ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIMITAN DERECHOS...
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS TEMA “ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES” PRESENTADA POR CARLOS EDUARDO ÁLVAREZ GARCÍA NELSON EMANUEL PABLO BELTRÁN PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE: LICENCIADOS EN CIENCIAS JURÍDICAS ASESOR: LIC. HERBERT WALTER AQUINO SILVA ABRIL DE 2008 SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTRO AMÉRICA
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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
TEMA
“ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES”
PRESENTADA POR
CARLOS EDUARDO ÁLVAREZ GARCÍA
NELSON EMANUEL PABLO BELTRÁN
PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE:
LICENCIADOS EN CIENCIAS JURÍDICAS
ASESOR: LIC. HERBERT WALTER AQUINO SILVA
ABRIL DE 2008
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTRO AMÉRICA
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
AUTORIDADES
RECTOR:
ING. MARIO ANTONIO RUIZ RAMIREZ.
VICE-RECTORA:
DRA. LETICIA ANDINO DE RIVERA.
SECRETARIA GENERAL:
LICDA. TERESA DE JESUS GONZÁLEZ DE MENDOZA
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS:
DRA. DELMY ESPERANZA CANTARERO MACHADO
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTRO AMERICA
AGRADECIMIENTO
A DIOS TODO PODEROSO: A quien dedico mi trabajo y mi carrera entera, quien en su enorme amor y misericordia me ha regalado la vida, fuerza y sabiduría para culminar mis estudios con éxito. A MI SEÑOR JESUCRISTO: Quien a pesar de mis errores me ama y perdona. Gracias Jesús, que siendo Dios eres y serás por siempre mi mejor amigo y compañero. A TI ESPIRITU SANTO: Por recordarme en todo momento las promesas de nuestro señor Jesucristo, gracias por ayudarme a tener siempre presente que en Cristo soy mas que vencedor, y recordarme siempre que “TODO LO PUEDO EN CRISTO” A MI MADRE: Que siempre me tiene presente en sus oraciones a Dios todo poderoso, por darme su apoyo incondicional en todos los proyectos y metas que me propongo y por darme siempre palabras de aliento en los momentos difíciles. A MIS HERMANOS EN CRISTO: Que siempre oraron al señor de los cielos para que me ayudara e iluminara para finalizar mi carrera y proceso de graduación con el mayor de los éxitos. A MIS AMIGOS/AS: Que me dieron palabras de apoyo y me ayudaron a realizar este trabajo, gracias por estar siempre con migo. A MI ASESOR: Por tan importante ayuda y apoyo en la realización de este trabajo. A NUETROS CATEDRATICOS: Por compartir con toda paciencia sus conocimientos a lo largo de toda mi carrera.
Carlos Eduardo Álvarez García
AGRADECIMIENTO A MI PADRE CELESTIAL, DIOS TODOPODEROSO: A quien no solo dedico este trabajo, sino mi carrera entera, quien en su enorme amor y misericordia me regaló la vida, fuerza y sabiduría para culminar mis estudios con éxito. A MI SEÑOR JESUCRISTO: Quien a pesar de mis errores me ha amado y perdonado. Gracias Jesús, que siendo Dios eres y serás por siempre mi mejor amigo y compañero. A TI ESPIRITU SANTO: Por recordarme en todo tiempo las promesas del señor Jesús, gracias por ayudarme a tener siempre presente que en Cristo soy mas que vencedor, que él y yo somos mayoría, porque “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” A MI PADRE: Quien siempre me apoyó en todo para salir adelante. A MI MADRE: Que siempre me llevó en sus oraciones al Dios Todopoderoso, por su apoyo y palabras de aliento. A MIS HERMANOS /AS: Por su comprensión, ayuda y oraciones. A MIS HERMANOS EN CRISTO: Que siempre oraron al señor de los cielos para que me ayudara e iluminara para finalizar mi carrera y proceso de graduación con el mayor de los éxitos. A MIS AMIGOS /AS: Que me dieron palabras de apoyo y me ayudaron a seguir adelante con mis estudios, por estar siempre conmigo en los momentos difíciles. A NUESTRO ASESOR: Por su valiosa e importante ayuda que nos brindó, para la realización de la monografía. A NUESTROS CATEDRATICOS: Por su ayuda y por compartir con toda paciencia sus conocimientos a lo largo de nuestra carrera, y por corregir mis errores al momentos de corregirlos.
Nelson Emanuel Pablo Beltrán.
INDICE TEMA PÁGINA
INTRODUCCION…………………………………………………………………
CAPITULO I……………………………………………………………………… 1
Objetivos…………………………………..……………………………………... 1
Objetivo General………………………………………………………………… 1
Objetivos Específicos…………………………………………………………... 1
Planteamiento del Problema…………………………………………………… 2
1. Realidad Delincuencial Salvadoreña………………………………………. 2
1.1. Función del Proceso Penal……………………………………………….. 5
1.1.1. Descubrir la Verdad Real o Material…………………………………... 6
1.1.2. Promoción de una Adecuada Justicia Penal………………………….. 9
1.2. Derechos del Imputado…………………………………………………….. 11
1.3. Actos de Investigación y Derechos Fundamentales…………………….. 14
1.3.1. Actos de Investigación……………………………………………………. 14
1.3.2. Derechos Fundamentales……………………………………………….. 16
CAPITULO II……………………………………………………………………… 19
Marco Histórico…………………………………………………………………… 19
2.1 Sistemas Procesales………………………………………………………… 19
2.1.1. Sistema Inquisitorio………………………………………………………. 19
2.1.1.1. Características del Sistema Inquisitorio……………………………… 22
2.1.2. Sistema Penal Acusatorio ………………………………………………. 22
2.1.2.1. Proceso Acusatorio…………………………………………………….. 24
2.1.2.2. Características del Sistema Penal Acusatorio………………………. 26
2.1.3. Sistema Acusatorio Formal o Mixto…………………………………….. 27
2.1.3.1. Principios en que descansa este Sistema…………………………… 28
2.1.4. Sistema Penal en El Salvador………………………………………….. 28
2.2. Las Generaciones de Derechos Fundamentales. Su Evolución……… 32
2.2.1. La Iusnaturalización …………………………………………………….. 38
2.2.2. La Constitucionalización ………………………………………………… 41
2.2.3. Historia y Evolución de los derechos Fundamentales en El Salvador. 42
2.2.4. Organismos que Protegen el Cumplimiento de los Derechos
Fundamentales en El Salvador…………………………………………. 49
CAPITULO III……………………………………………………………………… 53
Marco Doctrinario………………………………………………………………… 53
3.1. Actos de Investigación……………………………………………………… 53
3.1.1. Conceptos…………………………………………………………………. 53
3.1.2. Clases de Actos de Investigación……………………………………….. 54
3.1.2.1. Actos Urgentes …………………………………………………………. 55
3.1.2.2. Actos de Prevención …………………………………………………… 56
3.1.2.3. Actos Autónomos……………………………………………………….. 57
3.1.2.4. Actos de Investigación In Fraganti……………………………………. 57
3.1.2.5. Actos que Requieren Autorización Judicial………………………….. 58
3.1.3. Sujetos Facultados para Realizar los Actos de Investigación……….. 61
3.2. Derechos Fundamentales…………………………………………………... 67
3.2.1. Diferentes Conceptos de Derecho Fundamental………………………. 67
3.2.1.1. Concepto Formal de Derecho Fundamental…………………………. 67
3.2.1.2. Concepto Material de Derecho Fundamental ……………………….. 67
3.2.1.3. Concepto Procedimental de Derecho Fundamental…………………. 68
3.2.2. Los Derechos Fundamentales como Derechos Subjetivos …………… 69
3.2.3. Los Derechos Fundamentales como Reglas y Principios……………. 70
3.2.3.1. Diferencia entre las Reglas y los Principios en la Teoría Jurídica … 70
3.2.3.2. Los Argumentos en contra de la Interpretación de los Derechos
Fundamentales Como Principios……………………………………… 71
3.3. Limitación de los Derechos Fundamentales a través de los
Actos de Investigación……………………………………………………… 73
CAPITULO IV……………………………………………………………………… 83
Marco Jurídico o Legal…………………………………………………………… 83
4.1. Derechos Fundamentales en la Constitución Salvadoreña……………. 83
4.2. Los Actos de Investigación en los tratados Internacionales……………. 88
4.3. Los Actos de investigación en el Código Procesal Penal……………… 96
4.4. Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional........................... 102
CAPITULO V…………………………………………………………….... 108
Trabajo de Campo………………………………………………………... 108
CONCLUSIONES…………………………………………………………. 125
RECOMENDACIONES………………………………………………….. 127
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………… 128
SIGLAS Y ABREVIATURAS……………………………………………. 130
ANEXOS………………………………………………………………….. 131
RESUMEN “ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIMITAN DERECHOS
FUNDAMENTALES” Los actos de investigación son un conjunto de diligencias realizadas por la Policía
Nacional Civil dirigidos por la Fiscalia General de la República, estos actos de
investigación están orientados a recabar los indicios o pruebas necesarias que
sirvan de fundamento para la realización del Requerimiento Fiscal y como base del
Auto de Acusación que presenta la Fiscalia General de la República en todo Proceso
Penal.
Es importante hacer mención que estos actos se pueden clasificar de la siguiente
forma:
Actos Urgentes: Son los actos originados por la denuncia o querella por delitos de
acción publica presentados ante la policía, esta procede a la investigación en forma
inmediata con el fin de impedir que los hechos produzcan consecuencias.
Actos de Prevención: Son todos aquellos actos realizados por la Policía
encaminados a la prevención de delitos.
Actos Autónomos: Son los realizados por los agentes policiales, que no necesitan
autorización judicial.
Actos de Investigación In Fraganti: son aquellos realizados cuando la policía se
cerciora de que se esta cometiendo un delito.
Actos que Requieren Autorización Judicial: son el conjunto de actos que para su
realización necesitan obligatoriamente una autorización judicial para que la Policía
Nacional Civil y el Ministerio Publico Fiscal puedan actuar.
Durante la realización de estos actos existe la posibilidad de que la policía limite o
vulnere Derechos Fundamentales del imputado. LLooss DDeerreecchhooss FFuunnddaammeennttaalleess Son
el conjunto de normas que toda persona posee y que atienden a las características
de: universales, quiere decir que le pertenecen a la persona en tiempo y espacio;
intransferibles porque ninguna persona puede transferirlos a otro sujeto; por ultimo
son irrenunciables, supone que ninguna persona puede renunciar a ellos, y si lo
hiciere, se considerara como acto no valido.
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de graduación titulado “Actos de Investigación que Limitan
Derechos Fundamentales”, se presenta con la finalidad de optar al grado académico
de Licenciado en Ciencias Jurídicas.
El propósito de la investigación consiste en analizar los Actos de Investigación que
Limitan los Derechos Fundamentales que están regulados en el ordenamiento
jurídico Salvadoreño, específicamente en el Capitulo uno del titulo uno del Libro
Segundo del Código Procesal Penal que se titula Actos Iniciales y esta integrado
por los artículos del 229 al 246.
La presente Monografía fija puntualmente cuales son algunos de los derechos
fundamentales del imputado que pueden llegar a ser vulnerados o limitados durante
las diligencias de investigación, practicadas por los entes gubernamentales
competentes.
El propósito a seguir como grupo es plasmar de manera clara y concisa en que
consisten los actos iniciales de investigación, que son los derechos fundamentales,
como se limitan los derechos fundamentales, quienes limitan los derechos
fundamentales, y así, diferentes aspectos que son esenciales para nuestra
investigación. Como los actos y derechos fundamentales desde las ópticas de la
Constitución de la República, los tratados internacionales, leyes secundarias y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo
Constitucional y doctrina.
Para poder comprender mejor la problemática existente respecto a la vulneración de
derechos fundamentales al momento de la realización de los actos de investigación
en el proceso penal, se plantea la problemática que existe en la actualidad sobre la
delincuencia y el papel que juega el proceso penal en el ordenamiento jurídico
vigente.
Elaborando para ello una breve historia de los sistemas procesales que han tenido
incidencia en el ordenamiento jurídico salvadoreño, específicamente en el área
penal. Y la evolución de los derechos fundamentales a nivel mundial y a nivel
nacional.
- 1 -
“ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES”
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar los Actos de Investigación regulados en el Código Procesal Penal y la
incidencia de estos en la limitación de los Derechos Fundamentales de los
Imputados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar si los Actos de Investigación Limitan los derechos
fundamentales de la libertad ambulatoria y la integridad física del individuo.
Verificar si los Actos de Investigación limitan los derechos a la Dignidad y
al patrimonio de la Persona, a quien se le está atribuyendo un delito.
- 2 -
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. REALIDAD DELINCUENCIAL SALVADOREÑA.
Para entender y aproximarse a la magnitud del problema acerca de la vulneración de
derechos fundamentales en los actos de investigación, debemos referirnos primero al
problema de la violencia y la delincuencia que agobian en la actualidad a la población
Salvadoreña, para ello es necesario referirnos brevemente a la forma en que las
entidades gubernamentales, ONG´S, medios de comunicación escritos y televisivos,
y población en general ven y afronta el problema; con base en encuestas y
publicaciones de artículos que dichas entidades se encargan de elaborar.
En publicación hecha por la periodista Andrea Donofrio, del rotativo LA PRENSA
GRAFICA, en referencia el índice de criminalidad que agobia a la población
Salvadoreña, hace mención que esta situación pone de manifiesto la impotencia de
parte del gobierno para poder controlar el índice de criminalidad, manifiesta que El
Salvador a conquistado un nuevo record en cuanto a este problema social: para el
año 2,006 se elevo la cifra de homicidios a mas de 2,800, convirtiéndose así en el
país mas violento de Istmo Centroamericano.
Cifras oficiales ponen en evidencia como El Salvador pueda presumir de la triste
primacía de país con mas homicidios per capita del continente Americano, superando
al no menos peligroso Colombia. En los primeros diez meses del 2,007 se habían
cometido mas de 3,000 homicidios, una impresionante medida de diez personas al
día: un aumento de 3.6% con respecto al 2,006.
El gobierno esta tratando de enfrentar la preocupante oleada de violencia
implementando mecanismos de control y con la creación de tribunales especiales o
la creación de nuevas leyes
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Publicaciones como éstas, ponen en cuestionamiento el control que esta realizando
el Estado, situación que motiva a realizarnos las siguientes interrogantes:
¿Qué factores inciden en el alto índice de criminalidad en el país?, ¿Qué medidas
esta implementando el Estado para reducir la criminalidad?, ¿Es suficiente la
creación de nuevas leyes, para la prevención del delito?
En publicación realizada por LA PRENSA GRÁFICA el día veintiocho de febrero del
presente año, manifiestan literalmente las palabras con las cuales se expreso la
máxima autoridad de la iglesia católica en el mundo, sobre la violencia que vive
nuestro país.
(…) El Papa Benedicto XVI aseguró que el aumento de la violencia en El Salvador,
denunciado por los obispos, es consecuencia de lacras como la pobreza, la falta de
educación, y la disgregación familiar, que se viven en el país.
Así lo expresó Benedicto XVI al recibir a los representantes de la Conferencia
Episcopal de El Salvador, acompañados por su presidente, Fernando Sáenz Lacalle,
y que se encuentran en estos días en visita, la que los obispos de cada país hacen
cada cinco años al Papa.
En su discurso, Benedicto XVI hizo un repaso de los problemas que aquejan a la
sociedad salvadoreña y recordó que, como explican los obispos, "la violencia, es
considerado el más grave".
Según el Papa, este incremento de la violencia "es consecuencia inmediata de otras
tachas sociales más profundas, como la pobreza, la falta de educación, la progresiva
pérdida de aquellos valores que han forjado desde siempre el alma salvadoreña y la
disgregación familiar"(…).
¿Que importancia le dará el Estado a la opinión del Papa en cuanto a la violencia
que asota al país?, ¿Qué esta haciendo el Estado para erradicar los factores que
dan origen a la violencia?
En investigación realizada y publicada por el periodista Edwin Segura de EL DIARIO
DE HOY; inicia manifestando que el 17% de las familias Salvadoreñas son afectadas
por la delincuencia; dicha investigación pone en evidencia que la probabilidad de ser
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victima de los delincuentes en San Salvador y sus alrededores es el doble en
comparación con los pueblos de la región oriental del país.
La sexta parte de las familias Salvadoreñas fueron víctimas de la delincuencia en los
últimos dos meses del año recién pasado y los primeros de este año, según la
encuesta mas reciente realizada por el periódico al que pertenece el periodista.
A las personas entrevistadas se les realizo la siguiente interrogante: ¿Usted o algún
miembro de su familia ha sido victima de algún delito en los últimos tres meses? El
18.2% respondió que si; en el estudio, también se indago ¿Que miembros de la
familia fue la victima? Del total de entrevistados, el 4.2% respondió que ellos fueron
los agredidos. El 72.7% de las familias tuvo que soportar alguna ofensa contra su
patrimonio, mayormente asaltos en las calles, robos, hurtos de autos, etc., en
segundo lugar con un 65.7% aparecen los delitos contra la vida o la integridad física,
como homicidios, lesiones, etc.
A raíz de este artículo surgen diversidad de interrogantes tales como: ¿Hasta que
punto la población Salvadoreña pude sentirse segura en las calles?, ¿Qué está
haciendo el Estado para garantizar la seguridad de todos sus habitantes?, ¿Qué
nivel de aceptación tiene el papel que realiza la Policía Nacional Civil al garantizar la
seguridad de la población?
Brutalidad policial y abuso de poder.
Con anterioridad se ha señalado que la Policía Nacional Civil, debe enmarcar el
cumplimiento de sus funciones, tanto en la norma constitucional como en normas
internacionales, por lo que sus agentes deben utilizar las fuerzas de manera
proporcional con la agresión a enfrentar o a la finalidad a la cual van encaminadas
sus actuaciones. En este sentido, como brutalidad policial y abuso de poder, se
entienden aquellas acciones en las cuales los agentes de seguridad pública,
valiéndose de sus atribuciones actúan arbitrariamente, pero sin hacer uso de las
armas de fuego, lo que origina violaciones a derechos fundamentales de las
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personas. Representación que a continuación se hace por medio de un cuadro,
tomando como base la revista de FESPAD, titulada “Estado de la Seguridad Pública
y la Justicia Penal en El Salvador”.
Brutalidad policial y abuso de poder. # Referencia Lugar Dependencia Observaciones Total
1 LPG, 05/01/05. Pág. 59 Cabañas s/d Lesiones 1
2 LPG, 28/01/05, Pág. 18 San Salvador s/d Lesiones 1
3 Co Latino, 15/02/05, Pág. 2 La Libertad s/d Lesiones 14
4 EDH, 09/04/05, Pág. 40 La Libertad CAM Lesiones 1
5 LPG, 15/04/05, Pág. 10 San Salvador UMO Lesiones 1
6 Co Latino, 29/04/05, Pág. 2 La Paz UMO Abuso de poder 1
7 El Mundo, 04/05/05, Pág. 11 La Libertad CAM Lesiones 6
8 LPG. 27/05/05, Pág. 16 La Unión s/d Lesiones 1
9 EDH, 17/06/05, Pág. 8 San Salvador s/d Detención ilegal 1
10 LPG, 07/07/05, Pág. 2 San Salvador UMO Lesiones 6
11 LPG, 21/07/05, Pág. 12 Cuscatlán s/d Detención ilegal y lesiones 14
12 EDH, 21/07/05, Pág. 4 Cuscatlán s/d Lesiones 1
13 EDH, 03/08/05, Pág. 10 La Paz s/d Abuso de poder 1
TOTALES 49
1.1. FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL.
En el proceso penal salvadoreño, como ya es del conocimiento de todos,
especialmente de los estudiantes y de los profesionales del derecho; impera en la
actualidad el Sistema Penal Acusatorio Moderado.
Si la función del proceso penal esta encaminada a guardar un equilibrio en las
actuaciones que realiza la Fiscalía como agente investigador del delito y las demás
actuaciones realizadas por las partes, al analizar casos en concreto en los cuales se
dan una serie de anomalías en el esclarecimiento de los hechos surge el
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cuestionamiento si en la actualidad se esta cumpliendo con la función del proceso
penal.
Todo proceso penal se estructura en fases, las cuales deben estar concatenadas
minuciosamente, con el propósito de evitar la vulneración o limitación a los Derechos
Fundamentales de las personas, esta adecuada organización del proceso penal al
cual hacemos referencia deberá estar orientado en cumplir con dos grandes
objetivos:
- Descubrir la verdad real o material;
- Promoción de una adecuada justicia penal.
Es necesario explicar de manera breve con la finalidad de descubrir si en la práctica
la Fiscalía General de la República está cumpliendo o simplemente es letra escrita
pero no aplicable.
1.1.1. DESCUBRIR LA VERDAD REAL O MATERIAL.
Le compete a la Fiscalía General de la República la investigación del delito la cual se
coordina con la Policía Nacional Civil, de quienes hace uso para poder cumplir con
sus atribuciones de velar por los intereses de la colectividad; pero es en esa
búsqueda de la “verdad real o material” es donde se originan muchas limitaciones a
los derechos fundamentales de las personas.
En la actualidad existen teorías que se encargan de estudiar la forma de cómo se
respetan los derechos de las víctimas y de los imputados; antes y durante el proceso.
Para hacerlo más ilustrativo a continuación se presentan una serie de casos
prácticos.
En LA PRENSA GRAFICA el día diecisiete de enero de dos mil ocho aparece una
nota realizada por la periodista Lilian Fuentes Monrroy. La cual literalmente dice:
(…) 35 años de cárcel a sargento Arriaza
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Chorros de sudor bajaban por el cuello y la frente del sargento de la Policía Nacional
Civil Nelson Antonio Arriaza. Sus manos, inquietas, iban a sus piernas y volvían. El
secretario pidió a todos que se pusieran de pie. El Juez, entonces, leyó la sentencia:
“Absuélvanse...”Fue lo primero que dijo y fue lo primero que Arriaza escuchó, y su
organismo, tenso, produjo un profundo suspiro de alivio. El Juez Enrique Beltrán
Beltrán leía su resolución sobre uno de los casos, pero luego siguió con otro:
“Condénense a 35 años de prisión...”. Arriaza, esposado, hizo entonces una mueca
mezcla de sonrisa y confusión, tiró la cabeza hacia atrás y pareció enojado consigo
mismo.
Así culminaba ayer a las 4 p. m., en el Juzgado Especializado de Sentencia de San
Miguel, el juicio contra el sargento policial en proceso de destitución, acusado de
homicidio y a quien la Fiscalía vincula a una supuesta red de sicarios con
ramificaciones en la Policía Nacional Civil. Arriaza, junto con el ex agente policial
Carlos Chévez Hidalgo y con el particular Roberto Rolando Martínez Sánchez, fueron
hallados culpables de matar a un agricultor en el norte de La Unión en julio de 2007.
Asimismo, los dos primeros fueron absueltos en relación con un doble homicidio
ocurrido en mayo del año pasado en San Miguel, en el que se presumía que Chévez
era el autor material y Arriaza, como superior jerárquico en la Policía, lo había
encubierto.
Aunque la Fiscalía sigue planteando que ha logrado establecer que Arriaza y Chévez
integraban una red de sicarios, esa acusación no se concretó en este proceso.
La resolución del Juez vino después de un juicio que había durado casi 15 horas,
pero no significó el fin del proceso. Después de la lectura, la defensa anunció que
objetará el fallo condenatorio por homicidio agravado, mientras que la Fiscalía hará lo
mismo por la absolución en los crímenes de San Miguel. Carlos Chévez Hidalgo, de
pie al lado derecho de Arriaza, pareció al borde del desvanecimiento cuando escuchó
la sentencia. Luego los ojos se le llenaron de lágrimas y apretó los labios. Martínez
solo bajó la vista, y después todos se dirigieron hacia los tres abogados defensores.
El fiscal Gendrix Flores lamentó la actuación policial en las pesquisas por el
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asesinato de García: “Hubo un procedimiento policial que ha dejado mucho que
desear”.
En cuanto a la supuesta red de sicarios, al menos 10 agentes de la Unidad de
Investigaciones de la PNC en San Miguel fueron trasladados hacia otros puestos
policiales luego de iniciar el proceso contra el ex sargento Arriaza y el ex agente
Chévez Hidalgo. Luego de las detenciones de los ex policías, el director de la
corporación, Rodrigo Ávila, aseguró que se depuraría y se investigaría la
participación de otros agentes; luego ocurrieron los arrestos de cinco agentes más de
la UDIN, vinculados al caso de los tres homicidios en Jocoro, de los cuales dos
fueron absueltos en la fase de instrucción. Luego de ello no se ha conocido sobre
más indagaciones y detenciones.
Casos como este son los que poseen relevancia para nuestra investigación, en
donde se pone en manifiesto el modo de actuación de la policía al momento de
realizar las investigaciones pertinentes para recolectar las pruebas necesarias que
servirán para apoyar al hipótesis fiscal. ¿En que se basa el fiscal para asegurar que
lo que el está planteando en el caso es una verdad absoluta o en este caso es la
verdad real?, ¿Se cumplió con las garantías procesales del debido proceso?, ¿hasta
que punto el fiscal tiene potestad para indagar en un determinado caso?
Además surge el cuestionarse si en el país existe un proceso penal garantista, es
decir que respete las garantías constitucionales de un debido proceso, en el cual no
se trate al imputado como un ser antisocial, sino que también el proceso penal
también debe de estar orientado a dar un trato digno al delincuente, presumiéndolo
inocente, con el propósito de brindarle ayuda profesional, de custodia y de
orientación .Situaciones como éstas son las que se deberán investigar en nuestro
trabajo de grado.
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1.1.2. PROMOCIÓN DE UNA ADECUADA JUSTICIA PENAL.
Para poder referirnos y explicar acerca de este tema, es necesario enfocarnos en
casos concretos en donde se ponga en evidencia si en El Salvador existe una
adecuada justicia penal, analizando al respecto si con el hecho de llegar o encontrar
la verdad real se está en presencia de una adecuada justicia penal.
¿Dentro de las potestades del Estado se encuentra la obligación de promover una
adecuada justicia penal?, ¿Se pone en practica la justicia penal en todos los casos?,
¿La adecuada justicia penal es para todos las personas o únicamente favorece a un
determinado grupo?
Con referencia a las interrogantes que al inicio de este tema se han formulado, en EL
DIARIO DE HOY aparece un artículo publicado que hace énfasis en cuestionar el
sistema penal que en la actualidad tiene aplicación, el cual es considerado “Sistema
Acusatorio Moderado”, el artículo en mención inicia considerando primero si este
sistema ha hecho a un lado las características negativas de los sistemas anteriores
de aplicación de justicia, a su vez se enfoca en el procedimiento que dentro de este
mismo sistema realiza la fiscalía y la policía con el fin de llegar a una pronta y
adecuada justicia.
Uno de los casos prácticos a los cuales hace referencia este periódico, es al caso
que hace unos días a finalizado (caso del ex director de la Policía Nacional Civil el
Ing. Rodrigo Ávila), en el cual se pudo observar que el órgano jurisdiccional actuó de
una manera inmediata aplicando justicia, en contrario sensu aparece el caso
acontecido en el departamento de La Libertad, Cantón Sitio del Niño, donde se vio
involucrada la empresa de baterías RECORD por contaminación ambiental e
intoxicación a la población del lugar, proceso en el cual no se aplico una pronta y
adecuada justicia penal, porque ni el ministerio publico fiscal ni el Ministerio del
Medio Ambiente se hacen cargo de la realización de las pruebas de toxicidad al
- 10 -
entorno de la fabrica de baterías y a la población perjudicada, a pesar que la
denuncia de está situación ya tiene varios años de haberse realizado.
Sin pierna, sin culpables
El 13 de noviembre de 1993 la explosión de una granada M-67 destruyó la pierna de
Miguel Ángel Aguirre, quien durante años fue Juez de Paz de Ahuachapán. De lo
sucedido acusó a Francisco Castillo Borja, quien era y sigue siendo el Juez de Paz
de Apaneca. Pasaron 11 años y un fallo de la Corte Suprema que recomendó evitar
“la innecesaria retardación de justicia” para que el demandante escuchara una
sentencia, tiempo en el que el caso estuvo rebotando de un Juez a otro. El retardado
y adverso veredicto no puso fin al reclamo de Aguirre, quien pretende ahora que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligue a encontrar al culpable de
su desdicha.
Al contraponer estos casos que han sido del conocimiento del órgano jurisdiccional
surgen una diversidad de interrogantes tales como ¿Por qué en el primer caso el
ente jurisdiccional actuó de manera inmediata no así en demás casos?, ¿Qué es una
adecuada justicia penal en nuestro sistema jurídico?, ¿las víctimas se sienten
conformes con la justicia penal?, ¿Se encuentran conformes los imputados con la
justicia Penal?, ¿Qué nivel de equidad de aplicación de justicia existe en estos dos
casos?, ¿Qué grado de aceptación tiene la justicia penal en la sociedad?, ¿Cumple
con sus propósitos la justicia penal?
- 11 -
1.2. DERECHOS DEL IMPUTADO. El estar sentado en un juicio como acusado es algo que puede suceder a cualquier
persona con responsabilidades, y debe entenderse como la oportunidad de descubrir
la verdad a favor de un inocente o la de imponer la sanción correspondiente a un
infractor.
Este espacio nos permite comentar bajo la cita de casos concretos la importancia de
entender y aplicar en toda su dimensión el derecho a ser defendido;
desgraciadamente en El Salvador se ha llegado a un punto donde con regularidad
nos cuestionamos ¿Tiene derechos el Imputado?, si a caso los tiene ¿Cuáles son los
derechos que posee?, ¿Merece un criminal ser defendido, cuando no tuvo ninguna
piedad con la victima?, ¿Merece tener un juicio justo?,¿merece un imputado que se
le respeten sus derechos? ¿Cómo se debe de tratar a un imputado?, ¿Se le vulneran
los derechos al imputado? ¿Qué derechos se le vulneran al imputado durante la
investigación?
El cuestionamiento en cuanto a los derechos del imputado, el planteamiento del
problema, aparece cuando la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional
Civil, realiza los actos de investigación, en cuanto a si vulnera o no estos derechos,
para lo cual es necesario establecer diversos puntos de vista, en conocer el porque
los derechos del imputado pueden ser limitados por las entidades antes
mencionadas, durante los actos y diligencias iniciales de investigación.
La importancia y consideración del imputado en el Sistema Procesal Penal
Salvadoreño, se le da importancia al imputando asegurándole de manera concreta
una serie de derechos que no se contemplaban en el antiguo sistema, el cual carecía
de información y protección de sus derechos esenciales.
- 12 -
Actuando de está manera el Juez da Garantía para tutelar los derechos de las partes
y dándole un trato profesional al imputado, velando por la protección de sus
intereses y garantizando sus derechos durante la investigación y desarrollo del
proceso. La importancia que se le da al imputado quien toma dicha calidad desde el
momento en que pesen sobre él simples sospechas de participación en un delito, a
quien se le garantiza su presunción y el derecho de defensa.
Llama la atención la poca prioridad que por tan largo tiempo se dio en materia de
avances o modificación con respecto a la situación procesal, procurando evitar malos
tratos recibidos por parte de los encargados de la investigación y en general la
ausencia de garantías efectivas. Esto es a lo que se pretende llegar con el sistema
actual, llenando a la vez el vacío existente en materia de derechos fundamentales y
estableciendo claras garantías procesales para el imputado.
¿Cuáles son los derechos y garantías del imputado?
• Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se
le imputaren y de los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes.
• Ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación.
• Solicitar de las Fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar
las imputaciones que se le formularen.
• Comparecer ante el Juez, quien deberá ordenar audiencia, a la cual podrá
concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración sobre los
hechos materia de la investigación.
• Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los
casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada secreta y sólo por el
tiempo que esa declaración se prolongare.
• Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución
que lo rechazare.
• Guardar silencio, o en caso de consentir a no hacerlo bajo juramento.
• No ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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• No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que para él
derivaren de la situación de rebeldía.
Alberto M. Binder hace referencia a este apartado en su libro Introducción al
Derecho Procesal Penal, en el cual manifiesta que (…) se encuentra la idea de juicio
previo que se refiere a que nadie puede ser condenado sino luego de un juicio al
cabo del cual una sentencia declare su culpabilidad, como correlato del principio
mencionado se encuentra el principio de inocencia que se refiere a que ninguna
persona puede ser considerada culpable ni tratarla como tal sin que antes se haya
declarado tal culpabilidad en una sentencia, luego de un juicio. En consecuencia,
pareciera que, en virtud de estos principios, resulta imposible aplicar durante el
proceso la fuerza propia del poder penal, sin embargo nos encontramos aquí con una
de las cuestión es mas difíciles de justificar y de fundamentar dentro del marco de un
proceso penal garantista. Se trata de la Prisión Preventiva, es decir, el
encarcelamiento de una persona para asegurar que comparezca al juicio, asegurar
que la pena va ha ser cumplida, y que una y otra circunstancia no se verán frustradas
por una eventual fuga del imputado (…)
E necesario hacer una referencia muy directa a nuestro sistema Procesal Penal y
preguntarnos si con está medida no se está vulnerando directamente derechos
fundamentales importantes tales como el Principio de inocencia y el principio de
juicio justo.
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1.3. ACTOS DE INVESTIGACION Y DERECHOS FUNDAMENTALES.
Estos dos temas son el objeto principal de nuestra investigación, la cual es Actos de
Investigación que limitan Derechos Fundamentales. En consecuencia es importante
conocer donde radica el problema, ya que en los actos de investigación
necesariamente se ven limitados algunos derechos de las personas principalmente
del imputado.
1.3.1. ACTOS DE INVESTIGACIÓN. Para iniciar está investigación, es importante comprender a que nos referimos con
los actos de investigación, y para ello surgen diversas interrogantes que
posteriormente se explicarán en el contenido de nuestro trabajo, de las cuales
podemos mencionar:
¿Qué son los actos de investigación?
¿Para que sirven los actos de investigación?
¿En que momento se dan los actos de investigación?
¿Quiénes realizan los actos de investigación?
¿Pueden limitar los derechos fundamentales los actos de investigación?
(…) Los actos de investigación están constituidos por todas las actuaciones
realizadas por el ministerio publico, encaminadas a averiguar y hacer constar la
perpetración o comisión de delitos con todas las circunstancias que puedan influir en
su calificación y a la culpabilidad del imputado (…) Así lo expresa José Maria
Asencio Mellado en su libro Derecho Procesal Penal.
Los actos de investigaciones realizan en la fase inicial del proceso con el fin de iniciar
la acción penal, estos actos limitan la eficacia a la fase de instrucción, es decir, que
todo el proceso deberá de ser vertido sobre estos actos.
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La policía está facultada y obligada a llevar a efecto todas las diligencias que le
encomienda el ministerio público fiscal o el Juez de instrucción en el marco de las
investigaciones realizadas en la fase pre procesal.
La labor policial es esencial en el proceso penal moderno, tal es el caso que la
constitución de la República reconoce la necesidad de que exista está entidad, así
también las leyes secundarias. La movilidad de la policía, su inmediación respecto a
los hechos que le compete investigar se ve duramente criticada en nuestro sistema,
ya que afronta diversos problemas que deben ser destacados en este apartado.
• La desconfianza que genera su actuación;
• El uso de fuerza innecesaria;
• Carencia de leyes que regulen su actuación;
Un perfecto ejemplo es el Allanamiento de Morada el cual nuestra carta magna
vigente establece una serie de principios que se deben de tomar en cuenta al
momento de que la policía pretenda ingresar a una vivienda donde existan indicios
de estarce cometiendo actividades delictivas o cuando por una orden judicial o
administrativa, estos tengan la facultad de ingresar a la morada.
Aplicando este enunciado en la practica, existen diversas opiniones que critican el
actuar de la policía, al momento de la realización de este acto inicial de investigación,
así como lo expresado en noticias televisivas, en la cual se logra apreciar claramente
como la policía al momento de ingresar a una casa de habitación de una persona
derriban completamente la puerta de está, sin cerciorarse primero si en realidad es o
no la dirección de la cual han recibido denuncia.
De la misma forma así como se vulnera este derecho también se limitan otros
derechos fundamentales como la intimidad entendida en sentido amplio, la libertad
ambulatoria, dignidad, etc.
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Otro acto de investigación en el cual se observa la vulneración a derechos
fundamentales es cuando se lleva a cabo el registro de personas, en donde el actuar
policial se ve duramente criticado pues los medios de comunicación, por la diversidad
de ilegalidades que estos cometen, dichas ilegalidades las podemos analizar el
reportaje elaborado por un noticiero televisivo del país, donde critican el actuar
policial basando su argumento en los siguientes motivos. En información
proporcionada por una persona particular quien manifiesta ser victima del abuso que
realiza la policía al momento de la realización de este registro los oficiales en ningún
momento me informan la razón por la cual se me está practicando el registro solo me
dijeron que me detuviera y comenzaron a registrarme… esas fueron las palabras que
expreso un entrevistado.
1.3.2. DERECHOS FUNDAMENTALES. Los derechos fundamentales están presentes en todos los ámbitos de la vida.
Protegen nuestra libertad para movernos, expresarnos, pensar, creer; nos garantizan
la satisfacción de las necesidades básicas y el ejercicio efectivo de las prerrogativas
políticas que tenemos como ciudadanos, y aseguran que recibamos un trato igual por
parte del Estado.
Estos derechos son fuente de innumerables discusiones y controversias, la mayoría
de las cuales aún permanecen sin dilucidarse ya que hasta el momento no se logra
decidir que es mas importante para la sociedad si respetarles los derechos a un
presunto delincuente o violarle los derechos en pro de proteger a la colectividad, a
raíz de esto surge una serie de preguntas tales como:
¿Qué significa tener un derecho fundamental?
¿Quiénes son sus titulares?
¿A quién obligan?
¿En qué medida constituyen limites del ejercicio del poder estatal?
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¿Hasta qué punto imponen al Estado deberes de actuación?
¿En que nivel se ubican los derechos fundamentales?
Los derechos fundamentales son componentes básicos de todo ordenamiento
jurídico. En razón de que ostentan la máxima jerarquía en el derecho, es posible
afirmar con rotundidad que todos los derechos fundamentales a excepción del
derecho a la vida son limitables en el proceso penal ya que es necesario que la
constitución autorice expresamente la posibilidad de limitación de un derecho
fundamental. Esto sucede en ciertos supuestos tales como en la privación de libertad
o la inviolabilidad del domicilio, y el secreto de inviolabilidad de las comunicaciones,
la finalidad de la limitación deberá de ser siempre legitima y atender a la consecución
de un interés general relevante.
Si en el ordenamiento jurídico se reconoce que los derechos fundamentales no
pueden ser limitados arbitrariamente, y poseen sus propias características esenciales
las cuales le dan el carácter de derechos fundamentales. De las cuales podemos
mencionar las siguientes:
Los derechos fundamentales son imprescriptibles, es decir, no les afecta el instituto
de la prescripción, sin que, por tanto, se adquieran ni pierdan por el simple
transcurso del tiempo.
Son también inalienables, esto es, no transferible a otro titular, a diferencia de lo que
sucede con los demás derechos, en los que la regla general es la alienabilidad,
aunque se den ciertas excepciones a la misma.
Son asimismo irrenunciables, o lo que es lo mismo, el sujeto no puede renunciar a la
titularidad de los derechos fundamentales, a diferencia, como en los casos
anteriores, de lo que ocurre con los derechos en general, que son renunciables en
las condiciones que las leyes establecen.
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Los derechos fundamentales son universales, entendiendo el término en el sentido
de que todos ellos son poseídos por todos los hombres, lo cual quiere decir que entre
las personas se da una estricta igualdad jurídica básica, referida a los derechos
fundamentales .No podía ser de otro modo, dado que todos los hombres participan
de igual modo de la misma naturaleza: un ser es lo que es de manera total; no caben
gradaciones a la hora de poseer una naturaleza.
Si los derechos fundamentales no pueden ser limitados arbitrariamente; ¿Por qué en
la práctica sucede todo lo contrario? ¿Si decimos vivir en un país democrático, donde
queda el estado de derecho en referencia a los derechos fundamentales?
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CAPITULO II MARCO HISTÓRICO
2.1. SISTEMAS PROCESALES. Los sistemas procesales que han aportado partes de sus características a lo largo de
la historia, está demás decir que han sido los tres sistemas penales de mayor
conocimiento en Latinoamérica: El Inquisitorio, que denota una diversidad de
características totalmente diferentes a los otros dos sistemas, ya que en este la
función investigar y de juzgar le correspondían al Juez, no así, cuando pasamos al
sistema acusatorio en el cual, se puede mencionar diferentes partes procesales
donde cada una velaba por sus propios intereses; al final nos encontramos con el
sistema acusatorio formal o mixto en el cual se reúnen las características mas
esenciales de los dos sistemas anteriores.
Importancia que se hace notar en nuestra investigación pues a lo largo de la historia
de los sistemas procesales han existido diversos actos de investigación, que al igual
que los sistemas procesales también, proporcionan elementos de referencia para la
actuación de los entes encargados de la investigación.
2.1.1. SISTEMA INQUISITORIO Para iniciar el contenido de este sistema se debe establecer el origen de está
palabra, derivada del latín “inquisitorious” investigación “inquisitore” se refiere al
investigador y también al acusador en un sistema que data de varias centurias de
antigüedad desde el siglo XI. La “Inquisición” como un sistema de penalización
barbárico, se agudizó con la separación de las iglesias en la vieja Europa. El aspecto
religioso era considerado como el más importante en la cultura de los pueblos, las
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grandes guerras de los imperios, fueron por la conquista de las tierras y por
imposición de sus religiones. De hecho que el antiguo imperio persa, Otomano, y lo
que hoy se conoce como medio Oriente fue hostigado por su “Islamismo” que iba en
contra de la iglesia Romana. La iglesia Católica Romana tomo la ley en sus manos
para dirigir la más cruenta lucha que haya conocido la humanidad.
La Inquisición podía actuar por acusación, por denuncia o de oficio. Había tres
opciones posibles:
a) Que los procesados se presentasen libre y voluntariamente a confesar sus faltas;
en este caso serían sancionados con medidas espirituales, generalmente leves.
b) Que se arrepintiesen solamente por miedo a la muerte; sufrirían entonces penas
de prisión.
c) Que se mantuvieran obstinados en sus errores; serían condenados al brazo
secular para que se les aplique la pena de muerte en la hoguera, la horca o la
espada
Los inquisidores se dirigían al sitio donde se sospechaba que había un foco de
herejía. Pedían el apoyo de las autoridades locales que estaban obligadas a
otorgarla so pena de excomunión y ser a su vez acusados de herejes. Se leía un
edicto de gracia en la iglesia mayor donde se detallaba cuales eran los errores contra
la fe y se daba un plazo para el arrepentimiento. Además se instaba a quien
conociera herejes los delatara. El plazo era generalmente de un mes.
Los que confesaban voluntariamente eran sentenciados inmediatamente con penas
religiosas que consistían en oraciones diarias, peregrinaciones, ayunos y multas.
En el caso de existir pruebas suficientes contra el reo y éste no confesaba la verdad,
se aplicaba el tormento. Los elementos de tortura eran: el potro, la garrucha y el
castigo de agua, lo que generalmente desencadenaba en la muerte del acusado.
Si el acusado confesaba, entonces era condenado a varios años de prisión o de
galeras, confiscación de bienes, prohibición de ejercer ciertos oficios para él y sus
herederos, llevar vestimentas que denotaran su condición de arrepentido.
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De los “Delitos Religiosos” a los “delitos comunes” solo había una estrecha brecha, el
robo, el homicidio, el adulterio, el homosexualismo, el bestialismo, y todo lo que fuera
considerado como una violación a las normas de conducta, siempre se le daba el
tinte religioso y los tribunales de justicia estaban en manos de los iconos de la
iglesia.
Este sistema Inquisitorio fue adoptado en España con más fuerza con la llegada al
trono de los Reyes Católicos en el siglo XV y XVI, la terminación de la dominación de
los Moros (Árabes) en España, y la expulsión o conversión forzosa de los judíos a la
Iglesia Católica en España.
En esa misma época, fue la era de la conquista española en América y por supuesto
no faltó el sistema inquisitorio para el castigo de los violadores de las leyes en
América. Creando diferentes “Obispados” o tribunales de Justicia en los diferentes
Virreinatos, como Quito, Lima, México, Cartagena de Indias Etc.
El siglo XIX se inicia con las victorias de Napoleón quien corona a su hermano José
en el trono de España. En diciembre de 1808 decreta la extinción del Tribunal de la
Inquisición.
Las Cortes Españolas que se oponen militarmente a Napoleón dictan una
constitución liberal y en 1813 decretan la abolición de la Inquisición. En 1814,
derrotado Napoleón y vuelto al trono el rey Fernando VII, (Católico) restablece el
Tribunal.
De todo este marco histórico se desprenden los diferentes nombres como se conoce
la Ley que ha imperado en América-Hispánica o América Latina, el Código
Románico, el Código Latino o también la Ley Napoleónica. Afortunadamente y para
el legado histórico una reivindicación de está barbarie, en América Latina, a medida
que los países hispánicos fueron declarando su independencia de los españoles,
cada uno fue adoptando sus propias leyes y constituciones.
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2.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INQUISITORIO
Durante el curso del proceso, el acusado es segregado de la sociedad, mediante la
institución denominada prisión preventiva. En muchos de los casos, el acusado
puede pasar varios años sin que tenga la oportunidad de defenderse en un tribunal
de justicia. En otros casos el “sospechoso” o acusado, puede salir de la prisión por
“vencimiento de términos” y el acto delictivo queda impune.
1. En este sistema, el investigador es un ente policial.
2. El juzgador es un funcionario designado por autoridad pública
3. El juzgador representa al Estado y es superior a las partes.
4. Aunque el ofendido o victima se desistiera, el proceso debe continuar hasta
su término.
5. El Juez tiene iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar.
6. La prueba, en cuanto a su ubicación, recepción y valoración, es facultad
exclusiva del Juez.
7. Se otorga un valor a la confesión del reo, llamada la reina de las pruebas.
8. La decisión no se adopta sobre la base del convencimiento moral, sino de
conformidad con el sistema de pruebas legales.
9. El Juez es absolutamente autónomo, decide Culpabilidad o Inocencia en el
Tribunal
2.1.2. SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
Uno de los países en donde se está aplicando con mayor magnitud este sistema
Penal, es Estados Unidos de Norteamérica, aunque en este país existen dos
sistemas de aplicación de la Ley,
Sistema Federal.
El sistema Estatal
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El que rige en cada una de las jurisdicciones Estado por Estado, es decir, el Estado
de California tiene su propio sistema legal y sus propias líneas de sentencias,
igualmente el Estado de Nueva York tiene también su propio sistema legal.
Se consideran Delitos Estatales, casos como la delincuencia común, robo, hurto,
robo a mano armada, asalto, asalto con agravantes, daños a la propiedad, fraude,
falsedad, estafa, lesiones personales, homicidio, asesinato, etc.
Se da el caso de que en algunos Estados se aplica la pena de muerte como máximo
castigo por asesinato en primer grado, como es el caso de Texas, Florida, California,
y otros Estados que tienen este tipo de sentencia suspendida y a cambio aplican la
cadena perpetua al convicto.
El sistema Federal
Se aplica en todos los 50 Estados de la Unión Americana y también en otros
territorios, como son la Isla de Puerto Rico, Samoa, Guam, Islas Vírgenes, que
pertenecen a los Estados Unidos en calidad de posesiones territoriales, igual en
todas las bases militares norteamericanas, como Guantánamo en Cuba, las bases de
Korea, Japón, Alemania, Medio Oriente, etc. delitos cometidos en embajadas, barcos
de bandera norteamericana, aviones de bandera norteamericana Etc.
Se consideran Delitos Federales, aquellos que atentan contra la seguridad nacional,
como es el caso de espionaje, atentados contra propiedad federal, actos terroristas
en cualquiera de sus manifestaciones, sabotaje, amenazas, delitos económicos y
financieros como robo a bancos, falsificación de billetes, fraude en la bolsa de
valores, falsificación de documentos o títulos valor, transacciones electrónicas para
trafico de divisas, uso del espacio aéreo o ciberespacio de los Estados Unidos o
territorios, piratería aérea, lavado de dinero y activos, posesión, trafico de drogas y
substancias psicotrópicas, conspiración, confabulación, asociación delictiva, para
cometer actos delictivos con relación al crimen organizado, delitos de cuello blanco,
delitos corporativos, fraude masivo, delitos con relación al trafico de inmigrantes
ilegales, documentación falsa, fraude en documentos de inmigración, delitos de
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perjurio, falsedad, falsedad documental, obstrucción de la justicia, atentados en
contra de la integridad de un oficial del gobierno, divulgación de identidad de un
oficial federal, suplantación a un oficial etc.
2.1.2.1. Proceso Acusatorio:
El procedimiento acusatorio debe su nombre al principio de igual denominación,
según el cual el Estado tiene la carga de la prueba, y se rige por la “oralidad” del
procedimiento, la igualdad de las partes y de que el proceso es público y accesible al
pueblo.
Este principio se fundamenta en lo que los estadounidenses llaman la igualdad de
armas, (equal force) es decir, mismas condiciones entre la acusación y la defensa,
con lo que se garantiza que el derecho penal cumpla en forma razonable con sus dos
finalidades básicas: proteger por una parte a la sociedad del delito, lo cual es
ampliamente conocido y, por otra al acusado frente a los excesos, las desviaciones y
las perversiones en la acusación; es decir, el derecho penal es, o debe ser, una
forma de reducir la violencia en la sociedad, no de agravarla.
Al proteger a la sociedad del delito se pretende evitar la impunidad, pero también
desalentar todas las formas de justicia por propia mano. (Eliminar la autotutela). A
esto último se puede agregar, además de los linchamientos que con relativa
frecuencia se dan a conocer en los medios de comunicación, la venganza pública,
que es peor que la privada “Por eso, cada vez que animan a un Juez sentimientos
de venganza, de parte o de defensa social, o que el Estado deja sitio a la justicia
sumaria de los particulares, el Derecho Penal retrocede a un estado salvaje, anterior
a la formación de la civilización…”.
Este procedimiento acusatorio es el único que nos asegura que, en caso de ser
juzgados, tendremos acceso a un proceso debido, es decir para utilizar la expresión
anglosajona, un “fair trail” Un juicio Justo.
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El derecho penal se nos aplica a todos desde el momento en que se promulga una
ley penal que, como tal, continúa cuando cualquiera de nosotros es sometido a un
proceso, seamos o no culpables. Lo mismo no podría decirse sobre el derecho
penitenciario, porque las penas se imponen por adelantado mediante la prisión
preventiva. Por ello, es preciso romper con la idea que en el sentido de que el
derecho penal es para los delincuentes o para un cierto tipo de individuos, de la
misma forma en que el derecho mercantil se dirige a los comerciantes y el derecho
bancario para los banqueros. El derecho penal es para todos.
Un sistema de corte acusatorio nos garantiza que, en caso de enfrentarnos a un
proceso penal, por azares de la vida, por estar en el lugar, por estar cerca, por estar
involucrados, o aun sin tener nada que ver, recibiremos un juicio justo.
Este proceso acusatorio también es el único que favorece la confianza en las
autoridades. Si no tenemos la certeza de que, de ser juzgados, recibiremos un juicio
justo, siempre quedará un margen de duda respecto del propio sistema.
Independientemente del problema de las garantías del acusado, está el de la
necesaria credibilidad del sistema de justicia penal. Hoy día nada puede funcionar sin
está condición, ni el sistema económico ni tampoco el sistema de justicia penal. En el
primer caso habrá devaluaciones, pero en el segundo se presentan crisis en la
justicia.
En síntesis, el sistema acusatorio es el único que vela simultáneamente por la
seguridad pública y por los derechos del individuo; es el único que asegura el castigo
a los culpables, pero también la protección a los inocentes. Una sociedad
democrática sólo puede aspirar a un sistema de tipo acusatorio.
En el sistema penal acusatorio rige el principio de la presunción de inocencia…
”…! Es preferible dejar a un culpable libre…. que condenar a un inocente… por un
crimen que nunca cometió…!”
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2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACUSATORIO
a) La acción penal es pública. Se ejercita por el Fiscal se rige por el principio de
legalidad. Se incorpora la acción civil por los daños causados por el crimen,
delito o contravención, la cual se ejercita por los que han sufrido el daño
acumulativo de la acción penal. Es decir pueden acumularse cargos criminales
y civiles, para la penalización Criminal del convicto y la restitución de los
daños causados al ofendido.
b) El proceso se divide en tres etapas, las cuales son dirigidas por un Juez
diferente.
c) Todas las fases son orales y escritas.
d) La detención Contra el imputado puede dictarse orden de comparecencia o de
detención siempre que se conozca o presuma quien es el delincuente. Las
causales de detención son muy amplias.
e) La detención en caso de flagrancia es inminente, y de acuerdo a los
procedimientos policiales. En un termino de 72 horas el “ofensor” debe
comparecer delante de un Juez quien evalúa el reporte policiaco.
f) El juicio es oral y público, sea ante tribunal o ante el jurado. La asistencia del
fiscal es obligatoria, así como del acusado y del abogado defensor. El tribunal
aprecia las pruebas con criterio de conciencia, pero en el fallo el jurado debe
exponer las razones de su decisión. La sentencia solo tiene en consideración lo
pasado en los debates (los documentos y declaraciones leídos en los debates
son los únicos que pueden servir como medios de prueba).
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Contra los fallos del tribunal correccional procede recurso de nulidad y los demás
recursos que establece la ley procesal vigente, una Instancia Superior tiene
facultad de conocer sobre los hechos y en su caso, está autorizada a absolver al
indebidamente condenado, pero no puede hacerlo respecto del absuelto. Es decir
cuando se “condena” y es declarado convicto a un acusado, está condena
siempre es apelable, ante diferentes instancias, incluso llegar hasta la Corte
Suprema de Justicia, pero cuando el acusado es absuelto o declarado inocente
por un Jurado o por la Corte, este acusado nunca puede ser juzgado por el
mismo delito atendiendo al principio constitucional de que nadie puede ser
juzgado dos veces por la misma causa.
2.1.3. SISTEMA ACUSATORIO FORMAL O MIXTO
Fruto de las nuevas ideas filosóficas, como reacción ante las denuncias secretas, las
confesiones forzadas y la tortura, surge en Francia un nuevo sistema procesal penal
que respeta el derecho de todo ciudadano a ser juzgado públicamente en un proceso
contradictorio, pero conservando un elemento del sistema anterior, el de la acusación
oficial, encargada a funcionarios que de modo permanente suplan la carencia de
acusadores particulares, con lo que nace el Ministerio Publico Fiscal, que es órgano
independiente de los juzgadores y representante del Estado la y de la sociedad.
Además, se conserva una fase de investigación secreta, escrita y no contradictoria,
que a diferencia del sistema inquisitivo no sirve de base a la sentencia, sino a la
acusación. La sentencia sólo puede basarse en las pruebas practicadas en el juicio.
Por esa mezcla de caracteres se le denomina sistema mixto y se caracteriza porque
el poder estatal no abandona a la iniciativa de los particulares la investigación y la
persecución de los delitos, pero el Estado, en cuanto juzga, no investiga y persigue,
porque se convertiría en parte, y con ello peligraría la objetividad de su juicio.
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2.1.3.1. PRINCIPIOS EN QUE DESCANSA ESTE SISTEMA
1. La separación de la función de investigación y acusación y la función de
juzgar. Para que haya juicio es preciso que exista acusación y la función de
acusar corresponde, no siempre en exclusiva, a órganos públicos especiales.
2. Del resultado de la instrucción depende que haya acusación y juicio, pero el
juzgador ha de basarse en las pruebas del juicio oral.
3. El acto del juicio es oral, público y confrontativo, y se rige por el principio de
inmediación, dependiendo la sentencia de la apreciación por el Juez, no
sometida a regla alguna.
4. Según el modelo francés, la sentencia se da mediante una cooperación de
Magistrados y Jurados. La combinación de ambos elementos en la
Administración de Justicia varía según los distintos países. Puede excluirse la
participación del jurado y conservarse todas las demás notas esenciales.
2.1.4. SISTEMA PENAL EN EL SALVADOR. El sistema penal que tiene aplicación el ordenamiento jurídico Salvadoreño, es
considerado como un Sistema Acusatorio Moderado porque posee una recopilación
de las características de los tres sistemas que anteriormente se han explicado,
poniendo en practica las principales del sistema acusatorio, es decir que existen
partes procesales que tienen muy delimitadas sus funciones, por ejemplo el fiscal se
encarga de acusar cumpliendo con lo que le establece la constitución en el artículo
193 el cual hace referencia, que le compete a la fiscalía velar por los intereses de la
sociedad, es por ello que durante el proceso penal este tiene la obligación de hacer
cumplir dicho mandato, haciendo uso de los mecanismos que la misma ley le faculta
para fundamentar su requerimiento fiscal o la acusación.
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En contraposición a la fiscalía se encuentra el abogado defensor o defensa técnica,
quien se encarga de controvertir los hechos que pretende probar la fiscalía, el
abogado defensor responde a los intereses de su cliente, a quien se le atribuye la
comisión de un delito.
Al igual que en los sistemas que antecedieron al actual, aparece la figura del Juez el
cual es el encargado de la dirección del proceso, asiendo una diferenciación con el
actuar de los jueces en los sistemas anteriores ya que en este sistema el Juez tiene
la libre facultad de ordenar al fiscal la realización de actos que pueden llegar a ser
irreproducibles o que profundice mas en las investigaciones con el hecho de
fundamentar mejor sus pretensiones, además tiene la facultad de autorizar algunos
beneficios a favor del imputado siempre y cuando estén establecidos por la ley.
Por ultimo ubicamos a las partes materiales del proceso, es decir la victima y el
imputado a quienes la ley expresamente les enumera cuales son sus derechos
dentro del proceso penal y en que momento pueden hacer uso de los mismos,
absteniéndose a declarar o haciéndolo cuando ellos lo deseen.
Con está explicación se puede observar que con el sistema acusatorio moderado se
ha dejado a un lado la complejidad y retraso que poseían los sistemas penales
anteriores, pasando a ser un proceso censillo, claro, objetivo y primordialmente
garantista en el cual se respeten los derechos de las partes materiales del proceso.
El sistema penal Salvadoreño es cuestionado en la práctica en cuanto a si cumple
con sus dos grandes propósitos: Reactivo y Preventivo.
Para ubicar estos propósitos es necesario basarnos en los principios básicos y
garantías constitucionales que establece el Código Procesal Penal Salvadoreño. Si
en la actualidad se sostiene que la pena solo puede ser aplicada por los tribunales
mediante la sentencia firme de condena, estos han de utilizar el medio que es el
proceso, para imponer penas, el cual debe de estar apegado al principio de legalidad
y a los demás principios que en este código se desarrollan. La reacción penal no es
inmediata a la comisión de un delito sino que exige que se desarrolle un
procedimiento regular dirigido a verificar la imputación. El procedimiento exigido por
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la garantía de un debido juicio no es cualquier proceso. A de tratarse de un
procedimiento jurídico regulado en la ley y acorde con los derechos individuales y
fundamentales que se reconocen en la constitución, es decir, un proceso recto y
equitativo, el que es debido conforme a las garantías constitucionales, el que es
requerido con mayor preedición, un juicio oral y publico, que corresponda con una
determinada forma de enjuiciamiento cumpliendo con las finalidades del proceso
acusatorio moderno.
Por ello puede decirse que el mandato superior del Derecho Procesal Penal en su
totalidad se concreta en la idea de proceso justo, recto o equitativo garantizando que
nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de un proceso con las
formalidades legales necesarias. Se trata, de una formula amplia que identifica un
principio elemental de justicia simbolizando en si misma, la garantía jurisdiccional y la
transparencia en el proceso, pues la garantía del proceso recto consiste,
precisamente en no ser privado de la vida, la libertad, la propiedad, etc., sin la
garantías que supone la tramitación de un proceso previo, pero no cualquier proceso,
sino un proceso jurisdiccional que respete los derechos del imputado y de la victima.
Así pues, el procedimiento previo exigido por la constitución no debe de estar sujeto
a arbitrariedades por parte de las autoridades públicas competente. Al contrario a de
tratarse de un procedimiento imparcial que permita al imputado amplias
oportunidades de defensa. Un procedimiento contradictorio en el que rija plenamente
el principio de igualdad entre las partes. De está forma es como debe entenderse
que la noción de juicio previo en el actual sistema Penal del país, presupone la forma
acusatoria del proceso, y desde ese punto de vista, se corresponde con la
configuración del proceso penal como un proceso de partes, como un instrumento de
protección jurídica del individuo, pues su finalidad no solo es atender al castigo de los
culpables, sino también la protección de los inocentes, de la victima, incluso del
mismo culpable, en cuanto que su culpabilidad no podrá ser establecida en contra de
su dignidad personal.
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El principio de jurisdiccionalidad presupone un modelo de enjuiciamiento el
acusatorio moderado de corte liberal. En la ciencia procesal constituye un lugar
común contraponer lo acusatorio a lo inquisitivo para designar los modelos opuestos
de organización judicial, es decir, dos modelos opuestos de Juez y de juicio. Se dice
que es acusatorio todo sistema procesal que concibe al Juez como un sujeto pasivo,
rígidamente separado de las partes, y al juicio como una contienda entre iguales,
iniciada por la acusación que presenta el ministerio publico fiscal a quien le compete
la carga de la prueba, enfrentada a la defensa de un juicio contradictorio, oral y
publico, y resuelto por el Juez según su libre convicción conforme a las pruebas
vertidas en el proceso.
Todos los rasgos constitutivos del modelo acusatorio moderado de enjuiciamiento, el
mas característico es la radical separación entre la función de juzgar y la de acusar.
Está separación se encuentra en la base de todas las garantías constitucionales y
orgánicas del poder judicial, y comporta no solo la diferenciación de las funciones de
enjuiciamiento y persecución, sino también y esto es lo mas importante en cuanto a
las condiciones de igualdad de las partes.
Está garantía de separación de funciones, así entendida, presenta, por un lado, una
condición esencial de la imparcialidad del Juez respecto de las partes de la causa y,
por otro, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba que
corresponde exclusivamente al Ministerio Publico Fiscal por medio de la acusación.
El principio de jurisdiccionalidad engloba, de este modo una importante consecuencia
que caracteriza el modelo de Juez. La función de juzgar no concibe sin la condición
de imparcialidad es decir que en todos los casos en Juez no debe resolver a
intereses de las partes ni mucho menos a intereses de otra índole, con está situación
se describe la función del Juez como la de aquel que no siendo parte en el litigio y
que no tiene interés personal alguno, está obligado a emitir una sentencia sobre el
caso en el cual está conociendo conforme a su competencia.
En efecto al Juez se le impone la obligación de conducirse de forma que no haga
peligrar la confianza en su imparcialidad, mediante la sujeción de exclusiva al
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imperio de la ley. El Juez es independiente de cualquier voluntad ajena a la ley, ya
sea la voluntad de otros, su propia voluntad en forma de prejuicios personales. La
sujeción solo a la ley expresa, en este sentido, la colocación institucional de Juez,
que se hace patente en el requisito de imparcialidad, tiene su justificación en dos
valores asociados a la jurisdicción: la búsqueda de la verdad real y la tutela de los
derechos fundamentales a través de una adecuada justicia. Este es, finalmente, el
sentido de la vinculación del imperio de la ley, característico del principio de legalidad
en el estado de derecho, que se consagra como un dogma fundamental, en el
artículo 173.2 de nuestra constitución en el que literalmente establece: (…) “Los
magistrados y los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional son
independientes y están sometidos a la constitución y a las leyes”. (…)
Al mencionar que si la función de la justicia penal es reactiva es necesario establecer
que está siempre deberá estar orientada a sancionar el delito y a castigar al culpable.
La Reactividad de la justicia penal, deberá estar enfocado no solo en castigar al
condenado, también se enfocara en la ayuda profesional que se le debe
proporcionar mientras este cumpliendo con la pena impuesta para lograr con está
una resocialización efectiva, pero no seria correcto el brindarle ayuda profesional a
las víctimas de los hechos delictivos para que estas puedan lograr una reinserción
exitosa a sus rutinas de vida que tenían antes del percance.
2.2. LAS GENERACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES. SU EVOLUCIÓN
La historia de la aparición y evolución de los derechos fundamentales comienza en la
Edad Media. En la Antigüedad no sólo no existieron reconocimientos por parte del
poder, sino que ni siquiera se planteó el tema en el terreno teórico; lo cual, por otra
parte, no puede sorprender si se tiene en cuenta que para que surja la conciencia de
que al persona es portadora de unos ciertos fines y valores para la realización de los
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cuales posee unos derechos innatos e indeclinables es preciso, ante todo, que exista
el concepto mismo de persona, el cual fue una aportación del cristianismo. Por otra
parte, la toma de conciencia de que existen unos derechos que las leyes tienen que
respetar exige la previa creencia en un Derecho que está por encima del positivo, y
hasta bien avanzada la Edad Media no hallaremos una sólida construcción del
iusnaturalismo.
Pero, aun contando con una doctrina iusnaturalista, todavía no se encuentra el
terreno abonado para elaborar una teoría de los derechos fundamentales, porque
ésta había de basarse, lógicamente, en una teoría de los derechos subjetivos. En
efecto, los llamados derechos fundamentales tienen como antes señalábamos unas
características típicas pero son, desde luego, derechos subjetivos, facultades del
sujeto; y es el caso que el pensamiento medieval, aun conociendo el concepto, como
ya lo conocieron los romanos, no acierta a construir una teoría del derecho subjetivo,
con lo que falta la base lógica necesaria para poder hablar de los derechos
fundamentales.
Por eso, ni siquiera en el Medioevo podemos hallar expresiones vigorosas y
sistemáticas de los derechos fundamentales, que, en la forma como hoy los
entendemos, no aparecen en la vida política de Europa hasta entrada ya la Edad
Moderna.
En efecto, los documentos medievales sobre la materia contienen no auténticas
declaraciones, sino privilegios que el monarca concede a un grupo de súbditos, a un
estamento social, a los habitantes de una región, etc. Tienen, por consiguiente, un
claro matiz esporádico y fragmentario por un doble motivo: por referirse sólo a ciertos
derechos o libertades y por afectar únicamente a determinado grupo de súbditos. Por
otra parte, es de destacar también que estos precedentes medievales ostentan un
carácter contractual; ante excesos e intromisiones de la autoridad del monarca surge
la queja de los vasallos y, constreñido por ella, acuerda aquél con sus súbditos que
en los sucesivo el poder real respetará está o aquella libertad, lo cual en definitiva
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equivale a conceder al grupo beneficiado una situación de privilegio en relación con
el resto de los súbditos.
La historia de los derechos fundamentales va a pasar en la Edad Moderna, por
diferentes fases, pero hay un dato que debemos destacar como muy característico, a
saber: que a partir del siglo XVI ya no encontraremos, como hasta ahora, privilegios
o concesiones a favor de grupos o estamentos determinados, sino que las garantías
y seguridades ofrecidas por el poder real se dirigen a todos los súbditos, con lo que
se instaura un principio de generalidad que ya no será abandonado.
La Edad Moderna se ve convulsionada, en sus mismos comienzos, por las guerras
religiosas, que concluyeron con la denominada Paz de Augsburgo (1,555), en virtud
del cual los súbditos habrán de profesar la religión oficial, es decir, la del príncipe que
gobierne el territorio donde aquéllos residan.
Está solución constituía un flagrante ataque a la libertad de conciencia, por lo que fue
la chispa que hizo nacer el movimiento en pro de la conquista de los primeros
derechos fundamentales; y así, la aspiración más apremiante en este terreno fue la
de conseguir de los reyes el reconocimiento del derecho a la libertad de pensamiento
y del derecho a profesar libremente una religión.
Aquietada la cuestión religiosa, los esfuerzos se orientaron hacia la conquista de los
derechos civiles y algunos derechos políticos. Fue en Inglaterra, cuna del liberalismo
lockiano, donde más pronto se cumplieron estas aspiraciones, plasmadas en tres
célebres documentos (1628), la Ley de Habeas Corpus (1679) y otras leyes (1689),
verdadera declaración de derechos y libertades, pero aún con carácter nacional.
Un paso más en el proceso evolutivo de los derechos fundamentales va a producirse
cuando en las Declaraciones se borre esa referencia exclusiva a un pueblo
determinado y no hable ya de los derechos de los ingleses, sino de los derechos de
los hombres. Está universalización de los derechos fundamentales reconoce como
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una de sus causas el influjo del espíritu iusnaturalista, del Derecho Natural que tan
sistemáticamente había construido la Escuela racionalista durante el siglo XVII y que
pregonaba como uno de sus dogmas centrales la existencia de un ordenamiento
jurídico superior al positivo y aplicable a todos los hombres, del que se desprendían
unos derechos igualmente atribuibles a todo ser humano.
Este paso, con el que se inician las auténticas Declaraciones de derechos modernas,
lo dan también los ingleses, pero no en las islas, sino en las colonias americanas, en
el momento mismo de acceder a su independencia: por ejemplo, la Declaración de
derechos del buen pueblo de Virginia (1,776); Declaración de independencia de los
Estados Unidos de 4 de julio de 1,776.
Los mismos vientos inspiradores que habían soplado en América llegaron también a
Francia, dando lugar, en los momentos iniciales de la Revolución, a la Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano (1,789). Los derechos que en ella destacan
son los individuales y, de modo singular, la libertad y la propiedad, de naturaleza
inviolable y sagrada; además, dada la situación de igualdad se van a reconocer la
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y el acceso a los cargos políticos y
públicos (son los llamados derechos fundamentales de "primera generación").
Sin embargo, el modelo de Estado Liberal no consigue los fines que pretendía, la
igualdad de los ciudadanos. Así es, la clase trabajadora, no podía actuar libremente
en sus relaciones con el capital, al encontrarse aislada e inerme dado que la
Asamblea Nacional abolió los gremios y cuerpos intermedios, que a fin de cuentas
proporcionaban a la clase trabajadora una cierta posibilidad de acción concertada
que le permitiera hacer frente a las exigencias, con frecuencia desmedidas, del
capitalismo.
Por ello, durante el siglo XIX, la lucha por los derechos fundamentales se orienta
hacia la conquista de los derechos sociales, económicos y culturales, que garanticen
el trabajo, la libertad de sindicación, sufragio universal, derecho a la educación, etc.
Las reivindicaciones del proletariado, con sus concomitantes convulsiones sociales,
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llenan la inquieta historia del siglo XIX, si bien en el aspecto que nos interesa
aquéllas no se materializan en realizaciones concretas hasta entrado ya el siglo XX,
con alguna excepción, como la Constitución francesa de 1,848, que hace ya
referencia a determinados derechos de los trabajadores.
Característica destacada del siglo XIX es la de que se abandona el procedimiento de
formular los derechos fundamentales en solemnes Declaraciones para dar cabida a
los mismos en las Constituciones de los Estados, con lo que ya no son simples
enunciaciones programáticas, sino que quedan incorporados a la norma jurídica
fundamental de cada país. De modo paralelo, desaparece el tono normalmente
enfático de las Declaraciones clásicas, que es sustituido por un estilo más recortado
y técnico, propio del lenguaje jurídico, buscándose de está manera declarar un
repertorio de libertades concretas y de garantías de las mismas.
La reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales, que hemos visto
iniciarse en el siglo XIX, culmina, a partir de la segunda década del siglo XX, en el
reconocimiento efectivo de aquéllos en no pocos países, completándose así, aunque
no de forma definitiva. Los derechos fundamentales, individuales, políticos, y los
llamados de "segunda generación", los ya citados de naturaleza económica, social y
cultural. Las dos Constituciones que antes y más desarrolladamente dan el paso son
la mexicana de 1,917, y la alemana de 1,919.Tras la Segunda Guerra Mundial, y la
caída de los fascismos, el Estado se obliga a hacer efectivos estos derechos en
Constituciones tales como la francesa de 1,958, la italiana de 1,947 y la alemana de
1,949, apareciendo además, dada la brutalidad de las dos guerras mundiales,
proclamaciones de protección de los derechos fundamentales de carácter
supranacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el
Convenio de Roma de 1952, la Carta Social Europea de 1961, etc.
A partir de los años setenta, con la desaparición de algunos regímenes autoritarios
en Europa (Portugal y España), los nuevos textos constitucionales que se crean en
estos países incorporan, como es lógico, los derechos ya mencionados, junto a otros
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nuevos, conocidos como de "tercera generación", tales como la protección del
medioambiente, la protección de los datos informáticos para evitar injerencias en la
intimidad individual, acceso a los medios de comunicación de titularidad pública de
los grupos sociales, etc. También se protegen ciertos sectores de la población que se
encuentran en una situación de desigualdad, como es la infancia, la juventud, la
mujer y la tercera edad, los minusválidos y el respeto a las minorías.
Desde un plano histórico, los derechos fundamentales de naturaleza individual han
sido complementados con otros de carácter social y grupal, lo cual, permite alcanzar
una visión integral o total de estos derechos, algo que es acorde con la idea del
hombre como ser falleciente, pues, no está de más recordar aquí que el hombre ni es
bueno ni malo por naturaleza, ni es sólo individuo o sólo socio, sino un ser
ambivalente con personalidad individual y social por naturaleza.
Durante mucho tiempo para los europeos no existió más que. La grandiosidad
«Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano» dejaba en la penumbra del
dato erudito cualquier posible antecedente. Tuvo que producirse el opúsculo de
Georg Jellinek del año 1895 y la notable polémica que le siguió, para que las cosas
no volvieran a ser igual el centro de atención se había trasladado, por fin a América.
Los derechos, en efecto, son americanos, lo cual no quiere decir que sean menos
europeos, toda vez que, culturalmente, América no era entonces sino una provincia
de Europa, algo más alejada geográficamente. En realidad, los derechos son
sencillamente iusnaturalistas, y las concepciones en aquella polémica enfrentadas,
distintas versiones del iusnaturalismo.
Yendo, sin embargo, a lo nuestro, en el proceso de formación de los derechos
fundamentales, Gerald Stourzh ha distinguido entre un proceso de
fundamentalización, común a la metrópoli inglesa y a sus colonias americanas,
representado por nombres como Blackstone y que no es sino un proceso de
iusnaturalización; y un proceso de constitucionalización, que sólo se vive en América,
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y a partir del cual únicamente se puede hablar de «derechos fundamentales» en
sentido estricto. Permítaseme la larga cita.
Por el mismo se entiende la incorporación de derechos subjetivos en normas
formalmente básicas, las Constituciones o sus precedentes, que se sustraen a la
disponibilidad del legislador ordinario, al encontrarse sometidas a un procedimiento
de reforma agravado o incluso a un mandato de inmutabilidad.
Sólo en virtud de está incorporación, es decir, constitucionalización, devienen los
derechos 'derechos fundamentales' en sentido estricto, es decir, derechos que en el
curso del desarrollo constitucional posterior van a poder ser invocados y alegados en
un procedimiento de control de constitucionalidad.
Podemos afirmar que la comprensión del alcance de las Declaraciones de Derechos
americanas va a requerir la distinción entre lo que en ellas hay de
«fundamentalización» o «iusnaturalización» y lo que en las mismas hay de
«constitucionalización». Ambos elementos son igualmente importantes para nuestra
historia. El otro dato a subrayar ya es el siguiente; las Declaraciones de Derechos
francesas sólo van a compartir con sus hermanas americanas el momento de la
Iusnaturalización, pero no así al menos de forma lograda el de la
constitucionalización.
2.2.1. LA IUSNATURALIZACIÓN
Como es sabido, en la segunda mitad de 1,776, la mayoría de las colonias inglesas
de Norteamérica, coincidiendo con la Declaración de Independencia y comenzando
por la de Virginia, se dotan a sí mismas de unas Declaraciones de Derechos como
partes de sus respectivas Constituciones como Estados libres. Trece años más
tarde, tendría lugar en Europa la primera Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano», a la que seguirían todavía en Francia las de 1,793 y 1,795.
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El primer dato que conviene destacar en estas llamadas Declaraciones de Derechos
es que en ellas hay más de lo que a primera vista se deduce de su enunciado. Las
Declaraciones, en efecto, no son sólo «declaraciones de derechos», sino que las
mismas incluyen el diseño básico de la estructura del Estado. A la vista de ello, la
«Declaración de Derechos» como una Constitución de urgencia.
En efecto, de los dieciséis artículos de los que consta la Declaración de Virginia,
ocho están dedicados al diseño de la estructura política del Estado y sólo los
restantes a los derechos individuales. Algo muy semejante ocurre con la Declaración
francesa.
Este dato, que nunca se ha destacado lo suficiente, pone de manifiesto algo a
entender fundamental: que tanto los derechos del hombre en sociedad como la
estructura política de la sociedad son parte, expresión y consecuencia del pacto
social, de tal modo que ambos elementos de la Declaración se vinculan por igual a
los «derechos naturales». A partir de la Declaración no cabe hacer diferencias
cualitativas entre «parte dogmática» y «parte orgánica», para entendernos. Dicho de
otro modo: los derechos del hombre en sociedad no son más iusnaturales que el
Estado.
Claro que siempre se va a decir, pero es que los derechos, a diferencia de la
estructura política, no nacen del «pacto», no son sino los mismos derechos
naturales, concretamente aquellos que el hombre conserva a pesar de su entrada en
el estado de sociedad y cuya conservación es el objetivo de la estructura política. Ahí
estaría para demostrarlo el propio artículo 1 de la Declaración de Virginia: «Que
todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y poseen
ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad,
no pueden privar o desposeer a su posteridad en virtud de pacto alguno, a saber: el
goce de la vida y de la libertad, junto con los medios de adquirir la propiedad, así
como la búsqueda y logro de la felicidad y la seguridad.»
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Sin embargo, ¿qué ocurre? De nuevo nos encontramos con la utilización anfibológica
de un término. Los derechos formulados como naturales y previos no son los mismos
que los del hombre en sociedad, evidentemente, aquellos que son específicos del
estado social. Tampoco la otra libertad no significa lo mismo antes y después,
seguridad tampoco, propiedad tampoco. En realidad, tan «nuevos» son los derechos
como la estructura política e igual es la vinculación de ambos con el estado de
naturaleza.
Todo esto puede parecer mitología constitucional y, sin embargo, nuestro Tribunal
Constitucional ha tenido recientemente que explicar todo esto a los impugnantes de
la Ley vasca de Territorios Históricos: los derechos sufren una radical
transformación, casi una «transustanciación» como consecuencia del nacimiento de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo Estatuto de Autonomía es el pacto de
los tres territorios históricos.
Y así la Comunidad Autónoma puede ostentar frente al Estado derechos particulares
como el concierto económico en cuanto recibidos de los territorios; la Comunidad
Autónoma pasa, de este modo, a subrogarse en la posición de los territorios frente al
Estado y en la posición del Estado frente a los territorios. La similitud es perfecta,
aunque doblemente compleja.
Y, en fin, alguna enseñanza cabe también extraer de estas consideraciones en
relación con la tan traída y llevada teoría del «doble carácter» o, incluso, «doble
naturaleza» de los derechos fundamentales; una concepción que, si se quiere poner
las cosas en su punto, debiera quedarse más sencillamente en «doble función». Y la
enseñanza no es otra sino la de que este «doble carácter» es igualmente predicable
de la estructura política que de los derechos: del mismo modo se puede decir que la
estructura política incorpora derechos subjetivos de los individuos al propio tiempo
que es elemento fundamental del ordenamiento objetivo, que se suele decir que los
derechos son elemento esencial del ordenamiento a la vez que derechos de los
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individuos. En una palabra, que el mismo «doble carácter» tiene el Parlamento que la
libertad de expresión.
2.2.2. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN
En América la «constitucionalización», es decir, el proceso que convierte a los
derechos en «derechos fundamentales», tiene lugar a partir de los tres fenómenos
siguientes.
El primer lugar, las Declaraciones de Derechos americanas son parte de las
Constituciones. En el verano de 1,776 la mayoría de los nuevos Estados libres
americanos se van a dotar de unos notables documentos de contenido complejo,
llamados «Constituciones», integrados por dos elementos, la llamada «Declaración
de Derechos» y Estructura política, La primera en producirse en estos términos es la
Constitución de Pensilvania, de 16 de agosto de 1,776, promulgada como
«Declaración de Derechos y Estructura Política que serán la Constitución de la
República». En los mismos términos se manifiesta la Constitución de Vermont de 8
de julio de 1,777 y, con expresión más sencilla. La de Massachussets de 25 de
octubre de 1,780: Sancionamos la siguiente:
En segundo lugar, como derecho positivo que es, la Declaración de Derechos, como
el resto de la Constitución, va a quedar a disposición de la potestad constituyente
instituida, es decir, del poder de revisión. Esto es algo que hubiera resultado
impensable en Europa, es decir, la idea de que la Declaración del 89 (o la del 93 o la
del 95) hubiera contenido su propio procedimiento de revisión, o hubiera podido
quedar sometida al procedimiento de revisión de las Constituciones a las que
anteceden sin incorporarse en ellas. No así en América.
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2.2.3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL SALVADOR. La incorporación de los derechos fundamentales al ordenamiento jurídico
salvadoreño, se realizo por medio de las enmiendas constitucionales, tal como
sucedió con La Constitución Norteamericana de 1,787, que mantiene hasta la
actualidad; su adaptación a las distintas épocas por ese mecanismo se introdujo el
tema de los derechos fundamentales. En El Salvador, por lo menos, se han dado
trece constituciones, algunas con los mismos contenidos, es decir se transcribían sus
artículos a otra constitución con simples reformas, la misma filosofía, los mismos
principios e instituciones. Existen dos razones esenciales que justifican las diversas
constituciones que han existido en el País, la primera en 1,821, El Salvador y el resto
de países Centroamericanos, eran colonias Españolas y la colonización no fue
precisamente un medio propicio de culturización; al contrario, el proceso de
marginación social viene desde entonces, España no impulsó la cultura político
constitucional; el acto independentista, en toda América Latina, no se forjó en un
proceso de transición, al grado que las nuevas repúblicas, fueron dirigidas por
minoría locales que no tenían noción clara de cómo y a quienes se aplicaría el nuevo
sistema Repúblicano, de separación de poderes y de absoluto respeto a los
derechos.
El constitucionalismo, se vino conformando en el esquema de Lasalle, en el sentido
de que la constitución real, está conformada por distintos factores reales de poder,
que escriben en “hoja de papel”, las normas que contendrá la constitución formal;
con éstos se conformaron o éstos promovieron los ostentadores del poder en el
período postindependentista y, en caso de El Salvador se estructuró una sociedad
polarizada, monopólica que adoptó el modelo económico agro exportador financiero
que, a su vez, permitió la formación de los grupos oligárquicos locales, algunos
todavía persisten, que promovieron una sociedad regida por una constitución
semántica, es decir, una constitución que disfrazaba los grandes desajustes sociales,
al no reconocer como derechos fundamentales, los derechos de las personas. Este
panorama propiciaría los reacomodos generacionales de grupos o de familias que,
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en su momento, exigirían “el derecho de gobernar”; el resultado de este
comportamiento político generó el irrespeto a la norma fundamental, de parte de los
ostentadores del poder o de quienes han querido ostentarlo y cada vez que ha sido
necesario derribar a quien ocupa el poder, se cambia la constitución, por medio de
golpes de estado.
Liberalismo Político:
La preservación de la libertad humana frente al Estado, y el peligro que significaría
que no se ejerciera un control sobre las libertades individuales, es decir, la que
correspondería a cada ser humano, si la libertad fuera ilimitada, o sea, la necesidad
del Estado, como forma de sociedad resultante del pacto social, las limitaciones que
éste pone para asegurar la convivencia social y la necesidad de que tal control no
sea en forma despótica, sino que debe darse en un ámbito de libertad, es una tarea
que corresponde a está idea de liberalismo, que ha dado en llamarse liberalismo
político, que se matiza de una serie de manifestaciones.
En el campo político, el liberalismo es una reacción en contra del absolutismo,
especialmente el absolutismo monárquico. Tres grandes movimientos políticos han
sido necesarios en Europa, para llegar a la idea común de que toda forma de poder
debe ser ejercida en el marco de la ley, en el respeto a los derechos de las personas,
para ser considerados como “ derechos fundamentales” en el marco de la división
de poderes.
La libertad consiste en ordenar y disponer al antojo de uno de su persona, sus
acciones, su patrimonio y cuanto le pertenece, dentro de los límites de las leyes bajo
las que el individuo está y, por lo tanto, no en permanecer sujeto a la voluntad
arbitraria de otro, sino libre para seguir la propia voluntad, respetando los derechos
de los demás, es decir que sus derechos llegan hasta donde inicia el derecho del
otro.
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El liberalismo económico
La libertad se ha definido también como la ausencia de coerción, esto es, de aquella
situación en que las personas no dependen de la voluntad arbitraria de otro. Está
idea encuentra el campo más abonado en el mercado. Las distintas épocas de
liberalismo, con mayor o menor énfasis, han destacado que, en materia económica,
rige el principio de una libertad casi en forma irrestricta; ahí la libertad encuentra el
mayor despliegue de sus intereses den las reglas del mercado. “Sólo el mercado
permite un pleno ejercicio de la libertad, ya que en él cada cual puede organizar su
propia vida sin más interferencias que las impuestas por las reglas generales, que no
persiguen ningún fin concreto, salvo permitir el despliegue de los distintos intereses.
El Estado no debe entrometerse en el libre juego del mercado; es la condición más
natural, una sociedad civil basada en contratos privados; sólo acepta el Estado que
vigila la libertad no fuera alterada. El principio de “laissez faire”, ha sido la regla de
oro. Una libertad de hacer, producir; la libertad de traficar, comerciar, transportar; los
intereses de los trabajadores se regularon por está idea, por la autonomía de la
voluntad y el trabajo mercancía.
El liberalismo constitucional
Está forma de concebir el liberalismo está vinculada al Estado de derecho y
especialmente al estado constitucional, social y democrático. Al principio del proceso
liberal, especialmente el inglés, durante la denominada revolución gloriosa, teniendo
como instrumentos normativos desde la Carta Magna hasta el se afirman algunas
ideas, especialmente se reconocen la libertad del hombre frente al Estado, el respeto
a los derechos naturales, la idea del pacto social, el principio de legalidad, la división
de poderes; etc. Posteriormente, con la Revolución Francesa y la Independencia de
los Estados Unidos y sus correspondientes proclamas de respeto a las libertades, se
abre el camino para especificar y consagrar tales derechos en las normas superiores
del Estado, es decir, en la Constitución y considerarlos no como derechos de la
persona, sino como derechos fundamentales de la persona.
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Se ha considerado que tres grandes acontecimientos han sido necesarios para
establecer en el mundo, un nuevo orden, en el que la libertad humana y los derechos
fundamentales que de ella se derivan, sean el marco referencial para construcción
del derecho constitucional contemporáneo. Los comentaristas en materia de derecho
fundamentales fijan el surgimiento de ese giro de la sociedad humana, en tres
eventos. La serie de hechos que ocurren en Inglaterra en el siglo XVII; la revolución
francesa y la independencia de los Estados Unidos.
Cada uno de esos acontecimientos, han sido los propulsores que han dado el mayor
aporte para disponer ahora en nuestro ordenamiento jurídico salvadoreño los
derechos fundamentales que en la actualidad reconoce la carta magna y
desarrollados por leyes secundarias, a través de los cuales la persona humana
puede limitar algunas actuaciones realizadas por el estado, vale aclarar que los
derechos fundamentales aparecieron en el ordenamiento jurídico salvadoreño como
derechos propios de la persona, pero que no eran reconocidos por la ley como
derechos fundamentales; pero atendiendo a los cambios determinantes que has
sufrido la sociedad; los que han obligado al estado a reconocerlos o darles ese
carácter de derechos fundamentales, no debe ignorarse que los procesos de
transculturización, se han dado desde siempre y la influencia de la cultura ha influido
grandemente en obligar al Estado a reconocer los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, atendiendo a su
naturaleza jurídica, son considerados: universales, intransferibles, irrenunciables; al
referirnos que son universales, quiere decir que le pertenecen a la persona en tiempo
y espacio; intransferibles porque ninguna persona puede transferirlos a otro sujeto;
por ultimo son irrenunciables, supone que ninguna persona puede renunciar a ellos,
y si lo hiciere, se considerara como acto no valido.
Al haber profundizado un poco en la historia de los derechos fundamentales en El
Salvador. Y en sus elementos es útil la formulación de un concepto preliminar de los
derechos fundamentales.
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Los derechos fundamentales en primer lugar son derechos, tienen un sujeto de
pretensiones: el ciudadano y un sujeto de deberes: el estado; los distintos
pensadores en está materia, están de acuerdo en que hay un denominador común
en todos esos derechos: la dignidad humana, como condición necesaria para
construir una teoría aceptable por todos. El estado de El Salvador, no es que
considere a los derechos fundamentales como anteriores o superiores al mismo,
como lo sostiene la teoría del derecho natural, sino que el hombre tiene esos
derechos, y el estado lo reconoce y los protege, pero además tiene la facultad de
limitarlos conforme a la ley, respetando el principio de legalidad. Poseen un
reconocimiento constitucional en cada estado y un reconocimiento universal por
todos los estados que conforman las naciones unidas. A partir de estos elementos,
se puede intentar un concepto de derechos fundamentales, el cual puede ser: son
derechos fundamentales, aquellos derechos que corresponden, en razón de su
dignidad como tal y que son protegida por el Estado y reconocida
internacionalmente.
Los derechos fundamentales en la actualidad.
En la actualidad, se reconocen tres categorías de Derechos Fundamentales,
denominados primera, segunda y tercera generaciones, y no muy definidamente se
está analizando una cuarta generación de derechos fundamentales. Estas categorías
están íntimamente vinculadas a la evolución de los estados constitucionales y a la
evolución del Derecho internacional, especialmente al de los Derechos Humanos. Es
sobradamente conocido que el estado constitucional se caracteriza por el
establecimiento de la separación de poderes y la garantía de los derechos. En un
primer momento del desarrollo de está forma de estado, que se conoce como el
Estado Burgués de Derecho o Estado Liberal de Derecho, se reconocen un primer
grupo de derechos, derivados de la libertad y que precisamente asumen ese nombre
derechos de libertad, porque tienen como reconocimiento las distintas esferas de
libertad del hombre y que son generadoras de los derechos fundamentales, que
siendo anteriores al Estado, son reconocidos por éste. No está demás recordar que
la actitud del Estado frente a este primer grupo de derechos, es un deber de
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abstención, es decir, la no interferencia para el pleno goce de los derechos que, por
estar referidos al hombre en su dimensión individual, se han denominado derechos
individuales fundamentales, ahora llamados de la primera generación.
El proceso evolutivo del Estado Burgués de Derecho, fue dejando algunas
deficiencias especialmente en el campo social y llegó a identificarse, como una
muestra de lo que hace la explotación del hombre por el hombre; fue necesario que
nuevos hechos históricos se dieran para corregir estas imperfecciones,
acontecimientos que con anterioridad se han enunciado; y sin menoscabo de
aquellos derechos de libertad, los poderes constituidos ya sea por las presiones de
sus pueblos, por la influencia de la Doctrina Social de la Iglesia, los movimientos
obreros, el manifiesto comunista, etc., asumen una nueva posición en cuanto a los
derechos fundamentales, creando las instituciones jurídicas, políticas y sociales para
prestar mejores oportunidades y condiciones de vida dignas para los seres humanos,
es decir, se pone la economía al servicio del hombre, apareciendo los derechos
económicos y sociales, denominados de la segunda generación.
Después de la Segunda Guerra Mundial y, mediante el compromiso asumido en la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universidad, los Pactos, los Estatutos
regionales de derechos humanos, se proclaman los derechos de solidaridad o de la
tercera generación, como son el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el
derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a la participación en la herencia
común de la humanidad. A esto se agregan las cláusulas del desarrollo, por el que la
enumeración de los derechos de los trabajadores no es negación de otros que se
deriven de los principios de justicia social.
De igual manera, la Declaración Americana de Derechos Humanos y algunas
constituciones recientes, en este mismo sentido, establecen reglas para asegurar los
derechos de las generaciones venideras, (derechos de cuarta generación) pues una
teoría de derechos humanos que sólo tome en cuenta las generaciones actuales,
sería tan egocéntrica como fragmentaria. Así como los derechos culturales, el acceso
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a las ciencias, a las artes, a las religiones como piezas fundamentales de la vida
cultural.
No obstante, toda la sistematización de los derechos fundamentales que ahora
conocemos en ordemaniento jurídico salvadoreño, es el resultado de un proceso
evolutivo que, al menos en su expresión moderna, se inicia en Inglaterra con la
Petición of Rights (1,628) el Acta de Hábeas Curpus (1,679) y el Hill of Rights
(1,689); en Norte América, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
(1,776); en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26
de agosto de 1,789).
En definitiva, son cuatro etapas las que se reconocen en el proceso evolutivo de los
derechos humanos fundamentales, desde sus orígenes hasta nuestros días,
reconocidos en la constitución salvadoreña.
Los derechos humanos que podríamos identificar como la prehistoria de los derechos
humanos, desde los señalamientos de Hobbes, no obstante su teoría absolutista,
pasando por Locke, Montesquieu, Rousseau y otros. Los derechos fundamentales el
constitucionalismo liberal, llamados de la primera generación frente a los cuales, el
Estado tiene un deber de abstención, se integran básicamente con los derechos
civiles y políticos. Los derechos económicos y sociales, o de la segunda generación,
denominados programáticos porque constituyen un programa que la Constitución
diseña para que el legislador los desarrolle en la legislación secundaria, responden al
modelo social demócrata del siglo XIX, hasta mediamos del siglo XX; algunos
autores le niegan la categoría de derechos por no ser exigibles jurídicamente. Sin
embargo, deben acatarse estas posiciones en el sentido de que un derecho no lo es
solamente porque sea reconocida por el sistema jurídico, sino porque la evolución
cultural de una sociedad así lo proclama y lo exige, el Concepto de Derechos
Fundamentales.
Por último, es necesario mencionar los llamados derechos difusos porque
corresponden a la sociedad como conjunto, incluyendo los llamados derechos de la
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tercera generación y a los de cuarta generación que hasta la actualidad no se
encuentran delimitados expresamente.
2.2.4. ORGANISMOS QUE PROTEGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL SALVADOR.
De especial importancia debe considerarse la galanía de cumplimiento de los
derechos fundamentales en El Salvador; cada vez son más y mejores los
mecanismos, las instituciones y los ciudadanos crean o luchan por crear, para la
defensa de los derechos, tomando en cuenta que los gobiernos de los estados, no
abandonan en términos absolutos aquella tendencia denunciada por Montesquieu,
de que toda persona o sujeto de poder tiende a buscar de él y que es necesario que,
en caso de que ocurra, tener a disposición los mecanismos de defensa
constitucional.
Las diferentes declaraciones de derechos, vigentes hoy en día, ya sean regionales o
universales, contienen los tribunales y las normas de procedimiento para que los
ciudadanos o las organizaciones puedan acudir a ellos, en caso de violación a los
derechos fundamentales para que los ciudadanos puedan requerirlos y defenderse
de los abusos del poder público o de particulares que, encontrándose en situación de
dominio, puedan afectar el ejerció de los derechos.
De igual manera, las constituciones de cada país tienen sus propias normas para
que eventualmente puedan reaccionar ante las violaciones de los derechos
fundamentales y para ello, se han establecido por la doctrina universal, los principios
que animan o que inspiran esas políticas de restauración de los derechos
vulnerados. El amparo constitucional ha sido una vía para reclamar al poder público,
la violación de los derechos fundamentales, acción que está a disposición de los
ciudadanos ante un tribunal especial, que en el momento actual radica en tribunales
como las salas de lo constitucional, cortes constitucionales o tribunales
constitucionales.
- 50 -
Cuando los procedimientos y los tribunales respectivos conocen exclusivamente de
estas violaciones, se dice que siguen la doctrina del control concentrado; cuando el
control está difuminado en todos los tribunales de un país y éstos en capacidad de
velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales, estamos en presencia del
control difuso. Es difícil que los estados tengan exclusivamente uno de estos dos
sistemas, sino que más bien se da una combinación de ambos y entonces se dice
que hay un sistema mixto. Algunos de los organismos que podemos mencionar son
los siguientes.
a) Mecanismos Legislativos.
En los tiempos actuales, el legislador además de la función normativa que le
corresponde, realiza otras funciones de carácter político y las constituciones así lo
reconocen, en defensa de los ciudadanos, especialmente de las acciones u
omisiones del poder público y de los grupos de presión, que puedan atentar
contra los derechos de las personas, especialmente de aquellos que por su
especial condición de pobreza, marginalidad, grupos étnicos, minorías religiosas,
etc. puedan resultar más vulnerables.
De acuerdo a la Constitución de El Salvador, corresponde a la Asamblea
Legislativa erigir jurisdicción y establecer cargos, a propuesta de la Corte
Suprema de Justicia, para que los tribunales respectivos conozcan de toda clase
de causas civiles, criminales, laborales, etc. Está atribución legislativa servirá
para que los ciudadanos tengan las instituciones necesarias para la defensa que
sus intereses en un clima de paz. No hace referencia expresa de la jurisdicción
constitucional, pero hay otras disposiciones que le atribuyen al legislador está
facultad. Art. 131, No 31.
También puede la Asamblea Legislativa nombrar comisiones especiales para
conocer de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o
recomendaciones que estime necesarios, de acuerdo al informe de esas
comisiones., Art. 131 No 32. Esta facultad transforma a la Asamblea en una
- 51 -
verdadera caja de resonancia de las demandas ciudadanas, y si bien es cierto se
maneja con criterios políticos, se tiene un mecanismo que, por intereses también
políticos, pone en juego toda su creatividad para resolver los problemas de las
personas, especialmente aquellas en las que se advierten tratamientos
inequitativos. No cabe duda de que es también un mecanismo de protección de
los derechos fundamentales. A veces, no son ajenos a la crítica, especialmente
en un país como el nuestro, donde los intereses políticos se manejan con visión
electorera, que tiende a favorecer más estos intereses que el de las personas que
han acudido a demanda de ayuda.
El Art. 131 No 37, atribuye a la Asamblea la facultad de recomendar a la
Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado, o a los
organismos correspondientes, la de los funcionarios de instituciones oficiales
autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación
de sus comisiones especiales. La resolución será vinculante, cuando se refiere a
los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado, por causa de graves
violaciones a los derechos humanos, en este orden, también puede la Asamblea
interpelar a los ministros o a los encargados de despacho o presidentes de
instituciones oficiales autónomas.
b) Mecanismos Institucionales.
La Policía Nacional Civil. De conformidad a los Acuerdos de Paz, del 16 de enero
de 1992, la seguridad pública se encomendará a un nuevo organismo llamado
Policía Nacional, “cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros,
nuevos mecanismos de formación y adiestramiento, nueva doctrina”. Con esto se
buscaba el rompimiento con la estructura anterior de carácter militar, cuerpo
represivo, violador de los derechos humanos, que ni por asomo conocía la
función de seguridad pública. La nueva estructura estaba pensada para esto, la
seguridad pública, en el marco del respeto a los derechos humanos. La reforma
constitucional de 1991, estableció está institución, en la Constitución del Estado y
- 52 -
desde ahí, se fijan sus objetivos, fines y compromisos con la sociedad
salvadoreña.
Es indudable que, con el transcurso de los años en funcionamiento, algunas
cosas buenas se han logrado, pero los gobiernos van marcando el signo del
autoritarismo, más la tradición autoritaria, que hemos heredado, da lugar a que
está corporación se mueva entre dos polos: El marco de la Constitución y la ley,
una débil cultura que no ha permeado ni siquiera entre su máxima dirigencia y el
autoritarismo y las tendencias a la politización, que tienen más aceptación en las
estructuras cuasi castrenses que todavía permanecen.
c) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En igual forma que la PNC, la Procuraduría para la defensa de los Derechos
Humanos, aparece en la reforma constitucional de 1991 y además, es uno de los
componentes de los Acuerdos de Paz. Después de 12 años, no se puede ver
todavía su eficacia y sobre todo, qué tanto ha hecho este organismo para
combinar las acciones puntuales, concretas o coyunturales, con una labor de
mayor trascendencia, en el marco de una promoción adecuada de los derechos
en la sociedad, que le permitiera procesos más formativos, aunque de largo
plazo.
La Procuraduría, ha tenido sus alzas y bajas, también ha estádo en los vaivenes
que la dinámica del poder general en la sociedad, procurando que los
protagonismos de calle y mediáticos, vayan cediendo a actitudes más maduras,
de ganar respeto y confianza de la población. Merece destacarse, sin embargo,
que el proceso aún no deja estos márgenes para acciones más jurídicas; sería
bueno entrar en un proceso de evaluación y respaldar esta instancia, que no tiene
porqué verse como un adversario más del gobierno, especialmente si estos
presumen de democráticos y defensores de los derechos fundamentales en
nuestro ordenamiento jurídico.
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CAPITULO III MARCO DOCTRINARIO.
En el presente capitulo se desarrollara todo lo relacionado a los Actos de
Investigación, conforme a las posturas doctrinarias que los autores han realizado
sobre los diferentes actos de investigación, y además la doctrina existente sobre los
Derechos Fundamentales, y los organismos facultados por la ley para limitar estos
actos, y su forma de limitación.
3.1. ACTOS DE INVESTIGACIÓN.
3.1.1. CONCEPTOS. Conjunto de actuaciones realizadas por el Ministerio Publico encaminadas u
orientadas a averiguar o investigar la comisión de un delito, con todas las
circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los
delincuentes1.
Conjunto de actos que son realizados por el ministerio publico durante la fase
preprocesal, con carácter preventivo con el fin de esclarecer la comisión de un
delito2.
Actividad realizada por el ministerio publico que se inician como consecuencia
de una denuncia o de las propias investigaciones realizadas por la policía,
ante la sospecha de la comisión de un delito de instancia publica.3
Son actos instructorios o diligencias de investigación por medio de los cuales
se aportan los hechos a la fase de instrucción, regidos por el principio de
investigación y practicados por el ministerio público y por sus colaboradores,
encaminados a indagar en la comisión de un hecho punible y determinar su
autor4.
1 Consejo Nacional de la Judicatura. Código Procesal Penal Comentado. tomo uno. 2005. 2 Martínez Ventura, Jaime. La Policía en el Estado de Derecho Latinoamericano, Estudio Sobre el Salvador.2002. 3 Martínez Ventura, Jaime. La Policía en el Estado de Derecho Latinoamericano, Estudio Sobre el Salvador.2002 4 Asencio Mellado, Jose Maria. Derecho Procesal Penal. Edita Tirant Lo Blanch. Valencia España, 1998.
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Conjunto de actos de naturaleza judicial, propios de la policía y del Ministerio
Publico, con la finalidad de proporcionar los indicios y pruebas necesarias
para efectuar el requerimiento fiscal y acusación5.
3.1.2. CLASES DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN.
José Maria Asencio Mellado, en su libro Derecho Procesal Penal, sostienen que los
actos de investigación están constituidos por todas las actuaciones encaminadas a
averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias
que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes.
Establece que los actos iniciales de investigación, como su nombre lo dice, son
aquellos que se realizan en la fase inicial del proceso penal con un carácter
preventivo, con el fin de indagar en todos los indicios que conlleven a la investigación
del delito.
Los actos de investigación limitan su eficacia a la fase de instrucción, por tanto,
carecen de trascendencia, en línea de principios para producir consecuencias en el
juicio oral, en la cual la comprobación del delito y de su autor se lleva acabo
mediante autos de prueba recolectados en la investigación.
En nuestro sistema jurídico procesal existe una gran variedad de actos de
investigación, que corresponden a la fase preprocesal en la cual el ministerio publico
fiscal, haciendo uso de sus atribuciones que la constitución le faculta a partir del
artículo 193, da inicio en coordinación con la policía a la fase de investigación del
hecho denunciado; estos actos son los siguientes:
5 Consejo Nacional de la Judicatura. Código Procesal Penal Comentado. tomo uno. 2005.
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3.1.2.1 ACTOS URGENTES.
Conforme a los artículos 234, 239 y 244 del Código Procesal Penal, cuando la
denuncia o querella por delitos de acción publica sea presentada ante la policía, ésta
procederá a la investigación en forma inmediata, con el fin de impedir que los hechos
produzcan consecuencias ulteriores, identificar y aprehender a los autores o
participes, recoger las pruebas y demás antecedentes necesarios para fundar la
acusación o el requerimiento, informando la recepción de la denuncia a la fiscaliza y
al Juez de paz dentro de un plazo máximo de ocho horas; los policías cumplirán sus
funciones de investigación bajo el control de los fiscales, quienes podrán requerir en
cualquier momento las actuaciones policiales o fijarles un plazo para su conclusión6. Dentro de las atribuciones y obligaciones de los oficiales y agentes de la policía
establece una serie de facultades vinculadas o asimiladas a los actos urgentes de
investigación, entre ellas están:
a) Cuidar que los rastros del delito sean conservados, así como la escena del
crimen, hasta que llegue al lugar un agente investigador encargado de la
inspección;
6 Martínez Ventura, Jaime. La Policía en el Estado de Derecho Latinoamericano, Estudio Sobre el Salvador.2002
ACTOS DE INVESTIGACION
ACTOS URGENTES ACTOS DE PREVENCIÓN
ACTOS AUTÓNOMOS
ACTOS INFRAGANTI
ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL
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b) Hacer constar el estado de las persona, cosa y lugares mediante inspección,
planos, fotografías, exámenes y demás operaciones técnicas;
c) Ordenar, si es indispensable y por el tiempo mínimo necesario, el cierre del
local en que se presuma que se ha cometido un delito complejo;
d) Ordenar las medidas necesarias para que los testigos presentes no se alejen
ni se comuniquen entre si;
e) Interrogar a los testigos resumiendo la entrevista en un acta;
f) Identificar al imputado y la forma de localizarlo.
Además de la inspección del lugar del hecho, regulado en los artículos 163, 164 y
165 del Código Procesal Penal, en el caso de muerte violenta, la policía debe realizar
la inspección corporal preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo
y de la naturaleza de las lesiones o heridas que presente el cadáver, de forma
inmediata.7
3.1.2.2. ACTOS DE PREVENCIÓN.
Son un conjunto de actos propios de la policía que pueden realizarlos sin necesidad
de autorización judicial conforme a los artículos 178 y 178-A del Código Procesal
Penal, de los cuales podemos mencionar:
a) Requisa de personas;
b) Registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados
Al referirse a estos literales, estos deberán estar fundamentados en motivos
suficientes para presumir que se ocultan objetos relacionados con el delito
levantando acta de lo acontecido. También, en casos urgentes puede ordenar el
secuestro de los objetos vinculados al delito, los sujetos a comiso y aquellos que
7 Consejo Nacional de la Judicatura. Código Procesal Penal Comentado. tomo uno. 2005.
- 57 -
pueden servir como medios de prueba, sujeto a ratificación del Juez en el termino de
cuarenta y ocho oras (artículo 180 CPP)8.
3.1.2.3. ACTOS AUTÓNOMOS.
Son actos realizados por agentes policiales, que no necesitan autorización judicial
por la complejidad de los casos o pesquisas realizadas por unidades especializadas
de la policía, de los cuales podemos mencionar a la incautación y a la Detención de
sospechosos.
Reconocidos a los agentes policiales en la Ley Represiva del Contrabando de
Mercadería y de la Defraudación de la Renta de Aduanas; igualmente en la Ley
Reguladora de Actividades Relativas a las Drogar, otorga a los agentes de la
División Antinarcotrafico las facultades de practicar registros y retención de
vehículos, registros de lugares aun sin orden judicial, por el hecho de tener
conocimiento que se realizan actividades ilícitas relacionadas con las drogas,
registro, pesquisa o detención de personas sospechosas, decomisar sustancias
sospechosas y someterlas a análisis de laboratorio e incautar bienes muebles o
clausura de inmuebles y ponerlos a la orden del Juez competente dentro del plazo de
cinco días.
3.1.2.4. ACTOS DE INVESTIGACIÓN IN FRAGANTI.
Se entiende por acto in fraganti, cuando la policía se cerciora de que se esta
cometiendo un delito ante testigos, es decir públicamente, e implica percepción
personal directa del delito. La flagrancia debe de sentirse, observarse, nunca se
presiente o se sospecha sino que, siempre debe de ser presencial, por lo que
aparece vinculada a ala prueba directa y no a la indirecta. La percepción del delito in
fraganti puede consistir, en cualquier medio sensorial, aunque el mas común será la
vista y se requiere que sean los propios policías quienes personalmente perciban
8 Martínez Ventura, Jaime. La Policía en el Estado de Derecho Latinoamericano, Estudio Sobre el Salvador.2002
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que el delito se esta cometiendo o se acaba de cometer. No tomando en cuenta los
indicios, las sospechas o el testimonio de un tercero, pues estos degenerarían la
naturaleza de la flagrancia del delito.
En los casos de delitos flagrantes, la policía puede proceder al allanamiento sin
orden judicial, según lo prescrito por el artículo 177 del Código Procesal Penal, que
tiene una amplitud mayor a la que tradicionalmente se concede este tipo de actos, ya
que dicho allanamiento se puede realizar “Cuando se tenga conocimiento que dentro
de una casa o local se esta cometiendo un delito (…), circunstancia difícil de probar
porque no se determina de que modo se tiene ese conocimiento, lo cual es muy
diferente a los casos en los que el interior de un local o domicilio se escuchan voces
que anuncian que se esta cometiendo un delito, cuando se pide auxilio por grave
riesgo de las personas, o en persecución actual de un delincuente.
Así mismo, conforme al artículo 178 del código procesal penal, la policía debe
proceder a la detención de las personas que sean sorprendidas en flagrante delito, lo
que también puede ser realizado por cualquier persona, con la obligación de
entregarla a la Policía Nacional Civil.
3.1.2.5. ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION JUDICIAL.
Son el conjunto de actos que para su realización necesitan obligatoriamente una
autorización judicial para que la policía y el ministerio público puedan actuar, y este
acto no sea sujeto de nulidades.
Los actos de investigación, urgentes o no urgentes, que requieren de autorización
judicial son:
a) La inspección y pericias corporales (artículo 167 CPP)
Las intervenciones corporales son actos de investigación delictiva de carácter
definitivo e irreproducible que recae sobre el cuerpo de una persona y tienen por
finalidad inmediata la búsqueda de elementos necesarios para la averiguación y
prueba de un hecho delictivo.
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La inspección corporal admite una gran intensidad y un amplio uso del cuerpo
humano como objeto de prueba pericial: fluidos corporales (sangre, saliva, orina,
semen...). Si en el curso de una investigación el fiscal estima necesario realizar una
inspección en el cuerpo del imputado, someterlo a la extracción de sangre o fluidos
corporales, ponerse o quitarse ropa y otros medios de prueba útiles para la
investigación, solicitara autorización Juez para realizarla mediante el mecanismo
previsto para los actos definitivos o irreproducibles; si el Juez considera que el acto
es procedente lo realizara aun sin el consentimiento del imputado.
b) La reconstrucción del hecho (artículo 170 CPP) ;
La reconstrucción del hecho como acto de investigación podrá llevarse a cabo por la
Policía o la Fiscalia General de la República, sin la presencia del Juez ni de la
defensa, aunque carecerá de valor probatorio alguno. Tampoco lo tendrá si la lleva a
cabo el Juez de Paz o de Instrucción en idénticas condiciones. No se obligara al
imputado a intervenir en la reconstrucción y que esta se practicara con la mayor
reserva posible.
c) El registro de lugares públicos o privados (artículo 173 CPP);
La entrada es el ingreso a cualquier lugar público o privado y, cuando este ingreso o
entrada se hace utilizando la fuerza, ya sea con orden judicial o en el caso de
flagrante delito, se le denomina Allanamiento. El registro es el examen de un lugar o
la búsqueda en el, de los objetos útiles para probar la comisión del delito que se
investiga; también sirve para buscar la persona contra quien se ha girado una orden
de detención.
Estos actos de investigación destacan su importancia en la práctica por los registros
en lugares públicos y privados, de vehículos, muebles y compartimientos cerrados,
en cuya ejecución no es necesaria la presencia del Juez o Fiscal, y puede ser
solicitado por el Fiscal o la Policía de forma autónoma, obligando al Juez a resolver
en un plazo no mayor de dos horas, y la falta de resolución judicial en el plazo
indicado, hará incurrir al Juez en responsabilidad penal y la Fiscalia General de la
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República de oficio informara a la entidad de la Corte Suprema de Justicia encargada
de investigar la conducta de los Jueces.
d) Reconocimiento de objetos (artículo 216 CPP)
La Policía Nacional Civil esta obligada a reunir, asegurar y describir los elementos de
convicción que el hecho delictivo hubiera dejado, a cuyo efecto realizaran, bajo las
ordenes de los Fiscales, la inspección del lugar del hecho, el destino inmediato de los
elementos de convicción, cuando su naturaleza lo permita, es el de ser secuestrado
por orden del Juez pudiendo en caso urgente dictar la orden de secuestro a la Policía
o la Fiscalia General de la República, con preceptiva ratificación Judicial en el plazo
de cuarenta y ocho horas. Posteriormente, los objetos secuestrados podrán servir
para la realización de prueba de reconocimiento de objetos, y para efectuar sobre los
mismos determinadas pruebas periciales; los objetos sujetos a reconocimiento
pueden ser:
Cuerpo del Delito;
Instrumentos del Delito
Piezas de convicción (cintas, grabaciones etc.)
e) Los careos (artículo 218-220 CPP)
Se entiende por Careo “El Acto Procesal consistente en la confrontación de las
declaraciones de dos o mas imputados o testigos, ya interrogados con anterioridad,
encaminados a obtener el consentimiento del titular del Órgano Jurisdiccional sobre
la verdad de algún hecho en el que sus declaraciones como imputados o testigos
estuvieran discordes”
El Careo realizado durante la instrucción, tiene efectos de prueba preconstituida
cuando no sea posible su reproducción en el plenario por incomparecencia de los
Careados. Cuando estos comparezcan, el principio básico que rige la actividad
probatoria, obligara a la reproducción del Careo ante el Tribunal Sentenciador.
Haciendo referencia al Tribunal Supremo de España, en la Sentencia de el
diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, expresa que “El Careo
es un Acto Procesal consistente el la confrontación de las declaraciones prestadas
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por testigos o Procesados entre si, o de aquellos con estos, dirigidos al
esclarecimientos de la verdad de algún hecho o de alguna circunstancia que por su
puesto tenga interés para el proceso y sobre cuyo particular las manifestaciones ya
prestada fueron disconformes”
f) Anticipos de prueba (artículo 270 CPP)
El carácter excepcional de la prueba anticipada obliga a una interpretación restrictiva
del requisita de la ireproducibilidad, aunque la apreciación del mismo a de hacerse
de manera definitiva en el Juicio oral, donde, a petición de cualquiera de las partes,
debe acordarse la repetición de la prueba anticipada, si fuese reproducible en ese
momento; la expresión irreproducible evoca, siguiendo a Asencio Mellado, supuesto
de muerte o incapacidad física o intelectual de un testigo o de un perito. El citado
Autor se refiere, incluso, a lo que denomina ireproducibilidad veraz, que tendría su
aplicación mas típica en las declaraciones testifícales y periciales durante la
inspección.
3.1.3. SUJETOS FACULTADOS PARA REALIZAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN.
Para poder comprender cuales son los sujetos facultados en la actualidad,
encargados de llevar la dirección de la investigación y por ende realizar la Función
Investigadora, es necesario hacer referencia al sistema penal anterior, (inquisitorio)
se tratara de explicar de forma breve, quien era el facultado para realizar la
investigación; y para juzgar.
Como primer punto se consideraba que el ente investigador, era un ente policial, se
caracterizo en que era el Juez el que realizaba la ubicación, recepción y valoración
de la prueba, y era totalmente autónomo ya que el era el que desidia la culpabilidad o
inocencia del imputado, a pesar que su resolución de la causa se encuentra viciada
por tener conocimiento previo de la prueba.
- 62 -
En la actualidad al referirnos al sistema penal aplicable en el país, tal como a sido
mencionado y explicado con anterioridad, nos encontramos con un sistema
acusatorio moderado, en donde las funciones han sido delimitadas, estableciendo en
la ley cuales le competen a los diferentes entes facultados para la investigación, y
quien es el encargado de juzgar. Iniciando este sistema, con la incorporación del
nuevo código Penal y Procesal Penal a partir del año de 1996, como resultado de la
reforma constitucional que dio inicio en 1991, se reformo el ordinal tercero del
artículo 193 cn. El cual quedo redactado de manera tal, que se le otorgo a la Fiscalia
General de la República, la dirección de la investigación del delito.
Con este cambio de normativa penal, se tenía la garantía que los jueces ya no sean
afectados por el “prejuicio”. Que el Juez sentenciador no fuese al mismo tiempo
investigador y que se viese contaminado con las diligencias iniciales de la
investigación o de las propias de la instrucción, al momento de adecuar los
supuestos hipotéticos de la norma del caso concreto.
Pero el ordinal tercero del artículo. 193 cn. Fue aun un poco mas allá, de manera tal
que esclareció que la labor de investigativa de la fiscalia, seria llevada a cabo con la
coordinación y colaboración de la Policía Nacional Civil, en la forma que determine la
ley.
Ya en una forma que se había practicado al ordinal tercero del artículo. 3 de la ley
Orgánica del Ministerio Publico, se había utilizado el termino “dirección funcional”.
Dicha expresión había sido utilizada por autores como el doctor Alberto Martín
Binder, en su artículo, “funciones y disfunciones del Ministerio Publico”, y dicha
dirección funcional se encuadra explicada tácitamente en la redacción del inciso
primero del artículo, 240 CPP.
COORDINACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.
Los oficiales, agentes y auxiliares de la Policía, cumplirán sus funciones en la
investigación de los hechos punibles bajo el control de los fiscales y ejecutaran las
ordenes de estos y de los jueces. Es así, como queda claro que la fiscalia lleva
acabo la parte legal en la investigación y la Policía, la técnica. Es evidente que la
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Fiscalia posee la idoneidad para determinar cuales son los objetivos ulteriores de una
investigación y que, desde esa perspectiva, la Policía habrá de ejecutar las ordenes
dictadas por los delegados de la Fiscalia General de la República, o sea, que las
labores preventivas o represivas propias de la actividad policial; como la colaboración
en el procedimiento de investigación del delito, deberán ser verificados en función de
facilitar la labor investigativa de la Policía.
PROCEDER DE LA POLICÍA EN LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN.
Para dar respuesta a esta interrogante, es necesario destacar algunos aspectos: en
primer lugar, el espíritu de la nueva normativa penal y procesal penal obedece al
garantismo. Se están asentando las bases para consolidar un Estado constitucional
de derecho, en el que la norma constitucional tenga prevalencía sobre la norma
secundaria. O sea, que los códigos desarrollen los preceptos y principios
constitucionales. En segundo lugar y como consecuencia inmediata del anterior, el
impacto deja de ser un mero objeto del proceso y se convierte en un sujeto y como
tal, es merecedor del respeto a sus libertades y derechos, conforme a la presunción
básica de inocencia de que regula el Art. 4 CPP.
En ese orden de ideas, hay que diferenciar el proceso en el que hay Imputado
presente, de aquel en que es ausente. En ambos casos, tal y como lo plantean los
Arts. 244 y 234, ambos CPP., al recibir noticia de la comisión de un hecho punible, la
Policía tiene que llevar a cabo las diligencias necesarias de investigación, pero debe
informar en un plazo máximo de ocho horas, a la Fiscalía y al Juez de Paz
correspondiente.
Cuando el imputado ha sido detenido, esas ocho horas deben ser incluidas dentro de
los setenta y dos horas del plazo de la detención administrativa. Aunque el CPP. No
indica expresamente a partir del cuando se computan estas 72 horas (si de la
captura o de la recepción del informe), lo regulado en el Art. 235 Inc. 2º CPP, no deja
duda respecto a que debe hacerse desde el momento de la captura, pues dispone
claramente que el imputado detenido “será puesto a disposición del Juez lo antes
- 64 -
posible, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas”. Obviamente, la opción
interpretativa propuesta es la única conforme con este mandato de presentación
inmediata del Imputado detenido ante el Juez competente.
Si la Policía recibe una denuncia o querella, deben ser tomadas como notitia criminis.
Y así, se acciona el mecanismo que pone en marcha al aparato investigativo oficial o
estatal, dando efectividad al acto inicial de investigación que la doctrina denomina “El
conocimiento oficioso de las entidades estatales encargadas de la investigación”.
Lo manifestado anteriormente tiene mayor repercusión con respecto a la querella, ya
que el Querellante es parte procesal, pero al hecho que el Policía reciba la solicitud
de querella, no implica que tenga la autoridad para tener, al que la interpone, como
parte procesal (Art. 9 CPP.) Sino que es el Juez de la causa quien toma tal decisión.
Si el delito es, por su naturaleza, de aquellos que dejan señales de su perpetración o
aunque no lo sea la obligación de la Policía es la de preservar intacta la escena del
crimen, a fin de posibilitar la reconstrucción de los hechos, en la medida de lo
posible. Para tales efectos, debe cumplir con lo establecido en los números 2, 3, 4, 5
y 6 del Art. 241 CPP.
Vale la pena aclarar, que durante la etapa de instrucción pueden ocurrir actos
irreproducibles urgentes, los cuales son de 3 clases: actos definitivos e
irreproducibles de suma urgencia, actos de prueba anticipada y actos de prueba
preconstituida.
Si se va a llevar a cabo cualquier diligencia de investigación que implique la
afectación de los derechos y libertades de las personas, es imprescindible contar con
una orden judicial (excepto el caso de la detención administrativa del Art. 289 y la
detención en flagrancia del 288 CPP.).
- 65 -
Dicha orden es uno de los instrumentos que debe utilizar el Juez para ejerce la
función que le ha reservado la Constitución de guardián del desarrollo del proceso,
de conformidad a los principios consagrados en aquella.
El Juez no está obligado a expedir automáticamente una de estas órdenes.
Tal como lo ha establecido la Sala de lo Constitucional en Hábeas Corpus 6-H-95
(sentencia pronunciada a las nueve horas del 29 agosto de 1995): “el papel de los
jueces en un Estado de derecho en el que se respeten las garantías al debido
proceso, se encuentra en el tener la última palabra en la determinación de los hechos
y en la aplicación de las normas del sistema jurídico a tales hechos. Principalmente
en materia de medidas de investigación que limitan derechos fundamentales, dicha
función judicial se manifiesta al controlar la vigencia del principio de proporcionalidad.
Como sostiene Asensio Mellado “el principio requiere que toda medida limitativa se
justifique sobre la base de una imputación delictiva. La injerencia del ámbito de
derecho se modela en cuanto a su intensidad en función, entre otros datos, de la
conducta de la persona investigada y, en concreto, en virtud de indicios serios en
base a los cuales viene atribuida a dicha persona la conducta que se le imputa”.
Es la misma línea de pensamiento se ha dicho que la aplicación del principio de
proporcionalidad “exige la realización de un contrapeso de los intereses en conflicto,
dentro del cual deben ser ponderados el interés de persecución penal del Estado y
los intereses individuales propios de los afectados”; en concreto, el Juez garantizará
que “la gravedad de las medidas adoptadas contra el sospechoso debe mantener
una estrecha relación con el grado de imputación o, si se prefiere, con la fuerza de la
sospecha”. En otras palabras, al Juez no puede presentársele una mera solicitud de
allanamiento, por ejemplo, “porque se tienen sospechas de que en ese lugar hay
objetos relacionados con el delito que se investiga”, sino que debe colocarse al Juez
en posición de controlar “la fuerza de la sospecha” que se invoca, es decir,
presentándole elementos de convicción que justifiquen la medida.
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En esto, el Juez debe ser cuidadoso y tomar en cuenta que “aunque la sospecha no
necesite ser acuciante, rumores o habladurías no son suficientes, pues deben existir
circunstancias que, según las experiencias de la vida y también, según las
experiencias criminológicas, señalen la probabilidad de que el afectado haya
cometido un delito como autor o partícipe”.
La necesidad de una sospecha fundada, un grado de imputación, indicios
vehementes de culpabilidad o índicos racionales de criminalidad, como se llama a
este requisito, “no supone un juicio condenatorio, pero si algo más fuerte que una
posibilidad y más débil que la certeza sobre la participación en la comisión del delito”.
El Fiscal y el Policía, no deben olvidar los límites de sus funciones
“correspondiéndole en principio, únicamente a la autoridad judicial la limitación de los
derechos fundamentales… no únicamente le compete un control “ a posteriori” de los
actos restrictivos y ordenados por otros sujetos, sino que por el contrario, a ella le
corresponde también la emisión de la “primera palabra”.
El Juez debe ponderar si en relación a un caso dado es necesario hacer prevalecer
el interés social sobre el particular. Sí la respuesta es afirmativa, debe cerciorarse si
la medida solicitada es la idónea en ese caso. Si varias son idóneas, debe autorizar
la que mejor afectación cause a los derechos o libertades de aquél a quién se le van
a afectar.
En el caso de existir una captura, debe cumplirse con lo preceptuado en los números
1, 2, 5 y 6 del Art. 243 y número 8 del Art. 241, ambos del CPP., así como los
números 3, 4, 7 y 8 del primero de los artículos antes citados, preferiblemente en ese
orden y procurando establecer, en actas que expresen en forma veraz, todo lo
ocurrido.
La comparecencia de los sujetos procesales en dicho acto es imprescindible. Si el
Policía procuró la inmediata presencia del Defensor del Imputado, debe identificarlo y
- 67 -
asentar esto en el acta, a fin de no se sorprendido por situaciones como la descrita
en el Art. 244 Inc. 3º, parte final, CPP.
3.2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 3.2.1. DIFERENTES CONCEPTOS DE DERECHO FUNDAMENTAL. Doctrinariamente es posible diferenciar entre tres conceptos de derecho
fundamental:
Concepto Formal;
Concepto Material; y,
Concepto Procedimental.
3.2.1.1. CONCEPTO FORMAL DE DERECHO FUNDAMENTAL
El primer concepto posible de derecho fundamental es concepto formal, el cual utiliza
un criterio formal para delimitar la categoría de los derechos fundamentales. Éste
puede ser la pertenencia de un derecho a un determinado catálogo de derechos
incluido en la Constitución. No obstante, esta variante del concepto formal no suele
ser un concepto satisfactorio, porque también existen algunos derechos
fundamentales que están estatuidos fuera dé catálogo de derechos fundamentales
de la Constitución. Este problema puede resolverse en el marco del concepto formal
de derecho fundamental, si la Constitución incluye una disposición que enuncia qué
derechos pueden defenderse por parte del ciudadano mediante la acción dé tutela.
3.2.1.2. CONCEPTO MATERIAL DE DERECHO FUNDAMENTAL
Cuando se trata del concepto material de derecho fundamental, la mirada se
concentra en el hecho de que los derechos fundamentales son un intento de
transformar los derechos humanos en derecho positivo. En el caso de los derechos
fundamentales nacionales, que en lo sucesivo aparecerán siempre en el trasfondo de
- 68 -
cuanto se diga, se trata de un intento de transformarlos en derecho constitucional.
Los conceptos materiales de derecho fundamental pueden presuponer dos diversos
tipos de relaciones entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. El
primer tipo de relación es de naturaleza definitiva. Según esta variante, los derechos
fundamentales son derechos humanos transformados en derecho constitucional
positivo. De acuerdo con esta posibilidad, sólo puede considerarse como contenido
de los derechos fundamentales a aquella sustancia normativa que ante del proceso
de transformación ya formaba parte di contenido de los derechos humanos y que aún
lo hace. Esta posibilidad presenta el inconveniente de que discusión política acerca
del contenido de los derecho humanos, la cual se debe a la existencia de diversas
cosmovisiones, se convierte necesariamente en una discusión sobre el contenido de
los derechos fundamentales. Por esta razón, es preferible establecer una relación
más débil entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Este segundo
tipo de relación es de naturaleza intenciona. De acuerdo con este planteamiento, los
derechos fundamentales son aquellos que se han admitido en la Constitución con la
intención de otorgarle carácter positivo a los derechos humanos. En esta variante del
concepto material de derecho fundamental, las posibles equivocaciones qué existan
acerca del contenido de los derechos humanos no tendrían repercusiones sobre el
carácter de derecho fundamental de los derechos transformados.
3.2.1.3. CONCEPTO PROCEDIMENTAL DE DERECHO FUNDAMENTAL
Según el concepto procedimental de derecho fundamental, lo decisivo es si los
derechos son tan importantes como para que la opción entre garantizarlos o no
garantizarlos pueda ser confiada a las mayorías parlamentarias ordinarias. El criterio
que subyace a esta definición es de naturaleza procedimental, porque se refiere a
quién puede decidir acerca del contenido de los derechos: el constituyente o el
legislador parlamentario ordinario. El criterio procedimental está ligado a criterios
- 69 -
formales y materiales. Lo formal en este criterio es que no explícita aquello que
pueda ser tan importante como para que deba ser reservado a la decisión exclusiva
del constituyente. Con todo, en razón de la transformación intencional de los
derechos humanos en derechos fundamentales, el concepto de importancia debe ser
determinado de acuerdo con una concepción de los derechos humanos,
circunstancia que vincula el concepto procedimental de derecho fundamental con el
mundo de lo material.
3.2.2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO DERECHOS SUBJETIVOS
La pregunta relevante entonces es si los derechos fundamentales representan
derechos subjetivos. De no ser así estos derechos serían entonces tan sólo normas
objetivas. Esta dicotomía entre el derecho subjetivo y la mera norma objetiva se ha
consolidado terminológicamente de manera; muy extendida. A esta contraposición
parece subyacer una confusión de categorías. De acuerdo con un uso lingüístico
extendido, una norma garantiza un derecho. Si esto se toma en serio, debería
diferenciarse entre dos diversos objetos. Sin embargo, los derechos pueden
expresarse mediante el mismo enunciado que expresa la norma individual que les es
correlativa. La diferencia radica entonces en la perspectiva. Puede diferenciarse
entre derechos subjetivos y meros derechos objetivos o entre derechos subjetivos y
el reflejo de los derechos. Sin embargo, esta diferencia es poco usual.
A primera vista pareciera que la pregunta de si los derechos fundamentales son
derechos subjetivos se respondiese ya de forma negativa, dado que para la
fundamentación de algunas clases de derechos fundamentales, sobre todo los
derechos fundamentales de prestación, se remite constantemente a la llamada
dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Hay que decir que esta
denominación es equívoca, pues se refiere únicamente, desde la perspectiva
- 70 -
material, a los contenidos de los derechos fundamentales que se encuentran más
allá de la fundón de derechos de defensa y de igualdad, este modo, también es
conceptual-mente desacertado apelar a una "resubjetivación" de los contenidos
jurídicos objetivos.
Lo característico de los derechos subjetivos es la posibilidad de que su titular los
haga efectivos ante los tribunales. Los derechos subjetivos se garantizan
necesariamente mediante normas vinculantes; esto es así, porque los derechos sólo
pueden hacerse efectivos ante los tribunales por parte de su titular, si los tribunales
pueden establecer que se ha violado la norma que garantiza derecho.
Más allá de la relación analítica que existe entre las normas vinculantes y los
derechos subjetivos, debí precisarse que el concepto de derecho subjetivo es poco
claro y muy debatido. A pesar de que este concepto sea uno de los más
intensamente controver-tidos en la teoría general del derecho y en la teoría jurídica,
todavía no ha podido determinarse su sentido con una formulación capaz de concitar
el consenso.
En razón de la orientación que los derechos fundamentales tienen hacia la protección
del individuo, en caso de duda debe partirse de la base de que los derechos
fundamentales representan derechos subjetivos.
3.2.3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO REGLAS Y PRINCIPIOS.
3.2.3.1. DIFERENCIA ENTRE LAS REGLAS Y LOS PRINCIPIOS EN LA TEORÍA JURÍDICA
La distinción entre reglas y principios es considerada acertadamente como "una
clave para la solución de problemas medulares de la dogmática de los derechos
fundamentales". Actualmente numerosos autores interpretan los derechos
- 71 -
fundamentales corno principios. Según la tesis de la separación estricta, existe una
diferencia lógica entre reglas y principios. Los principios contienen un deber prima
facie, las reglas un deber definitivo. Cuando una regla vale y es aplicada, siempre se
imputa una consecuencia jurídica. A diferencia de los principios, las reglas no pueden
simplemente ceder ante otras reglas en los casos individuales. La forma de
aplicación de los principios es la ponderación, mientras que bajo las reglas sólo se
subsume. Los conflictos entre principios se deciden en la dimensión del peso, los
conflictos entre reglas en la dimensión de la validez. A las reglas les hace falta la
dimensión de peso, propia de los principios. Las reglas son determinaciones en el
campo de lo fáctica y jurídicamente posible.
Los principios, en cambio, representan un objeto de optimización, que puede ser
realizado en un grado máximo, según las posibilidades fácticas y jurídicas. Los
principios son por ello gradualmente realizables. El grado de realización y la
importancia de esta determinan en cada caso concreto qué principio se impone en
una colisión entre principios. Entre el carácter de principio de una norma y el principio
de proporcionalidad en sentido lato existe una relación de implicación recíproca: el
carácter principio implica el principio de proporcionalidad sentido lato y viceversa.
3.2.3.2. LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PRINCIPIOS Contra la tesis que interpreta los derechos fundamentales como principios se aduce
una serie de argumentos que en parte se refieren a la tesis general y en parte a la
interpretación como principios de las normas de derecho fundamental que
corresponden a determinadas funciones de los derechos fundamentales.
a. Los principios como normas jurídicas
Excepcionalmente se manifiesta la preocupación de que la interpretación de los
derechos fundamentales como principios pueda llevar a una moralización desmedida
- 72 -
del derecho constitucional. Este temor es infundado. Los principios de derecho
fundamental son normas jurídicas que deben cumplir todos los criterios de validez
propios del ordenamiento jurídico correspondiente. De otra forma no se trataría
entonces de derecho vigente, razón por la cual tampoco dichos principios tendrían
que ser objeto de una ponderación de derecho fundamental. Quien entiende los
derechos fundamentales como un llamamiento a ponderar intuitivamente sus
prejuicios, en cuanto pretensión contenida en el derecho, malinterpreta totalmente la
teoría de los derechos fundamentales como principios. En ella lo jurídicamente
debido debe ser el resultado de un procedimiento metódico estricto.
b. La legislación como mera ejecución constitucional
Si el contenido de los derechos fundamentales se determina mediante una
ponderación de principios constitucionales, se justifica la pregunta de hasta qué
punto la legislación es constitutiva para el orden jurídico infraconstituáonal. Sobre la
base de la interpretación amplia del ámbito de protección de los derechos
fundamentales, cada ley termina convirtiéndose en una intervención en el derecho
fundamental. Si se toma en serio la tesis de la restricción de los derechos
fundamentales, basada exclusivamente en principios constitucionales.
La respuesta a esta objeción consiste en que en la ponderación debe tenerse en
cuenta un principio adicional, que ordena prima facie seguir las decisiones del
legislad democráticamente legitimado. Este principio es principio de la clase de los
principios formales y fundamenta la validez de las normas, independientemente de la
corrección de su contenido, con sujeción los procedimientos previamente
establecidos. Ésta ordena cumplir las decisiones del legislador en todo cuanto sea
posible. Surge así un margen de acción, en el que el legislador es libre; fuera de
dicho margen, por el contrario, está sujeto a la Constitución.
- 73 -
c. La necesaria vinculación de la comunidad a los derechos
En contra de la interpretación de los derechos fundamentales como principios, se
objeta que el reconocimiento del principio de libertad negativa haría impracticable las
medidas necesarias para salvaguardar el bien común. Quien concibe la teoría de los
derechos fundamentales como una doctrina que pregona la existencia de derechos
ilimitables, la entiende como una teoría normativa fuerte. Según este entendimiento,
los bienes colectivos tendrían sólo una capacidad reducida de imponerse en las
colisiones con los derechos individuales. Existiría así, entonces, una carga de la
argumentación a favor de los bienes colectivos.
3.3. LIMITACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN. Los derechos fundamentales como ya se ha explicado anteriormente, solo pueden
ser limitados por medio de la ley, en los casos y forma, que esta dispone y por los
sujetos facultados para realizarlo dentro de sus facultades institucionales, otorgadas
por la constitución y leyes secundarias, en este apartado se mencionaran y se
explicara los derechos fundamentales que en la practica se ven limitados o
vulnerados a través de los actos iniciales de investigación realizados por los entes
competentes, tomando en consideración la brevedad de nuestra investigación y por
fines didácticos solo nos enfocaremos en los derechos que con mas frecuencia son
vulnerados en la practica.
En este tema se explicara, cuales son los derechos fundamentales que durante los
actos de investigación pueden ser violentados o limitados, y la forma en como estos
son limitados, por los organismos que se encargan de la función investigadora.
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“DERECHO A LA LIBERTAD AMBULATORIA”
ACTO LIMITANTE FORMA DE LIMITAR EL DERECHO
ARRESTO.
Consistente en la detención de una
persona sospechosa de la comisión de
un delito y se mantiene detenida contra
su voluntad en las bartolinas de la
policía nacional civil.
DETENCIÓN PROVISIONAL.
Consistente en la detención de una
persona en prisión mientras se
esclarece la comisión de un hecho
delictivo del cual se encuentra acusado.
DETENCIÓN ADMINISTRATIVA.
Consistente en la detención de una
persona por un plazo no mayor de
setenta y dos horas con el objetivo de
averiguar preliminarmente, sobre la
participación en un hecho delictivo.
LIBERTAD AMBULATORIA.
Por ser la libertad un derecho tan preciado, la orden que mande a detener a una
persona tiene que cumplir ciertos requisitos: a) debe dictarse en la forma prevista
por la ley; b) debe ser dictada por autoridad (Juez) o funcionario competente; c) debe
constar por escrito.
Existen tres tipos de detención: a) administrativa que es la efectúan los cuerpos de
seguridad publica o de investigación del delito, quienes deben poner al detenido a la
orden del Juez dentro de setenta y dos horas después de la captura; b) Por el
termino de inquirir: la ordenada por un Juez, para investigar la comisión de un delito,
tampoco puede durar mas de setenta y do horas; c) Provisional: la ordenada por un
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Juez para que una persona permanezca detenida hasta que finalice el juicio en el
que se determinará si es culpable o inocente.
La libertad ambulatoria consiste en el derecho que tiene una persona de desplazarse
de un lugar a otro sin ninguna restricción. Esta puede verse restringida a partir del
momento en que la persona se encuentra involucrada en la comisión o participación
de un hecho delictivo, y la policía la restringe con la realización de actos de
investigación.
“DERECHO A LA DIGNIDAD”
ACTO LIMITANTE FORMA DE LIMITAR EL DERECHO
INSPECCIÓN Y PERICIAS
CORPORALES.
Recae sobre el cuerpo del imputado y
tienen por finalidad inmediata la
búsqueda de elementos necesarios
para la averiguación y prueba de un
hecho delictivo.
Si en el curso de una investigación el
fiscal estima necesario realizar una
inspección en el cuerpo del imputado,
someterlo a la extracción de sangre o
fluidos corporales, ponerse o quitarse
ropa y otros medios de prueba útiles
para la investigación lo realiza incluso
sin el consentimiento del imputado.
REQUISA DE PERSONA.
Inspección, incautación y recorrida o
visita de vigilancia en cuanto a
detenidos o presos. Este acto es
concebido como la actividad realizada
por la policía, con el fin de comprobar la
existencia de un delito, realizando la
- 76 -
requisa en las personas, la cual debe
de estar sometida bajo el principio de
legalidad, respetando las garantías
constitucionales para realizar una
correcta requisa.
CACHEO A PERSONA.
Registrar a personas sospechosas de
haber cometido un delito, con la
finalidad de sustraer de ellas los objetos
con los cuales posiblemente se haya
cometido el hecho punible.
PUBLICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.
La publicidad de la investigación debe
de estar sometida a ciertos límites que
se deben de tomar en cuenta al
momento de la captura de una persona,
es decir que el imputado bajo ningún
supuesto esta obligado a rendir
declaración a los agentes policiales, ni
mucho menos a los medios de
comunicación, los cuales desde el
momento de la captura lo catalogan
como culpable, sin que se haya
comprobado su culpabilidad en juicio.
DERECHO A LA DIGNIDAD.
Es un derecho que le corresponde a todo ser humano, y en sentido absoluto es
concebido como significación jurídica que se reduce en el hecho de que todo hombre
sea titular de derechos y obligaciones, o si se prefiere que todo ser humano tenga
dimensión jurídica, este derecho prohíbe toda especie de tormentos, malos tratos y
todos aquellos actos que afecten o atenten contra la dignidad del ser humano, la
dignidad, su respeto por parte del poder publico, tiene una especial ética cuando se
- 77 -
trata de hacerla respetar o hacer prevalecer este derecho respecto de aquellos que
han delinquido; en estas circunstancias no se deben de emplear actos que atenten
contra la dignidad, sino, lo adecuado será la aplicación de una sanción ya sea la
privación de un bien jurídico como la libertad o el patrimonio.
La dignidad humana es, en realidad, el supuesto como lo es la libertad, en general
del ejercicio de los demás derechos, pues ella se modaliza en el derecho a la
intimidad, a la protección del honor, al desenvolvimiento de la personalidad, la
inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
“DERECHO A LA PROPIEDAD”
ACTO LIMITANTE FORMA DE LIMITAR EL DERECHO
REGISTROS DE VEHÍCULOS,
MUEBLES Y COMPARTIMIENTOS
CERRADOS.
Consiste en el registro del vehículo
porque existen sospechas que dentro
de éste se encuentran objetos
vinculantes a un hecho delictivo. En la
práctica la policía al momento de la
realización de estos actos no le
presenta al ciudadano ningún tipo de
orden judicial que autorice la inspección
de su propiedad.
EL REGISTRO DE LUGARES
PÚBLICOS O PRIVADOS
(ALLANAMIENTO DE MORADA)
Consistente en el apersonamiento de la
policía al inmueble de un sospechoso
de la realización de un hecho delictivo
para realizar el arresto de este o para
recabar posibles pruebas situadas en el
inmueble. Si bien es cierto para la
realización de esta actividad es
necesaria una autorización judicial, los
elementos policiales al momento de
- 78 -
realizar la inspección utilizan fuerza
excesiva dando como resultado de la
acción la destrucción parcial del
inmueble.
INCAUTACIÓN.
Consiste en la retención de objetos
encontrados en un individuo o en un
inmueble perteneciente a este. Con la
intención de corroborar la procedencia
de determinados objetos que al
momento de determinada inspección
son encontrados, la policía procede a la
retención de estos hasta corroborar su
procedencia.
RETENCIÓN DE VEHÍCULOS.
Consistente en el decomiso de
vehículos propiedad de un sospechoso
del cometimiento de un delito para
corroborar hasta que punto fueron
utilizados para el cometimiento o
realización de una conducta delictiva.
CLAUSURA DE INMUEBLES.
Consiste en el cierre de un inmueble
propiedad de un imputado con el fin de
proteger la escena de un hecho
delictivo. Con este acto se le limita la
libre disposición del inmueble al
propietario de este.
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DERECHO A LA PROPIEDAD. Constitucionalmente el derecho de propiedad comprende todos los derechos
patrimoniales de una persona, es decir, todo lo que sea susceptible de valor, los
intereses apreciables que un individuo puede poseer fuera de si mismo, de su vida,
de su libertad.
Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea originado en
relaciones de derecho privado, o en actos administrativos, a condición de que su
titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce,
así sea el Estado mismo.
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”
ACTO LIMITANTE FORMA DE LIMITAR EL DERECHO
DETENCIÓN PROVISIONAL.
Consistente en la detención de una
persona en prisión, sin la existencia de
una sentencia definitiva condenatoria
la cual ratifique la culpabilidad del
individuo.
CACHEOS.
Consistente en la revisión exhaustiva
del cuerpo de un individuo por existir
sospecha de su participación de un
hecho delictivo.
REGISTROS DE VEHÍCULOS,
MUEBLES Y COMPARTIMIENTOS
CERRADOS.
Consiste en el registro del vehiculo
porque existen sospechas que dentro
de este se encuentran objetos
vinculantes a un hecho delictivo. En la
práctica la policía al momento de la
realización de estos actos no le
presenta al ciudadano ningún tipo de
- 80 -
orden judicial que autorice la inspección
de su propiedad.
ARRESTO.
Consistente en la detención de una
persona sospechosa de la comisión de
un delito y se mantiene detenida contra
su voluntad en las bartolinas de la
policía nacional civil.
DETENCIÓN ADMINISTRATIVA.
Consistente en la detención de una
persona por un plazo no mayor de
setenta y dos horas con el objetivo de
averiguar preliminarmente sobre la
participación en un hecho delictivo.
PUBLICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.
La publicidad de la investigación debe
de estar sometida a ciertos límites que
se deben de tomar en cuenta al
momento de la captura de una persona,
es decir que el imputado bajo ningún
supuesto esta obligado a rendir
declaración a los agentes policiales, ni
mucho menos a los medios de
comunicación, los cuales desde el
momento de la captura lo catalogan
como culpable, sin que se haya
comprobado su culpabilidad en juicio.
PRESUNCION DE INOCENCIA.
El principio de jurisdiccionalidad, al exigir que no exista culpa sin juicio, postula la
presunción de inocencia del imputado, hasta que su culpabilidad sea establecida
según la ley. La presunción de inocencia es, en este sentido, la primera y la más
importante derivación del principio de jurisdiccionalidad, que se expresa en el
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mandato constitucional de que nadie puede ser considerado culpable sin una
sentencia definitiva en juicio.
Se trata de una garantía constitucional que se consagra en el artículo 12 Cn., el cual
dice “toda persona a quién se le impute un delito se presumirá inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público, en el que se
aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”.
La constitución impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quién se le
atribuye un hecho delictivo o, lo que es lo mismo, toda persona inculpada ha de ser
tratada como inocente hasta que su culpabilidad resulta establecida conforme a la
ley.
Con el principio de inocencia solo se quiere significar que toda persona debe ser
tratada como inocente, antes y durante los actos de investigación y en todo el
proceso, mientras no exista una sentencia penal condenatoria, estableciendo un
conjunto de garantías a favor del imputado las cuales deben de respetarse al
momento de su captura. Por eso el proceso penal se inspira en la idea de proteger al
ciudadano inocente, como elemento estructural de todo sistema penal.
En el momento actual, la presunción de inocencia incorpora una nueva dimensión
que se deriva de la constitución como derecho fundamental. Se trata de una norma
de directa aplicación y reclamable como derecho fundamental, que contiene, en
primer termino, un mandato dirigido al legislador, a quien corresponde establecer un
proceso garantista con la idea de la presunción de inocencia y junto a ello un
mandato dirigido al Ministerio Publico Fiscal, a quien corresponde ejercer la función
investigadora respetando todos los derechos del imputado durante el periodo en que
duren los actos de investigación
La garantía constitucional de la presunción de inocencia representa, en primer lugar
una regla de tratamiento del imputado sometido al proceso, que se vincula
específicamente con el carácter restrictivo de las medidas de coerción en el proceso
penal. La máxima que impide la aplicación de una pena al imputado sin sentencia
judicial previa que declare su culpabilidad, fundada la pretensión de que durante el
- 82 -
curso del proceso el imputado no sea sometido a prisión, sin embargo,
históricamente, esta idea no se a podido sostener hasta el punto de eliminar toda
posibilidad de utilizar en el proceso las medidas de coerción procesal, en especial la
detención provisional, considerada como una “injusticia necesaria” por los autores del
pensamiento liberal clásico.
Además, la presunción de inocencia resulta otra importante consecuencia. La
imposibilidad de imponer al acusado la obligación de probar su inocencia, ya que
esta, en principio, se presume cierta. De ello resulta que la actividad probatoria
encaminada a demostrar la culpabilidad del imputado corresponde, en exclusiva, al
Ministerio Publico Fiscal en coordinación con la Policía Nacional Civil encargada de
la investigación del delito.
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CAPÍTULO IV MARCO JURÍDICO O LEGAL.
En este capítulo se analizarán los actos iniciales de investigación y los derechos
fundamentales del imputado, tomando como referencia las leyes del ordenamiento
jurídico salvadoreño, cumpliendo con la estructura del mismo, es decir que se
desarrollara conforme a la pirámide de Kelsen, en donde aparece por sobre todas las
leyes la Constitución de la República. A partir de este cuerpo normativo, es donde se
da inicio el desarrollo de nuestra investigación, elaborando un breve análisis en
cuanto a lo regulado en los Tratados Internacionales, enfocados a nuestro tema,
tratados que deben de tomarse en consideración por que, por mandato constitucional
estos forman parte de las ley de la República, una vez que hayan entrado en
vigencia, según el artículo. 144 CN.
Se analizará al mismo de igual, la importancia de los actos iniciales de investigación
según el Código Procesal Penal, en el Libro Segundo, Título I, Capítulo I. CPP.
Y se concluirá con jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Suprema de
Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, en lo concerniente a los Actos
Iniciales de Investigación y los Derechos Fundamentales.
4.1. DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN
SALVADOREÑA.
Son derechos fundamentales o derechos humanos los que se encuentran
intrínsicamente conectados con la dignidad de la persona humana; así lo establece el
preámbulo de la constitución Salvadoreña y el artículo uno de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Durante nuestra investigación se ha establecido expresamente, cuales son los
derechos fundamentales que pueden ser limitados, durante la práctica de los Actos
Iniciales de Investigación, ahora se explicarán estos derechos, desde la óptica del
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constitucionalismo, es decir, apartir de lo que establece o expresa la Constitución de
la República.
La persona humana y los fines del estado.
Es necesario fundamentar según la constitución, ¿que es la persona humana y cual
es el fin del Estado?
Para ello tomamos como base el artículo 1 CN. El cual establece que; El Salvador
reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que
está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien
común.
En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República,
el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
Partiendo de este mandato constitucional se puede comprender que el Estado esta
organizado para velar por la seguridad de las personas; seguridad en términos
generales de la cual se desprenden los diferentes tipos de seguridad que existen,
como lo son, la seguridad jurídica, seguridad social, pero sobre todo tiene la
obligación de mantener el bien común de sus habitantes, en el cual se debe de
desarrollar todas las políticas necesarias para la obtención de este bien común.
También reconoce como parte de sus obligaciones, garantizar el goce de los
derechos de las personas, primordialmente aquellos que son reconocidos como
derechos fundamentales, de los cuales podemos mencionar: Derecho a la Vida,
Derecho a la Libertad, Derecho a la Dignidad. Etc.
Derechos y Garantías Fundamentales de la Persona.
En la constitución se reconocen diversos derechos y garantías que son considerados
como fundamentales de la persona, los cuales denotan su importancia atendiendo a
sus características de: Irrenunciables, inalienables, intransferibles. Dichos derechos y
garantías, se reconocen en la Constitución en los artículos siguientes.
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Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la
libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la
conservación y defensa de los mismos.
En este artículo se reconocen algunos de los derechos fundamentales de la persona.
Derecho a la Vida. Es necesario hacer mención que la misma Constitución, reconoce
como persona, a todo ser humano a partir del momento de la concepción y que es
obligación del Estado, garantizar el fiel cumplimiento de este derecho;
Derecho a la integridad Física y Moral. Artículo 2 Cn. Este derecho regula que
ninguna persona puede ser golpeada torturada, mutilada, ni física ni moralmente, y a
no ser sometida a tratos crueles o inhumanos, se pretende eliminar todo mal trato al
cual esta sujeto la persona, aboliendo todos aquellos métodos o medios que atenten
contra la integridad física y moral de la persona, específicamente en aquellos casos
en donde la persona sea considerada como autor o partícipe de un hecho ilícito, que
por regla general es donde mas se observan las vulneraciones a este derecho, por
parte de las entidades encargadas de realizar la Función Investigadora.
Derecho a la Libertad. Artículo 4 Cn. Atendiendo al principio de legalidad versión
positiva artículo 8 Cn., es necesario mencionar que nadie está obligado a hacer lo
que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe, es decir que toda
persona puede hacer lo que la ley permita, tomando como base este principio
podemos mencionar que en la actualidad el derecho a la libertad es uno de los que
con mayor frecuencia es limitado o vulnerado por parte de la Policía durante la
investigación del delito que se le haya encomendado por parte de la Fiscalia General
de la República, ya que, si se trata de ubicar este derecho en casos prácticos,
podemos mencionar que en la mayoría de estos, los miembros de la corporación
Policial se exceden en el uso de sus atribuciones.
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Derecho a la Seguridad. Artículo 13 Cn. Retomando lo manifestado al principio de
este capítulo, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos de
las personas, no solo a nivel individual sino también a nivel social, es decir que
deberá de establecer mecanismos de control, a través de los cuales pueda regular la
libre ejecución de los mismos, dotando a las personas de todas las garantías y
procedimientos constitucionales suficientes y necesarios para que se sienta
protegido por el Estado.
Derecho a la Propiedad. Artículo 2, 103, 105 Cn. Este derecho faculta a la persona, a
usar, gozar y disponer de las cosas que le pertenecen, con las limitaciones que
establece la misma constitución y leyes secundarias. Y el Estado tiene la obligación
de garantizar la libre ejecución del derecho a la propiedad, por medio del cual la
persona pueda adquirir los bienes que desee, con las limitaciones que establece la
ley, además el Estado tiene la obligación de asegurar a la persona, de que su
propiedad no será sujeta a vulneraciones por parte de particulares ni por parte de
autoridades, salvo en aquellos casos que la ley previamente establece que si se
puede limitar la propiedad.
Se garantiza el derecho al honor, y a la propia imagen. Artículo 2 Cn. El derecho al
honor es considerado como la estima que tenemos de nosotros mismos y el
reconocimiento que de nosotros hacen los demás y el derecho a la propia imagen
prohíbe la reproducción o comercialización de nuestra figura, es decir que no se
deben de emplear actos que atenten contra nuestra imagen, estos derechos poseen
una estrecha relación, partiendo del supuesto que, apartir del momento en que el
Derecho a la Propia Imagen esta siendo vulnerado, este conlleva la violación al
Derecho al Honor; pero en la actualidad no posee relevancia alguna porque, si
ubicamos estos derechos en nuestra investigación, es fácil evidenciar que durante
los actos iniciales de investigación, estos derechos son los que con mayor frecuencia
se ven infringidos, ya que antes de que se haya comprobado la culpabilidad del
detenido; los medios de comunicación y las personas ya los catalogan como
delincuentes.
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Todas las personas son iguales ante la ley no podrán establecerse restricciones que
se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Estas son algunas de
las palabras que incorpora el artículo 3 Cn.
Al mencionar la igualdad de las personas, el Estado reconoce que “todas las
personas son iguales ante la ley” esto nos lleva a crear cierta crítica, en comprender
que quiso decir el legislador con la palabra “igualdad” desde el punto de vista
constitucional se pretende hacer creer que todos somos iguales, pero en la práctica
sabemos que esto no tiene aplicación, por que este supuesto atiende a otro principio
el de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.
Derecho a la Inviolabilidad de la Morada. Según el artículo 20 Cn. No se podrá
ingresar a la morada de una persona sin el consentimiento de ella, o de la persona
que la habite, salvo en aquellos casos que medie autorización judicial, o por la
persecución de flagrante delito o peligro eminente de su perpetración o por graves
riesgos de las personas. La morada es el lugar o la casa donde la persona tiene la
voluntad de habitar, por ello, depende de su voluntad el permitir que alguien ingrese
a ella, salvo en los casos que anteriormente se han expuesto; aplicando este
derecho, ninguna autoridad tiene la facultad de ingresar utilizando medios violentos
que puedan ocasionar daños a la propiedad.
Derecho de Defensa. Artículo 12 Cn. Este derecho aparece como una de las
garantías básicas que tutelan al individuo frente al poder estatal, tal garantía
responde a diferentes ópticas o nociones como conocimiento del porque de la
detención, medios idóneos para la preparación de la defensa, asistencia técnica,
prohibición de declarar contra si mismo, recurrir las resoluciones emitidas por el
juzgador, reconoce además que toda persona a quien se le atribuya la comisión o
participación de un delito, tiene la facultad de defender y hacer valer sus intereses en
el juicio; pudiendo nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido
para que ejerza la defensa técnica a su favor o puede optar por realizar la defensa
material que no es mas que el imputado se defienda sus propios intereses en el
juicio.
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4.2. ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
En al presente apartado, se analizará y se explicará que se entiende por actos de
investigación desde el punto de vista de los tratados internacionales, además se
mencionarán cuáles son los organismos que ejercen la Investigación del delito, sus
atribuciones, y responsabilidades. Que la ley previamente la han conferido, con la
finalidad de velar por los intereses de la sociedad en general. Para la elaboración de
este capitulo se toma como base, el Código de Conducta para Funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. Y las Directrices sobre la Función de los
Fiscales.
ACTOS DE INVESTIGACIÓN.
Son un conjunto de actos efectuados por los organismos estatales, encargados de
realizar la Función Investigadora, con la finalidad de hacer prevalecer los intereses
de la sociedad, y de aportar todos los indicios y pruebas necesarias, recabadas
durante la investigación o indagación de un delito y poder comprobar la culpabilidad
del imputado en el juicio respectivo.
EN EL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
Establece que Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; cumplirán en
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto
grado de responsabilidad exigido por su profesión.
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EXPLICACIÓN:
La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los
agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía,
en este caso nos referimos a la Policía encargada de la investigación del delito,
especialmente las facultades de arresto o detención, supuestos que en la práctica
son los que con mas frecuencia se observan vulnerados durante la investigación
policial.
EN EL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
Reconoce que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y
defenderán los derechos humanos de todas las personas.
EXPLICACIÓN:
Este artículo obliga a todos los entes encargados de la investigación, a no ejecutar
actos que atenten contra la dignidad humana de la persona, además establece que
estos deben de garantizar la defensa de los derechos fundamentales del detenido,
antes y durante la investigación del delito. Los derechos humanos de que se trata,
están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los
instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración
sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial.
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ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de
sus tareas.
EXPLICACIÓN:
En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios
encargados de la investigación, debe de emplearse únicamente en casos
excepcionales; y con las limitaciones que establece la ley, si bien implica que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la
fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias
para la investigación y prevención de un delito, para efectuar la detención legal de
delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá
usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.
El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de
proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de
proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En
ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de
fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo
posible por excluir el uso de armas de fuego, no deberán emplearse armas de fuego
excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en
peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o
detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso
en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las
autoridades competentes.
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ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar
ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni
invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o
amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o
cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. Que atenten contra los derechos
fundamentales de la persone detenida
EXPLICACIÓN:
Esta prohibición reconocida en de la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, en la que se estipula que:
"(….) Todo acto de esa naturaleza, constituye un atropello a la dignidad humana y
será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas
y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de
derechos humanos (…..)"
Se entiende por Tortura Según la Declaración De Derechos Humanos. Como: "(...)
todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de
intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la
libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en
consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos(…)"
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ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección
de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas
inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
EXPLICACIÓN:
La "atención médica", se refiere a los servicios que presta cualquier tipo del personal
médico de la entidad investigadora.
Los órganos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se
dé a la persona en custodia o detenida, el tratamiento apropiado por medio de
personal médico
Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán
también atención médica a las víctimas de un de un delito, o de un accidente
ocurrido en el curso de una investigación.
Atendiendo a las condiciones que motivaron la creación de las Directrices sobre la
Función de los Fiscales; condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y
que se proclamen como uno de sus propósitos la realización de la cooperación
internacional en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los
principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda
persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial.
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Considerando que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la
administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus
importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios
mencionados y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la
protección eficaz de los ciudadanos contra la delincuencia.
Es necesario tomar en cuenta lo que regulan las Directrices sobre la Función de los
Fiscales, en cuanto a los actos de investigación, Por lo cual es fundamental enunciar
algunos de los artículos que tienen importancia sobre nuestra investigación.
En el artículo 1. Establece que las personas designadas como fiscales serán
personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas, capaces de
desempeñar su cargo sin poseer intereses de por medio, es decir de una manera
imparcial y objetiva, apegándose únicamente a defender los intereses de la sociedad
en general.
Los fiscales tendrán una formación y capacitación adecuadas y serán conscientes de
los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección que la
Constitución y de los intereses de la población, así también la protección de los
derechos del sospechoso y de la víctima, y de los derechos humanos y garantías
fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
FUNCIÓN DE LOS FISCALES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.
Artículo 10. El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones
judiciales. Es decir que actuara de manera independiente bajo la subordinación de la
Fiscalía General de la República.
Artículo 11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal,
incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley, en la
investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la
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supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como
representantes del interés público.
Este artículo se refiere al papel primordial del Fiscal, en cual debe estar orientado a
la obtención de la verdad real por medio de la acusación que presente en el juicio y
que a su vez deberá de estar fundamentada en el principio de legalidad que hace
notar que toda prueba se debe de obtener a través de medios lícitos y se debe de
incorporar al proceso en la forma que establece la ley.
Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones
con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y
defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido
proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.
Todos los fiscales en el ejercicio de sus funciones, están obligados a cumplir con sus
atribuciones reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional,
debiendo actuar en forma imparcial y respetando las garantías constitucionales y
derechos fundamentales de las personas, garantizando el debido proceso.
Artículo 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:
Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de
discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole;
Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en
cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las
circunstancias pertinentes, prescindiendo que sean ventajosas o desventajosas para
el sospechoso;
Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su poder, salvo
que requiera otra cosa el cumplimiento de su deber o las necesidades de la justicia;
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Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados
sus intereses personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus
derechos con arreglo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.
Artículo 14. Los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien, harán
todo lo posible por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial demuestre que
la acusación es infundada.
Artículo 15. Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los
funcionarios públicos que hayan cometido delitos; abuso de poder, violaciones
graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional
y, cuando lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local, a la investigación de
esos delitos.
Artículo 16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y
sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos
que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso,
especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros
abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra
cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo
informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar
que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la
justicia.
Alternativas del enjuiciamiento.
Artículo 18. De conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán
debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo provisional o
definitivamente. Procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema
judicial, respetando plenamente los derechos del imputado y de la victima. A estos
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efectos, los Estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas
para reducir el número de casos que pasan la vía judicial no solamente para aliviar la
carga excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que significan la
prisión preventiva, la acusación y la condena, así como los posibles efectos adversos
de la prisión.
Relaciones con otros organismos o instituciones gubernamentales.
Artículo 20. A fin de asegurar la equidad y eficacia del procedimiento, los fiscales
harán lo posible por cooperar con la policía, los tribunales, los abogados, los
defensores públicos y otros organismos o instituciones gubernamentales.
Actuaciones disciplinarias.
Artículo 21. Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán
previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los fiscales en las
que se alegue que han actuado claramente fuera del marco de las normas
profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con arreglo al procedimiento
pertinente. Los fiscales tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones
estarán sometidas a revisión independiente.
Artículo 22. Las actuaciones disciplinarias contra los fiscales garantizarán una
evaluación y decisión objetivas. Se determinarán de conformidad con la ley, el código
de conducta profesional y otras reglas y normas éticas establecidas y teniendo
presentes estas Directrices.
4.3. ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÓDIGO PROCESAL PENAL.
Antes de iniciar el desarrollo de este tema, es necesario aclarar que en el Código
Procesal Penal regula dos tipos de actos; en el libro segundo Título I, regula los
actos iniciales, y en Capítulo II, del mismo libro, las Diligencias Iniciales de
Investigación. Los cuales se pueden establecer como Genero y Especie, en los
cuales se desarrollan etapas diferentes del proceso penal, pero que se encuentran
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relacionados entre si, por que los actos iniciales dan la pauta para que puedan
proceder las diligencias iniciales de investigación, por lo cual explicaremos este
apartado tomando como base a partir del artículo 238 CPP. Y siguientes.
Antes de referirnos al código procesal penal, es necesario establecer en la
Constitución de la República en que artículo se faculta a la Fiscalía, para que pueda
dirigir la investigación. En el Capítulo IV, en lo referente al Ministerio Público, en su
artículo 193 ordinal 3°, que literalmente dice: corresponde a la Fiscalía General de la
República, Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional
Civil en la forma que determine la ley.
Habiendo establecido que únicamente la Fiscalía le compete la investigación del
delito, en coordinación con la Policía, es necesario ubicar nuestra investigación en el
CPP. A partir del artículo 238 CPP. El cual también reconoce que le corresponde a la
Fiscalía General de la República la dirección de la investigación del delito.
La investigación inicial es una fase instructoria que se, que generalmente se
desarrolla como una fase preliminar a cargo de la policía, dirigida por la Fiscalía,
cuya función principal es, confirmar la “notitia criminis” y, en su caso, proporcionar al
Ministerio Público Fiscal, los elementos necesarios para promover la acción penal,
que se ejercita a través del correspondiente requerimiento fiscal, dando inicio así, al
proceso penal.
Los actos iniciales previos de investigación integran una fase preparatoria para la
instrucción, así pues, puede decirse que los actos iniciales integran un conjunto de
de actividades ordenadas por el Ministerio Público Fiscal, y orientadas a fundamentar
cualquiera de las solicitudes del artículo, 248 CPP.
De todas las funciones que tiene asignadas el Ministerio Público, la más
característica y fundamental es la función requirente, que constituye el presupuesto
al que se condiciona el ejercicio de la potestad punitiva estatal. En su virtud,
corresponde al Ministerio Fiscal, no sólo promover la acción de la justicia ejercitando
- 98 -
la acción penal, sino también dirigir la investigación del delito con la colaboración de
la policía, encontrándose totalmente excluida cualquier posibilidad de actuación de
oficio del juzgador.
En el artículo 239 CPP. Establece cual la función de la Policía, la cual será la
encargada de investigar por iniciativa propia, por denuncia, o por orden del Ministerio
Fiscal, los delitos de acción publica, individualizar a los culpables y reunir las pruebas
necesarias para que sirvan de fundamento en la acusación.
La función de la policía que investiga, es una actividad auxiliar de la que realiza el
Ministerio Público, a quién corresponde decretar la extensión y el contenido, es decir
la naturaleza de la investigación, por ello aunque la policía actué automáticamente en
la investigación de los delitos, sólo puede hacerlo en caso de urgencia, ya que en
último termino existe la obligación de informar, sin demora, a la Fiscalía General de
la República de todos los delitos que llegaren a conocimiento de la Policía de
investigación. Artículo. 244 CPP.
Hay que aclarar que pueden existir dos clases de Policías, una de carácter
Preventivo dirigido al mantenimiento de la tranquilidad y el orden Público.
La otra de carácter represivo, que realiza las funciones de investigación del delito,
consecuentemente, se distingue entre una función preventiva y otra de seguridad,
cuya finalidad es la defensa del orden jurídico existente previniendo o contra
arrestando la posibilidad de cualquier ataque ilícito que implique daño o peligro para
los bienes jurídicos, y la función investigativa, cuyo objetivo es garantizar la
efectividad de la persecución penal mediante la recolección y el aseguramiento de
todos los elementos de convicción indispensables para la debida preparación del
requerimiento fiscal y el ejercicio de la acusación.
El artículo 240 CPP. Establece que los oficiales, agentes y auxiliares de la Policía,
cumplirán con sus funciones en la investigación de los hechos punibles bajo la
dirección de la Fiscalía.
- 99 -
La labor de control que se atribuye al Ministerio Fiscal sobre la investigación policial
responde a un doble significado: por un lado, constituye un medio de control efectivo
para evitar que los actos policiales se tornen en procedimiento viciado y arbitrario;
por otro lado, constituye un mecanismo de orientación técnica y jurídica de los actos
de investigación policial. Ambos supuestos deberán de estar sometidos al principio
de legalidad y, consiguientemente al respeto a la libertad y dignidad de la persona,
así como la preeminencia de los derechos y garantías constitucionales, que imponen
al Fiscal, la obligación de delimitar el marco jurídico legal de la función investigadora,
a fin de evitar la sanción de la ineficacia que se deriva de la obtención ilegal de las
evidencias o indicios.
La subordinación de la policía de investigación respecto del Ministerio Público Fiscal,
suscita la cuestión de la naturaleza de tal relación de dependencia. Conviene aclarar
que no se trata de una dependencia plena y total del Ministerio Fiscal, pues como
señala el mismo precepto legal los oficiales y agentes de la policía solo estarán
sujetos al control de los Fiscales en cuanto cumplan funciones de policía
investigación y sin perjuicio de su dependencia respecto de las autoridades
administrativas.
El artículo 241 CPP. Expresa las atribuciones y obligaciones de los oficiales y
agentes de la policía, las cuales son:
Recibir denuncias;
Cuidar que los rastros del delito sean conservados y que el estado de las
cosas o de las personas no se modifique, hasta que llegue al lugar del hecho
en encargado de la inspección;
Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante
inspección, planos, fotografías, exámenes y demás operaciones técnicas, si
existe peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la
investigación;
- 100 -
Ordenar, si es indispensable y por el tiempo mínimo necesario el cierre del
local en que se presuma, por suficientes indicios, que se ha cometido un delito
grave y levantar acta detallada;
Ordenar las medidas necesarias para que los testigos que estén presentes en
el sitio no se alejen ni se comuniquen entre si;
Interrogar a los testigos resumiendo la entrevista en un acta;
Citar o aprehender al imputado en los casos y forma que este código autoriza;
Identificar al imputado, determinando sus generales, domicilio y residencia;
Asegurar la intervención del defensor en los términos que prevé este código y
facilitarle las diligencias instruidas contra el imputado, así como toda
información necesaria para su defensa;
Rendir informes al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en
todos los casos de detención y comunicarla al registro de personas detenidas;
Auxiliar a la victima y proteger a los testigos.
Artículo 242 CPP. En este artículo se establece que toda persona a quien se le
sea detenida por presunto autor de un delito, tiene derecho a nombrar un
abogado que lo defienda, y que deberá de entrevistarse previamente con su
defensor, antes de contestar cualquier interrogante.
Al imputado se le reconocen una serie de derechos, que deben de respetarse
para asegurar el respeto a su dignidad personal. La dignidad constituye uno de
los principios esenciales del Estado de Derecho, (art. 2 cn) y, a causa de ello,
inspira la actuación de la policía de seguridad, singularmente respecto de las
personas detenidas, prohibiendo expresamente: la utilización de torturas, la
aplicación del tormento o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 243.6
CPP.); presentar públicamente a los detenidos en condiciones que menoscaben
su dignidad personal (art. 243.4 CPP.); utilizar métodos prohibidos para obtener
su declaración (art. 262 CPP.)
Es importante hacer mención y resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del
proceso, al imputado le asiste el derecho a la defensa, que conforme al artículo
- 101 -
12 Cn. Y 9 CPP. Es inviolable. Su importancia es tal, que se recurre a ella, más
bien a la existencia de vulneración, como criterio normativo para evaluar la
nulidad de los actos procesales, que únicamente se reputan nulos si a la
existencia de un defecto procesal se añade la producción de un agravio para la
defensa de la parte (art. 223 CPP.).
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN PARA LA DETENCIÓN DEL
IMPUTADO. ART. 243 CPP.
Los oficiales o agentes de la policía deberán detener a los imputados en los
casos que este código autoriza, cumpliendo estrictamente con los siguientes
principios básicos de actuación.
No hacer uso de la fuerza, excepto cuando sea estrictamente necesario y
en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención;
No hacer uso de las armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en
peligro la vida o la integridad física de las personas, o con el propósito de
evitar la comisión de otro delito, dentro de las limitaciones a que se refiere
el apartado anterior;
No infringir, instigar o tolerar algún acto de tortura o tormentos u otros
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento
de la captura como durante el tiempo de la detención;
No presentar públicamente a los detenidos, en condiciones que
menoscaben sus derechos fundamentales;
Identificarse, en el momento de la captura, como agente de autoridad y
cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quien
procedan, no estando facultados para capturar a persona distinta de
aquella a que se refiere la correspondiente orden de detención;
Informar a la persona en el momento de la detención de todos los
derechos del imputado;
Asentar en lugar, día y hora de la detención en un registro inalterable.
- 102 -
SANCIONES ARTÍCULO 245 CPP.
Los oficiales, agentes y auxiliares de la policía que violen disposiciones
legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto
propios de sus funciones lo cumplan negligentemente o no obedezcan las
instrucciones de los Fiscales, serán sancionados por los tribunales o, de
conformidad con las normas que rigen el estatuto policial.
El incumplimiento de cualquiera de estos principios, hará incurrir a los oficiales
y agentes de la policía en la responsabilidad disciplinaria correspondiente, sin
perjuicio de la responsabilidad penal.
En el ámbito disciplinario, este precepto prevé que el incumplimiento, por
causa no legitima, de las instrucciones recibidas por los funcionarios de la
policía de investigación dará lugar a la correspondiente corrección
disciplinaria.
El mismo precepto contempla la posibilidad de que del incumplimiento, de la
orden, sin causa legítima, se deriven responsabilidades mas graves, se
refiere, en particular, a la responsabilidad penal por los delito de
desobediencia o denegación de auxilio (arts. 322 y 323 CP.)
4.4. JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. 23-2006/24-2006/29-2006/35-2006/37-2006. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las quince
horas y veinte minutos del día seis de marzo de dos mil siete.
Los presentes procesos constitucionales fueron iniciados, según lo prescrito en el art.
77-F de la L. Pr. Cn., mediante certificaciones remitidas a este tribunal: la primera y
la segunda, por la Juez de Paz del municipio de Armenia, Departamento de
- 103 -
Sonsonate; la tercera y la cuarta, por la Juez Segundo de Paz del municipio de
Sonsonate, en el mismo departamento, y la quinta, por la Juez Decimoprimero de
Paz de esta ciudad. En sus resoluciones, las referidas autoridades judiciales
inaplican con base en el art. 185 Cn. el inc. 3° del art. 391 del Código Procesal Penal
(C. Pr. Pn.), promulgado mediante D. L. Nº 904, de 4-XII-1996, publicado en el D. O.
Nº 11, tomo 334, correspondiente al 20-I-1997, por considerarlo contrario a lo
establecido en los arts. 194 ord. 4° y 86 de la Constitución.
La disposición inaplicada prescribe:
"La policía solicitará al Juez de Paz competente el juicio por faltas sin perjuicio de la
facultad de la Fiscalía General de la República en hacerlo, si lo considera necesario.
La solicitud contendrá la intimación a presentarse ante dicho Juez dentro del plazo
de cinco días. Si la solicitud es presentada por un particular el Juez de Paz intimará
al infractor a que comparezca en el mismo plazo. En todo caso se dará copia de la
solicitud al infractor".
Han intervenido en el proceso, además de los tribunales requirentes, la Asamblea
Legislativa y el Fiscal General de la República.
Analizados los argumentos y considerando:
I. En el trámite del presente proceso, los intervinientes expusieron: La licenciada
Jennifer Giovanna Vega Hércules, en su carácter de Jueza de Paz del municipio de
Armenia, departamento de Sonsonate, afirmó en las resoluciones de las once horas
y veinte minutos y de las once horas y veinticinco minutos del día 7-IX-2006 que,
según su línea de pensamiento que viene emitiendo desde el año 2003, es necesario
aplicar con cautela algunas de las normas que regulan el juicio por falta, para que su
carácter de "especial" no resulte una excusa para vulnerar los derechos
fundamentales del imputado.
En tal sentido, afirmó que de los arts. 172 inc 1º y 193 ords. 3º y 4º Cn., 83 inc. 1º, 84
inc. 1º, 234, 238 inc. 1º, 240 inc. 1º y 244 inc. 1º del C. Pr. Pn., en armonía con el
- 104 -
Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal General de la República en
la Policía Nacional Civil y con el Manual de Actuaciones en la Escena del Delito,
deriva que "en un proceso penal constitucionalmente configurado, se encuentran
bien definidos los roles de los actores principales del proceso; así, es de reiterar lo
que la doctrina y la jurisprudencia ha señalado, en el sentido que nuestra norma
fundamental atribuye el papel de acusador al Fiscal General de la República y el
juzgamiento y ejecución de lo juzgado está encomendado al Órgano Judicial; por lo
que cualquier injerencia de competencias de una institución sobre la otra es contraria
a la Constitución".
Así, consideró que el inciso tercero del art. 391 del C. Pr. Pn., el cual permite que las
solicitudes de inicio del juicio por faltas puedan ser presentadas por la Policía
Nacional Civil (PNC), contraría los arts. 193 ord. 4° y 86 de la Constitución, pues, si
bien la PNC ejerce una función protagónica e importante en el proceso penal, "está
afuera de esa función acusadora y de promoción de la acción penal, que debe ser
ejercida monopólicamente por el ente fiscal".
Ello resultaría confirmado con lo prescrito en los incs. 2° y 3° del art. 159 Cn., según
los cuales la función del referido cuerpo policial es la colaboración y el auxilio al
sistema judicial en la sanción de las conductas penales cometidas, mediante el
descubrimiento de los responsables, el aseguramiento de sus personas y de las
pruebas; lo que efectúa de una manera técnica y científica, poniendo a disposición
de la FGR los elementos necesarios para la averiguación de la verdad.
Lo anterior, afirmó, obedece a que seguramente la Constitución quiso dejar la acción
penal en manos de una institución técnica especializada, y con una aprehensión tal
del derecho, que impida que el Derecho Penal se expanda y violente derechos
fundamentales, pues la policía no tiene una visión y conocimiento del derecho como
lo tienen los fiscales auxiliares de la FGR.
En el caso concreto, dijo que basta con leer el formulario en el que consta la solicitud
de juicio por falta, presentada por el agente policial para darse cuenta "que bajo
ningún término se pueden extraer los elementos de juicio suficientes que hagan
- 105 -
posible fundamentar a futuro una sentencia, en que se requiere que se estampen el
fundamento de hecho y de derecho (…); con la solicitud de juicio por falta presentada
en esta oportunidad no se puede hacer mayor análisis, lo cual resulta obvio para
cualquier persona técnica en el derecho".
A lo dicho agregó que el juicio previo a la restricción de un derecho subjetivo "es una
garantía aplicable a cualquier procedimiento que pueda resultar en una sanción para
la persona (en este caso imputado), pues el hecho de ser una falta, una acción ilícita
de relevancia penal mínima, no obsta para que se respeten las garantías del
imputado, ya que los resultados que genera una solicitud por falta tiene una
trascendencia en el mundo del derecho, ya que se emiten declaraciones,
restricciones o límites sobre la persona, que no pueden concebirse si no se sigue
una estructura de proceso diseñado acorde a nuestra Constitución".
B. Por otra parte, citando jurisprudencia emitida por esta Sala Sentencias
pronunciadas en el proceso de Inc. 52-2003, de 1-IV-2004, y en el proceso de HC
15-C-94, de 28-II-1995–, dijo que "la situación contemplada en la norma hoy
planteada respecto del ejercicio de la acción penal.(…………..).
Por tanto, la necesidad de fijar un contenido técnico a una imputación de carácter
netamente penal, corresponde efectuarla a la Fiscalía General de la República, quien
está obligada constitucionalmente a ser garante de la legalidad. Y se concluye que la
disposición que faculta a la policía para que pueda presentar solicitudes de
juzgamiento por faltas, es inconstitucional, y así debe ser declarado por este
Tribunal.
VIII. Previo a emitir el pronunciamiento de fondo, es necesario determinar cuál ha
sido el objeto de control por esta Sala mediante este proceso.
Desde los autos iniciales se aclaró que los requerimientos originados en las
certificaciones que enviaron las Juezas de Paz, sólo representan los cauces de
conexión entre el control difuso y el concentrado, sobre la constitucionalidad de las
leyes; y que, por tanto, este proceso no se convertía, bajo ningún concepto, en un
- 106 -
recurso o procedimiento de revisión de las inaplicaciones declaradas por dichos
tribunales.
Desde esas aclaraciones es que se concluye que el objeto de control en este
proceso, está determinado por el inc. Final del artículo 77-F de la L. Pr. Pn.: es la ley
inaplicada por los tribunales requirentes, no las sentencias en las que se ejerció el
control difuso; por tanto, así debe entenderse en el fallo de esta sentencia.
Por tanto
Con base en las razones expuestas en los considerandos anteriores, disposiciones
constitucionales y de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la
República de El Salvador, esta Sala
Falla:
1. Declárase que el inciso 3° del art. 391 del Código Procesal Penal (C.Pr.Pn.),
contenido en el Decreto Legislativo Nº 904, de fecha 4-XII-1996, publicado en el
Diario Oficial Nº 11, tomo 334, de fecha 20-I-1997, es inconstitucional en lo relativo a
que la Policía Nacional Civil pueda presentar solicitudes de juzgamiento por faltas;
pues el ejercicio de la acción penal, le corresponde constitucionalmente a la Fiscalía
General de la República, conforme lo preceptuado en los arts. 193 ords. 4° y 159
inciso tercero de la Constitución de la República.
2. Notifíquese la presente decisión a todos los intervinientes en el presente proceso.
3. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial dentro de los quince días siguientes
a esta fecha, debiendo remitirse copia de la misma al Director de dicho órgano oficial
del Estado. ---V. de AVILÉS---J. ENRIQUE ACOSTA---M. CLARÁ---G. A. ALVAREZ--
-PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---M.
A. MONTECINO G.---RUBRICADAS.
Así se expresó la Sala de lo Constitucional, de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, reconociendo que: "en un proceso penal constitucionalmente configurado,
se encuentran bien definidos los roles de los actores principales del proceso; así, es
de reiterar lo que la doctrina y la jurisprudencia ha señalado, en el sentido que
nuestra norma fundamental atribuye el papel de acusador al Fiscal General de la
- 107 -
República y el juzgamiento y ejecución de lo juzgado está encomendado al Órgano
Judicial; por lo que cualquier injerencia de competencias de una institución sobre la
otra es contraria a la Constitución"(………..) Si bien, la PNC ejerce una función investigadora, protagónica e importante en el
proceso penal, "está afuera de esa función acusadora y de promoción de la acción
penal, que debe ser ejercida monopólicamente por el ente fiscal"(………….)
Ello resultaría confirmado con lo prescrito en los incs. 2° y 3° del art. 159 Cn., según
los cuales la función del referido cuerpo policial es la colaboración y el auxilio al
sistema judicial en la sanción de las conductas penales cometidas, mediante el
descubrimiento de los responsables, el aseguramiento de sus personas y de las
pruebas; lo que efectúa de una manera técnica y científica, poniendo a disposición
de la FGR los elementos necesarios para la averiguación de la verdad.
- 108 -
CAPITULO V TRABAJO DE CAMPO
En este capitulo se busca conocer la realidad en que se encuentra el país, respecto a
las limitaciones de derechos fundamentales a través los actos de investigación, para
ello realizamos una serie de entrevistas a funcionarios, empleados públicos, y
agentes policiales, específicamente a Jueces y Secretarios de Juzgados y
tribunales, los cuales en el desarrollo de sus actividades observan los Actos de
Investigación realizados por los entes estatales correspondientes y cómo estos con
su forma de proceder Limitan Derechos Fundamentales y las consecuencias que
acarrean estas violaciones al proceso penal; en la realización de las entrevistas se
procedió a la realización de preguntas puntuales, encaminadas a conocer su opinión
acerca del tema de investigación.
Las entrevistas fueron desarrolladas de la manera siguiente:
Entrevista realizada a Hilda Villanueva. Cargo que desempeña: Jueza, juzgado de paz, El Carmen, Cojutepeque. Siete años desempeñando el cargo. Fecha de Realización de Entrevista: Doce de Marzo de 2,008.
En la entrevista realizada a la lic. Hilda Villanueva, Juez del Juzgado de Paz de El
Carmen, Cojutepeque, se le realizaron una serie de preguntas puntuales
relacionadas con el tema de investigación, a las cuales ella contesto de la forma
siguiente:
¿Qué percibe usted como Actos de Investigación?
Son las diligencias que deben de efectuarse para recabar las pruebas necesarias
que conlleven al esclarecimiento del caso, estos indicios o pruebas podrían ser la
practica de diligencias, tomar entrevistas, hacer inspección, o darle cumplimiento a lo
- 109 -
establecido en el artículo 260 del Código Procesal Penal que hace mención sobre los
anticipos de prueba, por ejemplo el reconocimiento en rueda de personas o un
reconocimiento en rueda de fotografías, los peritajes, experticias, esto dependiendo
de que se trate el caso.
¿Cómo clasificaría usted los actos de Investigación?
Los clasificaría como actos previos a la investigación y actos que se dan en el
transcurso del proceso, antes de la audiencia inicial pueden darse lo que establece el
artículo 250 Código Procesal Penal, la cual consiste en recabar una prueba que
considere necesarias la fiscalia para el desarrollo de una mejor investigación.
En lo que va del año ¿En su Juzgado se han presentado irregularidades por parte de
la policía en el proceder durante la investigación del delito?
Lo que a ellos les falta comúnmente son requisitos procesales ya que la mayoría de
policías son desconocedores de la ley, ellos conocen su reglamento pero
desconocen casi en su totalidad la ley procesal Penal vigente, un ejemplo puntual
seria cuando un agente tiene que recabar información de testigos ellos nunca les
mencionan las consecuencias del falso testimonio, otro ejemplo claro del
desconocimiento de la ley penal por parte de la policía es cuando deben tomar una
denuncia los requisitos y forma de tratar a la victima o denunciante, para solucionar
este problema es necesario capacitar a la Policía Nacional Civil con gente idónea
para tan importante acto.
Los Fiscales deben prestar más atención a los procesos que se les asignan para que
no existan tantas irregularidades en el desarrollo de los actos de investigación.
¿Considera usted que arrestar a una persona para salvaguardar los intereses de la
población es correcto o su forma de actuar debería ser diferente?
Es necesario realizar antes una investigación minuciosa y juiciosa antes de proceder
a la detención, pero en la realidad Salvadoreña mientras se investiga si una persona
se robo un par de zapatos, esta persona se encuentra detenida y se esta vulnerando
lo que dice el artículo 5 de nuestra constitución el cual es la presunción de inocencia.
- 110 -
Una forma de proceder en contra de estas detenciones es acudir al recurso del
Habeas Corpus en el cual se demuestra que la detención es ilegal.
Para que exista un verdadero respeto a los derechos debe de existir un cambio de
sistema que garantice la protección de derechos constitucionales y no un cambio de
leyes.
¿Cómo los Actos de Investigación Limitan el derecho a la Libertad?
Este es el caso cuando la fiscalia realiza la detención administrativa la cual procede
para hacer las averiguaciones pertinentes para corroborar si la persona pudo o no
participar en un hecho delictivo.
¿Cómo los Actos de Investigación Limitan la Dignidad o el Honor del imputado?
Este derecho se ve vulnerado cuando un Juez le impone una sanción que no esta
prevista en la ley penal y que pueda menoscabar la dignidad del imputado no se
puede sancionar mediante la humillación.
¿Cómo los Actos de investigación atentan contra la propiedad de las personas?
Si durante la investigación de un delito se llega con violencia al inmueble y se
empiezan a destruir los objetos se esta cayendo en una violación de morada, el
investigar en forma violenta demuestra una total ignorancia de la ley.
¿Considera correcto el accionar de la policía en los allanamientos?
No me parece correcto ya que los investigadores no se identifican correctamente y
hay mucho abuso de autoridad, la solución a este problema seria reformar la Ley
Orgánica de la Policía Nacional Civil.
¿Ha conocido usted casos donde se haya procesado a un policía por un mal
proceder en la investigación dentro de su juzgado?
Dentro de mi juzgado No, pero si me e enterado que han procesado a policías pero
de bajo rango ya que a mi modo de pensar solo se a buscado a quien culpar por el
hecho delictivo.
- 111 -
¿Esta cumpliendo la Fiscalia con la función investigadora?
No esta cumpliendo por la gran falta de material humano necesario ya que a los
fiscales en la actualidad se le ha sobrecargado de trabajo y le falta un buen equipo
de trabajo que le ayude a llevar mejor el proceso y todas sus diligencias.
Los Fiscales siguen actuando de forma inquisitiva ya que en algunos casos procede
el pedir el sobreseimiento definitivo ya que el delito es atípico y ellos siguen
insistiendo con la acusación, pero esto se debe a la cadena de mando dentro de la
Fiscalia, ya que los fiscales obedecen a su jefe inmediato con respecto a la forma de
actuar.
Al finalizar esta entrevista nos queda muy claro que los Jueces de Paz son los
primeros que deben de asegurar el resguardo de los derechos fundamentales de los
imputados, ya que estos poseen la facultad de determinar si en los actos de
investigación realizados por la policía han respetado o no los derechos
fundamentales del imputado.
Los Jueces de paz deben ser juiciosos al momento de analizar el proceder de la
policía Nacional Civil al momento de la realización de las investigaciones iniciales en
el proceso penal y asegurarse que estos actos den pautas a nulidades.
La señora Juez entrevistada reconoce que la policía al realizar los diversos actos de
investigación, ya sea por desconocimiento de la ley o por soberbia de los mandos
medios caen violaciones serias a los derechos fundamentales de los imputados y
dejan sin Bases fuertes el Requerimiento Fiscal.
- 112 -
Entrevista realizada a Fernando Ernesto Monteagudo. Cargo que desempeña: Secretario, Tribunal de Sentencia, Zacatecoluca, La Paz. Diez años desempeñando el cargo. Fecha de Realización de Entrevista: Catorce de Marzo de 2,008.
En la entrevista realizada al lic. Fernando Monteagudo, Secretario del Tribunal de
Sentencia de Zacatecoluca, se le realizaron una serie de preguntas puntuales
relacionadas con el tema de investigación, a las cuales el contesto de la forma
siguiente:
¿Que son los actos iniciales de investigación?, a lo que el contesto: son aquellos
actos que recopila generalmente la policía, en algunos casos bajo dirección funcional
de la Fiscalia o en otros casos pueden actuar llamándolo ellos en flagrancia por
conocimientos que han tenido de diversidad de delitos que se han cometido y de los
cuales ellos creen estar en flagrancia y están en obligación de investigarlos.
¿Que son las diligencias iniciales de investigación?
Son aquellas diligencias que corporación policial esta encargada de realizar, estas
emanadas de una dirección funcional de parte del Fiscal.
¿Que son los actos urgentes?
Son aquellos actos que tienen connotación de irreproducibles, son actos que se
pueden perder en el devenir del tiempo si no se toman de forma inmediata, por eso
hay actos urgentes de tal magnitud de urgencia que si se dejan para otro día las
pruebas que recabas ya no son las mismas.
¿Que son los actos de prevención?
Son aquellos actos propios de la policía que realizan sin necesidad de autorización
judicial o una orden funcional por parte de la policía, estos actos deberán estar
siempre fundamentados en razones suficientes para presumir que se ocultan objetos
- 113 -
relacionados una conducta delictiva, el agente deberá levantar un acta de lo
acontecido.
¿Que son los actos autónomos de la policía?
Estos actos a veces rayan con la ilegalidad, porque depende del criterio básico del
agente policial o del superior policial que le este dando tramite a la situación, de esa
forma se inician actos que a veces no están dentro de la misma dirección funcional
que la fiscalia pudo haber dado, y equívocamente ellos creen que esos actos que
están realizando son actos legales que no los quieren convalidar con la dirección
funcional que no esta acorde con lo que han realizado, es un caso típico que los
actos autónomos realizados por la policía son los que estropean los procesos
fiscales porque es donde generalmente se llenan o se emanan la mayoría de
nulidades que a veces por ignorancia, por desconocimiento o por simple atrevimiento
del jefe policial los realizan.
¿Que son los actos in fraganti?
Son aquellos que se realizan o que práctica la policía cuando la persona esta en
flagrancia cuando la comisión del delito se acaba de realizar y esta en un término de
la flagrancia, el término de la flagrancia es un término de veinticuatro horas en el cual
podes ubicar a una persona para proceder a capturarla.
¿Cuales son los actos que requieren autorización judicial?
Los actos iniciales que requieren autorización judicial son los allanamientos de
morada específicamente, las requisas personales en casos de sujetos que se
sospecha hallan digestazo droga para ocultarla, es necesario se autorice una requisa
personal por parte de un Juez y con esto autorice la realización de una serie de
procedimientos, los allanamientos de morada que si no tienes autorización de un
Juez declaran o señalan una franca nulidad e incluso pueden rayar en la comisión de
un delito.
- 114 -
En caso de flagrancia, si un agente observa la comisión del delito y ve que el hechor
entra a una casa, entonces perfectamente podes ingresar al lugar porque la misma
flagrancia te lo autoriza.
Desde su experiencia ¿Que actos pueden limitar derechos fundamentales?
Hay actos bien particulares que a veces la policía genera, un caso en particular es
cuando la policía tiene a un imputado que han acusado que ha cometido varios
delitos, lo han detenido, le han notificado el primer delito, y en ese periodo de tiempo
se descubre que el imputado tiene otro delito que esta latente por el hecho de que
nunca se había capturado, en el entendido que el esta capturado ya ni siquiera le
nombran defensor por ese segundo delito, no obstante el tiene derecho porque son
dos hechos totalmente distintos, por el hecho de estar capturado y tiene asignado
defensor, creen que le pueden achacar los delitos que sean, cada uno de esos
delitos son independientes, cada uno de esos delitos debe de ser notificado de la
acusación que se esta siguiente del requerimiento que este tenga en su contra y
debe de nombrársele asistente legal ya sea particular o pública porque son delitos
independientes, frecuentemente se da por parte de la policía a veces por ignorancia
y otras por atrevimiento, con esto generan nulidades contra los actos iniciales de
investigación que al final le dan atraco a todo el proceso porque es de donde
devienen todas iniciales indagaciones de las cuales se sustenta el proceso, las
acusaciones, que como les dieron pie actuaciones ilícitas se aplica la teoría del árbol
envenenado “si esta envenenada la raíz, el fruto también estará envenenado”
Se procedió a preguntarle si podría citar un caso donde haya sido conocedor de
vulneración a derechos fundamentales.
Un caso bastante sonado es el de un ex -alcalde de Olocuilta el cual estaba siendo
procesado por un delito determinado (agresión sexual) y estando detenido por este
delito, le inician otro proceso por agresión sexual y no le notificaron de este segundo
proceso y al no notificarle estaban generando una nulidad que a futuro se alego, las
nulidades pueden solicitarse a instancia de parte o de hecho, los jueces no tienen la
- 115 -
diligencia de revisar en instancias inferiores que existen ese tipo de nulidades y le
dan tramite al proceso que al final están vulnerando el proceso penal.
¿Qué recomendación daría para que se respetaran más los derechos fundamentales
en los actos de investigación?
Debe existir una capacitación sistemática, organizada, generalizada y constante
orientada a todos los mandos medios y jefaturas de la policía, porque si bien es
cierto el agente es quien físicamente hace los actos, quien se los ordena es su
superior, los sargentos, los comisionados y sub -comisionados no se actualizan y
creen que lo que están haciendo es lo correcto, no se ven frente a la seguridad de
garantías procesales, frente a la captura, dejan en desnivel “a mi me importa como
agente policial que hayan capturas por equis hecho”, independientemente las
capturas como sean y muchas veces se están vulnerando garantías fundamentales
por ejemplo el principio de defensa, el del debido proceso son garantías vulneradas,
nuestra esquematización constitucional permite verificar y permiten que estas
tengan la posibilidad de retribuirse a la persona por medio de las nulidades, con
declarar la nulidad no se esta diciendo que la persona es inocente sino que el
proceso esta viciado y el proceso hay que iniciarlo nuevamente de la forma correcta,
el mecanismo para evitar esta situación es la capacitación de los agentes los cuales
son los primeros en entrar en contacto con los hechos delictivos.
Con esta entrevista podemos comprender la magnitud del problema que acarrea la
violación a derechos fundamentales en los actos de investigación, ya que con la
vulneración de derechos fundamentales en los cimientos del proceso este se ve en
grabe peligro de llegar satisfactoriamente a una sentencia condenatoria; la
vulneración de derechos fundamentales con frecuencia acarrea nulidades que
conllevan a la liberación de un posible criminal, el cual es liberado por el Juez por
habérsele vulnerado sus derechos.
- 116 -
El señor secretario reconoce que si la Policía Nacional Civil realizara mejor los actos
iniciales de investigación los fiscales podrían tener bases más fuertes para poder
encontrar la verdad en un determinado caso.
En la realización de actos de investigación deben de respetarse los derechos
fundamentales para lograr una adecuada justicia penal, y que el proceso no se vea
viciado y por culpa de estas violaciones se caigan en nulidades que afecten al
proceso en si.
- 117 -
Entrevista realizada a Bexy Recinos. Cargo que desempeña: Fiscal Auxiliar, Fiscalia General de la República, Zacatecoluca, La Paz. Siete años desempeñando el cargo. Fecha de Realización de Entrevista: Quince de Marzo de 2,008.
En la entrevista realizada a la señorita Bexy Recinos, Fiscal Auxiliar de la Fiscalia
General de la República, delegada en Zacatecoluca, se le realizaron una serie de
preguntas puntuales relacionadas con el tema de investigación, a las cuales ella
contesto de la forma siguiente:
¿Qué son los Actos Iniciales de Investigación?
Son las acciones o actividades realizadas propiamente por la fiscalia.
Ejemplo:
Anticipos de pruebas
¿Qué son las Diligencias Iniciales de Investigación?
Son las acciones o actividades realizadas directamente por la policía.
Ejemplo:
Recibir entrevistas
Hacer Inspecciones
¿Qué son los Actos Urgentes?
Son aquellos que por su naturaleza pueden perder las intensiones que representa y
usualmente son de naturaleza irreproducibles.
Ejemplo:
Levantamiento de cadáver
Reconocimiento de personas
Prueba toxicologica
Antidoping
- 118 -
¿Qué son los Actos de Prevención?
Son aquellos que tienen por objeto la prevención del delito.
Requisa personal
Registro con prevención de allanamiento cuando se conoce que en
determinado lugar hay objetos ilícitos
¿Qué son los Actos Autónomos?
Son aquellos que la policía puede realizar sin la autorización del Juez.
¿Qué son los Actos In fraganti?
Son aquellos actos que se realizan en el momento en que se sorprende a la persona
en flagrancia del cometimiento del delito.
¿Cuales son los Actos que Requieren Autorización Judicial?
Registro con prevención de allanamiento.
Extracción de fluidos.
¿Considera que los actos de investigación pueden limitar derechos fundamentales?
Si, estos actos pueden limitar derechos fundamentales, pero hay que recordar que
estos actos son autorizados por la ley para su realización por los entes Estatales
La referida agente fiscal nos dio a entender que los actos de investigación son
importantes para el proceso ya que esos actos son los responsables de aportar
pruebas importantes en contra de determinado imputado.
Si la policía no respeta los derechos del imputado el proceso en contra de este se va
directamente a la basura, ya que la violación a derechos fundamentales abren las
puertas a los abogados defensores de solicitar se declaren nulidades en el proceso y
por lo tanto no se logra castigar al culpable de la realización de un delito.
- 119 -
Entrevista realizada a Agente Policial 9 Cargo que desempeña: Agente de la Unidad Anti-extorsión, Policía Nacional Civil, Ciudad Delgado, San salvador. Nueve años desempeñando el cargo. Fecha de Realización de Entrevista: dieciséis de Marzo de 2,008.
En la entrevista realizada al señor Agente Policial, de la división Anti-extorsión,
delegado en Ciudad Delgado, se le realizaron una serie de preguntas puntuales
relacionadas con el tema de investigación, a las cuales el contesto de la forma
siguiente:
¿Que son los actos iniciales de investigación?
Son un conjunto de actividades realizados por la policía, encomendados por la
fiscalia. Con el fin de investigar la comisión de un delito y comprobar la culpabilidad
del imputado según las pruebas recolectadas durante la investigación.
¿Se limitan derechos fundamentales; si, no, y porque?
Durante la investigación del delito si se limitan derechos fundamentales del imputado,
a través de los mismos actos que realizamos, Ej. Al momento de la captura no les
leemos todos sus derechos siendo obligación realizarlo; para que medie allanamiento
de morada es necesario cerciorarse previamente que en ese lugar reside la persona,
caso que no sucede sino que únicamente me apersono a la vivienda y tomo una
fotografía y comienzo a redactar el informe para que me autoricen el allanamiento;
9 El nombre del entrevistado no se menciona por seguridad del mismo.
- 120 -
¿En que porcentaje se limitan los derechos del imputado?
Antes de responder esta interrogante es necesario aclararte que por cada unidad de
la policía, el porcentaje de limitación o violación varia, depende de la complejidad del
delito, en la unidad que me encuentro el porcentaje es de 50%
¿En todos los casos se limitan derechos?
No, existen agentes policiales que son bien correctos y para evitar cualquier
problema cumplen con todas las formalidades exigidas por la ley, pero estos son
casos muy excepcionales pero si existen.
¿Que se debe de hacer para eliminar la violación a derechos fundamentales?
Este es un problema que siempre se ha dado y que es difícil de eliminar porque no
podemos sustituir a todos los policías que existen para evitar las vulneraciones,
además como agentes policiales siempre existen casos que debemos de hacer uso
de la fuerza y quiérase o no siempre limitaremos sus derechos.
Capacitar a los policías para que conozcan más acerca de las leyes no solo de su ley
orgánica y el código penal y procesal penal, sino otras leyes que regulan el actuar
de la policía como tratados, convenios, etc., y leyes que regulen sobre derechos
fundamentales de las personas y del imputado.
- 121 -
LA REALIZACIÓN DE LAS ANTERIORES ENTREVISTAS NOS ARROJARON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:
De acuerdo a nuestros entrevistados el nivel de violaciones a derechos
Fundamentales se encuentra de la forma siguiente.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
Juez de PazSecretarioFiscaliaPolicía
En la representación grafica se puede percibir de forma cuantitativa el nivel de
violaciones a derechos fundamentales que se generan durante los actos iniciales de
investigación, tal es el caso que en la primera columna correspondiente a la Jueza de
Paz de El Carmen, Cuscatlan, expresó que el nivel de violaciones a derechos
alcanza un 55% de los casos. Al referirnos a la siguiente columna correspondiente al
Secretario del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, manifestó que el nivel
de violaciones en los actos de investigación alcanza un 65% de los casos. La tercera
columna perteneciente a la Fiscal auxiliar de Zacatecoluca, La Paz, manifestó que el
nivel de violaciones de derechos al momento de realizar una investigación es de
40%. Finalizando con la columna correspondiente al Policía, quien expresa que el
nivel de violaciones alcanza un 45%.
- 122 -
Casos que han sido del conocimiento de los Entrevistados en donde se han
violentado derechos fundamentales.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
Juez de PazSecretarioFiscaliaPolicía
En esta grafica se representan los casos que han sido del conocimiento de los
entrevistados, en los cuales existen violaciones a derechos fundamentales y que han
llegado a conocimiento del órgano jurisdiccional o autoridad competente.
- 123 -
Que tipo de Acto Vulnera con mas frecuencia derechos Fundamentales.
20%
40%
25%
10%5%
Actos Urgentes
Actos de Prevencion
Actos Autonomos
Actos In Fraganti
Actos con AutorizacionJudicial
En este diagrama se representa el porcentaje de violaciones existentes en cada tipo
de acto de investigación, en el cual se observa que los actos de prevención son los
que con mayor regularidad vulneran derechos de los individuos, y que por el
contrario los Actos que Requieren de Autorización Judicial son los actos que con
menos frecuencia vulneran derechos.
- 124 -
Responsabilidad de las violaciones
45%
15%
40%
AgentesMandos MediosDireccion Fiscal
En este diagrama se representa sobre quien recae la responsabilidad de las
violaciones a derechos fundamentales, en el cual se observa que los mandos medios
y agentes policiales son los que con mayor frecuencia limitan vulneran derechos
fundamentales durante la investigación, quedando con el menor porcentaje las
actuaciones de los fiscales.
- 125 -
CONCLUSIONES
Los derechos fundamentales son gravemente violentados por los entes
encargados de la investigación criminal, la falta de conocimiento de la ley que
poseen los agentes policiales es alarmante y fuente principal de las violaciones
a los derechos fundamentales de los imputados.
Los actos de investigación son la base sobre la cual descansa todo el proceso
penal, por lo tanto si existen irregularidades en los actos de investigación el
proceso completo se puede declarar nulo, la Policía Nacional Civil es
responsable en gran medida de proporcionar a la Fiscalia General de la
República las pruebas que en el proceso serán vertidas por lo tanto se debe
tener especial cuidado en la forma como se obtienen estas.
En la actualidad existen vulneraciones a los derechos fundamentales de las
personas y que el Estado no está cumpliendo con su finalidad de garantizar el
libre goce de estos derechos.
Los agentes policiales durante los actos de investigación, emplean actos que
están prohibidos por la Constitución y que atentan contra la dignidad de la
persona, es por ello, que el actuar de la policía debe de estar sometido a
ciertos principios, pero que además de estar sometidos deben de cumplirse,
no como sucede en la actualidad que no se aplica lo del código procesal
penal.
- 126 -
Los organismos de velar porque se respeten los derechos fundamentales en
el país, no están cumpliendo objetivamente con sus funciones, sino que
únicamente se limitan a emitir juicios solo por la obligación que tienen de
hacerlos.
Para que exista una adecuada justicia penal, deben de emplearse diferentes
mecanismos y técnicas que capaciten a los encargados de la investigación,
con la finalidad de que se evite las vulneraciones de los derechos
fundamentales.
Debe de limitarse la actuación policial con el fin de controlar las vulneraciones
a los derechos fundamentales de las personas.
- 127 -
RECOMENDACIONES
Que se capacite regularmente a los agentes y a los mandos medios de la
policía sobre el correcto proceder en los actos de investigación, esta
capacitación deberá ser realizada por el consejo Nacional de la Judicatura.
Es necesario que en el ordenamiento jurídico del país, exista en realidad un
estado de derecho, donde la voluntad del hombre se someta al derecho y no
al contrario que el derecho se someta a la voluntad del hombre.
Que las entidades encargadas de velar por el respeto de los derechos
fundamentales de las personas, cumplan a cabalidad con sus atribuciones
encomendadas.
Que durante los actos de investigación que realiza la policía, deben de
garantizar la protección de los derechos fundamentales no solo de la victima,
sino también los del imputado.
El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos
fundamentales de las personas, y para ello, deben de capacitar a los
miembros de la policía para que cuando realicen los actos de investigación no
se vulneren los derechos de las personas.
- 128 -
BIBLIOGRAFIA
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Universidad Externado de Colombia. Primera edición. Colombia, 2003.
Pandolfi, Oscar. Garantías Constitucionales en el Derecho Penal. Cuarta
edición. Segunda reimpresión
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Oronoz Santana, Carlos. Manual de Derecho Procesal Penal. Cuarta
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- 129 -
Quiroga Lavié, Humberto. Los Derechos Humanos y su Defensa Ante la
Justicia. Editorial Temis. Año 1995. Colombia.
Autores varios: “Tres temas Fundamentales sobre la fase Inicial del
Proceso penal”
- 130 -
SIGLAS Y ABREVIATURAS Cn………………………Constitución
C.PrPn…………………Código Procesal Penal
CPP……………………Código Procesal Penal
CSJ…………………....Corte Suprema de Justicia
CAM…………………...Cuerpo de Agentes Metropolitanos
DH……………………...Derechos Humanos
DUDH…………………..Declaración Universal de Derechos Humanos
D.L……………………...Decreto Legislativo
D.O...…………………...Diario Oficial
FGR…………………….Fiscalía General de la República
FESPAD……………….Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho
HC……………………...Habeas Corpus
Inc………………………Inciso
L.Pr.Cn…………………Ley de Procedimientos Constitucionales
MPF………………… …Ministerio Público Fiscal
ONG´S…………………Organizaciones no Gubernamentales
OEA……………………Organización de Estados Americanos
Pn………………………Código Penal
PNC……………………Policía Nacional Civil
PDDH…………………Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
UMO…………………..Unidad del Mantenimiento del Orden
UDIN…………………..Unidad de Investigaciones
- 131 -
ANEXOS
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
PLAN DE TRABAJO DE MONOGRAFIA
TEMA
ACTOS DE INVESTIGACION QUE LIMITAN DERECHOS
FUNDAMENTALES
PRESENTADA POR
CARLOS EDUARDO ÁLVAREZ GARCÍA
NELSON EMANUEL PABLO BELTRÁN
PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE:
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
ASESOR: LIC. HERBERT WALTER AQUINO SILVA
FEBRERO DE 2008
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTRO AMERICA
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
AUTORIDADES
RECTOR:
ING. MARIO ANTONIO RUIZ RAMIREZ.
VICE-RECTORA:
DRA. LETICIA ANDINO DE RIVERA.
SECRETARIA GENERAL:
LICDA. TERESA DE JESUS GONZALEZ DE MENDOZA
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS:
DRA. DELMY ESPERANZA CANTARERO MACHADO
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTRO AMERICA
INDICE TEMA PÁGINA
INTRODUCCION………………………………………………………………… I
I. DIAGNOSTICO……………………………………………………………….... 1-2
II. OBJETIVOS…………………………………………………………………… 3
III. ESTRATEGIAS………………………………………………………………. 4-6
IV. METAS……………………………………………………………………….. 7
V. RECURSOS…………………………………………………………………. . 8-9
VI. POLITICAS…….…………………………………………………………….. 10
VII. CONTROL DE EVALUACION……………………………………………. 11
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES…………………………………… 12-13
IX. PROGRAMA DE ASESORIAS……………………………………………. 14
X. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………… 15
INTRODUCCION
En el presente trabajo de graduación titulado “Actos de Investigación que Limitan
Derechos Fundamentales”, se presenta con la finalidad de optar al grado académico
de Licenciado en Ciencias Jurídicas.
El propósito de la investigación consiste en analizar los Actos de Investigación que
Limitan los Derechos Fundamentales que están regulados en el ordenamiento
jurídico Salvadoreño, específicamente en el Capitulo uno del titulo uno del Libro
Segundo del Código Procesal Penal que se titula Actos Iniciales y esta integrado
por los artículos del 229 al 246.
La presente Monografía fija puntualmente cuales son algunos de los derechos
fundamentales del imputado que pueden llegar a ser vulnerados o limitados durante
las diligencias de investigación, practicadas por los entes gubernamentales
competentes.
El propósito a seguir como grupo es plasmar de manera clara y concisa en que
consisten los actos iniciales de investigación y los derechos fundamentales que
pueden ser vulnerados con estos.
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I. DIAGNÓSTICO
Al indagar doctrinariamente encontramos en la primera edición del Código Procesal
Penal Comentado, emitido por La Corte Suprema de Justicia en septiembre del año
dos mil uno, haciendo mención a los artículos 229 y siguientes del Código Procesal
Penal, en cuanto a los actos de investigación se hace notar que estas diligencias
constituyen un conjunto de actividades ordenadas por el organismo facultado; en
este caso la Fiscalia General de la República, orientada a indagar sobre la “Notitia
Criminis” con esta fase de investigación se pretende recolectar los elementos
necesarios para probar la culpabilidad del imputado.
Los Actos de investigación constituyen una fase pre-procesal que esta dentro de la
esfera de los actos propios indagatorios de la policía, siendo de naturaleza
administrativa.
Existen diversidad de opiniones que hacen una aportación elemental a nuestro tema
haciendo diferenciación entre dos grandes fases del proceso penal que en muchos
casos tienden a confundir a las personas, estos son los Actos Iniciales y Las
Diligencias Iniciales de Investigación, al referirnos al primer enunciado que se
encuentra regulado a partir del Artículo 229 del Código Procesal Penal y siguientes
hacen mención, que estos dan inicio con la denuncia que hace la victima,
considerándola así como la forma ordinaria de iniciación del proceso penal, el medio
por el cual se informa de la realización de un hecho delictivo o de sospecha de
haberse cometido, la denuncia no tiene por si misma eficacia procesal directa, puesto
que no comprueba la culpabilidad del imputado, sino únicamente pone a trabajar al
ministerio publico sobre el hecho denunciado, iniciando así el segundo supuesto
(Diligencias Iniciales de Investigación), a partir de este momento la Fiscalia a través
de una orden administrativa ordena a la policía se investigue sobre el hecho
denunciado cumpliendo con las exigencias que establece la ley.
Es necesario hacer la aclaración, que los actos de Investigación comprenden el
genero, y entenderemos por Diligencias Iniciales una especie actos de investigación,
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con un alto grado de concreción, ya que el ministerio Publico y la Policía Nacional
Civil ya han comenzado a actuar y por lo tanto la investigación ya se inicio en contra
de determinada persona.
Al hablar de los Actos de Investigación, surgen diversos cuestionamientos en
conocer hasta donde los derechos fundamentales pueden ser limitados por la
Fiscalia General de la República o la Policía Nacional Civil, al momento que realicen
las mencionadas diligencias, partiendo del hecho, que durante el proceso penal,
específicamente durante los Actos Iniciales, no existe un ente que controle las
actuaciones efectuadas por el Ministerio Publico y por la Policía Nacional Civil,
ocasionándose así, la limitación o vulneración a los derechos fundamentales del
imputado; es hasta la etapa de instrucción donde el Juez conoce a fondo y puede
observar y analizar detenidamente las actuaciones del Ministerio Publico y de la
Policía Nacional Civil, estableciendo los parámetros de actuación de estos, a pesar
que con anterioridad en el proceso ya ha conocido el Juez de Paz, el cual no ha
intervenido en las actuaciones de los entes Estatales Investigadores y solo se ha
encargado de analizar y valorar la participación de la persona en el supuesto hecho
delictivo,
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II. OBJETIVOS
GENERAL
Analizar los Actos de Investigación regulados en el Código Procesal Penal y la
incidencia de estos en la limitación de los Derechos Fundamentales de los
Imputados.
ESPECÍFICOS
Determinar si los Actos de Investigación Limitan los derechos
fundamentales de la libertad ambulatoria y la integridad física del individuo.
Verificar si los Actos de Investigación limitan los derechos a la Dignidad y
al patrimonio de la Persona, a quien se le esta atribuyendo un delito.
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III. ESTRATEGIAS
El plan de trabajo sobre la temática de los Actos de Investigación que Limitan
Derechos Fundamentales lo aremos basándonos en la siguiente estrategia:
A) Consultaremos a autores que han escrito sobre el tema y con ello poder
profundizar en este, verificar hasta que punto los derechos fundamentales son
irrespetados por los entes gubernamentales al momento de la realización de los
Actos de investigación.
Teniendo en cuenta que los Actos de investigación integran una face procesal
eventual y no necesaria porque la decisión de proceder o no a las indagaciones
previas se encuentran supeditadas al criterio discrecional del ministerio publico, que
a diferencia de la instrucción formal participa de la naturaleza administrativa de la
policía, siendo esta previa se encuentra a cargo del ministerio publico fiscal que
actúa por si o dirigiendo la actividad investigadora de la policía.
B) Unidades de Investigación:
1. Juzgado de Paz de El Carmen, Cojutepeque, Cuscatlan
2. Causas Penales Ingresadas en el mes de Enero del Año 2,008
1. Juzgado de Paz de El Carmen, Cojutepeque, Cuscatlan.
Mediante la visita al mencionado juzgado de paz podremos observar el inicio del
proceso penal, y así determinar si en el requerimiento fiscal que ha presentado la
Fiscalia, existen vulneraciones a los derechos fundamentales del detenido,
pretendemos lograr con esta visita, entrevistar al Juez de Paz, y conocer su opinión
acerca del tema objeto de nuestra investigación.
2. Causas Penales Ingresadas en el mes de Enero del Año 2,008.
Con el hecho de poder acceder a las causas ingresadas podremos analizar si se han
respetado los derechos fundamentales de los imputados, mediante la observación y
estudio de las causas penales, podremos descubrir si las causas penales de este
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año, han existido vulneraciones o limitaciones a los derechos fundamentales del
imputado, y si fuere así, conocer cuales fueron los derechos que se les violentaron.
C) Herramientas de Investigación
Medios a utilizar para elaborar nuestro trabajo de investigación, todos los
documentos que describan el contenido de la investigación de campo:
1. Entrevistas
2. Cuestionario
3. Autos de Instrucción
1. Entrevista
Durante la etapa de trabajo de campo realizaremos diversas entrevistas a
conocedores del derecho que nos aporten información para el desarrollo de nuestro
trabajo, Jueces, Secretarios Judiciales, Fiscales y miembros de la Dirección de
Investigación de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de nutrirnos de todo lo
necesario para poder elaborar un buen trabajo estableciendo no solo lo doctrinario
sino también lo practico aportado por los entrevistados.
2. Cuestionario
Estará conformado por diversidad de preguntas que tengan relación con el objeto de
nuestra investigación, las cuales las realizaremos a las personas que consideremos
que nos proporcionaran información para poder elaborar el marco teórico del trabajo,
en este cuestionario se podrá confrontar la relevancia que poseen los derechos
fundamentales al momento que se este llevando a cabo una investigación por la
comisión de un delito, cada persona podrá dar su opinión sobre que es mas
importante durante la investigación, si respetar los derechos del imputado o buscar
los medios de prueba violentando derechos fundamentales durante la investigación.
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3. Autos de Instrucción
Con el análisis de estos autos, podremos determinar si en un proceso penal
determinado, se respetan o no los derechos fundamentales; identificar las posibles
limitaciones a los derechos por parte del Ministerio Publico y la Policía Nacional Civil,
al momento de que realicen las Diligencias Iniciales de Investigación en contra del
imputado
D) La mejor forma de realizar de forma rápida y eficiente el trabajo es por medio de la
discusión colectiva.
E) Tener una buena comunicación con el asesor y con ello lograr una buena
coordinación y cumplimiento de los plazos.
F) Realizar una lectura y clasificación eficiente de todo el material bibliográfico
obtenido.
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IV. METAS
1. Desarrollar en forma clara y concisa el tema de investigación.
2. Cumplir con el tiempo establecido para el desarrollo de la monografía
3. Desarrollar todos los aspectos relacionados a los Actos de Investigación que
Limiten Derechos Fundamentales.
4. Analizar y comprender todo acerca de los Actos Iniciales de Investigación
5. Realizar un excelente trabajo monográfico para que pueda servir como base a
las futuras generaciones que deseen conocer sobre el tema desarrollado.
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V. RECURSOS
1. Recurso Humano
2. Recurso Material
3. Recurso Financiero
4. Recurso Tiempo
RECURSO HUMANO
Asesor Experto en La Materia
LIC. HERBERT WALTER AQUINO SILVA
Estudiantes egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas:
CARLOS EDUARDO ALVAREZ GARCÍA
NELSON EMANUEL PABLO BELTRAN
RECURSOS MATERIALES
Computadora Internet Biblioteca Papelería Fotocopiadoras
Teléfono celular y fijo Transporte colectivo
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RECURSOS FINANCIEROS
MATERIAL COSTO UNIDAD COSTO TOTAL
TRANSPORTE $200.00 2 $400.00
CARNET DE EGRESADO DE
LA U.F.G,
$5.00
2
$10.00
IMPRESIONES $0.30 750 $225.00
COPIAS $0.03 2000 $60.00
PAPEL BOND $4.00 2 $8.00
TINTA $10.00 4 $40.00
CD $0.75 4 $3.00
TELÉFONO $20.00 2 $40.00
ALIMENTACIÓN $40.00 2 $80.00
ENERGÍA ELÉCTRICA $25 2 $50.00
MEMORIA USB $20.00 2 $40.00
EMPASTADO $13.00 3 $39.00
MENSUALIDAD PROCESO
DE GRADUACIÓN
$114.00
8
$912.00
SUBTOTAL $1,907.00
IMPREVISTOS 15% $286.05
TOTAL $2,193.05
RECURSO TIEMPO
Empezaremos a contar a partir del día cinco de Febrero de 2008 hasta la fecha
límite para la entrega de la monografía completa.
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VI. POLITICAS
POLITICAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
MISIÓN “La formación de profesionales competentes, innovadores, emprendedores y éticos,
mediante la aplicación de un proceso académico de calidad que les permita
desarrollarse en un mundo globalizado.”
VISIÓN “Ser una de las mejores Universidades del país, reconocida por la calidad de sus
egresados, su proceso permanente de mejora continua y su proceso relevante
aplicada a la solución de problemas nacionales”
POLITICAS GRUPALES
Fortalecer por medio de la investigación, que le proceso penal en El Salvador, sea un
mecanismo eficaz, para el logro de la verdad jurídica, favoreciendo la convivencia y
la reinserción social del delincuente.
Robustecer la defensa de los derechos fundamentales, de los procesados, como uno
de los pilares esenciales, del Estado Democrático de Derecho.
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VII CONTROL Y EVALUACIÓN.
FECHA
ACTIVIDAD
4 FEBRERO 2008
ASIGNACIÓN DE TEMAS A EGRESADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS.
9 FEBRERO 2008
NOTIFICACIÓN A EGRESADOS SOBRE NOMBRAMIENTO DE ASESORES.
19 FEBRERO 2008
ENTREGA DE PLAN DE ASESORIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A FACULTAD.
25 FEBRERO 2008
DEVOLUCIÓN DE PLAN DE ASESORIA REVISADO POR ASESOR Y COORDINADOR A EGRESADOS.
DEL 26 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO
2008
ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA.
26 MARZO 2008
ENTREGA DE TRES EJEMPLARES ANILLADOS Y CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE MONOIGRAFÍA
FIRMADA POR ASESOR Y EGRESADOS. 7ABRIL 2008 ENTREGA DE MONOGRAFÍAS Y ACTA DE
OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERE) A EGRESADOS.
12 ABRIL 2008 ENTREGA DE MONOGRAFÍAS POR EGRESADOS CON OBSERVACIONES INCORPORADAS.
DEL 14 AL 19 DE ABRIL
2008
PRESENTACIÓN ORAL DE MONOGRAFÍAS ANTE JURADO.
21 ABRIL 2008 ENTREGA DE ACTAS DE PRESENTACIÓN DE MONOGRAFÍAS A EGRESADOS Y SECCIÓN DE
GRADUACIÓN. DEL 22 AL 30
DE ABRIL 2008 ENTREGA DE MONOGRAFÍAS EMPASTADAS, CD Y
ABSTRACT.
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TEMA: “ACTOS DE INVESTIGACION QUE LIMITAN DERECHOS FUNDAMENTALES"
Nº
ACTIVIDADES
MESES
FEBRERO MARZO ABRIL
SEMANA SEMANA SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Asignación del tema x
2 Elaborar plan de trabajo x
3 Entrega de plan de trabajo x
4
Buscar información en diferentes bibliotecas para la elaboración de la monografía
x
x
x
x
x
x
5 Recopilar información de juzgados x x x x x x
6 Recopilar información de Internet x x x x x x
7 Clasificar información obtenida x
8 Evaluar información obtenida x
9 Digitar trabajo x x x x x x x
10 Entregar para revisión a asesor x
11 Corregir posibles observaciones x
12 Entrega de la primera versión de monografía x
13 Devolución y subsanar errores x
14 Entrega segunda versión de monografía x
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15 Preparar defensa de monografía x x x
16 Presentación y defensa de monografía x
17 Entrega de monografía x
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IX. PROGRAMA DE ASESORIAS
TIEMPO DE CADA REUNION :
DOS HORA
MESES
FEBRERO MARZO ABRIL
SEMANA SEMANA SEMANA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PRIMERA REUNION x
SEGUNDA REUNION x
TERCERA REUNION x
CUARTA REUNION x
QUINTA REUNION x
SEXTA REUNION x
SEPTIMA REUNION x
OCTAVA REUNION x
NOVENA REUNION x
DECIMA REUNION x
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X. BIBLIOGRAFIA
Borowski, Martín. La Estructura de los Derechos Fundamentales.
Universidad Externado de Colombia. Primera edición. Colombia, 2003.
Pandolfi, Oscar. Garantías Constitucionales en el Derecho Penal. Cuarta
edición. Segunda reimpresión
Código Procesal Penal.
Constitución de La República de El Salvador (1983)
Autores varios: “Tres temas Fundamentales sobre la fase Inicial del
Proceso penal”
