grupo doméstico y concluir el capítulo con una revisión de

los rasgos de identidad de los trabajadores agrícolas andalu-

ces en razón de su posicionamiento ideológico-político, tra-

tando de presentar las consecuencias políticas que se deri-

van de la pérdida de identidad, fruto del proceso de seg-

mentación.

5.1. Politicas específicas para los asalariados eventualesagrarios o la acción del Estado del Bienestarpara el colectivo

En los países mediterráneos europeos el trabajador asala-

riado del sector agrario ha sido estudiado tratando de enten-

der qué rasgos sociales coexisten bajo la misma denomina-

ción de obreros, trabajadores o asalariados agrícolas, en los

censos y fuentes de medición estadística. En unos casos

soportan su identidad histórica en relación con el tema cen-tral de la expulsión de la tierra y la aspiración al control de la

misma, en otros son las características socioeconómicas lasque definen su perfil, en otros es la articulación con las polí-

ticas de bienestar ... En todos los casos estos trabajadores

adquieren rasgos específicos, que los diferencia del resto de

los trabajadores.En Francia F. Bourquelot (1) se refiere a la heterogenei-

dad del perfil social de los asalariados agrícolas, que única-

mente aglutina el hecho de ser «trabajadores agrícolas priva-

dos de la tierra», cuyas reivindicaciones no se centran en

retomar el control de aquélla, sino defender el empleo y la

igualdad social. La debilidad numérica de los asalariados

agrícolas en Francia y su dispersión, acentúa la dificultad de

conseguir vertebrar la lucha por la igualdad social.

(1) Bourquelot, F.: «De quelques tendances sur 1'emploi des sala-riés dans la production agricole». Economie Rurale, n.° 178-9, París,1987.

426

En Portugal, F. Oliveira (2) identifica a los asalariados

según distingan o no su identidad social de la de los agricul-

tores familiares y el proletariado agrícola, que tiene una fuer-te conciencia de ser un grupo social diferenciado. La separa-

ción de los colectivos viene dada por la estructura socioeco-nómica diferenciada de las zonas en las que viven. La debili-

dad de las políticas asistenciales en el medio rural portugués,según este autor, no permite vincular la identidad de los asa-

lariados a la articulación con las políticas del Estado.

En Italia, E. Pugliese y G. Mottura (3) que se han ocupadodel tema del Mezzogiorno y el trabajo distinguen a los asalaria-dos, en razón del eje de sus reivindicaciones, entre clientes del

Estado, cuyo objetivo es conseguir las prestaciones económicas

derivadas del Estado benefactor, asalariados cuyas reivindicacio-nes se centran en la reivindicación de la tierra con sentido histó-rico y trabajadores que no se sienten especialmente vinculados

al sector agrario y le interesa fundamentalmente el trabajo en

buenas condiciones, asimilándose a los operarios industriales.En el caso de Andalucía, existen paralelismos, a distintos

niveles, con los países a los que nos hemos referido, pero es

en esta Comunidad Autónoma, donde el peso específiĉo de

los asalariados agrícolas cuantitativa y cualitativamente esmayor. Hemos expuesto en los capítulos anteriores la hetero-geneidad del medio socioeconómico en el que los trabajado-

res desarrollan su actividad y como se perfilan culturas deltrabajo y grados de reivindicación distintos. También hemos

aludido a la heterogeneidad existente respecto a la estaciona-

lidad del empleo y al salario, al papel que desempeña la fami-lia y la tradición del movimiento sindical. Sin embargo, las

(2) Oliveira, F.: «Los asalariados agrícolas, el trabajo y los territo-rios. El caso portugués». Estudios Regionales, n° 31, Universidades deAndalucía. 1992.

(3) Mottura, G. y Pugliese, E.: Agricoltura, Meuogiorno e mercato dellavoro. Ed. Il Mulino, 1974.

Pugliese, E.: I Braccianti agricoli in Italia, tra mercato del lavoro e assiten-za. Ed. Franco Angeli. Nápoles, 1983.

427

entrevistas realizadas han señalado claramente que existe

una articulación de las estrategias individuales y familiares

respecto al trabajo, a partir del desarrollo de las políticas asis-

tenciales, que se han venido dando para estos trabajadores.Trataremos, a partir de ahora, de analizar cómo las políti-

cas específicas para el colectivo, derivadas del llamado Estado

del Bienestar, inciden en la configuración de la identidadcolectiva de los trabajadores.

5.1.1. Antecedentes

Uno de los mayores problemas del campo andaluz es el

alto índice de salarización y paro, según se deduce de los

capítulos anteriores.Según Bernal, en Andalucía la vinculación entre latifun-

dio y paro empieza a establecerse a partir de los cambios ope-rados en la segunda mitad del siglo ^III. A partir de 1770

son numerosos los expedientes de ayuntamientos que acu-

den a los caudales de propios, a efectos de aminorar el paro,o que regulan la práctica del reparto de jornaleros entre los

pudientes: pueblos de la sierra, la campiña o de la costa prac-tican similares procedimientos ante la falta de trabajo (4).

No será hasta la aparición de la crisis finisecular, sin

embargo, cuando el paro agrícola se identifique más conalgo específicamente andaluz. El problema era tal, que en

1902 la Comisión de Reformas Sociales efectúa una encuestacuyos resultados manifiestan que el 36,07% de los munici-

pios encuestados (el 50% de los de las provincias occidenta-

les) efectuaban habitualmente la práctica del reparto. Laduración de éste oscila entre un mínimo de 15 y un máximo

de 60 días, siendo los de primavera y otoño los más breves.Mediante «el reparto» se conseguía colocar a todos los jorna-

(4) Para una revisión histórica sobre estos temas ver Bernal, A. M.:«Economía e Historia de los latifundios», op. cit.

428

leros en muchos pueblos, aunque en más de la mitad no secubría la totalidad del paro.

Tras la primera guerra mundial, de 1917 al 1921, el pro-blema de los jornaleros andaluces, se convierte en verdadero

problema nacional. El paro forzoso de los secanos que se esti-maba de 120 a 160 días, había subido un 50% en muchossitios. Aún así el paro variaba mucho de unas zonas a otras.Como medidas a aplicar, se apuntan acabar con la concu-rrencia de forasteros, terminar con el trabajo infantil, esta-

blecer bases salariales de tipo estacional y la necesidad deuna Reforma Agraria.

En enero de 1931 se constituye el «sindicato de obrerosparados», que en su declaración programática incardina eltema del paro en la lucha de clases, rechazando por deni-grante cualquier situación paternalista o caritativa. En estasfechas los técnicos apuntan al latifundio como causa princi-pal del problema, los decretos de empleo de braceros de ese

período son una muestra de ello: ley de términos, prohibi-ción de los repartos, la Décima (financiar el paro mediantela presión fiscal a los propietarios) y, por último, la ley deReforma Agraria de 1932.

La Guerra Civil terminó con todas estas medidas. Pero elparo agrícola seguía siendo una realidad. Ante el elevadoporcentaje del mismo se volvió a las prácticas del reparto delos trabajadores por fincas, cuando la situación se hacía másgrave, volviendo a la consideración del «paro forzoso», paraaludir a que se trataba de algo estructural.

Con la aprobación de la ley de Bases de la SeguridadSocial de 1963 nace el Régimen Especial Agrario de la Segu-ridad Social (REASS) . Esta ley sería desarrollada más tardepor la Ley de Seguridad Social en 1986. Pero su regulaciónespecífica se hace a partir de dos decretos desarrollados en

1971 y 1972 (5) y se fundamenta en las características delempleo en el campo, el marco jurídico de las relaciones labo-

(5) Decretos 2.123/71 y 3.772/72.

429

rales y la necesidad de apoyo al sector agrícola, tradicional-

mente deprimido.

Sin embargo en ese momento primaba el interés de favo-

recer a las areas urbano-industriales sobre las que se sostenía

la política oficial de desarrollo. Por ello apoyándose en el

carácter estructural del paro agrario se estableció un marco

de protección social, en cuanto a prestaciones, bastante infe-

rior a las que se reconocieron para el Régimen General de la

Seguridad Social, así como un sistema de cotización discrimi-

natorio respecto aquél y claramente favorable para los

empresarios agrícolas.

Con el comienzo de la crisis de los sectores no agrícolas

en 1973 y el fin del éxodo rural, se deja de absorber el exce-

dente de FT agrícola, el paro se acentúa aún más y se empie-

zan a poner en marcha, esporádicamente, partidas de fondos

públicos, a través de los que se pretendía aliviar la situación

mediante el empleo de trabajadores en obras de carácter

público. Esta medida, cuyos antecedentes se remontan al siglo

pasado, sentaría las bases de lo que, tras las presiones obreras,

vendría a denominarse como «Empleo Comunitario».

La ley 41/70 de 29 de diciembre de 1970, instituyó el sis-

tema de «Em^ileo Comunitario» (EC) como medida para dar

cobertura a los trabajadores agrícolas en paro, que no se

benefíciaban del sistema de protección al desempleo que

estaba vigente para los demás trabajadores.

La ley de 1970 especificaba que se darían «ayudas a los

trabajadores por cuenta ajena mediante la aplicación de fór-

mulas de empleo transitorio con carácter comunitario». Los

fondos para la realización de tales trabajos procedían de la

Mutualidad Nacional Agraria, del Fondo de Protección al

Trabajo, de los impuestos de prevención del paro obrero,

directamente de los Presupuestos Generales del Estado a tra-

vés del Ministerio de Trabajo o de los planes provinciales.

Aunque la normativa desarrollaba y homogeneizaba la

aplicación del EC, en general no hubo tal homogeneidad en

la aplicación del mismo. Las juntas locales y provinciales de

430

empleo que eran las encargadas de poner en marcha la legis-

lación vigente obedecieron más a la dinámica que el movi-

miento obrero iba marcando o al impulso de los organizado-

res locales directos, que al vigor en la ejecución de lo estipu-lado por los decretos que regularon la aplicación de la ley.

Con la muerte de Franco empieza el período de la Tran-

sición. Durante el mismo y hasta 1982 esta política depende-

rá del Estado a través de los Gobernadores Civiles; a partir deesa fecha, cambiará la normativa, pero aún habiendo logrado

un gobierno autónomo por la vía del artículo 151, equipara-

ble a las regiones históricas, esta política no dependerá de laJunta de Andalucía, sino del gobierno central del Estado.

Los primeros años de la transición se caracterizaron en

Andalucía por un fuerte nivel de movilizaciones en el campo,propiciadas fundamentalmente por CC.00., que había

adquirido experiencia en la organización durante la clandes-tinidad. A consecuencia de las mismas, se consigue subir con-

siderablemente el nivel de los salarios obreros. La reacción

de la patronal fue certera: cambio de los cultivos que requeríanmás volumen de trabajo y pérdida de jornales (6). El grado

de conflictividad subió, por lo que después de una etapa de

transición, sindicatos (a excepción del SOC) y empresarios seplantearon la necesidad de llegar a acuerdos para bajar el

nivel de incertidumbre en el empleo. En definitiva, a cambiode la paz social y la moderación salarial se llegaba a una pro-

gresiva reorientación del sistema de cultivos y a una incipien-

te recuperación de jornales. De este modo el sector entrabaen el ámbito de negociación que se estaba dando a nivel

nacional con los pactos de la Moncloa.

El crecimiento de los salarios se acogía a los grandesacuerdos nacionales (AMI, ANE ...), pero en los mismos no

se contemplaban las bases diferenciales de las que se partía

(6) J. J. González: «La patronal agraria. Estrategias de política agra-ria y negociación colectiva». Fundación Juan March. Serie Universita-ria, n.° 232. Madrid, 1986.

431

respecto a otros sectores, ni tampoco reducían el paro, quese veía agravado por la crisis económica.

A partir de esta etapa, los sindicatos, con la excepción del

SOC, se orientaron preferentemente a la obtención y la parti-

cipación en la distribución de fondos públicos (EC) con los

que subsanar la situación de los trabajadores del campo, cada

vez más deteriorada. Los sindicatos se convirtieron casi en

agencias de distribución del trabajo público, lo que a nivel

local, en muchos casos, derivó en sistemas de clientelismo que

repercutieron negativamente en el nivel de credibilidad de sus

objetivos sindicales. Esto, sumado a los escasos resultados de

sus estrategias negociadoras, les llevó a una profunda crisis.

Ahora bien, esta crisis no significó que en ese momento

perdieran influencia, todo lo contrario, en muchos casos el

sindicato local llegó a imponer a los alcaldes en los ayunta-

mientos. La crisis se centraba en la estrategia de clase, pero

no fue tal en lo relativo al peso de su influencia orgánica

durante esa etapa.

Habría que esperar a la llegada de la Autonomía, en la

que toma cuerpo la nueva bandera de lucha por la Reforma

Agraria, para que empezara un período nuevo de conflictivi-

dad en el que se recuperaba uno de los rasgos históricos del

movimiento sindical andaluz: se empieza a reivindicar la tie-

rra, no sólo fondos públicos para el paro. No obstante, la

puesta en marcha de la ley socialista de Reforma Agraria de

1984, se hizo coincidir con un importante cambio en el siste-

ma de cobertura del paro de los trabajadores del campo.

Esto, según se verá, será un paso definitivo hacia la desmovili-

zación, lo que hace que el fracaso de la ley de Reforma Agra-

ria apenas tenga resonancia entre los trabajadores.

Así pues, en la etapa democrática el EC se utilizó por

parte de la Administración con dos finalidades principales:

conseguir la paz social y ayudar a la subsistencia de las fami-

lias trabajadoras manteniéndolas disponibles para el trabajo

simple, o, dicho de otra manera, subsidiando la FT a los

empresarios al más bajo coste y desplazando el tema del desa-

432

juste en las estructuras agrarias, clásico en las reivindicacio-nes obreras, a la discusión sobre la cobertura del paro por

parte de la Administración del Estado.

5.1.2. El nuevo programa de empleo rural

Se ha argumentado en reiteradas ocasiones, no sin parte

de razón, que el sistema de EC contribuía a aumentar la des-vinculación de los obreros con la tierra, partiendo de la con-

sideración de que la escasez de trabajo en el campo, habíafavorecido una FT disponible para trabajar en el complejo«agricultura-construcción-hostelería» (7). Esta afirmación,sin embargo, conviene que se matice. Es cierto que, tras lademanda ejercida por los nucleos urbanos y costeros en losaños del desarrollismo, un número considerable de obrerosse han trasladado a estas zonas temporalmente para suminis-trar FT no cualificada. Sin embargo, con la crisis económica,

estos sectores empiezan a expulsar FT, no sólo porque empie-zan a ser excedentarios en FT, sino también porque empie-

zan a abastecerse de otros trabajadores de la propia zona,anteriormente expulsados, que ahora compiten con los asala-riados agrícolas por el trabajo disponible. Es más, en las pro-pias zonas rurales andaluzas, ante la falta de trabajo no agrí-cola, empieza a darse también una competencia por el traba-jo agrícola existente, teniendo como consecuencia que, al seréste un MT muy personalizado, en muchos casos, son los pro-

pios obreros agrícolas los desplazados por otros sectores depoblación que, a causa del paro, se incorporan a la actividadagrícola, llegando a suceder en algunas zonas que los trabaja-

dores tradicionales alcanzan mayores tasas de paro que aque-llos otros colectivos de «recién llegados» al sector.

El capítulo anterior confirma los resultados obtenidos enlos trabajos realizados durante la primera mitad de los ochen-

(7) Sánchez López, A. op. cit., Ortí, A. op. cit.

433

ta, en los que se ponía de relieve cómo la mayor parte del tra-bajo asalariado de los trabajadores eventuales agrícolas, a par-

tir de la crisis económica, se realiza en el sector agrario. Enesta investigación se ha constatado que el 90,8% del volumen

de días trabajados por los eventuales entrevistados durante1987, se realizaba en la agricultura. Recordemos que entre losasalariados agrícolas eventuales entrevistados, sólo un 17%,

generalmente jóvenes, compartía el trabajo de la agriculturacon otro sector, consiguiendo en esos otros sectores el 36,4%del volumen total de trabajo que realizaban, en tanto no con-

seguían introducirse en las redes locales de empleo agrícola.La dificultad para hacer crecer la demanda de FI' en sec-

tores no agrícolas hace que estos sectores constituyan unmercado casi cerrado a los eventuales agrarios, salvo enmomentos coyunturales, como el que se ha dado desde 1988hasta 1991 con el Plan General de Carreteras de 1987 y laconstrucción del recinto de la EXPO del 92 (8), que requie-re de trabajo en la construcción, pero, una vez terminadas las

obras, ^ocurrirá lo que sucedió después de la exposición del

29 ...? ^Con el Mercado Unico que acompaña al 92 y las con-diciones de competitividad requeridas, una vez que las gran-

des obras de infraestructura terminen, no se repetirán losviejos esquemas? Posiblemente las condiciones laborales seendurezcan para estos trabajadores, pues no ha habido polí-

tica de recualificación o de creación de tejido productivocapaz de absorber al menos a los que han participado en lasgrandes obras del evento.

Hemos constatado que, una vez más, se pone de relieve laintención de hacer coincidir paro agrario y paro rural, másallá de lo que la realidad permite. No obstante, aunque el ele-

vado porcentaje de asalariados agrícolas eventuales que existe

(8) Realmente el peso de la demanda de las obras de infraestructurasdel Plan General de Carreteras y las obras del recinto de la EXPO sobreeste colectivo es muy dificil de valorar, pues si se observan las cifras de evo-lución de la EPA hasta 1989, no se percibe una disminución significativadel paro desde 1987, año en el que empieza la teóricamente demanda.

434

aún en muchos pueblos de Andalucía y las características

socioeconómicas de los mismos no sea muy representativo delo que se considera una región «desarrollada», el ignorarlo 0encubrirlo no ayuda a solventar los problemas, ni a inducir alcambio. Los asalariados agrícolas seguirán existiendo mientrasno se actúe seriamente sobre las estructuras productivas,teniendo como objetivo prioritario mejorar las características

socioestructurales de la población activa que actualmente exis-te en el sector y no parece que la PAC vaya en esa dirección.

Redundando en la filosofía de hacer coincidir paro agrí-cola y paro rural, se concibe el Plan de Empleo Rural en1984 (9), en el que el gobierno socialista estableció un nuevo

sistema de prestaciones tendente a corregir la «negativa inci-dencia» del EC en el MT y su carácter de «fondo de ordenpúblico». Este nuevo sistema se aplica en Andalucía y Extre-madura a los trabajadores asalariados agrícolas afiliados alRégimen Especial Agrario de Seguridad Social y con rentas

inferiores al SMI.El nuevo programa se basaba en tres pilares:

- Un subsidio de desempleo equivalente al 75% del SMI,percibido durante 180 días al año, para los trabajado-res que hayan cotizado al REAS un mínimo de 60 jor-

nales reales durante el año anterior.

- Un Plan de Obras para dar Empleo Rural (PER), queconsiste en un intento de canalizar las inversiones pre-vistas por los distintos organismos oficiales anualmente

en las zonas rurales, de forma que se beneficien los tra-bajadores con más dificultad para conseguir el númerode jornadas suficientes para acceder al subsidio.

- Un plan de Formación Ocupacional Rural (FOR),mediante el que se pretendía contrarrestar los efectosnegativos del sistema anterior, actuando sobre la cuali-

ficación de la FT.

(9) Real Decreto 2.337/1983 de 23 de diciembre (BOE, 31 dediciembre).

435

Sin embargo, consideramos que este planteamiento del

desempleo agrario, de entrada, tiene una serie de inconvenientes:

- En primer lugar se reconoce por decreto la «especifici-dad» del paro agrario en el sur: estacionalidad y paro con-secuente de las altas tasas de salarización de la agricultura

y se establece un sistema de cobertura del mismo discrimi-natorio respecto al que tienen el resto de los trabajadores.

- La gestión de este Plan la realiza directamente la

Administración, con lo que se resta protagonismo a lossindicatos, a los que, al quitarles el foro de encuentroque suponía el EC, única empresa en la que todos los

obreros tenían cierta estabilidad, se les quita la posibili-dad de tener un lugar en el que coincidan los trabaja-dores para plantear estrategias colectivas. Con elloaumenta la desmovilización, que, a su vez, es alimenta-da por la dependencia que se suscita de los empresa-rios, que son los que deberán certificar la pertenenciaal sector, trastocando peligrosamente los rasgos tradi-cionales de clase. Muchas veces con el actual sistema es

necesario que el trabajador se alíe con el empresariofrente a la Administración para conseguir la coberturadel paro o la cobertura social por enfermedad.

- La dependencia directa de la Administración acentúa la res-ponsabilidad de la cobertura del paro sobre la misma, endetrimento de los empresarios, a los que se les subvencionauna FT disponible y se les da posibilidad de aumentar supoder dentro del sistema, como se verá posteriormente.

S.1.2.1. EZ Subsidio de Desem1ileo

Del total los beneficiarios de éste sistema, 251.943 comomedia anual, han correspondido a Andalucía el 84,9% en1987. Esta cifra se ha incrementado en 1990, hasta 294,7 mil,correspondiendo el 87,4% a Andalucía.

Resulta bastante significativo la evolución absoluta y rela-tiva de benficiarios y la distribución de los mismos en las pro-vincias andaluzas:

436

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437

Varias son las observaciones que podemos ir haciendorespecto a esta tabla:

- Una vez más, resulta sumamente difícil llegar a cono-

cer la cifra de cobertura real del subsidio. El problema

de fondo es la dificultad para la estimación del colecti-vo de obreros eventuales que existe realmente (10), o

lo que es lo mismo, tratar de detectar cuantas personas

cobran el subsidio sin ser trabajadores agrarios y cuan-tos de los que podrían tener derecho no lo reciben.

Se dice que desde 1984 las cifras de demandantesse disparan a consecuencia del nuevo sistema de cober-

tura. Ahora bien, hay que plantearse si este aumentoen las cifras se debe únicamente al «fraude», o quizás

responde también a la regularización del trabajo esta-

cional de algunos miembros de las familias de trabaja-dores agrarios, que hasta ahora no interesaba que salie-ra a la luz porque costaba dinero (cuotas a la Seguri-

dad Social, «el sello») y no se obtenían ventajas percep-tibles. Con la implantación del subsidio, en muchoscasos el alta en el sistema de protección empieza a ser

rentable e, incluso, es un factor de «animación» parabuscar trabajo. Las entrevistas realizadas apuntan en

esta última dirección, de ahí que las tasas de actividadencontradas sean superiores a las que se ofrecen ofi-

cialmente, aunque también hemos detectado que sehan adscrito como trabajadores eventuales agrícolas,

personas que no trabajan en este sector, y otros, que

aún trabajando, al no lograr el volumen necesario dejornales, recurren a prácticas de intercambio o comprade aquéllos.

- Se constata que la población subsidiada ha ido crecien-do progresivamente en Andalucía de 1983 a 1990, con

la salvedad del año 1985, en el que por primera vez se

(10) Ver capítulo 1.

438

ponen en marcha los criterios selectivos respecto al

número de jornales necesarios para cobrar subsidio,pues en 1984 tuvieron la posibilidad de acceso al

mismo todo el que, teniendo cartilla agrícola, trabaja-ba en el Empleo Comunitario. Curiosamente, si se

relacionan las cifras de paro agrario dadas por la EPA

con el volumen de subsidiados, en todos los años anali-zados la cifra de los que participaban en el Empleocomunitario y los subsidiados, superan las cifra de paro

de la EPA, salvo en 1985, año en el que la cifra de para-dos que ofrece la EPA es algo superior al número de

subsidiados. Podría pensarse que ese año ha sido cuan-do quizás ha estado más ajustado el volumen real de

trabajadores eventuales o parados que realmente tra-bajaban en el campo, es decir, que realmente tenían

cabida en el volumen de trabajo disponible, pues aúnno se había pervertido el modelo. Quedaron fuera losque realmente eran parados totales o habían trabajadomenos de 20 días por tener más diiicultades en la

inserción, fundamentalmente los más jóvenes y las

mujeres. En un comunicado del sindicato CC.00. dela provicia de Cádiz sobre la valoración del sistema de

subsidio se dice: «El subsidio ha su^iuesto en 1985, la

ex^iulsión del mismo de 1.149 trabajadores en la ^»-ovincia,

^iérdida de 80.000 ptas. anuales a 10.000 beneficiarios (en

junio habían agotado cerca de 10.000 el subsidio), distorsión

en el mercado de trabajo (compra de jornadas, trabajo por

debajo del salario de convenio y a cuenta de jornada, etc.)

división de los trabajadores, pérdidas de afiliación en algunos

lugares y disminución de la capacidad movilizadora del sindi-

cato» (11).A1 relacionar el volumen de trabajadores del

Empleo Comunitario en 1983 con los subsidiados en

(11) CC.00. de Cádiz «Subsidio de desempleo, Plan de empleorural y forrnación». 1986.

439

1990 observamos que prácticamente se duplican

(1,96%). Ahora bien, el ritmo de crecimiento en la

población agraria subsidiada es particularmente espec-

tacular en Huelva en la que se cuadruplica y en Alme-

ría, donde llega a triplicarse. Sintomáticamente en

ambas provincias abunda el régimen de agriculturaintensiva de pequeña propiedad.

- Resaltamos que la mayor parte de los beneficiarios del

subsidio están en Andalucía Occidental, siendo Grana-da, de entre las provincias orientales, la que alcanza lascifras más altas, lo que en principio no es muy lógico,

ya que en esta provincia predomina la pequeña propie-

dad frente a la gran propiedad con asalariados.

Huelva, Sevilla y Córdoba son las provincias que

han tenido los mayores incrementos de beneficiariosen números absolutos, mientras que en Cádiz, Jaén y

Málaga crece menos el porcentaje respecto a los que seocupaban en el anterior sistema de EC. Posiblemente

esto sea debido al carácter más homogenizador del

subsidio respecto al EC, el cual se distribuía según la

presión obrera. Actualmente el nuevo sistema se basa

no tanto en el paro real o la presión obrera, como enla posibilidad de acceso ál trabajo o al empleador. Así

pues, como dicen algunos entrevistados, este sistema

discrimina a los que tienen una posición más débil enel MT, favoreciendo a los que trabajan, a los hijos de

los pequeños agricultores y, sobre todo, a los más pró-ximos a los empleadores.

- Debido a que el derecho a la prestación se establecetras la acreditación de uno o varios empresarios de que

el trabajador realmente ha efectuado los jornales

correspondientes, el sistema otorga a los teóricos

empleadores, agricultores, propietarios de tierras,

encargados e incluso a los gestores de tierras públicas

(ayuntamientos, fincas experimentales, ... etc.), no sólo

el poder de distribuir a su antojo el trabajo que sirve

440

para obtener la prestación, sino también el poder de

otorgar quién es o no beneficiario de la misma. Así, los

que tienen mejores vínculos con los empleadores serán

los más beneficiados. Esto ha dado lugar a que perso-

nas próximas a ellos, aún no siendo trabajadores agrí-

colas, estén cobrando el subsidio con la mayor impuni-

dad, pues por estar mejor posicionados tienen toda la

documentación «en regla» y normalmente cobrarán el

subsidio sin problemas (12). En cambio, aquellas per-

sonas que tienen más dificultad para encontrar traba-

jo, los que tienen menos formación y más problemas

con «los papeles», los hijos jóvenes de los trabajadores

agrícolas, las mujeres de los obreros, que realmente

son trabajadores en el campo, tienen más difícil el

obtener el subsidio. Si no pueden lograr trabajar el

número de días necesarios, tienen que «pedir un

favor» al empleador, que consiste en muchos casos en

dar trabajo al marido y firmarle la cartilla a la señora, o

bien hacer alguna hora de más, o pagar al empresario

(la prensa ha denunciado redes de compra-venta de

jornales), o incluso, en caso de que exista una empresa

agrícola municipal, puede ser necesario comulgar con

la ideología del ayuntamiento, utilizándose de este

modo la firma de peonadas como vínculo de clientela.

En contra de la creencia generalizada de que todos los

trabajadores agrícolas cobran subsidio, las entrevistas realiza-

das han puesto de manifiesto, que hay personas que pudien-

do percibirlo, ya que trabajan un número de días suficientes,

no lo cobran debido a que la familia no puede pagar regular-

mente «los sellos» o a la dificultad de conseguir la firma del

empresario. Se pone también en evidencia, en este estudio,

que el número de miembros de familias obreras que cobran

(12) Hemos podido conocer el caso de estudiantes universitariosque cobran el subsidio agrario.

441

el subsidio fraudulentamente, en realidad no es tan elevado

como se piensa. Son personas de fuera del colectivo, vincula-das a los empleadores, las que con toda impunidad se hanestado beneficiando fraudulentamente.

En los municipios estudiados, se ha podido llegar a lassiguientes estimaciones:

TABLA 5.2.

Municijiio

N. ° medio detrabajadoressubsidiadosen 1987 (*)

N. ° medio detrabajadores fiorcuenta ajena del

RF.ASS 1987 (**)

N. ° medio detrabajadoreseventuales

estimados (^**)

Cazalla ............... 758 1.100 600Lora ................... 4.158 5.714 4.800Carmona ........... 2.604 3.606 2.800Coronil .............. 731 1.254 750Baena ................. 1.268 2.456 2.700Lebrija ............... 2.622 5.240 4.000Almonte ............ 1.775 2.278 2.000Sanlúcar ............ 4.030 5.312 4.000

Total .................. 17.946 26.960 21.650

(*) Fuente:INEM.(**) Fuente: Cámaza Agraria Local.(***) Se han estimado contrastando las distintas fuentes disponibles con las

entrevistas realizadas.

Se observa que las cifras correspondientes a los afiliadosal REt1SS normalmente supera a las de los trabajadores even-tuales estimados (en el total la diferencia es de un 20%). Ello

es debido, en parte, a los trabajadores fijos que no se distin-guen en esta fuente, y, de otra parte, a la afiliación de otrostrabajadores que no son realmente agrícolas.

En los municipios de la muestra, con las limitacionesmetodológicas ya señaladas, hemos podido constatar que, en

conjunto, al menos un 18% de los trabajadores eventualesestimados no cobra el subsidio, ni siquiera parcialmente.

442

Cuando la diferencia es positiva entre el número medio de

subsidiados y el número medio de trabajadores estimado, no

se debe sólo al fraude de los eventuales, ya que ni están todos

los que son, ni son todos los que están. Es en las zonas de

pequeña propiedad donde se da con más frecuencia el inter-

cambio de jornales, a diferencia de las de gran propiedad, en

las que es más frecuente la compra o el traspaso de jornales

entre familiares a cambio de una mayor cuota de clientelis-

mo hacia el empleador.

Otra cuestión importante que hemos de tener en cuenta,

que ha favorecido la perversión del sistema, es que la posibili-

dad de cobrar el subsidio, ha propiciado el que se den acuer-

dos entre trabajadores fijos y empresarios, por los que el tra-

bajador pasa a ser administrativamente trabajador eventual

aunque trabaje durante todo el año y el empresario se ahorra

las cuotas del personal fijo de la Seguridad Social, que pasa a

cubrirlas el trabajador en lo que se refiere al volumen de días

certificados por el empresario. Esto ha acelerado el proceso

de disminución de trabajadores fijos, sobre todo debido a que

los sindicatos no han puesto mucho énfasis en mantener la

capacidad adquisitiva de los los mismos, siendo sensiblemente

más bajo el salario del trabajador fijo que el eventual. No obs-

tante, en la mayor parte de los casos el acuerdo entre fijo y

empresario supone el mantenimiento del salario que le

correspondería como fijo, el plus viene dado por el subsidio.

Según fuentes sindicales, se ha tenido constancia a través

de los expedientes laborales de que unos 178.000 trabajado-

res han dejado de ser fijos en la agricultura en la década de

los ochenta, aunque esto no signifique que todos ellos sigan

trabajando como eventuales durante todo el año.

Por tanto, el subsidio ha aumentado la estacionalidad,

porque, aunque en algunos casos el trabajador mantiene el

mismo volumen de trabajo al año, renuncia a sus derechos

adquiridos legalmente y depende totalmente del empresario,

que será, en última instancia, quien tenga la última palabra

sobre la estabilidad del trabajo o la certificación de jornales.

443

La muestra estudiada de 424 trabajadores/as agrícolas

eventuales, puede suponer un modo de acercamiento cuali-tativo mucho más adecuado a la realidad que las cifras globa-

les. En las citadas entrevistas se han podido obtener los resul-

tados que se reflejan en la tabla 5.3.

A partir de las cifras que ofrece la tabla 5.3 se puedenhacer varias observaciones:

- Parece que el nivel de fraude existente detectado entre

los que realmente son trabajadores agrícolas es menor

de lo que se viene diciendo. Sólo en 15 de 424 casos hancobrado el subsidio sin haber trabajado al menos 20 días.

- Hay un 14% de trabajadores que pudiendo cobrar elsubsidio por haber trabajado más de 20 días no son

perceptores y un 9% que pudiendo cobrar 180 días, nocobran nada. Hay que señalar, sin embargo, que la

declaración oficial de jornadas trabajadas por lo gene-

ral está bastante sesgada, es casi normativo no declarar

más de 10 jornales al mes. Esto ha dado lugar a sancio-nes, en algunos casos, porque el empresario ha decla-

TABLA 5.3.

PERCEPCION DEL SUBSIDIO Y DIAS TRABAJADOS SEGUN SEXO

Hombres Mujeres TotalTrabajadores

N %N N %N N %N

Preceptores del subsidio .. 241 86 107 74 348 82Perceptores del subsidio y

trabajan < 20 días/año .. 2 1 13 9 15 4No perceptores del subs.

ni pensión y trabajan>= 20 días/año ..... ...... 34 12 24 17 58 14

No perceptores del subs.ni pensión y trabajan>= 60 días/año ........... 25 9 13 9 38 9

Total ................................. 280 100 144 100 424 100

Fuente: Entrevistas personales. Año 1987. Elaboración propia.

444

rado el total de días trabajados por el obrero y no hacoincidido con los declarados por aquél.

- Entre las mujeres es más frecuente «el fraude» que

entre los hombres, pero también existe un mayor por-

centaje de trabajadoras que trabajando más de 20 días

al año, que podrían tener el número proporcional de

días de subsidio, no los reclaman, siendo equivalente

al de los hombres el porcentaje de las que, habiendo

trabajado 60 días, no acceden a ningún subsidio.

- Parece evidente que el mayor nivel de discriminación

que sufre la mujer en el trabajo, la hace susceptible de

ser utilizada por la familia, cuando la necesidad de

aumentar unas rentas familiares exiguas lo reclama,

para ello se utiliza cualquier recurso. Es importante

reseñar como en estos casos la moral del trabajo agrí-

cola es más «permisiva» con la mujer que con el hom-

bre, debido a la cultura masculina dominante.

Pero a pesar de ello existe una contradicción que se basa

en que, por una parte se acepta el trabajo de la mujer sólo en

caso de necesidad, cuando no entra en competencia con el

hombre. Pero si la misma necesidad exige de un aporte de

renta que no se puede conseguir mediante el trabajo, porque

éste falta o porque las condiciones particulares de la familia

lo impiden (hijos pequeños, embarazo ...), será entonces el

hombre quien en muchos casos hará además de intermedia-

rio para conseguir esa renta que falta. Para ello utilizará una

gran diversidad de fórmulas (intercambio de trabajo, horas

extras, compra de jornales firmados, ...), pero a nivel admi-

nistrativo, la responsable del «fraude» será de la mujer, cuan-

do su papel, en realidad, es subsidiario. Por tanto, antes que

distribuir el trabajo por cuenta ajena entre la familia, se hace

una división del trabajo que reproduce los esquemas domi-

nantes, siendo una vez más la mujer la más perjudicada.

Se reafirma la posición de dependencia de la mujer no

sólo respecto al trabajo, sino también respecto a las prestacio-

445

1

nes. Se considera «mejor» que la mujer reciba los jornales

negociados por el esposo o por ella misma, a que éste reparta

realmente esos mismos jornales y le dé la posibilidad de tra-

bajar a la mujer. Se ponen en evidencia aquí dos niveles de

dependencia: el de la mujer respecto de los miembros mas-

culinos de la familia y el de los hombres y del conjunto de la

familia respecto de los empleadores.

De una u otra forma, en la familia obrera lo frecuente es

que se obtengan uno o dos subsidios (1,6 subsidiados por

familia entre las entrevistadas), aunque hemos encontrado un

6% de familias en las que, trabajando al menos uno de sus

miembros en el campo eventualmente, ninguno cobraba sub-

sidio en 1987. Estas últimas familias residían fundamentalmen-

te en zonas de pequeña propiedad o en municipios en los que

el trabajo no es demasiado escaso (Almonte, Baena ...)

Independientemente de todas las desventajas que el subsi-

dio representa, hay un hecho incuestionable, y es que ésta es

la única renta más o menos «estable» y regular que ha tenido

el trabajador eventual agrícola a lo largo de la historia.

El peso simbólico que tiene para un trabajador, que se

define por la eventualidad, esta renta, a pesar de su exigĉ i-

dad en términos absolutos, le lleva a valorarla de forma ambi-

valente. Reconoce su subordinación y verbalmente se revela

contra ella, pero dice no poder subsistir sin otra alternativa.

El miedo que le produce la inseguridad anterior le lleva, por

otra parte, a un alto grado de dependencia clientelar hacia

los que mantienen políticamente este sistema, que tratan de

reproducir mediante el voto (13).

(13) «Los vecinos de los pueblos investigados por el fraude al Plande Empleo Rural se han volcado en apoyo de los alcaldes que les hanfirmado peonadas falsas. Los alcaldes socialistas malagueños de estosmunicipios han vuelto a salir elegidos por mayoría absoluta. Otro tantoocurre en la provincia de Granada, donde se detectaron los primerosindicios de fraude. IU-CA pierde Padul, cuyo alcalde se negó a conti-nuar esta práctica». En Análisis de las elecciones andaluzas 2frM. DiarioABC de Sevilla. 28-5-91.

446

Un ejemplo representativo de lo que significa el subsidio

para toda la sociedad rural, se_ puede obtener al analizar lo

ocurrido en las elecciones autonómicas de 1990: la derecha

no tenía reparos en defender un subsidio, que teóricamente

beneficia sólo a los trabajadores, sino que incluso prometía,

durante la campaña electoral, un subsidio más alto y con

«menos papeleo». Nunca la paz social y el voto de los trabaja-

dores agrícolas estuvo más garantizado con menos esfuerzo y

ventajas para todos: votos para el poder, subvención de FT

disponible y subordinación respecto a los empresarios, nivel

mínimo de renta para los trabajadores pero que posibilita el

consumo y la supervivencia del pequeño comercio local ... El

sistema, en definitiva, presenta «sólo» algunos pequeños

inconvenientes:

- Para los jóvenes, a los que no se les ofrece la posibilidad

de especializarse ni de independizarse, y que deben

estar a merced del enlace para conseguir el empleo.

- Para las mujeres trabajadoras, a las que sus maridos

siguen haciendo de enlaces laborales y piden «un

favor» a los empresarios, o en caso de no tener marido

y sí necesidad, que el «favor» lo hagan ellas.

- Para las organizaciones sindicales, que no tienen posi-

bilidad de encontrar ni siquiera foros para informar,

imponiéndose las necesidades individuales-familiares a

las de clase, desvertebrándose la sociedad rural.

- Para los pueblos de Andalucía, a los que se aboca a la

cultura de «las miserias», teniendo cada vez menosposibilidades de salir de la dependencia y marginación

a que este sistema los condena, al reproducir la preca-

. riedad y el clientelismo, sustentando la estabilidadmediante un mínimo que impide romper del círculo

vicioso de la dependencia. Según decía una entrevista-

da sindicalista, «el ^rroblema de la clase obrera son las mise-

rias ... », que hacen que se pueda seguir viviendo mise-

rablemente.

447

Las figuras que. siguen hacen referencia a la relación

entre el calendario de trabajo anual en cada municipio, con^ la distribución de los días de subsidio de los trabajadores dela comarca en la que se sitúa a efectos del INEM (14) .

Del análisis de estas figuras se desprende que la distri-bución del volumen de subsidiados a lo largo del añotiene forma de campana, caracterizándose por un creci-

miento progresivo en la primera parte del año, que caedespués del verano. Se pone de manifiesto que no existeuna relación directa entre el número de subsidiados y la

estacionalidad del trabajo comarcal. Sólo en los casos deBaena y Almonte, los respectivos períodos de recolecciónde aceituna y fresa, condicionan una distribución en laque tiene relación la falta de trabajo con un aumento delsubsidio.

El número medio de jornales que los trabajadores decla-

ran no se ajusta a la realidad. Dado el bajo nivel de rentasque alcanzan estas familias, el subsidio se considera como underecho. Sólo se «afea», utilizando la terminología de Martí-nez Alier, que aquéllos que trabajan bastante por encima dela media, o bien, tienen tierras (15), cobren el subsidio y ade-

más utilicen un número falso de jornales trabajados paraacceder también a las obras del PER, quitándoles la oportu-nidad a aquéllos que más lo necesitan. También se «afea»

que haya mujeres o jóvenes que cobran el subsidio y lo utili-cen «para comprarse modelitos» o«para porros ...». Los ele-mentos de la cultura obrera adquieren así una ambivalencia

considerable: se repiten los esquemas de dependencia pro-pios del sistema tradicional, pero cambian sus elementos

básicos.

(14) No ha sido posible disponer de una serie homogénea delos días de subsidio de todos los meses y todos los municipios estu-diados.

(15) Para los trabajadores «tener tierra» significa, llevar una super-ficie de cultivo suficiente para que la familia pueda trabajar y vivir deella.

448

FIGURA 5.1

RELACION SUBSIDIO-CALEtiD:^RIO DE TRABAJOCA"LALLA

- Beneficiarios

. Volumende vabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES

F'urnte: INE, y Envevistas personales.Elaboración propia.

FIGURA 5.2

RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOLORA

- Beneficiarios

Volumen

de vabajo

111111.^11^11 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES

Fuente: INE, y Envevistas personales.Elaboración propia.

449

F7GUJUi 5.3

RELACION SUBSIDIO-C:ALF.NDARIO DE TRABAJOC:^R11<>NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES

Fuente: INE, y Entrevistas personales.ElaUoración propia.

- Beneficiarios

Volumende trabajo

FIGURA 5.4

RELACION SUBSIDIO-CAI_.ENDARIO DE TRABAJOCORONII,

^^

1111111^11111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES

Fuente: INE, y Entre^^stas personales.Elaboración propia.

- Beneficiarios

. Volumende trabajo

450

FIGURA 5S

RELACION SUBSIDIO-CALENDAWO DE TRABAJOBAENA

Fuente: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.

FIGURA 5.6

RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOLEBRIJA

1111111111111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12

MES

Furnle: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.

- Eleneficiarios

Volumende trabajo

451

FIGUfiA 5.7

RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOAI.MONTE

^11^^^1^^^^1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES

Fuente: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.

FICC/RA 5.8

- Beneficiarios

^ Volumende vabajo

RELACION SUBSIDIO-CALENDARIO DE TRABAJOSANI,UCAR

1111111111^1I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MES

Furnte: INE, y Entrevistas personales.Elaboración propia.

- BeneEciarios

. Volumende vabajo

452

5.1.2.2. EZ Plan de Obras y Servicios (PER)

Este Plan está concebido como complemento de la pro-

tección dispensada a los trabajadores desempleados del

medio rural, tiene por objeto promocionar el empleo de

estos trabajadores mediante la afectación al mismo de crédi-

tos destinados a proyectos de inversión de las diferentes

Administraciones, para la realización de obras y servicios de

interés social y colectivo, por trabajadores desempleados de

dicho medio.En realidad consiste en tratar de centralizar bajo esta

denominación las inversiones ordinarias de las distintas

Administraciones en el medio rural, de modo que no consti-

tuyen un fondo especial para generar empleo, sino que se

trata de homogeneizar la normativa que rige sobre la gestión

de estas obras para que se beneficien los parados del medio

rural.

Este es el instrumento utilizado para fomentar el empleo,

separando de este modo lo que es la función asistencial (sub-

sidio) de la de fomento del empleo, las cuales se hallaban

unidas en el anterior sistema de EC. Estas actuaciones que

desde 1984 sólo tenían lugar en los ámbitos de aplicación del

subsidio (Andalucía y Extremadura), a partir de 1987 se han

extendido a las zonas rurales deprimidas de Castilla-La Man-

cha y Castilla León (16) .La normativa que regula el PER se ha mantenido con

muy pocas modificaciones, las más significativas afectan al

porcentaje de trabajadores agrarios desempleados que deben

contratarse cuando las obras se realizan en régimen de con-

tratación: la proporción ha pasado de un 60% en 1984 a un

50% desde 1985. Otra modificación introducida en 1987 se

(16) Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha(20 de mayo de 1987 y 25 de junio de 1988) y la Junta de Casĉlla León(2 de junio de 1987 y 6 de julio de 1988).

453

refiere al tipo de contrato al que se acogen los trabajadores,

que ha variado del contrato específico para una obra o servi-

cio determinado, según el Estatuto de los Trabajadores, a

cualquiera de las modalidades vigentes.

La Comisión de Calificación, Coordinación y Seguimien-

to del PER, en la que se hallan representadas la Administra-

ción y las fuerzas sociales, a partir de 1987 amplía su actua-

ción a través de la afectación de proyectos de inversión finan-

ciados con créditos de la Junta de Andalucía o con cargo al

Fondo de Compensación Interterritorial, así como los corres-

pondientes al INEM, además de los que ya venía realizando,

ejecutándolos las Administraciones Públicas en el ámbito de

las Comunidades interesadas. Por otra parte, las obras reali-

zadas durante 1985 y 1986 tenían la singularidad de estar

afectadas al plan de los proyectos financiados con cargo al

crédito para inversiones destinadas a proyectos generadores

de empleo previstos en el Acuerdo Económico y Social

(AES). En este mismo sentido, también se afectaron en 1989

los créditos correspondientes a los programas cofinanciadospor el Fondo Social Europeo para la contratación, por una dura-

ción mínima de seis meses, de trabajadores de proyectos que

respondan a una necesidad colectiva.

De todos los aspectos del Plan de Empleo Rural, el plan

de obras y servicios que incide en el fomento del empleo es

quizás el que cuenta con mayores adeptos, aunque existen

críticas por parte de los trabajadores, en la mayor parte de

las zonas, porque el trabajo que les llega es escaso ya que

llega, sobre todo, a través de los fondos afectados por el

acuerdo INEM-Corporaciones Locales.

El reparto que se hace del trabajo derivado de estas obras

está muy relacionado con la mayor o menor vinculación al

gobierno local en muchos casos. Por otra parte, el presupues-

to destinado a este fin, según las críticas de algunos sindica-

listas, pasa a engrosar los presupuestos municipales: en

Cádiz, única provincia en la que tenemos constancia de que

se hayan formado Comisiones del INEM para controlar el

454

destino de los fondos afectados por los acuerdos INEM-Cor-poraciones locales, en el período de realización de la inves-tigación, parece que ha habido dos informes en los que sedice que los ayuntamientos desvían el 50% de los fondos,para sufragar necesidades distintas de las planteadas en losproyectos de obra (17). Con anterioridad a esta fecha losfondos los distribuía la Delegación del Gobierno, previapropuesta de los ayuntamientos de sus necesidades, siendoeste Organismo quien «controlaba» también las partidascanalizadas a través de las Administraciones Central y Auto-nómica.

La otra crítica global que se hace al Plan de obras es quela Comisión de Seguimiento y Control no ha empezado areunirse hasta abril de 1988 para distribuir los fondos (18).

La Comisión está formada por el INEM, la Junta de Anda-lucía, el Delegado del Gobierno, todos los organismos inver-sores, dos organizaciones patronales representadas porASAGA y 2 representantes de los sindicatos mayoritarios(UGT y CC.00.). Se reúne cada 45 ó 50 días y decide la dis-tribución de los fondos. El problema que se plantea en laComisión para los representantes de los trabajadores es elprocedimiento seguido. En realidad, las organizaciones sindi-cales solamente pueden pronunciarse con posibilidad deéxito siempre que alcancen el consenso del resto de losrepresentantes, puesto que son totalmente minoritarias en loque se refiere a la distribución de fondos afectados al conve-nio INEM-Corporaciones locales y los del Fondo Social Euro-peo. Los demás fondos vienen ajustados ya desde las distintasAdministraciones y no hay posibilidad de intervenir.

(17) Citado en una entrevista a un responsable sindical. No se hapodido tener acceso a estos informes. En 1991 la prensa ha reseñadodenuncias de los sindicatos sobre estos temas.

(18) En julio de 1987 tuvo lugar el Acuerdo de Concertación Socialfirmado por la UGT-FTT y la Junta de Andalucía, en el mismo se pro-ponía a la Administración Central su integración en la Comisión deCalificación, Coordinación y Seguimiento del PER.

455

Los Presupuestos se distribuyen a los ayuntamientos,según los informantes consultados, siguiendo 3 criterios: un

40% en razón del paro registrado, un 40% según el número

de subsidiados y un 20% por los antecedentes históricos. Enla misma reunión en la que los sindicatos reciben la informa-ción de la preasignación de fondos deben pronunciarsesobre los mismos, así que, en vistas de que no pueden estu-diarlos, en muchos casos se niegan a participar.

A partir de estos cuadros podemos observar cómo ha cam-biado considerablemente la importancia de la asignación de

fondos a los organismos a través de los que se han llevado acabo las inversiones: las estatales han pasado de ser casi las

CUADRO 5.1.

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES AFECTADAS AL PEREN ANDALUCIA ( 1984-1987)

Cifras absolutas (millones de ptas.)

1984 1985 1986 1987 1988

- Inversiones del Estado .. 26.521 14.042 11.676 11.930 15.653- InversionesJuntaAndal. 6.161 9.298 23.125 27.857 31.470- Convenios INEM ......... 2.200 10.132 11.102 11.954 11.527- Otras inversiones (*) .. - - 8.838 6.841 9.831

Total ................................ 34.883 33.472 54.741 58.582 68.481

Distribucíón ^orcentual

1984 1985 1986 1987 1988

- Inversiones del Estado .. 76,0 41,9 21,3 20,4 22,9- InversionesJuntaAndal. 17,7 27,8 42,2 47,6 46,0- Convenios INEM ......... 6,3 30,3 20,3 20,4 16,8- Otras inversiones (*) .. - - 16,2 11,6 14,3

Total ................................ 100 100 100 100 100

(*) Se trata de inversiones afectadas al PER a realizar por las Administracio-nes públicas y cuyo presupuesto no viene cuantificado en el Real Decreto que loregula.

Fuente: Coyuntura Laboral, n.4 30, Dic. 1989, p. 1^, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.

456

tres cuartas partes del total, a sólo algo más de una quintaparte, cediendo el protagonismo a las inversiones de la Comu-nidad Autónoma, que fueron canalizadas fundamentalmente

a través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, la Agenciadel Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas.

El crecimiento mayor de la inversión interanual tuvo lugaren 1986, quizás para paliar los efectos derivados de la exclu-

sión de muchos trabajadores del censo de subsidiados, quesucedió tras la aplicación en 1984 de la normativa con carác-ter contributivo de 60 jornales, que fue imposible de cumplirpara muchos trabajadores. Esta es quizás una de las razonesque explicarían el que sea precisamente a partir del decretoque regulaba el subsidio para 1985, que se rebajara el número

mínimo de jornales necesarios para tener acceso a la presta-ción del subsidio, (recuérdese que en esa fecha se establecióun mínimo de 10 jornales (19) para acceder a la prestación,cifra que se mantendría hasta 1987, año en el que entra envigor una nueva regulación que aumenta el mínimo de jorna-

les a 20); el bajo número de jornales requeridos quizás hizopensar a los legisladores que se necesitaría menos inversiónpara que los trabajadores lograran los jornales necesariospara el subsidio en el mercado de trabajo privado.

Desde 1984 a 1988 la inversión bruta para el PER ha creci-do un 96,3% en Andalucía, pero si se descuenta la tasa de

inflación, convirtiendo estas cifras en pesetas constantes, seobtiene que la inversión real ha crecido un 55,9%, en tantoque el paro lo ha hecho en un 16,5% según la EPA, y los sub-sidiados han aumentado un 55,9%. Estos incrementos, desubsidiados e inversiones en el PER, parecen excesivamente

ajustadas como para ser una resultante real, ya que no es posi-ble preveer, con tal exactitud, el incremento de beneficiariospara mantener constante la cifra de inversiones. Todo elloinvita a considerar estos grandes números con prudencia.

(19) Real Decreto 2.298/84, de 26 de diciembre (BOE de 29 dediciembre), por el que se modifica la regulación del subsidio de desem-pleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el REASS.

457

CUADRO 5.2.

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES AFECTADAS AL PEREN ANDALUCIA ( 1984-1987)

(En pesetas constantes de 1984) (**)

Cifras ¢bsolutas (millones de ptas.)

1984 1985 1986 1987 1988

- Inversiones del Estado .. 26.521 13.050 10.287 9.950 12.433- Inversiones Junta Andal. 6.161 8.641 20.374 23.234 24.996- Convenios INEM ......... 2.200 9.416 9.781 9.970 9.156- Otras inversiones (*) .. - - 7.787 5.706 7.809

Total ................................ 34.883 31.108 48.230 48.860 54.393

Evolución porcentual (año 1984 =100)

1984 1985 1986 1987 1988

- Inversiones del Estado .. 100 49,2 38,8 37,5 46,9- InversionesJuntaAndal. 100 140,3 370,7 377,1 405,7- Convenios INEM ......... 100 428,0 446,6 453,2 416,2- Otras (1986 =100) (*) .. - - 100 71,6 88,3

Total .........................:...... 100 89,2 138,3 140,1 155,9

(*) Se trata de inversiones afectadas al PER a realizar por las Administracio-nes públicas y cuyo presupuesto no viene cuantificado en el Real Decreto que loregula.

(**) Según el índice de precios, deflactor implícito, actualizado a 1984.Apéndice estadístico del informe anual 1988 del Banco de España.

Fuente: Coyuntura Laboral, n.4 30, Dic. 1989, p. 17, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.

Elaboración propia.

El gran problema que existe para tratar de analizar hasta

qué punto los asalariados eventuales agrícolas se beneficiande las inversiones del Plan de obras y servicios, es que nocontamos con datos para Andalucía que permitan identificar

los colectivos profesionales que intervienen en las mismas.No hay que olvidar que en este Plan puede intervenir cual-quier parado de las zonas rurales.

De las entrevistas realizadas se deduce que, con indepen-dencia del IARA y la AMA, organismos autonómicos que uti-

458

lizan mano de obra agrícola en las fincas y montes públicos,

son fundamentalmente los fondos derivados de los Convenios

INEM-Corporaciones Locales los que llegan a los asalariados

agrícolas eventuales, aunque existe la queja generalizada de

que los albañiles son los que más se benefician del PER.

Las entrevistas realizadas han permitido hacer un acerca-

miento más cualitativo que cuantitativo de cómo afecta el

plan de obras y servicios a los asalariados eventuales agríco-

las, destinatarios prioritarios del mismo, puesto que pretende

servir de base para completar el número de jornales necesa-

rio para acceder al subsidio de desempleo. Las entrevistas

también nos ayudan a hacer un acercamiento a las actitudes

y opiniones que se derivan de su aplicación a nivel local.

Salvo en el caso de El Coronil, donde todos coinciden en

que la transparencia es absoluta, las quejas de los trabajado-

res respecto a la gestión de PER son bastante frecuentes. La

transparencia de la que hace gala este municipio se basa, por

una parte, en que los fondos se han destinados a mejorar la

infraestuctura del municipio y hacer viviendas. Por otra, el

mecanismo de información que se utiliza consiste en expo-

ner las listas de trabajadores por riguroso orden alfabético en

báres y locales públicos del municipio, dando un período de

15 días de carencia si en el momento del turno el interesado

se encuentra trabajando. En la fecha en la que se desarrolla-

ba el trabajo de campo para esta investigación, aún eran

pocas las mujeres que se inscribían como demandantes, pues

habían empezado a participar desde 1986 aproximadamente.

A pesar de ello, los trabajadores opinaban en general: «está

bien pero habrza que cambiar el sistema. Catorce días al año no solu-

cionan nada», «aquí se organiza muy bien pero lo que tienen que

hacer es quitar el PER y el subsidio y dar trabajo», «está muy bien, es

una ayudita y se hacen casas. Pero antes en el comunitario nos veía-

mos ..., ahora sólo nos vemos una vez al año».

El problema principal es que las inversiones son poco efi-

cientes social y económicamente, pues dada la baja cualifica-

ción de la mayor parte de los obreros y el carácter público de

459

las obras, aumentan mucho los costes. Por otra parte, la dis-

tribución de 14 días de trabajo anuales solucionan poco el

otro pilar argumental del PER, es decir, la cualificación. No

es posible que en tan corto período de tiempo se aumente la

cualificación de los eventuales agrícolas o se promocione la

movilidad o la reconversión sectorial.

En los demás municipios estudiados en la muestra, existe

un descontento general de la gestión del PER. Se dice, unavez más, que «son pocos los días que dan», que en muchosmunicipios no llega a dar siquiera 15 días al año a todos los

inscritos como demandantes, que existe clientelismo en ladistribución, que se propicia el fraude («no le toca a los que

más lo necesitan, hay muchos que no declaran peonás y se a^iuntan

al PER ..., se fomenta la trampa»), otros se quejan de la falta de

homologación de la normativa por la que se rige ..., pero casi

todos están de ácuerdo en que supone «una ayuda» y que es

preferible el sistema de fomento de trabajo al de dar sólo

subsidios, por lo que muchos piensan que éste podría ser un

buen sistema, siempre que estuviera mejor organizado yfuera más estable.

La moral del trabajo presente en el colectivo hace que se

valore positivamente el ganarse el salario a cambio del esfuer-

zo, de este modo se sienten menos discriminados y más satis-

fechos, siempre y cuando el tipo de faena que realizan tenga

una utilidad y se rijá mediante un tipo de organización equi-

parable a las realizadas en el mercado libre de trabajo, en

cuanto a rendimientos y remuneración. Así, observamos que

los trabajadores están más satisfechos de trabajar, por ejem-

plo, en una finca forestal que se rige por el convenio vigente

con un capataz que conoce su trabajo, que estar engrosando

el grupo de albañiles que arreglan el pavimento de las calles,

situación que asimilan al anterior empleo comunitario, y

que, salvo en el caso de que los capataces de «las contratas»

que se realicen sean muy profesionales, se trabaja con el sen-

timiento de estar acogido en cierto modo a la beneficiencia

que le proporciona «una ayudita». Es importante en este sen-

460

tido que los períodos de contratación sean suficientemente

largos para sentirse implicado en la organización del trabajo

y que el trabajador tenga una actitud receptiva hacia el traba-

jo que realiza, lo que favorece, en la medida de lo posible, la

adquisición de destreza en determinadas faenas.

El número medio de días trabajados en el PER por muni-

cipio depende de la organización del mismo que se decida

en el ayuntamiento. Al inscribirse, en unos casos se toma

nota de la cualificación, en otros no. Se organiza, en unos

municipios, teniendo presente la prioridad de dar trabajo a

los que más lo necesitan, ya sea según cargas económicas y

renta obtenida, como Lebrija, ya sea según el número de jor-

nales trabajados el año anterior como Cazalla, por orden

alfabético como Lora o Carmona, llamando según una lista

de obreros cualificados y dando prioridad a éstos para conse-

guir buen resultado en las obras, asignando cuotas, como

Baena, en donde un 25% de los jornales se destinan a perso-

nas con problemas de marginación social, un 15% para jóve-

nes, un 10% se reserva el Ayuntamiento sin pasar por la

Comisión local que lo regula, para fines «sociales» y el resto,

un 50% se distribuye por orden alfabético según cargas fami-

liares.Las mujeres han sido una vez más discriminadas en el

reparto. En todos los casos se da prioridad a los hombres,

pero depende de la idiosincracia del lugar el que las muje-

res participen o no. Por ejemplo, en Lora las mujeres parti-

cipan, en cambio en Carmona fue necesario que las mujeres

se decidieran a recoger 500 firmas para poder acceder al

PER. En Cazalla sólo trabajaron algunas mujeres el año

1986, durante 1987 ninguna lo hizo. El tipo de trabajo que

se asigna a las mujeres normalmente es de servicios de lim-

pieza, encalado, pintura ... «propios de su género». Sólo

tenemos constancia de que las mujeres trabajen a la vez que

los hombres en la construcción u cualquier otro tipo de fae-

nas, en El Coronil de entre los municipios estudiados duran-

te 1987.

461

TABLA 5.4.

VOLUMEN DE TRABAJO TEORICO Y REAL REALIZADO EN EL PERYPROPORCION DE TRABAJADORES QUE PARTICIPANEN EL MISMO, SEGUN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

MunicipioN. ° de días

teóricosde PER (*)

Trabajadoresgue áacen

PER (**) (%)

Promedio de díastrabajados por los

4^ particzpanen PER

Cazalla ............... 30 39,6 31Lora ................... 15 31,4 15Carmona ........... 15 15,7 • 13Coronil .............. 14 79,2 14Baena ................. 30 9,6 46Lebrija ............... 30 27,5 36Almonte ............ - - -Sanlúcar 30 0,0 (***) -

Total .................. 27,6 21

(*) EI número de días teóricos se refiere al volumen de días de trabajo quelos ayuntamientos dicen que duran los contratos para trabajadores del REASS.

(**) Se refiere al porcentaje de trabajadores eventuales agrícolas entrevistadosque han participado durante el año 1987 en el PER, incluyendo hombres y mujeres.

(***) En 1987 se invirtieron en Sanlúcar 157.528.825 ptas., participazon enel mismo 3 encazgados, 41 oficiales de l.a, 29 oficiales de 2.^, 29 peones de larama general y sólo 53 obreros agrícolas, según los datos facilitados por el Ayun-tamiento de la localidad «PER 1987».

La mayor duración de los contratos está relacionada conla prioridad que los distintos ayuntamientos dan al reparto,

lo que a su vez se relaciona directamente con la proporción

de obreros que participan en las obras. Aunque también es

importante la proporción de obreros que existe en el munici-pio. Entre los municipios estudiados los extremos se dan

entre Sanlúcar y Almonte, en los que no se han encontrado

dentro de la muestra estudiada obreros que hayan participa-

do en el PER y El Coronil o Cazalla con la mayor proporción

de participantes. En el caso de El Coronil, como ya hemos

apuntado, se da prioridad al reparto antes que a otra cues-

tión y en el caso de Cazalla hay que resaltar el hecho de que

462

existan en el término dos grandes explotaciones forestales

públicas que proporcionan un número importante de jorna-

les canalizados a través del PER.El volumen medio de días trabajados por los entrevista-

dos que han participado en el PER, puede indicar, sin embar-

go, el grado de clientelismo que puede existir, al relacionarlo

con el número de jornales teóricos. Se refleja que es en

Baena donde se alcanza el mayor volumen medio de días tra-

bajados en el PER, lo que confirma las opiniones expresadas

por los entrevistados sobre el personalismo existente en la

asignación del trabajo. Le siguen en importancia Lebrija y

Cazalla. Carmona es el único municipio, de los estudiados,

en el que el número medio de días trabajados en el PER está

por debajo de lo que se declara oficialmente.

Estas disparidades respecto a la aplicación de la normati-

va del PER han dado lugar a conflictos locales que se mani-

fiestan mediante concentraciones de los obreros para pedir

más fondos para el PER, como en Sanlúcar, o bien a través de

denuncias a magistratura, como en el caso de Lora en

donde, al no disponer de fondos suficientes del PER, el

Ayuntamiento asentaba en el libro de matrícula de una

explotación municipal las 15 jornadas teóricas que le corres-

pondían de PER; a los que no habían entrado en las «listas»

para trabajar ese año, para que pudieran cobrar el subsidio,

debiendo pagar el trabajador los gastos derivados de la Segu-

ridad Social, sin haber trabajado.En otros municipios, como en El Coronil, el SOC pide a

los empresarios los jornales que necesita el trabajador para

cobrar el subsidio, en caso de que sea insuficiente el trabajo

en el PER, para evitar el vínculo de clientela personal del tra-

bajador al empresario, asumiéndolo como clase, diciendo

que «si el Gobierno impone un sistema que incita al fraude, es su

responsabilidad controlarlo, lo que no se puede consentir es que ade-

mcís desmovilice mediante el clientelismo». Otros conflictos se han

suscitado también en Lebrija, donde se recogieron 600 fir-

mas para lograr que participaran en el PER todos los que

463

tenían cartilla agrícola y no sólo los que tenían cargas fami-

liares y para que se controlara el dinero existente ... En defi-

nitiva no parece fácil homologar criterios. Los ayuntamientos

deben administrar recursos escasos y deben hacerlo con la

suficiente habilidad para que no les reste popularidad, así

que en muchos casos en aras de la rentabilidad política no se

hace la selección que impone el decreto (según la necesidad

de jornales), sobre todo en municipios pequeños, ya que los

gestores dicen que «echar a alguien del PER significa indis-

ponerse con toda la familia».

El gran problema está en que estas medidas del PER no

solucionan gran cosa, en realidad no ha habido organismos

que fueran auténticamente inversores. Lo que se ha hecho,

como hemos señalado, es adscribir al PER las necesidades

existentes, sin hacer un esfuerzo por crear realmente

empleo (20). Sería mucho más práctico una actuación sobre

el control del mercado de trabajo en la que se plantease la

descualificación y el paro como problemas básicos que hay

que resolver dentro de una política de desarrollo participa-

tiva, local o comarcal, según los casos, en los que se tengan

en cuenta la estructura socioeconómicas que realmenteexiste.

(20) Los problemas de costes de materiales que suponían para losayuntamientos las obras acogidas a los convenios INEM-CorporacionesLocales, se han tratado se subsanar mediante un acuerdo entre la Juntade Andalucía y las Diputaciones provinciales que transfieren a lasComunidades locales una subvención de los materiales necesarios parala realización de las obras. El problema de dirección técnica de los pro-yectos se ha tratado de paliar en el caso de la Diputación de Sevillaponiendo a disposición de los municipios de menos de 10.000 habitan-tes un equipo de técnicos de la Diputación, para suplir la falta de losmismos en este tipo de ayuntamientos (Decreto 72/87 de 18 de marzopor el que se regula la concesión de subvención de la Junta de Andalu-cía a las Diputaciones Provinciales que durante el ejercicio de 1987contraigan deudas con el Banco de Crédito Local de España parafinanciar obras municipales incluidas en conciertos con el INEM y afec-tas al PER).

464

5.1.2.3. El Plan de Formación

Este es el tercer pilar del programa de empleo rural. El

punto de partida es la necesidad de cualificar y/o reconvertir

la FT rural joven, para de esta forma disminuir el paro.En capítulos anteriores hemos tenido oportunidad de

analizar que, si bien en las zonas rurales el nivel de forma-

ción del que se parte es inferior a las zonas urbanas, analizan-

do los municipios estudiados, se observa que la situación delcolectivo de trabajadores agrícolas eventuales es la peor de

toda la pirámide social, aunque esto esté matizado por lazona de residencia, la edad o el sexo. La solución administra-

tiva ha sido plantear un Plan de Formación para áreas Rura-

les (FOR), que consiste en articular una serie de cursos quese pretenden estén orientados a las necesidades del mercado

de trabajo de la zona. Para ello se ha instaurado el observato-rio permanente de ocupación en que se han generado fami-

lias profesionales a las que se acogen los distintos tipos de

cursos programados. La demanda la realizan los ayuntamien-tos en base a la Resolución de 22 de octubre de 1984 de la

Dirección General del INEM, y de este modo se pone enmarcha el Plan FOR con carácter experimental para la ges-

tión de 1984 y de forma regularizada desde 1985.

Las razones de la puesta en marcha de este plan tienenque ver con las necesidades del sector y con las perspectivas

de estrecha colaboración que se abren con las corporaciones

locales.En 1988 se pone en marcha el Plan Nacional de Forma-

ción e Inserción Profesional y los cursos de Formación Profe-sional Ocupacional a impartir por los centros colaboradores

del INEM (21), entre los que se encuentran aquellos ayunta-

(21) Orden Ministerial de 22 de enero de 1988 (BOE, 23 de enerode 1988) por la que se regula el Plan Nacional de Formación e Inser-ción Profesional y los cursos de Formación Profesional Ocupacional aimpartir por el INEM.

465

mientos que han participado en el plan FOR. Este Plan

Nacional se divide en una serie de programas destinados alos colectivos con más dificultades de inserción en el MT:

- Programas de formación profesional para jóvenes yparados de larga duración.

- Programas de insersión profesional a partir de contra-tos en prácticas.

- Programas de recuperación de escolaridad de los jóve-

nes que no han completado la EGB, de enseñanza enalternancia de Formación Profesional de segundo

grado y universidades y de formación de los jóvenesque cumplen el servicio militar.

- Programas de Formación Ocupacional en el ámbitoRural.

- Programas de Formación Profesional ocupacional en

sectores o empresas en reestructuración y para perso-nas ocupadas y trabajadores autónomos.

- Programas de formación profesional ocupacional para

mujeres en aquellas actividades que se encuentransubrepresentadas.

- Programas de formación profesional ocupacional para

minusválidos, emigrantes, socios de cooperativas ysociedades anónimas laborales y otros colectivos nocontemplados en los programas anteriores.

Dentro del programa destinado al medio rural se incluyela posibilidad de crear centros colaboradores mediante con-

venios con otras administraciones, organizaciones empresa-riales, sindicales e incluso con centros privados. Los cursos

que se impartan deben tener una duración mínima de 200horas, de las cuales al menos 40 deben dedicarse a temas

relacionados con las nuevas tecnologías. Los alumnos cobranpor la asistencia a los cursos 550 ptas. diarias siempre que

sean menores de 25 años, y el 75% del SMI cuando seanmayores de esta edad. Los parados que perciban subsidio no

podrán percibir ayudas, así que para evitarse problemas lo

466

que suele hacerse es que sólo participan los que no cobran

en ese momento el subsidio. La asistencia es obligatoria, sien-

do motivo de expulsión el tener tres faltas.

Varias son las considersaciones que se podrían hacer al

plan FOR En primer lugar hay una queja generalizada sobre

la asignación de cursos que se hacen a los distintos ayunta-

mientos, tanto en cuanto a la orientación de los mismos,

como a las diferencias que se dan entre unos y otros munici-

pios en el volumen de cursos asignados.

En las zonas estudiadas hemos consultado la relación de

cursos programados por los ayuntamientos-INEM, para ver

hasta qué punto existe relación entre la posible demanda y la

oferta, cuáles han sido los resultados para los trabajadores

agrícolas y cuáles son sus opiniones al respecto.

De todos los casos estudiados es Lebrija el municipio que

ha conseguido una mejor cantidad y calidad. Se han realiza-

do 23 cursos en 1987, de los que 6 tenían que ver con la agri-

cultura, participando en los mismos 87 alumnos; en el punto

opuesto están Cazalla con 3 cursos y sólo uno sobre el alcor-

noque y Carmona con 9 y sólo uno sobre cultivos bajo abrigo

o Almonte con sólo un curso sobre riego, cultivo y gestión de

entre 10 cursos impartidos.

En Andalucía la formación agraria se imparte también,

además de la formación profesional media, a partir de la

Consejería de Agricultura de la Junta, que tiene un servicio

dedicado a la formación.

Hay que señalar que la formación agraria llega todavía a

muy pocos de los que la demandan, por una parte, y por otra

que la formación que llega sea agrícola o no, a través de cur-

sos cortos, tiene poca credibilidad para los trabajadores agrí-

colas entrevistados. Frases como las siguientes dan una idea

de su significado: «mi hijo ha hecho un curso de electricidad.

Están bien, pero no sirven para encontrar trabajo. En noventa días

no se arirende ná. Los cursos deben ser largos y de dedicación total»,

«la mejor forma de a^irender es la rrráctica de un joven con una cua-

drilla ...» «la gente va por las quinientas pesetas, son demasiado cor-

467

tos, hay que enseñar con más tiempo», «se han hecho pocos son sólo

para menores de 25 años» «aprender es útil siempre ...», «son poco

tiempo y dan poco salario para mantenerse» «los cursos sólo son úti-

les para las ofertas del ayuntamiento, a los jóvenes deberían enseñar-

les contratándolos como aprendices», «los cursos sirven para apren-

der no para encontrar trabajo», «(el curso realizado sobre) ... agricul-

tura intensiva y cultivos de la zona ha estado muy bien, pero los cur-

sos sirven sólo para entrar en las cooperativas y coger puntos», «a

algunos les sirve, pero el enchufe es lo importante ...».

De todo esto parece derivarse la idea de que una forma-

ción en cualquier materia de tres meses, sin una aplicación

seguida de los conocimientos adquiridos, parece bastante

inútil. Se trata de dar la apariencia de que se forma a la

gente, en vez de formarlas realmente. Como dicen los entre-

vistados y algunos investigadores, como E. Pugliesse, ^de qué

sirve la formación si no se regula el acceso al mercado de tra-

bajo? Más aún una formación tan esporádica como ésta. La

nueva fórmula de Escuelas Taller (formación teórica-práctica

durante tres años orientada a un empleo concreto), parece

más adecuada a los fines que se persiguen, pero esta modali-

dad está aún poco extendida entre los municipios estudia-

dos y tampoco se crean los mecanismos de acceso al trabajo

de los que así alcanzan la cualificación.

Otra cuestión importante que hay que tratar en este capí-

tulo, es la nueva situación que se plantea para los trabajado-

res del campo con la entrada en vigor del Acta Unica. A par-

tir de la entrada en vigor de la misma, los trabajadores agrí-

colas deberán tener un carnet de profesionalidad en razón

de su cualificación. Los módulos que se están negociando

entre Administración y organizaciones sociales, parten de

que todos los trabajadores deben tener al menos la forma-

ción básica, para que a partir de ahí se establezcan las cualifi-

caciones pertinentes. El gran problema que se plantea es que

en el campo andaluz, según se ha podido ver en la muestra

estudiada, la cualificación tiene una relación directa con la

edad y ésta con la falta de formación reglada. Se puede dar el

468

caso, si no se ponen los medios para evitarlo, que la margina-

ción existente dentro del colectivo sirva una vez más a los

intereses de los empresarios, que podrán contratar a perso-

nas que saben realizar las faenas cualificadas porque durante

mucho tiempo la han practicado, pero que no tienen certifi-

cado de estudios, con lo cual no tendrán carnet de especialis-

ta y trabajarán según lo estipulado en convenio para trabaja-

dores sin cualificación.

En realidad, para abordar el tema de la descualificación

son necesarias medidas que ataquen el problema desde la

base. Si desde muy jóvenes los hijos tienen que desplazarse

con sus familias, cuando existe la necesidad de aunar todos

los esfuerzos para conseguir la subsistencia, no hay posibili-

dad de que estos hijos terminen la formación reglada satis-

factoriamente y mucho menos que salgan del sector. Las

medidas para la cualificación deben partir de la base de

dotar a las familias para que no sea necesario requerir el tra-

bajo de los hijos. Por otra parte es necesario enlazar la forma-

ción con el empleo, cosa que, como hemos señalado, no se

consigue con el sistema de cursos. La necesidad de trabajar

es considerada prioritaria a la formación, de ahí el fracaso

que ha significado la norma estipulada en el nuevo decreto

que regula el subsidio, por la que los menores de 25 años

deben trabajar 90 días al año, para conseguir el subsidio y, a

cambio, tienen una «oportunidad» garantizada de formación

a través de cursos.

5.1.3. Posiciones de clase ante el plan de empleo rural:

alternativas

Ante la situación generada por el Programa de Empleo

Rural, las organizaciones obreras han clamado por un cam-

bio de sistema.

Hay que distinguir, no obstante, dos períodos en la res-

puestas de las distintas organizaciones sindicales repecto a la

469

política de empleo rural en Andalucía. Una que va desde lainstauración del sistema en 1984 hasta el último trimestre de1988, y otra que comienza a partir de esa fecha y se plasmaen febrero de 1989 en la propuesta sindical prioritaria.

El primer período se caracteriza por el acercamiento enlas estrategias entre el SOC y CC.00., tras el fracaso de lapolítica de concertación con la patronal y la Administración(plan quinquenal del algodón, planificación de cultivos) y lapuesta en marcha de la ley de Reforma Agraria socialista. LaFTT-UGT queda en este período aislada con una posturaambigua de apoyo al gobierno socialista. Las fuertes críticasal Plan de Empleo Rural no se hacen esperar por parte deCC.00. y el SOC: se acusa al gobierno socialista de actuarfavoreciendo la reconversión capitalista en el campo andaluzde la manera más sutil y perversa.

Los puntos en los que fundamentan la acusación son lossiguientes:

- El objetivo fundamental del gobierno socialista es laadaptación de la agricultura andaluza a la políticacomunitaria, favoreciendo la especialización a cual-quier coste y el aumento de la productividad en aque-llo que a esta Comunidad Autónoma se le asigna en ladivisión internacional del trabajo. Para ello se requiereuna disminución masiva de la población activa agraria,sobre todo de la asalariada.

- La equiparación de las prestaciones por desempleo

con el régimen general y la concesión de un subsidiosin ninguna contraprestación de trabajo, son gestos

mediante los que el Estado trata de legitimar el proce-so de modernización capitalista de la agricultura anda-

luza y una manera de socializar los costes económicoĉ ysociales del proceso (22).

(22) Casero, F.: Ponencia presentada y no admitida en el últimocongreso del SOC. 1987.

470

- El subsidio de desempleo destruye al jornalero como

hombre y como clase, con más intensidad que elEmpleo Comunitario: «hace pensionistas a los 16 años».

El SOC y CC.00. acusan a los socialistas de haber utili-zado el sistema deliberadamente para terminar con el

poder de los sindicatos.

- Denuncian el fraude a todos los niveles que genera elsubsidio (trabajadores, empresarios y Administración),

coinciendo también la FTT-UGT en esta crítica.

- Señalan los límites que tiene el sistema de desempleoal reducir la percepción a 180 días al año y fijar la pres-

tación al 75% del SMI.

- Subrayan la ineficiencia del Plan de Empleo Rural y delos cursos de formación. La crítica fundamental que se

hace es que prácticamente no se han puesto en mar-

cha cursos que generen empleo y que la prestacióneconómica que reciben los jóvenes resulta escasa. ElSOC y CC.00. coinciden en señalar que el plan deobras es el aspecto más positivo del nuevo sistema.

Pero denuncian sus limitaciones debidas al escasonúmero de jornales que proporcionan, la falta de coor-

dinación en las acciones y que los fondos se destinenen su mayor parte a costear los gastos de mano deobra, lo que plantea problemas a los ayuntamientos,

que no pueden costear los materiales en muchos casos.

En esa primera etapa, para mejorar el sistema de cobertu-

ra del desempleo rural se hacen distintas propuestas porparte de los sindicatos, estando caracterizadas por basarse en

dos puritos fundamentales:

1. Realizar un censo real de obreros eventuales agrarios

y terminar con el fraude existente. Los sindicatosseñalan la necesidad de que existan comisiones loca-

les para controlar el censo de trabajadores agrícolasy el paro, defendiendo que sean solamente los traba-

jadores del campo los que se beneficien de estas

471

medidas. Además plantean la necesidad de vigilar el

cumplimiento de la normativa laboral existente y lle-

var una buena gestión del PER (subsidio, obras y for-mación) .

2. Todos están de acuerdo en la necesidad de aumentar

las prestaciones, además de adelantar la edad de

jubilación a los 55 años o dar un tipo de desempleo

de larga duración que se combine con medidas espe-

ciales para los menos favorecidos laboralmente. La

FTT-UGT proponía otorgar 180 días de prestaciones

a cambio de trabajar de 10 a 30 jornadas; a partir de

30 jornadas, multiplicar por cuatro el número de

días de la asignación económica, hasta un máximo

de 240 días. El SOC y CC.00., en cambio, proponían

la eliminación del sistema de subsidio a cambio de

jornales, para eliminar los fraudes. Se pedía que la

Administración pagara un subsidio durante un

período de tiempo fijo al año y, durante otro perío-

do, asegurar a los parados o bien trabajo o bien for-

mación. E1 salario que los trabajadores deberían

recibir no debería ser inferior al SMI para eventuales

y temporeros.

Tras el cambio sufrido por el sindicato UGT-FI"T en su

respaldo a la política del gobierno socialista que culminó con

la huelga de diciembre de 1988, empieza una nueva etapa

que se concreta en la unidad de acción de los dos grandes

sindicatos mayoritarios (CC.00. y UGT-F"TT). El resultado

de la unión de estrategias se manifesta en la «Propuesta Sin-

dical Prioritaria».

Las líneas reivindicadas en esta propueta al gobierno

pasan en el sector agrario por una serie de acuerdos previos

entre ambas centrales que se concretan en los puntos

siguientes:

- Desempleo contributivo para los trabajadores del

campo homologando el REASS con el resto de los sec-

472

tores (23): extensión del derecho a las prestaciones

contributivas a todos los trabajadores por cuenta

ajena, cotización por contingencia de desempleo por

parte de la empresa y del trabajador, cotización por

salario real, derecho a la prestación con 136 días de

cotización para adaptarse a las características especia-

les del sector, adecuar la renta real obtenida por los

pequeños propietarios para acceder a las prestaciones

por desempleo, acumular las jornadas no utilizadas a

efecto de percepción del subsidio.

Se señala que la puesta en marcha del desempleo

contributivo no siginifica la extinción del subsidio

agrario asistencial, que se pretende cambiar progresi-

vamente, proponiendo la opción de que sea el trabaja-

dor quien opte por uno u otro sistema, en todo caso.

- Subsidio indefinido para los trabajadores mayores de

52 años equivalente al SMI, estableciéndose en los 60

años la edad de jubilación.

- Participación sindical en la creación de los consejos

locales de empleo, regulados por ley con competencias

ejecutivas, para controlar el mercado de trabajo, hacer

un reparto equitatativo del trabajo existente en los dis-

tintos municipios, evaluar las necesidades reales de

inversión elaborando estudios endógenos de la locali-

dad, potenciar las obras que favorezcan la creación de

empleo estable, participación y control en todas las

acciones propuestas por el INEM, participación y

seguimiento en los proyectos de inversión, verificación

(23) El REASS era el único sistema de protección que obliga a tra-bajar durante 12 meses para tener derecho a la prestación. Los trabaja-dores cotizan una cuota mensual fija independientemente de que esténo no en alta laboral. Mientras los del Régimen General teniendo pro-piedades pueden percibir prestaciones, los asalariados del REASS quesean propietarios de tierra con más de 100 jornadas teóricas estimadas,no pueden ser perceptores.

473

de peonadas agrarias firmadas por la patronal e infor-

mar las altas y bajas que se produzcan en el REASS.

- Creación de un salario social que remedie las situacio-

nes de pobreza y marginación no cubiertas por otras

prestaciones (14 pagas de 30.000 ptas.), llevando ímpli-cito prestaciones sanitarias, farmacéuticas y de servi-cios sociales.

- Reforma global del subsidio especial agrario existenteen Andalucía y Extremadura y su extensión territorial.

Para ello se propone un decreto que regule definitiva-

mente el sistema, la revisión del catastro para controlar

que el líquido imponible que da derecho a la percep-ción del subsidio se ajuste a la realidad de la explota-ción, ĉambiar el número de días necesarios para tenerderecho a la prestación:

Días cotizados Días fiercibidos

10 a 20 16021 a 30 18031 a 40 210Más de 40 240

La cuantía de la prestación sería el SMI, pagado

mensualmente. Las peonadas que justifican la percep-ción del subsidio deberan ser verificadas por los conse-

jos locales de empleo.

- Plantean también los sindicatos la necesidad de la

reforma del REASS delimitando claramente las dife-

rencias entre trabajadores por cuenta ajena y autóno-mos, equiparando las prestaciones económicas a las

del Régimen General, creando una base de cotización

mínima para los períodos de paro, homologando y agi-

lizando la tramitación de las altas en el REASS de

forma que éstas sean automáticas, e igualmente lo sea

la obligación de cotizar por parte del trabajador. Se

474

plantea, también, que el trabajador y el empresario

deben cotizar por desempleo durante la relación labo-ral. Respecto a la baja de los trabajadores en el REASS

se producirá de forma automática al entrar en otrorégimen, solicitando el alta a través de los consejos

locales de empleo, asimismo los trabajadores tendríanderecho a la baja por enfermedad de forma transitoria

sin necesidad de estar dado de alta por el empresario,simplificando la prestación.

- Lucha contra el fraude mediante la firma de losrepresentantes sindicales de todos los contratos, pró-

rrogas y finiquitos, junto a la creación de comisionesprovinciales de inspección para el seguimiento y con-trol de la contratación compuestas por inspectores de

Trabajo y sindicatos, obligando al INEM a entregarcopia de cada contrato a los representantes de los tra-

bajadores, fundamentalmente obligando a informarde forma detallada a las Comisiones Provinciales, encaso de que la empresa carezca de representantes sin-

dicales.

- Equiparación de las pensiones mínimas del campo al

Salario Mínimo Interprofesional.

- Realización de una adecuada formación profesional,orientada a elevar la cualificación, potenciar el asocia-

cionismo agrario, reciclar a los trabajadores hacia otrossectores con futuro y reducir los índices de analfabetis-mo. Los que reciban esta formación disfrutarán del

SMI durante el período que asistan a los cursos. Sepide que se aumente la cuota de las empresas en la for-mación profesional, dedicando el fondo de la cuota de

formación profesional a la población ocupada, conparticipación sindical en su gestión. Participación delos sindicatos en la formación profesional, tanto en las

certificaciones profesionales que permiten la promo-ción profesional, como en la definición de los fondos

públicos destinados a la misma.

475

- Derogación de la ordenanza laboral del campo y su

sustitución por un Acuerdo Marco General del Trabajo

en el Campo, negociado por los sindicatos y la patro-

nal, y entre tanto, la derogación de una serie de artícu-

los que contradicen el Estatuto de los Trabajadores y

discriminan a los trabajadores del campo.

El resultado de la negociación con la Administración se

plasmó en una modificación del sistema de desempleo agra-

rio (24). Esta normativa entra en vigor en 1990 y tiene como

principal consecuencia la implicación de los sindicatos en la

gestión y control del mercado de trabajo y de las prestaciones

derivadas del paro a través de los Consejos Comarcales de

Empleo. En principio parece un avance en lo que se refiere a

la democratización de la gestión del trabajo a nivel local, no

obstante, el sistema se presta una vez más a múltiples perver-

siones, como sucediera en el anterior empleo comunitario.

El primer problema que se plantea es que los ConsejosLocales de Empleo tienen carácter consultivo, no ejecutivo,

con lo que las posibilidades de acción son relativas. Ensegundo lugar, falta una adecuada dotación de medios que

los haga operativos. Por otra parte, el bajo nivel de forma-ción de los cuadros sindicales a nivel local hace pensar que la

participación efectiva no puede llevarse a buen término sino

cuentan con el asesoramiento de técnicos especializados.

Desde nuestro punto de vista, habría que ligar el funciona-

miento de los consejos comarcales, al funcionamiento real

del mercado de trabajo, lo que significa en muchos casos for-

mar consejos locales. Estos consejos locales, no deberían ser

independientes de la gestión del empleo local que realiza el

INEM. Consideramos que se deben aunar esfuerzos por

parte de las entidades que están incidiendo en lo que atañe

al mercado de trabajo local (técnicos municipales, técnicos

del INEM, agentes de desarrollo local, sindicatos y organiza-

(24) Real Decreto 186/87 de 6 de febrero.

476

ciones profesionales) para de este modo generar mecanis-

mos de conocimiento del MT con un control democrático,

que permitan planificar acciones que generen creación de

empleo. En caso contrario, las esperanzas de lograr acciones

positivas son escasas. El ejemplo de la aplicación de la ley de

Reforma Agraria, en lo que se refiere a la participación de

los sindicatos en el proceso, hacía temer, a priori, de la efica-

cia que podían tener los consejos comarcales diseñados al no

contar con una base técnica sólida que sirviera de apoyo a losmismos.

No parece que ningún sindicato se planteara seriamente

lo que significaba su participación en la gestión del trabajo,

la formación y el fraude en el medio rural a nivel comarcal

sin preveer una mejora de los recursos técnicos y humanos

de que disponen. Así pues, este cambio de sistema debido al

mal funcionamiento de los Consejos Comarcales, ha sido un

nuevo gran fracaso, en el que las expectativas de mejorar las

condiciones de vida de los trabajadores rurales, mediante la

participación de las organizaciones sociales, no ha significa-

do nada realmente nuevo.

En este sentido, el caso italiano puede servir de referen-

cia. La implicación de los sindicatos en la gestión de las pres-

taciones sociales, ha derivado perversamente en una burocra-

tización de los mismos, que los ha vaciado, en muchos casos,

de sus atributos como representantes de los obreros, convir-

tiéndolos en gestores interesados en mantener más una

supuesta afiliación, que en hacer cumplir la normativa vigen-

te al respecto, o defender una posición de «clase».

La falta de control en la asignación de subsidio ha

acarreado al sindicato una mayor fuerza numéizca, pero

una menor identidad ... Esto es lo grave de la interac-

ción entre la ^rráctica sindical y la asistencial ... En Ita-

lia la inscri^ción al sindicato es libre y completamente

separada de las funciones que el sindicato dispensa,

pero la misma actividad de la gestión, ller^a a^rrescindir

477

de la propia actividad sindical ... la cuestión ha deriva-

do a una situación en la que se llega a anunciar en la

sede de la «Liga bracciantili», que puede ser la misma

que la de la INCA (sindicato democristiano) «la deman-

da para ... se tramitará sólo a los que hayan pagado la

cuota del sindicato». La actividad de la INCA se con-

vierte así en un trámite fundamental para los jornaleros

y exjornaleros y^ioblación rural sin cualificar, apunta-

dos en las listas del sistema asistencial agrario, con la

condición de subsidiados ... Las exiguas rentas del sub-

sidio se aumentan a través de la gestión del trabajo

público de la población rural en el sector forestal. A lo

largo de los años sesenta y setenta la población agrícola

en Italia se meridionaliza. La incidencia de los trabaja-

dores meridionales sobre el total de los trabajadores de la

agricultura aumenta notablemente y^iaralelamente a

este ^iroceso hay una disminución de la incidencia de los

jornaleros ... Se consolida en la zona meridional una

parte de ^ioblación rural que se identifica como jornalera,

pero que son en realidad clientes del welfare state (25).

En la segunda etapa de negociaciones con la Administra-ción a la que hemos aludido, el sindicato más radical se ha

quedado aislado. El SOC, una vez más, se ha negado a parti-

cipar en las negociaciones sobre la reforma del REASS. Sualternativa al subsidio pasa por otorgar cuatro meses de paro

y cuatro de trabajo público. De esta forma, argumentan,

aquéllos que no son realmente trabajadores agrícolas no par-

ticiparían. Además, piden cursos de formación que tengan

utilidad práctica para los jóvenes e ir sustituyendo progresiva-

mente el subsidio de desempleo por trabajo, dentro de pla-

nes de desarrollo comarcales. Este sindicato ha criticado,

(25) Pugliese, E.: «Il bracciantato agricolo in Italia: contadini pove-ri, classe operaria agricola, o clienti del welfare state" en Il sistema politi-co italiano. Julio-septiembre de 1982, pp. 49-55.

478

especialmente, la marginación que representa para los jóve-nes el nuevo cambio pactado por los sindicatos mayoritariosen el subsidio, amén del aumento de la división de los traba-jadores que supone. Sin embargo, tampoco el SOC ha desa-rrollado suficientemente su propuesta y ha adolecido tam-bién de no preveer lo que significa participar en la gestióncomarcal del empleo en una región periférica que debe arti-cularse con una economía cada vez más compleja.

En junio de 1992, «para denunciar situaciones arrastradasdesde el siglo ^X y re^ilantear el tema del plan de desempleo agrario,a fin de contraponerlas a los gastos que se celebran en Sevilla comoespejo de las tecnologías del siglo XXI», ha habido una manifesta-ción de los trabajadores agrícolas. La iniciativa del SOC derealizar una marcha por la dignidad de los jornaleros, fueapoyada por CC.00. y F1'I' UGT, que convocaron y partici-paron conjuntamente en la misma. La marcha que empezóen el municipio de Osuna con 700 trabajadores, llegó a con-tar en Sevilla con 3.000 trabajadores de Andalucía y Extrema-dura ( 26). La reivindicación se centraba en pedir que selevantara «el bloqueo» para cobrar el subsidio a los tempore-ros, que habían trabajado más de los jornales establecidospara tener derecho a cobrar el subsidio durante un mes ypagarles los atrasos desde enero de 1992, siendo el númerode trabajadores afectados unos 20.000 en Andalucía, segúnfuentes sindicales.

La otra reivindicación se centraba en conseguir crear unamesa de negociación entre Administración y sindicatos paracambiar el actual sistema del subsidio agrario, «en la direcciónde eliminar el fraude, destinando dinero fiúblico a cambio de trabajopara los verdaderos parados de los ^iueblos». Esta mesa, propuestaya por los sindicatos, no fue aceptada en «la concertación»agroalimentaria llevada a cabo por la Administración Auto-nómica con organizaciones empresariales y sindicatos duran-

(26) Documento del SOC sobre la marcha. Andalucía 12 de juniode 1992.

479

te 1991, como ya hemos expresado en el capítulo 2, porquetrascendía las competencias autonómicas y sectoriales. Asípues con esta acción conjunta de los sindicatos agrariosandaluces, empieza una nueva etapa de negociaciones entorno al problema central del trabajo y las prestaciones socia-les derivadas del mismo.

Desde nuestro punto de vista, las dos posiciones diferen-ciadas de los sindicatos agrarios respecto a como debe abor-darse la acción política en el medio rural para fomentar elempleo y proteger socialmente a los trabajadores, se articu-lan en razón de su posición dentro de la vertebración social

de las relaciones de producción.Los sindicatos mayoritarios UGT y CC.00. definidos

como sindicatos de clase, aglutinan en varias federaciones atrabajadores de distintas ramas de actividad, partiendo deuna concepción filosófico-organizativa que nace de los prin-cipios de organización de la sociedad industrial, donde laespecificidad de las relaciones sociales de producción del

campo, siguiendo el modelo socioeconómico dominante, sesubordinan al modelo urbano-industrial. De ahí que a pesarde estar organizados territorialmente hasta llegar a lo local,la dotación técnica y el nivel de decisión al respecto de laspolíticas relacionadas con el MT, estén aún muy centraliza-das. Esta situación a veces genera que sean técnicos del sindi-cato que viven y trabajan en Madrid, los que decidan políti-cas para áreas rurales, que no tienen en cuenta las especifici-dades sociales que se dan en las mismas.

A este hecho se suma la política neoliberal aplicada en laque las cuestiones sociales ocupan un lugar secundario, laescasa afiliación sindical general y las desviaciones estratégicasque supone un modelo de organización, que está concebidopara centros de trabajo en los que se da una cierta estabilidadde las plantillas, lo que no es válido para la realidad del sector

agrícola y cada vez lo es menos para el resto de los sectores.Las consecuencias de esta situación son que las alternati-

vas planteadas olvidan en muchos casos articular las medidas

480

políticas de modo que no suponga una discriminación real,

más allá de las intenciones, del sector agrícola respecto alresto de los sectores.

Para explicar esta afirmación hay que hacer referencia alpasado. En el período desarrollista se produjo la primera

«reconversión» importante del sector agrícola, tras el éxodorural y la emigración. Muchos investigadores alineados con laizquierda (27) defendieron en aquella época, la idea de ladesaparición del jornalero como consecuencia de la indus-trialización. Entre tanto, con el argumento del «paro estruc-tural agrario» se olvidó dar una solución estructural a los tra-bajadores que quedaron en el medio rural.

Con la crisis económica y las reconversiones industriales, serepite el modelo de expulsión sufrido en el sector agrícola enotros sectores, se plantea que existen excedentes de FI' tambiénen ellos y el ajuste se hace mediante la flexibilización del merca-do de trabajo (28). Con el nuevo decreto ley (29), a partir de1992, se requiere de una cotización anual para tener derecho al

desempleo contributivo, que se ha recortado cuantitativamente,aunque en contrapartida se han ampliado los subsidios.

Actualmente, con la perspectiva del Plan de Convergen-cia con Europa, se sigue hablando de la necesidad de flexibi-

(27) Ya aludimos en el capítulo 1 como investigadores de reconoci-do prestigio, como Barón, E. o Tamames, R. anunciaron la desapari-ción del jornalero.

(28) Esta política se realiza tras la revisión del Estatuto de los Tra-bajadores y supone la puesta en marcha de contratos subvencionadosde corta duración, en prácticas o de formación, como un instrumentode la política de empleo, que da lugar a una rotación significativa porel desempleo de los trabajadores (ver «Los parados de larga duraciónen España», Cebrián, Garrido y Toharia. Encuentro sobre el paro delarga duración organizado por ERGO e INEM. Madrid, 1990) sin querealmente se cree empleo real. Con el Real Decreto-ley 1/92 desapare-cen estos contratos, necesitándose un año como mínimo de duraciónpara conseguir una subvención.

(29) Real Decreto-Ley 1/92 de 3 de abril de 1992, sobre «Medidasurgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo». EsteDecreto será sustituido por la Ley 22/92 de julio.

481

lizar aún más el MT y los salarios, con lo que cada vez la situa-

ción de precariedad en el empleo para los trabajadores no

agrarios se asemeja más a la de los agrarios, aunque aún no

se perciben con toda su crudeza las consecuencias de la pre-

cariedad como en aquéllos (bajísimos niveles de formación y

cualificación; problemas de droga y marginación ...). Todo

esto es para llegar a concluir que el sector agrario andaluz

fue pionero en «la adaptación» a los requerimientos de la

técnica y en sufrir las consecuencias sociales del modelo de

adaptación en virtud del crecimiento económico, por lo que

creemos que habría que aprender de lo sucedido en este sec-

tor y no tratar de trasladar los mismos mecanismos que han

demostrado su ineficacia a otros sectores, para no repetir loserrores cometidos.

El nuevo decreto 1/92 puede suponer la meridiónaliza-

ción de las relaciones laborales en el resto de España. A tra-

vés de los subsidios, se ápuesta por la dependencia y la preca-riedad social y económica.

La reestructuración socioeconómica en regiones con unafuerte presencia del seĉtor agrario, pasaría desde nuestropunto de vista, por articular medidas que no discriminen a

ningún sector en favor de otros, sólo porque así lo estipulen

las reglas del actual modelo. Deberían tenerse muy en cuenta

los problemas estructurales aún por resolver en el medio

rural, empezando por la base, la agricultura, vertebrándola

en la dinámica económica general a través de medidas ade-

cuadas a la realidad social del medio rural, para lo que se

requeriría contar con los técnicos de las distintas administra-

ciones que trabajan en este medio, así como con los agentes

sociales y políticos a nivel local. El problema de la falta de

recursos humanos cualificados en estas áreas se remediaría

poniendo en marcha políticas activas de recualificación

implicando para ello a todas las Administraciones que actúan

en lo local, para aunar esfuerzos por conseguir dinamizar

económica y socialmente de forma sostenida estas áreas, en

las que los trabajadores agrarios son mayoría.

482

Con esto enlazamos con la segunda tendencia referida a

la alternativa al actual sistema de subsidio, la planteada por

el sindicato más radical definido como andaluz y de obreros

del campo (SOC). Desde nuestro punto de vista, las políticas

y estrategias referidas a solucionar el tema del paro agrario,

ya no pueden desvincularse de la gestión del paro de las

áreas rurales en su conjunto y deberían, por tanto, de tratar

de ir asimilando a todos los trabajadores al mismo sistema

de cobertura social. El poner en marcha medidas aisladas

para los obreros agrarios eventuales, más allá de lo que

atañe al trabajo en el sector y darle al mismo una centrali-

dad total, puede ser peligroso en cuanto a que se corre el

riesgo de crear un gheto que se reproduzca aumentado y

discrimine al resto. Hay que tener en cuenta, desde nuestro

punto de vista, la historia colectiva de los obreros agrícolas

pero cuidando de no caer en un excesivo proteccionismo

que los perpetúe mediante el^ recurso fácil de una renta

pública generalizada a cambio de trabajo público, que difí-

cilmente podría estar libre del clientelismo y ser rentable

social y económicamente, limitando aún más la capacidad

de iniciativa del colectivo.Insistimos en la necesidad de articular un sistema de

lucha contra el desempleo y la reproducción del subempleo,

vertebrado con toda la sociedad local o comarcal, depen-

diendo de la vocación de los MT (30). Sería necesaria una

primera etapa de adaptación del colectivo de trabajadores

agrícolas a la nueva situación. En esta etapa se deberían esta-

blecer medidas generales que permitieran gestionar trabajo

público, trabajo en empresas privadas y fomentar la creación

de PI'MES, teniendo en cuenta la segmentación que actual-

mente existe en los distintos mercados de trabajo en razón

de la edad, la responsabilidad familiar, el género, la propie-

dad de tierra, la cualificación, el volumen de trabajo conse-

(30) Ver capítulo 3 de este libro.

483

guido debido a la vinculación con los empleadores, la repre-sentación de sindicatos y empresarios y la potencial demandade trabajo de los distintos municipios. La transparencia en lacontratación y el control democrático de la aplicación de lasmedidas, parecen requisitos imprescindibles para el éxito delas mismas, además de la necesidad de que las distintas admi-nistraciones aúnen esfuerzos y se mejoren las políticas deorientación y formación. Todo ello significaría la descentrali-zación y desburocratización del Instituto Nacional de Empleoy la colaboración abierta con los agentes sociales locales.

A lo expuesto añadiremos que este planteamiento entraríade lleno con la propuesta del Consejo de Europa en Lisboa enjunio de 1992, sobre el principio de subsidiaridad y el acerca-miento de la Administración al ciudadano. En esta direccióntambién se ha puesto en marcha por parte de la FundaciónEuropea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajoel programa de investigación-acción EUROCOUNSEL (1991-94), que en su primer año de andadura propone una acciónpiloto en el medio rural en esta dirección, con el objetivo deque el asesoramiento al desempleado sea eficiente.

5.2. Composición de las rentas de los trabajadoresagrícolas

Una vez analizados los efectos de las políticas asistencialespara el desempleo, pasaremos a estudiar en qué se concretan

respecto a las estrategias familiares en relación a los ejes desegmentación territorial y económico. Todo ello se plasmaen el análisis de la composición de la renta.

La información obtenida mediante las entrevistas realiza-das ha permitido hacer un acercamiento a la composición de

las rentas que obtienen los trabajadores eventuales agrícolas.Estas rentas brutas son el resultado de la integración de lasestrategias individuales y familiares, funcionando a este res-

pecto una serie de mecanismos compensatorios mediante losque se consigue «salir adelante».

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