejora de la capacidad y la calidad de la red eléctrica 39. Incremento de la capacidad de producción de energía eléctrica mediante

centrales de ciclo combinado, instalaciones de cogeneración y centrales de energías renovables. En concreto, la acción pública del Gobierno se orientará a conseguir los objetivos de incremento de capacidad productiva, ahorro y eficiencia que fije el nuevo Plan de energía de Catalunya.

40. Mejora de la capacidad y la calidad de la red eléctrica para alcanzar unos

niveles adecuados con aquello que se prevé en el despliegue del conjunto del Plan tramuntana, lo que comportaría, por una parte, la implantación de 39 nuevas subestaciones eléctricas que, en total, incrementarían la potencia disponible con 4.800 MWA –que equivalen a un 35 por ciento de la potencia actual– y, por otra, la interconexión con las redes españolas y europeas con vista a garantizar el suministro en caso de problemas en la red propia. El presupuesto 2005 prevé dedicar 4.000.000 de euros a esta medida.

4.2. El nuevo Plan de Energía de Catalunya

41. El Gobierno, contando con la participación de expertos designados por los agentes

sociales, elaborará dentro del año 2005 un nuevo Plan de energía de Catalunya en el horizonte 2015, teniendo en cuenta que hace falta incrementar de forma significativa la eficiencia energética y la participación de las energías renovables en la oferta energética. La elaboración del nuevo Plan de energía está prevista en el presupuesto 2005, con la dotación de 500.000 de euros.

Además de los objetivos en energías renovables para esta legislatura (1.500 MW de energía eólica instalados e implantación de placas solares hasta alcanzar 5.000 nuevos aprovechamientos), es propósito del Gobierno alcanzar, más allá del ámbito temporal de la legislatura, la implantación de parques eólicos hasta una potencia de 3.000 MW y la implantación de placas solares hasta 8.000 nuevos aprovechamientos. En el presupuesto 2005 se prevé destinar 1.220.000 de euros a fomentar la implantación de las energías renovables.

4.3. Infraestructuras de abastecimiento de aguas y gestión de residuos

42. Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como las de

gestión, tratamiento y deposición ordenada de los residuos urbanos, industriales y agrarios son esenciales para garantizar la correcta implantación y el buen funcionamiento de las actividades residenciales, industriales y comerciales y, por lo tanto, condiciones previas para la viabilidad, competitividad y modernización de las actividades económicas. Partiendo de estas consideraciones, se acuerda:

1) Revisar, priorizar y acelerar, con la participación de los agentes económicos y sociales, los programas de inversiones en el horizonte 2005-2014, con el fin de garantizar la dotación de recursos hídricos para calidad y cantidad suficiente, así como las instalaciones de tratamiento, recuperación y depósito de residuos urbanos, industriales y agrarios.

2) Estas inversiones que se convengan como básicas o estratégicas, tendrán que seguir criterios sociales, de reequilibrio territorial y de apoyo a sectores industriales expuestos a la competencia internacional y especialmente sensibles al coste del agua.

Las partes constatan que la aplicación de la Ley 3/1998 ha originado un conjunto de disfunciones que hay que corregir. En este sentido, se insta a que el desarrollo de la

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Ley 4/2004, de 1 de julio (reguladora del proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental), se dirija de forma eficaz a corregir estos problemas, mediante la adecuación de plazos y un programa escalonado de actuación.

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5. Infraestructuras y política de telecomunicaciones 43. Se propone la creación, en el transcurso de la legislatura, y en el marco del Plan

Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones (PDIT), de un organismo público en materia de infraestructuras de telecomunicaciones que tenga encomendada la responsabilidad de la Administración en este ámbito y que se convierta en la herramienta de planificación para mejorar la cobertura territorial y la competencia en servicios, calidad y precios. El coste total del PDIT se estima en 488.000.000 de euros hasta 2008, de los cuales el presupuesto 2005 prevé 21.219.000.

44. A partir del 2005 se ejecutará el Plan director de servicios y contenidos, por el

cual se prevé un total de 38.888.127 de euros hasta el 2008 (de éstos, 5.413.000 de euros corresponden al 2005).

Estos dos planes, de acuerdo con la Estrategia Sociedad de la Información, tendrán como objetivos básicos, entre otros:

• Evitar la fractura digital, tanto territorial como social, por lo que se propone: § Acelerar el despliegue de la banda ancha, con un plan de acción que

incorpore ayudas públicas, orientado a las áreas de baja demanda y insuficientemente atendidas, respetando el principio de neutralidad tecnológica y de fomento de la competencia, de acuerdo con las propuestas realizadas en este ámbito en la Unión Europea.

§ Desarrollar un plan de acción para que los municipios catalanes dispongan de un punto de conexión pública de banda ancha, orientado a la realización e información de cualquier trámite administrativo o de prestación de servicios públicos (transportes públicos, sanidad, universidades, etc.) de cualquier administración pública.

• Fomentar la demanda de TIC, tanto desde el sector público, como desde el

sector privado, por lo que se proponen las iniciativas siguientes: En el sector público: § Desarrollo de la administración abierta o en línea, tanto en la Generalitat

como en las administraciones locales. § Potenciar el uso de las TIC en los sectores sanitarios y en la enseñanza. § Potenciar la enseñanza a distancia a través de la red (aprendizaje virtual o

e-learning) § Desarrollar un plan para alfabetización digital de la población,

aprovechando las infraestructuras existentes en los centros de enseñanza fuera del horario escolar.

§ Promover el uso de la firma digital.

En el sector privado: § Impulsar el uso de las TIC en las PYME mediante el establecimiento de

ayudas (financieras, de asesoramiento, etc.). § Fomentar la investigación referida a las TIC con el fin de desarrollar un polo

de competitividad, con el concurso de las empresas del sector.

• Desplegar infraestructuras de telecomunicaciones en los polígonos industriales y zonas de alta densidad empresarial. En el marco del Plan director de infraestructuras y telecomunicaciones (PDIT), el DURSI realizará en el primer trimestre del 2005 un diagnóstico y un plan de acción de las

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telecomunicaciones en los polígonos industriales, sobre todo, de las redes de acceso de los operadores en cada una de las empresas. La previsión inicial, pendiente del diagnóstico a realizar, es que en el año 2007 el 90 por ciento de las empresas catalanas de más de diez trabajadores puedan contratar ancho de banda de 100 Mb a un nivel de precio que esté entre los cinco países europeos más competitivos. El plan de acción, inicialmente, tiene previsto un despliegue en cuatro años.

45. Potenciar, mediante un marco normativo adecuado, el despliegue de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, tanto públicas como privadas, y de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. El presupuesto 2005 ha incorporado una partida de 250.000 euros para esta medida.

46. Si bien el grueso de las inversiones son asumidas por los operadores, se facilitará

el despliegue de los servicios móviles y, en especial, los del sistema de comunicaciones móviles universales (UMTS), a través de la cobertura integral de los servicios de telecomunicaciones móviles y el despliegue rápido y extensivo de los servicios UMTS para poder disponer sin riesgo de fractura de todos los servicios adelantados que el UMTS puede ofrecer. Para facilitar este despliegue, se prevé destinar 500.000 euros el 2005 y 1.000.000 de euros anuales a partir de 2006.

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6. Financiación de la actividad empresarial 47. Se considera necesario diseñar e implantar a lo largo del 2005 una política

común de capital de riesgo por parte de los diversos departamentos de la Generalitat, con el fin de optimizar el número y el perfil de las empresas capitalizadas. Así, mientras desde el Departament d’Economia i Finances se centralizaría la gestión y tenencia de los fondos, otros departamentos aportarían su función prescriptora.

Hace falta también potenciar el desarrollo del capital riesgo, promoviendo en las instancias oportunas que la oferta de capital, por ejemplo la procedente de las reservas técnicas de compañías de seguros, pueda materializar parte de su inversión en entidades de capital de riesgo.

48. Conviene también potenciar la Red de Inversores Privados (RIP), del CIDEM,

con el objetivo de incrementar las fuentes de financiación de la actividad emprendedora, potenciando nuevos instrumentos financieros, como por ejemplo los ángeles inversores (business angels), que movilizan el ahorro directamente de los inversores particulares a los emprendedores.

Asimismo, se considera necesario proponer la adopción de medidas fiscales con el fin de estimular la inversión privada de particulares en proyectos de creación de nuevas empresas por parte de emprendedores, tal como se hace ya en el caso de inversores institucionales, y alcanzar unos niveles de inversión privada en estos conceptos equiparable a la de los países europeos.

49. Atendiendo a las características de nuestras empresas (predominio de PYME de carácter familiar), se considera importante desarrollar la figura de los préstamos participativos, por lo que se propone:

• Implantar durante el año 2005 la concesión de préstamos participativos,

aprovechando instrumentos ya existentes (Institut Català de Finances Holding), y en colaboración y coordinación con los organismos “prescriptores” de la misma administración (ICF, CIDEM, COPCA). Para el periodo 2005-2007 se prevé una línea de 65.000.000 de euros para la concesión de préstamos participativos.

• Promover acuerdos entre el Gobierno y la Dirección General de Política

de la PYME, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el fin de mejorar la colaboración actual con entes como ENISA (acompañamiento de empresas en la solicitud de préstamos participativos) con el fin de optimizar el acceso a esta financiación por parte de las empresas catalanas.

50. En el primer semestre del 2005, el ICF potenciará una línea de financiación a

largo plazo para PYME, distribuido por medio de la red de entidades financieras y con una subvención parcial del tipo de interés con el fin de situarlo al nivel de tipo preferencial, garantizando al mismo tiempo la complementariedad con otras líneas de financiación públicas, como también con las sociedades de garantía recíproca para mejorar el acceso al crédito. La línea de financiación a PYME contará con 600.000.000 de euros para el periodo 2005-2007.

51. Se fomentaran los microcréditos mediante convenios con las entidades financieras, estudiando mecanismos que refuercen la garantía de los prestatarios por vía del reparto del riesgo de solvencia entre la entidad financiera y la Administración.

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52. Se reforzará la capacidad de actuación de la sociedad de garantía recíproca (Avalis de Catalunya, SGR) con el fin de mejorar el acceso a la financiación de proyectos empresariales, por medio de: • La concesión de una segunda refinanciación, complementario a la de

CERSA, a cargo de la Generalitat de Catalunya, hasta un límite del 75 por ciento del riesgo financiero alcanzado, para posibilitar el acceso a la financiación de un número más elevado de PYME y autónomos.

• La reducción del impuesto sobre actos jurídicos documentados en el 0,1

por ciento el año 2005 en el caso de documentos notariales que formalicen la constitución, modificación e igualación de rango (simultánea o posterior) de derechos reales a favor de la sociedad de garantía catalana, con el fin de limitar el gasto vinculado a la financiación empresarial. Se estudiará la posibilidad de aplicar este nuevo tipo en el resto de operaciones de financiación a través de organismos públicos a partir de 2006.

53. Asimismo, se garantizará la coherencia y complementariedad de los

instrumentos de financiación en la actividad empresarial de la Generalitat, mediante la coordinación y el asesoramiento financiero en el resto de departamentos por parte del ICF.

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Otras actuaciones de fomento de la competitividad 54. En el transcurso del 2005 se desarrollará el proyecto de la ventanilla única

empresarial, con el concurso de las cámaras de comercio, que integrará en un único espacio tanto el asesoramiento, como los trámites relacionados con la puesta en marcha de actividades económicas. En este ámbito, las partes firmantes consideran que hace falta plantear el objetivo que, de aquí al año 2006, el tiempo necesario para crear una empresa se haya reducido en un 50 por ciento, con la colaboración de todas las administraciones implicadas.

Este mismo espacio incluirá un instrumento virtual a cargo de la Generalitat para garantizar la mejor información la máxima difusión de todos los instrumentos de ayuda y financiación en la actividad económica y empresarial.

Asimismo, el espacio virtual de apoyo a la empresa tendría que incluir también un sistema de información en red para la innovación empresarial como portal de servicios en aspectos vinculados a:

• Red de centros tecnológicos, innovación y nuevas ideas • Seguridad y sostenibilidad • Internacionalización • Emprendedores • Red de cooperación de PYME • Financiación a la innovación

55. La provisión de suelo industrial a precios asequibles y con una distribución

territorial equilibrada es una de las claves de la competitividad económica de Catalunya. En las actuales condiciones del mercado inmobiliario, caracterizadas por una evolución alcista de los precios en todos los ámbitos, la obtención de una oferta adecuada para todos los sectores de actividad económica es dificultosa, y en especial para el sector industrial. Por eso, las partes firmantes acuerdan que se lleve a cabo una política de suelo industrial con los objetivos siguientes:

• La calificación urbanística de suelo industrial en cantidades suficientes para

abastecer la demanda. • La intervención, a través del INCASOL, para templar los precios mediante la

oferta pública de suelo industrial. • El desarrollo de suelo en áreas del territorio en las cuales el mercado tiene

dificultades para hacerlo.

Con este objetivo, el INCASOL elaborará el Programa de suelo industrial 2005-2008, que se presentará a los agentes sociales el primer trimestre del 2005.

El presupuesto para el 2005 para adquisición y urbanización de suelo industrial es de 75.000.000 de euros, un 13,1 por ciento superior al del 2004.

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II. Internacionalización 1. Atracción de inversiones 56. Se creará un Observatorio de prospectiva industrial para conocer la

problemática de los sectores y de las empresas y, a la vez, disponer de la información, dentro del ámbito del Observatorio, de una herramienta de interlocución de los agentes sociales con la Administración. Este Observatorio tendrá por finalidad conocer la problemática de los diferentes sectores y empresas catalanas, prever la evolución y sugerir el diseño de futuras líneas de actuación. Con el fin de establecer una interlocución permanente con la Administración y hacer el seguimiento de los acuerdos incorporados en este documento, los agentes sociales, a través de la comisión sectorial, participarán en los ámbitos de trabajo de carácter sectorial del Observatorio de prospectiva industrial de acuerdo con las necesidades que conjuntamente se consideren.

57. Se impulsará la Agencia Catalana de Inversiones, con el objetivo de promover y

atraer inversiones empresariales sólidas. La Agencia, que dependerá del CIDEM, contará para su creación con una dotación de 4.000.000 de euros en el presupuesto 2005.

Las principales funciones de la Agencia serán:

• Constituir el punto de interlocución entre la empresa y la Administración en el

ámbito de las inversiones y reorganizaciones empresariales en Catalunya.

• Impulsar la instalación de nuevas inversiones empresariales generadoras de ocupación estable y de calidad.

• Promover y asesorar profesionalmente la implantación de nuevas actividades

empresariales.

• Dar apoyo a la consolidación de las empresas catalanas por medio de la asistencia a sus procesos de acuerdos tecnológicos y productivos con empresas foráneas.

• Actuar en los procesos de desinversión empresarial activando políticas

específicas destinadas a minimizar las consecuencias.

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2. Fomento de las exportaciones y proyección internacional 58. Se implementará, durante el 2005, el Plan para la internacionalización de la

empresa catalana, el cual tiene como objetivos analizar las tendencias internacionales, priorizar países, prever apoyos para las diferentes tipologías de empresas y regular las condiciones en las cuales tienen que llevarse a cabo. Este Plan estará gestionado por el COPCA y contará con la participación de los agentes sociales en su elaboración y seguimiento. Con el fin de hacer frente a las medidas que se derivan del Plan, se incrementarán las aportaciones al presupuesto de internacionalización del COPCA entorno al 20 por ciento, y se situarán por encima de los 28.000.000 de euros.

Con el fin de dar apoyo a la internacionalización de las empresas catalanas, se llevarán a cabo las medidas siguientes:

• Se aumentarán las acciones dirigidas a la internacionalización de la empresa,

tanto desde las fases de iniciación, hasta la implantación de instalaciones comerciales o productivas en el extranjero, prestando especial atención a las acciones dirigidas a las PYME y a las zonas estratégicas para el desarrollo de la economía catalana. En este sentido, los recursos correspondientes se dirigirán de forma mayoritaria a promover la internacionalización de las PYME catalanas.

• En el ámbito de la cooperación empresarial, se promoverán acciones para la

cooperación entre PYME catalanas en sus procesos de internacionalización, acciones para la cooperación entre empresas catalanas y extranjeras, y acciones para la internacionalización de clusters estratégicos.

• Se desplegará la Red de plataformas empresariales del COPCA,

complementaria a la Red de centros de promoción de negocios, para que facilite y acelere los procesos de multinacionalización.

• Se desarrollarán programas de promoción y asesoramiento para la

participación de empresas catalanas en licitaciones internacionales.

• Se promoverá el aumento de la formación de especialistas en comercio exterior e internacionalización de la empresa.

• Se apoyará el papel de los agentes sociales en la cooperación al desarrollo

como factor de proyección internacional, con un aumento de los recursos económicos.

59. En el plazo de un año, se creará el Observatorio de mercados exteriores, con el

objetivo de hacer un seguimiento de las tendencias sectoriales, de mercado, tecnológicas, etc., como también para dar apoyo a la aplicación del Plan para la internacionalización de la empresa catalana. El Observatorio de mercados exteriores tendrá como base la red internacional del COPCA y tendrá que coordinar su actuación con el Observatorio de prospectiva industrial. Para la creación del Observatorio, el presupuesto 2005 ha incorporado una partida de 600.000 euros.

60. En el transcurso del 2005 se concretarán los entornos empresariales participativos

de la Anilla internacional, una plataforma de gestión y foro de debate que, mediante la tecnología web, se convertirá en un punto de encuentro y un elemento

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dinamizador de la internacionalización del tejido empresarial catalán. En el presupuesto 2005 se prevé una partida de 600.000 euros para la Anilla internacional.

61. Dado el peso del turismo en la economía catalana, y los efectos que sobre éste

provocan los procesos de internacionalización, en el plazo de seis meses se creará el Observatorio del turismo de Catalunya y, en el transcurso del 2005, se elaborará un Plan estratégico del sector, contando con la colaboración del mundo académico y la participación de los agentes sociales. El Plan estratégico definirá el modelo turístico para los próximos años, siguiendo las directrices siguientes: una oferta diferenciada de calidad, más competitiva y más adaptada a la demanda, que sea sostenible y territorialmente equilibrada. El presupuesto 2005 prevé unas dotaciones de 400.000 euros para el Observatorio del turismo y de 360.000 euros para la elaboración del Plan estratégico del sector.

62. En el ámbito de la internacionalización de las empresas, en Catalunya también

operan organismos estatales; por esta razón, se potenciará la coordinación institucional entre estos y diversos organismos catalanes que actúan en este ámbito, garantizando, por otro lado, la participación de los agentes sociales.

En este marco, se facilitará información sobre la naturaleza de los intercambios comerciales de Catalunya con el exterior, haciendo referencia a la tipología y el número de empresas que los realizan, y se contará con una relación actualizada de empresas con implantación productiva o comercial al exterior.

63. Para acompañar y reforzar estas medidas, se llevarán a cabo otras actuaciones,

de entre las cuales destacan las siguientes:

• Se fomentará la marca “Catalunya” en la exportación de mercancías, el turismo, la atracción de inversiones extranjeras y las inversiones catalanas en el exterior, cómo también la visión y el papel de Catalunya en el marco de la Euroregión.

• Se potenciará el papel de los centros de promoción de negocios del COPCA como proveedores de información, apoyo y acompañamiento frente a las administraciones y organismos internacionales.

• Se potenciará la presencia catalana en instituciones y organismos internacionales.

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III. Mejora de la calidad de la ocupación y cohesión social 1. Políticas activas de ocupación En el presupuesto 2005, el presupuesto total previsto para políticas activas de ocupación es de 405 millones de euros. 64. A lo largo del 2005 se diseñará el Plan general de ocupación de Catalunya

(PGOC), bajo un criterio de interdepartamentalidad y con el consenso de los agentes económicos y sociales. El PGOC tendrá en cuenta todas aquellas políticas y actividades que se llevan a cabo y que, de manera directa o indirecta, tienen repercusión en el mercado de trabajo. Tendrá una vigencia plurianual, con un despliegue anual a través del Plan de desarrollo de políticas activas.

El PGOC determinará indicadores cuantitativos y cualitativos de la ocupación, de acuerdo con las directrices y objetivos establecidos en la Estrategia europea de ocupación y en el Plan nacional de acción por el empleo (PNAE).

Se constituirá una comisión de seguimiento del PGOC en el seno del Consejo de dirección del SOC, con el fin de evaluar la aplicación y hacer el seguimiento de los objetivos establecidos.

El presupuesto para el año 2005 prevé un total de 260.000 euros para esta medida.

65. En el plazo de seis meses el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) se

dotará de un modelo de gestión descentralizado de los servicios de ocupación con las entidades cooperantes del SOC, mediante contratos-programa plurianuales. El presupuesto del 2005 para estas medidas es de 14.000.000 de euros.

Este modelo contará con la dotación de una partida presupuestaria destinada a la creación y/o consolidación de estructuras que permitan descentralizar las políticas activas de ocupación, para que el protagonismo en su planificación, ejecución y evaluación sea de los actores institucionales, sindicales y empresariales del territorio, tanto en lo que concierne a la planificación como a la gestión.

Se dará apoyo con recursos suficientes a los planes locales de ocupación, para que se sitúen en el marco de la Estrategia europea de ocupación, tanto en lo que concierne a objetivos cualitativos y cuantitativos, como en lo que concierne a los colectivos prioritarios.

El SOC emprenderá una mejora de la dotación de recursos humanos destinados a la atención personalizada de la oferta y la demanda laboral. A este efecto, a lo largo de la legislatura se contará con la incorporación de un mínimo de 292 técnicos, con un presupuesto de 11.680.000 de euros anuales.

66. La intermediación representa un papel central en el mercado laboral, y a este

fin se destina un presupuesto de 1.500.000 de euros en el año 2005. Las medidas concretas a desarrollar serán las siguientes:

• Las políticas activas de ocupación (contenidos, programas, gestión) se

flexibilizarán hasta la definición personalizada, y se promoverá un nuevo marco normativo por parte del Estado en el mismo sentido.

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• En esta línea, se establecerá un sistema de inserción profesional mediante itinerarios profesionalizadores y se determinarán y priorizarán las actuaciones hacia los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.

• Se garantizará la permanencia de las acciones ocupacionales durante todo

el año. • Se creará un sistema de información de carácter integral, que

interrelacione todas las aplicaciones de la red del sistema ocupacional, en conexión con los sistemas estatal y europeo.

67. En el marco de la política de ocupación, se diseñarán políticas activas destinadas,

específicamente, a la recolocación de personas que pierden su trabajo por procesos de cierre o deslocalización de empresas y se establecerán, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable, programas a medida para la creación de ocupación en la transición empresarial.

El SOC definirá, en un plazo de seis meses, un protocolo de actuación para la recolocación, en el cual se garantizará la transparencia, la calidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades en todo el proceso.

68. El Servicio Público de Ocupación definirá un plan de calidad integral durante

el 2005, con indicadores cuantitativos y cualitativos de su actividad que sean comunes y comparables con España y Europa, y que permitan evaluar la utilización de los recursos públicos.

Asimismo, se pondrá en marcha un sistema de evaluación de las políticas que se llevan a cabo en el sistema de ocupación de Catalunya.

El importe previsto para esta medida es de 300.000 euros para el año 2005.

69. A lo largo del 2005 se reformarán los contenidos y los recursos del Observatorio

del mercado de trabajo (OMT) con el fin de mejorarlo y consolidar su función como instrumento de apoyo del desarrollo del PGOC. El OMT se coordinará con los observatorios sectoriales y territoriales. Para esta tarea se prevé una partida de 300.000 euros para el 2005.

Los agentes económicos y sociales tendrán acceso a la base de datos del OMT y participarán en la interpretación y la evaluación permanente de los datos del Observatorio.

70. En el primer semestre del 2005 se creará una comisión de inmigración en el

marco del consejo de dirección del SOC que estudie la manera más adecuada de ordenar los flujos migratorios y garantizar los derechos de los trabajadores inmigrantes. El presupuesto 2005 prevé 200.000 euros para esta medida.

No obstante, las partes constatan la conveniencia de crear un servicio dentro del SOC, el Servicio de Intermediación Laboral en Origen (SILO), como servicio de intermediación en los países de origen. Eso implicaría, también, la transferencia de competencias ejecutivas en materia de inmigración relacionadas con esta función y, de forma más amplia, significaría procurar un ordenamiento competencial en materia de inmigración que potencie los mecanismos de intermediación, responsabilidad del SOC.

Las partes consideran necesario tratar la situación provocada por el elevado colectivo de trabajadores sin permiso de trabajo, mediante la adopción consensuada de

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mecanismos de ordenación de los trabajadores extranjeros que acrediten su raíz laboral. Hay que tener en cuenta los colectivos de trabajadores y trabajadoras provenientes de otros países que se ocupan de servicios de proximidad como, por ejemplo, la atención a personas dependientes y de cuidado y limpieza del hogar.

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2. Relaciones laborales 71. Participación y diálogo social

Con el fin de fomentar y favorecer la participación y el diálogo social, se insta la creación de un organismo de participación y diálogo social (integrado por la Administración y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas), el cual englobaría, además de la comisión catalana de convenios colectivos, instancias de participación ya existentes relativas a materias como por ejemplo la seguridad y la salud laboral, la contratación, las elecciones sindicales, la igualdad y la no discriminación, etc., como también aquellas otras que, en el futuro, puedan incorporarse para racionalizar la estructura de la participación y el diálogo social en Catalunya.

En el plazo máximo de seis meses a contar desde la firma de este Acuerdo, la Administración presentará a los agentes sociales una primera propuesta de disposición normativa para la creación del organismo de participación y diálogo social en la que se preverá también la de la Comisión de Convenios Colectivos de Catalunya. Para el 2005 contará con un presupuesto de 200.000 euros de dotación inicial, el cual se adaptará a la proyección de la actividad en ejercicios posteriores.

72. Comisión de Convenios Colectivos de Catalunya

Tal como se apunta en la medida anterior, también se propone constituir una institución (Comisión de Convenios Colectivos de Catalunya) que, con carácter permanente, trabaje y mejore los diferentes elementos que intervienen en la negociación colectiva en Catalunya, con el objetivo de impulsarla, orientarla y atender situaciones y circunstancias de carácter general o particular que puedan requerir atención y solución. Para el 2005 contará con un presupuesto de 200.000 euros de dotación inicial, el cual se adaptará a la proyección de la actividad en ejercicios posteriores.

Funciones:

1) De observatorio y de seguimiento de la negociación colectiva en Catalunya:

• Actuará de observatorio del conjunto de la negociación colectiva catalana,

de manera que pueda llevarse a cabo un tratamiento técnico y estadístico que permita la explotación, análisis y actuación en relación con los parámetros generales o con aspectos específicos relacionados con el contenido o la evolución.

• Seguimiento valorativo por parte de un grupo de expertos en materia de negociación colectiva.

2) De órgano de consulta y asesoramiento de la negociación de los

convenios y, en este sentido, con capacidad de emitir informes por iniciativa propia o a instancia de parte. Así pues, estudiará con profundidad el contenido de los convenios colectivos y trasladará sus conclusiones a las partes responsables de la negociación, incorporando propuestas si éstas las piden. Mejorará y actualizará el contenido de los convenios colectivos, haciéndolos más adecuados a las nuevas situaciones y realidades. Estas tareas se concretarán en:

• Realización de estudios monográficos. • Promoción y difusión de las buenas prácticas de negociación colectiva. • Analizar especialmente las realidades emergentes y las novedades en las

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relaciones laborales. • Asesorar, si procede, los diferentes procesos de negociación en Catalunya. • Pedir informes, cuando haga falta, a determinados sectores en los cuales

se detecten deficiencias en la estructura por falta de representatividad, comparecencia u otras causas.

3) De órgano de estudio y propuesta para la racionalización de la estructura

de la negociación colectiva en Catalunya. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Catalunya, las organizaciones representativas sectoriales empresariales y las federaciones sindicales de Catalunya podrán presentar ante la Comisión informes de situación de la estructura de la negociación colectiva en sus ámbitos y proyectos de racionalización y modernización, incluido el diagnóstico de los vacíos de cobertura.

La Comisión analizará los diferentes informes sectoriales y asesorará a las partes en la solución de posibles divergencias en las propuestas de racionalización. En el caso de persistir las divergencias, la Comisión podrá realizar propuestas para determinar la estructura de la negociación colectiva en un determinado sector. Suponiendo que la Comisión no llegara a ningún acuerdo interno, las partes, asesoradas por la Comisión, podrán someterse voluntariamente a un procedimiento arbitral.

El mismo procedimiento se establece para las solicitudes de extensión de convenios colectivos. Los árbitros de la Comisión de Convenios Colectivos de Catalunya formarán parte de una lista ad hoc consensuada, formada por personas expertas de reconocido prestigio en la materia de la negociación colectiva.

4) De “depósito de partes” de los convenios colectivos, una vez efectuado el

control de legalidad por la Autoridad Laboral y antes de publicarlos en el DOGC.

5) De órgano de asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los

convenios colectivos: planteamiento adecuado del ámbito funcional de un convenio colectivo que se pretenda negociar; posibilidad de un acuerdo de adhesión a un convenio colectivo en vigor; interpretación de un convenio colectivo vigente en orden a determinar su ámbito funcional de aplicación.

Composición y órganos: Composición: organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Catalunya y Administración. Órganos: presidencia, administración, secretaría, comisión permanente, comisiones sectoriales y personal técnico.

Medios e instrumentos: La Comisión se dotará de los medios humanos y materiales necesarios para la realización de sus funciones. En este sentido, se dotará de personal, propio e infraestructuras, instrumentos técnicos y de acceso al conocimiento y la información, con la dotación del presupuesto imprescindible para garantizar una capacidad de actuación y autonomía suficientes.

Colaboraciones y convenios con otros organismos e instituciones: Abierto a organismos similares en el Estado o la UE, universidades, etc.

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73. Contratación y subcontratación

1. La negociación colectiva, sectorial y de empresa, podrá determinar, en función de la naturaleza del sector o de la particular organización del trabajo de la empresa, qué actividades quedan excluidas de la subcontratación en cadena, con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad en la organización del trabajo y la seguridad jurídica de los trabajadores.

2. En el caso de sucesión de contratos, la subrogación de plantillas puede

generar un mejor aprovechamiento de la formación profesional y la experiencia adquirida por los trabajadores subcontratados y, en general, una mayor calidad de la organización del trabajo, con efectos positivos en la eficiencia y la competitividad de la empresa principal. Al mismo tiempo, posibilita una mayor estabilidad en la ocupación y seguridad jurídica para los trabajadores subcontratados.

3. La negociación colectiva, sectorial y de empresa, podrá determinar en qué

casos y en qué condiciones se establece la subrogación de plantillas, en caso de sucesión de contratos, en función de la naturaleza de la actividad económica del sector o la particular organización del trabajo de la empresa.

4. Se considera oportuno, con vista a evitar un uso no querido de la

descentralización, dotar de la máxima garantía y transparencia las subcontrataciones en el ámbito del sector público, por lo que el Gobierno, a lo largo del 2005, impulsará la elaboración de una propuesta de actuación que permita que, en el aprovisionamiento de bienes y servicios y en la subcontratación en este sector, se garantice el respeto a la aplicación de las condiciones laborales recogidas en los convenios colectivos de referencia y la eficacia en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

5. Consulta y seguimiento, en el marco del Consejo de diálogo social y

participación, de las cláusulas mencionadas y de la calidad de los procesos de subcontratación.

74. Tribunal Laboral de Catalunya

El Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Catalunya se constituye en virtud del Acuerdo Interprofesional de Catalunya el día 7 de noviembre de 1990, con el fin de ejercer funciones de conciliación, medición y arbitraje en los conflictos colectivos e individuales que les sean sometidos, en virtud de la libre expresión de voluntades de los trabajadores y empresarios afectados.

Debido a la importancia y significación que el ejercicio de las funciones del TLC tiene para el diseño de un marco catalán de relaciones laborales, y con el fin de favorecer su impulso y refuerzo, se propone a lo largo del 2005:

• Establecer un nuevo sistema de financiación, de carácter plurianual, que

permita proyectar objetivos y detectar y prever necesidades a un más largo plazo que no el actual.

• Consolidar y fomentar el aumento de la eficiencia y la eficacia en la actuación

del Tribunal Laboral de Catalunya, y promover la descentralización y la especialización.

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75. Modelo de competitividad sostenible y responsable

El objetivo del Acuerdo estratégico es promover medidas que produzcan una modernización y actualización de nuestras empresas y las sitúe en una mejor posición ante los cambios y el fenómeno de la globalización.

En este sentido, hay que reflexionar sobre las nuevas exigencias que el actual contexto de cambios impone a las empresas y sobre la necesidad de encontrar las respuestas que hagan posible y compatible su competitividad y su sostenibilidad social. Entendemos que este concepto es mucho más amplio y abarca elementos como la capacidad de respuesta, la agilidad en sus procesos, la calidad, la innovación tecnológica y una apuesta decidida por el valor de las personas que forman parte de la empresa. Es este último un valor fundamental, que en la mayoría de situaciones no se tiene en cuenta a la hora de reestructurar organizativamente y productivamente una empresa.

Una apuesta por la estabilidad en las relaciones laborales es una apuesta por la competitividad de una empresa, una herramienta que puede permitir un entorno de más implicación de la persona con sus objetivos, adaptando y negociando sistemas de adaptación y flexibilidad en el sistema productivo. Eso tiene que traducirse en la negociación de materias como el sistema de contratación, los sistemas de ajustes de plantillas o los sistemas de formación y adaptación de los trabajadores.

Por todo eso, es importante que las organizaciones empresariales y sindicales, en el ámbito de este Acuerdo, puedan identificar cuáles son los valores que pueden contribuir a hacer más eficaces las actuaciones en las empresas, de manera que se puedan trasladar a la negociación colectiva.

1. Las personas y el conocimiento, valor de la empresa. Un elemento que nos

ha diferenciado especialmente del modelo de empresa en Europa tiene que ver con el papel que juegan las personas. Por eso, hay que introducir nuevas relaciones internas basadas en la estabilidad y la participación, la confianza, la descentralización en las decisiones y la adaptabilidad.

2. Tecnología. La actualización tecnológica tiene que ser una constante

estratégica de las empresas, ya que los avances de la tecnología permiten mejorar de manera generalizada los instrumentos de trabajo, la eficacia y los resultados empresariales.

3. Formación, trayectoria profesional y ocupabilidad en la empresa. La

inversión en formación tiene que considerarse como un factor clave de competitividad. La formación facilita a los trabajadores su proceso de readaptación continuada a su puesto de trabajo, y les posibilita la promoción profesional. Sin embargo, la estabilidad de la plantilla es un valor añadido a la empresa, ya que aumenta las posibilidades de acumulación de experiencia en sus trabajadores.

4. Innovación. Los avances científicos y tecnológicos y las nuevas propuestas de

mejora de la eficacia y la eficiencia empresariales, no cumplen su objetivo si no se transforman en procesos de innovación individualizados y sectoriales en las empresas. Innovar es producir cambios que pongan al día nuestras empresas. Es decir, todo el conjunto de procesos que hace la empresa con el fin de utilizar los resultados de la investigación, ya sea desde el punto de vista de la

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organización del trabajo, o bien de la mejora, la gestión y la distribución del producto o servicio.

5. Trabajo seguro y sostenible. La seguridad en el trabajo y la sostenibilidad de

la actividad económica son dos objetivos prioritarios para los agentes sociales. En este sentido, las estrategias preventivas y la implicación de los trabajadores en los procesos de mejora continua de las empresas son elementos claves para conseguir estos objetivos.

6. Igualdad y no discriminación. La empresa tiene que garantizar el principio de no discriminación tanto en el acceso al puesto de trabajo como en el establecimiento de las condiciones de trabajo. Se analizará el establecimiento de medidas de acción positiva con relación a determinados colectivos con más dificultades laborales.

7. Participación. Tienen que desarrollarse los canales que permitan, desde la

información, consulta y comprobación de los representantes sindicales a la empresa, hasta todos aquellos mecanismos que den voz a los propios trabajadores en relación a decisiones fundamentales que puedan derivarse de los procesos de cambio.

Actuaciones en la negociación colectiva Las partes firmantes acuerdan iniciar un proceso a fin de que la negociación colectiva desarrolle las buenas prácticas que las partes han valorado como positivas en el último periodo, al mismo tiempo que actualizar sus contenidos: 1. Nueva organización de la empresa. La flexibilidad negociada de la organización del trabajo, del tiempo de trabajo y de la organización profesional ha demostrado ser positiva para realizar los cambios que la empresa necesita. La flexibilidad interna negociada es preferible a la flexibilidad externa y a los ajustes de ocupación. Conseguir un equilibrio negociado entre la flexibilidad necesaria para la empresa y la seguridad para los trabajadores es un objetivo común. 2. La negociación colectiva tiene que regular las necesidades de una organización flexible del tiempo de trabajo con el fin de adecuarlo a las necesidades de la actividad empresarial, especialmente en los ciclos de distinta intensidad y en las fluctuaciones de las demandas. Es conveniente que, además de programaciones de carácter anual, se establezcan procedimientos de negociación previa para el momento en que las circunstancias cambiantes obliguen a modificar la programación inicial. Las bolsas horarias anuales de tiempo flexible o los cómputos temporales distintos al año natural, como también los mecanismos de participación pactados han demostrado ser positivos. 3. La flexibilidad del tiempo de trabajo debe ir acompañada por la regularización de garantías para las personas, especialmente aquéllas que garanticen una mejor gestión del tiempo personal de trabajo, un control documental personalizado de la jornada realizada, un preaviso suficiente anterior a la prolongación de jornadas o cambios, o un favorecimiento de los sistemas de voluntariedad, siempre que sea posible, y derechos a la fijación de descanso compensatorios, siempre que se pueda. 4. Formación profesional permanente. La negociación de las necesidades de formación continua en la empresa y su planificación en función de previsiones son imprescindibles para la innovación permanente. La negociación colectiva tiene que establecer un procedimiento negociador específico que, además de los contenidos

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formativos, tenga por objeto garantizar el derecho a la igualdad de trato de todos los destinatarios, establecer criterios de acción positiva para los colectivos subrepresentados profesionalmente, y la consideración del tiempo de formación a efectos del tiempo de trabajo. Sin embargo, es también un factor de estímulo para la formación permanente establecer sistemas de promoción profesional e itinerarios profesionales, con criterios de objetividad y con participación sindical, vinculados, también, a la formación profesional. 5. La estabilidad en la ocupación y el fomento de la contratación indefinida para puestos de trabajo estructurales, y una adecuada y justificada utilización de la contratación temporal, son elementos centrales para el desarrollo de un proyecto empresarial. Es conveniente establecer en la negociación colectiva mecanismos para la conversión de contratos temporales en indefinidos. Asimismo, es conveniente regular las causas objetivas y las circunstancias que justifican la utilización de las distintas modalidades de contratación temporal, en función de la naturaleza de la actividad empresarial. 6. El tele-trabajo es uno de los instrumentos que tiene que servir para modernizar a la organización del trabajo. En este sentido, el Acuerdo marco europeo sobre tele-trabajo establece un marco general que es conveniente aplicar y adaptar en el ámbito de la negociación colectiva. Actuaciones complementarias Paralelamente, hay que abrir y estimular el debate y el intercambio de opiniones y experiencias y llegar a un consenso sobre conceptos y contenidos, el cual tendría que dar paso a una estrategia catalana sobre el modelo de competitividad sostenible y responsable. En este sentido, el organismo de participación institucional en el ámbito de las relaciones laborales sería el que tendría que aglutinar las sensibilidades y las reflexiones de los principales interlocutores sociales en torno al concepto de empresa competitiva y socialmente sostenible. El organismo elaboraría los informes necesarios para profundizar en el conocimiento exhaustivo de la estrategia europea y de las recomendaciones que se aplican en los diferentes estados miembros. Podría hacer estudios sobre temas como qué representa la responsabilidad social para las empresas catalanas, profundizar en el conocimiento de este concepto de competitividad en los países europeos –orientando las posibles propuestas o recomendaciones a adoptar en Catalunya–, debatir el concepto de inversión socialmente responsable, etc. 76. Seguridad y salud laboral

1. Plan de Gobierno para la prevención de riesgos laborales

1.1. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales, elaborará un Plan de Gobierno para la prevención de riesgos laborales 2005-2008. Este Plan contendrá objetivos específicos, actuaciones, plazos, evaluación y recursos necesarios para su desarrollo (materiales, humanos y presupuestarios). Entre otros objetivos, sería preciso abordar:

• La creación y el desarrollo de un sistema de indicadores y registros sobre

prevención de riesgos que permita conocer la realidad de las empresas de Catalunya en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de

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permitir identificar problemas, proponer soluciones y aumentar el seguimiento y el control en los casos que sea necesario.

• Actuaciones con el fin de promover la seguridad y la salud en relación con los trabajadores autónomos y en aquellas actividades excluidas, según el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 31/95. En lo que se refiere al trabajador autónomo, se acuerda promover las correspondientes modificaciones legislativas a fin de que se incluya la previsión que el trabajador autónomo externalice en un servicio de prevención ajeno la gestión de la prevención en su empresa o actividad, siempre que él no tenga la capacidad técnica para evaluar, planificar y gestionar sus propios riesgos. Mientras tanto, se acuerda promover acciones con el fin de ir implementando esta medida.

• Potenciar la adopción —junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social— de medidas de control y de seguimiento de los medios materiales y humanos y de la actuación de los servicios de prevención ajenos. Singularmente, en los casos en que la autorización sea definitiva.

• Potenciar la auto-evaluación de los servicios de prevención de las administraciones públicas, en especial, de la Generalitat de Catalunya.

• Promover las actuaciones de sensibilización en materia preventiva en todos los ámbitos de la sociedad, así como acciones específicas de formación para empresarios y trabajadores.

1.2. Ejecución del Plan de Gobierno para la prevención de riesgos laborales 2005-2008, lo que implica:

• Racionalizar y dotar de los recursos suficientes y de la estructura administrativa

competente en la materia de seguridad y salud en el trabajo. • Participación de los agentes sociales mediante la correspondiente instancia de

participación y diálogo social.

Se tendrá especialmente en cuenta la realidad de las PYME con el fin de contribuir al desarrollo de sus sistemas de gestión preventiva mediante la articulación de instrumentos diversos, como ahora el apoyo económico y financiero para la inversión en prevención de riesgos laborales y el asesoramiento para la aplicación de la normativa de forma adecuada a sus peculiaridades. 2. Acciones departamentales

2.1. Aumento y refuerzo de la capacidad de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante el desarrollo normativo necesario con el fin de garantizar la eficacia en el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte de los funcionarios técnicos habilitados dependientes de la Comunidad Autónoma, de forma coordinada con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2.2. Previsión de destinar el importe de las sanciones económicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales recaudadas por el Departament de Treball i Indústria en la realización de actuaciones preventivas programadas por el Departament de Treball i Indústria por una cuantía igual al exceso ingresado sobre lo previsto en el presupuesto.

2.3. Desarrollo normativo de la aplicación en Catalunya del artículo 54 de la Ley de Prevención de riesgos laborales relativo a la limitación de la contratación con la Administración por parte de empresas que hayan cometido delitos o hayan sido sancionadas por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo y propuesta de inclusión de cláusulas en materia de

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prevención de riesgos laborales en el pliego de cláusulas administrativas particulares de los contratos formalizados por la Administración.

2.4. Desarrollo del procedimiento administrativo especial de imposición de medidas correctoras por incumplimientos en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

3. Coordinación interdepartamental

3.1. En el ámbito del órgano de participación en materia de seguridad y salud laboral:

• Impulsar la coordinación departamental entre el Departament de Treball i Indústria, Salut y Educació, en la materia.

4. Otras actuaciones

• Impulsar el establecimiento del registro de servicios de prevención propios y

mancomunados. • Impulsar la integración de la prevención en la empresa. • En el ámbito del Consejo Catalán de Diálogo Social y Participación, se

preverá una dotación presupuestaria de 500.000 euros para llevar a cabo una experiencia piloto en el 2005 destinada a la promoción y mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales a las pequeñas y medianas empresas, previo acuerdo de las partes en la negociación colectiva y la avenencia de la Administración.

Con esta misma finalidad, el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas, la Administración, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales se comprometen a buscar otros mecanismos de financiación, fuera del ámbito de la Generalitat de Catalunya, en instancias de la Administración del Estado.

5. Participación

La participación en materia de prevención de riesgos laborales se llevará a cabo dentro del órgano de participación establecido al efecto en el seno del Consejo Catalán de Diálogo Social y Participación.

77. Igualdad, no discriminación

1. Incorporar en la acción de Gobierno los objetivos del Programa europeo de acción contra la discriminación por motivos de género, de origen racial o étnico, de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual 2001-2006, profundizando en el conocimiento y apreciación del fenómeno; mejorando la eficacia de las acciones emprendidas mediante el intercambio de información y de buenas prácticas a través de redes, y promoviendo y difundiendo valores y prácticas que apoyen la lucha contra la discriminación.

2. Impulsar la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas garantizando el cumplimiento de su normativa específica, coordinando los organismos competentes en relación a las materias de la reserva de puestos de trabajo y autoempleo e integrando en el Departament de Treball i Indústria las competencias que actualmente detenta el Departament de Benestar i Familia en materia de centros especiales de trabajo.

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3. Llevar a cabo acciones de impulso del cumplimiento de la normativa laboral en relación con: • Los colectivos de trabajadores más vulnerables, como por ejemplo, menores,

minusválidos, trabajadores extranjeros, mujeres, etc. • La adecuación del contenido de los convenios colectivos a la normativa vigente

en materia de protección de la maternidad, eliminando aquellas cláusulas que estén superadas por modificaciones normativas.

• Conductas discriminatorias. • La Ley de integración social de los minusválidos (LISMI) en las empresas de

Catalunya.

4. Conocer la situación de los colectivos de trabajadores más vulnerables a partir de la creación de un sistema de indicadores, de la integración a las estadísticas de la perspectiva de género y de su difusión periódica.

5. Establecer una instancia de participación institucional donde se promueva la adopción por parte de las empresas de códigos de conducta y protocolos de actuación para la igualdad de oportunidades y el establecimiento de mecanismos de control y resolución de conflictos en casos de conductas que atenten contra este derecho.

78. Mejora de la gestión de la incapacitación temporal

La gestión de la incapacidad temporal implica el tratamiento de un fenómeno complejo y poliédrico, donde se interrelacionan variables diversas que tienen su origen en ámbitos también diferentes. Es por ello que todo planteamiento que suponga abordar un análisis de la materia implicará partir de un punto de vista global que tenga presentes aspectos sanitarios y asistenciales, de protección social, el entorno económico, el sociocultural y el empresarial, entre otros.

El hecho de que se suscite la revisión de la gestión de la incapacidad temporal obedece a ciertas distorsiones en el sistema detectadas por parte de los expertos y en la preocupación por causa de diversos elementos o factores problemáticos que emergen insistentemente, cuya presencia no puede obviarse por más tiempo, por ejemplo, las repercusiones en la salud de los trabajadores y las disfunciones en la determinación de la contingencia que imposibilitan incidir en la mejora de las condiciones de trabajo y sus elevados y crecientes costes, los cuales repercuten en el sistema de la Seguridad Social, en las empresas y la economía en general, así como en el mismo trabajador. Por otro lado, y en el contexto del Acuerdo estratégico, es evidente la influencia que tiene en la gestión de los recursos humanos en la empresa y en su capacidad y competitividad.

En conclusión, se considera conveniente iniciar un análisis de la materia, teniendo en cuenta sus dimensiones administrativa- económica y de salud, con el fin de poder abordar la problemática y proponer soluciones o mejoras que redunden en un más eficaz tratamiento del tema.

Se propone, así, la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario y representativo de los agentes sociales, de los órganos de las diferentes administraciones públicas con participación en la gestión de la incapacidad temporal y de los organismos colaboradores en la gestión de la Seguridad Social, con los objetivos de analizar el estado de la cuestión en Catalunya a partir de una identificación de los circuitos en funcionamiento y sus problemas y así poder introducir mejoras y una mayor racionalización, formulando, paralelamente, propuestas de modificación del marco normativo vigente con el

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fin de superar la indefinición e inestabilidad legislativa actuales. Este grupo de trabajo elaborará sus propuestas antes de fin del 2005.

Como sugerencia de puntos a considerar inicialmente, sin perjuicio que en el curso de los trabajos se añadan otros y teniendo en cuenta que se encuentran relacionados entre si:

• El mismo funcionamiento del circuito: comunicados defectuosos,

incumplimiento de plazos, falta de informatización de elementos o procedimientos que guardan relación entre ellos y comunicación, entre otros.

• Adecuación de los recursos materiales y humanos de l'ICAM. • La falta de comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en la

gestión de la IT o la descoordinación: malas relaciones o interacciones entre los diferentes órganos con participación en el sistema.

• Las listas de espera y la sobrecarga asistencial de los facultativos de atención primaria.

• La demora en el acceso a pruebas complementarias y valoración médica especializadas del servicio público sanitario.

• La vinculación entre la baja y el puesto de trabajo. • La necesidad de situar cada patología en la contingencia que le corresponde. • La formación y la información a los profesionales de la salud sobre la

incapacidad temporal. • La formación y la información en las empresas a fin de que las comunicaciones

que les corresponden se efectúen con la máxima corrección. • Las políticas preventivas en el seno de la empresa y la gestión del absentismo.

79. Inspección de Trabajo y Seguridad Social

1. Las partes manifiestan la necesidad de reclamar la transferencia del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con los medios personales y materiales correspondientes y necesarios y la adscripción orgánica de los servicios, garantizando el mantenimiento de la sujeción a los principios de:

• concepción única e integral del sistema de Inspección de Trabajo y

Seguridad Social • unidad de actuación en todas las materias de su competencia • ingreso único en los cuerpos del Sistema de Inspección de Trabajo y

Seguridad Social

2. Integrar y coordinar las actuaciones de todas las instancias que operan en el ámbito laboral con el fin de evitar duplicidades de actuaciones y garantizar la eficiencia de las actuaciones de vigilancia y control.

3. Consulta en el ámbito de la correspondiente instancia de participación de la programación de objetivos para la acción inspectora en todos los ámbitos funcionales de competencia de la Comunidad Autónoma, con especial referencia a los planes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales.

80. Propuestas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

1. Legislativas: se considera necesario dar un paso adelante en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, dada la incidencia que tiene con vistas a alcanzar mejoras cualitativas de las condiciones de trabajo y su contribución a garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo.

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Así pues, se considera conveniente promover en el ámbito correspondiente la revisión de la legislación vigente estatal a fin de que: • Se introduzcan nuevos instrumentos de organización del tiempo de trabajo y de

soporte económico. • Se valore la incidencia de algunos supuestos contractuales y su posible

adecuación a las demandas sociales en materia de conciliación. Esta revisión, encaminada a conciliar la vida familiar con la laboral, tendría que destinarse tanto a los hombres como a las mujeres con el fin de fomentar una participación más equilibrada de las personas de ambos sexos en estos ámbitos y tendría que tenerse en cuenta la realidad actual de las unidades de convivencia.

2. Dentro de la negociación colectiva se impulsará la consecución de acuerdos relacionados con la implantación de nuevas formas de organización de los tiempos de trabajo que permitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras, para hacer realidad tanto la necesaria transformación del reparto de cargas familiares, como la posibilidad de equilibrar los tiempos personales y privados y los tiempos de trabajo. En particular, se intentará buscar fórmulas de organización del trabajo que posibiliten la armonización de la consecución de los objetivos de producción con la asunción de las responsabilidades familiares que correspondan, en las formas y supuestos definidos previamente, como también fomentar fórmulas de asesoramiento en la materia de conciliación a los empresarios y representaciones sindicales, dentro de la Comisión Catalana de Convenios Colectivos.

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3. Fomento de la cohesión social

3.1. Vivienda Disponer de una vivienda digna es un elemento clave para permitir el desarrollo personal, familiar y ciudadano, y se erige como una pieza imprescindible para la integración de las personas en el seno de la comunidad y su contribución al crecimiento económico. 81. En el marco de la Comisión de Seguimiento de este Acuerdo, y con periodicidad

semestral, el Gobierno informará sobre la evolución de la política de vivienda y, entre el conjunto de medidas que la conforman, especialmente sobre la evolución del suelo público, la vivienda de protección oficial, el parque y el precio de la vivienda de alquiler, y el precio de la vivienda y de las actividades de rehabilitación.

3.2. Dependencia y discapacidad

82. En el ámbito de la atención a las personas con situación de dependencia, se

proponen las actuaciones siguientes:

• En el transcurso del periodo 2005-2007 se extenderán los servicios de ayuda domiciliaria hasta llegar a dar cobertura al 4 por ciento de la población catalana mayor de 65 años en situación de dependencia y alcanzar una media de 5 horas de atención semanales. La consecución de este objetivo en el plazo de la legislatura representa un aumento de 9.700.000 horas y un presupuesto total de 126.000.000 de euros entre la Generalitat, las administraciones locales y los usuarios. El presupuesto previsto para el 2005 es de 75 millones de euros con el fin de llegar a 4.500.000 horas. Asimismo, se impulsarán programas de nuevos yacimientos de ocupación para el desarrollo de los servicios de atención domiciliaria municipales.

• En el plazo de la legislatura el número de plazas residenciales aumentará

hasta dar cobertura a un 5 por ciento de les personas mayores de 65 años. Un 2,25 por ciento de estas plazas serán de financiación pública y, al mismo tiempo, se tendrán en cuenta los actuales desequilibrios territoriales. Para alcanzar este objetivo, y contando con las plazas creadas en el 2004, en el periodo 2005-2007 será preciso crear un total de 4.830 plazas más, de las cuales un 35 por ciento, como mínimo, serán de titularidad pública y el resto serán plazas concertadas. Para el año 2005 se prevé la creación de un total de 1.500 plazas.

• En la línea de universalizar el acceso a los servicios de tele-asistencia,

durante la legislatura se priorizarán aquellas personas que viven solas o en situación de desamparo. En el año 2005 se dedicarán unos 6 millones de euros en servicios de tele-asistencia mediante convenios con los ayuntamientos.

• Durante el ejercicio 2005 se desarrollará, con la participación de los agentes

sociales, un sistema de atención integral a la dependencia y favorecedor de la vida autónoma de las personas, que defina un único sistema de valoración de la dependencia y garantice la equidad en el acceso a los recursos públicos, que priorice la prestación de servicios por delante de las transferencias económicas y que avance en la coordinación de los diversos equipos de las redes sanitaria y asistencial.

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83. Con el fin de mejorar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, durante el 2005 se elaborará un Plan integral consensuado con los agentes sociales.

Por otro lado, se propone traspasar a la Generalitat de Catalunya las competencias en materia de trabajo protegido para las personas con discapacidad, con el fin de elaborar posteriormente la normativa reguladora de los centros especiales de trabajo y talleres ocupacionales (criterios de acceso, grados y tipología de la discapacidad, inspección y control del cumplimiento, etc.).

3.3. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

84. Durante el primer trimestre del 2005 los firmantes crearán una comisión para el

estudio de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que, entre otras cuestiones, tenga en cuenta los horarios escolares y laborales, los acuerdos en la negociación colectiva (véase la medida número 80) y las infraestructuras que inciden en la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo.

3.4. Inclusión social

85. Durante el año 2005, se redactará y aprobará el Plan de inclusión social de

Catalunya, contando con la participación de los agentes sociales. El presupuesto 2005 prevé una dotación de 1.000.000 de euros para la redacción y apoyo del Plan.

Entre las líneas de trabajo del Plan, se proponen las siguientes medidas: • Durante el 2005, y contando con la participación de los agentes sociales, se

procederá a rediseñar el PIRMI con el fin de adaptarlo al nuevo mapa de exclusión social de Catalunya y con vista a establecer la percepción de una renta que garantice unos ingresos de supervivencia a aquellas personas en situación de exclusión y que, por razones de salud, edad u otros aspectos sociales, no pueden desarrollar los itinerarios del PIRMI. Con el fin de alcanzar este objetivo, se prevé un aumento de la cuantía de la prestación básica del PIRMI de un 22,7 por ciento a lo largo de la legislatura.

• Antes de julio de 2005, el Gobierno y las organizaciones sindicales y

empresariales estudiarán la situación de las pensiones vigentes en Catalunya con el objetivo de acordar medidas con tendencia a complementar las pensiones mínimas con el fin de situarlas, como mínimo, al 80 por ciento de un indicador de rentas propio de Catalunya, para garantizar que las pensiones alcancen este nivel de rentas a lo largo de la legislatura.

3.5. Política de integración de personas inmigrantes 86. En el transcurso del 2005 se elaborará el Plan de primera acogida, dotado con

20.000.000 de euros por vía de transferencia del Estado, que incluirá, entre otros aspectos, las cuestiones siguientes:

• El entorno laboral, social y cultural, promoviendo la incorporación a diferentes

sectores del mercado laboral. • El aprendizaje de las lenguas como instrumento de conocimiento y ejercicio de

derechos y deberes, y como instrumento de integración. • Un alojamiento digno.

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4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ACUERDO Comisión de Seguimiento Los firmantes del Acuerdo consideran necesario crear una Comisión de Seguimiento que tendrá como objetivos:

• Velar por el cumplimiento de las propuestas contenidas en el Acuerdo y hacer el seguimiento y propuestas presupuestarias que procedan.

• Desarrollar aquellas propuestas que, al no poderse concretar en este Acuerdo, se consideran relevantes para incorporarlas sucesivamente.

• Prever nuevas iniciativas que puedan enriquecer el contenido del Acuerdo con el fin de mejorarlo y actualizarlo de forma continua.

Una vez firmado el Acuerdo, la Comisión de Trabajo se constituirá en Comisión de Seguimiento. Estará integrada por representantes de los departamentos d’Economia i Finances, Treball i Indústria, Comerç, Turisme i Consum y representantes de las organizaciones: CCOO, UGT, Foment del Treball, Pimec y Fepime. La presidirá el conseller d’Economía i Finances, que podrá delegar en el representante del Departament d’Economia i Finances, que será el secretari de Promoció Econòmica. La Comisión de Seguimiento estará asistida por una secretaría técnica facilitada por la Secretaria de Promoció Econòmica. Se reunirá tantas veces como sea necesario para el cumplimiento de sus objetivos y, por lo menos, una vez por trimestre. El Gobierno acordará la creación de una Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’Acord Estratègic, integrada por un representante con rango mínimo de director general de cada uno de los departamentos competentes en las propuestas contenidas en el Acuerdo. También formará parte el director general de Pressupostos i Tresor del Departament d’Economia i Finances, que velará por la imbricación entre el Acuerdo y los presupuestos anuales. Estará presidida por el secretari de Promoció Econòmica. A propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán crearse comisiones de trabajo específicas en materias del Acuerdo que incorporarán las partes firmantes y los representantes departamentales afectados. Podrán incorporar, cuando se considere necesario, expertos externos. Estas comisiones elevarán sus propuestas a la Comisión de Seguimiento. Participación El Gobierno promoverá durante el año 2005 la creación de consejos de gobierno en aquellos organismos o instituciones del Gobierno catalán que, como el ICF, el CIDEM y el COPCA, tienen la función de promover el desarrollo de políticas económicas, industriales o de internacionalización de la economía catalana. Estos consejos de gobierno contarán con la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Catalunya y tendrán, entre otras, las funciones siguientes: orientación de las políticas, planificación y reformas de la institución respectiva; conocer e informar el proyecto de presupuesto; hacer el seguimiento periódico de la ejecución del presupuesto y del cumplimiento de los objetivos y actividades de la institución.

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Las funciones de estos consejos se desarrollarán sin perjuicio de las tareas que les corresponden a los diferentes órganos directivos de los referidos organismos. Para dar cumplimiento a este acuerdo, los departamentos responsables promoverán durante el primer trimestre de 2005 las reformas adecuadas de las respectivas instituciones, que se tramitarán en la forma prevista en la legislación correspondiente.

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ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN 2

2. SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS PRIORITARIAS DEL ACUERDO 7

3. LAS MEDIDAS DEL ACUERDO 11

I. MEJORA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE COMPETITIVIDAD 11

1. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 11 2. DOTACIÓN DE CAPITAL HUMANO 15 2.1. FRACASO ESCOLAR 15 2.2. MEJORA DE LA FORMACIÓN. 16 2.4. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 18 3. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 20 3.1. RED VIARIA DE ALTA CAPACIDAD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE POR CARRETERA 20 3.2. MOVILIDAD DE LAS PERSONAS 20 3.3. MOVILIDAD DE MERCANCÍAS 21 3.4. OTRAS ACTUACIONES COMPETENCIA DEL ESTADO 22 4. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y MEDIOAMBIENTALES 24 4.1. MEJORA DE LA CAPACIDAD Y LA CALIDAD DE LA RED ELÉCTRICA 24 4.2. EL NUEVO PLAN DE ENERGÍA DE CATALUNYA 24 4.3. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 24 5. INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 26 OTRAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 30

II. INTERNACIONALIZACIÓN 31

1. ATRACCIÓN DE INVERSIONES 31 2. FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL 32

III. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OCUPACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 34

1. POLÍTICAS ACTIVAS DE OCUPACIÓN 34 2. RELACIONES LABORALES 37 3. FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL 48 3.1. VIVIENDA 48 3.2. DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 48 3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 49 3.4. INCLUSIÓN SOCIAL 49

4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 50