15.ª SESIÓN (Matinal) JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 … · 2016-11-03 · PRIMERA EGISLATURA...

1505Primera LegisLatura Ordinaria de 2013 - tOmO ii - Diario de los Debates

15.a sesión (matinaL) 7-11-2013 - Diario de los Debates

15.ª SESIÓN

(Matinal)

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013

PRESIDENCIA DEL SEÑOR LUIS IBERICO NÚÑEZ,

DE LA SEÑORA CARMEN OMONTE DURAND

Y

DEL SEÑOR FREDY ROLANDO OTÁROLA PEÑARANDA

SUMARIO

Se pasa lista.— Se abre la sesión.— No es aprobado, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.° 938/2011-CR y 1721/2012-CR, propuesto por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, sobre la Ley que Fortalece la Defensa del consumidor en las Municipalidades, por no haber alcanzado el número de votos que exige el Reglamento.— Por problemas de orden técnico, queda pendiente de votación el nuevo texto susti-tutorio del Proyecto de Ley N.° 1978/2012-PE, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.— Se aprueban las Mociones de Saludo mediante las cuales el Congreso de la Repú-blica acuerda saludar al distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, con motivo de celebrar su vigésimo primer aniversario de funcionamiento institucional; saludar a todos los niños del Perú, con motivo de conmemorar el Día Universal del Niño; saludar y felicitar al distrito de Chon-gos Alto, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo sexto aniversario de su creación política; saludar al distrito de Tirapata, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el septuagésimo aniversario de su creación política; rendir homenaje a la Fuer-za de Infantería de la Marina de Guerra del Perú, con motivo de haber celebrado el centésimo nonagésimo primer aniversario

Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2013 - tOmO ii

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de su creación; saludar a todas las mujeres del Perú, con motivo de conmemorar el 25 de noviembre de 2013 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; saludar a los destacados profesionales pediatras, especialistas de la Salud y enfermedad de los niños, con motivo de celebrar el Día de la Pediatría Peruana; felicitar al pueblo de Huancayo, provincia del mismo nombre, departamento de Junín, con motivo de con-memorar el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política; felicitar al distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el sexagésimo tercer aniversario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de San Ramón, provincia de Chanchama-yo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el nonagési-mo quinto aniversario de su creación política; saludar al distri-to de Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo cuarto aniversario de haber adquirido la categoría de distrito; felicitar al distrito de Sincos, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de cele-brar el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su crea-ción política; saludar a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con motivo de celebrarse el centésimo octogésimo quinto aniversario de su fundación institucional; saludar y fe-licitar al distrito de Paramonga, provincia de Barranca, depar-tamento de Lima, con motivo de celebrar el trigésimo séptimo aniversario de su creación; saludar y felicitar al distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el vigésimo primer aniversario de su creación polí-tica; saludar al distrito de Santo Domingo, provincia de Morro-pón, departamento de Piura, con motivo de celebrar el centésimo vigésimo sexto aniversario de su creación política; saludar y felicitar a las autoridades de la provincia de Camaná, depar-tamento de Arequipa, con motivo de celebrar el cuadringentési-mo septuagésimo cuarto aniversario de su fundación española; saludar y felicitar al distrito de Huaripampa, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centé-simo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política; felicitar al pueblo de Ahuac, provincia de Chupaca, departa-mento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo octavo aniversario de su creación política; saludar al distrito de San Juan de Salinas, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el centésimo quinto aniversario de su creación política; saludar al distrito de Bellavista, provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el quin-cuagésimo noveno aniversario de su creación política; saludar al distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, depar-tamento de Lima, con motivo de celebrar el sexagésimo aniver-sario de su elevación a distrito; saludar y felicitar al distrito de



Apata, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política; saludar al distrito de San Mateo de Otao, provincia de Huarochiri, departamento de Lima, con motivo de celebrar el sexagésimo aniversario de su elevación a la categoría de distrito; saludar a los participantes del X Congreso Nacional Lingüístico Literario Abraham Valdelomar Pinto, organizado por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; saludar y felicitar a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con motivo de celebrar el centésimo octogésimo quinto aniversario de su creación institucional; saludar al distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad; saludar al distrito de Samán, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política; salu-dar y felicitar al distrito de Yanahuara, provincia y departa-mento de Arequipa, con motivo de celebrar el centésimo cuadra-gésimo tercer aniversario de creación; felicitar al pueblo de Mariscal Castilla, provincia de Concepción, departamento de Junín, con motivo de celebrar el quincuagésimo octavo aniver-sario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de Arapa, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con mo-tivo de celebrar un aniversario más de su creación política; saludar al distrito de Íllimo, ubicado en la provincia y depar-tamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el centésimo octavo aniversario de su creación; saludar a la Universidad Jaime Bausate y Meza, con motivo de conmemorar el quinto aniversario de su creación institucional; saludar al distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, con ocasión de celebrar el septuagésimo tercer aniversario de su restablecimien-to a la categoría de distrito; saludar y felicitar al distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo vigésimo aniversario de creación polí-tica; saludar al distrito de Máncora, provincia de Talara, de-partamento de Piura, con motivo de celebrar el centésimo quin-to aniversario de su creación política; saludar y felicitar a la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, con motivo de celebrar el centésimo octogésimo quinto aniversa-rio de fundación institucional; saludar al ministro de Defensa, al Comando General del Ejército y a la Orden de la Legión Ma-riscal Cáceres, con motivo de conmemorarse el Día de la Batalla de Tarapacá y el Día del Mariscal Andrés Avelino Cáceres; sa-ludar y felicitar al distrito de Sumbilca, provincia de Huaral,



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departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo dé-cimo aniversario de su creación; saludar y felicitar al distrito de Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar un aniversario más de elevación a la categoría de ciudad; saludar al distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política; felicitar al pueblo de San Ramón, provincia de Chan-chamayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo quinto aniversario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de Yanacancha, de la provincia de y depar-tamento de Pasco, con motivo de celebrar el sexagésimo primer aniversario de la instalación de la primera Junta Edilicia de Yanacancha; saludar y felicitar al distrito de Huayucachi, pro-vincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de ce-lebrar el centésimo quincuagésimo sexto aniversario de su crea-ción política; y saludar y felicitar a la ciudad de Huacho, pro-vincia de Huaura, departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad capital de la provincia de Huaura.— Se aprueba, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio, pro-puesto por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Dro-gas, sobre de Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cáma-ras de videovigilancia públicas y privadas; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba, en pri-mera votación, el nuevo texto sustitutorio, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público; y a continuación se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba la cuestión previa planteada por la congresista Salgado Rubianes, en el sentido de que el proyecto de ley materia de debate, que propone modificar el artículo 10.° de la Ley N.° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el término de siete días.— Se acuerda la ampliación del plazo por 45 días hábiles solicitada por la Comisión Investigadora Multipartidaria en-cargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República, con el fin de que procese la nueva información obtenida y elabore el informe final.— Por disposición de la Presidencia, en atención a las observaciones legítimas de los congresistas Bedoya de Vivanco y Chávez Cossío, ingresa a un cuarto intermedio la propuesta legislativa materia de debate, que propone la Ley de los Herederos Informados en los Servicios Financieros, hasta que se resuelva lo planteado por



el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.— Se aprueba el Proyecto de Resolución Legislativa, contenido en el dictamen de la Comisión de Rela-ciones exteriores, que aprueba la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.— Se re-chaza el pedido de reconsideración planteado por el congresista Otárola Peñaranda, respecto de la votación de la cuestión previa, aprobada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre de 2011, para que pasen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos los Proyectos de Ley Núms. 079, 134, 150 y 151/2011-CR, sobre la Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 41.° de la Constitución Política del Perú, referido a la imprescriptibi-lidad de los delitos contra el patrimonio del Estado y corrupción de funcionarios e inhabilitación para la función pública.— Se aprueba, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio, pre-sentado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-ligencia Financiera, sobre la Ley que autoriza a la Superinten-dencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para disponer de mercancías; quedando diferida la segunda votación.— Se acuerda que el próximo lunes 18 de noviembre, a las 10 horas, se realice de la sesión de investidura del Gabinete Ministerial, encabezado por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros.— Se acuerdan las modifi-caciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias del período anual de sesiones 2013-2014 y a la conformación de la Comisión Inves-tigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 5 minutos, bajo la Presidencia del señor Luis Iberico Núñez, el Relator pasa lista, a lo que responden los señores Miguel Grau Semi-nario1, Luna Gálvez, Abugattás Majluf, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Be-cerril Rodríguez, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Kobashigawa Kobashi-gawa, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Mendoza Frisch, Merino

De Lama, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Sarmiento Betan-court, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño y Zeballos Salinas.

Con licencia oficial, los congresistas Otárola Pe-ñaranda, Acha Romaní, Acuña Núñez, Anicama Ñañez, Chacón De Vettori, Jara Velásquez (minis-tra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Mavila León, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Solórzano Flores y Yovera Flores. (Los señores

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!



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congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia por medio del sistema digital.)

En función de representación, los congresistas Carrillo Cavero y Cuculiza Torre.

Con licencia por enfermedad, los congresistas An-drade Carmona, Melgar Valdez y Ruiz Loayza.

Ausentes, los congresistas Acuña Peralta, An-gulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Capuñay Quispe, Coa Aguilar, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Elías Áva-los, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Inga Vásquez, Isla Rojas, León Romero, Molina Mar-tínez, Mora Zevallos, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Reggiardo Barreto, Reynaga Soto, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Simon Munaro, Tait Villacorta, Tapia Bernal, Teves Quispe, Uribe Medina, Vacchelli Corbetto, Velásquez Quesquén, Wong Pujada y Zerillo Bazalar.

Suspendidos, los congresistas Julca Jara y Ur-techo Medina.

—Durante el pasado de lista, asume la Presidencia la señora Carmen Omonte Durand.

La señora PRESIDENTA (Car-men Omonte Durand).— Han registrado su asistencia 71 señores congresistas.

El quórum para la presente sesión es de 59 con-gresistas.

El quórum reglamentario, se abre la sesión.

Vamos a pasar a tratar los asuntos contenidos en la Agenda del día de hoy.

No es aprobado, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.° 938/2011-CR y 1721/2012-CR, propuesto por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, sobre la Ley que Fortalece la Defensa del consu-midor en las Municipalidades, por no haber alcanzado el número de votos que exige el

Reglamento

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Señores congresistas, el primer pun-to que vamos a tratar en la mañana de hoy es el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/CR, contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Or-ganismos Reguladores de los Servicios Públicos, que propone la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades.

Señor Relator, dé usted lectura a la sumilla del proyecto de ley correspondiente.

El RELATOR da lectura:

Dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, con un texto sustituto-rio los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/2912-CR, que propone la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades; y dictamen unánime de la Comisión de Descen-tralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con una fórmula sustitutoria del Proyecto de Ley N.° 1721/2012-CR, sobre similar materia.*

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Muy agradecido, señor Relator.

La Presidencia deja constancia de que la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado ha dictaminado por unanimidad, con un texto sustitutorio, el Proyecto de Ley N.º 1721/2012-CR, sobre similar materia.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Sarmiento Betancourt, vicepresidente de la Co-misión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, hasta por el término de diez minutos, con el fin de susten-tar el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/2012-CR, contenido en el dictamen en mayoría de la referida instancia legislativa, del período anual de sesiones 2012-2013, que propone la Ley que fortalece la defensa del consumidor en la municipalidades.

El señor SARMIENTO BE-TANCOURT (GPFP).— Señora Presidenta: En mi condición de vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Orga-nismos Reguladores de los Servicios Públicos, voy a proceder a sustentar

el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.



938/2011-CR y 1721/2012-CR, contenido en el dictamen en mayoría de la referida instancia legislativa, que propone la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades.

Señora Presidenta, en vista de que acaba de hacer su ingreso a la Sala la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Re-guladores de los Servicios Públicos, permítame cederle el uso de la palabra para que ella lo pueda sustentar.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Cómo no, señor congresista.

Tiene la palabra la congresista Teves Quispe, presidenta de la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta: En mi condición de presidenta de la Comisión de Defensa del Consumi-dor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, voy a pasar a sustentar el texto sustitutorio

de los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/2012-CR, contenido en el dictamen de la referida instancia legislativa, del período anual de sesiones 2012-2013, que propone la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las muni-cipalidades provinciales y distritales.

Esta propuesta legislativa cuenta con la opinión favorable del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de la Municipalidad Me-tropolitana de Lima, de la Asociación de Munici-palidades del Perú, de la Cámara de Comercio de Lima y de la Sociedad Nacional de Industrias.

Señora Presidenta, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que las accio-nes del Estado deben estar orientadas a que la protección del consumidor sea una política trans-versal que involucre a todos los poderes públicos y que tenga una cobertura nacional que asegure a todas las personas el acceso a los mecanismos de protección de sus derechos.

El Código de Protección y Defensa del Consu-midor, Ley N.° 29571, creó el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. A partir de la dación del referido Código se confirma que las municipalidades forman parte del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, encontrándose representadas además en el Con-

sejo Nacional de Protección del Consumidor.

Sin embargo, las municipalidades no han asumido ni asumen hasta el momento el rol de defensa del consumidor que se requiere, y no lo hacen muchas veces por desconocimiento de los derechos de los consumidores.

Por ello, se hace necesario capacitar a las muni-cipalidades, a nivel nacional, en lo que respecta a la defensa del derecho de los consumidores y de los usuarios.

Si bien en estos últimos años el Indecopi ha traba-jado para llegar a más lugares, creando un mayor número de oficinas, sus esfuerzos son todavía insuficientes. Las cifras de reclamos de consumo ante el Indecopi nos muestran que durante el año 2012 se realizaron 24 mil 640 reclamos a nivel nacional; de los cuales 12 mil 293 fueron realizados en las Oficinas Regionales de Indecopi (ORI), lo cual significa un 49,89% de reclamos en las regiones.

Esta data nos muestra que las regiones requieren mayor difusión de derechos en defensa del consu-midor, además de acercar la justicia de consumo a los ciudadanos en las regiones.

Señora Presidenta, es indiscutible que se requiere incrementar los esfuerzos del Indecopi, a fin de llevar a la mayor cantidad posible de ciudadanos la defensa efectiva del consumidor; y siendo la red de municipalidades provinciales y distritales, a nivel nacional, instituciones de importante cercanía para los ciudadanos por su ámbito de actuación, su participación activa en la labor del Estado de protección y defensa de los derechos de los consumidores es sumamente relevante.

Actualmente, algunas municipalidades tienen ya implementadas oficinas, gerencias y subgerencias donde tratan todo lo relativo a la defensa del con-sumidor; pero son muy pocas. En ese sentido, es necesario uniformizar criterios a nivel municipal en materia de consumo, y además fortalecer su labor a través de asistencia técnica especializada por parte del Indecopi, lo que optimizaría y me-joraría la labor municipal.

Con ese fin, el texto sustitutorio, contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, tiene por objeto facilitar el acceso de los consumidores a la información y a la prevención y promoción de sus derechos, a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un Sistema Nacional Inte-



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grado de Protección al Consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.° 29571.

Con respecto a las competencias municipales en defensa del consumidor, se establece que las municipalidades distritales y provinciales son competentes en materia de defensa del consu-midor para:

—Brindar información y educación para los con-sumidores en relación a sus derechos.

—Brindar orientación sobre las vías de solución de controversias existentes en materia de con-sumo.

—Efectuar labores de fiscalización en materia de consumo que correspondan con sus atribuciones en materia de comercialización, higiene, sanidad y seguridad, conforme a la Ley Orgánica de Mu-nicipalidades.

—Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Con-sumo y otras entidades competentes.

—Coordinar labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de normas de protección al consumidor de competencia del Indecopi, a re-querimiento de esta entidad.

—Promover la creación de asociaciones de con-sumidores en el ámbito local.

—Brindar apoyo a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo y ejecución de proyec-tos y actividades que promueven la protección y defensa de los consumidores.

—Encargarse de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor en su jurisdicción.

—Vigilar las condiciones de consumo y la adopción de buenas prácticas.

En lo que concierne a la justicia de consumo, se establece que las municipalidades distritales y provinciales en materia de consumo:

—Se constituyen en el área de promoción y coordinación para la constitución de Juntas Arbitrales, de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Arbitraje de Consumo, creado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.° 29571.

—Promueven el arbitraje, la conciliación y la mediación en los conflictos de consumo. Están facultades, además, para implementar sistemas de conciliación de conflictos de consumo, de con-formidad al artículo 147.° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.° 29571.

Esto es muy importante, pues facilitará que los conflictos que se generen se resuelvan en la misma municipalidad a través del Servicio de Conciliación, que actualmente solo se obtiene en las oficinas del Indecopi.

Por otro lado, la Autoridad Nacional de Protec-ción del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, es responsable de:

—Brindar asistencia técnica necesaria a efectos de fortalecer las capacidades de información y orientación de los funcionarios de las municipa-lidades provinciales y distritales.

—Coordinar la implementación de la asistencia técnica, en el ámbito del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, teniendo en cuenta la materia solicitada.

—Evaluar el desempeño de las municipalidades provinciales y distritales en su labor de defensa del consumidor en aquellas donde brinde asis-tencia técnica conforme en la presente ley, y en función de ello hacer recomendaciones para el mejor desempeño.

En la propuesta que se pone a consideración del Pleno se declara de interés la creación de un Sis-tema Nacional del Registro de Reclamos de los Consumidores, bajo la rectoría del Instituto Na-cional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En la primera disposición complementaria final se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro de un plazo en 120 días contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, para lo cual se conformara previamente una comisión en la que participará también el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

En la segunda disposición complementaria final se establece que las acciones de supervisión a



cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en el ámbito de su compe-tencia, podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas.

En la tercera disposición complementaria final, sobre la no irrogación de gastos para el Tesoro Público, se establece claramente que lo dispuesto en la presente norma se efectuará con cargo a los presupuestos de las entidades comprometidas en la ejecución, y en ningún caso requerirá de transferencia ni gastos del Tesoro Público.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Re-guladores de los Servicios Públicos considera que este proyecto de ley, que es muy importante, contribuirá a la defensa y protección de los consu-midores, sobre todo de los más vulnerables, que son aquellos que no tienen cerca una oficina del Indecopi que pueda velar por sus derechos.

Señora Presidenta, he concluido con la susten-tación del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/2012-CR, conte-nido en dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regula-dores de los Servicios Públicos, que propone la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades distritales y provinciales, respecto del cual solicito el respaldo del Pleno del Congreso.

Eso es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Teves Quispe.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Ri-marachín Cabrera, en su condición de presidente de la Comisión de Descentralización, Regionali-zación, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, hasta por el término de diez minutos.

El señor RIMARACHÍN CA-BRERA (AP-FA).— Señora Presi-denta: Los proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/2012-CR, mediante los cuales se propone crear las Oficinas Municipales de Atención al Consumidor, han sido

dictaminados por la Comisión de Descentraliza-ción, Regionalización, Gobiernos Locales y Mo-

dernización de la Gestión del Estado, en calidad de segunda comisión dictaminadora, durante el período anual de sesiones 2012-2013, cuando el congresista Acuña Núñez ejercía la presidencia de la referida instancia legislativa.

Señores congresistas, el espíritu del proyecto de ley que ocupa en este momento nuestra atención busca atender de manera efectiva la tutela admi-nistrativa de los derechos de los consumidores en zonas del país en las que el Indecopi aún no ha logrado una presencia física; cumpliendo así con el mandato de la norma referido a crear los puntos de coordinación entre las diversas municipalidades como integrantes del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumi-dor, para coadyuvar en el cumplimiento de las funciones en materia de consumo, así como en la implementación de nuevas políticas en materia de protección al consumidor. Ese es el espíritu de este proyecto de ley, señora Presidenta.

Por consiguiente, nuestra Comisión considera necesario respaldar esta iniciativa, dado que es importante establecer los mecanismos que ga-ranticen una oportuna defensa de los derechos de los consumidores. Sin embargo, estima que una grave limitación para la implementación de esta propuesta tiene que ver con los recursos que todas las municipalidades deberán utilizar para su funcionamiento, sin que se les asignen más recursos.

Es necesario que el Pleno tome en cuenta ese aspecto, a fin de coordinar adecuadamente con el Poder Ejecutivo para dar viabilidad efectiva a la propuesta de cómo implementar una Oficina de Defensa del Consumidor en cada una de las municipalidades del país; porque hay municipali-dades pequeñas, cuyos recursos son muy exiguos, que económicamente se van a ver limitadas a implementar este tipo de oficinas.

Por otro lado, debo manifestar que el texto susti-tutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regu-ladores de los Servicios Públicos, a diferencia de la fórmula sustitutoria contenida en el dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionali-zación, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, propone, mediante una disposición complementaria final, que las acciones de supervisión a cargo del Indecopi, en el marco de sus competencias —ese es el planteamiento de la primera comisión dictaminadora—, podrán ser realizadas a través de terceros; y que, para tales efectos, el Consejo Directivo del Indecopi esta-



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blecerá los criterios y procedimientos específicos para la contratación, designación y ejecución de las tareas que realizarán los terceros.

Sobre esa disposición complementaria final, pido a la señora presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que aclare qué acciones de supervisión son las que se van a tercerizar. ¿Se refiere a todas las acciones de supervisión que el Indecopi realiza?, ¿o solo son una parte de estas las que se van a tercerizar?

Indudablemente, este es un aspecto controversial y además el principal punto de diferencia entre los textos sustitutorios contenidos en ambos dictámenes. Para aclarar esto, coordinando con varios especialistas del Indecopi, hemos conside-rado conveniente proponer la incorporación de un agregado en la segunda disposición comple-mentaria final transitoria, sobre la supervisión, que será redactado en los términos siguientes: “Dichas acciones de supervisión están restringi-das exclusivamente al levantamiento de hechos, elaboración de actas y recolección de pruebas vinculadas a las obligaciones que son materia de investigación.”

Señora Presidenta, es necesario incorporar esta precisión, para que no se entienda que la labor y responsabilidad del Indecopi se está dejando, en su totalidad, en manos de terceros. Lo que se busca es que las acciones de supervisión estén restringidas al levantamiento de hechos, elaboración de actas y recolección de pruebas, para evitar que cuando llegue el funcionario de Indecopi dichas pruebas no hayan desaparecido.

Ese agregado me parece importante; por lo tanto, propongo su incorporación en el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, para que resuelva ese inconveniente; porque el primer texto que se someterá a consulta será el de la referida instancia legislativa, por ser esta la primera comisión dictaminadora; y de no alcanzar este el número de votos exigidos por el Reglamento, incluiremos dicho agregado en la fórmula sustitutoria contenida en el dictamen de la Comisión de Descentralización, Regiona-lización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con la finalidad de salvar nuestra responsabilidad en relación con un as-pecto tan importante que realmente merece ser precisado.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Rimarachín Cabrera.

Ha concluido la sustentación de las fórmulas sustitutorias contenidas en los dictámenes de ambas comisiones dictaminadoras.

Se va a dar inicio al debate del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR y 1721/2012-CR, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Con ese fin, tiene la palabra el congresista Spa-daro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Señora Presidenta: Nosotros estamos de acuerdo con que las municipalidades estén más cerca de la población, razón por la cual votamos en la Comisión de Des-centralización, Gobiernos Locales y

Modernización de la Gestión del Estado a favor de la propuesta legislativa materia de debate. Sin embargo, permítame hacer algunas observacio-nes que podrían contribuir para que los señores congresistas tomen una mejor decisión sobre el particular.

Con respecto a esta iniciativa, que propone for-talecer la defensa del consumidor en las munici-palidades del país, en verdad, no podemos excluir a Indecopi de sus responsabilidades y menos de que cumpla las funciones para las que fue creada; me parece que eso debe quedar claramente esta-blecido en el artículo 5.° del texto propuesto o, de lo contrario, en una disposición complementaria adicional.

De otro lado, se debe permitir que las municipa-lidades, de acuerdo con su presupuesto, puedan implementar oficinas de defensa del consumidor, de los vecinos de la jurisdicción de los municipios respectivos, debidamente establecidas en los documentos de gestión, para que aparezcan for-malmente registradas en la estructura orgánica de los municipios, si así lo consideran conveniente, de acuerdo con su presupuesto.

Señora Presidenta, en el artículo 3.° del texto propuesto, me parece que se debería corregir el inciso a), que dice: “Brindar información y educa-ción…”, a fin de que diga: “Brindar información, asesoría y educación para los consumidores en relación a sus derechos”.



En el inciso f) de ese mismo artículo se dice: “Pro-mover la creación de asociaciones…”, pero estas también deben ser reconocidas a través de las resoluciones respectivas del área encargada; por lo tanto, en ese inciso se debería decir: “Promover y reconocer, mediante la resolución respectiva, la creación de asociaciones de consumidores en el ámbito local”.

Asimismo, en dicho artículo se debe incluir un inciso adicional para que, en función de sus pro-pias atribuciones e independencia, los municipios puedan también ejercer otras competencias que sobre la materia adopte su concejo municipal, con el fin de coadyuvar a la defensa de los vecinos en lo que respecta a la protección al consumidor.

Mucho se habla de algunas cuestiones bastante sencillas; por ejemplo, como cuando el servicio de cable o de energía eléctrica afecta de pronto a otro vecino. En ese caso, efectivamente, se puede recurrir al municipio más cercano y presentar una queja, o asesorarse adecuadamente para que, a través del municipio respectivo, se le brinde la ayuda que necesita.

Por consiguiente, si las sugerencias que acabo de formular son recogidas por la presidenta de la Co-misión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, no tendré ningún inconveniente en respaldar, en forma par-ticular, el proyecto de ley materia de debate.


Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Spadaro Philipps.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Delgado Zegarra.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Señora Presidenta: Sin duda alguna, el paso que vamos a dar el día de hoy es tremendamente importante para el país, porque, efectivamente, son las municipali-dades las instancias gubernamenta-

les que están más cerca de la ciudadanía.

Es importante recordar que la primera Ley de Protección al Consumidor, dada en el año 1991, otorgó competencia, para defender a los consumi-dores, a las municipalidades del país. A partir de ese año, antes de que existiera el Indecopi, todas

las municipalidades tenían ya esa competencia. En realidad, fueron las municipalidades las autorida-des competentes para aplicar la Ley de Protección al Consumidor; pero tenemos que reconocer que en el año 1991 era tan desconocido el asunto que ninguna municipalidad asumió esa competencia. Fue esa la razón por la que el Indecopi, que se creó en el año 1993, asumió esa función; y en buena hora, porque como un organismo técnico le ha dado a esa función el nivel profesional que corresponde.

Sin embargo, tenemos que reconocer que la actua-ción del Indecopi es muy limitada en el territorio nacional, porque —si no me equivoco— solo tiene 30 oficinas, o tal vez un poco más; pero estamos hablando de más mil 800 municipalidades que hay en todo el país, en cuyas jurisdicciones, la-mentablemente, no existe presencia del Estado, particularmente, en lo que atañe a la defensa del consumidor y a la protección de los intereses con respecto a los servicios públicos.

Es así que, desde hace muchos años, se han venido presentando iniciativas legislativas en el Congreso para esta forma de descentralización que tiene que ver con la defensa del consumidor. Lamentablemente, en ese entonces, el Indecopi no veía con buenos ojos esto; pero ahora, en esta gestión, se ha evaluado la conveniencia de hacerlo, porque es una forma de potenciar y fortalecer la defensa del consumidor. El problema radica en que esto se tiene que hacer de manera gradual y muy responsablemente; porque, como es obvio, el Indecopi tiene una fortaleza y una experiencia desarrollada a lo largo de los años, que ahora se tendrá trasladar a las municipalidades.

Es interesante saber que en la mayoría de países del mundo las autoridades que tienen que ver con la atención de quejas o reclamos de los con-sumidores son las municipalidades. En nuestro país esto se había centralizado, por los motivos que vengo señalando, lo cual es explicable; pero estamos en un momento en el que la población viene exigiendo a gritos una mayor presencia del Estado en lo que a mecanismos de protección al consumidor se refiere.

Creo que el Indecopi, siendo un organismo rec-tor, puede lograr un nivel de participación de las municipalidades en sus competencias de brindar información y orientación, así como de efectuar labores de fiscalización, por supuesto, en coordi-nación con el Indecopi.

Es importante señalar que algunas municipali-dades del país ya cuentan con oficinas de Defensa



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del Consumidor sin esta ley que nos proponemos aprobar el día de hoy, porque realmente no necesi-tan de ella. Con las funciones propias reconocidas en su propia Ley Orgánica, varios municipios ya han dado ese gran paso.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Delgado Zegarra.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Sin embargo, lo que se busca con esta propuesta legislativa es dar un marco mucho más preciso y mucho

más delimitado respecto de determinadas funcio-nes del Indecopi y su relación con los municipios; así de la forma en que se pueden llevar a cabo los mecanismos de solución de conflictos a través del arbitraje en materia de consumo, entre otros.

Señores congresistas, en verdad, yo espero que el día de hoy podamos brindar nuestro respaldo a esta propuesta legislativa, que es el inicio de un proceso de descentralización auténtica en materia de protección al consumidor.

En ese sentido, solicito a la señora presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que se sirva acumular al dictamen materia de debate el Proyecto de Ley N.° 2149/2012-CR, de mi autoría, que trata sobre la misma materia; re-cordándole que algunos aspectos de esa iniciativa fueron incorporados en el texto sustitutorio que hoy ocupa nuestra atención, en la discusión que tuvimos en el seno de dicha instancia legislativa en su oportunidad.


Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Delgado Zegarra.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Molina Martínez.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señora Presidenta: El Proyecto de Ley N.° 1721/2012-CR, de mi autoría, fue dictaminado, con un texto sustitutorio, en el anterior período anual de sesiones, cuando

presidía yo la Comisión de Defensa del Consumi-dor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos; dicho texto contó con las opiniones favorables de todos los sectores entendidos en la materia. Al respecto, debo resaltar la labor de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que dictaminó el referido proyecto de ley por unanimidad.

El objeto de ese proyecto de ley es la creación de oficinas descentralizadas en todas las municipali-dades del país, tanto distritales como provinciales, a fin de que sean esas oficinas las que recepcionen las quejas y reclamos de los consumidores. Por supuesto, esas oficinas también tendrán la fina-lidad de orientar, educar, informar y solucionar los conflictos existentes en materia de consumo.

En resumen, señora Presidenta, este es un proyec-to de ley que, sobre todo, tiene en un enfoque de inclusión social; porque será la primera vez que los municipios distritales del Perú profundo tendrán la oportunidad recibir las quejas y reclamos que los consumidores les harán llegar a través de esas oficinas descentralizadas.

Uno de los aspectos importantes de este proyecto de ley es que las municipalidades distritales y provin-ciales del país tendrán la competencia de promover la creación de asociaciones de consumidores.

En suma, con la aprobación de este proyecto de ley queremos contribuir a la posibilidad de implementar políticas públicas efectivas y soste-nibles en favor de los consumidores; de realizar labores de fiscalización en materia de consumo; y de coordinar labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de normas de protección al consumidor.

En ese sentido, exhorto a los señores congresistas presentes a que se sirvan respaldar este gran pro-yecto de ley, que, en definitiva, es de trascendental importancia para los 30 millones de consumidores del Perú, que nunca han tenido la oportunidad de llegar a las oficinas del Indecopi, y que ahora podrán presentar sus quejas y reclamos en las oficinas descentralizadas que se crearán en todas las municipalidades del país.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congre-sista Molina Martínez.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Mu-chas gracias, señora Presidenta.



Por lo expuesto, reitero mi pedido a los señores congresistas para que podamos cumplir con el anhelo de todos consumidores del país, que quedarán totalmente agradecidos por la decisión del Pleno de aprobar un proyecto de ley que realmente los beneficiará.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Molina Martínez.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta: En mi criterio, la propuesta legislativa materia de debate es completamente insuficiente para defender, nivel na-cional, a los consumidores del país; de manera que lo que debemos hacer

es fortalecer significativamente su contenido.

Los consumidores del Perú no ganan absoluta-mente nada con que los municipios distritales o provinciales les informen, prevengan o promocio-nen sus derechos. En realidad, los consumidores ya están cansados de eso, señora Presidenta.

La propuesta en debate no contiene algo que yo considero fundamental. Sé que los colegas Molina Martínez y Condori Cusí han presenta-do sus proyectos de ley sobre la materia con la mejor buena intención; pero se ven totalmente disminuidas las facultades de las municipalidades, para defender a sus pueblos, cuando en el texto en debate no se considera la expresión “defender a los consumidores”, que son por los que se tiene que sacar la cara.

Digo esto por una razón muy sencilla: el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece en forma clara que el Estado tiene como política la protección de los derechos del consumidor. Por eso el Indecopi tiene que defender a los consumidores; e igualmente corresponde a las municipalidades, que también forman parte del Estado, asumir la defensa de los consumidores, no solamente les deben brindar información. De ninguna manera se debe dejar a los consumido-res en manos de los grandes operadores o de las grandes empresas; porque, ante un abuso, solos no se pueden defender, debido a que están en desventaja, ya que no tienen plata, no tienen poder, no tienen información, no tienen nada, señora Presidenta.

Entonces, ¿quién los tiene que defender? Obvia-mente, el Estado. En este caso, pido a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Or-ganismos Reguladores de los Servicios Públicos que ponga en el texto propuesto algo determinante y que pueda servir, para que, ante un abuso, los consumidores puedan presentar una queja o un reclamo; no solo se trata de que se les oriente, se les informe o se les promocione.

Es necesario que alguien asuma la defensa a los consumidores; el propio Código de Promoción y Defensa del Consumidor dice que el Estado tie-ne que defender a los consumidores; y también las propias las leyes que el Poder Ejecutivo ha promulgado dicen que corresponde a los orga-nismos reguladores defender el interés de los consumidores. Sin embargo, aquí nos vienen a decir que se les tiene informar, que se les tiene que promocionar. ¡Por favor, no nos tomen el pelo, señora Presidenta! Eso no le sirve absolutamente para nada a la población, que es la que se tiene que interponer la queja.

En primer lugar, formulo ese pedido a los pre-sidentes de ambas comisiones dictaminadoras. En el texto en debate se tiene que poner lo si-guiente: “Los municipios defienden el derecho de los consumidores y usuarios”. Seguro que no nos van a decir que no hay dinero; no se necesita dinero para defender a los consumidores, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Muchas gracias.

Señora Presidenta, acá, a la espalda del Congreso, en el jirón Andahuaylas, hay un módulo de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organis-mos Reguladores de los Servicios Públicos, que se inauguró en el Parlamento anterior cuando yo ejercía la presidencia de esa instancia legislativa, en el cual, con solo dos empleados, ni siquiera capacitados, comenzamos a defender el derecho de los consumidores; y en las municipalidades tam-bién hay una oficina de Defensa del Ciudadano, en las que se puede capacitar a algunas personas para que asuman la defensa de los consumidores. No se necesita plata para ello, señora Presidenta, sino solo voluntad.

Lo que ocurre es que a los grandes grupos econó-micos no les conviene que haya gente capacitada



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para defender a los consumidores, como tam-poco les conviene que los municipios defiendan el derecho de los ciudadanos. Lo único que les conviene es que los consumidores estén desam-parados para seguir cometiendo abusos; esa es la pura verdad.

Señora Presidenta, debo recordar que, en el Congreso anterior, la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú (AMPE) dijo que ellos no tenían ningún inconveniente en defender el derecho de los consumidores. Es más, en mi crite-rio, los municipios deben ser la primera instancia de resolución de los problemas del consumidor; y el Indecopi debe ser la segunda instancia.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Permítame treinta segundos para concluir, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Dispone usted del tiempo que soli-cita, señor congresista.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Decía que los municipios son los que tienen que resolver los proble-mas de los consumidores, porque

el Indecopi no tiene oficinas descentralizadas en todos los distritos ni en todas las provincias del país; máximo cuenta con oficinas en las capitales de departamento. En los lugares alejados del país la gente no sabe dónde quejarse ni quién le tiene que resolver sus problemas; sin embargo, aquí nos dicen que el municipio va a informar sobre sus derechos a los consumidores. No señora Presidenta, el municipio debe defender y también debe ser la primera instancia de resolución de los problemas de los consumidores.

Yo formulo esa petición a los presidentes de ambas comisiones dictaminadoras, a fin de que en el texto en debate se considere como competencia de los municipios la defensa del derecho de los consumidores; pero además deben ser la primera instancia de resolución de los problemas de los consumidores.

Finalmente, para no abusar de su gentileza, pre-gunto: ¿por qué se pretende que las acciones de supervisión del Instituto Nacional de Defensa de

la Competencia y de la Protección a la Propiedad Privada (Indecopi) sean realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas? Eso va a ser todo un negociado: a este empresario le damos esas acciones de fiscalización, y a este otro empresario, estas otras. Y se va a gastar más y más dinero, después que hemos visto cómo ha trabajado el Indecopi en el caso de la APDAYC, que no viene cumpliendo sus funciones, pese a contar con 800 o casi mil trabajadores. De manera que es el Indecopi el que tiene que llevar a cabo las labores de fiscalización y supervisión, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Le agradezco su tolerancia, señora Presidenta.

No debemos promover en el Indecopi negociados para terceros. Si aceptamos que eso ocurra, en-tonces, mejor que desaparezca el Indecopi y que el Estado contrate empresas tercerizadoras para que realicen las acciones de supervisión en favor de los consumidores.

Señora Presidenta, en mi criterio, la segunda disposición complementaria final del texto en debate se debe eliminar, debido a que nosotros no debemos promover ningún tipo de negociado. ¿Cuánto es lo que se les va a pagar a esas empresas tercerizadoras? El Indecopi ni siquiera defiende bien a los consumidores en este momento; pero ahora se quiere contratar a terceros, con el argu-mento de que de esa forma se defenderá mejor a los consumidores. Mentira, ahí lo que hay es una serie de negociados que no debemos permitir, se-ñora Presidenta. De manera que ese dispositivo debe ser excluido del texto propuesto.

Esos son aportes que quería hacer al texto susti-tutorio que ocupa nuestra atención este momento, señora Presidenta, para que los municipios saquen la cara por los consumidores, evitando de esa forma que sigan siendo maltratados.

Nosotros vamos a respaldar el texto propuesto, pero con las modificaciones que acabo de seña-lar, que son positivas para los consumidores de nuestro país.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Lescano Ancieta.



Puede hacer uso de la palabra el congresista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señora Presidenta: En efecto, el proyecto de ley materia de debate es muy importante para el país, porque, de una u otra forma, el 100% de nuestra población es ne-tamente consumidora. Obviamente,

el Estado tiene el deber y la obligación de asumir la defensa de todos sus ciudadanos; el asunto radica en que el Estado es débil y que, por ello, no está presente, en toda su capacidad, en todos los rincones del país.

En el Perú existen mil 670 municipalidades dis-tritales, pero el Indecopi solo está presente en las capitales de departamento. En el departamento de Puno, por ejemplo, el Indecopi no llega a los distritos que están a seis o diez horas de la capital, en vehículo; no cuenta con la capacidad instalada suficiente para llegar a todos los rin-cones de Puno.

Señora Presidenta, el Estado no se debe seguir burocratizando creando más dependencias a nivel nacional; por eso estamos planteando que las municipalidades provinciales y distritales, que también forman parte del Estado, extiendan sus funciones, en materia de consumo, asumiendo ciertas funciones del Indecopi.

En ese sentido, queremos fortalecer a las mu-nicipalidades, para que, efectivamente, estas se constituyan en un ente de poder local. Nosotros coincidimos con las competencias que se otorgan en la propuesta en debate a las municipalidades del país, que no solamente son las de brindar in-formación, educación y orientación, sino también la de efectuar labores de fiscalización en materia de consumo; así como las atribuciones que le sean delegadas expresamente por el Indecopi y otras entidades competentes, por supuesto, de acuerdo a su capacidad operativa.

Entonces, no es que se esté negando a las muni-cipalidades que ejerzan la función de defensa ni la capacidad de resolución de los problemas de los consumidores; porque en cada ámbito territorial —por ejemplo, en el caso de los gobiernos regio-nales— siempre hay un nivel de resolución.

En el Gobiernos Regional de Puno, por ejemplo, hay un staff de profesionales, conformado por más de diez personas, que tienen cierta capacidad de resolución.

En lo que sí coincidimos con el congresista Lescano Ancieta es en que de ninguna manera se deben tercerizar las acciones de supervisión del Indecopi, porque eso podría significar que el Estado estaría relativamente abdicando de sus funciones.

Yo creo que el Indecopi tiene la suficiente ca-pacidad instalada como para poder ejercer las funciones que la ley le asigna; de manera que no hay necesidad de consignar en este proyecto de ley, al menos, que ciertas acciones de supervisión del Indecopi se van a tener que tercerizar. Yo creo que son suficientes las funciones que actualmente tiene el Indecopi…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta; pero, primero, per-mítame conceder al colega Molina Martínez la interrupción que me solicita.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Molina Martínez.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señora Presidenta, yo simplemente quiero recordar que algunas municipalidades de la ciudad de Lima ya han instalado Oficinas de Atención al Consumi-dor, de manera que la inquietud del

colega Lescano Ancieta sí tiene fundamento. Sin embargo, en el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, se dice lo siguiente: “Ejercer labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de normas de protección al consumidor de competencia del Indecopi”. ¿Qué significa esto? Que el Indecopi es el ente rector, es el que va a capacitar y también el que va a hacer el seguimiento a las oficinas de atención al consumidor. De manera que las observaciones del colega referidas a la defensa del consumidor están incluidas en forma tácita en la propuesta en debate.

Por lo tanto, pido a la Representación Nacional que se sirva respaldar el texto propuesto en los términos que constan en el dictamen de la Comi-sión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.




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La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Molina Martínez.

Puede continuar, congresista Condori Cusi, por el tiempo adicional que la Presidencia le ha concedido.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señora Presidenta, aquí podemos advertir un problema concreto.

Por ejemplo, en el caso del transpor-te de pasajeros, muchos accidentes

ocurren justamente por exceso de pasajeros en de-terminados vehículos, incluso en los camiones.

En estos casos no está presente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni el Indecopi; pero las municipalidades sí están presentes.

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, una vez aprobada esta propuesta legislativa, las munici-palidades podrían ejercer las funciones de fiscali-zación, para una posterior sanción por parte del Indecopi. De esta manera las municipalidades se constituyen prácticamente en una red del Sistema Nacional de Defensa del Consumidor; pero el ente rector continúa siendo el Indecopi.

Esto es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Condori Cusi.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Gagó Pérez.

E l s e ñ o r G A G Ó P É R E Z (GPFP).— Señora Presidenta: Todo proyecto de ley, especialmente los de esta naturaleza, se tiene que regir por lo que dispone el artículo 65.° de la Constitución Política del Estado, que dice lo siguiente: “El

Estado defiende el interés de los consumidores y de los usuarios”.

¿Y por qué digo esto, señora Presidenta? Porque en el artículo 3.° del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, referido a las competencias municipales en defensa del consumidor, adver-

timos que el Indecopi pretende trasladar ciertas competencias a las municipalidades, que también constan en su ley orgánica.

Sin embargo, muchas municipalidades no cuentan con los recursos suficientes como para poner en práctica esto. ¿Y qué va a suceder ahora, señora? Que todo esto va a quedar en letra muerta.

Señora Presidenta, en el inciso d) del artículo 3.° del texto en debate, que dice: ”Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Consumo u otras entidades competentes”, se tendría que agregar la frase: “salvo las competencias exclusivas del ente rector”, las cuales no se pueden trasladar a las municipalidades en forma definitiva.

Entonces, la gran pregunta es, si esto lo está realizando el Indecopi, porque supuestamente no dispone de recursos para poder llegar a las regiones y a los distritos más alejados del país, ¿por qué se considera en el texto en debate la se-gunda disposición complementaria final, referida a la supervisión, señora presidenta de la comisión dictaminadora?

¿Quién debe realizar las acciones de supervisión? Debería ser Indecopi, pero no es así, ya que en esa segunda disposición complementaria final dice: “Las acciones de supervisión a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indeco-pi), en el ámbito de su competencia, podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas”.

Si el Indecopi no cuenta con “presupuesto” para ejercer sus funciones en las regiones, en los dife-rentes distritos y en las zonas alejadas país, ¿de dónde va a sacar dinero para contratar empresas tercerizadoras para que realicen las acciones de supervisión que están a cargo de Indecopi? Eso en primer lugar.

En segundo lugar, pregunto: ¿cuántas empresas o consultorías especializadas hay en el país en materia de defensa del consumidor? Muy pocas, señora Presidenta. De manera que esas acciones de supervisión no pueden ser tarea de terceros, sino que tiene que realizarlas el Indecopi, por ser el ente rector.

Nosotros quisiéramos respaldar esta propuesta legislativa; pero solo lo haremos si se incorporan en el texto propuesto las modificaciones que he sugerido en el curso del debate.




La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Gagó Pérez.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Schaefer Cuculiza.

La señora SCHAEFER CUCU-LIZA (GPFP).— Señora Presiden-ta: En primer lugar, debo saludar a los congresistas Molina Martínez y Condori Cusi por haber presentados sendos proyectos de ley sobre la materia, que han sido dictaminados,

con un texto sustitutorio, por la Comisión de De-fensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Creo que es muy importante descentralizar la defensa de los derechos de los consumidores, ra-zón por la cual agradezco al congresista Delgado Zegarra por habernos proporcionado hasta la fecha en que se dio la primera Ley de protección al consumidor, que fue en el año 1991, en la época del ingeniero Fujimori.

Pero lo más importante, y justo sobre eso conver-saba por teléfono hace un momento con el colega Delgado Zegarra, es que las oficinas descentra-lizadas, que se van a crear en los municipios, promuevan el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para que todos los consumidores sepan cuáles son sus derechos.

Muchas veces nosotros aprobamos leyes que es-tán dirigidas a ciertos sectores pero que la gente desconoce, razón por la cual no puede exigir nada ante cualquier abuso, porque no conoce sus derechos.

Yo pienso que esas oficinas descentralizadas se deben encargar de la labor de la difusión del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y que el Indecopi debe estar a cargo, en esa des-centralización de la defensa de los derechos de los consumidores, de la capacitación respectiva. Es muy importante preparar y certificar a las personas que van a ejercer la labor de defensa de los consumidores, señora Presidenta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— ¿Me permite una interrupción, colega Schaefer Cuculiza?

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Me solicita una interrupción el congresista Lesca-no Ancieta; y también el colega Delgado Zegarra, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta, mi intervención es con el fin de hacer notar que en el literal j) el artículo 3.° del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización,

Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado se dice —y esto es algo que considero muy importante— que “las municipalidades deben ejercer la defensa de los consumidores cuando hay intereses difusos”, esto es, cuando se afecta a toda la comunidad que vive dentro la jurisdicción de una municipalidad.

Es necesario incluir ese literal en el texto sustitu-torio contenido en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regulado-res de los Servicios Público, señora Presidenta.

Finalmente, si hasta las empresas resuelven en primera instancia las quejas de los consumidores, ¿por qué un municipio no las puede resolver?

Si no me equivoco, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor hay dos artículos que establecen que las propias empresas son primera instancia en defensa del derecho de los consumi-dores. De manera que esta propuesta legislativa está orientada a que las municipalidades del país se constituyan en la primera instancia de resolución de las quejas que interpongan los consumidores.

Sin duda alguna, esta es una propuesta absolu-tamente viable, señora Presidenta.

Agradezco a la congresista Schaefer Cuculiza por la generosidad que ha tenido de concederme una interrupción.



Puede continuar, congresista Schaefer Cuculi-za.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— También me solicitó una interrupción el colega Delgado Zegarra, señora Presidenta.



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La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Delgado Zegarra, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que el Reglamento confiere al orador de turno.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Señora Presidenta, mi intervención es solo con el propósito de hacer una precisión. La posibi-lidad del Indecopi de contratar o terciarizar servicios para realizar determinadas inspecciones, como se

plantea en el proyecto de ley materia de debate, se hace precisamente con el fin de optimizar el uso de sus recursos; porque actualmente, como ya se dicho acá, el Indecopi no tiene presencia nacional en los mil 800 distritos del país.

Por ejemplo, al igual que ocurre en Osinergmin, el Indecopi podría contratar personal para de-terminadas intervenciones puntuales, lo cual optimizaría su capacidad de actuación. Es decir, no tendrá necesidad de tener a ese personal permanentemente en planilla; tampoco tendrá necesidad de desplazar a su personal desde Lima hasta Chuquibamba para que lleve a cabo una inspección determinada. En otras palabras, podrá contar con un personal de reserva debidamente capacitado, esto es, con un staff al que pueda con-tratar específicamente para cuando necesite hacer alguna verificación en esa o en otra población.

De esa forma, se optimizarán los recursos y se hará más eficiente la defensa de los derechos de los consumidores.



Puede continuar, congresista Schaefer Cuculiza.

La señora SCHAEFER CUCU-LIZA (GPFP).— Señora Presiden-ta, definitivamente, el Indecopi es el ente rector de la protección de los derechos del consumidor; en ese sentido, pienso que es una gran responsabilidad otorgar esas com-

petencias a las municipalidades del país, que a partir de ahora tendrán la obligación de defender el derecho de los consumidores, lo cual, reitero, es de responsabilidad del Estado.

Con ese fin, es importante que se proceda a la capacitación del personal de las municipalida-

des. Un equipo profesional del Indecopi se debe encargar de esa labor de capacitación, con miras a defender el interés de los consumidores, para poder otorgar la certificación correspondiente a todas las personas que se hayan capacitado.

Reitero mi felicitación a los dos colegas que han presentado sus propuestas sobre la materia, los cuales, de cierta manera, contribuyen a la protec-ción de los derechos de todos los ciudadanos del país, especialmente el día de hoy cuando vemos que nuestra economía crece en forma descentrali-zada. Actualmente, por ejemplo, debido al turismo, se construyen hoteles tanto en los distritos y como en los lugares alejados del Perú, donde los ciuda-danos, en su condición de consumidores, deben contar con la protección del Estado.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Schaefer Cuculiza.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Dammert Ego Aguirre.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señora Presidenta: La propuesta legis-lativa materia de debate, en mi criterio, tiene un fondo positivo; pero hay en él tres problemas fundamentales que deberían resolverse adecuada-mente, porque afectan sus posibilidades reales.

El primer problema radica en que, para la defensa del consumidor, en el texto propuesto se plantea una tercerización ambigua e incompleta, porque se está autorizando a que el Indecopi pueda tercerizar los servicios de defensa del consumi-dor a través de las municipalidades, con lo cual las responsables, sin duda alguna, van a ser las municipalidades.

Pero la pregunta fundamental es la siguiente: ¿quién va a pagar esa tercerización?, ¿acaso ese costo va a recaer en los usuarios?, ¿el consumidor será defendido por alguien que va a cobrar por sus servicios? Por ejemplo, en caso de presentarse un problema comercial en un mercado porque alguien elevó el precio de la carne, ¿va a haber un tercero, sea un abogado o una empresa privada, que va a actuar en contra de ese vendedor inescrupuloso y, en función de ello, recién se va a obtener un resultado? ¿Ese resultado va a ser la ganancia de la tercerización?

Esa es una situación no solo ambigua, sino también es una situación que puede llevar a un



inmenso sistema de corruptela. La forma en que se plantea la tercerización es tan ambigua que va a propiciar lo que todos sabemos que existe en buena parte de nuestro país. Me refiero a la posibilidad de que entre organismos e institucio-nes débiles se puedan generar vacíos de procedi-mientos y de cobros que van a terminar afectando tanto a los usuarios y a las municipalidades como a la propia competencia.

Si no hay recursos destinados a ese fin, entonces, ¿quién los va a poner? Si el municipio no los tie-ne y el Indecopi tampoco, ¿quién lo tendrá que poner? Pues aquel que cometa la infracción. ¿y quién va a obtener la utilidad? Sin duda alguna, la empresa privada que efectúe la tercerización. Eso, como es obvio, va a llevar a una situación sumamente irregular en todo lo que signifique defensa del consumidor.

Y ahí donde haya que ejercer la defensa del consu-midor frente a los grandes empresarios, que tenga que ver, por ejemplo, con la comercialización del arroz, con el abastecimiento del pescado o con el abastecimiento de determinados productos básicos, ¿quién se va a hacer responsable de la supervisión si esta encuentra tercerizada? Señora Presidenta, si esto no se reglamenta bien, será una puerta abierta muy grave y peligrosa que puede degenerar en corrupción.

El segundo problema tiene que ver con lo siguien-te. Todos sabemos que ahora con el presupuesto por resultado, que se ha establecido como ma-nejo de la gestión presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una especie de tabla de cumplimiento de metas de los municipios del país. De manera que si un municipio no cumple cabalmente con una competencia que le ha sido asignada, pierde puntos; y si pierde puntos no solo le recortan su presupuesto, sino que además ya no se hace merecedor de incentivos municipales.

Por lo tanto, si se va a dar a los municipios esa competencia obligatoria, automáticamente mu-chos municipios del país, que no tienen suficientes recursos, que no disponen de personal especializa-do, que no cuentan con una oficina debidamente implementada, que carecen de las condiciones para realizar esa labor, van a descender de ubi-cación en ese ranking que maneja el MEF y de inmediato les van recortarán las transferencias presupuestales. Eso es exactamente lo que va a ocurrir, señora Presidenta.

Por consiguiente, también ahí hay una situación ambigua, indefinida e imprecisa, pues en vez de reforzar a los municipios, como es nuestro deseo,

se va a debilitar a muchos de ellos. Por eso consi-dero que este es un segundo aspecto en el que se puede observar que hay un punto de error.

Y el tercer problema, como es obvio, tiene que ver con la autonomía municipal. Esta propuesta legislativa…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Dammert Ego Aguirre.

El señor DAMMERT EGO AGUI-RRE (AP-FA).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Esta propuesta legislativa se pro-pone para fortalecer la defensa del consumidor a nivel municipal; pero,

en el fondo, es una norma orientada a fortalecer al Indecopi. El Indecopi es el órgano rector del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor; pero en el texto en debate no se precisa cómo va a ejercer esa rectoría sobre los municipios. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, debemos recordar eso, los municipios son autónomos, señora Presidenta.

¿Cómo va a funcionar el órgano rector? ¿Qué va a ocurrir en las ciudades más grandes del país, por ejemplo, que tienen una acción importante sobre el uso de los recursos vinculados a la defensa del consumidor?, ¿quién va a estar a cargo de la oficina de defensa del consumidor, de la designa-ción de los funcionarios, de las actividades de los funcionarios o de las actividades en las que van a participar esos funcionarios?

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Dammert Ego Aguirre.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Cómo no, señora Presidenta,

¿Quién va a hacer todo eso? ¿Lo va a hacer el órgano rector, Indecopi, que pasa a hacer una especie de contraloría en lo que respecta a la defensa de los derechos del consumidor en todos los municipios, sobre todo en las ciudades más grandes del país, o lo van a hacer los municipios? Considero que ahí también hay una situación ambigua e imprecisa que vulnera la autonomía municipal, señora Presidenta.

Por ello, solicito a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regulado-



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res de los Servicios Públicos y al presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado que la propuesta legislativa materia de debate ingrese a un cuarto intermedio, a efectos de que sea concordado con el texto propuesto por la segunda comisión dictaminadora, que es bastante más precisa, para poder resolver el problema; y que la competencia que se propone trasladar a las municipalidades sea progresiva y sujeta a que el Gobierno Central transfiera los recursos necesarios para que, efectivamente, las acciones de supervisión puedan ser realizadas de la manera más adecuada, sin necesidad de que sean tercerizadas, porque lleva a ambigüedades e imprecisiones muy serias que podrían estar incursas en casos de corrupción.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Dammert Ego Aguirre?

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Me solicita una interrupción el congresista Condori Cusi, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Dammert Ego Aguirre, ya ha excedido el tiempo adicional que la Presi-dencia le ha otorgado, le pido encarecidamente que concluya su intervención.

El señor DAMMERT EGO AGUI-RRE (AP-FA).— Congresista Con-dori Cusí, discúlpeme; le pido que solicite la interrupción al colega que luego va a intervenir.

De esa forma, señora Presidenta, doy por concluida mi participación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Dammert Ego Aguirre.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Ur-quizo Maggia, a quien le pido que conceda a su colega Condori Cusi una breve interrupción.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Con el mayor agrado, señora Presidenta, no tengo ningún inconveniente.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señora Presidenta, he conversado con varios funcionarios del Indecopi sobre diversos aspectos; y, con respecto a la tercerización, me han dicho que, efectivamente, no se debe burocratizar al Estado.

Si en algún lugar del país ocurriese un problema concreto en un momento preciso, para esa situa-ción concreta se podría contratar a una persona específica. No se requiere contratar a una persona por tiempo indeterminado, porque eso significaría incrementar la burocracia, sino solo para realizar esa labor específica. En este caso, para la función específica puntual de supervisión, porque muchas veces el personal de las municipalidades no está capacitado.

Y con respecto a que la municipalidad pueda decir: “No es mi responsabilidad ese asunto”, con este proyecto de ley, una vez aprobado por el Pleno, muchas situaciones de defensa del consumidor serán de responsabilidad de las municipalidades. Por lo tanto, no es cuestión de contratar más personal, sino simplemente de asignar apropia-damente los recursos.

Por ejemplo, hace dos semanas en la provincia de San Román, con motivo del paro de cuatro días, se denunció que antiguamente en la Beneficencia Pública de esa localidad había 25 personas y que ahora son más de 250 personas. Eso es demasiada burocracia, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congre-sista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

En ese caso, un sistema de tercerización de algu-nas funciones muy puntuales y específicas podría ayudar a una mejor gestión pública.

En ese sentido, retiro la observación que formule a la segunda disposición complementaria final del texto en debate.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Condori Cusi.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Urquizo Maggia.



El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señora Presidenta: Debo recordar a los colegas presentes que mediante una norma que el Congre-so de la República ha aprobado se creó el Sistema Nacional Integra-do de Defensa del Consumidor, y

además un Consejo Nacional de Protección del Consumidor, cuya rectoría recae en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Pro-tección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

Cuando hablamos de los consumidores y de la necesidad de organizarlos, nos estamos refirien-do a una serie de servicios públicos de los que ellos hacen uso, como son los servicios de sanea-miento, de agua potable y alcantarillado, para lo cual se ha creado un organismo regulador, que es la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Para los servicios de telefonía, televisión por cable, entre otros, vinculados a las comunicaciones, exis-te el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por otro lado, tenemos al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerg-min), institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, que establece una serie de mecanismos de participación ciudadana en defensa de los usuarios de los servicios de las empresas eléctricas.

Demás está destacar el rol que ejerce el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en materia de marcas, de insignias y de protección de la propiedad intelectual, en defensa de los derechos del consumidor.

Señora Presidenta, los organismos públicos que he mencionado, están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.

El proyecto de ley materia de debate, que pretende involucrar a los gobiernos locales y a las municipa-lidades provinciales y distritales del país, cuenta con las opiniones favorables —emitidas en torno a la referida propuesta legislativa— de institu-ciones como la Sociedad Nacional de Industrias, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), e incluso del propio Indecopi, a quien también se le solicitó su opinión.

No se involucra en esta iniciativa a los gobiernos regionales; pero ese es otro asunto, que será ma-teria de un amplio estudio. Lo importante aquí es que la ponencia cuenta con dictamen tanto de la Comisión de Defensa del Consumidor y Or-ganismos Reguladores de los Servicios Públicos como de la Comisión de Descentralización, Regio-nalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, lo cual constituye un gran avance.

Yo saludo al congresista Molina Martínez, por el hecho de que la propuesta legislativa, contenida en el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios pública, se haya aprobado durante el tiempo en que ejerció la presidencia de dicha comi-sión; y hago extensivo mi saludo a la colega Teves Quispe, actual presidenta de la referida comisión, y a los congresistas que vienen respaldando esta ponencia, que son un referente en la lucha de la defensa del consumidor.

Por otro lado, se ha señalado aquí que se está tercerizando la defensa del consumidor, lo cual es completamente falso; por el contrario, a tra-vés de esta propuesta legislativa, se pretende descentralizar la defensa del consumidor en el país. Señora Presidenta, el Estado es uno solo y, por tanto, las responsabilidades tienen que ser compartidas entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno nacional. No todo se debe delegar en la rectoría del Indecopi, señora Presidenta. Los municipios tienen que ejercer, como expresión de la ciudadanía organizada, la tarea de la defensa del consumidor.

Es en ese marco que…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— A usted las gracias, señora Presidenta.

Decía que es en ese marco que quiero destacar algunos incisos del artículo 3.° del texto sustitu-torio materia de debate.

En primer lugar, el inciso d), que dice: “Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresa-mente por la Autoridad Nacional de Protección del consumidor y otras autoridades competentes; y en segundo lugar, el inciso f), que señala lo si-guiente: ”Promover la creación de asociaciones de consumidores en el ámbito local”.



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Señora Presidenta, qué importante es que los mu-nicipios del país asuman hoy la responsabilidad de promover las asociaciones de consumidores.

Pero, tal vez, el inciso más importante de este artículo es el inciso h) —no está en la Sala en este momento el congresista Lescano Ancieta, que parece que lo ha lo leído mal— que señala lo siguiente: “Encargarse —se refiere al municipio— de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor en su jurisdicción”.

Por consiguiente, estando todo en claro, adelanto que nosotros vamos a respaldar con nuestro voto esta importante propuesta legislativa.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Urquizo Maggia.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señora Presidenta: Qui-siera comenzar mi intervención saludando a los autores de los pro-yectos de ley que han dado origen al texto sustitutorio, materia de debate, contenido en el dictamen de

la Comisión de Defensa del Consumidor y Orga-nismos Reguladores de los servicios Públicos.

Esta mañana quiero, además de saludar y feli-citar a los autores de los referidos proyectos de ley, compartir la justa aspiración de todos los peruanos para fortalecer la defensa del consu-midor. En realidad, no existe ninguna fórmula para lograr ese objetivo, sino solo fortalecer a las asociaciones de consumidores que deben existir a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio; porque es a través de ellas que canalizaremos los mecanismos preventivos para que no se sigan cometiendo abusos contra los consumidores del país.

Señora Presidenta, tengo algunos reparos con respecto a la fórmula legal que se ha puesto a consideración del Pleno el día de hoy; solo espero que la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y el presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado puedan tomar nota de ellos.

En primer lugar, sugiero suprimir el segundo párrafo del artículo 2.° del texto en debate, con-tenido en el dictamen a la comisión principal; y si eso no fuese posible, incluir un término que implique la participación de todas las asociaciones de municipalidades existentes en el Perú, porque el referido párrafo no solo se debe circunscribir a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), sino también a otras asociaciones que tienen vigencia y reconocimiento tanto en la Pre-sidencia del Consejo de Ministros como en otros organismos, siendo una de ellas, por ejemplo, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, así como la Red Rural, entre tantas otras que existen y que tienen reconocimiento jurídico dentro de ese ámbito.

Por lo pronto, esa es la sugerencia que voy a hacer llegar a la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, para que proceda a suprimir el segundo párrafo del artículo 2.° del texto en debate; o, en todo caso, que incluya en el referido texto un término que implique la participación de todas las asociaciones municipales que existen en el Perú.

En segundo lugar, queremos dejar enfáticamente establecido que con respecto a la propuesta legis-lativa materia de debate no estamos hablando de la modificación de la Ley Orgánica de Municipa-lidades, porque eso implicaría una votación con mayoría calificada y un tratamiento muy distinto de la ponencia. De lo que estamos hablando acá es del marco jurídico que permite al Indecopi esta-blecer convenios con las municipalidades del país para poder trabajar de manera más importante, más prolija y más encauzada todo lo significa la defensa de los derechos del consumidor.

Por otro lado, quisiera hacer proponer una modi-ficación —que en breve haré llegar a la presidenta de la comisión dictaminadora— en la primera disposición complementaria final del texto en debate, que establece que la Asociación de Mu-nicipalidades del Perú (AMPE) deberá presentar un proyecto de reglamento.

Este punto no debe ser vinculante, habida cuenta de que es de competencia y de rectoría del Inde-copi; por lo tanto, ese punto debe ser suprimido del texto en debate, dejando al Indecopi que, como ente rector, se encargue de presentar el referido proyecto de reglamento, que más adelante tendrá que ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede treinta



segundos adicionales para que concluya, congre-sista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Finalmente, por una cuestión de técnica parla-mentaria, quisiera que, con respecto a los artículos 3.° y 4.° de la propuesta en debate, que tienen que ver con materia presupuestaria, se modifique la tercera disposición complementaria final, que en breve voy a enviar a la Mesa, con el texto siguiente: “La implementación de las acciones reguladas en la presente norma se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos al Tesoro Público”.

Esto, solo por cuestión de técnica parlamentaria, habida cuenta de que ya se encuentra precisado, en similar sentido, en tercera disposición comple-mentaria final del texto propuesta por la comisión dictaminadora.

En ese caso, nosotros nos remitimos…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Cómo no, señora Presidenta, solo permítame veinte segundo para poder concluir.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Dispone usted del tiempo que soli-cita, congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

En este caso —decía—, nosotros nos remitimos a los postulados del artículo 65.° de la Constitución Política del Perú, con lo cual no hacemos sino establecer con meridiana claridad que vivimos una economía social de mercado y que urge, pues es de necesidad imperiosa para todos los peruanos, consolidar de una vez por todas las asociaciones de consumidores que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio; porque solo a través de ellas podremos fortalecer el nivel de reacción que tiene el Estado y el rol tutelar del Estado en materia de protección de los derechos de los consumidores del país.


Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Gutiérrez Cóndor.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VE-LARDE (PPC-APP).— Señora Presidenta: En primer lugar, obvia-mente, debo saludar la iniciativa de quienes, de alguna manera, están interesados y desean que el sistema de protección al consumidor no ten-

ga que estar aislado de las diferentes instancias y organismos públicos. Yo creo que la participación de los municipios es sumamente importante, en la medida en que es la primera institución pública a la que tiene acceso un ciudadano o vecino, razón por la cual la bancada del PPC-APP considera que es bueno fortalecer y defender todo lo que esté directamente relacionado con la defensa de los derechos del consumidor.

No obstante ello, permítame hacer algunos co-mentarios sobre la propuesta legislativa puesta a consideración del Pleno para su debate, que espero que la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos o el presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado puedan tomarlos en cuenta.

En realidad, no sé si otorgar nuevas facultades a los municipios —lo formulo como pregunta, en todo caso, antes que afirmar—, diferentes de las que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, requiere de votación calificada, porque la iniciativa materia de debate es una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Debo manifestar también, aun cuando, como ha señalado el congresista Urquizo Maggia, varias organizaciones se han pronunciado a favor de esta iniciativa, que la Municipalidad Metropolitana de Lima se ha opuesto a ella, señalado que, de alguna manera, colisiona con la autonomía municipal. Sin embargo, creemos que el Parlamento puede modificar las normas relacionadas a los gobiernos locales para otorgarles nuevas facultades; pero insisto en que la propuesta legislativa materia de debate no está planteada como una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Por lo tanto, para evitar algún inconveniente, porque queremos que esta iniciativa sea apro-bada, sugiero que la votación de la referida



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ponencia sea calificada, para que no vaya a ser observada, al menos por esa razón; porque es verdad que la Ley Orgánica de Municipalidades establece a los municipios ciertas funciones. Sin embargo, a través de esta propuesta legis-lativa le estamos adicionando unas nuevas, que me parecen positivas; pero, en todo caso, su aprobación debería ser por mayoría calificada, para que nadie tenga duda de que la referida ley orgánica se modificó para asignar nuevas facultades, nuevas atribuciones o nuevas obli-gaciones a los municipios.

En segundo lugar, creo que sería importante ponernos a pensar en el grueso de los munici-pios distritales del país; porque en la sierra y selva del Perú hay lugares con pocos habitantes a cuyos municipios, que cuentan con un reduci-do presupuesto, se les va a dar una obligación inminente por ley. Sé que, por iniciativa propia, varios municipios distritales, la mayoría de ellos de zonas urbanas, han logrado establecer en su sede oficinas de defensa del consumidor.

Quien les habla, antes de ser congresista fue re-gidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre los años 2003 y 2006. En esa oportunidad, ni bien entramos a ejercer nuestras funciones, propusimos —entre los regidores del PPC y de Solidaridad— el cambio de nombre de la “Co-misión de Comercialización” por “Comisión de Comercialización y Defensa del Consumidor”. Es ahí donde empecé a conocer a los buenos técnicos que hay en el Indecopi, con los cuales trabajamos un sinnúmero de aspectos sobre la defensa del consumidor y sobre la lucha contra la piratería.

Señora Presidenta, cuando hay voluntad de tra-bajar, definitivamente, los organismos públicos —porque además la ley así lo establece— no requieren de una ley específica para actuar en forma directa.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un mi-nuto adicional para que concluya, congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Sin embargo, soy consciente, como también lo son los miembros de la bancada del PPC-APP, que está interesada en la defensa del consumidor, que no basta la voluntad de los organismos públicos o de los gobiernos locales para ponerse al frente de la defensa de los derechos del consumidor.

Señora Presidenta, la propuesta legislativa materia de debate no deja de ser importante, interesante y conveniente; pero su aprobación —reitero— debe ser por mayoría calificada, es necesario tener en cuenta eso.

Otro aspecto importante tiene que ver con la gran número de gobiernos locales distritales, con redu-cidos presupuestos, que existen en el país, en los que muchas veces nos encontramos con que no hay técnicos capacitados para resolver determinados asuntos; razón por la cual me atrevo a sugerir a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Público —a quien observo que está conversando con sus asesores—, y también al presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que la aplicación de la propuesta que estamos por aprobar comience por los gobiernos locales provinciales.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede treinta segundos para que concluya, congresista Gala-rreta Velarde.

El señor GALARRETA VELAR-DE (PPC-APP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

¿Por qué no empezar por los go-biernos locales provinciales?, ¿por qué no hacer que el Indecopi, como

órgano macro, como órgano rector, como primera instancia, coordine sobre el particular con los gobiernos provinciales; y que los gobiernos pro-vinciales, en razón del principio de subsidiariedad, colaboren voluntariamente con los gobiernos dis-tritales, que seguramente por ser más pequeños no podrán enfrentar esta obligación. Reitero, los mil ochocientos gobiernos locales distritales que hay en el país nos están hoy en capacidad de poder hacerlo. Por lo tanto, habría que dar un primer paso dirigiéndonos, primero, a los gobiernos lo-cales provinciales.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Permítame veinte segundos para con-cluir, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Dispone usted del tiempo que soli-cita, señor congresista.



El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

En consecuencia, el primer paso podría ser ese: dirigirnos a los gobiernos locales provinciales, salvo que no les interese la idea. ¿Por qué no pen-sar, como un paso inicial, en los gobiernos locales provinciales, señora Presidenta? Y después que estos vean con qué gobiernos locales distritales colaboran, para no poner en jaque a los más de mil ochocientos gobiernos locales distritales del país, que, por estar a favor de la defensa del consumidor, no van a poder enfrentar hoy esa obligación valida que se plantea en la propuesta legislativa materia de debate.


Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Galarreta Velarde.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señora Presi-denta: Uno de los grandes cambios que han operado en el país en estos tiempos es el esfuerzo del Estado por defender los derechos de los consumidores; por esa razón,

anuncio que nuestra bancada va apoyar el texto sustitutorio materia de debate, por supuesto, con algunas sugerencias, que espero sean acogidas por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Yo quiero responder a aquellos que han cuestiona-do esta iniciativa, que dicen que los municipios no están preparados por asumir esas competencias o que por qué se van a tercerizar las acciones de fiscalización que corresponden a Indecopi, que el artículo 65° de la Constitución establece lo siguiente: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garan-tiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado”.

¿Qué significa esto, estimados colegas? Que en esa asimetría de información que hay, el consumidor, evidentemente, es el más afectado; y cuando la Constitución habla de que el Estado defiende el interés de los consumidores, no se refiere solo a

que debe ser el Indecopi, sino a la organización del Estado en todos sus niveles.

¿Cómo nos vamos a oponer, entonces, señora Pre-sidenta? Sería insensato hacerlo, si la propuesta legislativa materia de debate tiene como propósito entregar a los municipios provinciales y regionales del país la posibilidad de que puedan facilitar a los consumidores el acceso a la información, a la prevención y a la promoción de sus derechos.

En consecuencia, conforme consta en la propuesta en debate, hay un Sistema Nacional Integrado de Protección al consumidor en el que están in-corporados las municipalidades del país; hay un Consejo Nacional de Protección del Consumidor en el que están representadas las municipalidades a través de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE); y hay una Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Al respecto, algunos han dicho aquí que esta propuesta, de repente, podría irrogar un gasto al Tesoro Público; no sería la primera iniciativa que se presenta en este sentido, señora Presidenta.

Lo que yo sí creo es que hay un argumento que no lo van a poder hacer desvanecer aquellos que vienen cuestionando esta iniciativa. Los más de mil ochocientos municipios que existen en el país poseen capacidades humanas, que si bien es cierto no están preparadas para una situación como esta, también es cierto que el propio texto en debate establece que el Indecopi debe brindar asistencia técnica a las municipalidades del país, con el fin de promover la defensa de los derechos de los consumidores.

De tal manera que esta es una buena iniciativa; solo estoy en desacuerdo porque se ha propuesto que su aprobación sea por votación simple, y no debe ser así. Si a través de esta propuesta legis-lativa vamos a otorgar nuevas competencias a los gobiernos municipales, para no incurrir en un defecto al momento su aprobación, la vota-ción necesariamente debe ser calificada, señora Presidenta. Sería insensato que de acuerdo con la Ley N.° 29571, referida al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que ha establecido una serie de organismos de control, donde están incluidos los gobiernos locales y los gobiernos regionales, no permitamos que en el último rincón del país un municipio pueda contar, al menos, con una persona que oriente y prevenga a los consu-midores sobre la defensa de sus derechos. Sería absolutamente insensato, señora Presidenta.

Hoy, en el mundo, las nuevas atribuciones y funciones de los municipios vienen siendo replan-



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teadas, porque ya no solo se dedican a hacer pistas, veredas, parques, losas deportivas, o a cuidar la señalización de las vías y calles, sino que ahora cumplen una función mucho más social: defender los derechos del consumidor, y esta iniciativa va en ese sentido, señora Presidenta.

Por eso considero que ningún argumento va a enervar lo importante de esta propuesta legisla-tiva. De repente no es suficiente…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Velás-quez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Muchas gracias, señor Presidente.

De repente esta norma no es su-ficiente, de repente aún no hay personas capacitadas para que el

desempeño de esa función; pero yo, como provin-ciano, preferiría que antes de que un ciudadano venga desde Chumbivilcas hasta Lima a presentar su queja al Indecopi, en la municipalidad de su jurisdicción haya una oficina que lo pueda orientar y, fundamentalmente, que lo pueda prevenir e informar sobre sus derechos.

Por consiguiente, como esta propuesta legisla-tiva tiene una alta rentabilidad social, anuncio que mi grupo parlamentario la va a respaldar plenamente al momento de la votación, pero con las sugerencias que he alcanzado durante mi intervención.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Velásquez Quesquén.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Simon Munaro.

El señor SIMON MUNARO.— Señora Presi-denta: En principio, debo felicitar a los señores congresistas autores de las iniciativas que han dado origen al propuesta legislativa materia de debate, cuyo único objetivo es facilitar el acceso de los consumidores a la información, preven-ción y promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional.

Aquí lo fundamental es que iniciativa implica la modernización del Estado, así como la presencia

del Estado en todos los rincones del país, especial-mente en aquellos lugares en los que nunca ha llegado el Indecopi, en donde a cientos o miles de conciudadanos de las zonas rurales se les vende cualquier cosa y estos no tienen donde ir a quejarse ni donde presentar su reclamo.

Y con respecto a los municipios, como bien se ha dicho acá, el municipio es la institución demo-crática más cercana a la población. Por lo tanto, hay que reconocer que estamos modernizando el Estado, dándole un valor a esta institución fundamental país, que es la que más cerca al poblador esta; e igualmente estamos apuntando a la descentralización del Indecopi.

También es importante hacer notar, como se señala en la parte considerativa del dictamen materia de debate, que esta iniciativa no preten-de suplir o superponer la actuación y desarrollo normativo del Indecopi; sino, por el contrario, busca potencializar al Indecopi, permitiendo que se implemente en las municipalidades una nueva unidad orgánica, con un personal capacitado y preparado por los técnicos del Indecopi.

Como ha señalado el congresista Velásquez Ques-quén, no debemos permitir que un poblador de Chumbivilcas, de Incahuasi o de Cañaris, ante un producto que no justifica su publicidad, tenga que venir hasta Lima o hasta la capital del departa-mento a presentar su denuncia.

Por eso, yo sí creo que este es un proyecto de ley muy importante, porque descentraliza al Indecopi y hace al Estado más eficiente. ¿De qué se trata? De que los consumidores y usuarios no solo ten-gan acceso a la información, sino también una protección y defensa ágil, oportuna y especiali-zada. ¿De qué se trata? De construir un Estado eficiente, transparente y descentralizado. ¿De qué se trata? De facilitar a los consumidores del país la prevención y la promoción de sus derechos. ¿De qué se trata? De que, finalmente, las muni-cipalidades, tanto provinciales como distritales, formen parte del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. ¿De qué se trata? De que no se engañe a los consumidores? ¿De qué se trata? De que los empresarios no abusen vendiendo productos que no tienen que ver nada con la publicidad, con la calidad ni con el precio de los productos que ofrecen.

Señora Presiente, reitero, esta es una buena ini-ciativa por la que la población va a aplaudir si, finalmente, nosotros la aprobamos, y respecto de la cual el Partido Humanista, al que yo represento, va a votar a favor.



El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Simon Munaro?

El señor SIMON MUNARO.— Me solicita una interrupción el colega Spadaro Philipps, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Spadaro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Señora Presidenta, con el mejor de los ánimos, pido a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Orga-nismos Reguladores de los Servicios Público que nos aclare el numeral

4.2 del artículo 4.° del texto en debate, referido a la promoción del arbitraje y la conciliación.

¿Por qué en ese numeral se establece que las municipalidades del país están facultadas para im-plementar sistemas de conciliación de conflictos? Ahí tendríamos nosotros un problema de corte presupuestal, porque los municipios tendrán que contratar personal especializado y un conciliador, de todas maneras.

En todo caso, ese numeral debe quedar condicio-nado al presupuesto que cada municipio tenga. No creo que en todos los municipios del país se tengan que establecer centros de arbitraje o de conciliación.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Simon Munaro; muchas gracias, señor Presi-dente.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede continuar, congresista Simon Munaro.

El señor SIMON MUNARO.— Señora Presi-denta, quiero saludar el hecho de que la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), la Muni-cipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) hayan emitido opinión a favor de esta propuesta legislativa. En ese caso, el Indecopi, la institución más importante en esta materia ha expresado su acuerdo con la ponencia en debate.

Ciertamente, estoy sorprendido de que la Cámara de Comercio de Lima haya objetado esta propues-ta legislativa, señalando que es innecesaria la

creación de las oficinas municipalidades descen-tralizadas; cuando esa institución ha debido ser la primera interesada en que los consumidores acepten que los productos se vendan en las condi-ciones que realmente se deben vender, y además en que se denuncie a aquellas empresas que venden productos falseando la verdad.

Reitero, señora Presidenta, nosotros vamos a respaldar la propuesta legislativa materia de debate.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Simon Munaro?

El señor SIMON MUNARO.— Me solicita una interrupción el colega Delgado Zegarra, a quien con el ma-yor agrado se la concedo, con lo cual doy por concluida mi intervención, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Simon Munaro.

Puede usted hacer uso de la interrupción, con-gresista Delgado Zegarra.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Señora Presidenta, a mí no me sorprende que la Cámara de Comercio de Lima se haya opuesto a esta iniciativa, porque anteriormen-te se opuso al Código de Protección y Defensa del Consumidor y también

a la primera ley de protección al consumidor. Me parece poco feliz la actitud de esa institución, señora Presidenta; pero, en fin, hay sectores del empresariado que no quieren que se fortalezcan los sistemas de protección al consumidor.

En relación con la votación calificada de la que aquí se viene hablando, quiero precisar que en el artículo 83.° de la Ley Orgánica de Munici-palidades se establece la competencia de las municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios; y entre sus funciones específicas están la de con-trolar el cumplimiento de normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, alma-cenamiento y comercialización de alimentos y bebidas. Obviamente, muchas de sus funciones están vinculadas directamente a la protección del consumidor.



1532

Por lo tanto, lo que se está haciendo a través de esta propuesta es facilitar el acceso a la informa-ción, prevención, y promoción de los derechos de los consumidores, a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional.

Como ha manifestado hace un momento el con-gresista Galarreta Velarde, hay municipalidades distritales que hace ya varios años han implemen-tado en su sede oficinas de defensa del consumidor, las cuales vienen cumpliendo esa labor.

Pero, por otro lado…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Delgado Zegarra.

El señor DELGADO ZEGARRA (NGP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Por otro lado, como bien ha señalado el congresista Velásquez Quesquén, en la propia Ley N.° 29751, que con-

tiene el Código de Protección y Defensa del Con-sumidor, se crea el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, que en su artículo 132.° lo define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destina-dos a armonizar las políticas públicas con el fin de optimizar las actuaciones de la administración del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país, en el marco de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus integrantes; con-firmándose en su artículo 133.° la participación de los gobiernos locales en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor.

Es decir, las municipalidades también forman parte del Sistema Nacional Integrado de Protec-ción al Consumidor.


Muchas gracias.


Puede hacer uso de la palabra el congresista Rimarachín Cabrera, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobier-nos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

El señor RIMARACHÍN CABRE-RA (AP-FA).— Señora Presidenta, sobre el particular, hemos coordina-do con la congresista Teves Quispe, presidenta de la Comisión de Defen-sa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públi-

cos, que es la primera comisión dictaminadora y cuyo texto es el que se va a someter a votación. Si revisáramos ambas fórmulas sustitutorias nos daríamos cuenta que hay coincidencias sustancia-les, la única diferencia está en la terciarización de las acciones de supervisión, que no figura en el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del cual se pueden rescatar algunos artículos, considerando, incluso, algunos planteamientos formulados en el curso del debate.

Ante esta situación, propongo pasar a un cuarto intermedio con la finalidad de elaborar una fór-mula de consenso; no sé si estará de acuerdo con ello la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

En todo caso, ese es mi planteamiento como presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Moderni-zación de la Gestión del Estado.

Muchas gracias, señora Presidente.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Rimarachín Cabrera.

Finalmente, tiene la palabra la congresista Teves Quispe, en su condición de presidenta de la Co-misión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta: He escuchado con mucha atención la intervención de los colegas que han participado en el debate de esta propuesta legislativa, a quienes agradezco por sus planteamientos y observaciones.

Con respecto a las acciones de supervisión, que consta en la segunda disposición complementaria final del texto en debate, estas se refieren exclusi-vamente a lo que ordena la ley. Por ello, atendiendo a la preocupación de los congresistas Lescano Ancieta, Condori Cusi, Molina Martínez, Gagó



Pérez y Dammert Ego Aguirre, hemos aceptado el planteamiento del congresista Rimarachín Ca-brera en esa segunda disposición complementaria final, que queda redactada de la siguiente manera: “Las acciones de supervisión a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el ámbito de sus competencias, podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas. Dichas acciones están restringidas exclusivamente al levantamiento de hechos, elaboración de actas, recopilación de pruebas vinculadas a las obligaciones que son materia de investigación. Para tales efectos, el Consejo Directivo de dicha entidad establecerá los criterios y procedimientos específicos para la contratación, designación y ejecución de las tareas que realizarán los terceros”.

Asimismo, hemos recogido la propuesta del con-gresista Spadaro Philipps, en lo referente a que las municipalidades puedan brindar asesoramiento a los consumidores, por lo que el inciso a) del artículo 3.° del texto en debate queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.°.— Competencias municipales en Defensa del Consumidor

Las municipalidades distritales y provinciales son competentes en materia de defensa del con-sumidor para:

a) Brindar información, asesoramiento y edu-cación para los consumidores en relación a sus derechos.”

Por otro lado, hemos aceptado la acumulación del Proyecto de Ley N.° 2149/2012-CR, que trata sobre la misma materia, al dictamen objeto de debate, de acuerdo con lo solicitado por el congresista Delgado Zegarra.

Señora Presidenta, a solicitud del congresista Gagó Pérez hemos aceptado modificar el inciso d) del artículo 3.° dl texto en debate, que ahora queda redactado de la siguiente manera:

“d) Ejercer las atribuciones que le sean delega-das expresamente por la Autoridad Nacional de Consumo y otras entidades competentes con excepción de las competencias exclusivas de dicha autoridad.”

Asimismo, a solicitud del congresista Gutiérrez Cóndor, hemos aceptado modificar la tercera disposición complementaria final, sobre la no irrogación de gastos del Tesoro Público, que

ahora queda redactado de la siguiente manera: “La implementación de las acciones reguladas en la presente norma se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos al Tesoro Público”.

También a propuesta del congresista Gutiérrez Cóndor, hemos aceptado modificar el segundo párrafo del artículo 2.° del texto en debate, que queda redactado de la forma siguiente:

“Las municipalidades distritales y provinciales se encuentran representadas por el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, conforme a lo que establece el artículo 4.1, del Decreto Supremo N.° 031-2011-PCM, que aprueba el Reglamento que establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor”.

Finalmente, la primera disposición comple-mentaria final, queda redactada de la siguiente manera:

“Primera.— Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de un plazo de 120 días contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante de-creto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, para lo cual previamente una comisión presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros e integrada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentará un proyecto de reglamento”.

Por las consideraciones expuestas, solicito a la Representación Nacional que se sirva respaldar con su voto el texto sustitutorio materia de debate, con las modificaciones y agregados aceptadas por la Comisión de Defensa del Consumidor y Orga-nismos Reguladores de los Servicios Públicos.



Señora congresista, le pido que se sirva remitir a la Mesa el texto definitivo para que sea leído por el señor Relator, el cual, a su vez, ordeno que se distribuya en este momento a los señores congresistas.



1534

Habiendo concluido el debate, solicito a los seño-res representantes que…

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— La palabra, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para una precisión, tiene el uso de la palabra el congresista Spadaro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Señora Presidenta, propongo que en el texto materia de debate se adicione una cuarta disposición complementaria final, sobre la modificación de las normas pertinentes de la Ley Orgánica de

Municipalidades; porque, en verdad, aquí se está modificando la referida ley orgánica en lo respecta a las competencias de los municipios. Esa modificación no afectara en nada la propues-ta en sí, sino, por el contrario, contribuirá a la implementación de esta ley.

Por otro lado, debo decir a la presidenta de la Co-misión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que no ha dicho nada sobre la aclaración que solicite con respecto al numeral 4.2 del artículo 4.° del texto en debate, referido a la promoción del arbitraje y la conciliación.



Puede continuar, congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, solo quiero…

El señor GALARRETA VELAR-DE (PPC-APP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Teves Quispe?

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Me so-licita una interrupción el congresista Galarreta Velarde, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para una precisión, puede hacer uso de la palabra el congresista Gallareta Velarde.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Señora Presidenta, en vista de que la señora presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos no ha recogido ninguna de las sugerencias que he formulado en mi inter-vención, le pido que nos aclare si la votación de esta propuesta legislativa va a ser por mayoría calificada, por tratarse de la modificación de una ley orgánica, para evitar el problema que hace un momento señalé que podía suscitarse.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Galarreta Velarde.


La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta, so-lamente le quiero solicitar que, al momento de la consulta, la votación de esta propuesta legislativa sea por mayoría calificada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omon-te Durand).— Habiendo finalizado el debate, solicito a los señores los congresistas que se sirvan registrar su asistencia a través del sistema digital.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A solicitud de la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Orga-nismos Reguladores de los Servicios Públicos, la votación de esta propuesta legislativa, por tratarse de la modificación de una ley orgánica, será por mayoría calificada.

En tanto los señores congresistas registran su asistencia, se va a dar lectura al texto definitivo de los Proyectos de Ley Núms. 938/2011-CR Y 1721/2012-CR, propuesto por la presidenta de la referida instancia legislativa, sobre la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las muni-cipalidades del país.


“Texto sustitutorio presentado el 7 de noviembre de 2013, a las 11:13 horas, por la señora Julia Te-



ves Quispe, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos

Ley que Fortalece la Defensa del Consumidor en las Municipalidades.

Artículo 1.°.— Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto facilitar el acceso de los consumidores a información, a la preven-ción y promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un Sistema Nacional Inte-grado de Protección al Consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.° 29571.

Artículo 2.°.— Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.

Las municipalidades distritales y provinciales forman parte del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, creado por el Có-digo de Protección y Defensa del Consumidor, y desarrollan su labor en materia de consumo en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Las municipalidades distritales y provinciales se encuentran representadas en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, conforme a lo es-tablecido en el artículo 4.1, del Decreto Supremo N.° 031-2011-PCM, que aprueba el Reglamento que establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios al Consejo Nacional de Protección del Consumidor.

Artículo 3.°.— Competencias Municipales en Defensa del Consumidor

Las municipalidades distritales y provinciales son competentes en materia de Defensa del Consumidor para:

a. Brindar información, asesoramiento y edu-cación para los consumidores en relación a sus derechos.

b. Brindar orientación sobre las vías de solu-ción de controversias existentes en materia de consumo.

c. Efectuar labores de fiscalización en materia de consumo que correspondan con sus atribuciones en materia de comercialización, higiene, sanidad

y seguridad, conforme a la Ley Orgánica de Mu-nicipalidades.

d. Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Consumo u otras entidades competentes con ex-cepción de las competencias exclusivas de dicha Autoridad.

e. Coordinar labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de las normas de protección al consumidor de competencia del INDECOPI a requerimiento de esta entidad.

f. Promover la creación de asociaciones de consu-midores en el ámbito local.

g. Brindar apoyo a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo y ejecución de proyec-tos y actividades que promuevan la protección y defensa de los consumidores.

h. Encargarse de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor en su jurisdicción.

i. Vigilar las condiciones de consumo y la adopta-ción de buenas prácticas.

Artículo 4.°.— Justicia de Consumo

Las municipalidades distritales y provinciales en materia de consumo:

4.1 Se constituyen en el área de promoción y coordinación para la constitución de Juntas Arbitrales, de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Arbitraje de Consumo creado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.° 29571.

4.2 Promueven el arbitraje, la conciliación y la mediación en los conflictos de consumo. Están facultadas para implementar sistemas de concilia-ción de conflicto de consumos, de conformidad al artículo 147.° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N.° 29571.

Artículo 5.°.— Responsabilidades de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

La Autoridad Nacional de Protección del Con-sumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Inte-lectual (Indecopi), como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor es responsable de:



1536

5.1 Brindar asistencia técnica necesaria a efectos de fortalecer las capacidades de información y orientación de los funcionarios de las municipa-lidades provinciales y distritales.

5.2 Coordinar la implementación de la asistencia técnica, en el ámbito del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, teniendo en cuenta la materia solicitada.

5.3 Evaluar el desempeño de las municipalidades provinciales y distritales en su labor de defensa del consumidor en aquellas donde brinde asis-tencia técnica conforme a la presente ley, y en función de ello, hacer recomendaciones para el mejor desempeño.

Artículo 6.°.— Declaración de interés de la creación de un Sistema Nacional de Registro de Reclamo de los Consumidores

Declárese de interés la creación de un Sistema Nacional del Registro de Reclamo de los Consu-midores, bajo la rectoría del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Disposiciones Complementarias Finales

Primera.— Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de un plazo de 120 días contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, para lo cual previamente una comisión presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros e integrada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentará un proyecto de reglamento.

Segunda.— Supervisión

Las acciones de supervisión a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indeco-pi), en el marco de sus competencias, podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas. Dichas acciones están restringidas exclusivamente al levantamiento de hechos, elaboración de actas y recopilación de pruebas vinculadas a las obligaciones que son materia de investigación. Para tales efectos, el Consejo Directivo de dicha entidad establecerá los criterios y procedimientos específicos para la contratación, designación y ejecución de las tareas que realizarán los terceros.

Tercera.— No irrogación de gastos para el Tesoro Público

La implementación de las acciones reguladas en la presente norma, se financiarán con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos al Tesoro Público.”


El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— La palabra, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para una precisión, puede hacer uso de la palabra el congresista Spadaro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Señora Presidenta, hay una cuestión de técnica legislativa en virtud de la cual quiero hacer una precisión.

Si la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regula-dores de los Servicios Públicos ha solicitado que la propuesta legislativa que se va a someter a consulta tiene que ser aprobada por votación calificada, por tratarse de la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades; entonces, se tiene que incorporar en la referida ponencia una cuarta disposición complementaria final que diga: “Modifíquese el artículo pertinente de la Ley Or-gánica de Municipalidades, Ley N.° 27972”.

Así de simple, señora Presidenta, y el Oficial Mayor lo sabe perfectamente.

Muchas gracias.


Tiene la palabra la congresista Teves Quise, presidenta de la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta: Solo con el fin hacer un añadido en el inciso d) del artículo 3.° del texto que acaba de ser leído, que ahora dirá lo siguiente: “d) Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresa-mente por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor u otras entidades competentes,



con excepción de las competencias exclusivas de dicha Autoridad”.

Asimismo, estamos incluyendo en el artículo 3.° del referido texto, el inciso j), que tendrá el siguiente texto: “Ejercer la acción por interés difuso y/o colectivo en materia de consumo cuando afecte el interés general de los consumidores en el ámbito local.”

Con respecto al planteamiento formulado por el congresista Spadaro Philipps, debo decir al colega que no es pertinente modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, porque las municipalidades se encuentran representadas en el Consejo Na-cional de Protección al Consumidor a través de la Asociación de Municipalidades del Perú, con-forme se establece específicamente en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por lo tanto, no se debe incluir en la propuesta en debate la disposición que acaba de leer; más bien, si lo considera oportuno, le pediría que se sirva presen-tar otra iniciativa legislativa, para que podamos debatir acá el referido planteamiento.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Sugiero a la presidenta de la Comi-sión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que, en tanto envía a la Mesa el texto definitivo para someterlo a votación, acepte que la ponencia pase a un cuarto intermedio.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta, no es necesario; más bien le pido que someta a votación el nuevo texto sustitutorio que ha sido leído por el señor Relator, con las modifica-ciones a que me referido hace un momento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, señora congre-sista.

Se va a dar lectura a las últimas modificaciones emitidas por la Comisión de Defensa del Consu-midor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que han sido aceptadas por la presidenta de la mencionada comisión dictaminadora.


“Modificación del literal d) del artículo 3.° de la Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades provinciales y distritales

Artículo 3.°.— Competencias municipales en Defensa del Consumidor

Las municipalidades distritales y provinciales con competentes en materia de Defensa del Consumidor para:

[…]

d) Ejercer las atribuciones que le sean delega-das expresamente por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y otras entidades competentes, con excepción de las competencias exclusivas de dicha autoridad.”

—Incorporación del literal j):

“j) Ejercer la acción por interés difuso y/o colectivo en materia de consumo cuando afecte el interés ge-neral de los consumidores en el ámbito local.”

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Muy agradecido señor Relator.

Se da por cerrado el registro de asistencia.

Se encuentran presentes en la Sala de sesiones 86 señores congresistas.

Señores representantes, la aprobación de esta propuesta legislativa requiere del voto a favor de 66 señores congresistas, por implicar la modifica-ción de una ley orgánica.

Al voto el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.° 938/2011-CR y 1721/2012-CR, sobre la Ley que fortalece la Defensa del consumidor en las municipalidades provinciales y distritales que acaba de ser leído, propuesto por la Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Or-ganismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Previamente, tiene la palabra la congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señora Presidenta, precisamente era para dejar cons-tancia de que la aprobación de esta propuesta legislativa requiere de votación calificada.

Muchas gracias.




1538

Al voto el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley .° 938/2011-CR y 1721/2012-CR, sobre la Ley que fortalece la Defensa del consumidor en las municipalidades provinciales y distritales, que acaba de ser leído, con las modificaciones acepta-das por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la consulta, no es aprobado, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.° 938/2011-CR y 1721/2012-CR, propuesto por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, sobre la Ley que Fortalece la Defen-sa del consumidor en la Municipalidades, por haber obtenido solo 57 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Han votado a favor del nuevo texto sustitutorio propuesto 57 señores congresistas, ninguno en contra y 28 se han abstenido.

La Presidencia deja constancia del voto a favor del congresista Coari Mamani y de la abstención de los congresistas Dammert Ego Aguirre y Sal-gado Rubianes.

La referida propuesta legislativa no ha alcanzado el número de votos exigidos por el Reglamento para su aprobación.

“Votación del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos 938 y 1721

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Alcorta Suero, Angulo Álva-rez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Chehade Moya, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Ga-larreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Iberico Núñez, Lay Sun, León Romero, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Za-

valeta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Simon Munaro, Teves Quispe, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Velásquez Quesquén, Wong Puja-da, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que se abstuvieron: Becerril Rodríguez, Cabrera Ganoza, Ccama Lay-me, Chávez Cossío, Chihuán Ramos, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, García Belaunde, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Kobashigawa Kobashigawa, Medina Ortiz, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Ramírez Gamarra, Salazar Miranda, Sarmiento Betan-court, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos.”

—La congresista Teves Quispe presentó en Sala, a las 11:31 horas, un pedido de reconsideración respecto de la primera votación de la propuesta legislativa antes mencionada.

Por problemas de orden técnico, queda pen-diente de votación el nuevo texto sustitu-torio del Proyecto de Ley N.° 1978/2012-PE, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario

o servidor público

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Pasamos, entonces, al siguiente punto de la Agenda de la presente sesión.

Vamos a ver ahora el texto sustitutorio del Pro-yecto de Ley N.° 1978/2012-PE, mediante el cual se propone modificar el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o ser-vidor público.

Señor Relator, dé lectura a la sumilla de la pro-puesta legislativa correspondiente.


Dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1978/2012-PE —remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo—, mediante el cual se propone modificar el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.*





Puede hacer uso de la palabra el congresista Egu-ren Neuenschwander, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el término de diez minutos, para sustentar el texto susti-tutorio del Proyecto de Ley N.° 1978/2012-PE, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que se propone modificar el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Señora Presidenta: Voy a sustentar el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1978/2012-PE, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia y Derechos

Humanos, que tiene por objeto modificar el artí-culo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.

Vale la pena destacar que dentro del plan de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos hemos acordado, de manera unánime, dar prioridad en el debate a todas aquellas inicia-tivas que tienen que ver con corrupción, porque consideramos que existe una falencia normativa al respecto y que hay muchos vacíos por llenar, siendo este uno de ellos

¿Qué se pretende a través de esta propuesta legislativa que propone modificar el artículo 425.° del Código Penal? Se pretende hacer dos modificaciones: la primera de ellas, con el fin de extender la calidad de funcionario público a aquellos servidores que laboran en las empresas públicas, esto es, en las empresas del Estado, en vista de que actualmente hay una jurisprudencia no uniforme al respecto, lo que viene generando poca predictibilidad y seguridad jurídica.

El concepto fundamental del porqué queremos extender el concepto de funcionario público es porque, obviamente, los funcionarios per-manentemente toman decisiones, la mayoría seguramente legítimas y adecuadas; pero cabe la posibilidad de que algunas de esas decisiones tengan, de manera encubierta, un beneficio personal para un tercero, lo que claramente implicaría un acto de corrupción.

Por consiguiente, por ser custodios de bienes públicos o de bienes de patrimonio del Estado, se

propone que se les considere como funcionarios públicos, solo para efectos penales, en los alcances del artículo 425.° del Código Penal.

Por lo demás, señora presidenta, hay una serie de antecedentes, vía sentencias y acuerdos de plenos, que señalan la conveniencia de ir en ese sentido.

La segunda modificación es con el fin de incor-porar en el artículo 425.° del Código Penal a los funcionarios o servidores públicos desde el mo-mento de su designación o proclamación. Al ser de público conocimiento que estos servidores van a ejercer una función pública, hay que extender las barreras punitivas hasta la etapa en que estos son designados o proclamados por la autoridad competente; porque, efectivamente, han ocurrido múltiples casos en los que un alcalde, desde que ha sido designado o proclamado, podría estar comprometido en actos delictivos en agravio del Estado.

Estos dos planteamientos, señora Presidenta, tienen pleno respaldo de las opiniones que se nos han hecho llegar; y además están contenidos tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que han aceptado este concepto extendido de funcionario público desde su proclamación.

Igualmente, en el artículo 9.° de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA se considera como funcionario o servidor público a todos los trabajadores de las empresas del Estado, sin excepción. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que hacer es adecuarnos a estos dos convenios internacionales contra la corrupción, de los cuales el Perú es parte.

Creo que el concepto queda claro, señor presi-dente, espero que el texto propuesto, como texto sustitutorio, también lo sea, y de darse el debate y al final del mismo, para proceder a votar cuando lo vea por conveniente.

Espero que haya quedado claro el concepto de funcionario o servidor público, así como el texto sustitutorio contenido en el dictamen Comisión de Justicia y Derechos Humanos, respecto del cual, una vez concluido el debate del mismo, solicito a la Representación Nacional que se sirva brindarle su respaldo.




1540

—Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Eguren Neuen-schwander.

En debate.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente: Tengo una preocupación que quiero ex-presarla ante el Pleno del Congreso, y desearía que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Hu-manos nos pueda ayudar haciendo la aclaración correspondiente.

La modificación del artículo 425.° del Código Penal nace, debemos recordar que el referido código es del año 1991, a raíz de que con posterioridad se promulgó la Constitución de 1993, que en el segundo párrafo de su artículo 40° establece que no ejercen función pública los trabajadores de las entidades del Estado.

Entonces, se podría interpretar como que el artículo 40° de la Constitución abrogó el inciso 3) del artículo 425.° Código Penal, que hoy día se pretende modificar a través de la propuesta legislativa materia de debate.

Esa es una preocupación que tengo en estos últimos días y que quisiera, con todo respeto, que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos la pudiera aclarar; porque, aparentemente, esta propuesta le-gislativa colisiona con el segundo párrafo del artículo 40° de la Constitución. Es más, según algunos expertos en Derecho Penal, el inciso 3) del artículo 425.° del Código Penal, que se piensa modificar, ya habría sido abrogado por el segundo párrafo del artículo 40° de nuestra Carta Magna.

De manera que solicito al presidente de la Co-misión de Justicia y Seguridad Social que se nos haga la aclaración correspondiente, para evitar que podamos modificar o incluir nuevos textos en el Código Penal cuando éstos son contrarios a la propia Constitución Política del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Be-nítez Rivas.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Saavedra Vela.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Señor Presidente: La propuesta legislativa materia de debate, como ya se ha dicho acá, amplia el concepto de funcionario y servidor público, para que se consi-dere como tales a las personas que

han sido electas desde el momento de su desig-nación o proclamación por la autoridad electoral correspondiente. Es decir, busca evitar que malos ciudadanos utilicen su condición de electos para actuar en nombre del Estado y negociar intereses particulares o de grupos.

Por ello, considero que la propuesta legislativa materia de debate es muy importante, porque va a contribuir a luchar contra la corrupción, esto es, contra esa lacra que está enquistada en todo el Perú; y, por otro lado, establece con claridad que nadie, tenga el nivel que tenga, va a poder negociar en nombre del Estado, incluso antes de juramentar o asumir el cargo para el cual ha sido designado.

No obstante ello, señor Presidente, me parece que podríamos agregar dentro de los alcances de la ponencia —formulo ese pedido al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos— a los notarios públicos, que actualmente no son considerados funcionarios públicos, pero que actúan siempre en nombre del Estado.

Por esa razón, solicito que en el inciso 4) del artículo 425.° del Código Penal, que se propone modificar, se incluya a los notarios públicos, que-dando redactado el referido inciso de la siguiente manera: “Los notarios públicos, los administra-dores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares”.

Por su intermedio, señor Presidente, pido al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que me preste atención, a fin de que sirva incorporar en el texto propuesto el agregado que acabo de leer, que permite que los notarios públicos sean considerados funcionarios públicos y también sancionados cuando actúen en contra de la ley, cuando incumplan el encargo que les ha dado el Estado.



¿Y por qué formulo este pedido, señor Presidente? Porque en la región San Martín, de la cual pro-vengo, que ha dado el ejemplo de luchar contra el monopolio notarial, como a nivel nacional se viene llevando a cabo un concurso de notarios, hay un notario que no quiere que se rompa ese monopolio y para presentando recursos de am-paro por todos lados; pero nosotros no vamos a permitir que esos notarios, que necesariamente deben ser servidores públicos, estén ocupando al Estado con esos problemas.

Por eso considero que en artículo 4.° del artículo 425.° del Código Penal, que se propone modificar, se debe incluir como funcionarios o servidores públicos a los notarios públicos, a fin de que no se sigan enriqueciéndose, tomando en nombre del Estado, y sangrando a mucha gente que requiere de sus servicios.

Por consiguiente, solicito que se agregue en el inciso 4) del referido artículo a los notarios públi-cos, para que puedan ser considerados servidores públicos.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Saavedra Vela.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Ccama Layme.

El señor CCAMA LAYME (GPFP).— Señor Presidente: Considero que es sumamente im-portante el debate de esta iniciativa remitida con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo; en ese sen-tido, solicito, por su intermedio, al

presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que se sirva acumular en su dictamen el Proyecto de Ley N.° 1361/2011-CR, de mi autoría, presentado al Área de Trámite Documentario con fecha 25 de julio de 2012, e ingresado a la referida comisión el 16 de agosto de 2012.

Por lo tanto, solicito que se acumule al dictamen materia de debate el proyecto de ley de mi autoría, porque considero sumamente importante que se extienda el concepto de funcionario o servidor público, incluso para los cargos provenientes de elección popular, desde el momento de su desig-nación, proclamación o acreditación.

De esa forma, queremos contribuir con nuestros aportes para mejorar la propuesta legislativa que

ocupa nuestra atención en este momento; solo espero que el presidente de comisión dictamina-dora tenga la gentileza de acumular el proyecto de ley de mi autoría en el dictamen materia de debate.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Cca-ma Layme.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Apaza Ordóñez.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente: En realidad, el proyecto de ley remi-tido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo tiene una clara intención: luchar frontalmente contra la corrupción; busca tanto

el esclarecimiento, desde luego específico, como la tipificación necesaria; porque muchas veces se utilizan artimañas para evadir la ley.

Pero nos encontramos acá con un inconveniente, que esperamos que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos lo pueda explicar. En el segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución dice textualmente lo siguiente: “No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta”.

Por lo tanto, si hoy aprobásemos esta propuesta legislativa, lógicamente, con la muy buena inten-ción que se tiene de luchar contra la corrupción, fundamentalmente en lo que a funcionarios del Estado se refiere, esta colisionaría con el segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución.

De repente los legisladores más imbuidos en la materia nos pueden esclarecer este aspecto, para no caer luego en contradicciones.

Desde ya, tenemos que ser conscientes de la forma en que este gobierno consecuente y permanente-mente viene luchando contra la corrupción; ese es el objetivo, nos es otra cosa. Creo que la mayoría de los señores parlamentarios presentes estamos en esa línea, señor Presidente.

Sin embargo, advierto aquí este inconveniente; por lo que agradeceré al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos que nos lo pueda aclarar.




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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Apaza Ordóñez.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Falconí Picardo.

El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Señor Presidente: Definitivamente, nosotros creemos que el inciso c) del artículo 425.° del Código Penal, que se propone modificar, referida a la inclusión de los trabajadores de las empresas del

Estado o sociedades de economía mixta, colisio-na con el segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución Política del Perú.

Con la modificación de ese inciso vamos nosotros a generar una antinomia con el segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución. Sin duda alguna, ese es un aspecto muy delicado.

Pero adicionalmente a ello, si bien es cierto que lo que voy a decir no forma parte de la modifica-toria que se propone, le pido al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que pueda tenerlo presente.

Por ejemplo, en la propuesta en debate también se establece que es funcionario o servidor público todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual con entidades u organismos de Estado. Eso no forma parte de la modificación que se propone, pero creo que necesariamente tenemos que revisar.

¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una empresa del Estado contrata a un jardinero o a un carpintero y este termina siendo considerado funcionario o servidor público? Ese es un aspecto en el que hay que tener mucho cuidado.

Por otro lado, creo que es muy importante la pre-cisión que hace un momento ha hecho la congre-sista Saavedra Vela, en el sentido de que en esta propuesta legislativa debe quedar expresamente clara cuál es la condición de los notarios públicos. Sobre el particular, en el aspecto penal hay una serie de problemas bastantes delicados.

En algunos casos, tenemos sentencias en las que se ha considerado funcionarios públicos a los notarios; y en otras se dice que son funcionarios que ejercen función pública, pero que ellos son profesionales privados. Sin embargo, con respecto a su función hay ene cantidad de problemas en el sistema judicial.

En ese sentido, considero sumamente importante que se haga la precisión correspondiente, para que quede completamente esclarecido cuál es la condición de los notarios.

El señor PORTUGAL CATACORA (GPUR).— ¿Me permite una interrupción, congresista Falconí Picardo?

El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Me solicita una interrupción el colega Portugal Catacora, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Portugal Catacora.

El señor PORTUGAL CATACO-RA (GPUR).— Señor Presidente, en efecto, lo que dice el congresista Falconí Picardo es cierto, porque, de acuerdo con la jerarquía de las normas, una ley no puede estar por encima de la Constitución, que en su

artículo 40.° claramente se establece que no están comprendidos en la función pública los trabaja-dores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Y lo que se propone en esta propuesta legislativa es que todo aquel que trabaje en una empresa del Estado debe ser considerado funcionarios o servidor público.

Una ley de ninguna manera debe estar por encima de la Constitución; por consiguiente, este es un aspecto que tenemos que meditarlo y analizarlo bien.

Por otro lado, en el numeral 6) del artículo 425.° del Código Penal, que se propone modificar, se dice de que son funcionarios o servidores públi-cos los designados o proclamados por autoridad competente.

Señor Presidente, en el caso de elegirse a un al-calde, a un presidente regional, a un congresista o al mismo presidente de la República, si estos no han prestado juramento no pueden asumir el cargo.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Portugal Catacora.

El señor PORTUGAL CATACORA (GPUR).— Muchas gracias, señor Presidente.

El solo hecho de proclamar a una persona que proviene de elección popular no quiere decir que



ya sea un funcionario público; primeramente tiene que juramentar el cargo para el que ha sido elegido.

Es más, sugiero que en ese inciso se pueda hacer una adición, de modo que comience señalando lo siguiente: “Los designados y proclamados como resultado de una elección…”, de manera que las cosas queden completamente claras.

Creo que en ese sentido habría que meditar la propuesta legislativa materia de debate, conte-nida en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Fal-coní Picardo; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Por-tugal Catacora.

Puede continuar, congresista Falconí Picardo.

El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Señor Presidente, habría que pedir al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que pueda tomar en cuenta la contradicción que hay entre la propuesta en debate y la norma constitucional; pero adicionalmente, como dice el congresista Portugal Catacora, a una persona que ha sido elegida designada o proclamada, si no ha juramentado el cargo, definitivamente, no se le puede considerar funcionario público.

El punto que ha tocado la congresista Saavedra Vela, sin duda alguna, es sumamente importante, en la medida en que en la propuesta en debate expresamente se establezca cuál es la condición de los notarios públicos; porque hasta la fecha hay un sinfín de problemas en el sistema judicial en materia penal, debido a que en algunos casos se les considera funcionarios públicos, y en otros casos se les considera como funcionarios privados, en razón de que ellos sostienen que ejercen la función pública pero que no son funcionarios públicos.

Es necesario que esto quede claramente estable-cido, para que no haya discusión al respecto a partir de la aprobación de la presente ley.

Eso es todo, señor Presidente.

Muy agradecido.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Fal-coní Picardo.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente: En primer lugar, creo que esta propuesta legislativa no debe con-vertirse en una ley ómnibus; pues no podemos empezar a agregar en ella, como funcionarios públicos, a

quienes nosotros consideramos que deban ser incorporados, me refiero específicamente a los notarios públicos.

Con ese criterio, otros congresistas podrían solici-tar que a los miembros de la Federación Peruana de Fútbol y de otro tipo de instituciones también se les considere funcionarios públicos.

Yo creo que esa incorporación se debería hacer a través de una ley especial. Si uno o varios señores congresistas consideran que un notario debe ser funcionario público, deberían presentar un pro-yecto de ley para modificar la Ley del Notariado, y una vez que lo hagan discutiremos específica-mente sobre ese particular; pero esta propuesta legislativa tiene que ver con la modificación del Código Penal, de modo que no podemos empezar a hacer agregados en ella.

Y, efectivamente, esta propuesta legislativa coli-siona con el segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución, en el que claramente se señala lo siguiente: “No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Esta-do o de sociedades de economía mixta”.

Me parece que es tan contundente ese párrafo que casi no hay posibilidad alguna de discusión; sin embargo, en el numeral 3 del artículo 425.° de Código Penal, que se propone modificar, se hace un agregado que dice: “… incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta…”, que prácticamente viene a ser la misma redac-ción del segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución.

Pero es necesario abundar un poco en esto, señor Presidente. En primer lugar, habría que preguntar: ¿por qué razón se querrá incluir a los trabajadores del Estado como funcionarios públicos?

No vaya a ser porque también se les quiere apli-car el artículo 42.° de la Constitución. Ya hemos visto en una discusión anterior que tuvimos en este recinto, cuando se aprobó la Ley del Servicio Civil (SERVIR), que algunos voceros del oficia-



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lismo decían que los trabajadores del Estado no tenían derecho a presentar pliego de reclamos. Según ellos, tenían derecho a sindicalizarse y a hacer huelga, pero no tenían derecho a negocia-ción colectiva. Estoy seguro que usted recuerda esa discusión que hubo aquí en el Pleno, señor Presidente.

Sin embargo, los trabajadores de las empresas del Estado sujetas al régimen laboral de la actividad privada sí tienen esos derechos, pues tienen de-recho a sindicalizarse y también a negociación colectiva. Entonces, a partir de la dación de esta ley, de ser aprobada hoy esta propuesta legislativa, se les va a cercenar también ese derecho que la Ley Servir ya les ha recortado; de manera que vamos a empezar a tener un problema político adicional, porque ahora a los trabajadores del Estado bajo el régimen laboral de la actividad privada se les va a restar también la posibilidad de presentar su pliego de reclamos, así como de participar en el proceso de negociación colectiva.

Por otro lado, señor Presidente, el numeral 6 del referido artículo también podría estar coli-sionando con algunas otras leyes anteriormente aprobadas, porque en él se considera como fun-cionarios públicos a los designados o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.

Con respecto a los funcionarios o servidores públicos designados, tendría que explicarse un poco mejor qué es una designación. En todo caso, la designación es un requisito que implica un procedimiento a través de una norma: una resolución ministerial, un decreto supremo, e incluso de una ley.

Entonces, tendría que decirse en ese numeral que es desde el momento en el que la persona asume el cargo, porque la sola designación probablemente no cumple ningún efecto si no se publica en el diario oficial El Peruano.

Pero en el caso de los proclamados se está haciendo una innovación, porque en los casos anteriores, respecto de las personas que han sido elegidas, siempre se cuenta desde el momento que estas han sido elegidas.

El Tribunal Constitucional cuenta con jurispru-dencia al respecto. La Ley Orgánica de Elecciones, por ejemplo, se refiere a los ciudadanos que ha sido elegidos parlamentarios; y el artículo 16.° del Reglamento establece que los parlamentarios adquieren inmunidad desde que son elegidos.

Claro, en el momento en el que se produce proceso electoral, no se sabe si van a ser elegidos, sino has-ta que son proclamados. Pero desde el momento en que son proclamados se retrotrae la categoría que se adquiere a la fecha de la elección, porque justamente es la elección la que le confiere el cargo, no la proclamación. La proclamación es la confirmación de la elección, señor Presidente.

Entonces, habría en ese numeral un espacio que generaría un vacío…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Entonces, habría ahí un espacio que generaría un vacío, que iría en contra de lo que dice, por ejemplo,

para el caso de los parlamentarios, el artículo 16.° del Reglamento del Congreso, que establece lo siguiente: “Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos”, no desde que son proclamados ni desde que son juramentados. En realidad, son tres estados diferentes: una es la elección, otra la proclamación y otra la juramentación.

El congresista Portugal Catacora está planteando que se cuente desde el momento de la juramenta-ción, ese es un criterio; pero la juramentación es solamente una confirmación de carácter protoco-lar de la determinación de un cargo. La ley dice que el ciudadano elegido tiene que juramentar; pero, en realidad, la prerrogativa del cargo la da una elección.

Por lo tanto, en ese numeral también habría una colisión, la cual hago de conocimiento del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para ver cómo se puede resolver; por-que, sin duda alguna, una designación que no sabemos cómo se hace y una proclamación que, obviamente, es consecuencia de una elección, podría generar una confusión.

Alcanzo esos elementos al presidente de la Comi-sión de Justicia y Derechos Humanos, aunque en este momento no esté presente, para ver si de esa forma se puede enriquecer el debate.

Muchas gracias, señor Presidente



El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Mulder Bedoya.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente: He escuchado aquí a los señores congresistas hacer mención a tres conceptos que son distintos, pero que sería conveniente consi-derarlos, me refiero a la carrera

pública, a la condición de funcionario público y a la condición de servidor público.

La condición de servidor público es una indicación de que, cualquiera sea el régimen laboral en el que se encuentre, sea en la actividad pública o en la actividad privada, que muchas veces es traída para ser aplicada a los organismos públicos, se alude a una condición general.

Es decir, todo aquel que trabaja para el Estado, cualquiera sea el régimen laboral en el que se en-cuentre, es un servidor público; por lo tanto, como tal está sujeto a determinadas condiciones.

Luego tenemos el concepto de funcionario pú-blico, según el cual el funcionario Público solo ejerce funciones de imperio. Por eso, el concepto de funcionario público solo es aplicable para los organismos del Estado, sea del gobierno central, de los gobiernos descentralizados o de los gobier-nos regionales, en tanto ejerzan una potestad de imperio, es decir, una potestad de poder distinta de la que tienen los gobernados.

Ese concepto, señor Presidente, no se puede aplicar, por ejemplo, a los trabajadores de una empresa pública, porque se supone que la empresa pública es de propiedad del Estado; pero ahí el Estado se desprende de todas sus facultades de imperio para actuar en el campo económico como un privado más. Por lo tanto, ningún trabajador de una empresa pública, por más gerente o presi-dente de directorio que sea, podría ser catalogado como funcionario público; pero sí es un servidor público, en tanto y en cuanto presta servicios dentro de una organización que es de propiedad del Estado.

Ahora, con respecto a la carrera pública, debo decir que la carrera pública, de acuerdo con la Constitución, está referida solo a aquellos servi-dores públicos que, por tener esa condición, están

sometidos a un régimen en el que por etapas se ingresa, se asciende y se evalúa el desempeño.

Señor Presidente, el Presidente de la República, los ministros de Estado y los congresistas, que ejer-cen función pública del más alto poder y calidad, son funcionarios públicos, pero no son parte de la carrera pública. Reitero, no son parte de la carrera pública aquellas personas que desempeñan cargos de confianza o que han sido electas.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 40.°, establece que quienes trabajan en empresas públicas no son funcionarios públicos. Eso es lo que dice en el segundo párrafo del referido artículo: “No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Esta-do o de sociedades de economía mixta”. Además, en el primer párrafo del referido artículo dice lo siguiente: “No forman parte de la carrera pública los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza”.

En consecuencia, lo que debe quedar claro es que con respecto a la propuesta legislativa que en este momento estamos tratando, al incorporarse en ese dispositivo a los funcionarios y servidores públicos —aunque mal se les llama funcionarios, porque funcionarios se denomina a aquellos que tienen determinado nivel jerárquico aun en la actividad privada—, los trabajadores de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta no entran en la categoría de funcionarios públicos, porque el artículo 40.° de la Constitución así lo establece; pero si se encuentran en la condición de servidores públicos. Por lo tanto, es pertinente que volvamos a restablecer en el Código Penal esa condición, esa inclusión que fue desecha; que está presente en el Código Penal del año 1991, pero que fue sustraída por la Ley N.° 26713, en la que se confundió la condición de funcionario público.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede un minuto adicional, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Muchas gracias, señor Presidente.

En consecuencia, no debe haber ninguna obje-ción para que los trabajadores de las empresas públicas, que no son funcionarios públicos, pero sí servidores públicos, sean incorporados en los alcances del artículo 425.° del Código Penal. Se debe restablecer la mención de estos trabajadores públicos en el Código Penal, que en el año 1996, por un error de concepto, fue sustraída por la Ley N.° 26713.



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El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Me permite una interrupción, congresista Mulder Bedoya.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Me solicita una interrupción el con-gresista Mulder Bedoya, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, hay un elemento adicional que se debe tener en cuenta. El artículo 4.° del Decreto Legislativo N.° 1031, sobre la actividad empresarial del Estado, en su parte final establece

lo siguiente: “El accionariado estatal minoritario en empresas privadas no constituye actividad empresarial del Estado y se sujeta a las disposi-ciones de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables a tales empresas”.

Con respecto a las empresas de economía mixta, tendría que definirse que son empresas de eco-nomía mixta aquellas en las que el Estado tiene posición mayoritaria; porque, como es obvio, en una posición minoritaria convertir a la mayoría de trabajadores que están en el ámbito privado en funcionarios públicos me parece que es una exageración. De manera que habría que definir claramente esa condición.

Muchas gracias, por la interrupción congresista Chávez Cossío; muchas gracias, señor Presi-dente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Mulder Bedoya.

Puede continuar, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Pre-sidente, coincido totalmente con lo que acaba de señalar el congresista Mulder Bedoya. Lo que sí creo es que no es necesario hacer ninguna salvedad, aunque lo que abunda no

daña, porque el Decreto Legislativo N.° 1031 es una norma específica y primaría sobre la norma general del Código Penal.

Por lo tanto, yo sí creo que es correcto lo que se propone en el texto sustitutorio materia de debate,

porque los trabajadores, de cualquier nivel, de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta son servidores públicos; no son funcionarios públicos, en razón de que el segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución Política del Perú así lo establece; y tampoco forman parte de la ca-rrera administrativa pública, de acuerdo también con el referido artículo de la Constitución.

Por consiguiente, yo creo que la propuesta legisla-tiva materia de debate, contenida en el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se ajusta perfectamente a la Constitución y a la ley.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Chávez Cossío.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Llatas Altamirano.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Señor Presidente: Lo que quiero remarcar, en esta oportuni-dad, es la importancia que tiene el proyecto de ley materia de debate, que realmente busca castigar la impunidad en la que permanecen

quienes asumen responsabilidades en el manejo de la cosa pública. Si nos remitimos al segundo párrafo del artículo 40.° de la Constitución, adver-tiremos que ese párrafo está referido a la relación laboral, mas no a situaciones de tipo penal.

El segundo párrafo del artículo 40.° de la Cons-titución se refiere, de manera expresa, a los tra-bajadores —a los que se hace mención, en este caso— de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta; pero el proyecto de ley materia de análisis no está relacionado a ello.

En realidad, nosotros tenemos la intención de combatir ese flagelo que esta enquistado en las instituciones en las que se desempeñan los fun-cionarios designados o elegidos por el pueblo; pero a veces, lamentablemente, no se permite que las autoridades cuenten con una ley expresa para ese fin. Al respecto, existen antecedentes en la Corte Suprema de Justicia, la cual, haciendo uso de sus atribuciones jurisdiccionales, ha sancionado a malos funcionarios y servidores públicos, cuyas acciones, probablemente, no están tipificadas en el Código Penal.

De lo que se trata acá es de desarrollar un concepto más amplio de lo que significa un funcionario o



servidor público. El proyecto de ley materia de debate en su parte considerativa lo considera fundamental, cuando dice que de lo que se trata es de definir la condición de funcionario o servidor público, esto es, de aquellos que han sido desig-nados o que asumen cargos no muy elevados en la administración pública.

Además de ello, quiero hace hincapié en lo que hace un momento manifestó la colega Saavedra Vela en relación con los notarios públicos, respec-to de los cuales hay también una diferencia en cuanto a opiniones y definiciones conceptuales. ¿El notario público es un servidor público o es un servidor privado? Realmente, el notario es un profesional del Derecho que protege la fe pública; por consiguiente, es un funcionario público.

En esa dirección debemos avanzar con respecto a este proyecto de ley, a efectos de ejercer un control en lo que concierne al desempeño de la función pública de una autoridad tan importante, en la relación contractual que se da entre los actores.

Por ello, no se puede alegar al respecto una confu-sión en cuanto a lo que se establece en el artículo 42.° de la Constitución Política del Estado. Aquí de lo que se trata es de contar con una norma expresa, esto es, con un instrumento legal que permita que en este caso los operadores de justicia puedan aplicar sanciones a quienes han sido de-signados como funcionarios o servidores públicos en el desempeño de la función pública.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Llatas Altamirano.

Habiendo concluido el rol de oradores, antes de pasar a votación, la Presidencia concede el uso de la palabra al congresista Eguren Neuen-schwander, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente: Ante todo, debo agradecer los comentarios y aportes formulados por los señores con-gresistas a la propuesta legislativa materia de debate.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del congresista Ccama Layme, ha

aceptado la acumulación del Proyecto de Ley N.° 1361/2011-CR al dictamen materia de debate, porque, efectivamente, versa sobre la misma materia.

En cuanto a la preocupación del congresista Por-tugal Catacora, así como del congresista Mulder Bedoya, en relación con los proclamados, efec-tivamente, el término proclamado se utiliza de manera diversa, casi como sinónimo de elegido, en varias partes de la legislación. Por consiguiente, creemos que sí podríamos aceptar reemplazar la expresión “los designados” por “los elegidos”, que es un paso previo; porque una vez que un ciudadano es elegido, se le designa, se le acredita y después juramenta, etcétera. Pero a partir de que es elegido, y ello es de público conocimiento, desde ese momento puede comenzar a cometer delitos.

Entonces, puede considerarse en la ponencia la expresión “los elegidos” o “los proclamados”. No hay ningún inconveniente; mientras más reforcemos la custodia de los bienes del Estado, en buena hora, señor Presidente.

Por otro lado, algunos señores congresistas se han referido, con mucha preocupación, al artículo 40.° de la Constitución.

Esa discusión ya se ha tenido en el sistema judicial, señor Presidente. Al respecto, hay dos interpreta-ciones: la primera es que los trabajadores de las empresas del Estado no son funcionarios públicos, de acuerdo con el artículo 40.° de la Constitución; y la otra interpretación es que sí lo son, porque el artículo 40.° se refiere al régimen administrativo, esto es, a materia administrativa y no a materia penal; y además se refiere al aspecto remunerativo y al aspecto pensionario, que tienen que ver con el régimen laboral, mas no con materia penal.

Y he dicho que esa discusión ya se ha tenido, porque, además, existen diversas resoluciones en ese sentido.

Por ejemplo, la Ejecutoria Suprema del 3 de agosto de 1998, recaída en el Expediente N.° 251, señaló que el artículo 40.° de la Constitución Política del Estado se encuentra ubicado sistemáticamente en el Capítulo IV, sobre la función pública, y especí-ficamente hace referencia a la Ley que regula el ingreso a la carrera administrativa, el cual rige únicamente para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe o exclu-ye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los innumerables ilícitos



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penales que a diario se cometen en el manejo de fondos públicos, a través de las diferentes em-presas creadas por el Estado en el ejercicio de la gestión económico, etcétera.

Esa Ejecutoria Suprema es del año 1998; y hay otras ejecutorias más en el mismo sentido, por ejemplo, la Ejecutoria Suprema del 2 de julio de 1997, recaída en el Expediente N.° 406-Lima. Y así como se han expedido ejecutorias supre-mas en ese sentido, hay también un Acuerdo Plenario específicamente sobre esta materia, estoy hablando del Acuerdo Plenario 4/97, que en su disposición única señala lo siguiente: “La prohibición contenida en el artículo 40.° de la Constitución Política del Estado tiene alcances directos exclusivamente en el ámbito del Derecho administrativo y previsional”.

Entonces, queda claro cómo se ha venido tratando ese punto, señor Presidente. Y, reitero, hay otras ejecutorias supremas en el mismo sentido.

Por consiguiente, el ámbito constitucional queda completamente aclarado; más aún, con respecto al Código Penal y el artículo pertinente, que tiene muchos años de vigencia y que ha sido objeto de algunos cuestionamientos, no ha habido ningún pronunciamiento de parte del Tribunal Consti-tucional en ese sentido.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— ¿Me permite una interrupción, congresista Eguren Neuenschwander?

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Me solicita una interrupción el congresista Benítez Rivas, y también el colega Lescano Ancieta, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de interrup-ción, congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente, en ver-dad, yo entiendo que pueda haber un acuerdo plenario o jurispruden-cia de la Corte Suprema, y no quiero decir que estas son de la época en que el Poder Judicial estaba inter-

venido; porque las jurisprudencias que nos ha leído el colega Eguren Neuenschwander son de los años 1997 y 1998, cuando Rodríguez Medrano controlaba el Poder Judicial. No quiero objetar esa parte, que podría ser considerada, porque era una época en que el Poder Judicial se encontraba manipulado.

Sin embargo, al margen de esa manipulación, yo no sé si un acuerdo plenario o una sentencia del Poder Judicial puede decir lo contrario de lo que señala la Constitución. En verdad, esa parte no me queda muy clara, señor Presidente.

Para mí el segundo párrafo del artículo 40.° es contundente; ese artículo apuntó a abrogar el inciso respectivo del Código Penal. Ahí está cen-trada la discusión. Luego de ello es que vienen las interpretaciones sobre un inciso que ya habría sido derogado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Muchas gracias, señor Presidente.

Entonces, ¿sobre qué se pronunciaron esos acuer-dos plenarios si la Constitución ya habría abrogado el inciso pertinente del Código Penal? ¿Tendrían validez esas resoluciones jurisprudenciales de la Corte Suprema, o tal vez esos jueces prevaricaron al dictar una norma que era contraria a la Cons-titución? ¿Tendría validez ese acuerdo plenario de la Corte Suprema cuando ya la Constitución habría derogado el referido inciso? ¿Quién nos puede dar la solución, señor Presidente?

Con todo respeto, yo les retrasmito la pregunta al presidente de la Comisión de Justicia y Dere-chos Humanos, porque sé que sabrá darnos la respuesta correcta y procurará convencernos. Si no fuese así, tendré que votar en contra de la propuesta legislativa que ocupa nuestra atención en este momento.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Be-nítez Rivas.

Congresista Lescano Ancieta, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, me parece que en materia de definir quiénes son servidores públicos o funcionarios públicos para efectos penales existen algunos vacíos; porque hay personas que están

vinculadas al gobierno, que ocupan cargos hono-



ríficos por una serie de razones y que gastan el dinero del Estado, pero que no son funcionarios públicos.

Por ejemplo, las primeras damas no son funcio-narios públicos, pero gastan dinero del Estado, viajan constantemente, hacen una serie de cosas; sin embargo, no están contempladas en esta propuesta legislativa.

Por consiguiente, quisiera que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos me diga por qué no están acá los asesores honoríficos y las primeras damas, que gastan dinero del Es-tado, que tienen una serie de conexiones con el gobierno, desde el punto de vista patrimonial; y, sin embargo, en la ponencia en debate no se les considera como funcionarios públicos. Yo pienso que debe adicionar un inciso en el artículo 425° del Código Penal, que se propone modificar, para incluir a quienes ejerzan cargos honoríficos y a quienes, directamente o indirectamente, generen gastos al Estado.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Lescano An-cieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Muchas gracias, señor Presidente.

De manera que considero que hay ahí un vacío que, en esta oportunidad, debe tomarse en con-sideración y resolverse.

Muchas gracias por concederme la interrupción, congresista Eguren Neuenschwander; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Les-cano Ancieta.

Puede continuar, congresista Eguren Neuen-schwander.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente, con respecto a lo que acaba de manifestar el congresista Benítez Rivas, es claro que el artículo 40.° de la Constitu-ción, contenido el Capítulo IV, de la

Función Pública, se refiere a la carrera adminis-trativa, porque en él se dice lo siguiente: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en

dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcio-nario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por funciones docentes”.

Como se puede advertir, respecto de ese artículo de la Constitución, referido a la carrera adminis-trativa, puede haber interpretaciones diferentes; puede, incluso, haber una interpretación muy gramatical, cabe esa posibilidad; y también cualquier constitucionalista o parlamentario, sea o no abogado, puede interpretarlo, lo cual es completamente válido.

¿Cómo ha venido interpretando ese artículo el Sis-tema Jurídico? De la forma como lo he señalado: restringiéndolo al ámbito administrativo, al ám-bito laboral y al ámbito previsional. El Congreso no lo ha interpretado, ni menos lo ha modificado; recién estamos acá tocando esta materia. Pero el Sistema Judicial ya lo ha interpretado y al más alto nivel, señor Presidente. Claro está que en el Congreso podemos interpretar, modificar y decidir a ese respecto; pero el Sistema Judicial, reiteradamente, ya interpretó ese dispositivo y tomó una posición muy clara, desde el punto de vista doctrinario, poniendo como elemento fundamental —seguramente, en su juicio de valo-res— el interés superior de proteger al Estado, de proteger los caudales del Estado y de resguardar a todos los peruanos de inconductas penales. De considerarse una interpretación restrictiva o una interpretación gramatical, estaríamos des-protegiendo al Estado y permitiendo, de alguna manera, que funcionarios públicos que laboran en empresas públicas y que administran bienes públicos no puedan ser procesados por delitos de corrupción.

Con respecto a la discusión sobre ese concepto, es válida y es entendible que pueda haber puntos de vista diferentes; pero —repito— en la jurispru-dencia eso ya está zanjado.

Finalmente, en lo que se respecta a los notarios públicos, algunos señores parlamentarios han solicitado que se les incorpore en los alcances del artículo 425.° del Código Penal, que se propone modificar a través de esta propuesta legislativa; y otros parlamentarios —criterio al cual me sumo— han señalado que ese sería el debate de fondo. Sobre la función notarial, que tiene que ver con la Ley del Notariado, podría presentarse algún proyecto de ley que defina o que precise si los notarios son o no funcionarios públicos. Actualmente, por ejemplo, tenemos la resolución del Tribunal Constitucional del 15 de setiembre



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del 2008, en la cual se señala que esta importante función —se refiere al notariado— no implica que el notario público pueda ser considerado como una autoridad o un funcionario público, ya que actúa a nombre y por cuenta propia, sin que sus actos comprometan a la Administración, bajo supervi-sión del Estado, es decir, no existe una relación administración-administrado, etcétera.

Pregunto: ¿el Notario puede disponer de dinero o de bienes del Estado? No puede, porque no admi-nistra, como sí lo hace un funcionario público.

El congresista Lescano Ancieta ha propuesto incorporar en el artículo 425.° del Código Penal, que nos proponemos modificar, a las Primera Damas de la Nación. En primer lugar, la pregunta que nos tendríamos que hacer para analizar esa posibilidad es: ¿disponen ellas de recursos? Yo diría que “proponen”, porque quien dispone es el funcionario público.

Las primeras damas no son elegidas, no son de-signadas y, por tanto, no disponen de recursos. Podrá solicitar que la lleven en el helicóptero, pero es un funcionario público el que tiene que autorizar esa solicitud y, consecuentemente, asu-mir las responsabilidades de sus actos.

El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— ¿Me permite una interrupción, congresista Eguren Neuenschwander?

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Me solicita una interrupción el congresista Falconí Picardo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por excepción, puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Falconí Picardo.

El señor FALCONÍ PICARDO (GPUR).— Señor Presidente, con respecto a los notarios públicos, si se quiere considerar a los notarios como funcionarios públicos lo que se tiene que hacer es modificar la Ley del Notariado, como bien ha

señalado el congresista Mulder Bedoya.

Por ejemplo, aquí en el artículo 425.° del Código Penal, que se propone modificar, se considera a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Por qué se les ha incluido en el referido artículo del Código Penal? En todo caso, si se les quería considerar como funcionarios o servidores públicos, debió haber sido a través de su respectiva Ley Orgánica.

Se considera también en los alcances de esta propuesta a los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente. Al respecto, tendríamos que decir que ha esos funcionarios se les ha debido considerar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que tampoco deberían que estar contemplados en la iniciativa materia de debate.

Lo cierto y lo concreto es que los notarios públi-cos ejercen función pública y, por ende, tienen un régimen especial; pero, definitivamente, hay resoluciones en uno y en otro sentido.

Justamente para evitar esos vacíos, esas in-terpretaciones en uno y en otro sentido, sería sumamente importante —si finalmente lo tiene a bien el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos— que se vote por separado si se considera a los notarios como funcionarios públicos, solo para efectos penales.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Eguren Neuenschwander; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Fal-coní Picardo.


El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente, obviamente, ese tema es discutible, existe preocupa-ción al respecto; pero no hay ningún proyecto de ley presentado en ese sentido. La Comisión de Justicia y

Derechos Humanos no lo ha estudiado ni lo ha tratado, porque nadie lo ha propuesto; por eso nos está recogido en el dictamen materia de debate.

En verdad, no creo que un tema de esa enverga-dura podamos resolverlo solo con la decisión del presidente de la Comisión dictaminadora. Decir: “Incorporase a los notarios públicos”, no me parece responsable; más aún, cuando tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional en sentido contrario de lo solicitado por los congre-sistas Saavedra Vela y Falconí Picardo, que han planteado que los notarios públicos sean conside-rados en los alcances de la propuesta legislativa materia de debate.

Por consiguiente, la Comisión ha considerado conveniente no recoger ese aspecto, sino solo los



otros que han sido planteados en el curso del debate.

Por otro lado, con respecto al concepto de empre-sas mixtas, creo que ha quedado absolutamente claro lo referido a las empresas públicas.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Eguren Neuenschwander?

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Con el mayor agrado, siempre y cuando lo autorice el señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A modo de excepción también, puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Saavedra Vela; recordándole que es el presidente de la Comisión el que decide si recoge o no las sugerencias planteadas en el curso del debate.

La señora SAAVEDRA VELA (NGP).— Señor Presidente, solo quiero recordar a los colegas pre-sentes, al pueblo peruano y al pre-sidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que el notario público es un profesional que da fe

de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia, los cuales administra a nombre de la nación.

Pero quiero dejar en claro que solo para efectos del Código Penal se debe considerar a los notarios como funcionarios públicos; porque todos los peruanos, sobre todo aquellos que viven en las regiones, están cansados de ver que los notarios actúan a nombre del Estado al momento de cobrar sus honorarios, pero cuando van a ser sancionados ahí sí dicen que son privados.

Entonces, con el fin de que quede aclarado este punto, próximamente presentaré un proyecto de ley para incorporar a los notarios como funcio-narios o servidores públicos, a efectos de que no sigan sangrando al pueblo peruano.

No digo que sean todos los notarios, pero si algu-nos de ellos. Eso es lo que quería dejar en claro, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Saavedra Vela.


El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente, parece que no escuchó lo que leí la congresista Saavedra Vela.

Voy a dar lectura nuevamente a la parte pertinen-te de la resolución del Tribunal Constitucional, contenida en el Expediente N.° 03961-2008-PC/TC, en la cual, refiriéndose a los notarios pública, en uno de su párrafo se señala lo siguiente: “Que esta importante función no implica que el notario público pueda ser considerado como autoridad o un funcionario público, sin que sus actos compro-metan a la Administración, bajo supervisión del Estado, etcétera”.

Entiendo que esa es una preocupación valida de varios señores congresistas; por eso considero que vale la pena que algún colega presente un proyecto de ley a efectos de que los notarios puedan ser considerados funcionarios o servidores públicos; para que, luego de ser debidamente analizado y de pedir las opiniones especializadas correspon-dientes, sea discutido en la comisión pertinente. Pero, en este momento, no estoy en condiciones de recoger en esta propuesta lo sugerido.

También se ha planteado aquí retirar de la pro-puesta en debate a las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Debe quedar absolutamente claro que las empresas públicas están comprendidas dentro del ámbito de la ad-ministración del Estado; de manera que sus tra-bajadores son funcionarios o servidores públicos. Pero, ¿qué pasa con las sociedades de economía mixtas, señor Presidente?

Inicialmente, tuve la tentación de acceder a dicho planteamiento. Me dije, sí, efectivamente, tal vez valga la pena retirar a las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta de la propuesta en debate, para no afectarlas, para no comprome-terlas, ya que de por medio hay privados que son accionistas. Además, podría interpretarse como una barrera de acceso a profesionales que no quieren verse involucrados en delitos de corrup-ción de funcionarios, que muchas veces tienen un origen político.

Sin embargo, tenemos que ser coherentes con el concepto que venimos analizando en este momen-to. En las empresas del Estado o de sociedades de economía mixtas hay caudales y bienes públicos; y, por las mismas consideraciones que las empresas públicas, las empresas de Estado o de sociedades de economía mixta también deben mostrar una



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preocupación especial por luchar contra la co-rrupción y sancionar a aquellos que incurren en actos que perjudican los bienes públicos.

A modo de ejemplo puedo citar a Petroperú, respecto del cual todos podemos pensar que es una empresa pública; pero no, señor Presidente, es una empresa del Estado de economía mixta. Entonces, si no las consideramos en esta pro-puesta estaremos excluyendo a muchas empresas importantes que deberían estar dentro del marco del texto propuesto.

Por lo expuesto, le solicito que, cuando usted lo vea por conveniente, se sirva someter a votación la propuesta legislativa materia de debate.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Egu-ren Neuenschwander.

Pongo en conocimiento de la Representación Nacional, para efectos del quórum, que en estos momentos se encuentra sesionando la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, razón por la cual se considerará a sus integrantes con licencia.

Antes de proceder a votar, solicito a los señores congresistas que se servirán registrar su por medio del sistema digital.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— En tanto los señores congresistas registras su asistencia, para una precisión, puede hacer uso de la palabra el congresista Eguren Neuenschwander, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Se-ñor Presidente, recogiendo el plan-teamiento del congresista Mulder Bedoya, el numeral 6 del artículo 425.° del Código Penal, que se propo-ne modificar, debe quedar redactado

de la forma siguiente: “Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades”, para tener un ámbito que nos dé plena certeza.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, señor congre-sista.

Se va a dar al nuevo texto sustitutorio del Pro-yecto de Ley N.° 1978/2012-PE, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público, antes de proceder a votar.


“Texto sustitutorio presentado a las 12:28 horas del día 7 de noviembre de 2013, por el congre-sista Eguren Neuenschwander, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.

Artículo único. Modificación del artículo 425 del Código Penal

Modifícase el artículo 425 del Código Penal, el cual queda redactado de la siguiente forma:

‘Artículo 425. Funcionario o servidor público

Son funcionarios o servidores públicos:

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa.

2. Los que desempeñan cargos públicos o de con-fianza, incluso si emanan de elección popular.

3. Todo aquel que independientemente del régi-men laboral en que se encuentre, mantiene vín-culo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad compe-tente, aunque pertenezcan a particulares.

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

6. Los designados, elegidos o proclamados por au-toridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.



7. Los demás indicados por la Constitución Po-lítica y la Ley’.

Juan Carlos Eguren Neuenschwander, presi-dente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.”

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Señores congresistas, ha haberse producido un problema de carácter técnico, les solicito que se sirvan marcar nuevamente su asistencia por medio del sistema electrónico, para luego proceder a votar.

—Los señores congresistas registran nue-vamente su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Señores congresistas, en vista de que aún no se soluciona el problema técnico, queda al voto el nuevo texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1978/2012-PE, presentado por el pre-sidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.

La Presidencia, en nombre de la Representación Nacional, saluda a los ganadores del Primer Con-curso Nacional de Buenas Prácticas Docentes en la Formación Técnico Profesional, realizado por la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva del Ministerio de Educación, invitados por el presidente de la Comisión de Educación Juventud y Deporte, congresista Daniel Mora Zeballos, que se encuentran en las galerías del hemiciclo y a quienes expresamos nuestro saludo y reconocimiento por la brillante labor que desarrollan en favor de la educación nacional.

(Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta las 15:00 horas.

—Se suspende la sesión a las 12 horas y 37 minutos.

—Se reanuda la sesión a las 15 horas y 15 minutos.

—Asume la Presidencia del señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúa la sesión.

Se aprueban las Mociones de Saludo mediante las cuales el Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, con motivo de celebrar su vigésimo primer aniversario de funcionamiento institucional; saludar a todos los niños del Perú, con motivo de conmemorar el Día Universal del Niño; sa-ludar y felicitar al distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo sexto aniversario de su creación política; saludar al distrito de Tirapata, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el septuagésimo ani-versario de su creación política; rendir homenaje a la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú, con motivo de haber celebrado el centésimo nonagésimo primer aniversario de su creación; saludar a todas las mujeres del Perú, con motivo de conmemorar el 25 de noviembre de 2013 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; saludar a los destacados profesionales pediatras, espe-cialistas de la Salud y enfermedad de los niños, con motivo de celebrar el Día de la Pediatría Peruana; felicitar al pueblo de Huancayo, provincia del mismo nombre, departamento de Junín, con motivo de conmemorar el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación políti-ca; felicitar al distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el sexagésimo tercer aniversario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el nona-gésimo quinto aniversario de su creación política; saludar al distrito de Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo cuarto aniversario de haber adquirido la categoría de distrito; felicitar al distrito de Sincos, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo cuadra-gésimo noveno aniversario de su creación política; saludar a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con motivo de celebrarse el centésimo octogésimo quinto aniversario de su fundación institucional; saludar y felicitar al distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima, con motivo de celebrar el trigésimo séptimo aniversario de su creación; saludar y felicitar al distrito de Alto Selva Alegre,



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provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el vigésimo primer aniversario de su creación política; saludar al distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrar el centésimo vigésimo sexto aniversario de su creación política; saludar y felicitar a las autoridades de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el cuadringentésimo septuagésimo cuarto aniversario de su fundación española; sa-ludar y felicitar al distrito de Huaripampa, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo cua-dragésimo noveno aniversario de su crea-ción política; felicitar al pueblo de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo octavo aniversario de su creación política; saludar al distrito de San Juan de Salinas, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el centésimo quinto aniversario de su creación política; saludar al distrito de Bellavista, provincia de Sullana, departamento de Piura, con mo-tivo de celebrar el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política; saludar al distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con motivo de celebrar el sexagésimo aniver-sario de su elevación a distrito; saludar y felicitar al distrito de Apata, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política; saludar al distrito de San Mateo de Otao, provincia de Huarochiri, departamento de Lima, con motivo de celebrar el sexagésimo aniversario de su elevación a la categoría de distrito; saludar a los participantes del X Congreso Nacional Lingüístico Literario Abraham Valdelomar Pinto, organizado por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; saludar y felicitar a la Universidad Nacio-nal San Agustín de Arequipa, con motivo de celebrar el centésimo octogésimo quinto aniversario de su creación institucional; saludar al distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad; saludar al distrito de Samán, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de Yanahuara, provincia y departamento de

Arequipa, con motivo de celebrar el centé-simo cuadragésimo tercer aniversario de creación; felicitar al pueblo de Mariscal Castilla, provincia de Concepción, depar-tamento de Junín, con motivo de celebrar el quincuagésimo octavo aniversario de su creación política; saludar y felicitar al dis-trito de Arapa, provincia de Azángaro, de-partamento de Puno, con motivo de celebrar un aniversario más de su creación política; saludar al distrito de Íllimo, ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el centésimo octavo aniversario de su creación; saludar a la Uni-versidad Jaime Bausate y Meza, con motivo de conmemorar el quinto aniversario de su creación institucional; saludar al distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política; saludar y felicitar al distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, con ocasión de ce-lebrar el septuagésimo tercer aniversario de su restablecimiento a la categoría de distrito; saludar y felicitar al distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo vigésimo aniversario de creación política; saludar al distrito de Máncora, provincia de Talara, departamento de Piura, con motivo de celebrar el centésimo quinto aniversario de su creación política; saludar y felicitar a la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, con motivo de celebrar el centésimo octogésimo quinto aniversario de fundación institucional; salu-dar al Ministro de Defensa, al Comando Ge-neral del Ejército y a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, con motivo de conmemo-rarse el Día de la Batalla de Tarapacá y el Día del Mariscal Andrés Avelino Cáceres; saludar y felicitar al distrito de Sumbilca, provincia de Huaral, departamento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo décimo aniversario de su creación; saludar y felicitar al distrito de Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar un aniversario más de elevación a la categoría de ciudad; saludar al distrito de José Domingo Choquehuanca, provin-cia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política; felicitar al pueblo de San Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo quinto aniversario de su creación política; saludar



y felicitar al distrito de Yanacancha, de la provincia de y departamento de Pasco, con motivo de celebrar el sexagésimo primer aniversario de la instalación de la primera Junta Edilicia de Yanacancha; saludar y fe-licitar al distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el centésimo quincua-gésimo sexto aniversario de su creación política; y saludar y felicitar a la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, departa-mento de Lima, con motivo de celebrar el centésimo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad capital

de la provincia de Huaura

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar lectura a un conjunto de mociones de saludo llegadas a la Mesa.


Mociones de Saludo

1. Del congresista Otárola Peñaranda, Presi-dente del Congreso de la República, mediante la cual expresa un especial y emotivo saludo al distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, con ocasión de celebrar el 6 de noviembre de 2013 su vigésimo primer aniversario de funcionamiento institucional.

2. De la congresista Alcorta Suero, a través de la cual expresa su saludo a todos los niños del Perú con motivo de conmemorar el 20 de noviembre de 2013 el “Día Universal del Niño”, reafirmando su compromiso de lucha por el respeto de sus derechos y atención prioritaria por parte del Estado.

3. Del congresista Huaire Chuquichaico, por medio de la cual expresa su más cálido saludo y felicitación al distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 11 de noviembre de 2013 el centési-mo sexto aniversario de su creación política.

4. De la congresista Coari Mamani, mediante la cual expresa su más ferviente saludo al distrito de Tirapata, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrarse el día 10 de noviembre de 2013 el septuagésimo aniversario de su creación política, augurándole los mejores éxitos en los años venideros en bien del desarrollo local, departamental y nacional.

5. Del congresista Tubino Arias Schreiber, a través de la cual rinde homenaje a la Fuerza de

Infantería de la Marina de Guerra del Perú, con motivo de haber celebrado el 6 de noviembre de 2013 el centésimo nonagésimo primer aniversario de su creación.

6. De la congresista Alcorta Suero, por medio de la cual expresa su saludo a todas las mujeres del Perú, con motivo de conmemorar el 25 de noviembre de 2013 el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, reafirmando su compromiso para defender sus derechos.

7. De la congresista Salgado Rubianes, mediante la cual expresa su saludo a los destacados pro-fesionales pediatras, especialistas de la Salud y enfermedad de los niños, con motivo de celebrar el 12 de noviembre de 2013 el “Día de la Pediatría Peruana”.

8. Del congresista Hurtado Zamudio, a través de la cual expresa su más sincera felicitación al pueblo de Huancayo, provincia del mismo nombre, departamento de Junín, con motivo de conmemorar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

9. Del congresista Sarmiento Betancourt, por medio de la cual saluda y felicita al distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 10 de noviem-bre de 2013 el sexagésimo tercer aniversario de su creación política.

10. Del congresista Cárdenas Cerrón, mediante la cual expresa su saludo y felicitación al distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, de-partamento de Junín, con motivo de celebrar el 14 de noviembre de 2013 el nonagésimo quinto aniversario de su creación política.

11. Del congresista Zerillo Bazalar, a través de la cual expresa su más efusivo saludo al distrito de Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 15 de noviembre de 2013 el centésimo cuarto aniversario de haber adquirido la categoría de distrito, formulando votos para que este noble pueblo continúe por la senda del trabajo, desarrollo e inclusión social, en aras de mantener la armonía y el bienestar entre sus habitantes.

12. Del congresista Hurtado Zamudio, por medio de la cual expresa su más sincera felicitación al distrito de Sincos, provincia de Jauja, departa-mento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.



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13. Del congresista Zamudio Briceño, mediante la cual saluda a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con motivo de celebrarse el próximo 11 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo quinto aniversario de su fundación institucional.

14. De la congresista Tan de Inafuko, a través de la cual expresa su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 23 de noviembre de 2013 el trigésimo séptimo aniversario de su creación.

15. De la congresista Solórzano Flores, por medio de la cual saluda y felicita al distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 6 de noviembre de 2013 el vigésimo primer aniversario de su crea-ción política.

16. Del congresista Castagnino Lema, mediante la cual saluda al distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 4 de noviembre de 2013 el centésimo vigésimo sexto aniversario de su creación política.

17. Del congresista Falconí Picardo, a través de la cual expresa su más cálido saludo y felicitación a las autoridades de la provincia de Camaná, depar-tamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 9 de noviembre de 2013 el cuadringentésimo septuagésimo cuarto aniversario de su fundación española.

18. Del congresista Cárdenas Cerrón, por medio de la cual expresa su saludo y felicitación al dis-trito de Huaripampa, provincia de Jauja, depar-tamento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

19. Del congresista Hurtado Zamudio, mediante la cual expresa su más sincera felicitación al pueblo de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 16 noviembre de 2013 el centésimo octavo aniversario de su creación política.

20. De la congresista Coari Mamani, a través de la cual expresar su más ferviente saludo al distrito de San Juan de Salinas, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el día 21 de noviembre del 2013 el centésimo quinto aniversario de su creación política.

21. Del congresista Castagnino Lema, por medio de la cual saluda al distrito de Bellavista, pro-

vincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 9 de noviembre de 2013 el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política.

22. Del congresista Ruiz Loayza, mediante la cual expresa su más ferviente y caluroso saludo al dis-trito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 9 de noviembre de 2013 el sexagésimo aniversario de su elevación a distrito.

23. Del congresista Cárdenas Cerrón, a través de la cual expresa su saludo y felicitación al distrito de Apata, provincia de Jauja, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviem-bre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

24. Del congresista Ruiz Loayza, mediante la cual expresa su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San Mateo de Otao, provincia de Huarochiri, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 7 de noviembre de 2013 el sexagé-simo aniversario de su elevación a la categoría de distrito.

25. Del congresista Cabrera Ganoza, a través de la cual saluda a los participantes del X Congreso Nacional Lingüístico Literario Abraham Valde-lomar Pinto, organizado por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, expresando su felicitación por la iniciativa de fomentar la literatura a los jóvenes por medio de estos eventos que son de suma importancia para su educación.

26. Del congresista Tejada Galindo, por medio de la cual expresa su más cálido saludo y felicitación a la Universidad Nacional San Agustín de Arequi-pa, con motivo de celebrar el 11 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo quinto aniversario de su creación institucional.

27. Del congresista Ruiz Loayza, mediante la cual expresa su más ferviente y caluroso saludo al distrito de Huacho, provincia de Huaura, de-partamento de Lima, con motivo de celebrar el 10 de noviembre de 2013 el centésimo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad.

28. De la congresista Coari Mamani, a través de la cual expresa su más ferviente saludo al distrito de Samán, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 12 de noviembre de 2013 el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política.



29. Del congresista Rodón Fudinaga, por medio de la cual expresa un afectuoso saludo y felicitación al distrito de Yanahuara, provincia y departa-mento de Arequipa, con motivo de celebrar el 8 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo tercer aniversario de creación.

30. Del congresista Hurtado Zamudio, mediante la cual expresa su más sincera felicitación al pueblo de Mariscal Castilla, provincia de Concepción, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 7 de noviembre de 2013 el quincuagésimo octavo aniversario de su creación política.

31. De la congresista Coari Mamani, a través de la cual expresa el más ferviente saludo y felicita-ción al distrito de Arapa, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 12 de noviembre de 2013 un aniversario más de su creación política.

32. Del congresista Acuña Peralta, por medio de la cual saluda al distrito de Íllimo, ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 22 de noviembre de 2013 el centésimo octavo aniversario de su creación.

33. De la congresista Salgado Rubianes, mediante la cual expresa su saludo a la Universidad Jaime Bausate y Meza, con motivo de conmemorar el 13 de noviembre de 2013 el quinto aniversario de su creación institucional.

34. Del congresista Acuña Peralta, a través de la cual saluda al distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con mo-tivo de celebrar el 12 de noviembre el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política.

35. De la congresista Tan de Inafuko, por medio de la cual expresa su más ferviente saludo y fe-licitación al distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, con ocasión de celebrar el 29 de noviembre de 2013 el septuagé-simo tercer aniversario de su restablecimiento a la categoría de distrito.

36. Del congresista Huaire Chuquichaico, me-diante la cual expresa el más cálido saludo y felicitación al distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 15 de noviembre de 2013 el centésimo vigésimo aniversario de creación política.

37. Del congresista Castagnino Lema, a través de la cual saluda al distrito de Máncora, provincia de Talara, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 14 de noviembre de 2913 el centésimo quinto aniversario de su creación política.

38. Del congresista Rondón Fudinaga, por medio de la cual expresa su afectuoso saludo y felicitación a la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, con motivo de celebrar el 11 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo quinto aniversario de fundación institucional.

39. De la congresista Alcorta Suero, mediante la cual expresa su saludo al Ministro de Defensa, al Comando General del Ejército y a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, con motivo de conmemorar el 27 de noviembre de 2013 el Día de la Batalla de Tarapacá y el Día del Mariscal Andrés Avelino Cáceres.

40. De la congresista Tan de Inafuko, a través de la cual expresa su más ferviente saludo y felicita-ción al distrito de Sumbilca, provincia de Huaral, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 6 de noviembre de 2013 el centésimo décimo aniversario de su creación.

41. Del congresista Rondón Fudinaga, por medio de la cual expresa su afectuoso saludo y felicitación al distrito de Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el 8 de no-viembre de 2013 un aniversario más de elevación a la categoría de ciudad.

42. De la congresista Coari Mamani, mediante la cual expresa su más ferviente saludo al distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el día 10 de noviembre de 2013 el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política.

43. Del congresista Hurtado Zamudio, a través de la cual expresa su más sincera felicitación al pueblo de San Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 14 de noviembre de 2013 el centésimo quinto aniversario de su creación política.

44. Del congresista Valle Ramírez, por medio de la cual saluda y felicita al distrito de Yanacancha, de la provincia de y departamento de Pasco, con motivo de celebrar el 8 de noviembre de 2013 el sexagésimo primer aniversario de la instalación de la primera Junta Edilicia de Yanacancha.

45. Del congresista Huari Chuquichaico, me-diante la cual expresa su cálido saludo y felici-tación al distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 10 de noviembre de 2013 el cen-tésimo quincuagésimo sexto aniversario de su creación política.



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46. De la congresista Tan de Inafuko, por medio de la cual expresa su más ferviente saludo y felicitación a la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 10 de noviembre de 2013 el centésimo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad capital de la provincia de Huaura.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Muchas gracias, señor Relator.

Se va a proceder a votar, a mano alzada, las mociones de saludo cuyas sumillas acaban de ser leídas.

Los señores congresista que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la consulta, se aprueban las mociones de saludo de la referencia.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han sido aprobadas las referidas las mociones de saludo.

—Los textos de las mociones de saludo a que se han dado cuenta son los siguientes:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un especial y emotivo saludo al distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, con oca-sión de celebrarse el 6 de noviembre de 2013 su vigésimo primer aniversario de funcionamiento institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Alfredo Vera Arana, alcalde de la Municipa-lidad Distrital de Independencia, como muestra de reconocimiento; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a los ciudadanos del referido distrito, augurándole continúe por la senda del progreso y desarrollo, comprometien-do a toda la ciudadanía a sumar esfuerzos para cristalizar sus metas.

Lima, 5 de noviembre de 2013.”


Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a todos los niños del Perú con motivo de conmemorar el 20 de noviembre de 2013 el “Día Universal del Niño”, reafirmando nuestro compromiso de lucha por el respeto de sus derechos y atención prioritaria por parte del Estado.

Segundo.— Transcribir la presente moción a las señoras Ana Ethel Jara Velásquez, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Mónica Rubio García, ministra de Desarrollo e Inclusión Social; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las orga-nizaciones encargadas de la protección y defensa de los derechos de los niños e instar a los padres, hombres, mujeres, organizaciones particulares, gobiernos locales y regionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su aplicación.



Acuerda:

Primero.— Expresar su cálido saludo y felici-tación al distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 11 de noviembre de 2013 el centésimo sexto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Marcelino de la Cruz Chambergo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongo Alto; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades locales, policiales, eclesiásticas, policiales, militares y a la población del citado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente saludo al distrito de Tirapata, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 10 de noviembre de 2013 el septuagésimo ani-versario de su creación política, augurándoles los mejores éxitos en los años venideros en bien del desarrollo local, departamental y nacional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Efraín Mercedes Ramos Medina, alcalde de la Municipalidad Distrital de Tirapata; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades políticas, eclesiás-ticas, militares y policiales, a las organizaciones



de la sociedad civil y a todos los pobladores del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Rendir homenaje a la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú, con motivo de haber celebrado el 6 de noviembre de 2013 el centésimo nonagésimo primer aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor comandante AP Luis de la Flor Rivero, comandante de la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú; y, por su interme-dio, hacerla extensiva a los oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos, oficiales de mar, marineros, grumetes y personal civil que integran dicha fuerza armada.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a todas las mu-jeres del Perú, con motivo de conmemorar el 25 de noviembre de 2013 el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, reafirmando nuestro compromiso para defender sus derechos.

Segundo.— Transcribir la presente moción a las señoras Ana Ethel Jara Velasquez, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; María Elena Re-yes Meléndez, presidenta de la Organización No Gubernamental Manuela Ramos y Gaby Cevasco Farfán, presidenta ejecutiva de la Organización No Gubernamental Flora Tristán.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a los destacados profesionales pediatras, especialistas de la Salud y enfermedad de los niños con motivo de celebrar el 12 de noviembre el Día de la Pediatría Peruana.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José Alberto Tantalean da Fieno, presidente

de la Sociedad Peruana de Pediatría; y, por su in-termedio, hacerla extensiva a todos los miembros de dicha institución.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más sincera felicitación al pueblo de Huancayo, provincia del mismo nombre, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Dimas Rudy Aliaga Castro, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a toda la población de la referida provincia.



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de Mi-guel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 10 de noviembre de 2013 el sexagésimo tercer aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Pedro Miguel Zapata Sócola, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa; y, por su intermedio, a sus distinguidas autoridades y a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de San Ramón, provincia de Chanchama-yo, departamento de Junín, con motivo de cele-brar el 14 de noviembre de 2013 el nonagésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan José Ludeña Orihuela, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Ramón; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades civiles, militares, políticas y



1560

religiosas, así como a toda la ciudadanía del mencionado distrito.

Lima, 31 de octubre de 2013.”


Acuerda:

Primero.— Expresar el más efusivo saludo al distrito de Imperial, provincia de Cañete, depar-tamento de Lima, con motivo de celebrar el 15 de noviembre de 2013 el centésimo cuarto aniver-sario de haber adquirido la categoría de distrito, formulando votos para que este noble pueblo, continúe por la senda del trabajo, desarrollo e inclusión social, en aras de mantener la armonía y el bienestar entre sus habitantes.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Eddy César del Mazo Tello, alcalde de la Municipalidad Distrital de Imperial; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regi-dores, y a sus instituciones educativas, religiosas, policiales y judiciales, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más sincera felicitación al distrito de Sincos, provincia de Jauja, departa-mento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la señora Ana María Ninahuanca Osores, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Sincos; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con motivo de celebrarse el 11 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo quinto aniversario de su fundación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Valdemar Medina Hoyos, rector de la

Universidad Nacional de San Agustín; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades, a los docentes y al personal administrativo y de servicios que laboran en la universidad, así como a los estudiantes y a los egresados de la citada casa de estudios.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima, con motivo de celebrar el 23 de noviembre de 2013 el trigésimo séptimo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Roberto Manuel Díaz de la Cruz, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades civiles y a toda la comunidad pa-ramonguina.



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 6 de no-viembre de 2013 el vigésimo primer aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Omar Candia Aguilar, alcalde de la Muni-cipalidad Distrital de Alto Selva Alegre; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades, al personal que labora en la municipalidad y en especial a toda la población del referido distri-to, expresándole el compromiso de velar por su desarrollo político, económico y social.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Santo Domingo, provincia de Morropón, departamento de Piura, con motivo de celebrarse el 4 de noviembre de 2013 el centésimo vigésimo sexto aniversario de su creación política.



Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Elvis Barreto Jiménez, alcalde de la Mu-nicipalidad Distrital de Santo Domingo; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a las instituciones, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a las autoridades de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 9 de noviembre de 2013 el cua-dringentésimo septuagésimo cuarto aniversario de su fundación española.

Segundo.— Formular los más fervientes votos para que la citada provincia se mantenga en la senda del progreso y desarrollo, para orgullo y satisfacción de todos los peruanos, reconociendo su gran aporte en el desarrollo del querido de-partamento de Arequipa y por ende de nuestro brillante país.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de Huaripampa, provincia de Jauja, de-partamento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Elmer Alcides Bullón Maldonado, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaripampa; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades civiles, militares, políticas, religiosas y a toda la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más sincera felicita-ción al pueblo de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo octavo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Efraín Cerrón Lujan, alcalde de la Munici-palidad Distrital de Ahuac; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo al distrito de San Juan de Salinas, provincias de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 21 de noviembre de 2013 el centésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Manuel Laura Zamata, alcalde de la Municipalidad Distrital de Salinas; y, por su intermedio, hacerla extensivo al cuerpo de regi-dores, a las autoridades políticas, eclesiásticas, militares páliales, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a todo la población del ci-tado distrito, deseándoles los mejores éxitos en los años venideros en bien del desarrollo local, regional y nacional.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Bellavista, provincia de Sullana, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 9 de noviembre de 2013 el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José Hildebrando Crisanto Vilela, alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a las instituciones, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con motivo de celebrarse el 9 de noviembre de 2013 el sexagésimo aniversario de su elevación a distrito.



1562

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor José Alejandro Saldías Osorio, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolomé; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades políticas, religiosas, educativas, organizaciones sociales y a toda la población de tan ilustre provincia, deseándoles los mejores éxitos en los años venideros.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al distrito de Apata, provincia de Jauja, departa-mento de Junín, con motivo de celebrar el 16 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo noveno aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Percy Rafael Cerrón Espinoza, alcalde de la Municipalidad Distrital de Apata; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades civiles, militares, políticas y religiosas, así como a toda la ciudadanía del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y calu-roso saludo al distrito de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con motivo de celebrarse el 7 de noviembre de 2013 sexagésimo aniversario de su elevación a la categoría de distrito.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Gilmer Gonzales Cuéllar, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Matero de Otao; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los re-gidores, a las autoridades políticas, religiosas y educativas, a las organizaciones sociales y a toda la población de tan ilustre distrito, augurándoles los mejores éxitos en los años venideros.



Acuerda:

Primero.— Saludar a los participantes del X Congreso Nacional Lingüístico Literario

Abraham Valdelomar Pinto, organizado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, expresando su felicitación por la iniciativa de fomentar la literatura a los jóvenes por medio de estos eventos que son de suma importancia en su educación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Alejandro Gabriel Encinas Fernández, rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga; y, por su intermedio, hacerla extensiva al comité organizador y a todos los participantes del mencionado evento.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felicitación a la Universidad Nacional San Agus-tín, de Arequipa, con motivo de celebrar el 11 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo quinto aniversario de su creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Valdemar Medina Hoyos, rector de la Universidad Nacional de San Agustín; y, por su intermedio, hacerla extensiva a la plana docen-te, a las autoridades, al personal administrativo que labora en dicha universidad, así como a los alumnos y exalumnos, manifestando su recono-cimiento por la importante labor en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo político y social de nuestro país, así como con la vigencia de los derechos de las personas y grupos que integran la sociedad arequipeña y la sociedad peruana, en general.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y calu-roso saludo al distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, con motivo de celebrarse el 10 de noviembre de 2013 el centési-mo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Santiago Yuri Cano La Rosa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades políticas, religiosas y educativas,



a las organizaciones sociales y a toda la población de tan ilustre ciudad y fidelísima villa, augurán-doles los mejores éxitos en los años venideros.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo al distrito de Samán, provincia de Azángaro, depar-tamento de Puno, con motivo de celebrar el 12 de noviembre de 2013 el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Javier Gabriel Amaru Sucasaca Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Samán; y, por su intermedio, hacerla extensivo al cuerpo de regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales, así como a las organizacio-nes de la sociedad civil y a toda la población del citado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y felicitación al distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de ce-lebrarse el 8 de noviembre de 2013 el centésimo cuadragésimo tercer aniversario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Elvis Delgado Bacigalupo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanahuara; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades civiles, políticas y militares, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más sincera felicitación al pueblo de Mariscal Castilla, provincia de Con-cepción, departamento de Junín, con motivo de celebrarse el 7 de noviembre de 2013 el quincuagé-simo octavo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Heracleo Gil Terreros Zárate, alcalde de la

Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a toda la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Arapa, provincia de Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 12 de noviembre de 2013 un aniversario más de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la señora María Amanqui Mendoza, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Arapa; y, por su inter-medio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales, organizaciones de la sociedad Civil y a la población del citado distrito, deseándoles los mejores éxitos venideros en bien del desarrollo local, regional y nacional.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Íllimo, ubicado en la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de celebrar el 22 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan Pablo Santa María Baldera, alcalde de la Municipalidad Distrital de Íllimo; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades civiles y militares, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a la Universidad Jaime Bausate y Meza, con motivo de conmemorar el 13 de noviembre de 2013 el quinto aniversario de su creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Roberto Marco Mejía Alarcón, presidente



1564

de la Universidad Jaime Bausate y Meza; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los directivos, docentes, trabajadores y estudiantes de esta casa de estudios.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Picsi, provin-cia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con motivo de celebrarse el 12 de noviembre de 2013 el centésimo nonagésimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Ángel Alfredo Díaz Barturén, alcalde de la Municipalidad Distrital de Picsi; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades civiles y políticas, así como a todo el pueblo del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, con ocasión de celebrar el 29 de noviembre de 2013 su septua-gésimo tercer aniversario de restablecimiento a la categoría de distrito.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor César Emilio Balcázar Labrin, alcalde de la Municipalidad Distrital de Aucallama; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autori-dades civiles, así como a toda la comunidad de Aucallama.



Acuerda:

Primero.— Expresar el cálido saludo y felicita-ción al distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 15 de noviembre el 2013 el centésimo vigésimo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Javier García Pérez, alcalde de la Munici-

palidad Provincial de Yauli; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades locales, políticas, eclesiásticas, po-liciales y militares, así como a toda la población del distrito de La Oroya.



Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Máncora, provincia de Talara, departamento de Piura, con motivo de celebrar el 14 de noviembre de 2013 el centésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Víctor Raúl Hidalgo López, alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a las instituciones, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y feli-citación a la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, con motivo de celebrar el 11 de noviembre de 2013 el centésimo octogésimo quinto aniversario de fundación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Valdemar Medina Hoyos, rector de la Universidad Nacional de San Agustín; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades, docentes, personal administrativo y de servicios, egresados y a los estudiantes de dicha universidad arequipeña.



Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al Ministerio de Defensa, al Comando General del Ejército y a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, con motivo de conmemorarse el 27 de noviembre de 2013 el Día de la Batalla de Tarapacá y el Día del Mariscal Andrés Avelino Cáceres.



Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa; general EP Ricardo Moncada Novoa, Comandante General del Ejército; y, por su inter-medio, hacerla extensiva a todos los miembros del Ejército Peruano y señor Luis Alcántara Vallejo, presidente de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres; y, por su intermedio, hacerla extensiva a todos los integrantes de dicha orden.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Sumbilca, provincia de Huaral, departamento de Lima, con motivo de celebrarse el 6 de noviembre de 2013 el centésimo décimo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la señora Nanci Rojas de la Cruz, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Sumbilca; y, por su intermedio, hacerla extensiva a todas las auto-ridades políticas, así como a toda la comunidad sumbilcana.



Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y felicitación al distrito de Tiabaya, provincia y de-partamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 8 de noviembre de 2013 un aniversario más de su elevación a la categoría de ciudad.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Miguel Ángel Cuadros Paredes, alcalde de la Municipalidad Distrital de Tiabaya; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades civiles, políticas y militares, así como a toda la población del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente saludo al distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia de Azángaro, departamento de Puno,

con motivo de celebrarse el 10 de noviembre de 2013, el quincuagésimo noveno aniversario de su creación política, augurándole los mejores éxitos en los años venideros en bien del desarrollo local, departamental y nacional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Simón Condori Velásquez, alcalde de la Municipalidad Distrital de José Domingo Choque-huanca; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades políticas, eclesiásticas, militares y policiales, a las organiza-ciones de la sociedad civil y a todos los pobladores del mencionado distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más sincera felicitación al pueblo de San Ramón, provincia de Chancha-mayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 14 de noviembre de 2013 el centésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan José Ludeña Orihuela, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Ramón; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autoridades y a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de Yanacancha de la provincia y departamento de Pasco, con motivo de celebrarse el 8 de noviem-bre de 2013 el sexagésimo primer aniversario de la instalación de la primera Junta Edilicia de Yanacancha.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Cecilio Caña Cajahuamán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanacancha; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades políticas, religiosas, militares y educativas, así como a toda la población del referido distrito, formulando votos para que continúen su marcha exitosa hacia el desarrollo económico, social y cultural del distrito.




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Acuerda:

Primero.— Expresar el cálido saludo y felici-tación al distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de celebrar el 10 de noviembre de 2013 el cen-tésimo quincuagésimo sexto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Miguel Ángel Carhuallanqui Huamán, al-calde de la Municipalidad Distrital de Huayucachi; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, a las autoridades locales, políticas, eclesiásticas, policiales y militares, así como a toda la población del referido distrito.



Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y felicitación a la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, conocida como la “Capital de la Hospitalidad”, con motivo de celebrarse el 10 de noviembre de 2013 el centési-mo trigésimo noveno aniversario de su elevación a la categoría de ciudad capital de la provincia de Huaura.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Santiago Cano La Rosa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura; y, por su intermedio, hacerla extensiva a todas las auto-ridades que residen en la ciudad de Huacho, así como a toda la comunidad huachana.


Se aprueba, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio, propuesto por el presi-dente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, sobre de Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cáma-ras de videovigilancia públicas y privadas; y a continuación se acuerda exonerarlo de

segunda votación

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Vamos a tratar ahora el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2058/2012-CR, que propone la Ley de apoyo a la

seguridad ciudadana con cámaras de videovigi-lancia públicas y privadas.



Dictamen unánime de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.º 2058/2012-CR, en virtud del cual se propone la Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.*

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y lucha contra las Drogas, para sustentar el texto sustitutorio del Proyecto de ley N.° 2058/2012-CR, contenido en el dictamen de la referida instancia legislativa, del período anual de sesiones 2012-2013, por el que se propone la Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente: El Proyecto de Ley N.° 2058/2012-CR, mediante el cual se propone incorporar al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana los Sistemas de Vigilancia o Vídeo Cámaras

Privadas, fue presentado en el Área de Trámite Documentario el 1.° de abril de 2013, y recibido en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 5 de abril de 2013.

El referido proyecto de ley, luego del análisis y de-bate correspondiente, fue dictaminado por unani-midad por la Comisión en su decimonovena sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2013.

La iniciativa legislativa propone incorporar al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las cámaras de videovigilancia o video cámaras privadas que las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, mantengan en la parte externa de sus instalaciones, con la finalidad de enfrentar el crecimiento de la delincuencia, creando políticas y estrategias a nivel nacional, involucrando a todos los niveles del Estado: go-bierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, así como a las empresas privadas y a la sociedad en general.




La inseguridad ciudadana constituye uno de los grandes problemas que enfrenta hoy en día nuestro país y se manifiesta en el temor que vive diariamente la población, afectada por el aumento de la delincuencia, así como por el narcotráfico y el terrorismo, con el consecuente incremento en la producción y comercialización de pasta básica, de la cocaína, etcétera, a pesar de la permanente erradicación de cultivos de hoja de coca y de la labor de los programas de desarrollo de cultivos alternativos.

La creciente violencia se evidencia en robos, asaltos, secuestros, sicariato, homicidios, muer-tes, asesinatos y atentados contra el patrimonio, así como en la violencia doméstica, etcétera; requiriéndose de un estudio y seguimiento de los puntos críticos en los cuales ocurren estos delitos con mayor frecuencia, con la finalidad de implementar planes y estrategias que permitan combatir la delincuencia.

Para ello, la tecnología contribuye mediante los equipos de videovigilancia o video cámaras, per-mitiendo gravar imágenes y audios que puedan ser utilizados por nuestra Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en las investigaciones de los delitos.

Esta propuesta es concordante con lo dispuesto en el artículo 85.° de la Ley N.° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, que en materia de seguridad ciudadana dispone como funciones específicas de las municipalidades provinciales “establecer un sistema de seguridad ciudadana, con la participa-ción de las sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de los centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley.

Las imágenes y audios captados por las cámaras de propiedad de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, son parte de la labor enco-mendada a la población, mediante la vigilancia ciudadana; término utilizado también dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que consideran el desa-rrollo de mecanismos de control y vigilancia ciu-dadana respecto del quehacer de los organismos del sector público y de los gobiernos locales.

Es importante observar que la Ley N.° 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación peruana; siendo su finalidad asegurar la convivencia pací-

fica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, contribu-yendo a la prevención de la comisión de delitos y faltas; lo que evidencia una concordancia con el objetivo de la propuesta.

Siendo importante la iniciativa bajo análisis, y teniendo esta relación directa con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se propone incorporar un acápite en el artículo 17.°, referido a las funciones de los comités regionales, provin-ciales y distritales, a fin de considerar la necesidad de mantener una base de datos de las cámaras de videovigilancia en cada distrito, provincia y región, para combatir la delincuencia que afecta a nuestra seguridad ciudadana.

Es preciso recordar que ello permitirá conocer la comisión de delitos y faltas, los mismos que queda-rán registrados en las cámaras de videovigilancia de propiedad de las personas naturales y jurídicas, publicas y privadas, permitiendo formular opor-tunamente la denuncia ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, y entregar las imágenes y/o audios registrados, garantizando así la identidad de los propietarios y de los que hacen entrega de las imágenes y/o audios.

Por lo expuesto, solicito a la Representación Nacional que se sirva respaldar con su voto esta importante propuesta legislativa, cuyo objeto es apoyar decisivamente la seguridad ciudadana en el país.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señores congresistas, en vista de que el proyecto de ley que acaba de ser sustentado ha sido dictaminado por unanimidad, cada grupo parlamentario dispondrá del máximo de dos minutos para exponer las razones de su posición sobre el particular, en aplicación del tercer párrafo del inciso d) del artículo 55.° del Reglamento del Congreso.


El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente: En mi criterio, la propuesta legislativa materia de debate es muy importan-te, una muy buena iniciativa, por-que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ya que ahora se podrá



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hacer uso de los vídeos y cámaras de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, con el fin de identificar a los delin-cuentes; o mejor también, para prevenir, porque el daño ya no se puede resarcir cuando el hecho está cometido, pues muchas veces se producen homicidios y una serie de actos delictivos.

Consecuentemente, las cámaras de videovigi-lancia no solo deben servir para identificar a los delincuentes, sino también para prevenir los delitos; como lo hacen, por ejemplo, algunos municipios de Lima que, cuando a través de sus cámaras de videovigilancia registran un asalto, inmediatamente envían al serenazgo para atrapar a los delincuentes. Eso me parece muy importan-te, señor Presidente.

Aquí lo novedoso de esta propuesta es que se están tomando en cuenta las cámaras de videovigilancia de propiedad privada; porque las de propiedad pública ya están al servicio del Estado, a efectos de prevenir el delito, de luchar contra la delincuencia y de dar seguridad a todos nuestros ciudadanos.

En ese sentido, yo quisiera, en primer lugar, que se modifique el artículo 1.° del texto propuesto, sobre el objeto de la ley, que, en mi opinión, está muy mal redactado, puesto que dice lo siguiente: “La presente ley tiene por objeto precisar que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana incluye las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia…” Señor Presidente, ¿un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana puede incluir imágenes? Formulo esa pregunta porque, según tengo entendido, un sistema es una organización jurídica; de manera que es impropio decir que un sistema debe incluir imágenes, cámaras, etcétera, considerando que tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción y también un Sistema de Defensa Nacional que son toda una organización jurídica.

Entonces, habría que redactar mejor ese artículo, en cuyo texto podría decir: “El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana puede, en su estructura, en sus medios o en su base informática, incluir imágenes y audios…”; o “El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana puede, en su base informá-tica o en los instrumentos que utilice para luchar contra la delincuencia, incluir vídeos o cámaras, sean públicas o privadas…”; pero no se puede decir en ese dispositivo que las imágenes están incluidas o comprendidas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le

concede un minuto adicional para que concluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Muchas gracia, señor Presidente.

De manera que ese artículo debe ser redactado en mejores términos, a efectos de que pueda contener una

idea precisa de diga: “Las imágenes y los audios están dentro de la estructura o dentro de la base informática del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana…”. Consecuentemente, la propuesta me parece una excelente idea; pero, en esta mate-ria, habría que redactar mejor el referido artículo del texto en debate.

Por otro lado, en la disposición complementaria transitoria única se dice siguiente: “El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento en un plazo no mayor de treinta días calendario, a partir de la vigencia de la presente ley”. Ese plazo a mí me parece muy reducido, porque es imposible que en treinta días se pueda redactar un reglamento so-bre la materia; yo pediría que ese plazo se amplíe, de manera razonable, por lo menos, a 60 días, para permitir que el Poder Ejecutivo dicte las normas complementarias que se requieren.

Reitero, esta propuesta legislativa, que nosotros vamos a respaldar al momento de la votación, es un aporte muy importante para luchar contra la delincuencia, que en la actualidad es el principal problema que azota nuestro país.

Eso es todo, señor Presidente

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Lescano Ancieta.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Huaire Chuquichaico.

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Señor Presidente: Es necesario tener en cuenta que la inseguridad ciudadana, que constituye uno de los grandes problemas que hoy en día enfrenta nuestro país, se manifiesta principalmente en la inseguridad que diariamente vive la población afectada por el aumento de la delincuencia, por el narcotráfico, por el terrorismo, por el incremento de la producción de la cocaína, etcétera.

Como es de conocimiento nuestro, ya algunos municipios de la capital han implementado, con



el fin de hacer frente a la inseguridad ciudadana, cámaras de videovigilancia en los puntos críticos y de mayor incidencia delictiva en sus respectivos distritos.

En verdad, yo creo que es muy importante que se implementen cámaras de video no solo en las principales ciudades, sino también en los lugares en los que realmente se observa que la delincuencia día a día se va incrementando. En ese sentido, consideramos nosotros que esta propuesta legislativa debe ser aprobada lo antes posible, para de esta manera menguar la delin-cuencia en nuestro país.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— ¿Me permite una interrupción, congresista Huaire Chuquichaico?

El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Me pide una interrupción el congresista Guevara Amasifuen, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Guevara Amasifuen.

El señor GUEVARA AMASI-FUEN (AP-FA).— Señor Presi-dente, sin duda alguna, el proyecto de ley materia de debate reviste mucha importancia; sin embargo, con el objeto de ofrecer algunos pequeños aportes, permítame hacer las siguientes observaciones.

En el segundo párrafo del artículo 4.° del texto materia de análisis dice lo siguiente: “El Re-glamento establecerá las características de las cámaras de vigilancia externa…” Sería bueno precisar en el referido párrafo que las cámaras de videovigilancia son equipos de tecnología de pun-ta que permanentemente se van innovando.

Por lo tanto, habría que buscar una mejor redac-ción para dicho dispositivo, sobre todo, para que no quede amarrado, porque las características técnicas de las cámaras de videovigilancia per-manentemente van cambiando.

Por otro lado, es importante que se establezca claramente qué institución es la que se va a en-cargar de establecer las características técnicas de las cámaras de videovigilancia. Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio, sugiero al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha

contra las Drogas, que pongamos en dicho dispo-sitivo que el Ministerio del Interior sea la entidad encargada de establecer las especificaciones téc-nicas de las cámaras en referencia.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congresista Guevara Amasifuen.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Muchas gracias, señor Presidente.

Asimismo, como aquí se ha señalado, las video-cámaras también se pueden implementar en los pueblos alejados y del interior del país. Para ello, es importante que tengamos en cuenta la conec-tividad, que podría ser vía satélite o a través de la fibra óptica; de manera que alcanzo esa suge-rencia al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas con el ánimo de buscar perfeccionar la propuesta legislativa materia de debate.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Huaire Chuquichaico; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Guevara Amasifuen.

Puede continuar, congresista Huaire Chuqui-chaico.

El señor HUAIRE CHUQUI-CHAICO (PP).— Señor Presiden-te, quiero concluir mi intervención señalando que la propuesta legislati-va materia de análisis tiene por obje-to precisar que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana incluye las

imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en los casos de presunción de la comisión de un delito o de una falta.

Por lo tanto, siendo esta una iniciativa muy importante, solicito que cuanto antes la someta usted a votación, porque sobre el particular ya no hay mucho que discutir, ya que todos estamos de acuerdo con ella.




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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Huaire Chuquichaico.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Señor Presidente, antes de dar inicio a mi intervención, permítame conceder al con-gresista Spadaro Philipps la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Spadaro Philipps.

El señor SPADARO PHILIPPS (GPFP).— Señor Presidente: La inseguridad ciudadana es un pro-blema real que vive nuestro país, de manera que tenemos que luchar contra ella.

Esta propuesta legislativa, adicionalmente a los buenos deseos del proponente, tiene por objeto precisar que el Sistema Nacional de seguridad Ciudadana incluye las imágenes y audios ubicadas en la parte externa de los inmuebles; pero cuando hablamos de la parte externa nos estamos refirien-do a la vía pública, en donde la Policía Nacional se encarga del resguardo de la ciudadanía.

Por lo tanto, en uno de los artículos de la ponen-cia se debería decir que gradualmente se deben insertar al Sistema Nacional de Seguridad Ciu-dadana los videos que, efectivamente, emanan de las cámaras de vigilancia a través del Sistema 105. No es posible que cuando se produce un asalto o se registra un acto delictivo, tengamos que rogar a las empresas privadas para que las imágenes contenidas en esos videos puedan ser entregadas.

Aquí tenemos que colaborar todos con la segu-ridad ciudadana, respecto de la cual yo coincido con lo que algunos colegas hace un momento han señalado. Esas cámaras de videovigilancia deben servir para prevenir los delitos; pero si solo van a ser utilizadas por los particulares para prevenir el robo sus empresas y no para dar seguridad a la ciudadanía, y luego vamos a verificar un asesinato, un atentado o un asalto, pues realmente estamos demás, señor Presidente.

Por consiguiente, consideramos que esos videos que emanan de las cámaras de videovigilancia

de particulares deben pasar en forma gradual al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a través del Sistema 105, que es manejado por el Ministerio del Interior y por la Policía Nacional del Perú.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Beingolea Delgado; muchas gracias, señor Pre-sidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Spadaro Philipps.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Señor Presidente, permítame conceder al congresista Bedoya de Vivanco la interrupción que me solicita, con su venia, por supuesto.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente, si bien estoy de acuerdo con la letra y el espíritu de la propuesta legis-lativa materia de debate, hay en ella un artículo sobre el que tengo ciertas observaciones que formular.

Precisamente es el segundo párrafo del artículo 4.°, referido a la base de datos, en el cual dice que “el Reglamento establecerá las características de las cámaras de vigilancia externa”.

Si esto es así, creo que el Estado no tiene ningún derecho a establecer o a imponer al sector privado, o a quien desee poner una cámara de videovigilan-cia en su domicilio, qué características deben tener estas; porque si nos atenemos al artículo 1.°, en virtud del cual se establece que el objeto de la pre-sente ley es que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana cuente con los audios e imágenes que puedan haber registrado las cámaras de vigilancia de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, no puede el Estado imponer a las entidades privadas o a las personas naturales las características de las cámaras de vigilancia que quieren ellos comprar e instalar.

Se está coadyuvando a la labor del Estado en la prevención y el combate a la delincuencia; de modo que no se puede venir a decir a quien tiene interés de instalar una cámara de vigilancia en la



puerta de su casa, qué es lo que necesariamente tiene que comprar.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La presencia le solicita que concluya, congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Eso sí es atentar contra la libertad de contratación y contra los bienes de propiedad de los privados.

Esto es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Bedoya de Vivanco.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (PPC-APP).— Señor Presi-dente: Lo señalado por el colega Bedoya de Vivanco era exactamente el tenor de mi intervención, de ma-nera que simplemente abundaré en detalles.

En verdad, el segundo párrafo del artículo 4.° del texto en debate hay que modificarlo, pero no sola-mente por las consideraciones que ha expuesto el congresista Bedoya de Vivanco, en el sentido que no se trata de que de aquí en adelante tengamos que obligar a los ciudadanos privados a comprar determinadas cámaras de videovigilancia; sino también porque en ese segundo párrafo dice que habrá un Reglamento en el que se establecerán las características de las cámaras de vigilancia.

Es decir, si yo mañana quiero contratar una cámara de vigilancia para mi domicilio, tendré que contratar la que el Reglamento me indique. Señor Presidente, el Estado no me puede obligar a mí a que compre una cámara de vigilancia con determinadas características; eso es imposible.

Pero no solo mirando a futuro, sino también mirando al pasado; porque yo entiendo que esta norma puede tener un beneficio inmediato, cual es que cuando la referida norma entre en vigen-cia todas las cámaras de vigilancia privadas que existen en el Perú van a sumar; pero eso no ocu-rrirá, porque de inmediato habrá un Reglamento que excluirá a varias de esas cámaras, que no tendrán las especificaciones técnicas que exige el Reglamento.

Esto es un absurdo, porque de lo que se trata es de sumar. De acuerdo con lo señalado, ese segundo párrafo del artículo 4.° del texto en debate hay que eliminarlo, no tiene ningún sentido mantenerlo; porque de lo que se trata es que mañana mismo, cuando se publique esta norma, todas las cámaras de vigilancia privadas que hay en el Perú sumen y ayuden. Y si de aquí en adelante se instalan más cámaras de vigilancia, que también sumen y ayuden; pero si en el Reglamento se les ponen determinadas especificaciones técnicas, estaremos nosotros mismos limitándonos en nuestro poder operativo.

Por consiguiente, mi solicitud es que se excluya ese segundo párrafo del artículo 4.° del texto sustitutorio materia de debate.

Por otro lado, como un comentario adicional, solo quiero precisar —por su intermedio, me dirijo al presidente de la comisión dictaminadora— que el artículo 2.º del texto propuesto, que dice que en el caso de presunción de comisión de un delito o falta el dueño de la cámara tiene que informar a la autoridad competente, realmente no tiene ninguna consecuencia jurídica.

Quiero dejar esto claramente establecido, para que se piense mejor si consideramos ahí una consecuencia jurídica; o si, en ese extremo, solo estamos elaborando una norma meramente declarativa; porque si yo digo que el dueño de la cámara debe alcanzar copia del vídeo y de los audios a la autoridad competente, bueno; y si no los alcanza, ¿qué ocurre?

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Muchas gracias, señor Presidente.

El tenor del artículo 2.° del texto en debate es el siguiente: “En el caso de presunción de comisión de un delito o de una falta, el propietario de la cámara de videovigilancia debe informar a la autoridad competente…”; pero en él no se pone ninguna consecuencia jurídica. De manera que ese dispositivo es meramente declarativo, porque dice: “debe informar” ¡Qué bueno! ¡Ojalá! Por lo tanto, si no se pone ahí ninguna consecuencia jurídica no habrá ninguna obligatoriedad.

Hago esa precisión simplemente para que se piense mejor si consideramos ahí alguna conse-cuencia a la omisión de informar; o simplemente



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tomamos nota de que, en este extremo, vamos a aprobar una norma solo declarativa, que será un primer paso, pero que no es contundente en la lucha contra el crimen.

De manera que, en resumen, lo que acabo de decir es para que lo contemple mejor el presi-dente de la comisión dictaminadora y vea si es conveniente o no que se incorpore alguna adición en ese dispositivo. En todo caso, lo que sí nos parece fundamental es que se elimine el segun-do párrafo del artículo 4.° del texto sustitutorio materia de debate, para poder aprobarlo con toda tranquilidad.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Beingolea Delgado.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Canches Guzmán.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Señor Presidente: Qué duda cabe que esta propuesta le-gislativa de apoyo a la seguridad ciudadana es bastante buena, pues ya algunos municipios lo vienen manejando adecuadamente y han

instalado cámaras de videovigilancia en los puntos críticos de su jurisdicción en los que se cometen delitos con mayor frecuencia.

Yo quisiera contribuir en esta tarea, dado que he escuchado a algunos colegas formular sus propuestas. En el artículo 3.° del texto en deba-te debería decir: “La Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, según corresponda, al momento de recibir las grabaciones contenidas en el artículo anterior, garantiza la confidencia-lidad de la entidad —y este es el agregado que propongo— de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entre-ga de estas imágenes y audios”, y punto. Deben eliminarse las dos últimas líneas de ese artículo, donde dice: “quienes no serán citadas ni incluidas en las investigaciones o proceso penal, salvo el caso de adulteración”.

Y como varios señores congresistas se han re-ferido al artículo 4.° de la propuesta materia de debate, solicito que ese dispositivo se modifique íntegramente con la redacción siguiente: “El Mi-nisterio del Interior, a través de Centro Nacional de Videogigilancia y Radiocomunicaciones para la Seguridad Ciudadana, debe contar con una

base de datos actualizadas de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles”.

Con respecto a la disposición complementaria transitoria única, que dice: “El Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento en un plazo no mayor de 30 días calendario…”, se ha dicho acá que, como ese plazo es demasiado corto, se debe ampliar a 60 días calendarios, a partir de la vigencia de la presente ley; y a continuación, se debe agregar la expresión siguiente: “…donde se deberá precisar el procedimiento de entrega de las grabaciones, así como las características de la base de datos”.

Por lo tanto, se debe proceder a eliminar la dis-posición complementaria modificatoria.

Esos son los aportes que alcanzó al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— ¿Me permite una interrupción, congresista Canches Guzmán?

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Me solicita una interrupción el congresista Lescano Ancieta, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con que se elimine solo una parte del segundo párrafo del artículo 4.°, porque a las personas naturales y ju-rídicas no se les puede decir: “Ustedes tienen que comprar este tipo de cámara de videovigilancia”. De esa forma no va a haber mucha colaboración de parte de los privados.

Pero hay que tener en cuenta que en ese segundo párrafo también se dice que en el Reglamento se deberá establecer el plazo de almacenamiento de las imágenes y audios; esa parte sí se tiene que mantener, porque los privados nos podrían decir: “No, señor, nosotros ya borramos las imágenes y audios que nos están solicitando”.

El Estado les tiene que decir: “Ustedes están obligados a conservar esas imágenes y audios du-rante tal tiempo”. Me estoy refiriendo al segundo párrafo del artículo 4.° del texto en debate”.



Por consiguiente, ese segundo párrafo necesa-riamente tiene que ser modificado. Con ese fin, habría que eliminar la primera parte que dice que el Estado tiene que establecer el tipo de cámara de vigilancia que debe instalar el privado; pero mantener la parte en la que se establece el plazo de almacenamiento en que los privados tienen que conservar esas imágenes y audios.

Por otro lado, me parece muy importante el aporte del congresista Canches Guzmán, en el sentido de que la base de datos de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de videovigilancia no solo lo tengan las municipalidades, sino también la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Interior.

Asimismo…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Muy agradecido, señor Presidente.

Asimismo, en el artículo 1.° del texto sustitutorio materia de análisis no solo se tiene que hacer ser referencia

a la cámaras de videovigilancia que están ubica-das en la parte externa de los inmuebles, sino también a las cámaras que están colocadas en la infraestructura pública, porque hay un sinnúmero de cámaras de vigilancia —fundamentalmente públicas— instaladas en postes y en espacios que no necesariamente son inmuebles.

En ese artículo 1.° también se debe considerar como objeto de la ley prevenir el delito, no sola-mente establecer como prueba la obtención de las imágenes y videos para probar un delito. Se requiere de esas cámaras de vigilancia para pre-venir los delitos, a fin de evitar que el delincuente haga daño. En muchas ocasiones la Policía ha intervenido antes de que los delincuentes causen daño al cometer el delito.

Muchas gracias por la interrupción concedida, congresista Canches Guzmán; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Lescano Ancieta.

Puede continuar, congresista Canches Guzmán.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Se-ñor Presidente, permítame conceder al colega Beingolea Delgado la segunda interrupción que me confiere el Reglamento.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (PPC-APP).— Señor Presiden-te, en verdad, suena interesante lo que acaba de proponer el congresista Lescano Ancieta, en el sentido de mantener la obligación de conservar las imágenes y videos durante un

tiempo determinado; pero esa propuesta tiene un problema —hay que ver cómo resolverlo—, que es el siguiente: De esa forma estaríamos obligando a la persona a que compre del equipo que tenga una reserva determinada de memoria. Me explico, hay sistema de almacenaje modernos que pueden durar, de repente, 24 horas; pero hay otros que son mucho más discretos.

Yo pienso en sistemas de vídeos que funcionan con un casete de dos horas de duración; y bueno, si la persona no tiene dinero para comprar más casetes —digamos— para gravar durante toda la noche, y al día siguiente tiene que gravar nuevamente, en-tonces, estamos obligando al privado a que compre más casetes o sistemas de almacenaje de mayor capacidad para poder guardar lo grabado.

Es decir, yo estoy de acuerdo con la propuesta del colega Lescano Ancieta; pero de ahí a tener que obligar es como decirle al privado: “Oiga, si usted va a comprar un cámara de videovigilancia, pre-ocúpese porque tenga un sistema de almacenaje con determinada capacidad de tiempo. El privado podría decir: “Pero la cámara que yo he compra-do tiene un sistema de almacenaje distinto. Y la respuesta sería: “No importa, usted está obligado por ley; así que gaste más dinero y compre un equipo con un casete de mayor duración o con un sistema de almacenaje de mayor capacidad, o como se le quiera llamar”.



Ahí está el problema; de manera que con esa propuesta podríamos estar obligando al privado



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a que gaste más dinero: “Ya no es que colabores, sino que te obligo a que compres un equipo de videovigilancia, de mayor costo, con un sistema de almacenaje de mayor capacidad de duración”.

Ese, estimados colegas, es un problema de técnica que nos está limitando y que nos está complicando la vida. Por eso es que sigo sosteniendo que se debe eliminar todo el segundo párrafo del artículo 4.° del texto en debate.



Puede continuar, congresista Canches Guzmán.

El señor CANCHES GUZMÁN (NGP).— Señor Presidente, todo lo que signifique apoyo para combatir la inseguridad ciudadana, que por desgracia está cada vez más en au-mento, creo que es bueno. En ese sentido, espero que el presidente de

la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas acoja las sugerencias que acabo de formular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Canches Guzmán.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREY-RA (SN).— Señor Presidente: Yo simplemente voy a reiterar lo que algunos señores congresistas han dicho hace algunos instantes.

Es en el caso del artículo 2.° del texto sustitutorio materia de debate, que su único pá-rrafo literalmente dice: “En el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara de videovigilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda”. Con el fin de redondear la figura y para que no haya ninguna posibilidad de vacío, sugiero que a continuación se agregue agregar, luego de un punto y coma; “o cuando fuese requerido para ese efecto por dichas instituciones”.

De esa forma hay la obligación de oficio y también la obligación de entregar copia de los videos y de los audios cuando estos son requeridos; eso evita cualquier doble interpretación sobre el particular.

Y con respecto al segundo párrafo del artículo 4.° de la ponencia materia de análisis, yo concuerdo con lo que se acaba de decir acerca de la minu-ciosidad futura del Reglamento en cuanto a las características de las cámaras de vigilancia ex-terna, el plazo de almacenamiento de imágenes y audios y otros requisitos más, especialmente para los privados. En realidad, yo creo que esa es una obligación quizá exageradamente onerosa y, para decirlo en términos más sencillos, pesada.

Por esa razón, me permito sugerir ese agregado en el artículo 2.° y, además, que se elimine el párrafo segundo del artículo 4.° del texto en debate.

Señor Presidente, permítame conceder al con-gresista Bedoya de Vivanco la interrupción que me solicita, con lo cual doy por concluida mí intervención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Belaunde Moreyra.

Puede usted hacer uso de la interrupción, con-gresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente, para complementar lo señalado por el congresista Belaunde Moreyra, con lo cual coincido, quiero agregar como argumento —para que el pre-sidente de la Comisión de Defensa

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas lo tenga presente— que se debe tener en cuenta que la tecnología evoluciona y cambia muy rápidamente. Lo que hoy es última moda, en cuestión de meses queda obsoleto cuando aparecen aparatos modernos con nueva tecnología.

Por consiguiente, no se puede decir en el segundo párrafo del artículo 4.° del texto materia de análi-sis: “El Reglamento establecerá las características de las cámaras de vigilancia externa…”; porque, probablemente, podrá establecer las característi-cas más modernas hoy vigentes que en un año ya ni siquiera se venderán en el mercado.



De manera que ese segundo párrafo debe ser retirado, por todas las observaciones que ha merecido en este debate.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Bedoya de Vivanco.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente: Sin duda alguna, el texto sustitutorio que venimos discutiendo guarda relación con una importante inicia-tiva presentada por el expresidente del Congreso, congresista Víctor

Isla Rojas, dictaminada por unanimidad por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, cuyo objetivo es regular el uso de las cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, para evitar el mal manejo de estas.

En ese sentido, quiero hacer un aporte a la pro-puesta legislativa materia de debate, a fin de que el colega Hugo Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, tome nota de lo que voy a decir con respecto a la base de datos.

El artículo 4.° de la referida propuesta se señala que las municipalidades distritales y las munici-palidades provinciales deben contar con una base de datos actualizada de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que son propietarias de cámaras de videovigilancia externas; sin em-bargo, en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, se ha creado en el referido ministerio el Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, como plataforma de interoperabilidad a través de la Policía Nacional del Perú.

Por consiguiente, propongo que el Centro Nacio-nal de Videovigilancia y Radiocomunicaciones para la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior sea el que administre los datos que se establecen en el artículo 4.° de la iniciativa que en este momento venimos analizando. Para tal efec-to, voy a hacer llegar mi propuesta al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para que, si lo estima conveniente, sea recogido

en el texto sustitutorio objeto de análisis, a fin de que “el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicacio-nes para la Seguridad Ciudadana, cuente con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles”.

En estos momentos voy a hacer legar mi propuesta al congresista Hugo Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Urquizo Maggia.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍ-REZ (NGP).— Señor Presidente: Sin duda alguna, esta es una pro-puesta legislativa muy importante, que justamente va a coadyuvar con la seguridad ciudadana; sin embar-go, queremos hacer notar que en

algunos de sus artículos existen ciertas deficien-cias, sobre todo en cuanto a técnica legislativa, que ponemos a consideración del presidente de la comisión dictaminadora para una mejor redacción.

Por ejemplo, en el artículo 2.° del texto en debate, como ya se ha dicho acá, se establece como una obligación de los propietarios de las cámaras de videovigilancia la de poner en conocimiento de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se-gún corresponda, cuando se comete un delito o una falta; pero no se establece ninguna sanción. Precisamente una de las características de las normas jurídicas es que siempre imponen una sanción; sino, dejan de ser normas jurídicas y caen en campo de la moral.

Por lo tanto, con respecto a ese segundo artículo, habría que establecer cuál va a ser la sanción al propietario de una cámara de videovigiliancia cuando no ponga en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión de un delito o de una falta.

Por otro lado, en el artículo 4.°, sobre la base de datos, se establece que las municipalidades y distritales y



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provinciales deben contar con una base de datos actualizada de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que posean cámaras de video vigilancia externas. Por lo tanto, si hay una obliga-ción de las municipalidades distritales y provinciales de contar con una base de datos de las personas que posean estas videocámaras; también debería haber una obligación de los propietarios de suministrar esa información. En ese sentido, habría que indicar en ese dispositivo cuál va a hacer la sanción cuando los propietarios de esas videocámaras no comuniquen o informen a las autoridades locales que poseen esos equipos de grabación.

Asimismo, en el segundo párrafo del referido artículo 4.° se establece que en el Reglamento se van a establecer las especificaciones técnicas de las cámaras de vigilancia externa; con lo cual, como ya se dijo hace un momento, se estaría atentando contra los derechos fundamentales de las perso-nas, sobre todo contra el derecho de contratar; porque yo en mi casa puedo instalar cualquier sistema de seguridad, no puede el Estado impo-nerme determinadas condiciones en cuanto al sistema de seguridad que yo contrato.

Por consiguiente, habría que proceder a retirar ese segundo párrafo del artículo 4.°, porque, en nues-tro criterio, vulneraría un derecho fundamental, como es el derecho de contratar justamente bajo las especificaciones que requieran los propietarios de los inmuebles.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Gastañadui Ramírez.

En vista de que ha concluido el rol de oradores, la Presidencia concede el uso de palabra al congre-sista Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente, en primer lugar, debo agradecer los aportes de los congresistas Lesca-no Ancieta, Guevara Amasifuen, Canches Guzmán, Gastañadui Ramírez, Urquizo Maggia, Bedoya

de Vivanco, Beingolea Delgado, Spadaro Philipps y Belaunde Moreyra a la propuesta legislativa materia de análisis.

Por una cuestión de técnica legislativa, hemos modificado los títulos de los artículos del texto

propuesto, para que queden más claros; y ade-más estamos acumulando al dictamen materia de debate, el Proyecto de Ley N.° 2771/2013-CR, del congresista Wilder Ruiz Loayza, que, como es obvio, trata sobre la misma materia.

En ese sentido, solicito que ordene al señor Re-lator que dé lectura al nuevo texto sustitutorio que hace un momento hemos alcanzado a la Mesa, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— De acuerdo, señor congresista.

Señor Relator, sírvase a dar lectura al nuevo texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2058/2012-CR, presentado por el presidente la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Al-ternativo y Lucha contra las Drogas, sobre la Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.


“Texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 2958/2012-CR y 2771/2013-CR (acumulado), presentado el 7 de noviembre de 2013, a las 16 y 15 p.m., por el señor Carrillo Cavero, presiden-te de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, sobre la Ley de apoyo a las seguridad ciudadana con cámara de video vigilancia públicas y privadas

Artículo 1.— Objeto de la Ley

La presente Ley tiene como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políti-cas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana incluye las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia, ubicadas en la parte externa de inmuebles, de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta.

Artículo 2.— Entrega de imágenes y audios de las cámaras de video vigilancia

En el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara de videovi-gilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda, o cuando fuere requerido por dichas instituciones.



Artículo 3.— Confidencialidad de la identidad

La Policía Nacional del Perú o el Ministerio Pú-blico, según corresponda, al momento de recibir las grabaciones contenidas en el artículo anterior, garantiza la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entrega de estas imágenes y audios.

Artículo 4.— Base de datos del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, debe contar una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de video vigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles.

Disposición Complementaria Transitoria

Única.— Reglamentación

El Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento en un plazo no mayor de 60 días calendario, a partir de la vigencia de la presente Ley, donde se deberá precisar el procedimiento de entrega de las gra-baciones, así como las características de la base de datos.”


Puede continuar, congresista Carrillo Cavero.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente, habiendo concluido el señor Relator con la lectura del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 2958/2012-CR y 2771/2013-CR (acumulado), propuesto por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, le solicito que lo someta de inmediato a votación.

Muchas gracias.


Antes de proceder a votar, solicito a los señores congresistas que se servirán registrar su asisten-cia por medio del sistema digital.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— En tanto los señores congresistas registran sus asistencia, la Presiden-cia le concede el uso de la palabra al congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente, mi intervención es solo con el fin de hacer una sugerencia al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alterna-tivo y Lucha contra las Drogas, con

respecto al artículo 1.° del nuevo texto sustitutorio que acaba de ser leído, en el que hay que hacer una pequeña corrección de redacción, porque es muy reiterativo en sus términos.

En el referido artículo, si el presidente de la Comi-sión dictaminadora tuviera a bien escucharme, se señala lo siguiente: “La presente Ley tiene como objeto “incluir” como instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana incluye las imágenes y los audios…” En esa parte, en lugar del término incluye se debería poner la expresión comprende, para que el referido dispositivo tenga una mejor redacción, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted la gracias, congresista Bedoya de Vivanco.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Carrillo Cavero.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente: Agradezco al colega Bedoya de Vivanco la corrección que acaba de formular al artículo 1.° del nuevo texto propuesto; pero debo decirle que esa corrección ya la hemos incorporado. Aun así, le agradezco mucho su sugerencia.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a leer el artículo 1.° de la ponencia, con la corrección incorporada por el presidente de la Comisión de Defensa Na-cional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.



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“Artículo 1.°.— Objeto de la ley

La presente Ley tiene como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políti-cas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia, ubicadas en la parte externa de inmuebles de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y priva-das, en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta.”


Se da por cerrado el registro de asistencia.

Se encuentra presentes en la Sala de sesiones 85 señores congresistas.

Al voto el nuevo texto sustitutorio de los Proyec-tos de Ley Núms. 2958/2012-CR y 2771/2013-CR (acumulado), propuesto por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, sobre la Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 81 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el nuevo texto sustitutorio, propuesto por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Al-ternativo y Lucha contra las Drogas, sobre de Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido aprobada, en primera votación, la referida propuesta le-gislativa.

La Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Reynaga Soto, Zamudio Bri-ceño, Espinoza Cruz, Cordero Jon Tay, Neyra Huamaní, Fujimori Higuchi, Salazar Miranda y Ramírez Gamarra.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE APOYO A LA SEGURIDAD CIUDA-DANA CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILAN-

CIA PÚBLICAS Y PRIVADAS

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene como objeto incluir como instrumento de vigilancia ciudadana en las políti-cas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de videovigilancia, ubicadas en la parte externa de inmuebles, de propiedad de las personas naturales y jurídicas, públicas y priva-das, en los casos de presunción de comisión de un delito o de una falta.

Artículo 2. Entrega de imágenes y audios de las cámaras de videovigilancia

En el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de la cámara de videovi-gilancia debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda; o cuando fuere requerido por dichas instituciones.

Artículo 3. Confidencialidad de la identi-dad

La Policía Nacional del Perú o el Ministerio Pú-blico, según corresponda, al momento de recibir las grabaciones contenidas en el artículo anterior, garantiza la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen entrega de estas imágenes y audios.

Artículo 4. Base de datos del Centro Nacio-nal de Videovigilancia y Radiocomunica-ción para la Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Videovigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, debe contar con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de videovigilancia ubicadas en la parte externa de sus inmuebles.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FI-NAL

ÚNICA. Reglamentación



El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento en un plazo no mayor de sesenta días calendario, a partir de la vigencia de la presente Ley, donde se deberá precisar el procedimiento de entrega de las grabaciones, así como las características de la base de datos.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto susti-tutorio de los proyectos 2058 y 2771

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedo-ya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Galarreta Ve-larde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamu-dio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Isla Rojas, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Pari Choqueco-ta, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodrí-guez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Sal-gado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Qui-roz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Carrillo Cavero, en su condición de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente: En ra-zón de la urgencia que tenemos con respecto a la seguridad ciudadana en nuestro país, solicito exonera-ción de la segunda votación de la

propuesta legislativa que acaba de ser aprobada por el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— En atención a la soli-citud del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con la misma asistencia, se va a consultar al Pleno la dispensa de segunda votación de la referida propuesta legislativa.

Al voto.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 79 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación al nuevo texto sustitutorio, propuesto por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Al-ternativo y Lucha contra las Drogas, sobre la Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido acordada la exoneración de segunda votación de la referida propuesta legislativa.

La Presidencia deja constancia del voto a favor de los señores congresistas Reynaga Soto, Espinoza Cruz, Zamudio Briceño, Neyra Huamani, Acuña Peralta, Salazar Miranda, Fujimori Higuchi, Cordero Jon Tay y Ramírez Gamarra.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos 2058 y 2771

Señores congresistas que votaron a favor: Abugattás Majluf, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochag-ne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Bein-golea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Capuñay Quispe, Cárdenas Cerrón, Ca-rrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Con-dori Cusi, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor,



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Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Isla Rojas, Lay Sun, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Omonte Durand, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tait Villacor-ta, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que votó en contra: Tapia Bernal.”

Se aprueba, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio, presentado por el presi-dente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público; y a continuación se acuerda exonerarlo de

segunda votación

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señores congresista, a continuación vamos a proceder votar el nuevo texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.º 1978/2012-PE y 1361/2011-CR, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en virtud del cual se propone modificar el artículo 425.° del Código Penal, referido al con-cepto de funcionario o servidor público, que quedó pendiente de consulta hace unos momentos.

Con ese fin, solicito a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— La palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Eguren Neuenschwander, en su con-dición de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente: Con respecto a una preocupación expresada por el congresista Mulder Bedoya en relación con las empresas mixtas,

quería precisar, para tranquilidad de todos los presentes, que, de acuerdo con el Decreto Legis-lativo N.° 1031, que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, en el último párrafo de su artículo 4.° señala lo siguiente: “El accionariado estatal minoritario en empresas privadas no constituye Actividad Empresarial del Estado y se sujeta a las disposiciones de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables a tales empresas”.

Es por ello que en ese dispositivo se ha incorporado esa precisión, según la cual, cuando el Estado es socio minoritario de una empresa privada, no es aplicable la norma que estamos por votar.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Eguren Neuenschwander.

Se va a dar lectura al texto final, remitido a la Mesa por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Señor Relator, sírvase dar lectura al texto corres-pondiente.


“Texto sustitutorio, presentado el 7 de noviembre de 2013, a las 15 y 35 horas, por el señor Juan Carlos Eguren Neuenschwander, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o ser-vidor público.

Artículo Único. Modificación del artículo 425.° del Código Penal.

Modifícase el artículo 425.° del Código Penal, el cual queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 425. Funcionario o servidor público.



2. Los que desempeñan cargos políticos o de con-fianza, incluso si emanan de elección popular.

3. Todo aquel que independientemente del régi-men laboral en que se encuentre, mantiene vín-



culo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.

4. Los administradores o depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad compe-tente, aunque pertenezcan a particulares.


6. Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar acti-vidades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.

7. Los demás indicados por la Constitución Po-lítica y la ley.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Vamos a esperar unos instantes a fin de que se solucione un problema de orden técnico en el sistema digital de registro de asistencia y votación.

En vista de que ya se ha solucionado el impasse, solicito a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se encuentra presentes en la Sala de sesiones 82 señores congresistas.

Al voto el nuevo texto sustitutorio de los Proyec-tos de Ley N.° 1978/2012-PE y 1361/2011-CR, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en virtud del cual se propone modificar el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o ser-vidor público, que quedó pendiente de consulta hace unos momentos.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 76 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el nuevo texto sustitutorio, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Huma-nos, sobre la Ley que modifica el artículo

425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido aprobado, en primera votación, el referido texto sustitutorio.

La Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Canches Guzmán, Beingolea Delgado, Teves Quispe, Acuña Peralta, Crisólo-go Espejo, Galarreta Velarde, Angulo Álvarez y Abugattas Majluf.



Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 425 DEL CÓDIGO PENAL, REFERIDO AL CON-CEPTO DE FUNCIONARIO O SERVIDOR

PÚBLICO

Artículo único. Modificación del artículo 425 del Código Penal

Modifícase el artículo 425 del Código Penal, el cual queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 425. Funcionario o servidor pú-blico



2. Los que desempeñan cargos políticos o de con-fianza, incluso si emanan de elección popular.

3. Todo aquel que, independientemente del régi-men laboral en que se encuentre, mantiene víncu-lo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad compe-tente, aunque pertenezcan a particulares.


6. Los designados, elegidos o proclamados, por au-toridad competente, para desempeñar actividades



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o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.

7. Los demás indicados por la Constitución Po-lítica y la ley.”


“Primera votación del nuevo texto sustitu-torio de los Proyectos 1978 y 1361

Señores congresistas que votaron a favor: Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Che-hade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Dam-mert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Nei-ra, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vás-quez, Isla Rojas, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Por-tugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valen-cia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Belaunde Moreyra y Benítez Rivas.

Señores congresistas que se abstuvieron: Rondón Fudinaga y Zeballos Salinas.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Eguren Neuenschwander, en su con-dición de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente: Agradezco a la Representación Nacional por su respaldo, en primera votación, a la propuesta legislativa materia de

debate, respecto de la cual solicito que consulte usted la exoneración de segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— En atención a la soli-citud del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la misma asistencia, se consulta al Pleno la exoneración de la segunda votación de la referida propuesta legislativa.


—Efectuada la consulta, se acuerda, por 49 votos a favor, 25 votos en contra y tres absten-ciones, exonerar de segunda votación al texto sustitutorio, presentado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Huma-nos, sobre la Ley que modifica el artículo 425.° del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido acordada la exoneración de segunda votación de la referida propuesta legislativa.

La Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Crisólogo Espejo, Teves Quispe, Gutiérrez Cóndor, Lewis Del Alcázar, Mulder Be-doya, Galarreta Velarde, Acuña Peralta, Canches Guzmán y Abugattas Majluf.

“Votación de la exoneración de segunda votación del nuevo texto sustitutorio de los Proyectos 1978 y 1361

Señores congresistas que votaron a favor: Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Cas-tagnino Lema, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Eguren Neuenschwander, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Gueva-ra Amasifuen, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Isla Rojas, Lay Sun, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodrí-guez Zavaleta, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Simon Munaro, Tait Villacorta, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Wong Pujada, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Belaunde



Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Cordero Jon Tay, Cuculiza Torre, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, López Córdova, Medina Ortiz, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Ramírez Gamarra, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber y Valqui Matos.

Señores congresistas que se abstuvieron: Ccama Layme, Rondón Fudinaga y Zeballos Salinas.”

Se aprueba la cuestión previa planteada por la congresista Salgado Rubianes, en el sentido de que el proyecto de ley materia de debate, que propone modificar el artículo 10.° de la Ley N.° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Arma-das, pase a la Comisión de Defensa Nacio-nal, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el término

de siete días

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Pasamos ahora al tra-tamiento el Proyecto de Ley N.° 2842/2013-PE, remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, sobre la Ley que modifica el artículo 10.° de la Ley N.° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.

Señor Relator, sírvase dar lectura a la sumilla del referido proyecto de ley.

EL RELATOR da lectura:

Proyecto de Ley N.º 2842/2013-PE, que propone modificar el artículo 10.º de la Ley N.º 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, respecto del Jefe del Comando Conjunto y del comandante general de las Fuerzas Armadas.*

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar inicio a la sustentación del Proyecto de Ley N.º 2842/2012-PE, remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, que propone modificar el artículo 10.º de la Ley N.º 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, respecto del Jefe del Comando Conjunto y del Comandante General de las Fuerzas Armadas.

Debo informar que, con fecha 7 de noviembre de 2013, la Junta de Portavoces acordó la exonera-

ción del trámite de envío a Comisión del referido proyecto de ley y la ampliación de Agenda para su tratamiento.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Carri-llo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, hasta por el término de diez minutos.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente: El Poder Ejecutivo ha presentado, con fecha el 30 de octubre de 2013, el Proyecto de Ley N.° 2842/2013-PE, que propone modificar el artículo 10.° de la Ley N.° 28359, sobre la Ley

de Situación Militar de los Oficiales de las Fuer-zas Armadas. Este proyecto de ley fue remitido con carácter de urgente por el Poder Ejecutivo; y, con fecha 7 de noviembre de 2013, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del trámite de envío a comisiones y la ampliación de la Agenda para su tratamiento.

Esta propuesta legislativa propone que el plazo de dos años para que ejerzan sus funciones los co-mandantes generales del Ejército, de la Marina de la Fuerza Aérea y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sea potestativo; y que el plazo adicional de un año, contemplado única-mente para el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sea amplíe a los comandantes generales de los Institutos Armados.

En la exposición de motivos del referido proyecto de ley se señala los siguiente: “La Constitución Política en su artículo 44.° dispone que son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, los artículos 165.° y 168 de la Carta Magna establecen que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la sobe-ranía y la integridad territorial de la República, y se rigen por las leyes y los reglamentos respec-tivos que determinan su organización, funciones, especialidades, preparación, empleo, y norman la disciplina.




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La Ley N.° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por Decreto Legislativo N.° 1143, en el tercer párrafo de su artículo 10.° indica que los oficiales generales y/o almirantes que sean nombrados como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o Comandante General de la institución corres-pondiente, ejercen la función por un periodo de dos años. Excepcionalmente, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas podrá prorrogar, por un año adicional, el nombramiento del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En caso de cumplir los 40 años de servicios como Oficial durante el ejercicio de cualquiera de los cargos señalados en el párrafo precedente, pasa a situación de retiro.

El Decreto Legislativo N.° 1136, Decreto Legislati-vo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su artículo 6.° indica que el cargo de Jefe del referido Comando se ejerce por un período no ma-yor dos años, siendo atribución del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por un año.

La excepción antes señalada, concuerda con las disposiciones contenidas en la Ley N.° 28359, re-feridas al tiempo mínimo de servicios en el grado de los Oficiales que detentan el grado de General de División, Vicealmirante o Teniente General; quiénes en atención a la reciente modificación efectuada en el artículo 7.° de la citada norma (por Decreto Legislativo N.° 1143) pueden prestar servicios al Estado hasta por 40 años.

Dicha modificación se sustentó en la necesidad de contar con Oficiales que, por su alta espe-cialización y gran experiencia, coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales, lo que garantiza la continuidad de la gestión operativa y administrativa de las Insti-tuciones Armadas a las que pertenecen.

No obstante lo anterior, se advierte que la pró-rroga en la permanencia en el cargo únicamente reditúa en beneficio de la gestión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin alcanzar a las Instituciones Armadas. Por tal motivo, la presente iniciativa pretende que el Oficial que ejerza el cargo de Comandante General continúe con la ejecución de la política, planes estratégicos y gestión de su respectiva Institución, asegurando con ello el cumplimiento de su misión y propen-diendo al logro de su visión.

La modificación de la norma, si bien amplia el período en el cargo de los comandantes generales, establece un límite máximo en el ejercicio del mismo, generando equidad en el tiempo de per-

manencia en el cargo entre el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandan-tes Generales de las Instituciones Armadas.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en los diferentes países de la región, con excepción del Ecuador, el tiempo de permanencia en el cargo de los comandantes y/o equivalentes es mayor, como el caso de Chile, país en el que el nombramiento se produce por un período de cuatro años. Mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, entre otros, es indefinido, que-dando el tiempo de nombramiento a consideración del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Como se puede apreciar, las normas emitidas por estos países permiten que la gestión al mando de las Instituciones Armadas tenga una mayor con-tinuidad, lo que contribuye a alcanzar de manera efectiva y en menor tiempo los objetivos y metas institucionales.

En ese contexto, se evidencia la necesidad de mantener en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las Instituciones Armadas la conti-nuidad en sus planes de gestión y en la ejecución de la Política de Seguridad y Defensa Nacional; por lo que se considera conveniente, incorporar en los alcances de la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 10.° de la Ley N.° 28359, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1143, a los Comandantes Generales, con la fina-lidad de que permanezcan en dicho cargo hasta por un año adicional, a decisión del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Con relación al texto de la propuesta legislativa remitido por el Poder Ejecutivo, se han realizado algunos ajustes de forma por técnica legislativa, además de haber eliminado el artículo 2.°, refe-rido a la vigencia de la norma, porque referida reglamentación se encuentra contemplada en el artículo 109.° de la Constitución Política del Perú.

En breve, señor Presidente, alcanzaré a la Mesa un texto sustitutorio en ese sentido.

Por lo expuesto, solicito a la Representación Nacio-nal que nos apoye con su voto para poder aprobar esta interesante propuesta legislativa, que busca que la gestión al mando de nuestros Institutos Ar-mados tenga una mayor continuidad, permitiendo que sus Comandantes Generales puedan ejercer el cargo hasta por un año adicional.

Esto es todo, señor Presidente.

Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Carrillo Cavero.

En debate el proyecto de ley que acaba de ser sustentado.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Tubino Arias Schreiber.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señor Presidente: Permítame explicar este importante proyecto de ley esgrimiendo razones de orden téc-nico, en mi condición de ex oficial de las Fuerzas Armadas, que ha

servido a esa prestigiosa institución durante cuarenta años.

Desde hace unos años nuestras Fuerzas Armadas vienen viviendo una problemática con relación a la materia contenida en la propuesta remitida con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, porque solo dos años para comandar una Institu-ción Armada, como lo es nuestro Ejército, nuestra Marina de Guerra y nuestra Fuerza Aérea del Perú, realmente es muy poco tiempo.

Digo esto porque en el primer año el oficial nombrado ingresa al Comando, donde toma co-nocimiento de la función que desempeña; y en el segundo año, comienza a dar los mayores aportes a su Institución, dada la experiencia adquirida. Sin embargo, al cabo de ese segundo año, cuando su producción ha mejorado, tiene que dejar el cargo. Señor Presidente, eso no sucede en otros países de la región; y, por lo general, casi en ningún país del mundo.

Entonces, hoy se nos presenta una oportunidad. ¿Y por qué se presenta una oportunidad técnica-mente hablando? Porque en diciembre de 2012 se aumentó a 40 años el tiempo de servicio de los oficiales de las Fuerzas Armadas. La posibilidad de que los comandantes generales puedan seguir ejerciendo su cargo, por decisión presidencial, por un año adicional al período por el cual ha sido nombrado, en este caso de dos años, al final nos permite solucionar esa problemática, sin afectar a ningún oficial en actividad. ¿Por qué? Porque desde el año pasado se ha extendido por dos años más el tiempo de servicio de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Si se prorroga por un año más el ejercicio en el cargo de estos oficiales, que ahora pueden aspirar a las comandancias generales, pues en nada los

afecta. ¿Por qué? Porque desde el año pasado se ha extendido de 38 años a 40 años el tiempo servicio de estos oficiales.

Entonces, la verdad es que en este momento, desde el punto de vista técnico —no voy a hablar desde el punto de vista político—, con esta propuesta sí se le hace un bien a las Fuerzas Armadas y, definitivamente, se soluciona un problema técnico que viene ocurriendo al interior de ellas; porque no es coherente que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sí tenga la posibilidad de quedarse en el cargo un año adicional, mas no así los comandantes generales.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Tubino Arias Schreiber.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPFP).— Señor Presidente: Yo entiendo las razones que esgrime el colega Tubino Arias Schreiber so-bre la propuesta legislativa materia en debate; pero, en este caso, lamen-tablemente, no estoy de acuerdo con

él. En primer lugar, porque esta es una iniciativa que nos ha llegado de sorpresa para su discusión, lo cual constantemente ocurre, y creí que durante su ejercicio como presidente del Congreso eso se iba a evitar.

Los proyectos de ley que tienen una connotación tan importante como, en este caso, es la defensa nacional, necesariamente requieren pasar por un examen exhaustivo de los miembros de la comisión especializada. Sin embargo, se saltan la valla a como dé lugar y todavía —y esto es muy lamentable— hacen exponer la iniciativa al presidente de la Comisión cuando los integrantes de esta no hemos tenido mayor conocimiento de su contenido.

Yo, realmente, estoy muy preocupada, señor Presidente; porque en el mes de diciembre de 2012 el Poder Ejecutivo ha tenido la oportunidad —cuando le otorgamos la facultad de legislar— de corregir el artículo 10.° de la Ley N.° 28359, así como la Ley N.° 29219, al momento de emitir el De-creto Legislativo N.° 1143, con el que se extendió el plazo de nombramiento. Si era tan importante extender el plazo para todos los comandantes ge-nerales de las Fuerzas Armadas, ¿por qué en ese



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momento no se hizo de una vez? Además, porque ahora se condiciona ese nombramiento. De lo rápido que he leído, en las anteriores leyes se dice “ejercen el cargo”; sin embargo, en la propuesta ahora se dice “podrán ejercer el cargo”.

Quiere decir que los comandantes generales van a estar con una espada de Damocles sobre sus cabe-zas, porque ahora tendrán que estar supeditados a la coyuntura política para que no los saquen del cargo, con lo cual se estaría comprometiendo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Es decir, si son dos años, esos dos años se tienen que respetar; si son tres años, esos tres años también se tiene que respetar. Pero, en este caso, se dice “podrán ejercer la función”.

¿Qué significa esto, señor Presidente? O la pro-puesta está mal redactada o no se ha tenido esa intención. Si esto es así, entonces, necesariamente tenemos que analizar la referida propuesta en el seno de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

A mí me extraña que hoy en día salgan tantos ascensos —y en buena hora todo lo que realmente corresponda— de oficiales de las Fuerzas Arma-das. Pero algo que ya está informando la prensa y que llama la atención, es nada menos que el ascenso de 22 generales de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle. ¿Cuándo se ha visto que se ascienda a 22 generales de una sola promoción? Con las justas se promueven a tres o cuatro; y de algunas promociones no se promueve a ninguno. ¿Fueron muy brutos? ¿No tuvieron la capacidad suficiente? No, señor Presidente. En ese caso, hay una preferencia política. Lamentablemente, no todos los días se tiene un presidente que ha ocupa-do el cargo de capitán o de coronel en el Ejército, en donde tiene compañeros y profesores.

Entonces, hay una serie de situaciones que dan pie a mucha especulación en lo respecta a la seguridad nacional; por eso considero que esta propuesta legislativa, que versa sobre un asun-to de seguridad nacional, tiene que pasar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. No pueden saltarse esa valla; si lo hacen, van a ser duramente criticados. Aquí hago la advertencia a los miembros de Perú Posible, que siempre votan con el oficialismo y que también tienen sobre sus cabezas una espada de Damocles.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPFP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Y no vengan ahora a decirnos: “Pero ustedes lo hicieron”, no; nosotros aprendemos de los errores. Es cierto

que fue un error mantener a un general tanto tiempo como comandante general de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que no queremos que se repita porque le hace mucho daño al país.

En ese sentido, estamos nosotros defendiendo la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas quieran tener una espada de Damocles sobre sus cabezas y estar supeditadas al vaivén político; más bien, estas deben tener la certeza de que sus miembros se van a quedar en el cargo uno, dos o tres años. Por lo tanto, si se quedan, que ello quede bien establecido y plasmado en la ley.

Por lo expuesto, yo planteo, como cuestión pre-via, que la ponencia en debate pase a estudio de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Salgado Rubianes.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Zamudio Briceño.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Señor Presidente: En ninguna parte del proyecto de ley materia de debate se habla de espada de Damocles; pero, al parecer, la es-pada de Damocles nos persigue.

La propuesta objeto de análisis, si bien amplia el período en el cargo de los comandantes generales, establece un límite máximo en el ejercicio del mismo, generando equidad en el tiempo de permanencia en el cargo entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de las instituciones armadas.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que en los diferentes países de la región, con excepción del Ecuador, el tiempo de permanencia en el cargo de los comandantes y/o equivalentes es mayor. Por ejemplo, en Chile el nombramiento es por un período de cuatro años; mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia,



Estados Unidos de América y Venezuela, entre otros, el nombramiento es indefinido, quedando el tiempo de nombramiento a consideración del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Las normas emitidas por estos países, presidente y señores congresistas, permiten que la gestión al mando de las instituciones armadas tenga una mayor continuidad, lo que contribuye a alcan-zar de manera efectiva y en menor tiempo los objetivos y metas institucionales, como bien ha señalado hace un momento en su intervención el congresista Tubino Arias Schreiber.

En este contexto, se evidencia la necesidad de mantener en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las Instituciones Armadas la conti-nuidad en sus planes de gestión y en la ejecución de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. Por lo que se considera conveniente incorporar en los alcances de la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 10.° de la Ley N.° 28359, a los comandantes generales, con la fina-lidad de que permanezcan en dicho cargo hasta por un año adicional, a decisión del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Con relación al texto legal de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, debo decir que, por técnica legislativa, se han realizado en él ajustes de forma; y, además, se ha procedido a eliminar el artículo 2.°, referido a la vigencia de la norma, en razón de que ello ya está contemplado en el artículo 109.° de la Constitución Política del Perú.

Señor Presidente, la bancada de Gana Perú va a vo-tar a favor de esta iniciativa legislativa, que busca que la gestión al mando en nuestras instituciones armadas tenga una mayor continuidad, así como que sus comandantes generales puedan permane-cer en el cargo hasta por un año adicional.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Zamudio Briceño.


El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— Señor Presidente: Lo primero que debo decir es que me sumo a la posición de la congresista Salgado Rubianes, quien ha planteado, como cuestión

previa, que el proyecto de ley materia de debate pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por tratarse de un asunto sumamente importante, que seguramente compromete la defensa nacional.

Asimismo, debo decir —y ello los discutiremos en su momento— que no todos los proyectos de ley que nos remite el Poder Ejecutivo se deberían tra-tar de manera urgente. Aquí, sobre el particular, hay una mala lectura de la Constitución.

La Constitución habla de proyectos urgentes, habla de prioridades, pero no dice que todos los proyectos deban ser urgentes; y, como es obvio, este no es urgente. Tan no es urgente que el Poder Ejecutivo, como ya se ha dicho acá, ha podido legislar sobre esta materia durante meses, pero no hizo absolutamente nada. Así que urgente no es, señor Presidente.

Pero entrando en materia, debo decir que yo discrepo de las expresiones de un reconocido ex integrante de las Fuerzas Armadas y hoy miembro de este Parlamento. Esa es su opinión personal, la cual, sin dudas, respeto; pero no es la opinión de toda la oficialidad.

Señor Presidente, yo acabo de hablar —mientras se discutía acá esta propuesta legislativa— con tres oficiales, amigos míos, que piensan radical-mente distinto, pues no creen que haya que darle más tiempo de mando al comandante general de las Fuerzas Armadas; porque con ello no se le va a dar continuidad en el ejercicio del cargo, sino que están poniendo un tapón a las futuras promociones, porque se va a impedir que haya otras promociones. Eso es lo que va a ocurrir, señor Presidente.

Como es lógico, el actual comandante general de la Marina, probablemente, querrá seguir un año más en el ejercicio de sus funciones; pero pregúntenles a los demás oficiales para saber qué es lo que piensan. Por lo tanto, no podemos venir aquí a defender intereses particulares, señor Presidente.

Pero yendo al fondo del asunto, y con ese fin le pido que me conceda un par de minuto más, la cuestión es la siguiente. Cuando el Poder Ejecu-tivo pudo legislar sobre la materia que en este momento venimos tratando, con mucho criterio señaló que podía dar un año más de mandato al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-madas, más no a los mandos de las Instituciones Armadas.



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Esto, señor Presidente, tiene su razón de ser: es porque las Fuerzas Armadas del Perú dependen de leyes en las que se especifican claramente cuáles son sus funciones.

Señor Presidente, la Ley del Ejército del Perú, contenida en el Decreto Legislativo N.° 1137, dice en su artículo 4.° que una de las funciones del Ejército del Perú —como también lo es de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú— es, conforme se establece en el numeral 7): “Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del componente de las Fuerzas Armadas”. Eso no requiere de mucho tiempo, señor Presidente.

Sin embargo, el Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas tiene otras funciones, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1136. ¿Y cuáles son esas funciones? Entre ellas: “Planifi-car, organizar, dirigir y conducir las operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas, en función de la Política de Seguridad y Defensa Nacional”.

Qué quiere decir esto, señor Presidente. Que si nos encontramos en una situación en la que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está dirigiendo una serie de acciones, es natural que el Presidente de la República diga: “No podemos interrumpir la labor de ese comando. De manera que debe continuar un año más en el cargo hasta que termine las operaciones que viene dirigiendo”; pero esa función no le compete al comandante general del Ejército…



Esa función, decía, no le compete al comandante general del Ejército, ni al comandante general de la Marina de Guerra ni al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú; lo que les compete a ellos es formar a nuestras fuerzas armadas. Por lo tanto, no hay ninguna situación de ur-gencia que amerite que se queden un año más en el cargo.

Es decir, técnicamente hablando, no hay ninguna razón, si nos atenemos a las leyes de nuestros Institutos Armados, para prorrogarles un año más sus mandatos.

Además, debo subrayar las expresiones de la cole-ga Salgado Rubianes, que ha reconocido el error que se cometió durante el gobierno fujimorista, con respecto a uno de los personajes más nefastos de la historia del Perú, como fue el general Nico-lás Hermoza Ríos. En verdad, no se debe repetir una historia como esa. Si tanto la criticaron los colegas de la bancada del frente, realmente ahora no sé qué es lo que quieren. ¿De repente, tener su propio general Hermoza?

Y con respecto a lo dicho por el congresista Zamu-dio Briceño, debo de decir al colega que tendría que entender un poco más la crítica que se ha hecho, porque se trata de una crítica constructiva. Acá no estamos peleando por pelear, la crítica es constructiva.

Lo que dice en el proyecto de ley que ustedes quieren aprobar, luego de establecer que el nom-bramiento en el cargo de oficiales generales y almirantes es por un período de dos años, es lo siguiente: “Excepcionalmente, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas —léase, Presidente de la República— podrá prorrogar hasta por un año adi-cional dicho nombramiento”. “Podrá prorrogar”, esa es la espada de Damocles, estimado colega.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le con-cede otro minuto adicional, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGA-DO (PPC-APP).— Muchas gracias, señor Presidente.

No es que antes de que pasen a retiro les estemos dando un año más de mandato; no es así, señor

Presidente. Aquí lo que les estamos diciendo es: “De acuerdo con tu nombramiento, tienes dos años para ejercer el cargo; y si te portas bien, el Presidente de la República te otorgará un tercer año”. Eso es lo que se quiere aprobar el día de hoy; esa es la espada de Damocles.

Señor Presidente, no podemos tener a un co-mandante general del Ejército, de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea del Perú esperando que el Presidente le haga el favor de regalarle un añito más en el ejercicio del cargo. ¿Dónde estamos? ¿Eso no debe ocurrir? Porque si fuese verdad que requiere de un año más, como se ha dicho acá, pues démoselos sin regateos. Digamos: “Okay, a partir de hoy serán tres años en el car-go”, y punto. No estoy de acuerdo con eso, pero considero que es mejor.



Consideremos en la propuesta en debate, de fren-te, tres años en el cargo, no que el Presidente de la República le podrá otorgar un añito más. Ahí precisamente está la amenaza sobre nuestras Fuerzas Armadas, señor Presidente. Esa es la espada de Damocles; por eso es que nosotros nos oponemos a su aprobación.

Nosotros no estamos de acuerdo con esta pro-puesta legislativa; por el contrario, creemos que requiere de un mayor estudio. No quisiéramos el día de hoy votar en contra; más bien, quisiéramos que la ponencia pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para que podamos ahí tener un amplio debate sobre la materia y descu-brir, por ejemplo, quién es el oficial voceado para ser el próximo comandante general del Ejército. Queremos saber quién ese es oficial y jefe de quién fue. En Madre Mía, dicen por ahí. ¿Será por eso, entonces, que el Presidente necesita la facultad de dar un añito más de mando a alguien?

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Permítame treinta segundos para concluir, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe usted, señor congresista.


No nos prestemos a que mañana nos lluevan las críticas sobre un mal manejo en esta materia. Si ustedes durante años han sido oposición —lo cual realmente respeto— con respecto a las cosas que se hacían mal, no sigan esas malas prácticas, sobre todo cuando hace un momento acabamos de escuchar tan valiente confesión de parte. Es decir, lo que se hizo mal, pues se hizo mal; no hay que repetir la historia. No es que como mis opositores políticos lo hicieron mal, ahora que yo tengo el mando también lo debo hacer mal. No, pues; eso no funciona, señor Presidente. Está claro que el mandato de dos años es el ideal, es el histórico; y además los miembros de nuestras Fuerzas Armadas están de acuerdo con él.

Reitero, los actuales comandantes generales de las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con él, pero los demás oficiales, por supuesto que sí lo

están. En consecuencia, no hay ninguna razón para modificar la ley; y si fuese indispensable esa modificación, pues que me den una razón técnica —la cual hasta ahora no he escuchado— que realmente justifique que tienen que ser tres años. De ser así, fijemos hoy tres años en el texto materia de debate y no digamos que el Presidente de la República podrá, si el comandante general se porta bien, regalarle un añito más de mandato en el cargo.

De esa forma no fortalecemos a nuestras Fuerzas Armadas, señor Presidente.

Muchas gracias.


Puede hacer uso de la palabra el congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente: En con-cordancia con los artículos 163.° al 175.°de la Constitución del Estado, que regulan el sistema de Defensa Nacional, quien ejerce la condición de Jefe Supremo de las Fuerzas

Armadas y de la Policía Nacional del Perú es el Presidente Constitucional de la República, con mandato vigente.

Por lo tanto, esta prerrogativa recae en el Jefe de Estado, que personifica a la Nación. Estos son conceptos elementales consagrados en el marco constitucional; es obvio, entonces, que las Fuerzas Armadas, al no ser deliberantes, están subordinadas al poder constitucional.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo nos ha remi-tido una importante iniciativa legislativa, que complementa los 27 decretos legislativos que se expidieron en el mes de diciembre del año pasado en virtud de la delegación de facultades que le otor-gó el Congreso de la República, entre ellos La Ley del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Ley del Ejército del Perú, la Ley de la Marina de Guerra del Perú, La Ley de la Fuerza Aérea del Perú, solo para referirme al ámbito de las Fuerzas Armadas, y también la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.

En este caso, estamos tratando una iniciativa que pretende regular un solo artículo del Decre-to Legislativo N.° 1143, que modificó la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas



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Armadas. Obviamente, en el marco de la referida delegación de facultades, el Poder Ejecutivo no se dio el tiempo necesario para modificar otra serie de normas; pero las más importantes, los 27 decretos legislativos aprobados, constituyen una profunda reforma de los sectores Defensa e Interior.

Ahora, voy a pasar a absolver algunas preocu-paciones expresadas en el curso del debate por varios de los colegas presentes. Cuando en el texto propuesto se habla de la prorroga en el ejercicio de la función hasta por un año adicional, esa es una opción, es una alternativa de carácter excepcional, además, dentro del techo de los cuarenta años de servicios ininterrumpidos en la Institución. Por lo demás, la ponencia es bastante clara, pues dice: “En caso de cumplir los 40 años de servicio como Oficial durante el ejercicio de cualquiera de los cargos señalados en el párrafo precedente —llá-mese Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o Comandante General de los Institutos Armados— pasa a la situación de retiro”. Como se puede advertir, la excepción no rige existe al cumplir los 40 años.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Ur-quizo Maggia?

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Me solicita una interrupción la colega Salgado Ru-bianes, Señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrumpir, congresista Salgado Ru-bianes.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPFP).— Señor Presidente, por su intermedio, debo decir al colega Urquizo Maggia que las expli-caciones que en este momento está dando quisiéramos escucharlas en el seno de la Comisión de Defensa

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas; porque, por haber sido ministro de este gobierno, tiene mayor informa-ción y una experiencia que nosotros no tenemos. ¿Por qué esa experiencia no la vuelca en el seno de la comisión para poder tener la certeza de que la ley que hoy se pretende aprobar es la mejor y la más correcta? De repente, solo corregimos o agregamos algo, y nada más.

Esa explicación que usted, con su experiencia, hoy no está dando, colega Urquizo Maggia, debe-

ríamos tenerla en el seno la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Esa discusión alturada, con diferentes argumentos, se tiene que hacer en la comisión especializada, en la cual en la mañana de hoy hemos tenido al señor ministro de Defensa, a quien hubiésemos querido escuchar decir algo sobre ese proyecto de ley; pero nada nos ha dicho sobre el particular.

Por eso dije hace un momento que este proyecto de ley nos había llegado de sorpresa, razón por la cual plantee, como cuestión previa, que pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, a lo cual esperamos que acceda la mayoría, para discutirlo ahí en forma amplia.



Puede continuar, congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, en realidad es legítima la propuesta de la congresista Salgado Rubianes; pero debemos tener en cuenta que ya se hizo la consulta pertinente y que por 71 votos se acordó la

exoneración de la ponencia del envío a comisión y su incorporación en la Agenda del Pleno. Ese, sin duda alguna, es un procedimiento parlamen-tario válido, más aún tratándose de un proyecto de ley remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, que tiene prioridad sobre otras propuestas legislativas.

El procedimiento parlamentario contempla ese mecanismo, no solamente en el caso de proyectos de ley del Poder Ejecutivo, sino también de los señores congresistas, exonerándolos, en muchos casos, de dictamen de comisión, para que, bajo el criterio de la Junta de Portavoces, puedan ingre-sar a debate del Pleno del Congreso. Esa etapa ya pasó; de manera que, como ya no se puede retroceder, pasemos a tratar la cuestión de fondo, que para eso es el debate.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— ¿Me permite una interrupción, congre-sista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Me solicita una interrupción el congresista Beingolea Delgado, Señor Presidente.




El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— No tengo ninguna duda de lo que acaba de ma-nifestar el colega Urquizo Ma ggia. Ciertamente, ese acuerdo, desde el punto de vista del procedimiento parlamentario, es impecable, ya

que cuenta con las 71 firmas que para estos casos exige el Reglamento.

Colega, su bancada y sus aliados, así como sus nuevos aliados, han votado a favor de ese acuer-do, que ha contado con la mayoría de los votos, proporcionalmente hablando; pero no por tener los votos tienen ustedes la razón, porque lo que se les está pidiendo es que esta propuesta legislativa sea discutida en el seno de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Si lo que quieren hacer prevalecer son los votos por ser mayoría, creo que perdemos tiempo discu-tiendo esta propuesta legislativa, porque ya cuen-tan con los votos suficientes para su aprobación; por lo tanto, señor Presidente, sométalo usted a votación, y punto. Lo que nosotros estamos pi-diendo es un acto de razón, mas no de prepotencia por contar con la mayoría de votos.

Es verdad, la exoneración de envío a comisiones es un mecanismo parlamentario, como también lo es el pedir la exoneración de segunda votación; pero de esa forma en forma permanente le saca-mos la vuelta a la norma y no damos el tiempo necesario para pensar las cosas. Señor Presidente, hay mecanismos parlamentarios procedimentales que se pueden seguir pero que no necesariamente nos hacen ser un mejor Congreso, ni nos hacen tener la razón.

Es por eso que llamo a la reflexión a los colegas de la mayoría; porque necesitamos que esta pro-puesta legislativa se debata seriamente, y el lugar indicado para ello es nada menos la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Por eso nosotros vamos a respaldar la cuestión previa que hace un momento ha planteado la colega Salgado Rubianes.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Ur-quizo Maggia; muchas gracias, señor Presidente.


Puede continuar, congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Se-ñor Presidente, el procedimiento parlamentario que ha permitido que la iniciativa legislativa remitida por el Poder Ejecutivo ingrese el día de hoy a debate es tan legítimo como el de aquellas iniciativas que vienen con o sin dictamen para su debate al Pleno.

Esta iniciativa, como dije hace un momento, solo pretende aclarar algunos aspectos del artículo 10.° de la Ley N.° 28359, Ley de Situación Mili-tar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, considero que, así como la congresista Salgado Rubianes ha saludado mi intervención, hay que escuchar no la voz de la experiencia de algún parlamentario o de algún ciudadano que ha estado al frente de un sector tan importante como es el Ministerio de Defensa, sino de quien con su sangre y su trayectoria ha vivido y ha vestido el uniforme de las Fuerzas Armadas, me estoy refiriendo al colega Tubino Arias Schreiber, quien hace un momento ha sustentado su posi-ción y expresado su pleno respaldo a la iniciativa legislativa materia de debate.

En ese sentido, como el debate se está dando, considero que no debemos juzgar y mucho menos criticar algunos consensos que se han logrado y que han permitido que esta iniciativa llegue el día de hoy al Pleno para su debate.

Por lo tanto, rechazamos tajantemente aquellas afirmaciones que hablan de componendas y de supuestas mayorías, porque eso no existe.

Sencillamente, en la actualidad somos solo ocho los grupos parlamentarios que formamos parte de este Congreso, donde los proyectos de ley son producto de amplios consensos, con muchas dificultades, por cierto; pero que finalmente nos permiten seguir legislando en el país

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, debo rechazar aquella apreciación —lo digo fraternalmente— del congresista Bein-golea Delgado, muy subjetiva, por cierto, de que se estaría tratando de favorecer a algún oficial para que esté al frente del Comando Conjunto



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de las Fuerzas Armadas, cosa absolutamente falsa; más aún cuando se sigue ofendiendo la imagen del señor Presidente Constitucional de la República.

No voy entrar al tema de fondo, pues lo que he señalado lo he hecho en los mejores términos; de manera que pido al colega que también respete mi apreciación, porque yo tampoco comparto la suya. Estamos en este momento en la instancia que corresponde, que es la del debate, porque esta propuesta ya pasó por una serie de procedimientos que han permitido que el día de hoy la estemos discutiéndola acá en el Pleno.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le soli-cita que concluya, congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Con el mayor agrado, señor Presidente.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— ¿Me permite una interrupción, congre-sista Urquizo Maggia?

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Yo ya concedí las dos interrupciones que me faculta el Reglamento, colega.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Consulto al congresista Urquizo Maggia si puede conceder una interrup-ción al congresista Beingolea Delgado.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Si el colega Beingolea Delgado se siente aludido, con el mayor agrado, señor Presidente, con su venía, por supuesto.

De esta manera, doy por concluida mi interven-ción.



El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— Señor Presidente, el congresista Urquizo Maggia me ha aludido directamente. Yo agradezco que se haya dirigido a mi persona en los términos más res-petuosos; pero, como es una alusión, tengo que responder a ella.

En los mismos términos de respecto le respondo, colega: Si el general Cabrera Pino no es el próximo comandante general del Ejército, yo en la primera sesión del próximo año le pido disculpas aquí en el Pleno.



Puede hacer uso de la palabra el congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Señor Presidente, antes de dar inicio a mi intervención, permítame conceder al con-gresista Becerril Rodríguez la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Becerril Ro-dríguez.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPFP).— Señor Presi-dente, acá lo que debe quedar cla-ramente establecido es que quienes han firmado la exoneración de envío a comisión de este proyecto de ley, así como la ampliación de Agenda

para su debate, como era de esperar, son el grupo parlamentario Gana Perú, con su aliado principal Perú Posible, esa alianza que ya conocemos y que para nada nos sorprende.

Pero lo que si nos sorprende, de un tiempo a esta parte, es que a esa alianza se haya sumado el grupo parlamentario Acción Popular-Frente Amplio, y también su ahora satélite, el grupo parlamentario Unión Regional.

Nosotros consideramos que lo que se está tratando de hacer acá es sacarle la vuelta a las comisiones; yo creo debemos respetar el Reglamento y actuar en forma coherente, para evitar que eso ocurra.

Este proyecto de ley se tiene que enviar a comi-siones, porque…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha habido una alusión. Le pido que concluya su intervención congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Señor Presidente, en todo caso…



El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Que retire la palabra, señor Presidente.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Le pido al colega que me permita concluir, señor Presidente.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Que me deje hablar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Diga usted, congresista Urquizo Maggia.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Señor Presidente, estoy en el uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— El congresista Urquizo Maggia le va a solicitar que retire la palabra.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— ¿Qué voy a retirar, señor Presidente? En verdad, no entiendo.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede hacer uso de la palabra, congresista Urquizo Maggia.

El señor URQUIZO MAGGIA (NGP).— Señor Presidente, en principio, aquí todos nos debemos respeto. Yo creo que tenemos que guardar la cordura, ser coherentes y disciplinados al momento de rea-lizar nuestras intervenciones en los

sagrados tres minutos que se nos brindan para exponer las razones de nuestra posición. Debemos mantener esa línea, como en varias oportunida-des se lo he manifestado al congresista Becerril Rodríguez fuera del Hemiciclo.

Yo considero que el colega es muy hábil, pero que tiene que guardar la cordura cuando se refiere a los representantes de los otros grupos parlamen-tarios. Y, aunque en este momento está ofendien-do, no le voy a pedir que retire sus expresiones, porque estamos en contra el tiempo; más aún cuando hay un conjunto de iniciativas legislativas a la espera de su debate y aprobación.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Urquiza Maggia.

Puede continuar, congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Señor Presidente, lo único que el colega está demostrando con eso es que no quiere escuchar verdades; y disculpe que le diga que yo tengo mi convicción política, la cual usted ni nadie me la va a cambiar.

Acá lo que es claro es que nos estamos acostum-brando a bypasear a las comisiones, que son las instancias especializadas encargadas del estudio y dictamen de los diversos asuntos contenidos en los proyectos de ley.

Lamentablemente, hay una componenda de parte de algunas bancadas de este Congreso para tratar de favorecer al partido de gobierno en esta materia.

Nosotros consideramos que la propuesta en debate tiene que pasar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas; es ahí donde se tiene que dis-cutir. Obviamente, esta propuesta cuenta en este momento con los votos para su aprobación. Tendrá los votos suficientes, pero no tiene la razón.

Por consiguiente, me sumo al pedido de que esta propuesta legislativa se discuta en el seno de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, como debe ser.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Becerril Rodríguez.

Puede usted dar inicio a su intervención, congre-sista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELAR-DE (PPC-APP).— Señor Presiden-te: Yo no sabía que al congresista Urquizo Maggia le iba a ofender que el colega Becerril Rodríguez diga que Perú Posible es aliado de Gana Perú. Si le ofenden esas expresiones, pues no se ya qué podemos hacer.

Más bien, creo que este es un proyecto de ley que podría faltarle el respeto a las Fuerzas Armadas. Este proyecto de ley, a diferencia de otros países como Ecuador, donde el tiempo de permanencia en el cargo de los comandantes generales es por un período de dos años, al igual que en el Perú, o como en el caso de Chile, donde el tiempo de permanencia es de cuatro años, deberían haberlo



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puesto en discusión, por respeto al Parlamento, en la Comisión de Defensa Nacional, Orden In-terno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas; y no por decisión de sus aliados —espero que no se ofenda, congresista Urquizo Maggia— los grupos parlamentarios Perú Posible, Acción Popular – Frente Amplio y Unión Regional.

Señor Presidente, creo que los argumentos que ha expuesto el congresista Beingolea Delgado son bastante claros, porque acá se ha sustentado la ponencia como si el tiempo de permanencia en el cargo, de por sí, va a ser por un período de tres años. El argumento es el siguiente: “Necesitamos un año más para esto, para esto y para lo otro”; pero en el texto en debate se dice: “Excepcional-mente”. ¿En qué quedamos? ¿Van a ser tres años o va a ser excepcionalmente? Pero hay algo que a mí me parece mucho más riesgoso.

Más riesgoso me parece que se quiera evitar el debate; porque si esta propuesta no es urgente, es decir, si aún no tenemos la urgencia de ampliar por un año más la permanencia de esos oficiales en el cargo, en razón de qué el día de hoy los aliados del gobierno pretenden discutir rápidamente este proyecto de ley y aprobarlo. ¿Quién está detrás de todo esto, señor Presidente?

A través de la Mesa Directiva, pido a alguien del partido de gobierno, o a alguno de sus aliados, que ha firmado la exoneración del envío a comisión de la propuesta materia de debate, que me desmienta si el general EP Leonel Cabrera Pino no se va a beneficiar con esta norma; porque tal vez los aliados del gobierno han firmado dicha exonera-ción, pero no saben que es en favor del general Cabrera Pino. ¿Quién del partido de gobierno puede desmentir lo que estoy manifestado?

Si alguien lo puede hacer, que nos diga con certe-za: “No va a ser para él”. No vaya a ocurrir que cuando al señor Humala Tasso le falten algunos meses para concluir su mandato, estando ese señor oficial en el ejercicio de sus funciones, le amplíen por un año más la permanencia en el cargo. ¿Para qué? ¿Para organizar, planificar y tener mayor continuidad en su gestión? Si las Fuerzas Armadas son las instituciones más or-ganizadas que tenemos; y en ellas, además, hay todo un organigrama de carrera.

Señor Presidente, cuando nosotros, como grupo parlamentario PPC-APP, planteamos al inicio de nuestra gestión que el mandato de los integran-tes de las comisiones dure dos años y medio, fue porque la mayoría de los integrantes del Congreso eran nuevos, ya que para esa labor se requiere ser

experto y contar con especialidad en la materia; pero a los oficiales de las Fuerzas Armadas, que promoción tras promoción saben lo que tienen que hacer, ¿se les va a ampliar el período en el cargo por un año adicional? ¿Como si no supieran estos qué es lo que tiene que hacer o como si las promociones que vienen atrás tampoco supieran?

Insisto, si esta propuesta legislativa realmente fuese importante, según los argumentos que el día de hoy se han expuesto, debería pasar a ser discutida en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. ¿O para qué está esa comi-sión? ¿Acaso no confían en el presidente de esa instancia legislativa, que es de las filas del partido de gobierno? ¿Por qué no se debate la referida ponencia en dicha comisión y se contrapone con la forma en que la excepcionalidad funciona en otros países?

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le con-cede un minuto adicional, congresista Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELAR-DE (PPC-APP).— Muchas gracias, señor Presidente.

¿Por qué no se evalúa ahí cuáles son los argumentos a favor y en contra de considerar en la propuesta en

debate la expresión “excepcionalmente” y “no tres años de permanencia en el ejercicio del cargo”?

Ojalá que antes de que concluya el debate del texto en debate y antes de que se someta a votación la cuestión previa planteada por la colega Salgado Rubianes, algún parlamentario de la bancada de gobierno, o alguno de sus aliados, que han firmado por la exoneración del envío a comisión, pueda decirnos aquí, delante del pueblo peruano, que esta norma no va a servir para beneficiar al general EP Leonel Cabrera Pino.

Espero que alguien tenga la valentía de pararse y decir: “No va a ser para él”. Ojalá, señor Pre-sidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Galarreta Velarde.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Cuculiza Torre.



La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Señor Presidente: Efec-tivamente, como uno de los colegas ha señalado, se debe consignar de frente en la propuesta en debate la expresión “tres años de permanen-cia en el cargo”. Podrá ser, no podrá

ser; eso no es seguro. Pero, de hecho, definiti-vamente se deberían considerar en la ponencia esos tres años; aunque sería una lástima que ya le toque irse al almirante Cueto Aservi, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que viene realizando un extraordinario trabajo; y también al almirante Tejada Mera, comandante general de la Marina de Guerra del Perú.

Realmente, creo que todos los oficiales que están inmiscuidos en el trabajo de las Fuerzas Armadas, trabajando de la mano con el jefe del Comando Conjunto, deben tener la oportunidad de quedar-se un año más en el ejercicio del cargo; pero sin titubeos: sin decir que sí o que no, que se queda o que no se queda, o que ya verá el Presidente de la República si se queda o no. De frente debería establecerse de manera clara, en el texto en de-bate, esos tres años.

Sin duda alguna, esa prórroga contribuirá a la gestión operacional y administrativa de las insti-tuciones de nuestras Fuerzas Armadas, y también al objetivo trazado en función de la política de seguridad y defensa nacional.

En mi opinión, es conveniente que el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armadas tenga la libertad de quedarse un año más en el cargo y que los comandantes generales de la Marina puedan seguir trabajando por su institución, sin necesidad de que en el texto en debate se considere palabra “podrá prorrogar”, que se presta a una manipulación que no es correcta.

No se debe avalar a los jefes de las Fuerzas Armadas porque es de mi promoción o porque no es de mi promoción, o porque ascendió o no ascendió. Acá al que está trabajando bien y sirve al país, como lo vienen haciendo los comandan-tes generales de ahora, se quedan; y el que no obtiene buenos resultados, se va. En definitiva, yo creo que los tres años en el ejercicio del cargo es lo más conveniente, con el fin de evitar, de alguna manera, el manejo político en las Fuerzas Armadas.

Yo creo que el almirante Cueto Aservi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene la aceptación de todos nosotros, porque ha demostrado, una y mil veces, su operatividad, su

capacidad y su firmeza en las decisiones que ha tenido que tomar. Desgraciadamente, hay erro-res que no se pueden subsanar, como el último que todos conocemos; pero esos son accidentes que, lamentablemente, suceden cuando hay una guerra.

Yo creo que es posible que dentro de nuestras Fuerzas Armadas haya un tiempo prudencial, que podría ser un año adicional, para que los oficiales que recién ingresan, que en 5 o 6 meses toman conocimiento de la situación de sus armas, que al primer año están viendo qué hacer y que al año siguiente, cuando comienzan a trabajar, se les acabó la historia; creo que es posible —de-cía— que a esos oficiales se les dé un año más, para que puedan estar tres años en el ejercicio del cargo. Y que quede ahí, para bienestar de nuestras Fuerzas Armadas y, sobre todo, para la seguridad nacional del país.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Cuculiza Torre.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Iberico Núñez.

El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Señor Presidente: Sin duda alguna, es muy importante para el país todo cuanto se relaciona con las Fuerzas Armadas.

A lo largo de nuestra historia, de nuestra vida democrática y de nuestra vida repu-blicana ha habido idas y venidas en esta materia: hemos sido testigos de gobiernos militares, así como de injerencias políticas en el sector cas-trense. Todos los resultados, como es obvio, han sido negativos. Consecuentemente, la obligación que tenemos los demócratas es la de preservar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, que deben tener independencia frente a los grupos y a los poderes políticos.

Yo puedo coincidir en muchos aspectos con esta propuesta legislativa; y, en efecto, considero que un comandante general necesita tres años, y de repente cuatro o más años, en el ejercicio del cargo; porque cuando recién se toma el timón de una institución castrense, uno prácticamente, a pesar de la experiencia que ya tiene como ge-neral, empieza a conocer realmente la inmensa responsabilidad que tiene en sus manos; y eso toma tiempo.



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Y, por lo general, cuando toma conocimiento de ello y ya tiene desarrolladas sus habilidades y capacidades para timonear como debe su instituto armado, se le acabó el plazo. No sé, quizá puedan ser tres años o cuatro años en el ejercicio del cargo, lo cual considero yo que es correcto; pero no de la forma en que se propone, porque, para comenzar, genera suspicacias, y eso no le hace bien al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea ni a la Policía Nacional del Perú, dado el caso.

Señor Presidente, esta propuesta legislativa se debe discutir en el seno de la comisión especia-lizada, que es la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. No cometamos el error de apurar el paso en asuntos que son tan sensibles y trascendentales para la historia de nuestro país, como lo es el fortalecimiento de nuestros institutos armados.

Hagamos una pausa, señor Presidente. Vísteme despacio que llevo prisa, decía nada menos que Napoleón Bonaparte.

En la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con todas las cartas sobre la mesa, compartiendo la preocupación que tenemos todos los parlamentarios de mejorar a nuestras insti-tuciones armadas, conversemos, discutamos y mejoremos lo que hay que mejorar; de lo contrario, ya desde en este momento estamos sometiendo a un zarandeo político a las Fuerzas Armadas, lo cual es inaceptable.

Por eso, llamo a la reflexión a los colegas que en todo momento hemos luchado juntos por la de-mocracia. No hagamos esto en cuestión de horas; tomémonos nuestro tiempo y discutamos con la mejor voluntad y sin desconfianza esta propuesta legislativa, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Iberico Núñez.

El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Muchas gracias, señor Presidente.

En lo personal, yo no tengo por qué desconfiar de la intencionalidad del Gobierno, reconociendo al presi-

dente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, que también tiene que ejercer su autoridad sobre las instituciones tutelares.

Pero avancemos, señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, fijémonos plazos y demos a esta propuesta legislativa la prioridad que requiere; para de esa manera tomar un decisión impecable, sin tender la sombra de la duda en la opinión pública, que seguramente se va explotar mañana a través de los medios de comunicación.

Actuemos con tranquilidad, discutamos y resolva-mos las cosas como debe ser, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Iberico Núñez.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Pre-sidente: En primer lugar, debo decir que nosotros vamos a respaldar la cuestión previa planteada por la colega Salgado Rubianes, integrante de nuestro grupo parlamentario.

Tal como se ha señalado acá, y lo hemos venido repitiendo en forma permanente, los grupos de trabajo especializados —que son las denomina-das comisiones ordinarias del Congreso de la República— son precisamente los grupos que tiene como labor principal estudiar los temas afines a las materia de trabajo de los sectores correspondientes.

Este proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecuti-vo con fecha 30 de octubre, no ha sido dictaminado, señor Presidente. Lo que hoy existe es un acuerdo de los voceros de los grupos parlamentarios, que generalmente suelen convenir con los plantea-mientos del oficialismo, con el que se ha exonerado del envío a comisiones a este importante proyecto de ley, que propone modificar el artículo 10.° de la Ley N.° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de la Fuerzas Armadas.

Además, considerando lo bueno, lo oportuno y lo conveniente que puede ser la modificación que se propone a través de esta propuesta legislativa, no podemos estar estableciendo aquí como una regla general estas leyes sorpresas, que se prestan a elucubraciones o suposiciones que afectan y mellan no solamente la autoridad y legitimidad de este gobierno, sino también de las institucio-



nes armadas, en circunstancias en que se hace necesario acrecentar la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas ante los peligros que se ciernen en zonas como el Vraem, señor Presidente.

Justamente, este proyecto de ley viene aquí casi como un paquete con lo que se ha liberado el día de hoy y que insistentemente se venía reclaman-do. ¿Por qué se demoran tanto en concederse los ascensos militares, sobre todo de los rangos más altos, que son valorados por el Jefe de Estado, que es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a propuesta —se supone— de cada instituto armado, y que ya tenían que haber sido objeto de publicación, lo que hasta ahora no ha ocurrido? Más bien, se han estado filtrando en estas últimas semanas una serie de informaciones respecto de intromisiones inadecuadas en esos ascensos, señor Presidente.

Siempre los ascensos, por lo que implican exclu-sión de algunas personas, se prestan a que se fastidien quienes no han sido ascendidos, así como a deslegitimar a los que han logrado ascender.

Lamentablemente, no tenemos un sistema dis-tinto del previsto en la actualidad.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Chávez Cossío?

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Me pide un interrupción el congresista Becerril Rodríguez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPFP).— Señor Presi-dente, mi intervención es con el fin de hacer una grave denuncia, que, justamente, guarda relación con esta materia.

Como todos sabemos, el pasado 16 de octubre se produjo un bombardeo en la población de Nueva Esperanza, en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín, que causó la muerte de una persona y cuatro quedaron heridas; y además treinta casas quedaron totalmente destruidas.

Antes este hecho, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció sanción para los responsables de ese bombardeo.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Cate-riano, el mismo de la luz verde, ha confirmado el cambio de jefe del Vraem por muerte en Mazán-garo; sin embargo, el día de hoy ha sido premiado quien ha estado a cargo de ese operativo. Señor Presidente, el día de hoy en el diario oficial El Peruano ha sido publicada la resolución suprema a través de la cual se asciende, con fecha 1 de enero del 2014, por selección, al grado de general de división al general de brigada Díaz Peche, César Francisco.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Entendemos que ese ascenso es algo totalmente irregular, porque a los pobladores de ese lugar, por tratarse de gente humilde, no se les hace justicia realmente. Incluso, en su momento, a este señor, César Díaz Peche, se le cambio con una medida disciplinaria inicial, siendo removido del cargo de jefe del Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales del Comando Conjunto del Vraem; no obstante ello, el día de hoy se le premia con un ascenso. Así se comporta este gobierno, a espaldas del pueblo y en contra de esa gente humilde que fue bombardeada en su propia localidad.

Esos pobladores ya saben cómo actúa este gobier-no, y de esa misma forma quieren actuar en este caso, señor Presidente.

Muchas gracias.



La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, lo que acaba de manifestar el congresista Becerril Rodríguez re-fuerza la idea de que no se puede seguir haciendo, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, desde el despacho de quien es hoy el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, escarnio de nuestras Fuerzas Armadas, o elucubraciones y sospechas fundadas o no fundadas sobre ellas.

Por consiguiente, este proyecto de ley tiene que pasar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las



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Drogas, para que pueda ser estudiado con mayor detenimiento. ¿Cuál es el problema si ustedes la presiden, si ustedes y sus aliados son mayoría? ¿No sé qué idea les corre por la cabeza al pensar que el hecho de apresurarse va a significar mejorar a las instituciones tutelares. Pierden ustedes y pierden esas instituciones. ¿O es que esos ascen-sos son parte de un paquete que viene junto con esta propuesta legislativa, señor Presidente. Eso sería inaceptable.

En este caso, considero que debe primar la re-flexión y proceder enviar el proyecto de ley mate-ria de debate a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para un mayor estudio.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Chávez Cossío.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Simon Munaro.

El señor SIMON MUNARO.— Señor Pre-sidente: Nosotros siempre hemos soñado que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales están lejos del poder político. Sin em-bargo, cada vez que hay ascensos, por historia, los políticos tocan las puertas de quien gobierna el país, tocan las puertas de los amigos para presionar a fin de que tal o cual oficial pueda ascender de grado.

Por lo tanto, la meritocracia de las Fuerzas Ar-madas pasa más por la presión de la fuerza polí-tica que por los méritos; por eso es que hay aquí muchas intervenciones cargadas de autoculpa, más que de autocrítica.

En este caso, recojo las palabras del congresista Tubino Arias Schreiber y de la congresista Cuculi-za Torre, lejanas de pertenecer al partido político que hoy día gobierna el país. Especialmente, rescató las expresiones del congresista Tubino Arias Screiber, con quien tuve la inmensa suerte de trabajar en el período en que gobernaba el país el presidente García. Soy testigo presencial de su preocupación por las Fuerzas Armadas, porque con el hicimos una serie de cosas para otorgarle un mayor presupuesto, y para dar a sus miembros una mayor profesionalización.

Por lo tanto, cuando escucho al congresista Tu-bino Arias Schreiber decir que esta propuesta

legislativa es la solución, que esta propuesta le da institucionalidad a las Fuerzas Armadas, que esta propuesta le da mayor seguridad a nuestras instituciones tutelares; entonces, digo, si alguien que está al frente de quien gobierna tiene esa experiencia, ¿por qué no podemos que ver con buenos ojos esta propuesta, señor Presidente?

No está hablando un aliado del gobierno; yo no estoy aliado con el gobierno, pues voto en contra muchas veces y voto a favor cuando las cosas se proponen en buena forma. Aquí, políticamente se sospecha de que algo se ha cometido. Yo sospecho de esto porque lo he hecho antes o porque tengo esa experiencia.

En todo caso, considero correcto lo que plantea el congresista Beingolea Delgado, con el fin de evitar cualquier situación complicada, en el sentido de que el gobierno haga lo que le da la gana. Por lo tanto, en lugar de decir en el texto propuesto “podrá prorrogar”, debería decir que el oficial nombrado “ejercerá la función por un período de tres años”; y si este cometiera algún acto delictivo, como es lógico, nadie lo va a de-fender. De modo que si consideramos en el texto en debate esos tres años, entonces, los estaremos institucionalizando.

Por consiguiente, solicito al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas que en la ponencia en debate, en lugar de decir “podrá prorrogar”, diga “ejercerá su función por un período de tres años”.

Finalmente, quiero decir algo muy importante. Hoy en día nuestras Fuerzas Armadas no están llenando las primeras páginas de los diarios por casos de corrupción.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congresista Simon Munaro.

El señor SIMON MUNARO.— Muchas gracias, señor Presidente.

Por el contrario, están buscando su institucionalización, están buscan-do borrar la página negra que, por culpa de algunos malos elementos,

mancharon a las Fuerzas Armadas. Señor Pre-sidente, así como nadie puede mellar la imagen de nuestras las Fuerzas Armadas, tampoco nadie puede negar que muchos elementos de esas ins-tituciones tutelares violaron derechos humanos, ni que muchos otros le robaron al país.



Ahora, la pregunta que habría que hacer es si en estos últimos años algún miembro de las Fuerzas Armadas le ha robado al país, como ocurrió en el pasado.

Por lo tanto, en nombre del Partido Humanista, anuncio que vamos a votar a favor de esta pro-puesta legislativa.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Simon Munaro.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Dammert Ego Aguirre.

El señor DAMMERT EGO AGUI-RRE (AP-FA).— Señor Presidente: La materia contenida en esta pro-puesta legislativa amerita una pro-funda discusión institucional. En el Perú, uno de los graves problemas que tenemos en este momento, y que

tiende a acrecentarse, es la crisis institucional.

La Presidencia de la República como tal, no la que está en ejercicio, se encuentra actualmente en crisis institucional; por eso es que hoy en día varios expresidentes están en serios procesos judiciales o en serios procesos de investigación.

Buena parte del Congreso mismo está en cri-sis institucional, señor Presidente. Y ahora se trae a debate del Pleno del Congreso un tema institucional del más alto nivel, de la más alta importancia, que quizá es el más fundamental de todos los decretos legislativos que ha dado el Poder Ejecutivo, que debió de ser el primero, porque tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas, como muy bien ha señalado el congresista Tubino Arias Schreiber; y al mismo tiempo tiene que ver con una redefinición de las relaciones del peso del poder político del Presidente de la República y del poder institucional de las Fuerzas Armadas.

Este es un aspecto crucial, más aún cuando de aquí a poco tiempo va a haber elecciones generales en nues-tro país, con el fin de elegir democráticamente a un nuevo Presidente de la República, que remplazará al que actualmente se encuentra en funciones.

Esta circunstancia, señor Presidente, me recuerda penosamente un debate que viví hace un buen tiempo; y digo penosamente, porque veo que ahora

hay buenas posibilidades, pero que podrían ser tergiversadas. Yo considero que hay muy buenas posibilidades de enfrentar institucionalmente esta situación.

Pero también recuerdo yo que, haya por diciembre de 1991, estando yo formando parte de la Cámara de Diputados, llegó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, enviado por el presidente Fujimori, con el fin de modificar el régimen del servicio militar, a efectos de constituir a los servicios de inteligencia en una cuarta institucionalidad militar, de manera tal que los mandos de las fuerzas armadas puedan ser cooptados desde los servicios de inteligencia.

En ese momento, la presidencia de ambas cámaras legislativas la tenía el Partido Popular Cristiano, el que con todo entusiasmo aprobó ese proyecto de ley; y el Presidente de la República de ese enton-ces concurrió al aniversario del Partido Popular Cristiano, a fin de apoyarse y a abrasarse mutua-mente. Cuando ese proyecto de ley se discutía en la Cámara de Diputados, dije: “Aquí se está abriendo el camino para un golpe de Estado”; porque lo que ocurrió, históricamente, fue que Montesinos, una vez que pudo cambiar la forma institucional de las Fuerzas Armadas, metió gente en los servicios de inteligencia que él personalmente controlaba, y terminó preparando el golpe del 5 de Abril. Esa destrucción institucional de las Fuerzas Armadas fue el paso previo para el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

En esta ocasión, me parece que hay un ánimo distinto. Creo que la propuesta legislativa que viene del Poder Ejecutivo —quiero entenderlo así— tiene un sentido institucional, pues busca fortalecer al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, busca dar mayor solidez y continuidad a las operaciones de las instituciones tutelares, y además busca mantener una relación per-manente con el Presidente de República; y es precisamente ahí donde hay un aspecto que aún no está resuelto.

Yo concuerdo con la congresista Saldado Rubianes en ese sentido: no está resuelto aún el tema de la discrecionalidad presidencial; porque no solo se está tratando de fortalecer la capacidad institu-cional de las Fuerzas Armadas, sino también el rol discrecional del Presidente de la República, como el principal actor político del país sobre las Fuerzas Armadas. Eso no quiere decir que no deba tenerlo, porque, como bien sabemos, el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le



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concede un minuto adicional para que concluya, congresista Dammert Ego Aguirre.

El señor DAMMERT EGO AGUI-RRE (AP-FA).— Muchas gracias, señor Presidente.

Esta capacidad discrecional que ahora se le está dando, señor Pre-sidente, tiene que ser más discutida

y más pensada; en todo caso, si se le quisiera dar o se le quisiera cambiar, tiene que ser objeto de un acuerdo procesado de la manera más amplia e institucional por parte del Congreso. No puede pasar como un proyecto de ley urgente que se aprueba rápidamente y que nadie sabe cómo quedó; porque eso lo que va a hacer es abrir una crisis institucional y el debate político sobre las Fuerzas Armadas, que nadie desea y que en nada beneficia al país.

Por eso, a mí me parecen positivas las propuestas que se han formulado, a fin de que la iniciativa que ocupa nuestra atención en este momento pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para que sea discutida con la seriedad del caso. Creo que hay un buen ánimo en las intervenciones que he escuchado el día de hoy, las cuales, sin duda alguna, buscan resolver este problema.

Hay propuestas diversas buscando la manera de resolverlo. En ese sentido, considero que el Congreso está en condiciones de dar como base un procedimiento quizá más lento, quizá más mesurado, pero indispensable por la importancia del tema materia de debate.

Reitero, esta norma, estando a escasos años de las próximas elecciones generales, alcanza esa elección presidencial en lo que respecta a las atribuciones del Presidente de la República. De ahí que es indispensable que esta propuesta legislativa sea vista con toda serenidad, con todo detenimiento, con el cumplimiento de las normas respectivas por parte del Congreso y con el detalle de lograr el mayor consenso institucional, a nivel político, del propio Congreso de la República, para que pueda ser aprobada por unanimidad, y para dar a las Fuerzas Armadas el respaldo que requiere; garantizando así el funcionamiento de una Institución que es básica para la vida demo-crática y que de ninguna manera debe estar sujeta a discrecionalidades tan amplias.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Dammert Ego Aguirre.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente: Mucho se ha discutido acá con relación a esta propuesta, respecto de la cual se ha señalado que se estaría saltando el procedimiento previsto por el Reglamento, exonerándosele

del trámite de dictamen de la comisión correspon-diente, en la que se debería debatir la cuestión de fondo de la referida ponencia legislativa. Antes esta situación, yo pregunto: ¿cuántos proyectos de ley se han aprobado aquí bajo ese sistema? Estoy seguro que son muchos los proyectos de ley que hemos aprobado bajo este sistema, tanto en este Congreso como en los anteriores.

En ese contexto, creo que lo que amerita dis-cutir en este momento es la cuestión de fondo; porque este importante proyecto de ley, que cuenta con la aceptación de todos señores con-gresistas, lo único que pretende es establecer la continuidad en la gestión de los comandantes generales, lo que solo compete el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Esa continuidad tiene que ser evaluada periódicamente; y si bien el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo considera que estos oficiales, desde que son nombrados, deben ejercer la función por un período de dos años, en nuestro criterio, ese es un tiempo más que suficiente para que el Jefe Supremo, excepcionalmente, pueda prorrogar por un año más dicho nombramiento. Porque el Presidente de la República, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, es el único que tiene la potestad de evaluar a sus generales, determinar la buena o mala gestión de los mismos y decidir la conveniencia de otorgarles un año más en el ejercicio del cargo.

Por eso consideramos que no hay aquí nada oscuro ni nada raro, como tendenciosamente se quiere dar a entender; por el contrario, a través de importante este proyecto de ley se pretende afirmar que en el Ejército del Perú y en las Fuer-zas Armadas debe existir la meritocracia. Y si por méritos existe la posibilidad de otorgar a los generales, excepcionalmente, un año más para la continuidad en el ejercicio del cargo, ¿por qué no, señor Presidente?



En nuestro criterio, este proyecto de ley es opor-tuno y, por tanto, debe contar con el respaldo de todos los colegas presentes, sin tratar tendencio-samente de buscar tres pies al gato.

Esto es todo, señor Presidente,

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Gamarra Saldívar.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Apaza Ordónez.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente: Indudablemente, hablar de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas es hablar de la histo-ria de nuestro país, es hablar de los verdaderos herederos de Bolognesi, de Grau, de Andrés Avelino Cáceres y de otros tantos hombres que han ofrendado su vida en el campo de batalla por la Patria.

Por eso considero que quienes tienen autoridad moral para hablar de las Fuerzas Armadas son los que han tenido una vivencia directa en ellas. En este caso, tenemos que ponderar la franqueza política de nuestro colega Tubino Arias Schreiber, quien ha servido a la Patria como un soldado honesto y valiente.

Todos los que estamos aquí —y eso lo sabemos perfectamente— tenemos la certeza de nuestras convicciones políticas; pero para demostrar esa convicción política no es necesario utilizar un lenguaje procaz y chacalonero.

Debemos tener la convicción de que ser político es ser pedagogo, es ser educador, lo cual tiene que ser llevado a la práctica.

Por otra parte, nos extraña realmente cómo de la noche a la mañana se va dando el cambio. Los que antes estropearon a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, sometiéndolos a actas de sumisión, hoy día sacan la cara como paladines de la defensa de la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas. ¡Qué ironía, señor Presidente!

En este caso, creo que el pueblo peruano tiene que entender que estamos legislando porque realmente queremos unas Fuerzas Armadas contemporizadas, libres e independientes, no sujetas a la esclavitud, como lo hicieron en forma humillante los que antes fueron poder.

Para aquellos que hacen alarde de que tienen convicción, eso no es tener convicción, de ninguna manera.

Por otro lado, hoy se petardea al general EP Leonel Cabrera Pino. Debemos recordar que ayer se le aplaudía, porque fue uno de los héroes de Chavín de Huántar, uno de los grandes hombres que arriesgó su vida en esa operación; sin embargo, hoy se le ataca, hoy se le ofende, incluso, hasta a su dignidad. ¿Para qué, entonces, se le aplaudió y se le premió? ¿Acaso no tenemos seriedad y responsabilidad política, señor Presidente? El país entiende perfectamente que los discursos a veces son solo para las tribunas; pero los que realmente vivimos los acontecimientos tenemos también claro ese concepto, al igual que nuestro pueblo.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Apaza Ordóñez.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Acá siempre nos quedamos en la interrupción pitonisa: ‘pudiera’, ‘quisiera’, ‘podrán’. Yo creo que este

gobierno viene demostrando capacidad y tomando decisiones políticas en forma clara y transparen-te. No lo entenderán, de repente, quienes dicen que somos aliados del gobierno. Preferible es ser aliados antes que conformar consorcios políticos con el único propósito de buscar la desestabilidad y la desinstitucionalidad de nuestro país, señor Presidente.

Y si existe alguna alianza, es por la vida de nues-tros compatriotas que se encuentran en diversas partes del país y nos entienden.

Por esa razón, consideramos que es urgente que legislemos acá con responsabilidad.

Démosle calidad y reconozcamos la responsa-bilidad de nuestras Fuerzas Armadas, señor Presidente.

Por eso el grupo parlamentario Nacionalista, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestras decisiones, nos opondremos a la cuestión previa planteada por la colega Salgado Rubianes, porque el pueblo va a entender quiénes son los que quieren desestabilizar al país.



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El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Apaza Ordóñez?

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Permí-tame conceder, con todo respeto, la interrupción que me solicita el colega Tubino Arias Schreiber, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Tubino Arias Schreiber.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señor Presidente, yo quiero insistir en lo siguiente, por supuesto, hablando técnicamente. Si este proyecto de ley no se aprueba y, por ende, no se aprueba el cambio para pasar

de dos años a tres años en el ejercicio del cargo, ¿qué va a suceder? A fines de este año se tiene que relevar a los actuales comandantes generales, y los comandantes generales que sean nombrados se quedarán en el cargo por un período de dos años; y, posteriormente, en el mes de diciembre del año 2015, habría que relevar a esos coman-dantes generales que se van a nombrar en el mes diciembre de este año.

Por lo tanto, en el año 2015 el Presidente de la República se verá obligado —prácticamente, cuando ya está de salida— a nombrar los nuevos comandantes generales solo por los seis meses finales de su período de gobierno. Eso, por ejem-plo, afecta la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque esos comandantes generales, nombrados por el gobierno que ya está de sali-da, muy probablemente serán cambiados por el próximo gobierno. Eso, políticamente, afecta a las Fuerzas Armadas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Tubino Arias Schreiber.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Entonces, también hay que pensar en qué es lo que va a pasar, porque eso permanentemente vie-ne ocurriendo en las Fuerzas Armadas, afectando su continuidad y su institucionalidad.

Y con respecto al general EP Leonel Cabrera Pino, a quien tengo el honor de conocer, tengo que ser honesto y decir que el general Cabrera Pino actuó

como Comando Chavín de Huántar en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador del Japón y como comandante general en el Vraem. De manera que tengo el mejor concepto operativo de él, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Tubino Arias Schreiber.

Puede continuar, congresista Apaza Ordóñez.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, por su intermedio, debemos decir a los colegas de los consorcios políticos del frente, que acaban de escuchar la voz de la experiencia, las sabias palabras de un hombre que reconoce

autocríticamente lo que es el Ejército del Perú.

En ese sentido, consideramos que el pueblo perua-no va a saber entender quienes realmente están por el cambio, por la dignidad y, sobre todo, por la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, que jamás en su vida deben ser esclavizadas, ni sumidas ante el poder y la prepotencia de la mafia que organizó, en su tiempo, el poder que tenía en el gobierno.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Apaza Ordóñez.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Tapia Bernal.

El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Señor Presidente: Ante todo, mis saludos a las Fuerzas Armadas del Perú.

No le faltemos el respeto a las Fuerzas Armadas con esta propuesta legislativa; pues para eso existen las comisiones especializadas, a efectos de meditar, reflexionar y ver qué es lo mejor para nuestras instituciones tutelares.

Señor Presidente, nosotros estamos a favor de la meritocracia; pero el solo hecho de poner en la texto propuesto la palabrita excepcionalmente, en realidad es peligroso. ¿Por qué razón? Porque al ac-tual gobierno, por ejemplo, solo le quedan dos años de mandato, ya que el tercer año, en la práctica, es un año electoral. Sin embargo, el Presidente de



la República, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, va a tener la posibilidad de prorrogar o no por un año adicional el nombramiento de un comandante general. Eso, hasta cierto punto, se presta a suspicacia, a manipulación y a no respetar y preservar la institucionalidad e independencia de las Fuerzas Armadas.

Si bien es cierto, como se ha dicho acá, que ya se tendrían los votos suficientes para aprobar hoy esta propuesta legislativa, yo considero también que no tienen la razón. Como todos sabemos, nuestras Fuerzas Armadas tienen un organigra-ma, son altamente especializadas y sus miembros tienen acceso a una línea de carrera; por eso consi-dero que poner en el texto en debate la expresión “excepcionalmente podrá prorrogar” es faltar a la institucionalidad de nuestros institutos armados, sobre todo, porque se presta a suspicacia y a ma-nipulación, dado que un comandante general no podrá intervenir con cierta autonomía pensando en si será o no ratificado por un año adicional en el ejercicio del cargo.

Señor Presidente, yo, con todo el respeto que se merecen tanto las Fuerzas Armadas como todos mis colegas presente, solicito que esta propuesta legislativa pase a estudio de la Comisión de Defen-sa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alterna-tivo y Lucha contra las Drogas, que actualmente es presidida por un miembro del oficialismo. ¿Por qué tenemos temor de que salga un texto más perfeccionado de la referida comisión?

Antes de concluir, debo decir, una vez más, que estoy plenamente de acuerdo con cuestión previa planteada por la colega Salgado Rubianes, para que la ponencia en debate pase a estudio la comi-sión especializada, que, en ese caso, es la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Tapia Bernal.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Señor Presidente: Yo saludo las intervenciones tanto del congresista Carlos Tubino Arias Schreiber como de la congresista Luisa María Cuculiza, de las ban-cadas de oposición, que han sido

bastante claras y objetivas, ya que ellos han ma-nifestado que este proyecto de ley, más bien, ins-titucionaliza a las Fuerzas Armadas del Perú.

Creo que el suelo está parejo, porque acá se ha hablado mucho de que se dejaría al criterio de conciencia del Presidente de la República el tomar la decisión de prorrogar por un año adicional el nombramiento de los comandantes generales de las instituciones armadas; no obstante que en el artículo 167.° de la Constitución Política del Perú se establece claramente que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Señor Presidente, el rango de Jefe Supremo que tiene el Presidente de la República es de natu-raleza esencialmente política, y corresponde al principio fundamental de que el Mandatario de la Nación debe conducir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, así como a toda otra institución del Estado adscrita el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, la decisión es política y le corres-ponde constitucionalmente al Presidente de la República.

Hay otros países que ya han institucionalizado esa excepcionalidad en sus Fuerzas Armadas; porque, efectivamente, en el caso de Chile, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene hasta cuatro años para poder ostentar dicho cargo; y en el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Estados Unidos el nombramiento en el cargo es de manera indefinida: pueden ser cuatro, seis u ocho años. De ahí la eficiencia y la institucionalización de las Fuerzas Armadas de esos países, señor Presidente.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Chehade Moya?

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Me solicita una interrupción la congresista Chávez Cossío, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señora Presidente, precisamente por la institucionalización de las Fuerzas Armadas y por la institucionaliza-ción del Congreso de la República es



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que este proyecto de ley —sin adelantar opinión respecto de la cuestión de fondo o de la bondad o no del mismo— debe pasar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que es un grupo de trabajo especializado donde ustedes con sus aliados tienen mayoría.

Entonces, el problema grave es que con esta pro-puesta legislativa lo excepcional, que puede ser excepcional para cumplir un objetivo, se vuelve algo habitual, con lo que se desintitucionaliza tanto el Congreso de la República como las Fuerza Armadas, que realmente no merecen ningún tipo de elucubraciones ni dudas.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Chehade Moya; muchas gracias, señor Presi-dente.


Puede continuar, congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Señor Presidente, permítame conceder a la congresista Alcorta Suero la segunda interrupción que me confiere el Reglamento.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor presidente, va-mos a terminar ya el debate de esta propuesta legislativa, cuando hay una cuestión previa planteada en el sentido de que pase inmediatamente a la Comisión de Defensa Nacional,

Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con la cual estoy plenamente de acuerdo, para no estar en una discusión bizantina e inútil realmente.

Votemos de una vez ese planteamiento. Mi posi-ción es porque esa propuesta pase de inmediato a estudio de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Che-hade Moya; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señora congresista, lo

que ocurre es que en el rol de oradores hay aún varios señores congresistas que han solicitado el uso de la palabra, y yo tengo que ser respetuoso de ese derecho que les asiste de acuerdo al Re-glamento.

Puede continuar, congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Señor Presidente, quiero terminar refiriéndome a algo que muy bien ha advertido el congre-sista Tubino Arias Schreiber y que probablemente la Representación Nacional no ha reparado. De no

aprobarse este proyecto de ley, al término del mandato no solo del actual Presidente de la Re-pública, sino también de los que vengan a partir del año 2016, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas únicamente tendría seis meses para ostentar dicho cargo; y luego, en julio del próximo 2016, seguramente por una cuestión de confianza el nuevo Presidente de la República estaría cambiando al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Este es un asunto factual, un asunto real, que creo yo que la Representación Nacional debe merituar al momento de votar.

Por otro lado, el congresista Beingolea Delgado ha hecho una comparación que, en mi criterio, lo digo con mucho respeto, no ha sido la feliz el día de hoy; porque ha tratado de comparar —le pido que me conceda un minuto para terminar, señor Presidente— este proyecto de ley con la infausta decisión de prorrogar durante muchísimos años la permanencia en el cargo de un personaje tris-temente célebre como el general Nicolás Hermoza Ríos, que hoy purga prisión, creo que por diez o doce años, por graves delitos de violación de derechos humanos y de corrupción.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe usted, con-gresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

En el caso del general Hermoza Ríos se hizo un mamotreto de ley: se cambió la Ley de Situa-ción de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, e incluso cuando pasó a la situación de retiro, se abrogó o se derogó esa ley. Por única vez en la historia republicana del Perú un militar retirado fue designado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante siete años continuos,



esto es, desde diciembre de 1991 hasta el 20 de agosto de 1998, año en el cual fue pasado a retiro, sucediéndole en el cargo el general César Saucedo Sánchez, que también purgó prisión por delitos de corrupción durante 10 u 11 años.

En mi criterio, entonces, la comparación hecha por el colega no ha sido la más ni las más pertinen-te; por eso considero, luego de todo lo expuesto, que el proyecto de ley materia de debate debe aprobado el día de hoy.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Chehade Moya.


El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señor Presiden-te: Yo creo que el inconveniente de la iniciativa legislativa materia de debate más que la cuestión de fondo es la cuestión de forma. Lo que no me deja de llamar la atención es

el desprecio, mejor dicho —para no decirlo de manera tan peyorativa—, la desconfianza que tiene el Gobierno, el Poder Ejecutivo, en su propia bancada; porque estando uno de sus integrantes presidiendo la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Droga uno de sus integrantes, este pro-yecto de ley fácilmente podía haberse aprobado. ¿Qué peligro puede haber en que el Mandatario de la Nación, en un Estado constitucional, tome una decisión de esa naturaleza, de acuerdo con el artículo 167.° de la Constitución, que establece claramente que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú?

Y hay también otro artículo de la Constitución que garantiza el sometimiento de las Fuerzas Arma-das y la Policía Nacional al poder constitucional, al consagrar que estas no son deliberantes.

Aquí de lo que se trata es que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas pueda decir, de acuerdo con el proyecto de ley materia de debate: “Como el comandante de la Marina está trabajando bien, se queda un año más en el ejercicio del cargo; el otro, no”.

Reitero, lo que yo más cuestiono es la cuestión de forma, es decir, la poca confianza o el desprecio

que tiene el Gobierno por el Parlamento en su conjunto. ¿Cómo no van a poder discutir y dicta-minar en la mencionada comisión una propuesta legislativa de esta naturaleza?

Yo, la verdad, no veo acá ningún fantasma, por-que el artículo 169.° de la Constitución establece claramente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que están subordinadas al poder constitucional. Por cierto, otra cosa sería en un contexto diferente.

Por eso, señor Presidente, si el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas —según lo que me han ex-plicado— puede, por mandato de la ley, mandar a retiro a un comandante general de una institución armada a los seis meses, al año o al año y medio, no obstante que su mandato es por un período de dos años, ¿por qué no le va a poder decir a uno: “Tú te quedas tres años en el cargo?

Lo ideal sería que se queden por un período de tres años los tres comandantes generales de las Instituciones Armadas, porque con la facultad que actualmente tiene el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas al año o al año y medio los puede mandar a retiro; reitero, porque es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y porque, además, dentro de la categoría de funciones que hay en las Fuerzas Armadas, ese factor de que estas no son deliberantes es lo que le da al poder constitucional, en la persona del Jefe de Estado, la facultad de tomar esa decisión.

Por eso, llamo la atención a este respecto, señor Presidente. Qué fácil sería, por ejemplo, que se convoque al ministro de Defensa para que venga a explicar las razones por las cuales han planteado esta propuesta legislativa.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Yo repetiré siempre: “malas formas borran buenas acciones”. En verdad, no entiendo; si ustedes tienen el control de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por qué tienen que generar esta preocupación —obviamente, justificada— de querer aprobar a trompicones esta iniciativa legislativa.

De manera que, más que la cuestión fondo, que muy bien puede ser sustentada, la cuestión de



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forma sí deja totalmente descolocado al Congreso en su conjunto; porque eso supone que el Poder Ejecutivo ya ni siquiera confía en su bancada y, por eso, tiene que esperar poder contar con el voto de sus aliados para aprobar en el Pleno una propuesta legislativa que no está debidamente sustentada ni respaldada por argumentos que se puedan exponer legítimamente.

Por eso mismo, sería conveniente convocar de inmediato al señor ministro de Defensa para que venga y explique las razones por las cuales ahora se habla de la famosa institucionalización de la Fuerzas Armadas, que nada tiene que con que se aumente a tres años el período de nom-bramiento de los comandante generales de los institutos armados.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señor Presi-dente, el argumento de la llamada institucionalización de las Fuerzas Armadas, qué tiene que ver con que se prorrogue hasta por un año más el nombramiento de los comandan-

tes generales de los institutos armados. ¿Qué tiene que ver eso, señor Presidente?

Aquí, lo único que estamos haciendo es afirmar la facultad constitucional que tiene el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas; y eso creo yo que un demócrata no lo puede cuestionar.

Ahí me quedo, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Velásquez Quesquén.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍ-REZ (NGP).— Señor Presidente: La propuesta legislativa materia de debate, tanto por la cuestión de for-ma como por la cuestión de fondo, es completamente válida. Justamente todos tenemos el documento, que

hace un momento se nos ha alcanzado, en el cual se hace de nuestro conocimiento que la referida

propuesta ha sido exonerada por la Junta de Portavoces, por un total de 71 votos a favor, del envío a comisiones.

En verdad, no creemos que ello vaya en contra de los propios procedimientos que establece nuestro Reglamento o la Constitución Política del Estado, que justamente prevé que algunas iniciativas puedan ser exoneradas del estudio de comisiones.

En cuanto a la cuestión de fondo, como anterior-mente han señalado algunos señores parlamenta-rios, el artículo 167.° de la Constitución establece claramente que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y dicho artículo muy bien puede ser concordado con el artículo 169.° de nuestra Carta Magna, que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y que están subordinadas al poder constitucional.

Señor Presidente, el profesor universitario Marcial Rubio Correa, en una de sus tantas publicaciones para conocer la Constitución del año de 1993, al comentar el artículo 167.°, dice lo siguiente: “Que el Presidente de la República sea el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú es correcto; porque dichas instituciones deben estar sometidas al poder constitucional (artículo 169.°), y porque la defensa nacional y el orden interno, en cuya garantía participan, son, en primer lugar, asuntos de decisión política, según puede verse en el inciso 4) del artículo 118.°, y luego asunto de técnica y de capacidad operativa”.

Y continúa el referido autor: “El presidente de la República al presidir y dirigir el Sistema de Defensa Nacional y al tener la Jefatura Suprema de esas instituciones, tiene todos los recursos que la Constitución pueda darle para conducir, efecti-vamente, todo lo referente a la defensa nacional y el orden interno”.

Señor Presidente, justamente para dirigir la defensa nacional y el orden interno es que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los comandantes generales de las tres instituciones armadas, esto es, el Ejército, la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú; y en el caso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también…

Señor Presidente, no sé si puede usted poner orden en la Sala para poder continuar mi inter-vención.



La señora TEVES QUISPE (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Gastaña-dui Ramírez?

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Me solicita una interrupción la congresista Teves Quispe, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrumpir, congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, real-mente son importantes las facul-tades que tiene señor Presidente de República al remitirnos este proyecto de ley, que no tiene por qué pasar a la Comisión de Defensa

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, como en este momento se viene solicitando.

En este caso, estamos hablando de una fórmula legal —que no requiere mayor análisis ni mayor debate— que consta de un solo artículo, cuya única finalidad es darle mayores facultades al señor Presidente de la República.

Lo que nos preocupa muchísimo, señor Presi-dente, es que se vienen para debate del Pleno asuntos de crucial importancia para el país, como , por ejemplo, la Ley de Presupuesto, que necesariamente tenemos que ver, para lo cual tiene que presentarse en este recinto el señor presidente del Consejo de Ministros. Estamos ya con el tiempo justo, de manera que tenemos que trabajar, porque lo que el pueblo nos pide es trabajo y resultados.

Sin embargo, lo que se quiere en este momento es generar un mayor debate en comisiones, cuando bien podríamos el día de hoy aprobar esta pro-puesta legislativa en el Pleno, sin mayores cues-tionamientos ni al Presidente de la República ni a la bancada de gobierno; aun cuando considero que nuestra bancada viene trabajando de una manera sana, lo cual, por cierto, es fundamental para conservar la gobernabilidad.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— ¿Me permite una interrupción, congresista Teves Quispe?

La señora TEVES QUISPE (NGP).— No es posible, colega Alcorta Cuero, porque estoy en uso de una interrupción que muy gentilmente me ha

concedido el congresista Gastañadui Ramírez, a quien usted se la puede solicitar.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Teves Quispe.

Puede continuar, congresista Gastañadui Ra-mírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Señor Presidente, permítame conceder a la con-gresista Alcorta Suero la interrupción que me está solicitando.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Alcorta Suero, puede usted hacer uso de la segunda in-terrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente, mi intervención es solo con el fin de hacer una sugerencia, antes de que termine la ronda de oradores.

Si este proyecto de ley no es urgen-te, por qué mejor no lo vemos el día lunes en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y el próximo jueves lo traemos al Pleno para su debate. ¿Cuál es el problema? Solo es cuestión de unos días más y, de repente, lo aprobamos acá por consenso. ¿Por qué tanto apuro, si esta propuesta no es urgente, no es de vida o muerte, ni es trascendental en este instante?

Reitero, veámoslo el día lunes en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con la asis-tencia de todos los colegas interesados, y el próximo jueves lo traemos al Pleno para su debate.

Muchas gracias por la interrupción, congresis-ta Gatañadui Ramírez; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Alcorta Suero.

Puede continuar, congresista Gastañadui Ra-mírez.



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El señor GASTAÑADUI RAMÍ-REZ (NGP).— Señor Presidente, como venía señalando, si el Pre-sidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y dirige también el Sistema de Defensa

Nacional y Orden Interno, lo lógico sería que el propio Mandatario de la Nación pueda nombrar al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes generales de los tres institutos armados.

En la legislación actual se establece claramente que el mandato del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es por un período de dos años, a cuyo término el Presidente de la República pue-de prorrogar por un año adicional dicho mandato. Lo que se busca con esta propuesta legislativa es que esa misma regla, que ya existe para el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se aplique también para los comandantes generales de los tres institutos armados.

No vemos, por ningún lado, que ello se salga de los cauces constitucionales, ni vemos tampoco que esté fuera de nuestro ordenamiento jurídico; si no, todo lo contrario: creo que refuerza la capa-cidad del propio Presidente de la República de, justamente, premiar al comandante general de algún instituto armado cuando viene realizando una buena gestión, a fin de que su trabajo sea continuo y no se vea interrumpido.

Señor Presidente, yo quiero rescatar acá…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Con el mayor agrado; solo le pido que me conceda treinta segundos adicionales, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe usted, señor congresista.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero rescatar acá las palabras del almirante Tubino Arias Schreiber, que ha manifestado que esta es una norma técnica; no se trata de decir que hay aquí un espíritu de controlar a nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de que la propia Cons-titución Política del Estado dice que las Fuerzas

Armadas y la Policía Nacional están subordinadas al poder civil.

Yo también considero que esta es una norma eminentemente técnica y, además, que es una herramienta importante que permite al Presi-dente de la República evaluar las funciones de los comandantes generales de los tres Institutos Armados de nuestro país; y previa esa evaluación, prorrogar la vigencia en el cargo de esos tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, de manera tal que puedan continuar con sus funciones y cumplir una buena labor.

Acá no se trata de vulnerar la institucionalidad de los institutos armados, sino de fortalecer su capacidad operativa, que justamente recae en la dirección política del Presidente de la República a través del Ministerio de Defensa.



Habiendo concluido el rol de oradores, se da el punto por suficientemente discutido; pero antes de proceder a votar la propuesta bajo análisis, la Presidencia le concede el uso de la palabra al congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— Señor Pre-sidente: Creo que el congresista Gastañadui Ramírez, en la última parte de su intervención, ha tocado el punto central de mi intervención; en todo caso, me disculpo si no me

he explique bien, y trataré de hacerlo de la mejor manera posible para que se pueda entender mi punto de vista, en ese extremo, por lo menos.

Las Fuerzas Armadas tienen una serie de fun-ciones que están reguladas por leyes; no es que tenga alguna función especial que a alguien se le haya ocurrido. Hay leyes que regulan las funciones que tiene cada instituto armado, así como la función que tiene cada oficial dentro de su propio instituto.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a ley, tiene como función fundamental dirigir las fuerzas en combate. Estoy tratando de resumir porque no tengo el texto de la ley a la mano; pero, básicamente, ese es el encargo que tiene el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: él dirige las fuerzas en la acción. Eso es lo que él hace, señor Presidente.



Es por esa razón que, después de dos años de mandato del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se establece en la propues-ta, como una circunstancia excepcional, que el Presidente de la República pueda prorrogar por un año adicional dicho mandato. ¿Porque qué ocurre? Que si está en la mitad de la dirección de un conflicto, sería una locura sacarlo del cargo; más bien, hay que mantenerlo en funciones, para que continúe su trabajo. Esa, por cierto, es una situación excepcional; por eso en la propuesta en debate se dice “excepcionalmente”, y esa es la lógica.

El comandante general de un Instituto Armado, sea del Ejército, de la Marina o de la Aviación, tiene una función distinta de la Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No dirige las fuerzas en combate ni mucho menos; su función, básicamente, es preparar las fuerzas, pertrechar-las y entrenarlas para, a la hora de la acción, entregarlas al Comando Conjunto.

Por lo tanto, la actuación de estos altos mandos militares no está comprometida directamente con la acción. No hay, entonces, la necesidad de una emergencia que nos haga decir: “Excepcio-nalmente, démosles un año más de mandato en el ejercicio del cargo”. Esa es la lógica legal; por eso es que la propuesta en debate está hecha de esa manera.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Be-ingolea Delgado?

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Me solicita una interrupción el congre-sista Gastañadui Ramírez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le ha concedido la intervención en forma excepcional, congresista Beingolea Delgado, porque usted ya había hecho uso de la palabra; más bien, le pido que concluya.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Señor Presidente, lo que ocurre es que hay una cuestión que aclarar; por eso, por excepción, me encantaría escuchar lo que quiere decir el colega Gastañadui Ramírez.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Señor Presidente, en realidad, los debates siempre son importantes para poder intercambiar ideas.

Debo comenzar esta intervención señalando que hay un principio en el derecho que dice “A igual razón, igual derecho”. Por lo tanto, si ya las nor-mas vigentes permiten que el Presidente de la República pueda prorrogar por un año adicional el mandato del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por qué no se establece esa misma regla para el caso de los comandantes generales de los tres institutos armados del Perú. Hemos visto que, en la experiencia internacional, en el derecho comparado —y al respecto tenemos el documento que se nos ha alcanzado— en Chile nombramiento de los comandantes generales es por un período de cuatro años; y en otros países, como Argentina Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, el nombramiento es indeterminado. Eso debe quedar a criterio, justamente, del Presi-dente de la República, que es Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Por consiguiente, a través de esta propuesta legis-lativa vamos a dar al Presidente de la República las herramientas necesarias para dirigir mejor la política de defensa nacional en las áreas que corresponden; porque que el Presidente de la República —debemos recordar esto— es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno, y dentro de sus funciones está la de conducir las Fuerzas Arma-das y la Policía Nacional del Perú. En el caso de las Fuerzas Armadas, para ejecutar la política de defensa nacional, que justamente tiene que ver con el personal militar; porque cómo el Presidente de la República va a poder dirigir las Fuerzas Ar-madas si no tiene el control de los comandantes generales de los tres institutos armados.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congresista Gastañadui Ramírez.

El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Por lo tanto, si el Presidente de la República, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la facultad de dirigir la defensa nacional, por ende, debería también tener la facultad de prorrogar el mandato de aquellos comandantes generales que vienen realizando una buena gestión, previa evaluación y de manera excepcional, tal como se establece en la propia iniciativa que venimos discutiendo.



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En ese sentido, considero que esta propuesta legis-lativa se enmarca dentro del marco constitucional, porque garantiza, justamente, la operatividad pro-pia de nuestras Fuerzas Armadas, dándole cierta visión en el tiempo al trabajo que realiza las tres instituciones armadas en nuestro país; porque, de repente, dos años resulta ser muy poco tiempo para ver los resultados de toda una gestión. En nuestro caso, por ejemplo, todos sabemos que un año de mandato como presidente de este poder del Estado es bastante corto para todo el trabajo que durante ese tiempo se tiene que realizar.



Puede continuar, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— Señor Pre-sidente, precisamente este es el debate que deberíamos tener en la Comisión de Defensa Nacional, Or-den Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, para

poder intercambiar nuestros puntos de vista.

En todo caso, este debate me ha permitido encontrar la ley que estaba buscando; porque sigo sin conseguir explicarme, aparentemente. A igual razón, igual derecho, dice usted, y tiene toda la razón, colega Gastañadui Ramírez. Permítame leerle la norma, porque parece que aún no me dejo explicar.

¿Cuáles son las funciones del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Entre otras: “Planificar, organizar, dirigir y conducir las ope-raciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas…” Por tal razón, si está en pleno proceso de conducción de una operación, hay que prorrogar su mandato; eso es una cosa lógica, señor Presidente.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Beingolea Delgado?

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— El congresista Tubino Arías Schreiber me solicita una interrupción en forma insistente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer

uso de la interrupción, congresista Tubino Arias Schreiber.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señor Presidente, quisiera añadir, a lo señalado por el colega Beingolea Delgado, lo siguiente.

Con relación a las funciones del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es necesario tener en cuenta que los comandantes generales, si bien es cierto que preparan la fuerza, como ha dicho el colega Gastañadui Ramírez, inte-gran el Comando Conjunto y toman las decisiones en las operaciones y acciones militares, al más alto nivel, con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No es que los comandantes generales dejen de participar a la hora de realizar esas operaciones, no.

Generar inestabilidad en la situación actual —y ya no quiero extenderme más en este asunto—, consi-dero que no es bueno; por lo tanto, si es necesario prorrogar por un año adicional el mandato de los comandantes generales, pues, que se prorrogue. ¿Cuál es el problema? Pues, la situación de inse-guridad que actualmente vivimos en el país.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede continuar, con-gresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Señor Presidente, entonces, voy a pa-sar a dar lectura a la ley respectiva. ¿Cuál es la función del comandante general de la Marina de Guerra del Perú, que tanto le interesa a un colega que continúe un año más en el cargo? ¿Cuál es la función del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la función del comandante general del Ejército del Perú? Con respecto a este último, dice la ley lo siguiente: “Conducir acciones de preparación, formación, capacitación, espe-cialización, perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente Terrestre de las Fuerzas Armadas”. De acuerdo con esas funciones, no hay ninguna razón para decir lo necesito excepcionalmente por un año más en el cargo; si se le necesitara un año más es porque planificó muy mal y no fue capaz de hacer su trabajo.

Como se puede advertir, el asunto es bastante sencillo; en el caso del comandante general del



Ejército del Perú, no debe haber excepcionalidad alguna. De repente, podría ser si esta ley tuviese años, pero no la tiene; recién ahora se está for-mulando ese planteamiento.

Acá se ha dicho que se ha pretendido comparar —y con eso termino, señor Presidente— a un general, cuya honorabilidad jamás he puesto en duda, con otro. Nosotros en ningún momento he-mos querido comparar al general Leonel Cabrera Pino con el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos; sino estamos comparando al señor Fujimori con el señor Humala Tasso, que es distinto.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— En unos segundos concluyo, señor Presidente.

La excepcionalidad del Presidente de la República de prorrogar por un año adicional el mandato, en particular, de un oficial al frente de un instituto armado, es politizar a las Fuerzas Armadas, con lo cual estamos lejos de la acción que corresponde al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, que es conducir a los institutos armados; eso es todo.

Por eso es que hay acá quienes dicen —y yo po-dría aceptar esa posición— que sería conveniente eliminar esa discrecionalidad y que, en lugar de nombrar a los comandantes generales de los institutos armados por un período de dos años, si les parece tan importante que sean tres años en el ejercicio en el cargo, pues que sean tres.

Por consiguiente, como me parece tan importante el planteamiento en mención, por respeto a las Fuerzas Armadas, considero que el texto pro-puesto por el Poder Ejecutivo merece un debate más serio; y ese debate serio se podría llevar a cabo en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y el próximo jueves, con una opinión ya formada, podremos discutirlo ampliamente en este recinto, porque creo que es interés de todos los presentes respaldar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Esa es la idea.

Espero, entonces, que someta a consulta la cues-tión previa planteada hace un momento, antes de que se vote la propuesta legislativa materia de debate.


Muchas gracias.


Habiendo finalizado el debate, tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, en su condición de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Señor Presidente, aten-diendo a la preocupación de varios señores congresistas, le solicito que someta a consulta la cuestión previa planteada por la congresista Salgado Rubianes, en el sentido de que la

propuesta legislativa materia de debate pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el plazo propuesto hace un momento por la congresista Alcorta Suero.

Le pido, por tanto, que someta usted a votación la referida cuestión previa.


(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tratándose de una cuestión previa, esta de todas maneras tiene que ser votada.

Previamente, la Presidencia solicita a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— En tanto los señores representantes registran su asistencia, la Presi-dencia le concede el uso de la palabra al congre-sista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señor Presidente: En verdad, no tiene sentido la votación que se ha dispuesto, en razón del allanamiento del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha

contra las Drogas para que el proyecto de ley materia de debate pase a estudio del referido órgano legislativo.



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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señores congresistas, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas puede pedir que la ponencia pase un cuarto de intermedio; pero las cuestio-nes previas reglamentariamente tienen que ser sometidas a consulta del Pleno.

Puede continuar, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Antes, per-mítame conceder a la colega Salgado Rubianes la interrupción que me solicita, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPFP).— Señor Presidente, si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas ya se ha allanado a que la ponencia en debate pase a

estudio de la referida instancia legislativa, por ahorro procesal, ya no es necesaria la votación que usted ha dispuesto.

Si desea, puede usted continuar. Si es necesario, de acuerdo con Reglamento votar el referido planteamiento, no hay ningún inconveniente; pero creo yo que, por ahorro procesal, ya no cabe realizar esa consulta, porque el presidente de la comisión ya se ha allanado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Salgado Rubianes, hay un acuerdo de la Junta de Porta-voces mediante el cual se ha exonerado del envío a comisión a la propuesta legislativa materia de debate; y la única forma de dejar sin efecto ese acuerdo es mediante la intervención de otra instancia legislativa, que en este caso es el Pleno del Congreso de la República.

Señores congresistas, reitero, hay acá un acuerdo de la Junta de Portavoces a través del cual se ha exonerado del envío a comisión al proyecto de ley materia de debate; pero como es voluntad de los integrantes de las diversas bancadas que la referida ponencia pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, pues aceleremos la votación.

Congresista Mulder Bedoya, la propuesta en debate ha sido exonerada del envío a comisión. Estoy seguro de que este órgano legislativo va a dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces y va a proceder a remitir la ponencia a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Puede usted continuar, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señor Pre-sidente, he estado conversando con algunos congresistas de su grupo parlamentario sobre la importancia de que ustedes, como bancada, también se hagan respetar; porque la excepción que se propone y que es la que está originado todo esto problema es básicamente por la incapacidad de algunos burócratas del Poder Ejecutivo que, habiendo podido tramitar este proyecto de ley con tiempo, porque tienen la presidencia del Con-greso y la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, sin embargo, no lo han hecho.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Díaz Dios, le pido que no genere un nuevo debate; por lo demás, está usted agrediendo a una bancada, no obstante que estamos en votación.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señor Presi-dente, con todo respeto, debo decirle que…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tenga la plena certeza de que la cuestión previa, en breves momentos, será sometida a votación.

Le pido que concluya, congresista Díaz Dios.

El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Señor Presidente, este no es un asunto que solo le competa a su bancada, porque debido a esas des-coordinaciones nos tiene perdiendo el tiempo hace varias horas. No nos hemos referido tanto a la cuestión

de fondo, sino a los procedimientos y a la forma en que estos, en este caso, innecesariamente se saltan. Es necesario que los proyectos de ley de esta naturaleza, que son tan importantes, se debatan en las respectivas comisiones.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Díaz Dios?



El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Me solicita una interrupción el congresista Mulder Bedoya, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, al determinar que se tenga que votar, de todas maneras, la cuestión previa planteada por la colega Salgado Ru-bianes, a pesar de que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional,

Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas se ha allanado a la misma y ha accedido a que la propuesta en debate pase la referida comisión; lo que está haciendo usted es crear el antecedente de que los presidentes de comisión no tengan ya la facultad de poder ingresar a un cuarto intermedio; porque, a partir del momento en que un presidente comisión toma una decisión de esa naturaleza, siempre se hace lo que este ha determinado.

Si un presidente de comisión decide que la po-nencia en debate ingrese a cuarto intermedio, por más que haya cuestiones previas planteadas, estas se suspenden y de inmediato se pasa al cuarto intermedio.

Caso contrario, se va a sentar el precedente de que ya los presidentes de comisión no van a poder aceptar las cuestiones previas o allanarse a ellas, y ni siquiera van a tener la potestad de aceptar modificaciones, porque usted les está quitando esa autoridad.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Mulder Bedoya, no se trata de un cuarto intermedio; por lo demás, el cuarto intermedio es potestad del Presidente del Congreso.

En este supuesto…

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Se-ñor Presidente, en la práctica, sí es un cuarto intermedio, porque…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— En ese supuesto…

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— …porque el presidente de la comisión lo está so-licitando; además, el cuarto intermedio puede durar una semana, como ya se ha dicho acá. En la práctica, entonces, sí es un cuarto intermedio.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Mulder Bedoya, lo que ocurre es que el proyecto de ley materia de debate no ha sido analizado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Dro-gas; y lo que queremos hacer en este momento es derivarlo a esa instancia legislativa para que pueda ser dictaminado.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, una vez más queda en claro que son debatibles los asuntos que se refieren al Reglamento, como también es debatible la opinión de la Oficialía Mayor.

Yo considero que tiene razón tanto el congresista Mulder Bedoya como el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. En mi opinión, por una cuestión de economía procesal, esta situación se solucionaría pidiéndole al vocero del grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú que retire su firma de la exoneración que fue acor-dada por la Junta de Portavoces. De esa forma, la exoneración se cae por sí sola, porque serían 43 votos menos de los 71 con que fue acordada.

Creo que esa sería la forma más rápida de darle a una solución al impasse surgido.



Puede hacer uso de la palabra el congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente: En mi opinión, no procede realmente el cuarto intermedio. Si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno solicitase que la ponencia ingrese a un cuarto inter-

medio, con ello no estaremos rehabilitando a la Comisión para estudie el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. La Comisión, por acuerdo de la Junta de Portavoces, ha sido exceptuada de emitir dictamen; de manera que si la ponencia ingresa a cuarto intermedio de ninguna manera



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se estará rehabilitando a la Comisión para que se pronuncie sobre el particular.

Más bien, coincido con la propuesta formulada por la congresista Chávez Cossío, en el sentido de que si cualquiera de los voceros de los grupos parlamentarios, que ha suscrito la exoneración acordada de envío a comisión, retira su firma, ya no se contaría con las firmas requeridas y, por tanto, el proyecto de ley necesariamente tendría que pasar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Esa es la única forma de dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces; y, por cierto, también mediante la votación del Pleno. Pero el camino más expeditivo sería el que algunos de los voceros de los grupos parlamentarios retiren su firme de la exoneración de envío a comisión acordada, con lo cual, dicha dispensa carecería de las firmas requeridas y la ponencia tendría que pasar a dictamen de la referida Comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señora congresista, lo que sucede es que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas no ha so-licitado que el proyecto de ley materia de debate ingrese a un cuarto intermedio. Lo que ha dicho es que él va a respaldar, al momento de la con-sulta, que la referida ponencia sea derivada a la mencionada comisión, que es otra cosa; porque él no tiene facultad, cuando hay un acuerdo previo de la Junta de Portavoces, para decidir que el asunto pase a Comisión.

Se dar por cerrado el registro de asistencia.


Antes de someter a votación la cuestión previa planteada, la Presidencia concede el uso de la palabra a la congresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente, tiene usted que reivindicar algunos gestos políticos de la Mesa Directiva que usted dirige. Si el presidente la Co-misión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo

y Lucha contra las Drogas ha aceptado que el proyecto de ley se debata en el Pleno, y ahora él

mismo está pidiendo que pase a estudio de dicha comisión, es porque él, como presidente de esa instancia legislativa, tiene esa atribución. De esa forma, nos evitamos todo el trabajo del retiro de firmas de la exoneración acordada; porque —como se dice acá— el Pleno lo puede todo.

Por lo tanto, si estamos discutiendo la referida propuesta legislativa y existe acá la voluntad de enviarla a la referida Comisión, la pregunta es: si se está pidiendo de que la veamos pasado mañana ¿cuál es el problema de que la podamos tratar después, es decir, el jueves de la próxima semana? Bien dictaminada la propuesta, probablemente, hasta estemos de acuerdo con ella; pero por qué llevarlo todo a patadas, cuando ni siquiera es urgente, habiendo perdido acá más de dos horas en un debate intrascendente.

En todo caso, de procederse como usted está soli-citando, señor Presidente, se estará sentando acá el precedente de que los presidentes de comisión ya no van servir para nada y estarán pintado en la pared.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Señora congresista, mi bancada va a respaldar la propuesta que usted sugirió.

Al voto la cuestión previa planteada en el sentido de que el proyecto de ley en debate pase a la Co-misión de Defensa Nacional, Orden Interno, De-sarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.


—Efectuada la consulta, se aprueba, por 75 votos a favor, un voto en contra y una abstención, la cuestión previa planteada por la congresista Salgado Rubianes, en el sentido de que el proyecto de ley materia de debate pase a la Comisión de Defensa Nacio-nal, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el término de siete días.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido aprobada la referida cuestión previa. En consecuencia, pasa el referido proyecto de ley a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, por el término de siete días.



La Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Valencia Quiroz, Condori Cusi, Dammert Ego Aguirre, Gutiérrez Cóndor, Rimarachín Cabrera, Merino De Lama, Inga Vás-quez, Lewis Del Alcázar, Tait Villacorta, Grandez Saldaña, Sarmiento Betancourt y Cuculiza Torre; y del cambio de voto en contra por voto a favor del congresista Gastañadui Ramírez.

“Votación de la cuestión previa de la con-gresista Salgado Rubianes

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Ro-dríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cár-denas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Isla Ro-jas, León Rivera, León Romero, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Huamaní, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Mi-randa, Salgado Rubianes, Simon Munaro, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señor congresista que votó en contra: Gas-tañadui Ramírez.

Señor congresista que se abstuvo: Lescano Ancieta.”

Se acuerda la ampliación del plazo por 45 días hábiles solicitada por la Comisión In-vestigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República, con el fin de que procese la nueva información

obtenida y elabore el informe final

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— El asunto que a con-

tinuación vamos a tratar tiene que ver con el informe preliminar de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la ges-tión del señor Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.

Señor Relator, sírvase dar lectura a la sumilla del informe correspondiente.


Informe preliminar de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República, por unanimidad, que recomienda solicitar una ampliación de plazo de 45 días há-biles, a fin de procesar la nueva información y la elaboración del informe final.*


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar inicio a la sustentación del informe preliminar de la Comisión Investi-

gadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República, que recomienda solicitar al Pleno del Congreso la ampliación del plazo por 45 días hábiles.

Con ese fin, tiene la palabra el congresista Tejada Galindo, presidente de la referida comisión.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señor Presidente: La verdad es que el día de estoy con descanso por problema de salud; pero he querido venir a sustentar la solicitud de ampliación de plazo, de cuarenta y cinco días hábiles, que la

Comisión que presido requiere para procesar la nueva información tiene y para elaboración del informe final.

Este miércoles último, la Comisión discutió ampliamente la situación de la Comisión, origi-nada, particularmente, después del fallo del juez constitucional, de fecha 19 de setiembre de 2013, que declaró nula la sesión de la Comisión del 3 de abril de 2013, a la cual acudió el expresidente de la República Alan Gabriel García Pérez.

Luego de un amplio debate en el seno de la misma, acordamos que era prudente solicitar 45 días hábiles de ampliación, ya no para continuar




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con las investigaciones, sino para cumplir con la aprobación de los informes elaborados y con algunos trámites administrativos.

La Comisión se había propuesto un cronograma de trabajo con el fin de aprobar los informes en el mes de octubre y en los 15 días del mes de noviembre en que concluye el plazo que nos ha sido otorgado, y para la organización del acervo documentario.

Pero, al declararse nula la sesión del 3 de abril, volvimos a formular una nueva citación al señor Alan García Pérez para el 30 de octubre de 2013, con lo cual ningún informe de la Comisión podía ser aprobado hasta la fecha indicada. Esto dio lugar a desplazar todo lo que habíamos acordado y a establecer un nuevo cronograma de trabajo.

Adicionalmente, hace unos días también se declaró nula la sesión del 8 de junio de 2012, con lo cual tenemos ya dos sesiones anuladas; y lo que corresponde ahora es revisar cada uno de los informes elaborados para poder eliminar las declaraciones que habían sido consignadas en ellos e incorporar los nuevos descargos del expresidente.

Una vez concluida esa labor, tenemos que plan-tearnos un cronograma razonable para poder, por lo menos, aprobar un informe cada sema-na; de lo contrario, tendremos que aprobar un informe cada día, lo que nos podría inducir a numerosos errores y controversias en el seno de la Comisión.

Señor Presidente, la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República ya ha presentado un informe preliminar, en el que da cuenta de los avances de cada uno de los casos investigados.

La ampliación de plazo que estamos solicitado es un asunto meramente administrativo, con el fin de recuperar el tiempo perdido tras el fallo del juez constitucional que declaró nula la sesión del 3 de abril de 2013; y de establecer un nuevo cronograma de trabajo, dedicado ex-clusivamente ya no a investigaciones, sino a la aprobación de informes y a la organización del acervo documentario para su entrega al Congreso de la República.

Eso es todo que quería decir al respecto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Te-jada Galindo.

En debate el informe preliminar que acaba de ser sustentado por el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de in-vestigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.


El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente: Debo decir, en primer lugar, que nosotros respaldamos el trabajo de toda comisión de investigadora; pero estoy en desacuerdo con que, para solicitar una ampliación de

plazo, se aluda a un fallo judicial —en mi opinión, absolutamente ilegal— que se ha entrometido en una investigación en curso en el Congreso de la República.

No sabemos si al señor Alan García Pérez lo van a declarar culpable o no, ni sabemos nada en absoluto sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento.

Sin embargo, se está admitiendo acá que se están violando derechos constitucionales, cuando no se ha violado ningún tipo de derecho; eso es muy peligroso y puede sentar un mal precedente, señor Presidente. Esta es una investigación en curso de la que aún no se sabe el resultado final.

Señor Presidente, podrá tener la referida Comi-sión necesidad de realizar algunos actos y que, por esa razón, necesite una ampliación de plazo, para la elaboración de los informes finales y para cuestiones administrativas; pero para ello no se debe aludir a una sentencia judicial claramente ilegal, que, por lo demás, sienta un precedente nefasto en las investigaciones que realiza el Congreso. Mañana vendrá otro juez y, a la mitad de un proceso de investigación, podría dejar sin efecto algunos otros actos llevados a cabo por el Congreso.

Yo no estoy de acuerdo con que en esos términos se tenga que aprobar ampliación de plazo que solicita la Comisión; cuando más bien debería ser por una necesidad de la propia comisión, por los casos que ha visto, que, lamentablemente, han quedado en el camino; y por los casos por investigar, aprobados en el plan de trabajo inicial, que aún no se han visto.



Pero, digamos las cosas claras, señor Presidente. Aquí hay una necesidad del Parlamento de inves-tigar, de realizar gestiones administrativas y de elaborar un informe final; pero para ello no se debe aludir a una resolución judicial. ¿Qué quiere decir eso, señor Presidente? Que al Parlamento le están enmendando la plana respecto de un proceso de investigación del cual no sabemos aún sus resultados; porque en el informe final se podría concluir en que hay infracción o no hay infracción, en que hay presunción de delito o no hay presunción de delito. Eso nosotros no los sabemos, señor Presidente.

Por consiguiente, yo no estoy de acuerdo con que tenga que aludir a un fallo judicial para solicitar la ampliación de plazo prevista en el Informe Preliminar emitido por la Comisión Investiga-dora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República; porque se sentaría un precedente nefasto. La ampliación de plazo se puede solicitar, pero por otros motivos.


Muchas gracias.


Puede usted hacer uso de la palabra la congresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente: Lamentablemente, el problema de las comisiones investigadoras —lo sabemos quienes hemos repetido el plato en el Congreso el año pasa-do— es que estas no tienen ningún

final, porque siempre mezclan la parte política con la parte de la investigación, y así no llegamos a ninguna parte. Hace más de un año estamos atracados con una sola agenda entre la bendita megacomisión, el caso Ecoteva y si Fujimori se va a su casa con prisión domiciliaria o no. En verdad, hemos desnaturalizado la agenda nacional, que es la que realmente nos interesa y por la que todos estamos sentados acá.

¿Qué es lo que nos ha traído acá? Pues mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, lo cual implica mejorar la calidad de la educación, de la seguridad, de la salud, de la infraestructura, así como resolver los grandes problemas nacionales, que son parte de la agenda por la que nosotros estamos sentados acá.

De todas las comisiones que se forman acá, por más reservadas o secretas que sean, aunque las sesiones las hagan en el sótano, toda la infor-mación se filtra, se contamina, se pierde; no nos llevan a ninguna parte. En la práctica, se han convertido en la única agenda que nos interesa, y todos somos responsables de ello.

Cuando a una comisión se le encarga una investi-gación, esta tiene una fecha de inicio y una fecha para concluir sus funciones. Se puede entender una ampliación de plazo como la de la vez pasada; pero lo que no podemos hacer es conceder una ampliación infinita, en ninguno caso. Y si no hay la capacidad suficiente para ello, pues lo derivamos a la Fiscalía y que el Poder Judicial haga lo que corresponde: que lo sentencie, que lo meta preso o que lo libere; pero lo que no podemos hacer es estar ampliando constantemente el plazo a las comisiones investigadoras que aquí se forman, que lo único que han hecho es realizar un debate político lleno de insultos, de agravios y con un verbo realmente insostenible, donde todos se dicen de todo; y a los que nos interesan los asuntos que se tratan y a los que nos han sentado acá, nos dejan completamente de lado, lo cual ciertamente es una vergüenza.

Yo realmente lamento lo que viene ocurriendo, porque tengo un gran aprecio por el presidente de la referida comisión, que, supongo, viene realizando un gran trabajo; pero las comisiones investigadoras no deben ser infinitas, de manera que no se les puede estar extendiendo continua-mente el plazo que solicitan: toda la vida han tenido un inicio y un final.

En lo personal, yo voy votar en contra de la am-pliación que se solicita, como también voy a votar en contra de la investigación a Keiko Fujimori. ¿Por qué razón? Porque yo he presentado un proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento, que no sé si el señor Chehade Moya lo habrá recibido, con el fin de que aquellas auto-ridades elegidas (alcaldes, presidentes regionales o lo que sea) que han financiado su campaña con dinero del narcotráfico y/o lavado de activos sean vacados en forma automática del cargo, y ya no serán reemplazados por los accesitarios. Ese proyecto de ley lo he presentado para que, una vez que sea dictaminado, lo podamos debatir acá: vamos a ver cuántos votan a favor al momento de la consulta.

Obviamente, no podemos estar en una situación de infinito, que no termina nunca; pero si la referida comisión no tienen la capacidad suficiente para cumplir con el encargo, no van a acabar nunca,



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porque los gobiernos duran cinco años, que es un tiempo bastante extenso para realizar cualquier investigación. Se han dedicado a otras cosas que no realmente corresponden y ahora quieren recuperar el tiempo perdido, lo cual habría que analizar, porque son ellos los que están en esa comisión.

Señor Presidente, reitero, no pude ser la agenda de nuestra de todos los días la bendita Megaco-misión, el caso Ecoteva o si el señor Fujimori se va a su casa con prisión domiciliaria o no; eso realmente es inaceptable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Al-corta Suero.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente: Le agradezco que me haya concedido el uso de la palabra intervención, porque, además, por una cuestión de equidad —ya que es evidente que el asunto que estamos tratando se

refiere directamente a un grupo político, que es el que nosotros representamos—, era dable que podamos contestar algunas de las sandeces que se han dicho acá.

La verdad es que es una falta de respeto a la in-telectualidad el que un congresista, que recurre al Tribunal Constitucional cada vez que no lo es favorable una votación, venga acá y tenga al cuajo de decir que no es aplicable la sentencia del Poder Judicial. ¡Es el colmo, señor Presidente!

Por último, puede votar en contra si no le agrada la ampliación de plazo solicitada por el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria en-cargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República, porque los fundamentos que ha expuesto para tal solicitud los ha tenido que someter a los integrantes de su comisión. Esa es la razón por la que tuvo que volver a hacer una nueva dili-gencia en el seno de la referida Comisión; eso en primer lugar.

En segundo lugar, existen también otros elemen-tos. Nosotros estamos a favor de la ampliación del plazo que ha solicitado el presidente de la referida Comisión; no vamos a ocultar nada ni

vamos a poner ningún obstáculo para que se puedan llevar a cabo las investigaciones, como realmente corresponden. Pero cuidado, hay que tener consistencia en lo que significa el plazo razonable para realizar una investigación.

Esta Comisión se formó en el mes de noviembre del año 2011 por el plazo de un año; pero ese plazo de un año lo interpretaron malévolamente, con la complicidad del Oficial Mayor, en el sentido de que los 365 días del año son días útiles; de esa forma prolongaron por casi un año más el trabajo de la Comisión.

Después, como no les fue suficiente, extendieron por 90 días más las funciones de la Comisión, los cuales vencieron ya; y ahora solicitan una prorroga 45 días, que, por supuesto, serán días útiles, no serán 45 días calendario, de manera que el plazo se extenderá hasta el mes de marzo, considerando que estamos próximos a un receso parlamentario. Y, por supuesto, en ese momento seguramente dirán que hay más elementos nuevos y querrán seguir prorrogando el plazo de funcionamiento de la Comisión.

Cuidado, se debe respetar el plazo razonable otorgado para una investigación; el no hacerlo implicaría la violación de un derecho humano constitucional, establecido por la Corte Inte-ramericana de Derechos Humanos. Pero eso corresponde a la mayoría, eso corresponde a los miembros de la Comisión. Que actúen como creen que deben actuar; nosotros no pondremos ningún tipo de cortapisas, aunque consideremos que se están violando derechos sustantivos. Que avancen y punto.

Lo que nosotros queremos ver es que la comisión investigadora no pueda tener ningún pretexto, en el sentido de que, por causa nuestra, no se han podido encontrar las pruebas que ellos creen que existen y que hasta la fecha no han encontrado.

De manera que, habiendo expresado este punto de vista y advirtiendo que el pedido de ampliación de plazo puede ser aprobado por unanimidad, creo que se puede pasar ya a votación.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Mul-der Bedoya.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Becerril Rodríguez.



Señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Señor Presidente: Yo creo que el presidente de la Me-gacomisión, el compañero Sergio Tejada Galindo, ha sido muy claro al momento de sustentar por qué estamos solicitando la ampliación de plazo de 45 días hábiles.

Yo no quisiera que acá el debate de fondo sea si el fallo del juez fue legal o ilegal, o si el denunciado es culpable o no es culpable; porque simplemen-te estamos solicitando 45 días de prórroga para procesar la nueva información que tenemos y para elaborar un informe final objetivo y serio, respetando la Constitución y las leyes. De eso se trata, señor Presidente.

En verdad, no debemos entrar a un debate so-bre asuntos que no vienen al caso, porque eso finalmente se determinará en los informes que presentemos. Son siete los casos sobre los que tenemos que elaborar informes, cada uno de los cuales requiere del tiempo necesario para poder evaluarlos. De manera que, simplemente, les pido que nos comprendan y que nos concedan los 45 días que ha solicitado, al momento de la susten-tación, el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Be-cerril Rodríguez.


El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señor Presi-dente: De manera especial, solicite firmar el pedido de ampliación del plazo porque nosotros somos los más interesados en que la referida Comisión, después de dos años de

entrar en funciones, pueda proporcionar los re-sultados de su trabajo.

Allá los que creen que escudándose en la inmu-nidad pueden, en un Estado de derecho, ir por los medios de comunicación afectando las honras de las personas y hablando de robo y corrupción. ¿Acaso no recuerdan que hace un año un con-gresista, que ahora dice que el Parlamento no debe respetar los fallos del Poder Judicial, iba a

los medios de comunicación manifestando que se habían robado mil 200 millones de nuevos soles? ¿Dónde están esos mil 200 millones de nuevos soles, señor Presidente?

En este momento voy a hacerle llegar la sentencia del Juez Constitucional, para que se entere que lo que el juez ha resuelto no es que la Comisión no investigue, sino que investigue respetando la ley y la Constitución, como señaló hace unos instantes el congresista Becerril Rodríguez.

El Parlamento no es una isla, no es una zona exenta de control constitucional. Hago esa reflexión, señor Presidente, porque nosotros vamos a votar a favor de la ampliación de plazo que solicita la Comisión; pero, antes de concluir, quiero pedir al congresista Tejada Galindo que precise lo siguiente:

El colega ha dicho en su intervención que la Comisión Investigadora que él preside necesita una prórroga de 45 días para cuestiones adminis-trativas, para procesar nueva información y para la elaboración del informe final.

Sin embargo, tengo conocimiento que para el día de hoy o de mañana se había citado a los hijos de un funcionario para continuar con las investiga-ciones, pero han pospuesto su presentación para la próxima semana.

Entonces, se continúa investigando; esto supo-ne que si, de repente, concluido dicho plazo, la Comisión no cumple con elaborar los referidos informes administrativos, nuevamente va a solicitar una ampliación de plazo. Señor Presi-dente, quiero decir a la Representación Nacional y al país que nosotros no le tenemos miedo a la investigación.

Pero lo que nosotros no vamos a permitir es que se haga una investigación violando la Constitución y la ley. Así le guste o no le guste al congresista que dice que los fallos del Poder Judicial no se cumplen, nosotros vamos a hacer que se res-peten los fallos de ese poder del Estado, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Ve-lásquez Quesquén.

Puede hacer uso de la palabra el señor Rodríguez Zavaleta.



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El señor RODRÍGUEZ ZAVALE-TA (GPCP).— Señor Presidente: Después de la intervención de mis colegas Mulder Bedoya y del colega Velásquez Quesquén, casi no me ani-maba a referirme a esta materia, que para nosotros es muy importante.

Sin embargo, voy a aprovechar estos minutos para dejar aquí bien en claro que nosotros no somos fiscales, no somos jueces, no somos los que vamos a sentenciar, ni tenemos por qué considerar de ilegal la sentencia de un Juez Constitucional que, prácticamente, ha dicho que se ha violado el debido proceso en varios aspectos.

Señor Presidente, nosotros vamos a respaldar la ampliación de plazo que solicita la referida Comisión Investigadora; pero de ninguna manera debemos caer en excesos ni incurrir en abusos.

Ayer fue el expresidente Fujimori, después el señor Toledo y hoy el señor Alan García Pérez, quien por tercera vez ha concurrido a la referida Comisión Investigadora del Congreso; y segura-mente más adelante vendrán otros mandatarios, porque en nuestro país existe la cultura de la desconfianza. Mientras nos toque, nosotros es-taremos aquí para develar los velos que generan esa desconfianza y que el pueblo pueda realmente saber cómo son las cosas.

No obstante ello, nosotros no seremos ningún obstáculo y respaldaremos la ampliación de plazo que solicita la Comisión, la cual no debe caer en excesos ni incurrir en abusos; porque estamos permitiendo que pase el tiempo y, con ello, que se filtren documentos y audios, como nos hemos enterado en estos últimos días, y así no son las cosas, señor Presidente.

Desde nuestra bancada, mientras estemos aquí siendo la voz de nuestro partido, que ha sido gobierno durante dos períodos —porque solo el pueblo es el que manda y el habla en las ánfo-ras—, le digo que nosotros no podremos ningún obstáculo en la realización de esas investigaciones, señor presidente de la Megacomisión.

Y considerando que se ha referido usted al fallo del juez constitucional…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por favor, diríjase a la Mesa, congre-sista Rodríguez Zavaleta.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— Cómo no, señor Presidente.

Y considerando que se ha referido usted al fallo del juez constitucional, le digo que estaremos aquí presentes y daremos paso a las investigaciones; porque aquí no vamos a tapar ninguna cuestión ni acto irregular, debido a que nos acompaña la fuerza de la verdad.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Ro-dríguez Zavaleta.

Por haber sido aludido, puede hacer uso de la palabra el congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente: No es posible que el día de hoy el Par-lamento esté renunciando a la au-tonomía y a las facultades que tiene como primer poder del Estado.

El Congreso tiene la facultad de investigar, con todas las garantías del caso; de manera que, en pleno proceso de investigación, no puede venir un juez a querer enmendar la investigación que viene realizando este Poder del Estado.

¿Por qué razón, señor Presidente, se invoca resoluciones judiciales, cuando el proceso de in-vestigación aún no ha concluido? El Parlamento Nacional, como parte interesada, debería impug-nar y apelar las resoluciones emitidas sobre la investigación que viene realizando.

Sin embargo, aquí a priori se está admitiendo que el Parlamento ha violado derechos humanos constitucionales, cuando el proceso aún no ha concluido.

¿O es que ahora nosotros nos tenemos que so-meter…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Permítame treinta segundos para terminar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe usted, señor congresista.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Muchas gracias, señor Presidente.



¿O es que ahora, antes de que termine el proceso, nosotros nos tenemos que someter a un Poder Judicial que también está altamente cuestiona-do? Porque el proceso aún no ha concluido; de manera que el procurador del Congreso de la República tiene la obligación de impugnar esas resoluciones. Eso lo podremos decir cuando esté concluido el proceso, pero en estos momentos no está concluido, señor Presidente.

El Parlamento dice: “Ya pues, qué vamos a hacer. El Poder Judicial ya emitió esa resolución”. ¡No es posible eso, señor Presidente! Hay que retirar de la motivación de la ampliación de plazo esa disposición judicial; caso contario, al momento de la consulta, votaré en contra del referido planteamiento.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Lescano Ancieta?

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, permítame conceder al con-gresista Velásquez Quesquén la interrupción que me solicita, con lo cual doy por concluida mi intervención.

Muchas gracias.


Corresponde hacer uso de la palabra al congresista Pari Choquecota, a quien le pido que conceda a su colega Velásquez Quesquén la interrupción que viene solicitando.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Con el mayor agrado señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, hay algunos se-ñores congresistas que no conocen la geografía del país; pero no solo eso, sino que ahora tam-poco conocen el Código Procesal Constitucional que hace un buen tiempo aprobamos en este Congreso.

El artículo 22.° del Código Procesal Constitu-cional —le digo mirándole a la cara, congresista Lescano Ancieta— permite que, cuando un juez constitucional de primera instancia se pronuncia, la resolución que emite se tiene que ejecutar an-ticipadamente, aunque se apele; por eso es que se ha tenido que ejecutar, como también se ha tenido que ejecutar en el caso del extinto congresista Diez Canseco Cisneros.

A veces la ignorancia es un poco atrevida; por eso siempre digo yo que hay que leer…

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Que retire la palabra, señor Presidente.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Disculpe, colega, si se siente aludido con lo que he dicho, con mucho gusto…


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Claro que la retiro. Por favor, cómo no la voy a retirar.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por superado el incidente.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— En todo caso, señor Presidente, le pido que lea el artículo 22.° del Código Procesal Constitucional.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Si en esta ocasión hemos interve-nido los tres integrantes del Grupo Parlamentario Concertación Par-

lamentaria es porque en la referida Comisión Investigadora Multipartidarias nosotros no tenemos participación, como sí la tenemos en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde sí se ha respetado la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Por eso quiero decir al colega Lescano Ancieta que, le guste o no, los fallos del Poder Judicial se tienen que cumplir; y si de desprestigio se habla, habría que ver el nivel de respaldo que tiene el



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Congreso en la opinión pública, para consagrarle su legitimidad.

¡Por favor! Nada más fuera de lo que técnica y científicamente se establece en materia de órganos constitucionales autónomos, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Ve-lásquez Quesquén.

Puede usted dar inicio a su intervención, congre-sista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Señor Presidente: Lo que en este momento está en debate es la solicitud que formula la Comi-sión sobre la ampliación de plazo de 45 días para la presentación del informe final. Con respecto a

los términos de la sentencia emitida por el juez constitucional, con la cual yo, particularmente, tampoco estoy de acuerdo, debo decir que esta en este momento no es materia de discusión.

Yo puedo decir claramente que nosotros no hemos violado el debido proceso —esa es nuestra posi-ción—; pero otros podrán decir que sí lo hemos hecho, aun cuando no es ese el tema materia de debate. Nosotros defendemos —y somos cons-cientes de ello— los procedimientos que hemos seguido y, por ello, consideramos que no hemos violado ningún proceso.

Ahora, lo que nosotros consideramos y la am-pliación de plazo que solicita la Comisión en este momento es algo concreto.

La ampliación solicitada es por la siguiente ra-zón: primero, porque el informe final tiene que ser elaborado con toda la objetividad posible, no puede ser un informe hecho en forma apresura-da. Lamentablemente, hubo ciertas condiciones, con las que podemos estar de acuerdo o no, que impidieron que pudiéramos tener un cronograma normal. Eso fue lo que ocurrió, y tuvimos que asumir situaciones que no estaban previstas dentro del cronograma de la Comisión.

En todo caso, a lo que me estoy refiriendo es solo al acuerdo adoptado por la Comisión Investigadora, que está solicitando una ampliación de plazo de 45 días por razones lógicas y concretas, debido a que se necesita presentar un informe serio, un informe objetivo, y elaborado sin ningún tipo

de apuro. Se tienen que debatir internamente y bien todo lo que sea materia de investigación, para que los argumentos tengan la consistencia debida dentro del informe final.

Creo que eso es conveniente tanto para el Pleno como para el Congreso como institución. Señor Presidente, el Congreso tiene que legitimarse con informes elaborados con toda la seriedad del caso; por esa razón estamos pidiendo que se someta a votación la ampliación de plazo que solicitan los integrantes de la Megacomisión, que tienen el encargo de investigar la gestión del señor Alan García Pérez como Presidente de la República.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Pari Choquecota.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente, antes de dar inicio a mi intervención, permítame conceder al congresista Lescano Ancieta la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente: Aquí nadie está negando que se pueda aplicar una resolución judicial sujeta a una acción de garantía; nadie está negando eso. Lo que yo he señalado es que, sin haber terminado un

proceso, se esté aquí invocando una resolución judicial que no está consentida ni ejecutoriada, considerándola como si fuese definitiva, con la cual se le enmienda la plana al Parlamento Nacional. Es muy peligroso aludir una resolución de un juez constitucional para solicitar una ampliación de plazo, cuando aún no ha concluido el proceso.

¿De qué desconocimiento estamos hablando, señor Presidente? Cómo es posible que en un pedido de ampliación de plazo que está en debate se invoque una resolución judicial, cuando el proceso aún no ha concluido. Y dicen: “No, como le dijeron al Congreso que no haga esto sino lo otro, en base a ello estamos aquí solicitando la ampliación de plazo”.



¿Cómo? ¿Y nuestros fueros? Señor Presidente, si la resolución sale en contra del accionante, noso-tros mismos nos habremos hecho el haraquiri.

A mí me parece que podemos otorgar a la Comi-sión la ampliación de plazo que solicita; pero de ninguna manera se puede hacer referencia a reso-luciones judiciales que no están consentidas para formular un planteamiento de esa naturaleza.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Cómo no, señor Presidente.

Por lo tanto, el Parlamento tiene todo el derecho de impugnar esa resolución.

Los colegas que están de acuerdo con ello tienen todo el derecho de manifestarse en ese sentido; pero yo no estoy de acuerdo, porque es muy peligroso para el Parlamento Nacional, ya que aún no ha concluido el proceso; y, en este caso, no sabemos cómo el Poder Judicial va a dictar la resolución final.

Muchas gracias por la interrupción al congresista Benítez Rivas; muchas gracias, señor Presidente.


Puede dar inicio a su intervención, congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente, también me ha solicitado una inte-rrupción el congresista Mulder Bedoya.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Mulder Bedoya, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, ya sabemos que alguien va a votar en contra de la ampliación de plazo que solicita la Comisión Investigadora; y está muy bien que vote en contra, porque de esa forma quedará a salvo lo que de conciencia que le quede.

Pero, reitero, es una falta de respeto a la intelec-tualidad humana el que un congresista que ha ido

14 veces al Tribunal Constitucional para tratar de revertir las leyes que perdió acá por votación, ahora venga a sostener la tesis que hace un mo-mento ha defendido, en el sentido de que el Poder Judicial, en este caso, no tiene nada que hacer, que nosotros somos autónomos y que aquí nadie tiene por qué meterse. ¿Qué autoridad moral puede tener ese congresista, señor Presidente?

Incluso en una oportunidad el referido congresista, a quien le estoy contestando, no lo estoy aludiendo; porque si usted le va a dar después por alusión, yo también vuelvo a pedir por alusión, presidente. Esta es una respuesta, es una réplica.

Incluso, en una oportunidad el referido congre-sista, a quien le estoy respondiendo, no lo estoy aludiendo —porque si usted después le va a dar la palabra por alusión, yo también vuelvo a pedir la palabra por ese mismo motivo— se presentó con 64 firmas de congresistas ante el Tribunal Constitucional; y el Tribunal Constitucional le dijo lo siguiente: “Si ustedes que son 64 congre-sistas me están formulando esa solicitud, ¿por qué mejor no aprueban una ley y establecen lo que están pidiendo?” Con esa pretensión, hizo caer en el ridículo al Congreso de la República, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Cómo no, señor Presidente.

Entonces, como usted habrá podido advertir, solo un parlamentario que tiene tanto tiempo en el Congreso, que hasta ahora no conoce sobre este tipo de procedimientos y que hace caer en el ridículo al Congreso, puede decir las cosas que ha dicho, señor Presidente.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Que retiré la palabra, señor Presidente.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— ¿Cuál palabra? ¿Ridículo? ¿A qué palabra se refiere?

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Está usted insultando.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Yo en ningún momento lo he insultado.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Mulder Bedoya, el con-gresista Lescano Ancieta se ha sentido ofendido



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porque usted ha dicho que él ha hecho caer en el ridículo al Congreso.

En ese sentido, le solicita que retire usted las palabras que considera agraviantes.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Si el colega considera agraviante la expresión “que ha puesto en el ridículo al Congreso”, pues la retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por superado el incidente.

Puede usted continuar, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Señor Presidente, no es posible que un congresista —creo que ya todos saben a quién me estoy refiriendo— ni siquiera sepa lo que es el Vraem, después de diez años de estar en este Parlamento.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede dar inicio a su intervención, congresista Benítez Rivas.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Mulder Bedoya, para que toda esta situación pueda concluir, le solicitó que retire, a decir del propio congresista Lescano Ancieta, la broma que usted ha hecho en torno al tema del Vraem.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Es decir, quiere que retire el tono con el que he ha-blado. ¿Es eso lo que me está pidiendo? ¿Cómo retiro eso, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Le están pidiendo que retire la bro-ma que usted ha hecho con respecto al Vraem, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Entonces, que se borre del Acta mi intervención anterior, señor Presidente; creo que ya con eso estará contento.

En todo caso, a modo de ilustración, le puedo decir que Vraem significa Valle de los ríos Apurímac,

Ene y Mantaro, para que pueda saber exactamente qué significa ese acrónimo.

Ahora, si eso no le gusta, está bien, señor Presiden-te; retiro todo lo que pueda considerarse ofensivo, pero los hechos son los que hablan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Por concluido el incidente.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, so-licito el uso de la palabra; porque el colega se ha despachado a su gusto y hasta ahora yo no puedo decir nada.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Lescano Ancieta, su colega Mulder Bedoya ya ha retirado la expresión que usted había considerado agraviante.

Lo que hay que a evitar ahora es que entremos a un diálogo que no nos va a conducir a nada; de modo que, con el debido respeto, le solicito que conserve la calma, congresista Lescano Ancieta.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Señor Presidente: Since-ramente, en el informe preliminar que hoy se nos ha presentado, más allá de la ampliación de plazo de 45 días que está solicitando la Comi-sión, que puede ser importante y

necesaria, yo encuentro una situación que puede resultar muy peligrosa, porque al respecto se ha presentado una acción de amparo en la que se aduce una violación al debido proceso legal.

Este informe preliminar, que puede ser aprobado por el Pleno del Congreso, podría ser utilizado por quienes vienen tramitando la acción de amparo; porque en el punto tercero del informe se dice lo siguiente: “Trabajo realizados y casos inves-tigados: A la fecha, la Comisión ha concluido la investigación y la elaboración de los informes en los siguientes casos, los cuales han sido ya apro-bados por el Pleno de la Comisión: Caso Colegios Emblemáticos, caso Sedapal y caso Programa Agua para Todos”. En esos tres casos, señor Pre-sidente, a pesar de haber sido concluidos, como se ha vuelto a tomar declaraciones al señor Alan García Pérez, se van a añadir adendas.



Yo pregunto: ¿se puede incluir como adenda la declaración del principal investigado en informes ya concluidos? ¿Eso no podría dar lugar a que quienes hoy tramitan la acción de amparo tengan un argumento mayor y puedan decir: “El Pleno del Congreso aprobó este informe que incluye, a su vez, informes ya aprobados, lo que es una muestra de la violación al debido proceso?” A mí me preocupa, más que la redacción, el sustento para pedir la referida ampliación de plazo. El plazo puede ser de mes y medio, dos meses, tres meses o de un año, si así lo desean; pero me pre-ocupa el sustento, porque ese es un argumento que podría ser utilizado en una acción de amparo que está en trámite.

Si bien es cierto que un juez ha declarado fun-dada la acción de garantía interpuesta, con la cual algunos colegas pueden discrepar y otros pueden estar a favor, tenemos que respetar las decisiones judiciales, más allá de la apelación o de la ejecución inmediata del fallo, porque los resultados pueden dar lugar a que este caso ter-mine, de repente, en el Tribunal Constitucional; o puedan dar lugar a que, de repente, el Congreso presente una acción de amparo contra otra ac-ción de amparo, si en la Corte Superior termina definitivamente. De manera que este caso puede demorar un tiempo mayor. Sin embargo, en los informes que vamos aprobando acá, hay que tener mucho cuidado con los argumentos y sustentos que se utilizan.

Ante esta situación, pediría al presidente de la Comisión Investigadora que, en un cuarto intermedio, revise el informe preliminar, con el fin de evitar que al momento en que el Pleno lo apruebe se vaya a utilizar, en la acción de am-paro que se está tramitando, lo de las adendas como un argumento más de violación del debido proceso; porque todo ello puede apuntar a que cuando se emita el informe final, este pueda ser cuestionado. Y más aún pueda ser criticado y decirse que no vale, o que es irregular, cuando dicho informe pueda demostrar que hubo algún delito o alguna infracción a la Constitución; o cuando, quizá en el futuro, el Congreso, si hubiese alguna responsabilidad, pretenda inhabilitar a algún funcionario del Estado.

En consecuencia, señor Presidente, debemos tener mucho cuidado con los informes que aquí aprobamos.

Si hasta ahora se dice que se ha violado al debido proceso, y ya se viene cuestionando el informe presentado; entonces, tengamos más cuidado con lo que aprobamos, señor Presidente.

Por lo tanto, por su intermedio, pediría que el informe ingrese a un cuarto intermedio para que se hagan algunas enmiendas y se pueda aprobar hoy el plazo ampliatorio que solicita la Comisión, que creo que está por vencerse; pero cuidado con las conclusiones o los fundamentos de este informe.

—Reasume la Presidencia la señora Carmen Omonte Du-rand.

La señora PRESIDENTA (Car-men Omonte Durand).— La Presidencia le concede treinta se-

gundos adicionales para que concluya, congresista Benítez Rivas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (SN).— Muchas gracias, Señora Presidenta,

Hay que tener cuidado con las conclusiones o los fundamentos del informe, para que después, en el futuro, no sean utilizados como un argumento que puede invalidar la investigación de un caso tan importante que comprende actos de corrup-ción, que comprende probables conmutaciones de penas irregulares, que podrían dar lugar a la inhabilitación de altos funcionarios.

Por eso, señora Presidenta, antes de que se con-sulte al Pleno la extensión de plazo solicitada por la Comisión, pediría que el informe —y si desean lo planteo como cuestión previa— ingrese a un cuarto intermedio, para que el presidente de la referida Comisión revise el aludido informe y haga las enmiendas que considere necesarias; y cuando regrese al Pleno se someta a votación, a fin de evitar nulidades posteriores.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Benítez Rivas.

Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Tejada Galindo, en su condición de presidente de la Comisión Inves-tigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señor presidente, es cierto que hemos sido sumamente críticos —le vamos a dar la inte-rrupción en un minuto— hemos sido sumamente críticos de ese fallo



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del juez constitucional y lo hemos dicho, e ins-titucionalmente como Congreso de la República hemos apelado. Pero lo concreto es que toda esta situación produjo que durante, el 19 de setiembre al 30 de octubre, no se apruebe ningún informe mientras se resolvía la apelación que estaba ini-ciando el Congreso de la República.

Señor Presidente, es cierto que hemos sido su-mamente críticos…

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— ¿Me permite una interrupción, congresista Tejada Galindo?

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Le voy a conceder la interrupción en un minuto, permí-tame terminar la idea, congresista Lescano Ancieta.

Es cierto hemos sido sumamente críticos del fallo del juez constitucional rela-cionado con la investigación de la Comisión Investigadora —y lo hemos dicho en su oportu-nidad—; e institucionalmente, como Congreso de la República, hemos apelado dicho fallo. Pero lo concreto es que toda esta situación ocasionó que desde el 19 de setiembre hasta el 30 de octubre no se apruebe ningún informe en la Comisión, mientras se resolvía el recurso de apelación que había interpuesto el Congreso de la República.

Yo creo que de todas maneras tiene que haber una discusión sobre este tipo de fallos y sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Tineo Cabrera; pero no es este el momento. El Pleno en su conjunto, en algún momento tendrá que discutir aquí sobre la separación de poderes, sobre el control entre los poderes del Estado y sobre cómo reaccionar frente a este tipo de situa-ciones; pero —reitero— no este el momento.

Lo que ahora tenemos es un escenario en el que hemos perdido un buen tiempo ocupados en ese tipo de acciones, lo cual no nos ha permitido llevar adelante nuestro cronograma de trabajo tal como lo habíamos previsto con mucha anticipación.

Señora Presidenta, permítame ahora conceder una interrupción al congresista Lescano Ancie-ta; y después al congresista Mulder Bedoya, que también me la ha solicitado.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— En primer lugar, puede usted ha-cer uso de la interrupción, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta, yo no estoy acostumbrado a mofarme de la gente; pero eso siempre ocurre cuando no hay argumentos convin-centes que ofrecer. Yo puede desco-nocer algunos casos o, de repente,

algunos conceptos o algunos acrónimos; pero no soy corrupto. De manera que cuando alguien me diga que soy un corrupto, ahí sí me voy a tener que preocupar. Las cosas claras y el chocolate espeso, señora Presidenta.

Yo insisto, como hace un momento han explicado algunos colegas, en que tenemos que aprobar en otros términos la ampliación de plazo que solicita la referida Comisión, porque no se puede hacer referencia en el informe presentado a resoluciones judiciales de un proceso que aún no han terminado y que atentan contra el Congreso. Eso es muy peligroso para nuestra institucionalidad.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Tejada Galindo; muchas gracias, señora Presi-denta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Mulder Bedoya, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Se-ñora Presidenta, hay algunos parlamentarios que dicen que no son corruptos; pero han tenido que salir corriendo de su departamento de origen hacia Lima, porque ahí ya no van a poder ser reelegidos. ¿Por qué razón será que ya no pueden pedir a sus pueblos que voten nuevamente por ellos? Eso en primer lugar.

En segundo lugar, lo que aquí se está solicitando, por parte de dos o tres parlamentarios, es que se suspenda el tratamiento de este planteamiento, esperando que el caso se vea en segunda instancia, que solo Dios sabe cuándo ocurrirá. Eso sí sería renunciar a las facultades que tiene el Congreso de la República.

En tercer lugar, hay que considerar que cuando existe esta suerte de acusación, en el sentido de que por qué los jueces intervienen en ese caso, somos los propios parlamentarios los que en el año 2004 votamos a favor del Código Procesal Constitucional, con el voto incluido de quien habla y de un congresista cuyo nombre no voy a mencio-nar. De manera que nosotros los parlamentarios hemos dado a los jueces las prerrogativas que ahora tienen cuando aprobamos en este recinto el Código Procesal Constitucional.



La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— En treinta segundos concluyo, señor Presidente.

No es que los jueces estén usurpan-do funciones ni nada por el estilo. Recuerdo que fue una discusión

bastante extensa la que dio lugar a que el Código Procesal Constitucional se aprobara aquí por unanimidad. Así que no nos andemos quejando de ese tipo de situaciones.

Es verdad que existen conflictos, señor Presiden-te. Lo manifesté yo cuando se trató acá el caso de una resolución aprobada por el Pleno. No de un acto administrativo, sino de una decisión adoptada por el Pleno, que fue anulada por un juez; y al final surtió efecto. Por más que algunos dijimos que estábamos en contra, el Congreso se tuvo que allanar a esa determinación del juez. Eso es indiscutible, porque son resoluciones del Pleno.

Pero cuando se trata de cuestiones administra-tivas o de procedimiento, las resoluciones tienen que ser de aplicación inmediata. Señor Presidente, somos los parlamentarios los que hemos estable-cido eso en el Código Procesal Constitucional; así que no se venga aquí a decir: “Hay colisión de poderes”; “nosotros tenemos que defender al primer Poder del Estado”, etcétera, porque eso es pura demagogia.

Y, por si acaso, no estoy insultando a nadie; pero para evitar algún inconveniente, retiro la pala-bra “demagogia”, porque veo que ya se paró el congresista aludido.

Lo que es evidente, señora Presidenta, es que la gente sabe perfectamente de qué pie cojean algunas personas.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Tejada Galindo; muchas gracias, señor Presi-dente.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Mulder Bedoya.

Puede continuar su intervención, congresista Tejada Galindo.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— La palabra, señora Presidenta, por haber sido aludido.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Lo que pretende la Presidencia es mantener el nivel del diálogo, congresista.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— ¿Me permite una interrupción, congresista Tejada Galindo?

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señora Presidenta, lamentablemente no puedo…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— El congresista Tejada Galindo, pre-sidente de la Comisión Investigadora Multiparti-daria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República, ya no puede otorgar ninguna interrupción.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Colega Lescano Ancieta, lamentablemente, ya no puedo otorgar una tercera interrupción.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Lescano Ancieta, una vez que concluya su intervención el presidente de la Comisión Investigadora encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República, por haber sido aludido, se le concederá una interrupción.

Puede continuar, congresista Tejada Galindo

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señora Presidenta, espero que todos los puntos que hace un momento he mencionado se puedan debatir a fondo; pero sé que no es este el momento.

En su oportunidad debatiremos a fondo este tipo de sentencias tanto del juzgado especial como del Tribunal Constitucional, así como de otras que puedan dañar la función de fiscalización y la autonomía del Congreso de la República.

El informe preliminar que hemos elaborado en la Comisión Investigadora Multipartidaria de la ges-tión de Alan García Pérez como Presidente de la República, luego de ser aprobado por unanimidad, ha sido firmado por todos los congresistas que la integramos, que reiteradamente hemos señalado que se respetado el debido proceso; es importante que ello también conste en audio. Sin embargo, lo concreto es que toda esta situación en torno al fallo del referido juez constitucional nos ha generado la necesidad de solicitar una prórroga para la finalización de nuestras funciones, porque durante cerca de 45 días no hemos podido aprobar ningún informe.



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Señora Presidenta, no sé si habrá antecedentes en el quehacer parlamentario; pero, en todo caso, para no extender más el debate, podríamos eli-minar o votar por separado el último párrafo del punto tres y eliminar el punto cuatro del informe, centrándonos en la necesidad de contar con los 45 días adicionales que requiere la Comisión, tal como se ha expuesto aquí hace un momento.

Pido, en todo caso, que se consulte a Oficialía Mayor si es posible eliminar el último párrafo del punto tres y todo el punto cuatro del informe presentado; porque seguramente, en su momen-to, serán materia de debate en el parlamento; o, en su defecto, que se vote el último párrafo del punto tres por separado. Hago extensiva esa a consulta; de lo contario, le pido que someta el informe a votación.

Algo más, señora Presidenta. Efectivamente, hay una nueva citación; pero está encuadrada en el marco del tiempo que nos ha otorgado el Pleno, hasta el 15 de noviembre de 2013. Aparte de ello, como el trabajo es básicamente administrativo, hay un cronograma establecido para reuniones de asesores y para sesiones ordinarias, en las que to-das las semanas aprobamos un nuevo informe.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Tejada Galindo, usted está planteando la posibilidad de que se vote por separado o que se dejen esos dos puntos del in-forme fuera del texto presentado, para que sean tratados en su oportunidad.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Así es, señora Presidenta. Me he referido al último párrafo del punto tres y el punto cuarto del informe, toda vez son dos puntos que tendremos que discutir en su momento; considerando, además,

que hay una apelación adicional por parte del Congreso de la República, no en lo que respecta a la nulidad, que ya en segunda instancia ha sido ratificada, sino sobre otros aspectos.

Por lo tanto, en la medida en que esos dos puntos del informe contienen institucionalmente un extremo de apelación, podríamos dejarlos de lado hasta que se resuelva.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Congresista Tejada Galindo, la ex-plicación que tengo de Oficialía Mayor, sobre su consulta, es que lo que se va a someter a votación es la prórroga solicitada y no el informe preliminar presentado por la Comisión.

Por lo tanto, someteré a votación la referida prórroga, con las modificaciones formuladas en el curso del debate.

Tiene la palabra el congresista Tejada Galindo.

El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señora Presidenta, lo que estoy señalando es que para evitar una discusión adelantada, que se llevará a cabo en su momento, y debido a que institucional-mente hay una nueva apelación interpuesta por el Congreso en uno de los extremos de la sentencia, porque los otros ya han sido ratificados en segunda instancia, simplemente pedimos que se retire del informe el último párrafo del punto tres, sobre trabajos realizados y casos investigados, y el punto cuatro en su integridad, los cuales debatiremos en su momento aquí en el Pleno, cuando sustentemos el informe final.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Tejada Galindo.

Habiendo finalizado el debate…

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Una cuestión de orden, señora Pre-sidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Para una cuestión de orden, tiene la palabra el congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señora Presi-denta, quisiera pedir al presidente de la Megacomisión que actúe con coherencia, porque ha sostenido acá dos cosas que las está transgredien-do. En primer lugar, él ha dicho –lo

cual es cierto— que este informe preliminar lo han firmado, por unanimidad, todos sus integrantes. Pero, ¿les ha consultado a ellos que se va a retirar de ese documento el último párrafo del punto 3 y el punto 4 en su integridad? No.

En segundo lugar, ¿cuál es el argumento que se nos ha dado para solicitar la ampliación del plazo? Pues el fallo del Poder Judicial. Eso es lo que quieren retirar del informe. ¡Por favor! ¡Eso es un absurdo!

Eso, señor Tejada Galindo, en nada va afectar que este informe se apruebe tal como está. ¿Sabe por qué? Porque si en última y definitiva instancia el



Poder Judicial revoca esa decisión, eso se tendrá que respetar, no este documento.

Por eso considero que se tiene que votar el in-forme en su integridad; de ninguna manera se le debe suprimir ninguno de sus puntos por los dos argumentos que he dado. Por lo tanto, pido que le haga la consulta respectiva al congresista Tejada Galindo, para que luego someta a votación el referido documento.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Por haber sido aludido en una inter-vención anterior, tiene la palabra el congresista Lescano Ancieta, a quien le solicito que sea lo más breve posible.

El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señora Presidenta: Al Parlamento no se puede venir man-char honras así tan ligeramente; y digo esto porque hay algunos parla-mentarios que están acostumbrados a insultar a todo el mundo. Yo no

soy ningún corrupto, señora Presidente; ni me he venido de Puno por haber cometido actos de corrupción. Yo tengo el derecho de decir que no camino intranquilo por las calles ni de acá ni de ninguna parte, ni menos de las de Puno; pero hay personas que acusan de corrupción a otras solo porque les da la gana. Claro, se les ha permitido acusar así tan fácilmente; pero yo no le voy a per-mitir al señor Mulder que diga que me he venido de Puno por haber cometido actos de corrupción. ¿Qué esto, señora Presidenta?

Le pido, entonces, que sea más responsable, más respetuoso y que no esté utilizando términos que impliquen un ataque personal; porque es muy delicado referirse de esa forma de un parlamen-tario y de su honor. De manera tal que pido que se haga la aclaración correspondiente.



Habiendo finalizado el debate, solicito a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital, para luego proceder a votar la prórroga de plazo de 45 días hábiles que solicita la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Señores congresistas, debe quedar muy en claro que lo que en breves momentos se va someter a votación es la prórroga del plazo so-licitada, mas no el informe preliminar presentado por la referida Comisión.

—Reasume la Presidencia el señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se da por cerrado el registro de asistencia.


—Reasume la Presidencia la se-ñora Carmen Omonte Durand.

La señora PRESIDENTA (Car-men Omonte Durand).— Al voto la ampliación de plazo de 45 días hábiles solicitada por la Comisión

Investigadora Multipartidaria encargada de in-vestigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.


—Efectuada la consulta, se acuerda, por 81 votos a favor, cuatro votos en contra y tres abstenciones, la ampliación del plazo por 45 días hábiles solicitada por la Comisión In-vestigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República, con el fin de que procese la nueva información obtenida y elabore el informe final.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Ha sido acordada la ampliación del plazo por 45 días hábiles solicitada por la referida Comisión Investigadora.

La Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Gutiérrez Cóndor y Gamarra Saldívar.

“votación de la prórroga por 45 días hábiles para la Comisión Investigadora encargada



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de investigar la gestión de Alan García Pé-rez como Presidente de la República.

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Del-gado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Cordero Jon Tay, Crisó-logo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Isla Rojas, León Rivera, León Romero, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Moli-na Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Ro-dríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Ques-quén, Wong Pujada, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Alcorta Suero, Bruce Montes de Oca, Cuculiza Torre y Pérez del Solar Cuculiza.

Señores congresistas que se abstuvieron: Inga Vásquez, Lescano Ancieta y Merino De Lama.”

Por disposición de la Presidencia, en aten-ción a las observaciones legítimas de los congresistas Bedoya de Vivanco y Chávez Cossío, ingresa a un cuarto intermedio la propuesta legislativa materia de debate, que propone la Ley de los Herederos Infor-mados en los Servicios Financieros, hasta que se resuelva lo planteado por el presi-dente de la Comisión de Economía, Banca,

Finanzas e Inteligencia Financiera

La señora PRESIDENTA (Carmen Omon-te Durand).— Pasamos ahora al tratamiento del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.°

2339/2012-CR, contenido en el dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que propone la Ley de los Herederos Informados en los Servicios Fi-nancieros.



Dictamen unánime de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2339/2012-CR, en virtud del cual se propone la Ley de los herederos informados en los servicios financieros pasivos.*

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Valle Ramírez, en su condición de presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, para sus-tentar el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2339/2012-CR, que propone la Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señora Presidenta: El dictamen en mayoría emitido por la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera propone, en un texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2339/2012-CR, la Ley de los herederos informados en los servicios financieros.

En el Perú anualmente fallece un promedio de 108 mil personas, de las cuales la gran mayoría no elabora un testamento ni comunica a sus futuros herederos, con exactitud, los bienes que conforman la masa hereditaria. Es común que las personas tengan cuentas en depósitos en en-tidades financieras y que de ello no tengan pleno conocimiento sus herederos; por lo que cuando fallecen dicho desconocimiento o falta de infor-mación no permite a sus herederos ejercer sus derechos sucesorios respecto del dinero existente en dichas cuentas.

Esta situación se agrava porque, transcurrido el plazo de 10 años sin que se movilicen estas cuen-tas, el dinero en ellas depositado pasa al Fondo de Seguro de Depósitos, sin que los herederos tengan la posibilidad de reclamar sus derechos.

Ahora bien, hay herederos diligentes e informados que pueden suponer la existencia de cuentas de




depósitos de sus familiares fallecidos y que cono-cen los mecanismos para acceder a ellas; pero, en la actualidad, tendrían que solicitar a cada una de las 44 instituciones financieras, autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que indaguen sobre la existencia de alguna cuenta de sus causantes, lo cual resulta tedioso, engorroso y oneroso.

Si nos ponemos en el supuesto de que este trá-mite demora entre dos o tres horas por día en una empresa financiera, y si a ello le sumamos el tiempo de respuesta, estas personas no se van a ver motivadas para acudir a esas entidades, máxime cuando no tienen la certeza de que existe alguna cuenta de sus familiares fallecidos.

A partir del reconocimiento de esa problemática, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-ligencia Financiera ha dictaminado, con un texto sustitutorio, el Proyecto de Ley N.° 2339/2012-CR, presentado por el congresista José Luna Gálvez, que propone regular un procedimiento para la solicitud y acceso a la información que permita a los usuarios de los servicios financieros contar con información respecto de la existencia de depósitos y cuentas de ahorro, cualquiera sea su modalidad, a nombre del titular fallecido; estableciéndose que para calificar a dicho procedimiento los herede-ros deberán acreditar tal condición presentando copia certificada de la partida de defunción o declaración judicial de muerte presunta; y luego de la verificación respectiva, podrá solicitar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP la referida información.

Para tal efecto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP solicitará a las entidades supervi-sadas la información requerida, las que deberán remitir lo solicitado en un plazo no mayor de 5 días hábiles, para que, una vez centralizada la información, la Superintendencia de Banca comunique al heredero solicitante la existencia de algún depósito o cuenta de ahorro y en qué entidad financiera se encuentra.

La remisión de esta información no afecta el se-creto bancario, porque el trámite será realizado solo por los herederos legales; pero además en la propuesta materia de análisis hemos consignado expresamente que tanto las empresas del sistema financiero como los funcionarios de la Superinten-dencia de Banca que accedan a la información, en cumplimiento de la presente Ley, están en la obligación de mantener la reserva de ella.

Cabe señalar que la Comisión de Economía Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso

de la República ha dictaminado por unanimidad el Proyecto de Ley N.° 2339/2012-CR en su cuarta sesión ordinaria llevada a cabo el 2 de octubre de 2013. El referido proyecto de ley tiende a mejo-rar el procedimiento de solicitud y acceso a la información ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con el fin de que los herederos legales puedan ejercer sus derechos sucesorios.

Por lo expuesto, solicito a la Representación Nacional que se sirva respaldar con su voto la referida propuesta legislativa.


Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Valle Ramírez.

En vista de que el referido proyecto de ley ha sido dictaminado por unanimidad, cada grupo parla-mentario dispondrá de un máximo de dos minutos para que exponer las razones de su posición, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del ar-tículo 55.° del Reglamento del Congreso.

En debate.

Si ningún señor representante solicita el uso de la palabra para intervenir sobre el particular, se dará el punto por discutido y se procederá a votar, no sin antes conceder el uso de la palabra al congresista Valle Ramírez, en su condición de presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señora Presidenta: Agra-dezco, en este caso, a los señores congresistas por su participación y respaldo al proyecto de ley materia de análisis; y para un mejor enten-dimiento estamos proponiendo un

nuevo texto sustitutorio en el que expresamente se señala que la información que requieran los herederos no solo se debe referir a la existencia de depósitos, sino también a otros productos pa-sivos, como títulos valores, entregas en custodia, etcétera, en los bancos, a efectos de que también puedan ser reclamados por los herederos.

Y, por otro lado, se elimina la modificación del artículo 142.° de la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, por considerarla innecesaria, ya que si



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los herederos son los únicos que van a solicitar dicha información, en ningún caso se estaría afectando el secreto bancario.

Luego de lo dicho, señora Presidenta, solicito que someta usted a votación el referido texto sustitutorio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Valle Ramírez.

En tanto se reparte a los señores representantes el nuevo texto sustitutorio a que se acaba de referir el presidente de la Comisión, solicito a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señora Presidente, no se nos ha al-canzado aún el nuevo texto sustitutorio.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Ya se está procediendo a la reparti-ción del referido texto sustitutorio, congresista Chávez Cossío.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— La palabra, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede hacer uso de la palabra el congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señora Presidenta: Simplemente para dejar constancia de algo que considero que es una irregularidad y una trasgresión al Reglamento del Congreso.

Normalmente, cuando el presidente de una comi-sión sustenta un proyecto de ley que proviene de una comisión, lo que hace es sostener en el Pleno lo que se ha aprobado en su comisión. En el curso del debate se pueden plantear modificaciones, y al término del mismo, el presidente puede ad-mitir esas modificaciones con la anuencia de los miembros de su comisión y no solamente a título personal. Más aún, recogiendo los argumentos vertidos en el curso del debate, podría proceder a presentar un nuevo texto sustitutorio.

Pero el día de hoy hemos percibido una situación sui géneris: el presidente de la Comisión de Eco-nomía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

ha sustentado el texto sustitutorio contenido en el dictamen que proviene de su comisión; y luego de ello, ningún señor parlamentario ha hecho uso de la palabra, ni menos ha planteado modificación o alternativa alguna. Sin embargo, en su intervención final —evidentemente, leyendo un texto que sus asesores le han preparado—, el presidente de la Comisión dio inició a su participa-ción agradeciendo los aportes formulados por los señores congresistas, lo que en ningún momento se había producido; pero fundamentalmente in-troduciendo una serie de modificaciones que nadie le ha sugerido y, en tal virtud, ha presentado un nuevo texto sustitutorio, que ha pedido que se someta a votación. Esa evidentemente, es una irregularidad, señora Presidenta.

Al respecto, creo que la Mesa Directiva debería adoptar las medidas pertinentes. Esto no debe ocurrir en el Parlamento, señora Presidenta; porque, al fin de cuentas, lo que se va a someter a votación es un texto sustitutorio cuyos aportes no han sido sugeridos ni propuestos por nadie, y menos aún provienen de los miembros de la comisión dictaminadora.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Bedoya de Vivanco?

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Me solicita una interrupción la congre-sista Chávez Cossío, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señora Presidenta, lo que viene señalando el congresista Bedoya de Vivanco es tan cierto que carecen de funda-mentación las propuestas que han sido incorporadas en el nuevo texto

sustitutorio, fundamentación que es necesaria cuando existe alguna controversia. Y cuando es necesaria para efectos de algún proceso, ya sea ordinario o incluso constitucional, los jueces requieren conocer cuál es el espíritu de la norma de acuerdo a lo que se hubiere debatido.

Por consiguiente, si nos traen aquí un texto am-pliatorio sin que exista la fundamentación específi-ca sobre el porqué de la variación incorporada, no se está complementando el dictamen materia de análisis en la medida en que corresponde, porque ni si siquiera —reitero— ha habido debate.



Por lo tanto, siendo esta es una situación irregular, sería conveniente solicitar una fundamentación previa de cada una de las modificaciones que se pretenden incorporar en el texto originalmente presentado; en todo caso, con ese fin, propongo que la propuesta en debate ingrese un cuarto intermedio.

Muchas gracias por la interrupción, congresis-ta Bedoya de Vivanco; muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Chávez Cossío.

Puede continuar, congresista Bedoya de Vivan-co.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— No tiene nada que agradecerme, señora congresista.

Señora Presidenta, sugiero que, con la asesoría del Oficial Mayor, se adopten las medidas correctivas del caso frente a la situación que acabo de poner en evidencia.

Evidentemente, no tengo sino respeto y apre-cio por el señor presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Fi-nanciera, pero considero que, en este caso, se ha excedido.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, señor congre-sista.

Entendiéndose como legítimas las observaciones del congresista Bedoya de Vivanco y de la con-gresista Chávez Cossío, la propuesta legislativa materia de debate ingresa a un cuarto interme-dio, hasta que se resuelva lo planteado por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Pasamos al siguiente punto de la Agenda.

Se aprueba el Proyecto de Resolución Legislativa, contenido en el dictamen de la Comisión de Relaciones exteriores, que aprueba la Enmienda a la Convención so-bre la Protección Física de los Materiales

Nucleares

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Vamos a ver ahora el texto sustituto-rio del Proyecto de Ley N.° 1781/2012-PE, conte-nido en el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que propone aprobar la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.



Dictamen unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el cual se recomienda la aprobación del Proyecto de Resolución Legislativa (Proyecto de ley N.º 1781/2012-PE), remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, que propone aprobar la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.*

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Señores congresistas, se va a dar inicio a la sustentación del dictamen unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores del Período Anual de Sesiones 2012-2013, recaído en el Pro-yecto de Resolución Legislativa (Proyecto de Ley N.º 1781/2012, que propone aprobar la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

Con ese fin, tiene la palabra el congresista Be-launde Moreyra, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por el término de diez minutos.

El señor BELAUNDE MOREY-RA (SN).— Señora Presidenta: El dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa (Proyecto de Ley N.° 1781/2012-PE), propone aprobar la Enmienda a

la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada el 8 de julio del año 2005 en la ciudad de Viena, Austria.

Debo recordar que en la sesión Décimo Quinta sesión ordinaria de la Comisión de Relación Exteriores, realizada 3 de junio de 2013, luego del análisis y debate correspondiente, el referido dictamen fue aprobado por unanimidad.

Esta propuesta legislativa tiene como antecedente la Resolución Legislativa N.° 26376, de fecha 25 de octubre del año 1994, mediante la cual el Perú aprobó la Convención sobre la Protección Física




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de Materiales Nucleares, suscrita en la ciudad de Viena el 3 de marzo de 1980.

Ahora bien, el presente Convenio pretende en-mendar el Convenio ya ratificado por el Perú, presentando 15 modificaciones a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

Una de las enmiendas se encuentra en el propio título de la Convención, el cual ahora abarca no solo los materiales nucleares sino también las instalaciones nucleares en las que se desarrollan actividades con ellos, por lo que a partir de la aprobación respectiva será “Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y las Instalaciones Nucleares”.

En este sentido, por “instalación nuclear” se entiende una instalación (incluidos los edificios y el equipo relacionados con ellas) en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan o alma-cenan materiales nucleares. De esta manera, el desarrollo de las enmiendas se encuentra articu-lado a la inclusión del término de instalaciones nucleares y al empleo de energía nuclear con fines pacíficos.

Sobre este particular, en su oportunidad se pro-mulgó el Decreto Supremo N.° 014 de 2002-EM, que aprobó el Reglamento de Protección Física de Materiales e Instalaciones Nucleares. Mediante el referido Decreto Supremo se dictaron normas reglamentarias que permiten al Perú como Estado parte velar por el cumplimiento de los principios contenidos en la Convención.

Ese orden de ideas, se desprende que el citado Decreto Supremo ya recoge elementos contenidos en la enmienda, como la definición de “instala-ción nuclear” y “sabotaje, conforme lo refiere el Ministerio del Ambiente mediante Informe N.° 062/2011-DGCA-MINAM/YSMF, de fecha 3 de agosto del año 2011, señalando que las 15 mo-dificaciones elaboradas en la referida enmienda se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente (Decreto Supremo N.° 014-2002-EM).

La propuesta legislativa materia de análisis cuenta con las opiniones favorables del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), del Minis-terio de Defensa; del director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Justi-cia y Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señor Presidente, el procedimiento del pedido de aprobación de la Convención se enmarca en el artículo 56.° de la Constitución Política del Perú, que versa, entre otras materias, sobre los derechos humanos; en el artículo 76.° del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley N.° 26647, por la que se establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano.

Por las consideraciones expuestas, y por la nece-sidad de que el Perú se incorpore a la Convención ampliatoria que enmienda la anterior en deter-minados artículos, que aún no tiene el número suficiente de adherentes para entrar en vigencia, pero que, con toda seguridad, entrará en vigor en un tiempo relativamente corto, solicito al Pleno del Congreso la aprobación de la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada —tal como se ha dicho—el 8 de julio de 2005 en la ciudad de Viena, Austria; y de la disposición final única, referida al contenido de la Convención, que propone su publicación en el diario oficial El Peruano.

Eso es todo lo que tengo que informar sobre el particular, lo cual realmente no debe ser materia de controversia alguna.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Belaunde Moreyra.

Concluida la sustentación, en vista de que el presente dictamen ha sido aprobado por unani-midad, cada grupo parlamentario dispondrá de un máximo de dos minutos para exponer las razones de su posición, en aplicación del tercer párrafo del inciso b) del artículo 55.° del Reglamento del Congreso.

En debate la referida propuesta legislativa.

No habiendo solicitado ningún señor congresista intervenir sobre el particular, se dará el punto por discutido y se procederá a votar, no sin antes conceder el uso de la palabra al congresista Be-launde Moreyra, en su condición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor BELAUNDE MOREY-RA (SN).— Señora Presidenta, le solicito que proceda de inmediato a la consulta respectiva.

Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA.— De acuerdo, señor congresista.

La Presidencia solicita a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital, para luego proceder a votar.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Se encuentran presentes en la Sala de sesiones 80 señores congresistas.

Al voto el Proyecto de Resolución Legislativa (Proyecto de Ley N.° 2781/2012-PE), contenido en el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que propone aprobar la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.


—Efectuada la consulta, se aprueba, por 74 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, el Proyecto de Resolu-ción Legislativa, contenido en el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Ha sido aprobado el referido proyecto de resolución legislativa.

La Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Chávez Cossío de Ocampo, Gutiérrez Cóndor, Espinoza Cruz, Acuña Peralta y Rivas Teixeira.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78.° del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa que acaba de ser aprobado no requiere de segunda votación.



Ha dado la Resolución Legislativa siguien-te:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE APRUE-BA LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS

MATERIALES NUCLEARES

Artículo único. Objeto de la Resolución Legislativa

Apruébase la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada el 8 de julio de 2005 en la ciudad de Viena, Austria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FI-NAL

ÚNICA. Publicación

Publíquese, en el diario oficial El Peruano, la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada el 8 de julio de 2005 en la ciudad de Viena, Austria.


“Votación del Proyecto de Resolución Le-gislativa 1781

Señores congresistas que votaron a favor: Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delga-do, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Castagnino Lema, Ccama Lay-me, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Due-ñas, Díaz Dios, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, Inga Vásquez, Isla Rojas, León Rivera, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortiz, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodrí-guez, Rondón Fudinaga, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Teves Quispe, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.”

Se rechaza el pedido de reconsideración planteado por el congresista Otárola Peña-randa, respecto de la votación de la cuestión previa, aprobada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre de 2011, para que pasen a la



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Comisión de Justicia y Derechos Humanos los Proyectos de Ley Núms. 079, 134, 150 y 151/2011-CR, sobre la Ley de Reforma Cons-titucional que modifica el artículo 41.º de la Constitución Política del Perú, referido a la imprescriptibilidad de los delitos con-tra el patrimonio del Estado y corrupción de funcionarios e inhabilitación para la

función pública

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Pasamos ahora al tratamiento de un pedido de reconsideración, presentado por el congresista Otárola Peñaranda.


Pedido de reconsideración

Del congresista Otárola Peñaranda, respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre de 2011, en la que se aprobó la cuestión previa planteada por el congresista Be-launde Moreyra, para que pasen a la Comisión de Justicia los Proyectos de Ley Núms. 079, 134, 150 y 151/2011-CR, por los que se propone modificar el artículo 41.° de la Constitución Política del Perú, sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio del Estado y corrupción de funcionarios e inhabilitación para la función pública. Presentada el 10 de noviembre de 2011 a las 16:32 horas.*

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Tiene la palabra el congresista Otárola Peñaranda, autor del referido pedido de reconside-ración, hasta por el término de cinco minutos.

El señor OTÁROLA PEÑARAN-DA (NGP).— Señora Presidenta: En la Comisión de Constitución y Reglamento se dictaminó un pro-yecto de ley que tenía tres aristas: la primera de ellas referida a la imprescriptibilidad de los delitos

graves de corrupción, para que quienes cometan un grave delito en agravio del Estado no puedan ampararse en el tiempo y lograr su impunidad.

Adicionalmente, el referido proyecto de ley ha-blaba también de la muerte civil, para que quien cometiese un grave delito en agravio del Estado —insisto en la palabra grave— no pueda volver a ocupar un cargo público.

Y finalmente, el referido proyecto de ley trataba de la figura del extraneus, una figura del derecho

penal, mediante la cual, para efectos penales, se da la condición de funcionario público no solo a un mal alcalde, por ejemplo, que ha aceptado una coima, sino también al mal empresario que otorga una coima por conseguir una obra o una prebenda.

El proyecto de ley en cuestión se aprobó en la Comisión de Constitución y Reglamento; y luego se trajo al Pleno para su debate, en donde el congresista Belaunde Moreyra planteó como cuestión previa que pase a la Comisión de Justi-cia y Derechos Humanos, la cual fue aprobada y pasó a referida comisión, en la que hasta ahora se encuentra estancado.

Señora Presidenta, el que se apruebe mi pedido de reconsideración o el que permanezca en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo decidirá el Pleno del Congreso; pero cualquiera fuese el resultado, es necesario sacar el referido proyecto de ley del estancamiento en el que ac-tualmente se encuentra.

Por consiguiente, le pido que se ponga al voto mi pedido de reconsideración.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Otárola Peñaranda.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Seño-ra Presidenta: En efecto, en la sesión del Pleno de fecha 10 de noviembre de 2011 se aprobó la cuestión previa a efectos de que los referidos proyectos de ley pasen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; pero, en esa misma fecha, el congresista Otárola Peñaranda, que me ha antecedido en el uso de la palabra, presentó un pedido de reconsideración sobre dicha votación, respecto del cual debe decidir ahora la Represen-tación Nacional.

El dictamen de la Comisión de Constitución Y Reglamento propone un texto sustitutorio con el fin de modificar el artículo 41.° de la Constitución Política del Perú, introduciendo la imprescripti-bilidad de los delitos graves contra el patrimonio de Estado, así como de los delitos graves de co-rrupción de funcionarios.

La fórmula legislativa contenida en el dictamen de la referida Comisión modifica el último pá-




rrafo de la disposición antes mencionada en los siguientes términos: “Los delitos graves contra el patrimonio del Estado, así como los delitos graves de corrupción de funcionarios señalados por la ley, son imprescriptibles”.

El ciudadano común, el hombre simple de la calle, no tiene por qué preocuparse. La modificación constitucional no lo va a afectar en absoluto; por el contrario, pretende satisfacer su sed de justi-cia y recuperar la confianza en los funcionarios públicos, al saber que, aunque la justicia tarda, siempre llega, señora Presidenta.

Los funcionarios públicos honestos, esto es, aque-llos que viven de sus ingresos lícitos, tampoco tienen ninguna razón para preocuparse de la imprescriptibilidad de los delitos, que en nada los va a afectar, porque su honestidad es un escudo impenetrable.

Los que sí tienen por qué preocuparse son aquellos que ya no podrán invocar la prescripción para elu-dir a la justicia, y aquellos a los que los artilugios procesales orientados a demorar indefinidamente los procesos ya no les servirá de nada.

Hace pocos días…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidenta le solicita que conclu-ya, congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Señora Presidenta, le invoco un tiempo adicional, si son tres o cuatro minutos se lo voy a agradecer, porque, en mi condición de presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, quisie-

ra aclarar algunos aspectos sobre la materia que venimos tratando.

Hace pocos días el Contralor General de la Re-pública ha sostenido, cuantificando el fenómeno, que “la corrupción es un lastre que impide el crecimiento económico del Perú y que genera pérdidas por unos 10 mil millones de nuevos so-les anuales”. Como se puede advertir, el Perú se empobrece a razón de 10 mil millones de nuevo soles por año.

Señora Presidenta, creemos que ya es tiempo de poner coto a esta situación. Diez mil millones de nuevos soles permitirían construir cada año 38 hospitales de alta complejidad, como el Hospital del Niño, o más de 4 mil 100 colegios para todos los peruanos y docentes.

Nuestro pueblo exige que los funcionarios pú-blicos, a los que se les paga un sueldo, procedan con honestidad; y en caso se les detecte alguna irregularidad, que rindan cuentas ante la justicia, sin que fuguen del país con dinero fresco, y luego se atengan a la prescripción de sus delitos como si nada hubiese pasado.

Señora presidenta, el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que se puso en debate en el Pleno no requería pasar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio, sino solo la adopción, por parte de los señores parlamenta-rios, de una decisión política, dando muestras de nuestro compromiso con la honestidad.

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no es una novedad que se le haya ocurrido a este Congreso. De hecho, en el ámbito internacional, se ha difundido la idea de que los crímenes de lesa humanidad podrían ser perseguidos sin limitación temporal, atendiendo a la gravedad de los referidos crímenes, que ofende la conciencia universal.

Señora Presidenta, lo que la Representación Nacional debe decidir es si los delitos de corrup-ción son un crimen grave o si, por el contrario, estamos ante una conducta respecto de la que el paso del tiempo puede impedir el progreso de la acción de la justicia. En mi opinión, el robo de 27 millones de nuevos soles diarios es un crimen sumamente grave en perjuicio de los peruanos que viven en situación de pobreza y, peor aún, de pobreza extrema.

Adicionalmente, el Estado peruano tiene obliga-ciones internacionales que debe respetar, en cuyo sentido se orienta el dictamen que propone la presente reforma constitucional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que el Perú es parte, señala claramente en su artículo 29, sobre la prescripción, lo siguiente: “Cada Estado Parte establecerá, cuando proce-da, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la adminis-tración de justicia”.

Por esa razón, pedimos que la votación que se va a realizar en torno al pedido de reconsideración, cuya finalidad es que el proyecto de ley en mención vuelva al Pleno para su debate, sea publicado en la portada principal de la página web del Congreso de la República, para que todos los ciudadanos



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sepan quiénes votan a favor o apoyan el referido proyecto de ley y quiénes votan en contra, señora Presidenta.

Pido a los señores periodistas que se encuentran en las galerías del hemiciclo y a quienes tomen conocimiento de esa votación, que publiquen los resultados de la consulta que en unos mo-mentos se va a llevar a cabo. El pueblo, señora Presidenta, merece saber quiénes en los hechos —no en el discurso para las tribunas, sino en la práctica— somos los que nos resistimos a que los funcionarios públicos se escuden en la figura de la prescripción.

Eso es todo lo que hay que decir a este respecto, señora Presidenta. “Sí” al pedido de reconsidera-ción quiere decir: “No a los corruptos. Discutamos medidas para impedir la impunidad”; y “No” al pedido de reconsideración es mirar para otro lado y simplemente hacernos los distraídos.

Señora presidenta, yo invito a todos los señores congresistas a tomar el toro por las astas y a debatir, sin más dilaciones, las medidas más convenientes para sancionar en forma efectiva los delitos de corrupción cometidos por los fun-cionarios públicos.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que conclu-ya su intervención, congresista Chehade Moya.

El señor CHEHADE MOYA (NGP).— Cómo no, señora Pre-sidenta.

En consecuencia, propongo la apro-bación del pedido de reconsideración de la votación realizada en la sesión

del 10 de noviembre de 2011, con el fin mantener en el Pleno el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución y Re-glamento, con miras a continuar discutiendo la imprescriptibilidad de los delitos graves contra el patrimonio del Estado y los delitos graves de corrupción de funcionarios.


Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Chehade Moya.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señora Presidenta: El pedido de reconsideración, para los congresistas que no recuerdan, trata de lo siguiente: Se presenta-ron a la Comisión de Constitución y Reglamento diversos proyectos

de ley a efectos de modificar el artículo 41.° de la Constitución, con la finalidad de incluir como imprescriptible los delitos graves cometidos con-tra el patrimonio del Estado. Estos proyectos se discutieron en el seno de la referida Comisión, en donde por mayoría fueron aprobados con un texto sustitutorio, que pasó al Pleno del Congreso. En el Pleno del Congreso, después de un largo debate, se aprobó una cuestión previa presentada por el congresista Belaunde Moreyra, en el sentido de que, antes de que se pronunciasen al respecto, dicho texto sustitutorio pasara para informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

¿Y ello por qué, señora Presidenta? Porque en opinión de gente versada sobre la materia, no de los señores congresistas, quienes se oponían a esa iniciativa era la Corte Suprema de Justicia de la República. En un documento que tengo acá, remi-tido al Congreso por el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial, en setiembre del 2011, que hace suyo el informe presentado por el jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, el doctor Eloy Espinoza Saldaña, se emite opinión…

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Se emite opinión —decía— indicando que nuestra legislación, en virtud de convenciones internacio-nales, ya contempla la imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra; y que para los casos de corrupción contra el Estado no se necesita modificar la Constitución, como se propone en los proyectos de ley antes mencionados, sino más bien introducir modifica-ciones en la legislación ordinaria, esto es, en los artículos 38.° y 426.° del Código Penal.

Es en función de esos informes, en los que se establecían disposiciones alternativas y modifica-ciones a los códigos, sin necesidad de modificar la Constitución (en la cual se dispone la imprescripti-bilidad de los delitos de corrupción solo en función de convenciones internacionales), que se propuso



acá, por medio del doctor Belaunde Moreyra, que el texto sustitutorio materia de análisis fuera derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Dicha propuesta fue aprobada por el Pleno, y en la misma sesión el congresista Otárola Peñaranda planteó un pedido de reconsideración de la referida votación, que desde hace más de dos años duerme el sueño de los justos.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Bedoya de Vivanco.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Estoy ya por concluir, señora Presi-denta.

Pregunto: ¿quiénes han estado a cargo de la conducción del Congreso en estos últimos dos años y medio? Pues la bancada de Gobierno, que hoy día se rasga las vestiduras y viene a decir que los periodistas en las galerías deben tomar nota de quiénes están en contra de la reconsi-deración y de quiénes están a favor del referido planteamiento.

A favor de la reconsideración están los argumen-tos del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como de 50 congresistas que, en ese entonces, lo único que dijimos fue que la po-nencia en debate pasara, para un mayor estudio, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Si el referido planteamiento ha estado paralizado por más de dos años ha sido porque quienes han ostentado la presidencia del Congreso, entre ellos el autor del pedido de reconsideración, no le dieron curso.

Yo creo que es pertinente que se desestime el re-ferido pedido de reconsideración y que, conforme lo acordó en su momento el Pleno del Congreso, la referida propuesta legislativa pase para informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; ya veremos después qué es lo que dicha comisión nos dice al respecto.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Bedoya de Vivanco.


El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señora Presidenta: En esta ocasión, volveré a repetir lo mismo que manifesté cuando

intervine en la sesión del 10 de noviembre del año 2011. Por supuesto, daré argumentos jurídicos en su momento.

A mí me parece muy poco serio que un respetable congresista, como es el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, tenga como argumen-to, para la aprobación del pedido de reconsideración de la votación planteado por el congresista Otárola Peñaranda, el auxilio de la prensa, para que esta advierta que aquellos que voten en contra de la reconsideración están con la corrupción; y aquellos que ahora pretenden, entre gallos y medianoche, aprobar el pedido de reconsideración en contra de la referida cuestión previa, es porque, en el fondo, no quieren sacar la norma, sino solo hacen pura demagogia. De lo contrario, no blindarán a sus aliados; de lo contrario, muchas cosas se podrían decir, señora Presidenta.

Pero el argumento que ha dado el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento nos debe obligar a todos a votar en contra de la reconside-ración, con el respeto que se merece el presidente del Congreso, el colega Fredy Otárola Peñaranda, autor del pedido de reconsideración.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Me solicita una interrupción el presidente del Congreso, a quien cuando le pido una interrupción nunca me la da, pero yo sí se la voy a conceder, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Otárola Peñaranda.

El señor OTÁROLA PEÑARAN-DA (NGP).— Señora Presidenta, la verdad es que la prensa está en otra cosa; en este momento, como todos pueden observar, está realizando entrevistas a algunos colegas.

El único objetivo de mi pedido de reconsideración es que el referido proyecto de ley vuelva a ser discutido, ya sea en el Pleno del Congreso o en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Cier-tamente, ha habido demoras, y cualquiera fuese la razón, se trata de un proyecto de ley que conside-ramos que no puede quedarse archivado sin que el Congreso tome una decisión al respecto.



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Lo que pretendemos ahora no es imponer un proyecto de ley respecto del cual ha habido muchas coincidencias y muchas discrepancias entre las diversas bancadas. Si no se aprobara mi pedido de reconsideración, entonces que la referida propuesta legislativa pase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y que ahí se dé el gran debate.

Ese es el único objetivo del pedido de reconside-ración, congresista Velásquez Quesquén; no hay ningún otro asunto de por medio.

Muchas gracias por la interrupción, estimado colega; muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Otárola Peñaranda.

Puede continuar, congresista Velásquez Ques-quén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señora Presidenta, yo no entiendo el argumento que ha dado el congresista Otárola Peñaranda, actual Presidente del Congreso de la República.

Yo creo que hay predicar con el ejemplo. El colega Otarola Peñaranda es el presidente del Congreso; por lo tanto, si él hubiera pedido a los tres su-cesivos presidentes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que den prioridad al dictamen de los referidos proyectos de ley, ¿cómo no lo iban a hacer? ¡Quién va a desairar al presidente del Congreso!

Ahora resulta que, al saber que no tienen los votos suficientes, vienen y plantean un pedido de reconsideración.

Nosotros, los que planteamos el pedido la re-consideración somos los buenos, somos los que estamos contra la corrupción; y los que van a votar en contra de dicho planteamiento están a favor de la corrupción. El argumento más sólido del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento es: “Que la prensa sea testigo de quienes votan a favor y de quienes votan en contra”. Eso, en verdad, con el respeto que se merece el presidente de la referida comisión, me parece una actitud maniquea, que nosotros rechazamos. Y si ese es el argumento, yo voy a votar en contra de la reconsideración; e invito a un debate sobre temas de corrupción a quienes creen que planteando este tipo de mecanismos pueden levantar el prestigio del Congreso.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Cómo no, señora Presidenta.

Es este tipo de actitudes, este tipo de planteamientos que se traen así tan irresponsablemente, como

tratando de sacar un conejo de la manga, lo que desprestigia al Parlamento.

Señora Presidenta, yo voy a votar en contra del pedido de reconsideración, y espero que la prensa tome nota de quienes votamos a favor y quienes votan en contra. Pero, además, reto al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento a un debate sobre el particular; porque, la verdad, me ha llamado poderosamente la atención —conocién-dolo como un hombre ponderado y sereno— que hoy día nos emplace a que votemos no frente al tablero, sino frente a los periodistas.

No me parece que sea ese el argumento dable para un asunto tan delicado; nosotros tenemos argumentos jurídicos, históricos y constitucionales para discutir sobre el particular, lo que ilustraría a tantos jóvenes que hoy estudian derecho; pero en estas circunstancias, señora Presidenta, me parece poco serio la forma en que se ha planteado el pedido de reconsideración.

Por consiguiente, para que no se altere el curso de la agenda, que es muy importante, le pediría al Presidente del Congreso, para que las cosas vuelvan a su lugar, que retire su pedido, porque tengo la seguridad de que no va a contar con los votos suficientes para lograr esa reconsideración inusitada, por decirlo de alguna forma.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Velásquez Quesquén.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Guevara Amasifuen.

El señor GUEVARA AMASI-FUEN (AP-FA).— Señora Pre-sidenta: Creo que todos los que estamos aquí presentes, sin excep-ción alguna, tenemos la voluntad firme, transparente y democrática de cumplir fielmente lo que manda



la Constitución, principalmente con las funcio-nes de legislar, fiscalizar y representar. Creo que, de acuerdo con la función de representar, si algo quiere el pueblo peruano de nosotros los congresistas es que busquemos transparentar el manejo de la cosa pública; si algo quiere el pueblo peruano, en definitiva, es que no cometamos el error de servir de cómplices silenciosos de ciertos malos funcionarios que han cometido agravios en contra del Estado.

Coincido en que no debemos esperar ciertos emplazamientos, en que no debemos esperar ciertos arrinconamientos; y, por último, señora Presidenta y señores congresistas, tampoco debemos esperar que nos pongan una pistola en la cabeza o en la sien. Creo yo que de manera natural, cumpliendo fielmente con el mandato de la Constitución, debemos de apoyar el pedido de reconsideración, sin ningún ánimo de revancha o venganza política.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— ¿Me permite una interrupción, congre-sista Guevara Amasifuen?

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Me pide una interrupción el congresista Beingolea Delgado, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— Señora Presidenta, mi interrupción, muy breve, por cierto, es solo con el fin de se me haga una precisión.

Quisiera preguntar al congresista Guevara Amasifuen, cuya posición entiendo y respeto, ¿por qué ha cambiado de opinión? Porque en su momento, hace aproximadamente dos años, voto a favor de que el referido proyecto de ley pase a estudio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo que me parece lo más razonable y lógico, pero eso ya lo sustentaré en su momento. Lo que quiero saber ahora es ¿por qué el colega ha cambiado de opinión?


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Beingolea Delgado.

Puede continuar, congresista Guevara Amasi-fuen.

El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Señora Presidenta, todo acto nuestro es público, todo acto nuestro está refrendado en las actas de las sesiones. Y, efectivamente, en esa oportunidad mi voto fue en otro sentido; pero ahora considero que es importante, y para eso están los debates —no tengo por qué avergonzarme ni por qué tener miedo—, que respaldemos el pedido de reconsideración, porque no podemos ir en contra de la imprescriptibilidad.

Por lo tanto, demos hoy una señal clara al pueblo peruano. Para eso están las reconsideraciones: la reconsideración es precisamente para ir en el mismo sentido o rectificar el sentido de una votación; y en virtud de esa reconsideración, yo estoy de acuerdo con que esta noche apoyemos esa posición, para que se discuta y se apruebe, por voluntad del pueblo, la propuesta legislativa en mención.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Guevara Amasifuen.


El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Señora Presidenta: Yo le pedí al colega una explicación de por qué cambió de opinión, no que me confirme por qué va a cambiar de voto. Ya nos dijo que ha cambiado de voto, pero me gustaría saber por qué.

Bueno, yo si no voy a cambiar de voto; votaré como lo hizo mi bancada en esa oportunidad, en que no estuve presente, para que la propuesta legislativa pase a la Comisión de Justicia y De-rechos Humanos.

Voy a explicar por qué, señora Presidenta, más allá de la anécdota, aunque es verdad lo que se ha dicho acá hace un momento.

El congresista Otárola Peñaranda presentó el pedido de reconsideración el 10 de noviembre de 2011; y como era vocero de su bancada pudo haber presionado al presidente del Congreso de aquel entonces, el congresista Abugattás Majluf, para que a la semana siguiente se votase el refe-rido planteamiento; pero, al parecer, no era tan urgente.

Lo que nos ha dicho ahora el congresista Chehade Moya es que “hay que tomar el toro por las astas”.



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Yo lamento su expresión, porque si se tenía que tomar al toro por las astas, se tuvo que haber hecho eso hace dos años.

Bueno, acabó el mandato del señor Abugattás Majluf y le sucedió en la Presidencia el congresista Isla Rojas, pero durante todo ese período legisla-tivo tampoco se vio el referido planteamiento. Sin embargo, ahora, a los cuatro meses del mandato del congresista Otárola Peñaranda, se pone a consideración del Pleno el referido pedido de reconsideración. Yo saludo la forma en que lo ha planteado el congresista Otárola Peñaranda, porque considero que es la correcta: él quiere que el referido proyecto de ley se desempolve aquí o en la Comisión Justicia y Derechos Humanos.

Yo estoy de acuerdo con él en que hay que discutir dicha propuesta; pero que no se nos venga a decir que hay que discutirla esta noche, y me justifico por qué en unos segundos.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le concede un mi-nuto adicional para que concluya, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Muchas gracias, señora Presidenta.

Son exactamente las ocho de la noche con 35 mi-nutos. Seamos honestos, estamos aquí desde las nueve de la mañana debatiendo diversos puntos de la Agenda, y en estos momentos, luego de un ardoroso debate, veo rostros cansados y varios colegas que se han retirado ya de la Sala.

Esta no es la hora para discutir un proyecto de ley fundamental; debatámoslo a la luz del día, con la gente fresca y preparada, que realmente pueda aportar. En mi criterio, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es el mejor ambiente para discutirlo. Si se quiere hacer acá en el Pleno del Congreso, perfecto; pero no es este un asunto para debatir en cinco minutos, apurados y con varias ausencias, solo porque nos parece que el día de hoy hay que tomar el toro por las astas, cuando durante dos años no lo hicieron.

Lo que sí me parece pertinente —siguiendo la línea del congresista Otárola Peñaranda— es que se pase a la votación del pedido de reconsideración, y ojalá que la votación indique que la propuesta legislativa en mención se tiene que discutir en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como realmente corresponde; porque en su momento la mayoría de los miembros de este Congreso así lo decidió, y también porque el informe del Poder

Judicial señala que tiene que revaluarse el tema por lo importante que es. Sin lugar a dudas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es la comisión especializada, tiene que decir algo al respecto, señora Presidenta.

Estoy seguro, congresista Otárola Peñaranda, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos verá el referido proyecto de ley con celeridad; de ello no tengo ninguna duda, porque el con-gresista Eguren Neuenschwander, que preside dicha instancia legislativa, ha priorizado el tema anticorrupción, y lo ha dicho claramente —a las pruebas me remito—, además de todo lo que aquí se ha sustentado al respecto.

Entonces, la propuesta se verá con rapidez en la Comisión, se evaluará lo que tiene que evaluar-se, y después la traeremos para su discusión al Pleno.

La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Beingolea Delgado.

El señor BEINGOLEA DEL-GADO (PPC-APP).— Cómo no, señora Presidenta.

Si los nacionalistas han esperado dos años para tratar el pedido de reconsideración planteado por el

congresista Otárola Peñaranda, bien pueden es-perar una o, tal vez, dos semanas más. No creo el congresista Eguren Neuenschwander requiera de un tiempo mayor para traer aquí la propuesta ya dictaminada, a fin de que la podamos discutir con toda tranquilidad, como corresponde a una medida como la que se ha planteado en esa iniciativa.

Por esa razón, creo que lo responsable sería repetir la votación de hace dos años, para que la referida propuesta legislativa —oponiéndonos al pedido de reconsideración— pase a ser discutida por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Otra manera de arreglar rápido el asunto —que es lo que desea el congresista Otárola Peñaran-da— es que retire el pedido de reconsideración. Si el colega retira en este momento su pedido de reconsideración —me dirijo al colega a través de la Presidencia—, en la próxima reunión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se-guramente se verá la propuesta con la celeridad que se está planteando.


Muchas gracias



La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— A usted las gracias, congresista Beingolea Delgado.

Se va a proceder a la votación del pedido de reconsideración planteado por el congresista Otárola Peñaranda.

De conformidad con el artículo 58.° del Reglamen-to, la aprobación de la reconsideración requiere el voto favorable de la mitad más uno del número legal de congresistas.

Antes de proceder a votar, la Presidencia solicita a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital.


La señora PRESIDENTA (Carmen Omonte Durand).— Se encuentran presentes en la Sala de sesiones 80 señores congresistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se rechaza, por 36 votos en contra, 43 votos a favor y ninguna abstención, el pedido de reconsideración planteado por el congresista Otárola Peña-randa, respecto de la votación de la cuestión previa, aprobada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre de 2011, para que pasen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos los Proyectos de Ley Núms. 079, 134, 150 y 151/2011-CR, sobre la Ley de Reforma Cons-titucional que modifica el artículo 41.° de la Constitución Política del Perú, referido a la imprescriptibilidad de los delitos con-tra el patrimonio del Estado y corrupción de funcionarios e inhabilitación para la función pública.

—Reasume la Presidencia el señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Habiendo sido rechazado el pedido

de reconsideración planteado por el congresista Otárola Peñaranda, los Proyectos de Ley Núms. 079, 134, 150 y 151/2011-CR, sobre la Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo

41.° de la Constitución Política del Perú, pasan a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con la cuestión previa aprobada en la sesión del Pleno del 10 de noviembre del 2011.

“Votación de la reconsideración a la vota-ción de la cuestión previa para que pase a la Comisión de Justicia el Proyecto 79 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Apaza Con-dori, Apaza Ordóñez, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Espinoza Cruz, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastaña-dui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Merino De Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Omonte Durand, Oseda Soto, Pari Cho-quecota, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Saavedra Vela, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en contra: Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Mo-reyra, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Ccama Layme, Chávez Cossío, Eguren Neuen-schwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, León Romero, Lewis Del Alcázar, López Córdova, Medina Ortiz, Mon-terola Abregú, Mulder Bedoya, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Por-tugal Catacora, Ramírez Gamarra, Rodríguez Zavaleta, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Valqui Matos y Ve-lásquez Quesquén.”

Se aprueba, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio, presentado por la Co-misión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sobre la Ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para disponer de mercancías; quedando

diferida la segunda votación

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Pasamos ahora al tra-tamiento del texto sustitutorio del Proyecto de



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Ley N.° 2729/2013-PE, contenido en el dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, en virtud del cual se propone la Ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tribu-taria (Sunat) para disponer de mercancías.

Señor Relator, dé usted lectura a la sumilla del proyecto de ley correspondiente,


Dictamen en mayoría de la Comisión de Econo-mía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.º 2729/2013-PE (remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo), mediante el cual se pro-pone la Ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tribu-taria (Sunat) para disponer de mercancías.*

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar inicio a la sustentación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.º 2729/2013-PE (remitido con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo), contenido en el dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, en virtud del cual se propone autorizar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tri-butaria (Sunat) para disponer de mercancías ingresadas a los almacenes de la Sunat o a los almacenes aduaneros hasta el 31 de marzo del 2013, sean en situación de abandono, incauta-das o comisadas, incluida las provenientes de la minería ilegal.

La Presidencia informa que, con fecha 7 de no-viembre del 2013, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo de publicación del dic-tamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda.

Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia, Financiera, hasta por el término de diez minutos.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señor Presidente: El Pro-yecto de Ley N.° 2729/2013-PE, dictaminado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-ligencia Financiera, tiene como ob-jetivo autorizar a la Sunat para que

pueda disponer de las mercancías que hubieran ingresado a sus almacenes hasta el 31 de marzo

del 2013, independientemente del estado en que se encuentren para ser rematadas, adjudicadas, distribuidas o entregadas al sector competente, sin perjuicio de que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite.

Este proyecto de ley tiene como antecedente el Decreto Legislativo N.° 1053, Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Legislativo N.° 1122, que autoriza a la Sunat a disponer de las mercancías en abandono legal, abandono vo-luntario, incautadas y las que hayan sido objeto de comiso. No alcanza a las mercancías que pro-vienen de la minería ilegal ni a las que proceden de la aplicación de la Ley N.° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros.

De la misma manera, tiene como antecedente el Decreto Legislativo N.° 1104, publicada el 19 de abril de 2012, que autorizó a la Sunat para que durante un año disponga de manera expeditiva de la mercancías que ingresaron a los almacenes de la Sunat o a los almacenes aduaneros hasta el 31 de agosto del 2011, sea en situación de abandono, incautados o comisadas. Las mismas que fueron autorizadas para ser rematadas, adjudicadas, distribuidas, o entregadas al sector competente, sin perjuicio de que se encontraran con procesos administrativos o judiciales en trámite.

Esta propuesta legislativa se fundamenta bási-camente en que la mercadería que se encuentra en los almacenes de la Sunat data de hace varios años, específicamente desde 1992, ocupando un espacios que puede destinarse a otros usos, lo que representa un sobrecosto para el Estado por su mantenimiento.

En la sede de la Sunat de Santa Anita se encuen-tran más de 2 millones de kilos en artículos; y en otras sedes a nivel nacional, más de 4 millones y medio de kilos en artículos.

Un local con las características que, por ejemplo, tiene el almacén de la Sunat en Santa Anita ge-nera un costo anual de alquiler de 3 millones de nuevos soles. El terreno donde está ubicado este almacén, que mide más 40 mil metros cuadrados, está siendo requerido de manera urgente para efectos de la construcción de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y del Callao.

¿Y qué se propone al respecto, señor Presiden-te? Que se faculte a la Sunat para que durante dos años pueda disponer de las mercancías que hayan ingresado a los almacenes de la Sunat o a los almacenes aduaneros hasta el 31 de marzo de




2013, sea en situación de abandono, incautadas o comisadas, sin perjuicio de que se encuentren con proceso administrativo o judicial en trámite.

Asimismo, se incluyen las mercancías prove-nientes de la minería ilegal, procedentes de la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1053, Ley General de Aduanas, y de la Ley N.° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros; aunque según la Sunat, lo referido a incautación y a la minería es casi nulo, porque son bienes incautados en tránsito.

Igualmente, la propuesta establece que en caso exista un procedimiento administrativo en trá-mite se procederá a notificar al propietario de la mercancía de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. En la actualidad, casi el 90% de las mercancías incautadas se encuentra en proceso judicial, y solo el 10% en proceso de investigación fiscal, lo que representa un costo aproximado de 17 millones 756 mil 355 dólares, cerca del 77,78% del total de las mercancías.

En caso exista una investigación fiscal o un proceso judicial en trámite, la Sunat, que se en-cuentra a disposición de los bienes incautados, debe comunicar al fiscal y al Poder Judicial, de ser el caso; para que el fiscal, en un plazo de 30 días hábiles, proceda a adoptar las medidas de seguridad para perennizar el medio de prueba, tales como la toma de muestras, vídeos o fotogra-fías, sin perjuicio del acta que siempre se levanta frente a una incautación de bienes; y efectuada la diligencia, el fiscal informará al juez.

De la misma manera, la Sunat dispondrá de los bienes en vía de remate, adjudicación, destrucción o entrega al sector competente de la mercancía.

Con respecto a la devolución de los bienes por re-soluciones favorables, se prevé que, de obtenerse un pronunciamiento favorable por el titular de la mercancía, se efectuará el pago de su valor más los intereses legales correspondientes. Para estos efectos, se utiliza la valuación prevista en la Ley de los Delitos Aduaneros o en las Normas de Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC), según corresponda.

De no poderse efectuar dicha valoración, se aplica-rá el valor FOB más alto de mercancías idénticas o similares que se registren en el Sistema de Valoración de precios de la Sunat.

En lo que concierne a las medidas de transparen-cia, la Sunat publicará mensualmente en su portal institucional las resoluciones de adjudicación de bienes. Dicha publicación se realizará en los

primeros cinco días hábiles del mes siguientes al de su emisión. Las entidades públicas adjudica-tarias deberán publicar en su portal institucional el destino de los bienes adjudicados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los bienes. En caso de no contar con portal institucional, deberán remitir a la Contraloría General de la República dicha información en el mismo plazo.

La Contraloría General de la República, a través de los órganos de control institucional, y en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica el uso y destino de los bienes adjudicados.

En conclusión, la aprobación de esta propuesta legislativa representará un significativo ahorro económico para el Estado, porque ya no tendrá que pagar alquiler ni asumir gastos administrativos por almacenaje de mercaderías abandonadas.

La entrega o adjudicación de los bienes bajo cus-todia a entidades públicas contribuirá al mejor desempeño de dicha institución. Igualmente, la pronta entrega del almacén de la Sunat en Santa Anita permitiría cumplir con los plazos estableci-dos para la construcción de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima.

Eso es todo cuanto tengo que decir sobre esta propuesta legislativa, respecto de la cual solicito a la Representación Nacional que se sirva brin-darle su apoyo.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Valle Ramírez.

En debate la propuesta legislativa que acaba de ser sustentada.


El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señor Presi-dente: No quiero hablar de sospe-cha, pero la verdad es que resulta inoportuna la presentación de este proyecto de ley, que autoriza a la Sunat para que entregue o done bienes incautados.

Además, considero que este proyecto de ley debe pasar a estudio de la Comisión de Constitución y Reglamento o a la Comisión de Justicia y Derechos



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Humanos, porque en él se habla de “entrega de mercancías que se encuentren en proceso ad-ministrativo o judicial en trámite”. Pero no me voy a referir tanto a eso, sino a que ya antes se autorizó a la Sunat por el plazo de un año, hasta el 31 de agosto de 2011, a disponer de los bienes que ingresaron a sus almacenes aduaneros, sin que hasta la fecha se haya rendido cuentas de lo que se ha hecho con las donaciones.

No quiero hablar de lo que ha pasado con las donaciones, ni de las denuncias que ha hecho el programa de televisión Cuarto Poder, ni de los escándalos que hay por la forma en que se han utilizado indebidamente las donaciones; pero, a pesar de ello, ahora se viene a presentar un proyecto de ley para autorizar por dos años más a la Sunat para que disponga de las mercancías que hayan ingresado a sus almacenes.

El argumento es que los almacenes de la Sunat ya no son suficientes para tanta mercancía in-cautada. Se dice en el texto propuesto “entregar bienes”. ¿Acaso las tiendas o los inmuebles se entregan? Eso significa que el proyecto de ley está mal redactado.

En realidad, señor Presidente, a nosotros nos hubiese gustado que sobre esta materia la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera hubiera presentado un proyecto de ley para poder fiscalizar, con el fin de contar con una norma que obligue a Aduanas a ser fiscalizada, porque el reglamento de Aduanas impide que se fiscalice qué se hace con las donaciones.

Me parece que estas las necesitan para la campaña en estos dos próximos años. Ojalá que la jefa de la Sunat fuese una persona independiente, una téc-nica como lo ha sido en el pasado; pero la verdad es que después de los últimos escándalos que hemos visto y que han tenido que ver con las donaciones, ahora resulta que le vamos a dar un certificado de buena conducta aprobando esa autorización a la Sunat para que durante dos años más puedan donar o entregar bienes incautados.

¿De dónde salió el término entregar? ¿Cuál es el efecto jurídico o la responsabilidad que tendría un funcionario cuando diga: “He entregado tales bienes”? Y ahora esa mercancía ya no será entre-gada al Conadis, sino, como es ya evidente, irá al Ministerio de la Mujer. Mejor no digo nombres; pero le pido al presidente de la Comisión de Eco-nomía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que, antes de venir a plantear esta iniciativa, tenga la valentía de pedir a la Sunat un informe

para saber qué ha hecho al respecto durante el año en que se le otorgó la autorización. ¿A quiénes les han entregado los bienes incautados?

En segundo lugar, que pida a la Contraloría Ge-neral de la República que le alcance su informe sobre el examen de control que ha hecho de las donaciones consideradas absolutamente irre-gulares. Si no contamos con ese informe, mal hacemos en debatir esta propuesta legislativa, que lo único que va a generar son suspicacias, señor Presidente.

En verdad, no se necesitan más almacenes; si hemos dado un año a la Sunat para disponer de esas mercancías, por qué no nos vienen a explicar que han hecho durante ese tiempo. De repente nos dicen: “Un año no nos alcanzó un año. Hemos hecho esto, esto otro; pero falta esto”.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presidente, reitero, lo que falta es fiscalización. Aquí le hemos dado un cheque en blanco a Aduanas y a la Sunat; más aún, el regla-mento de Aduanas impide que se fiscalice cómo se entregan o cómo se donan esos bienes. Eso es lo tenemos que ver antes de dar nuevamente un cheque en blanco a aquellos que quieren utilizar esos bienes solo con fines proselitistas.



Puede hacer uso de la palabra el congresista Eguren Neuenschwander.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Se-ñor Presidente: Sobre el particular, hay dos aspectos que me parecen relevantes señalar.

El primer aspecto es el de la emer-gencia, que tiene que ver hasta con una cuestión logística, referida al terreno de los almacenes de la Sunat en Santa Anita. Señor Presidente, los almacenes de Santa Anita van a tener que desaparecer, porque el terreno donde estos se encuentran tienen que ser entregados para la construcción de la Línea 2 de la Red Básica del



Metro de Lima. Ese es el aspecto de coyuntura, señor Presidente.

El segundo aspecto que tenemos que analizar tiene que ver con la cuestión de fondo; pero, al margen de ello, si se tiene que comprar otro te-rreno para esos fines, habrá que comprarlo si es lo más conveniente. De acuerdo con las disposiciones planteadas, me parece un buen procedimiento; entonces, lo que tendríamos que hacer es no analizarlas políticamente ni con suspicacias, sino técnicamente, para ver si es lo más eficiente y conveniente para el sistema.

Señor Presidente, si es lo más conveniente para el sistema, yo sería hasta más agresivo: no plan-tearía que la Sunat disponga de las mercancías por dos años. Si eso es eficiente, si eso garantiza que los procedimientos establecidos van a conti-nuar, si eso garantiza una mejor utilización de las mercancías, por qué lo hacemos solo por dos años. Hagámoslo permanente, señor Presidente.

A los señores parlamentarios les pido no politizar el tema materia de debate; sino que hagan el aná-lisis de si es lo más eficiente como sistema.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Eguren Neuenschwander?

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Me solicita una interrupción el colega Velásquez Quesquén, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señor Presi-dente, el año pasado la Sunat tuvo saldos de casi 180 o 200 millones, de acuerdo con una denuncia que hizo el congresista Víctor Andrés García Belaunde. ¿Y para qué eran

esos saldos? Para la construcción de un centro de esparcimiento; y ahora el argumento que se nos da es que el terreno donde se encuentran los almacenes de la Sunat en Santa Anita tiene que ser entregado.

Entonces, no es suspicacia; sino que aquí se otorgó una facultad a la Sunat, y además hay un reglamento de Aduanas que impide que se fiscalicen los bienes; de manera que otorgar esa facultad por dos años más me parece absoluta-mente inconveniente.

No es, por tanto, una cuestión de carácter político, no es tampoco el hecho de que los bienes incauta-dos, al ya no existir los almacenes de Santa Anita, vayan a perecer, porque no solo se trata de bienes muebles, sino también de bienes inmuebles.

Lo que nosotros queremos, y ese es el sentido de nuestra propuesta, es contar con una norma para poder fiscalizar esos bienes, mas no entregar un cheque en banco.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Eguren Neuenschwander; muchas gracias, señor Presidente.



El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Señor Presidente, un segundo elemento relevante, desde mi punto de vista, es el numeral 1.1 del artículo 1.° del texto en debate. De ninguna manera las mercancías que hayan ingresado a los almacenes aduaneros deben ir a parar a manos privadas; porque, de acuerdo con esta propuesta, pueden ser rematadas, caso en el cual ingresa dinero a las arcas de Estado; pueden ser adjudicadas, generalmente a entidades del Estado; pueden ser destruidas y pueden ser entregadas al sector competente.

Cuando se entrega a terceros, de acuerdo con la normatividad, se denomina donaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que garantizar, que esas mercancías no terminen en manos de un privado, porque indebidamente sería una donación, así sea una entidad privada con el nombre de un santo, por ejemplo, la Clínica San Juan de Dios.

Pero mejor seamos radicales y no dejemos nin-guna puerta abierta. Que ninguna de las dis-posiciones de la propuesta en debate permitan que las mercancías incautadas —bajo ninguna modalidad— terminen en manos de un privado o en manos de ninguna autoridad que pretenda hacer donaciones por navidad, por ejemplo. Por transparencia, es importante cerrar esa puerta, señor Presidente.

Finalmente, el Reglamento de esta Ley tiene que ser muy bien hecho. No es que desconfíe de la Sunat, donde considero que hay muy buenos técnicos; pero es preferible que la Sunat no sea



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juez y parte. En nuestro criterio, el Reglamento, del cual no se dice absolutamente nada en la propuesta legislativa materia de debate, debería ser elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.


Muchas gracias.



La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente: Este es un proyecto de ley tan vergonzoso que en ninguna parte del dictamen emitido por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera se in-dica quién lo ha presentado. Uno tiene que intuir, porque ni en el primer párrafo, ni en la situación procesal, ni en el contenido del proyecto de ley se dice quién lo ha presentado. Es decir, es un proyecto huérfano y vergonzoso, porque es muy chocante lo que en él se propone.

¿Por qué mejor no dijeron “regálase al Partido Nacionalista todos los bienes incautados para que los regalen en campaña? Señor Presidente, realmente es una falta de respeto…

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Qué retire la palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Chávez Cossío, le están solicitando que retire la pala-bra.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ¿Qué palabra quieren que retire, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— ¿Qué palabra desea usted que sea retirada, congresista Gamarra Saldívar?

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, de parte de nuestro partido lo que se pretende es una discusión total-mente técnica; pero desde hace un momento se están haciendo alu-siones con relación a este proyecto

de ley, indicando que se trata de un proyecto vergonzoso…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Precise la palabra que desea que sea retirada, congresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— … que tiene fines políticos y que, a través de él, se pretende hacer donaciones.

¿Qué es eso, señor Presidente? Pido que este proyecto de ley se discuta de manera técnica.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Gamarra Saldívar, precise usted la palabra que quiere que sea retirada.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Se-ñor Presidente, que la colega no aluda al Partido Nacionalista en el sentido en que lo ha hecho.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Chávez Cossío, le están pidiendo que retire la frase “do-nación al Partido Nacionalista”. Le solicito que lo haga para poder continuar con el debate.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, que quede claro para la prensa que a partir de la fecha se aplica la mordaza por parte del Partido Nacionalista.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Le están pidiendo que retire la palabra, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ¿Cuál palabra, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Donación al Partido Nacionalista.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, le da vergüenza al Partido Nacionalista…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Le están pidiendo que retire la palabra considerada ofensiva, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ¿Cuál palabra, señor Presidente?



El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La palabra “donación al Partido Nacionalista”.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Donación al Partido Nacionalista. ¿Donación a quién, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Le están pidiendo que retire la palabra, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Habiendo sido reti-rada la palabra considerada ofensiva, se da por superado el incidente.

Puede usted continuar, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, queda claro que lo que se está proponiendo en el texto sustitutorio materia de debate es una barbaridad.

Yo sé que en Palacio de Gobierno han mandado a la congeladora a una señorita funcionaria que era la responsable de la imagen de la Casa de Gobierno y que está involucrada en la donación de 150 mil brasieres, no sé cuántas pashminas, etcétera. Sobre el particular, hasta el momento no se ha comunicado cuál es el resultado de las investigaciones ni de la fiscalización que la Con-traloría ha hecho.

El señor Fuad Khoury, Contralor General de la República, en lugar de estar aplaudiendo como foquita al nuevo Gabinete el 31 de octubre, debe-ría haberse preocupado de ese asunto.

Ya sabemos que hay acá varios congresistas de la bancada del frente —no los puedo mencionar, por eso digo de la bancada del frente— que se han visto beneficiados y a quienes se les ha grabado entregando donaciones provenientes de la Sunat, repartiéndolas como si fuesen de su propio peculio.

¿Qué se pretende con esta propuesta legislativa? Que la Sunat disponga de todas las mercancías que hayan ingresado a los almacenes aduaneros, incluidas —y esta parte es la que me da risa— las provenientes de la minería ilegal. Hace poco

se han incautado no sé cuántas barras de oro, señor Presidente. ¿Quiere decir esto que, además de los 150 mil brasieres y las 150 pashminas anteriormente donados, se van a regalar 150 mil cadenas de oro con esas incautaciones de barras de oro? ¿De qué estamos hablando, señor Presidente?

Ya es tiempo de que se pongan un control. Ustedes creen que lo pueden todo, señor Presidente. Cree el gobierno que…

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Chávez Cossío?

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Me solicita una interrupción el colega Gutiérrez Cóndor, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, me preocupa la forma en que la ilustre congresista Martha Chávez Cossío se ha introducido en el tema materia de debate. Con tantos años en el Parlamento, incluso habiendo sido

Presidenta del Congreso, la colega sabe que el proyecto de ley ha sido presentado por el Poder Ejecutivo; más aún, en el primer párrafo del dictamen se hace mención del Proyecto de Ley N.° 2729/2013-PE. Es decir, en todo momento se ha habla en el dictamen emitido por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de un proyecto de ley que tiene su en el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, considero que la premisa y lo expresa-do por la congresista Chávez Cossío al inicio de su discurso no es coherente con lo que textualmente dice el dictamen materia de debate.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Gutiérrez Cóndor.


La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, antes de darle la interrupción al congresista Becerril.



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Debo decir al colega Gutiérrez Cóndor que he leído el dictamen del referido proyecto de ley, en el cual, no obstante que de cerca tengo buena vista, es muy chiquitita la “PE”. En todos los dictámenes de las comisiones, a pesar de que se ponga en el número del proyecto de ley las letras “PE”, siem-pre se considera la expresión “remitido o enviado por el Poder Ejecutivo”; pero acá, mutis.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Chávez Cossío?

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Me solicita una interrupción el con-gresista Becerril Rodríguez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Becerril Rodríguez.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Señor Presidente, actualmente la Sunat tiene libertad para disponer de las mercancías incau-tadas en las zonas de emergencia; pero, como eso no les basta, ahora quieren libertad total. Populismo puro, como si no fuese verdad que hace meses atrás se detectó que varios congresistas del oficialismo y sus aliados estaban haciendo proselitismo político con las donaciones que les entregó la Sunat, vía la señora ministra de la Mujer. ¿Creen ustedes acaso que ya nos olvidamos de eso? Ese es un hecho tan real y tan claro que, acá, incluso, algunos colegas lo admitieron como cierto y cachosamente dijeron que iban a seguir donando bienes incautados.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Becerril Ro-dríguez.

El señor BECERRIL RODRÍ-GUEZ (GPFP).— Como no, señor Presidente.

Por lo tanto, considero que se es-tán apertrechando con bienes del Estado. Como ya están cerca las

elecciones del año 2014, ya tendrán, aquellos congresistas que en este momento se ríen, más bienes incautados para seguir regalando y así poder obtener votos. Eso, finalmente, es los que ustedes quieren. En estos momentos, ustedes y sus aliados, que también se han visto beneficiados con las donaciones, tienen los votos suficientes para poder aprobar esta propuesta legislativa;

pero el pueblo sabe perfectamente que ustedes se quieren aprovechar ilícitamente de los bienes del Estado para hacer proselitismo político.


Muchas gracias.



La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, es tan extrema la irracionalidad y la falta de decoro que en el proyecto de ley materia de debate ni siquiera se establece que la entrega de bienes que la Sunat va a hacer es sin que se rija por la normatividad aplicable por la Comisión Nacional de Bienes In-cautados. Se dice, por ejemplo, que las entidades públicas van a tener derecho a la adjudicación de las mercancías incautadas, pero no se dice cómo esas entidades van a tomar conocimiento de ello. Entonces, les dan un plazo de 30 días hábiles —en los que nadie les va a informar— para el retiro de esas mercancías; pero, al final, estas se van a quedar en la Sunat.

Pero lo peor es que esos bienes pueden ser bie-nes sujetos a proceso judicial. ¿De qué estamos hablando? Y se dice que cuando por decisión judicial o administrativa se tengan que devolver los bienes incautados a sus respectivos propie-tarios, el Estado va a tener que pagar el valor de los mismos más los intereses legales. ¿Va a pagar la señora Tania Quispe?, ¿o ya sabemos quién va a ser la nueva candidata presidencial del oficialismo? La señora Tania Quispe, prima de la Primera Dama de la Nación, es la que puede a su real saber y entender y con toda libertad…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le soli-cita que concluya, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— … disponer de millones de nuevos soles sin ninguna regla. ¿Para qué, señor Presidente?

Por eso considero que este proyecto de ley no puede pasar. En ese sentido, solicito, como cuestión previa, que el dictamen en cues-



tión vuelva a la Comisión de Economía, Banca, Finanza e Inteligencia Financiera.



Puede hacer uso de la palabra el congresista Zamudio Briceño.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Señor Presidente, antes de dar inicio a mi intervención, permítame conceder a la congresista Coari Mamani la interrupción que me solicita; y también al colega Rivas Teixeira.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Coari Mamani.

La señora COARI MAMANI (NGP).— Señor Presidente, pri-mero, para hablar de corrupción hay que hacerlo con pruebas; por lo tanto, es una lástima que a ese res-pecto la congresista Martha Chávez se haya acostumbrado a intervenir

en los debate sin mostrar evidencia alguna.

En primer lugar, yo no soy corrupta; en segundo lugar, los que se han corrompido son ellos, y por eso aún están en cana. Además, cuando fueron gobierno se trasladaban, incluso con sus familias, para vender los productos en los mercados. Sin embargo, nosotros se los llevamos a la gente pobre; de manera que no nos estamos corrom-piendo ni mucho menos nos estamos llevando los productos a nuestras casas. Eso tiene que quedar muy en claro.

Ahora los corruptos se levantan, ahora los corrup-tos se lavan las manos; y, claro, quieren defender lo indefendible. Así no es, señor Presidente. Acá hemos venido nosotros a trabajar con gente honesta; no hemos venido a corrompernos. Por lo tanto, nuestro gobierno está en contra de la corrupción; eso tienen que reconocerlo aquellos que ahora se quieren lavar las manos.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Coari Mamani.

Por alusión, puede hacer uso de la palabra la congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, la congresista que ha acaba de intervenir ha insinuado que los quie-nes estamos acá al frente de ellos somos corruptos y que estamos en cana. Nosotros estamos acá, no estamos en cana, señor Presidente; y puede haber corruptos y van a estar en cana muchos de este gobierno sobre todo luego de este tipo de leyes.

Nosotros solo les estamos advirtiendo, señor Presidente. Yo no tengo por qué dudar de la buena fe de la señora congresista que acaba de intervenir; pero, ¿acaso cree ella que la gente del pueblo se ha beneficiado con 150 mil brasieres y con 150 mil pashminas? ¿O acaso cree que se va a beneficiar con la joyería que se va a hacer aquí de la incautación de la minería ilegal?

Señor Presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso queremos que la señora Tania Quispe tenga total libertad para actuar? ¿Ahora va a ser ella la dueña de todos los bienes que son del pueblo peruano y, eventualmente, de sus propietarios? ¿Va a ser la señora superintendenta de la Sunat la que con su plata pague el valor de las mercancías luego de que el Estado sea obligado a devolver el valor de las mismas?

Señor presidente, solo les estamos advirtiendo…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le soli-cita que concluya, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, solo les estamos advirtiendo. No quisiéramos que gente como ustedes ni ningún ciudadano del Perú tenga la alternativa de faltar a sus deberes con el país, porque después todos salimos perdiendo. Apren-dan de la experiencia, porque ustedes pueden ser llevados a un desfiladero peligroso por este tipo de normas.


Muchas gracias.


Congresista Rivas Teixeira, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de Turno.



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El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Señor Presidente, se viene tomando aquí una posición que realmente da mucho que pen-sar, sobre todo por quienes han tenido una gestión de Gobierno que ha sido observada. Por cierto,

tratar de hacer alusión sobre una cuestión que ya se conoce o sobre algo que se considera un refrito es lamentable; más aún cuando hay acá algunos congresistas que hemos sido investigados por la Comisión de Ética Parlamentaria, sobre los cuales, evidentemente, se ha emitido ya un pronunciamiento.

Pero podría ser una posición política; siempre está presente esa intencionalidad, que quizá va un poco más allá de la raya del límite.

Y sí, señor Presidente, voy a seguir entregando obsequios, hace 12 años que lo vengo haciendo. Es evidente que, bajo los criterios que se han dado acá, lo que se busca es politizar un proyecto de ley que tiene otras intenciones y que necesariamente debe ser discutido técnicamente.

En todo caso, siendo este un foro político, los votos decidirán si se aprueba o no el referido proyecto de ley. Los votos son los que mandan; hay que aprender a ganar y también hay que aprender a perder.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Rivas Teixeira.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Zamudio Briceño.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Me solicita una interrupción el congresista Velásquez Quesquén, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Usted ya ha otorgado las dos interrupciones que le autoriza el Regla-mento, congresista Zamudio; por lo tanto, de inició a su intervención.

El señor ZAMUDIO BRICEÑO (NGP).— Señor Presidente: Mi intervención es solo con el fin de hacer una aclaración.

No voy a abundar en ese asunto, señor Presidente, porque el texto

sustitutorio contenido en el dictamen de la Co-misión de Economía, Banca, Finanzas e Inteli-gencia Financiera es totalmente claro y preciso, de manera que no nos vamos a salir de él. Lo que quisiera dejar en claro, antes de finalizar, es que, en nuestro caso, nadie se ha beneficiado econó-micamente con las donaciones, como sí ocurrió en el pasado.

Nosotros trabajamos con transparencia, tenemos las manos limpias y somos un ejemplo para las futuras generaciones, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Zamudio Briceño.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Neyra Olaychea.

El señor NEYRA OLAYCHEA (GPFP).— Antes de dar inicio a mi intervención, permíteme conceder a la colega Chávez Cossío la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, es un poco curioso, y también poco decoroso, que todos los congresistas del oficialismo que han intervenido hasta el momento, salvo una señora congresista, hayan

estado involucrados en esa donación extraña de bienes, como si estos hubiesen procedido de su propio peculio, con el fin de ganarse granjerías con la población, cuando se trata de dinero de todos los peruanos.

Por favor, tengan un poco de decoro. Por lo menos absténganse y que sean otros los que se pronun-cien, me refiero a los que no han sido registrados por la prensa en momentos en que repartían como propios los bienes que indebidamente les había entregado la Sunat.

Claro, en la Comisión de Ética Parlamentaria ganaron porque hoy tienen más votos con los satélites que los apoyan; pero eso no significa que sean inocentes. Sobre el particular, la Con-traloría General de la República aún no suelta el informe, señor Presidente. ¿Por qué será? Pero ahora, por lo menos, que intervengan personas



que defiendan sin ningún interés este tipo de normas.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Neyra Olaychea; muchas gracias, señor Presi-dente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, señora congresista.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Neyra Olaechea.

El señor NEYRA OLAYCHEA (GPFP).— Señor Presidente, me solicita una interrupción la colega Alcorta Suero.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Alcorta Suero, puede usted hacer uso de la segunda in-terrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente, hace menos de diez minutos se trató aquí en el Pleno un pedido de reconsi-deración, que se estaba pudriendo desde hace dos años, con el fin de que continuemos discutiendo una

propuesta legislativa cuyo propósito es combatir la corrupción.

Pero con qué facilidad se desdoblan aquí; porque, de repente, en cuestión de segundos, presentan un proyecto de ley que autoriza a la Sunat a dispo-ner de las mercancías que hayan ingresado a los diversos almacenes aduaneros. Es bien fácil ser generoso con la plata ajena, señor Presidente.

En la administración pública —y hay que apren-der, porque el Congreso no se libera de eso— para efectuar donaciones, regalar, recibir, vender o comprar cualquier cosa se tienen que elaborar tres informes importantes: el informe legal, el informe técnico y el informe financiero. Porque, qué tal raza, se han donado brasieres, pashminas, anteojos y artículos que ni siquiera se distribu-yeron. Los anteojos, por ejemplo, nunca llegaron a los pobres a los que usted se ha referido. Por más que haya habido un grupo de cuatro o cinco personas bien fotografiadas, cuando los poblado-res del lugar donde se tomó esa fotografía iban a los medios de comunicación decían: “Nosotros no hemos recibido nada”.

Es bien fácil reclamar y decir…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le soli-cita que concluya, congresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Es bien fácil entregar un caramelo, maquillarlo y decir: “Es para los pobres”. Si quieren donar algo, cómprenlo con su plata y regálenselo a la gente pobre; pero por qué con donaciones ajenas que deben seguir su cauce normal. Ustedes no tienen por qué beneficiarse con ello, porque eso es disfrazar la pobreza, es utilizar la pobreza para beneficio propio, en forma mercantilista y populachera. Eso es una inmoralidad, eso es falta ética; y la ética no se escribe, nace del forro.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Alcorta Suero.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Neyra Olaychea.

El señor NEYRA OLAYCHEA (GPFP).— Señor Presidente: Más allá de los insultos y del pedido de que tenemos que ser coherentes y mucho más técnicos al momento de la discusión de esta materia, es cierto que este proyecto de ley fue

remitido con carácter de urgente por el Poder Ejecutivo. De manera que si merece ser tratado con urgencia; pero debemos hacer transparente y eficiente su discusión.

Lo que yo pedí en el seno de la Comisión de Eco-nomía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, por el carácter urgente del referido proyecto de ley, es que la superintendenta de la Sunat con-curriera a esa instancia legislativa para que nos aclare ciertas suspicacias o dudas que tenemos los integrantes de la comisión.

Por ejemplo, algunas de las preguntas que que-ríamos hacerle son:

1. ¿Cuáles es la cantidad y el tipo de mercancía, por tonelajes, ingresada hasta el 31 de marzo de 2013, que están expeditas para su adjudicación y a disposición de la Sunat?

2. ¿Hasta la fecha, a partir de julio de 2011, qué cantidad de mercancía se ha dispuesto o adju-dicado y qué sectores se han visto beneficiados con esta?



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3. ¿Cuál es el ingreso obtenido por la Sunat pro-ducto del remate de las mercancías desde el año 2010, por ejercicio fiscal?

4. ¿Cuántos procesos judiciales o procesos de in-vestigación existen y cuál es la cantidad o tonelaje de mercancía involucrada en dichos procesos?

5. Cuando el Tesoro Público hace el pago de una mercancía adjudicada por la Sunat, ¿esos recursos son deducidos de los ingresos de la Sunat?

6. ¿Hasta la fecha cuál es el monto en soles, por ejercicio fiscal, que el Tesoro Público ha devuel-to producto de la mercancía adjudicada por la Sunat?

Esas eran las preguntas que queríamos formular a la superintendenta de la Sunat. Entonces, era urgente que venga y nos explique sobre el parti-cular; pero no pasar rápido la propuesta para su debate. Bueno, yo pedí que venga a la comisión y perdí al momento de la votación, eso es parte de la democracia; pero no es justo. Nosotros lo único que estamos pidiendo es claridad, porque la suspicacia no es buena, perjudica. En verdad, no podemos estar acá insultándonos, porque la población, como es lógico, considera que eso no es correcto.

Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que esta propuesta legislativa regrese a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Finan-ciera, a fin de poder invitar a la superintendenta de la Sunat para formularle las preguntas que sean necesarias y que nos despeje todas las dudas que tenemos. ¿Eso es necesario? Sí es necesario, señor Presidente, porque Aduanas tiene muchos almacenes destinados a la custodia de mercancías y tiene también procedimientos para realizar los remates. Pero no es posible que si alguien tiene un problema judicial, y judicialmente se ordena la devolución de su mercadería, el Estado tenga que pagarle así la mercadería se encuentre po-drida o este —digamos— hecha chatarra. Eso es lo que queremos que la superintendenta de la Sunat nos aclare.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Neyra Olaychea.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIA-NES (GPFP).— Señor Presidente: Los integrantes del oficialismo debe-rían agradecernos por estar nosotros en plan de controladores y por estar advirtiéndoles cosas que luego pue-den revertir en contra de ellos.

Con respecto al proyecto de ley materia de deba-te, que definitivamente merece una explicación muy clara, es necesaria la presencia de la super-intendenta de la Sunat para que responda a las preguntas que ha formulado hace un momento el colega Neyra Olaychea; pero debe venir no solo a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sino también al Pleno del Congreso.

Porque, ¿qué es lo que se pretende, señor Presi-dente? La mujer del César no solo debe ser hon-rada, sino también parecerlo. En los próximos dos años se celebrarán sendos procesos electorales en nuestro país, y justo en esos dos años se pretende hacer una fiesta; y digo “una fiesta” porque eso es lo que va a ocurrir.

En ese sentido, cada uno de los que tenga mayor influencia —y habrá hasta pleitos entre los propios candidatos y congresistas— obtendrá mayores regalos de la Sunat para poder entregar a los po-bladores de su región. Mire lo grave que es esto, señor Presidente. Pero grave también es —y acá quiero llamar la atención al colega Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que ha debido abstenerse de sustentar el proyecto de ley materia de debate— que hay una serie de denuncias con respecto a que él también intervino en la entrega de bienes de la Sunat, y que además, como inte-grante de la Comisión de Ética Parlamentaria, con su voto evitó que se investigara a la ministra Jara Velásquez.

Entonces, frente a estos detalles que…

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Salgado Rubianes?

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Le voy a conceder la interrupción, congresista Valle Ramírez, con todo gusto, solo le pido que me deje terminar la idea.

Lo que estamos señalando aquí es que quienes han tenido este tipo de cuestionamientos, que si bien no ha llegado a mayores, se han debido de abstener de participar. Esto lo ha debido denunciar



la propia Contraloría General de la República, que no está cumpliendo con su función. Yo re-cuerdo bien que, en el Seminario Internacional Anticorrupción, el contralor Fuad Khoury dijo lo siguiente: “Voy a ser implacable, no me voy a casar con nadie. Yo voy a sacar la relación de todos aquellos procesos considerados irregulares”. Y ya ha detectado varios procesos irregulares, entre ellos está el caso de las sillas de ruedas donadas, en el que las cifras no concuerdan.

Señor Presidente, permítame conceder la inte-rrupción al congresista Valle Ramírez, que hace unos instantes me la ha solicitado.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Valle Ramírez.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señor Presidente, debo decir a la congresista Salgado Rubianes, para su conocimiento, que lo referido al panfleto que fue elaborado malintencionadamente ya ha sido aclarado a plenitud. Hay

una frase conocida que dice: “Miente, miente que algo quedara”. Para su satisfacción, todo ello sido aclarado, estimada colega. Nosotros jamás hemos participado en lo que usted acaba de mencionar.

Cuando se formuló la denuncia, nosotros pedimos al presidente de la Comisión de Ética Parlamenta-ria que de inmediato se hagan las investigaciones del caso. Por iniciativa nuestra fue que se hizo, y se absolvieron todas las dudas.

Le pido a la colega que no se refiera ya a un asunto que ha sido aclarado en su momento.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Valle Ramírez.

Puede continuar, congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señor Presidente, yo me alegro de que ese asunto se haya aclarado; pero, en todo caso, el diario que formulo la denuncia nunca lo aclaró. Exija usted la aclaración correspondiente, colega; y si se aclaró, en buena hora.

Pero esas son las cosas que van a pasar más adelante si se sigue insistiendo en este proyecto

de ley; sin duda alguna, eso es lo que va a ocu-rrir. Van a empezar a repartir donaciones unos y otros, sin saber siquiera quién realmente ha hecho bien las cosas o quien ha tenido mayor influencia para obtener un mayor número de regalos de la Sunat.

Señor Presidente, la superitendenta de la Sunat, en cumplimiento de su función, tiene que venir aquí a responder las preguntas que sean necesa-rias; porque a mí no me cabe la menor duda de que si gana un juicio el demandante…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solici-ta que concluya, congresista Salgado Rubianes.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Señor Presidente, esas mercaderías ya han sido entregadas, ya han sido donadas, ya han sido regaladas, y ahora ya no solamente en la zona de emergencia, sino también en otras zonas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si gana el juicio el demandante, ¿quién tiene que pagar? Sin lugar a dudas, el Estado. El Estado somos todos nosotros, señor Presidente. ¿Por qué tengo que pagar yo el regalo que ha hecho determinado congresista porque tuvo mayor influencia? ¿Por qué tenemos que pagar todos los peruanos algo de lo que el Es-tado, más bien, ha tenido que sacar un provecho con su venta.

Pero si es porque los almacenes aduaneros ya no se dan abasto, yo me imagino que es porque hay numerosa mercadería. Señor Presidente, existen mecanismos para poder avisar a quienes están comprometidos con esa mercadería que esta va a entrar a remate y que los beneficios van a ir a las arcas del Estado para cubrir realmente un sinfín de necesidades. Por favor, los niños de Ticlio Alto se mueren de frío; terminen ahí de hacer las pistas y veredas, terminen de entregar los alimentos del Programa Integral de Nutrición (PIN), que ya ha sido suprimido.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluya, por favor, señora congresista.

La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Cómo no, señor Presidente.

Termino, entonces, diciéndoles a ustedes que no cometan tan grave error. No hagan que este proyecto de ley sea aprobado sin que la superin-tendenta de la Sunat lo sustente bien; ya no por nosotros, sino por ustedes, que son los que van a imponer su voto. Que les diga verdaderamente



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cuánto ha recibido el Estado, cómo va a pagar el Estado, cuánta mercancía hay en los almacenes aduaneros y por qué se autoriza a la Sunat a disponer de esa mercancía específicamente en esos dos años.



Puede hacer uso de la palabra el congresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente: De alguna manera, estoy muy mortificado por la forma en que se ha desnatu-ralizado el debate de este proyecto de ley, que es meramente técnico, al punto de haberlo llevado al caso de las donaciones.

El ladrón piensa que todos son de su misma condición. Yo no quería tocar este espinoso tema, señor Presidente; pero si el debate se lleva a ese terreno, nosotros también tenemos mucha información que mostrar. Bastante información tenemos de todo lo que pasó en la década de los 90 con las donaciones que llegaron del Japón y que los hermanos del ex presidente Fujimori no repartían, traficando con los bienes donados a costa del pueblo peruano, señor Presidente.

No quería recordar lo que ocurrió en nuestro país en ese entonces, respecto del cual tenemos mucha información que mostrar; pero lo podemos hacer con mucha lentitud y con toda tranquilidad. Defi-nitivamente, señor Presidente, yo pensé que…

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Gamarra Saldívar?

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— El congresista Velásquez Quesquén me solicita una interrupción, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-QUÉN (GPCP).— Señor Presi-dente: Hay un viejo refrán que dice: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Nosotros queremos escuchar argumentos técnicos,

pero el colega Gamarra Saldívar nos dice que se siente muy mortificado, y lo único que hace es agraviar.

Un colega que se ha retirado de la Sala —no me gusta hablar en ausencia de nadie— ha dicho hace un momento: “Yo voy a seguir entregando, pues…” Señor Presidente, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Esa es una utilización indebida y proselitista de las donaciones. Todos sabemos que cuando en esta norma se excluye la fiscalización y se excluye del conocimiento de las donaciones al Conadis, es porque estas van a ir a un sector que ya todos sabemos cuál es, como también sabemos de qué sector salen. No pretendan engañarnos; mejor sean sinceros, como lo ha sido el congresista Rivas Teixeira, y digan que los congresistas del Partido Nacionalista van a seguir entregando las donaciones. Díganlo, reconózcalo, ¿por qué tiene tanto temor?

Muchas gracias por la interrupción, congresista Gamarra Saldívar; muchas gracias, señor Pre-sidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede continuar, con-gresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Me solicita una interrupción el congresista Rivas Teixeira, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Rivas Teixeira.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Señor Presidente, en principio, debo decir al colega Ve-lásquez Quesquén —y esto es lo que quiero aclarar— que desde hace 12 años vengo haciendo regalos, pero con mi plata, con la mía. Esa es la

suerte que tenemos algunos que hemos nacido con cuchara de plata en la mano; y lo voy a seguir haciendo, colega. Eso no significa ninguna ofensa para el pueblo. En esta navidad —que el pueblo lo sepa— voy a seguir haciendo regalos, pero con mi plata. Mi familia siempre lo ha hecho, y de ello me siento sumamente orgulloso. Eso debe quedar bien en claro.

Contra mí no se ha dictado ninguna orden de captura, porque yo no me he robado 20 millones de nuevos soles, no pertenezco a una familia que



se encuentra con situaciones legales engorrosas, ni mi padre está preso. Me estoy refiriendo a mí: mi padre no está preso por delitos de lesa huma-nidad, señor Presidente. Me piden que guarde el decoro. ¿Decoro de qué? A mí no me repudia nadie; yo sí puedo salir a la calle y caminar libremente y sin ningún problema. Esa es una verdad que a algunos les duele, pero la tengo que decir, claro que sí; porque a mí no me repudian en la calle, contra mí no han hecho ninguna marcha por ningún motivo. Si quieren entrar en ese terreno, entremos pues.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le pide que concluya, congresista Rivas Teixeira.

El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Esa es la pura verdad. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir: no hay que olvidar el pasado para poder mejorar tanto nuestro presente como nuestro futuro.

Muchas gracias por la interrupción congresista Gamarra Saldívar; muchas gracias señor Pre-sidente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Rivas Teixeira,

Puede continuar, congresista Gamarra Saldí-var.

El señor GAMARRA SALDÍ-VAR (NGP).— Señor Presidente, debo recordar que la Sunat es un organismo eminentemente técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.

Yo cuando postulé y gané el concurso para una plaza en esta Institución no presenté carnet par-tidario, como si se hizo en anteriores gobiernos.

En la Sunat prevalece siempre el criterio técnico, no como en otras instituciones de gobiernos pasa-dos donde lo que primaba era el partido político, y en las que en las entrevistas personales se daban el lujo de preguntar a los postulantes asuntos estrictamente partidarios.

En cambio, en este gobierno hay transparencia en ese sentido; en este gobierno se tiene en cuenta siempre la meritocracia. Eso tenemos que relie-varlo, señor Presidente.

Por otro lado, nosotros hemos escuchado con la mayor tranquilidad a todos los señores congre-

sistas que han intervenido; por eso exigimos el mismo respeto.

Señor Presidente, cuando hablamos de otorgar capacidad de distribución a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tri-butaria con relación a los bienes que datan del año 1992, nos referimos a los bienes que en estos momentos se encuentran en estado de chatarra y que están ocupando los espacios de los almacenes aduaneros, los cuales, obviamente, tienen que ser vendidos, rematados, adjudicados, porque se encuentran a disposición de la Sunat.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Gamarra Olivares.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Es más, en este caso lo que se pretende es respetar el debido proceso en el derecho administrativo ante el Tribunal Fiscal, ante el Poder Judicial y ante el Ministerio Público, razón por la cual se comunicará al administrado con relación a la situación de sus bienes, para que luego esos bienes pueden ser rematados o puedan ser ad-judicados.

Y el producto de todo ello tendrá que ir al Tesoro Público. De eso se trata, señor Presidente: de dar mayor celeridad a los bienes que en estos momentos se encuentran en los almacenes de la Sunat, y que a consecuencia de los procesos contenciosos tributarios, que están tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Fiscal, no se pueden adjudicar.

Es necesario, desde un punto de vista técnico, darle esa facultad a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para que pueda disponer de esos bienes y proceda a re-matarlos o adjudicarlos; de eso se trata. Si quieren criticar, háganlo; pero sin echar barro.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le solici-ta que concluya, congresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Sin pretender levantar suspicacia, señor Presi-dente, ¿por qué en estos momentos el Congreso se encuentra como está? Porque sencillamente se aprovecha cualquier situación para tratar de generar suspicacia. Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo un proyecto de ley netamente técni-



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co; sin embargo, nos hemos visto afectados por la forma en que se ha desnaturalizado el debate del mismo.

Por consiguiente, llamo a la reflexión a la Re-presentación Nacional, porque en este momento todavía podemos abordar en forma técnica este interesante proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Gamarra Saldívar.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Tait Villacorta.

La señora TAIT VILLACORTA (GPUR).— Señor Presidente: Des-de el año 2011 venimos trayendo para dar a la gente que realmente necesita un millón y medio de dóla-res en medicinas e insumos médicos; por eso, me hubiera encantado que,

a través de en este proyecto de ley, también se tomen en cuenta las 35 mil jeringas descartables que se encuentran en aduanas y que hasta la fecha no se han podido retirar. ¡Qué pena, señor Presidente!

En el artículo 2.° del texto en debate, sobre las medidas de transparencia, se dice que las insti-tuciones públicas adjudicatarias deben publicar en su portal institucional el destino de los bienes adjudicados dentro de los cinco días hábiles si-guientes a la fecha de recepción de los bienes; y en caso de no contar con portal institucional, deben remitir a la Contraloría General de la República dicha información en el mismo plazo.

Pero, ¿quiénes crean y organizan un portal ins-titucional? Sin duda alguna, las personas. Eso significaría que si no funciona el portal institu-cional de una entidad pública adjudicataria, no se enviaría a la Contraloría General de la República la información correspondiente.

Por consiguiente, pediría al presidente de la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que en ese dispositivo se considere que las entidades públicas, tengan o no portal institucional, deben enviar dicha información a la Contraloría General de la República.

En numeral 2.2 del artículo 2.° se dice que la Contraloría verificará el adecuado uso y destino de los bienes adjudicados.

En mi criterio, la Contraloría tiene que supervi-sar la correcta gestión de las entidades públicas sobre el adecuado uso y destino de los bienes adjudicados de manera permanente. El control se debe hacer no solo al momento de recibir los bienes adjudicados, sino que también tiene que haber un control permanente sobre el destino de esos bienes; porque, si no hay un control de esa naturaleza, le pueden sacar la vuelta a la ley. Si nos descuidamos, no sabemos qué es lo que puede pasar: podrían generarse ciertas suspicacias y hasta alterar el verdadero propósito del texto en discusión.

Por otro lado, considero que ha debido haber un poco más de transparencia, en el sentido de que la superintendenta de la Sunat podría haber concurrido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; eso era muy importante. Como bien sabemos, el próximo año vamos a tener un proceso electoral, de modo que de todas maneras se van a generar suspicacias.

Cuando hay una verdadera transparencia eso no ocurre. Yo, por ejemplo, he estado más de doce horas en Aduanas tratando de sacar medicinas que llegan donadas, para las personas que real-mente lo necesitan; pero nos ha sido imposible retirar 35 mil jeringas descartables y guantes quirúrgicos. Hasta ahora están en Aduanas esas donaciones enviadas tanto por entidades como por fundaciones privadas. ¿Qué va a pasar con esas donaciones y con los productos que no se han podido retirar por el sinnúmero de trámites que se tienen que realizar? Todos esos productos se van a malograr, señor Presidente.

Yo creo que la verdadera transparencia y el ver-dadero control está en supervisar a dónde van a para todos los productos que se supone que no se han podido desaduanar.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Tait Villacorta.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Reynaga Soto.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Señor Presidente: Se ha incidido bastante acá en torno a la transparencia y en que no debemos politizar el debate del proyecto de ley materia de análisis. En ese contexto se encuentra realmente esta



fórmula legal, como podemos advertir claramen-te en su artículo 2.°, relativo a las medidas de transparencia.

Específicamente en el numeral 2.1 del referido artículo se dice que la Sunat publicará mensual-mente en su portal institucional las resoluciones de adjudicación de bienes; y también dice que las entidades públicas: municipios, la Policía Nacional, en fin, quienes sean los adjudicatarios, deberán publicar en su portal institucional el destino de los bienes adjudicados dentro de los cinco días hábiles siguiente a la fecha de recepción de los bienes.

Asimismo, en el numeral 2.2 del artículo en mención se dice que la Contraloría General de la República, a través de los Órganos de Control Institucional, y en el marco del Sistema Nacional de Control, verificará el adecuado uso y destino de los bienes adjudicados. Como se puede advertir, las reglas de juego son distintas a las que se han venido señalando acá en forma reiterada.

Adicionalmente, esos bienes fungibles que en los almacenes de Santa Anita son, en promedio, del orden de las 2 mil 200 toneladas, y de 4 mil 500 toneladas en otros almacenes aduaneros a nivel nacional, son mercancías de hace más de dos décadas que han sido objeto de abandono, de incautación o comisadas, considerando las prove-nientes del contrabando y de la minería ilegal.

Señor Presidente, ¿acaso queremos que todas esas mercancías se deterioren? Hemos visto cómo el almacén de la aduana de Puno se ha incendiado. ¿Por qué actuar como el perro del hortelano cuando hay petitorios de distintas instituciones públicas que realmente necesitan esos bienes?

Por otro lado, la propuesta en debate…

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Reynaga Soto?

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Permítame redondear la idea y le concedo la interrupción, colega Eguren Neuenschwander.

Por otro lado, decía, la propuesta en debate no perjudica al propietario

de la mercancía almacenada, porque en caso se disponga la restitución de sus bienes, se le hará el pago que corresponde aplicando el valor de reposición, no viéndose afectado por la pérdida del valor que sus bienes sufrirían de mantenerse sin

uso o almacenados por largos períodos de tiempo. Esto, en virtud de que cerca del 90% de esos bienes se encuentra en proceso judicial, y solo el 10% en proceso de investigación a nivel fiscal.

Señor Presidente, permítame ahora conceder al congresista Eguren Neuenschwander la interrup-ción que me ha solicitado.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Eguren Neuen-schwander.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (PPC-APP).— Se-ñor Presidente, hay dos elementos que es necesario tener en cuenta y que pido al presidente de la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que los ana-

lice. Se señala en el dictamen materia de debate que el 75% de la mercancía está de alguna manera judicializada; en ese sentido, es muy probable que se tenga que pagar al propietario no solo el valor de la mercancía sino también los intereses. En consecuencia, sería conveniente que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República nos pueda explicar con qué dinero se va a pagar, si muchos de esos bienes ya han sido donados o adjudicados. Entonces, hay aquí una contingencia hasta de orden presupuestal.

Y el segundo gran elemento es la enorme suspica-cia que, lamentablemente, tenemos los peruanos, particularmente aquí en el Congreso, donde todos sospechan de todo. Señor Presidente, ambos ele-mentos tienen una solución, le pido al presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que los analice.

Es necesario eliminar todas…

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le conce-de treinta segundos adicionales para que concluya, congresista Eguren Neuenschwander.

El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Muchas gracias, señor Presi-dente.

Es necesario eliminar todas las modalidades de disposición de bienes, excepto una: la del remate. Todos los bienes que están a disposición de la Sunat deben rematarse. Con ello aseguramos los recursos financieros para poder devolvérselos, con sus respectivos intereses, a todos aquellos



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propietarios que pudieran resultar perjudicados; y eliminamos todas las suspicacias de que esos bienes se entreguen con favoritismo político a alcaldes o a regidores adeptos al régimen de turno o a terceros. Entonces, reitero, eliminamos todas las suspicacias y garantizamos los recursos para poder devolver el valor de las mercancías a los que pudieran resultar afectados.

De esa forma, la Sunat cumple su objetivo de dejar limpios sus almacenes y la ciudad no se perjudi-ca, porque se tiene el terreno disponible para la construcción de la Lina 2 de la Red Básica del Metro de Lima y del Callao. Ese es un escenario de “gana-gana”, donde nadie tendría por qué tener dudas ni suspicacias.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Reynaga Soto; muchas gracias, señor Presiden-te.


Puede continuar, congresista Reynaga Soto.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Señor Presidente, reite-ro, esos bienes son en su mayoría bienes que desde hace veinte años se encuentran en estado de abandono, procedentes del contrabando y de la minería ilegal, o en su defecto

se trata de insumos químicos dirigidos al nar-cotráfico.

¿Por qué es necesario aprobar hoy esta fórmula legal? Sabemos que el concesionario del proyecto de la Línea 2 y Ramal 4 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao están solicitando esos terrenos.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia le soli-cita que concluya, congresista Reynaga Soto.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Per-mítame treinta segundos para concluir, señor Presidente.

Esos terrenos tienen que ser entregados el 20 de noviembre de este año, de manera que esta-mos luchando ya contra el tiempo. Como bien sabemos, los almacenes de la Sunat de Santa Anita ocupan un espacio de 4 hectáreas y media de terreno; por lo tanto, si con ese fin se quiere buscar otro local, vamos a tener que pagar un

costo de alquiler —como está hoy en cualquier zona de Lima, aplicando una media aritmética— de ocho dólares por metro cuadrado, y un monto total por año de 3 millones de dólares. ¿De dónde se van a sacar esos 3 millones de dólares por año, señor Presidente?

Lejos de coadyuvar a la solución del problema, se van a empeorar las cosas, porque hay mercancías de alto riesgo y otras que se pueden deteriorar por el tiempo y por diversos factores que perjudican esos bienes fungibles.

Por esa razón, señor Presidente, es importante, en aras de la transparencia, que el día de hoy podamos aprobar esta propuesta legislativa, sobre todo, en beneficio de muchas instituciones sin fines de lucro que realmente pueden dar una mejor utilidad a esos bienes.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Por favor, concluya su intervención, congresista Reynaga Soto.

El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Cómo no, señor Presidente.

No se debe politizar esta propuesta legislativa; por eso hay que establecer un candado de trans-parencia a través de la Sunat y de la Contraloría General de la República, para que no haya acá ningún tipo de intermediarios. Es falso lo que se ha venido a argumentar acá, buscando la sinrazón, respecto de algunos actos en los que el gobierno ha actuado bien, perjudicando de esa forma las acciones que viene ejecutando la Sunat en favor del Estado.


El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— A usted las gracias, congresista Reynaga Soto.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Señor Presidente: Yo he ido a visitar los almacenes adua-neros de la región Tacna, mi lugar de procedencia, ¿y sabe usted lo que dice ahí la gente? Dice: “Ese carro que está ahí, totalmente viejo,

canibalizado, cuánto hubiese podido servir para una comunidad, para la policía o para la muni-cipalidad de un distrito”. En esos almacenes he podido ver cantidad de ropa malográndose que



hubiese podido servir para abrigar a los niños y a las personas que tanto la necesitan. No debemos ser mezquinos; nosotros tenemos una realidad, y esa realidad la tenemos que asumir con seriedad.

Entiendo las suspicacias y los temores que puedan haber con respecto a este proyecto de ley; Y lo entiendo porque, lamentablemente, a ese respecto han ocurrido muchas cosas. ¿Hay que poner en él algunos candados? Por supuesto que sí. ¿Hay que considerar los elementos que muestren una mayor transparencia en el uso y en el manejo de esos bienes? Sí, tenemos que hacerlo; creo que en la iniciativa legislativa materia de debate ya se propone de esa forma.

En la referida propuesta se dice claramente que la Sunat debe publicar mensualmente en su portal institucional las resoluciones de adjudicación de bienes; y que dicha publicación se realizará en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de su emisión. Por otro lado, las entidades públi-cas adjudicatarias deberán publicar en su portal institucional el destino de los bienes adjudicados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los bienes. Esto, con el fin de que la ciudadanía y las personas interesadas, y ustedes mismos, puedan controlar cómo se hizo la emisión y la adjudicación de los referidos bienes.

Yo concuerdo con la congresista Tait Villacorta cuando dice que no solamente se debe publicar en el portal institucional, sino que en todos los casos se debe publicar y remitir los informes respectivos a la Contraloría General de la República. Eso está acá en la parte final del numeral 2.1 del artículo 2.° el texto en debate, en el que literalmente dice: “En caso de no contar con portal institucional…” Suprimamos esa parte y que solo quede que todas las incautaciones se deban reportar a la Contra-loría General de la República.

Eso actualmente no se hace, y acá se propone ha-cerlo, señor Presidente. Más bien, creo que todas las personas que estamos preocupadas porque las cosas caminen mejor deberíamos proponer los mecanismos necesarios para mejorar los ni-veles de transparencia y no estar politizando el proyecto de ley materia de debate, aprovechando el momento para generar discursos políticos contradictorios.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— ¿Me permite una interrupción, congresista Pari Choquecota?

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Me solicita una interrupción La congresista Alcorta Suero, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrupción, con-gresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente, qui-siera hacer una consulta, para ver si de esa forma se puede dar viabilidad a este proyecto de ley.

Si se habla de un almacén que ocupa un espacio de 45 mil metros cuadrados, donde hay tanta cantidad de mercancías que tienen más de 20 años depositadas, primero, por qué no nos mandan una relación de todas esas mercancías; y, segundo, por qué un grupo de congresistas no realiza una visita de inspección en los almacenes de la Sunat, para tener una visión de la realidad, porque se presta a muchas suspicacias, luego de haber visto el caso de las donaciones, en las que están involucrados varios señores congresistas. Entonces, sí pues, tenemos la cultura del pecado.

Pero también entiendo perfectamente que hay cantidad de bienes almacenados que están en estos momentos pudriéndose. En verdad, no deja de lla-mar la atención que en el departamento de Puno se regalen brasieres cuando los niños se mueren de frío. Parece que estas son cosas extemporáneas que se prestan a suspicacias.

La Sunat debe enviar al Congreso una relación ordenada de cada uno de los bienes que se en-cuentran almacenados. Aunque sea enorme la relación, deben mandarla para saber de qué se trata y ver con tranquilidad cómo esos bienes pueden ser distribuidos, para luego proceder a su publicación. Esto no se debe hacer a través de una ley que se apruebe el día de hoy, para que ya mañana se comience a repartir, sobre todo en una fecha tan cercana a la Navidad, lo cual también se presta a suspicacias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Cómo no, señora Presidenta.



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Por lo tanto, si quieren aprobar esta propuesta legislativa, primero, que la Sunat envíe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e In-teligencia Financiera una relación detallada de todos los bienes que se encuentran almacenados (ropa, electrodomésticos, medicinas, etcétera), para saber de qué se trata; y de cuáles son las entidades a las que se va a adjudicar esos bienes, para que haya una buena distribución y así evitar las suspicacias.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Pari Choquecota; muchas gracias, señor Presi-dente.


Puede continuar, congresista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Me ha solicitado una interrupción el congresista Apaza Ordóñez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Apaza Ordóñez.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, en esta oportunidad, mi intervención es para decir a los integrantes del consorcio po-lítico del frente que a los miembros del Partido Nacionalista y de la bancada nacionalista nos podrán calificar con diferentes adjetivos, podrán hacer adjetivaciones por doquier en contra de nosotros; pero jamás podrán decir que somos rateros o ladrones, porque tenemos la firme convicción de que no necesitaremos ni escudos ni guardianes para que nos protejan en las calles, ya que lo único que estamos haciendo es defender a nuestro país y tratar de viabilizar de una mejor manera el proyecto de ley materia de debate.

A veces se habla acá de decoro; pero decoro es dar la cara, salir al frente…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Apaza Ordóñez.

Le está pidiendo una interrupción su colega Reynaga Soto, no sé si se la va a conceder, señor congresista.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— La-mentablemente, estoy en uso de una interrup-

ción y, además, estoy ya por terminar, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Disculpe, congresista Apaza Ordóñez, me había olvidado de que está haciendo uso de una interrupción. Continúe usted, por favor.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Se nos ha dicho que hay que tener decoro, se ha hecho alarde de decoro acá; se nos ha dicho también que

debemos agradecer porque nos están advirtiendo que estamos cometiendo un grave error. Lo que el pueblo peruano le pediría a ustedes, como agra-decimiento, es que hagan un acto de contrición y que reflexionen sobre su triste y negro pasado, cuando se hizo negocio con las donaciones que enviaron del extranjero.

Ciertamente, hay que tener decoro; pero hay que demostrarlo, porque el decoro no se pregona, sino se practica.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Apaza Ordóñez.

Puede continuar, congresista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Señor Presidente, creo que esta es una oportunidad para hacer algunas correcciones, porque se han tejido aquí una serie de espe-culaciones que deberían ser corre-gidas; caso contrario, terminaremos

en discursos políticos de mutuo agravio, cuando lo que quiere el país no es eso, sino respuestas.

Pero hay acá algo concreto —la realidad nos lo dice así—, los almacenes de la Sunat realmente están funcionando mal, porque en ellos se es-tán malogrando, deteriorando y pudriendo las mercancías; incluso la corrupción funciona así. Cuando en un depósito se amontonan los carros, hay un descontrol y empieza el canibalismo, ya que se llevan los accesorios y los autopartes de los mismos. Nosotros no queremos eso; por lo tanto, hay que corregir esa situación, hay que limpiar los almacenes, hay que buscar los mecanismos adecuados, pero estos tienen que ser mecanismos controlados.



El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Pari Choquecota.

El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Permítame solo treinta segundos, señor Presi-dente.

A mí, por ejemplo, me parece sumamente im-portante destacar el numeral 2.2 del artículo 2.° del texto en debate, que a la letra dice: “La Contraloría General de la República, a través de los Órganos de Control Institucional, y en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica el adecuado uso y destino de los bienes adjudi-cados”. Ese numeral es totalmente claro, señor Presidente.

Ahora, yo creo que para desarrollar procesos, a efectos de que no nos encontremos otra vez con una situación similar, habría que aprovechar la norma para generar un sistema, que sea totalmen-te transparente, en el que se puedan registrar los bienes incautados. Este debe ser a través de un portal en el cual se muestren al país los bienes incautados que se tienen en los almacenes; y a partir de ahí empezaremos a tomar decisiones.

Por consiguiente, hay que mejorar y desarrollar nuestro sistema de transparencia. Creo que esta es la oportunidad para hacerlo; hay que tomarlo por ese lado.

En nuestro criterio, el proyecto de ley materia de debate es el correcto; más bien, implementemos los mecanismos de control y los mecanismos de transparencia necesarios, y seamos vigilantes de ellos, para que no se repitan las cosas que, lamentablemente, alguna vez ocurrieron.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Pari Choquecota.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREY-RA (SN).— Señor Presidente: No sé por qué este debate me trae a la memoria el viejo dicho de una jarana criolla que dice: “Si la vaca fuera honrada, cuernos no tendría el toro”.

Pues bien, ¿qué es lo que refleja esta propuesta legislativa? Refleja que la Superintendencia Na-cional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) no está funcionando bien. Eso es algo evidente y clamoroso; porque si nos referimos a las mercancías que han ingresado a los almacenes de la Sunat hasta el 31 de marzo de 2013, sea en situación de abandono, incautadas o comisadas, incluidas las provenientes de la minería ilegal, procedentes de la aplicación del Decreto Legisla-tivo N.° 1013, Ley General de Aduanas, o la Ley N.° 28008, ¿por qué demonios no se han rematado a tiempo todas esas mercancías?

Las mercaderías que encuentran en diversas situaciones judiciales, que no se retiran de los almacenes aduaneros, que no pagan sus derechos, que tienen todo tipo de incidentes procesales, con-forme a esta legislación cada vez más compleja y a reglamentos súper complejos, ¿por qué no se han rematado a tiempo?, ¿por qué tenemos mercadería en situación de total deterioro en un inmueble que pasado mañana se tiene que entregar, como si esta no fuese una situación de urgencia? Y si las mercaderías cayeron en situación de abandono, bueno pues, se tienen que adjudicar o se tiene que destruir, porque eso es lo que se hay que hacer con las medicinas o con los productos perecederos.

Sin duda alguna, ese es el síntoma más evidente de que una institución pública no está cumpliendo la labor para la que fue creada. Entonces, para parchar esa ineficiencia crónica —y para utilizar un término del gobierno militar de la primera fase—, permanente y autosostenida, se pretende dar este tipo de disposiciones legales de largas parrafadas, de difícil comprensión y de pésimo uso del idioma.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Belaunde Moreyra.

El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Muchas gracias, señor Presidente.

En consecuencia, esta propuesta legislativa tiene que ser revisada, de ninguna manera debe pasar como una iniciativa con carácter de urgencia; porque aquí hay indicios de que algo se pudre en Dinamarca, y Dinamarca es la Sunat. Esa es la verdad.

Yo creo que esta propuesta requiere de un re-planteamiento, porque estamos haciendo de la urgencia y de la emergencia el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, dentro de ese replanteamiento,



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tenemos que ver la forma de que la Sunat, aunque sea por equivocación, cumpla con su deber.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Be-launde Moreyra.

Puede hacer uso de la palabra la congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, antes de dar inicio a mi intervención, permítame conceder al colega Gamarra Saldívar la interrupción que me solicita.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, mi intervención es simplemente con el fin de precisar algunos conceptos vertido por el congresista Belaunde Moreyra.

A raíz de un proceso de reclamación, de apelación o contencioso, a raíz de un proceso penal o a raíz de un proceso en el Tribunal Fiscal, los bienes incautados que se encuentran en los almacenes de la Sunat no necesariamente pueden ser rema-tados. Es decir, el proceso de embargo, producido a consecuencia de una medida administrativa, de una denuncia penal o de una investigación, automáticamente suspende el proceso de remate y de adjudicación.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Gamarra Saldívar.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Por lo tanto, al producirse la suspensión de ese remate, los bienes quedan durante años deposi-tados en los almacenes de la Sunat. Por ejemplo, un tractor que fue incautado y que en el año 1992 pasó a los almacenes de la Sunat, y que a raíz de dicha incautación se produjo un proceso penal, a la fecha qué es ese tractor que aún se encuentra en los almacenes de la Sunat. De hecho que es pura chatarra.

Lo que se pretende con esta propuesta legislativa es que esas incautaciones sean, definitivamente,

viabilizadas a través de un proceso, del cual tendrá conocimiento el propio administrado: y, en el supuesto de que el proceso le sea favorable, la ad-ministración se compromete a devolverle el monto o el producto del remate o de la adjudicación.

De eso se trata, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Ga-marra Saldívar.

La Presidencia informa a los señores representan-tes que aún hay siete señores congresistas inscri-tos en el rol de oradores, razón por lo cual les pide que no abusen de la generosidad de sus colegas al hacer uso del minuto de interrupción.

Puede dar inicio a su intervención, congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente: En principio, el propósito de este pro-yecto de ley es habilitar en forma inmediata la mercancía incautada para que sea entregada a la gente pobre, no a instituciones privadas,

y menos aún a los señores congresistas, porque eso jamás ha sucedido. La Sunat va directamente con ese apoyo hacia las municipalidades y hacia los gobiernos regionales, pero no a los señores congresistas, no hay ningún tipo de información en ese sentido.

Como bien sabemos, los problemas o dificultades que tiene la Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración Tributaria (Sunat) no son de ahora, sino del año 1992; pero desde ese tiempo nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es resolver esa problemática, porque el Decreto Legislativo N.° 1104 facultó a la Sunat para que durante un año disponga de manera expeditiva de las mercancías que hubieran ingresado a los almacenes aduaneros hasta el 31 de agosto de 2011; y en ese sentido fue que se trabajó.

Ahora, lo que se propone en la propuesta legislativa materia de debate es una regulación similar a la contenida en la Octava Disposición Complementa-ria y Transitoria del Decreto Legislativo N.° 1104; esta vez, facultando a la Sunat para que por el plazo de dos años disponga de manera expedita de las mercancías que hayan ingresado a los almacenes aduaneros hasta el 31 de marzo del año 2013.



En ese sentido, tratándose de una mercancía en situación de abandono, incautada o comisada, conforme a la Ley General de Aduanas y la Ley de los Delitos Aduaneros, lo que se solicita es que se proceda a rematarla, adjudicarla, destruirla o entregarla al sector competente, para que en un plazo de 30 días hábiles, computados a partir del día siguiente de recibida la comunicación, se proceda a adoptar las medidas de seguridad para perennizar el medio de prueba, tales como la toma de muestras, vistas fotográficas y videos, para que esto no se politice ni se mediatice y que todo sea totalmente transparente.

De esa forma, vamos a demostrar quiénes están a favor de las empresas y no quieren que en este momento la mercancía incautada se distribuya a la población de manera inmediata, porque no se cuenta —hay que desmentir completamente esto— con almacenes aduaneros en Lima. Eso es completamente falso, porque solo tenemos un almacén en el distrito de Santa Anita, salvo que algún congresista nos diga que existe otro. Pero, en este momento, el terreno donde está ubicado el almacén de Santa Anita está siendo solicitado para la construcción de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y del Callao.

Señor Presidente, ¿vamos a seguir perjudicando al Estado en vez de beneficiar a la gente que en este momento necesita esos bienes, con una gestión de esa naturaleza?

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— ¿Me permite una interrupción, congresista Teves Quispe?

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Me solicita una interrupción el congresista Molina Martínez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Molina Martínez, que es la segunda que el Reglamento confiere al orador de turno.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Señor Presidente, al mar-gen de las opiniones contradictorias de nuestros colegas de la bancada del frente, yo quisiera manifestar lo siguiente. El fondo del asunto de este proyecto de ley es que el almacén de

la Sunat de Santa Anita tiene ya una orden para que cuanto antes desocupen el local. Pregunto; ¿quién va a correr con los sobrecostos del traslado a un nuevo almacén? Ese es el fondo del asunto.

Por lo tanto, debo decir que nosotros estamos de acuerdo con este gran proyecto de ley, que, en nuestro criterio, es completamente viable, porque va a beneficiar a miles de personas que realmente necesitan esas mercancías que se encuentran de-positadas en los almacenes aduaneros, que, por lo demás, tienen ya más de 20 años de existencia.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Molina Martínez, porque está usted en uso de una interrupción que tiene que ser breve y puntual.

El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Cómo no, señor Presidente.

Decía que hay mercaderías en los almacenes de la Sunat con más de 20 años de existencia; por consiguiente, como esas mercaderías ya se en-cuentran depreciadas, han perdido totalmente su valor.

Considero, entonces, que es oportuno que el proyecto de ley materia de debate tenga que ser aprobado hoy por el Pleno del Congreso. La bancada Nacionalista exhorta a los señores parlamentarios a que apoyen esta iniciativa para poder dar solución a este problema.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Te-ves Quispe; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Mo-lina Martínez.


La señora TEVES QUISPE (NGP).— Señor Presidente, en honor a las medidas de transpa-rencia establecidas en la propuesta en debate, no debemos confundir a la población. La publicación en el portal institucional de las resoluciones de adjudicación de bienes y del destino de los bienes adjudicados me parece muy atinada, sobre todo por aquellas personas que trabajan siempre en favor de la población, como hace un momento dijo la congresista Tait Villacorta.

Es importante también tener en cuenta que la Contraloría General de la República tiene que verificar el adecuado uso y destino de los bienes adjudicados. Entonces, no se puede venir a decir aquí que nos estamos aprovechando de la situa-ción. Nosotros no vamos a repetir costumbres e historias pasadas; ahora es completamente diferente, señor Presidente.



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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congre-sista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

En ese sentido, lo que nosotros queremos es apoyar en forma per-manente el objetivo de la propuesta

legislativa materia de debate, para que la mercan-cía incautada tenga que estar dirigida, sobre todo, a los municipios, a las regiones y a las autoridades que las soliciten, cumpliendo así la finalidad para la que fue constituida la Sunat.

Dentro de ese trabajo, van a poder advertir que nosotros no estamos con los grandes inversionis-tas ni vamos a favorecer a los que hacen negocio; antes de ello, debemos pensar en la población. En ese sentido, realizando un trabajo articulado en forma paralela, demostramos que siempre vamos a estar de la mano con la población, con los más pobres del país, que son los que requieren de esos bienes; y estaremos vigilantes de que estos lleguen a todos nuestros hermanos que realmente lo ne-cesitan, porque hoy en día no tienen ni siquiera un nuevo sol para protegerse, y no solamente por el friaje que los afecta.

En otras regiones del país, de la cual prevenimos diversos congresistas acá presentes, en los próxi-mos meses entraran a la época de lluvias.

Señor Presidente, nadie quiere viajar al interior del país, porque…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Teves Quispe.

La señora TEVES QUISPE (NGP).— Cómo no, señor Presidente.

Nosotros consideramos que todos los apoyos son oportunos en cualquier mes o época del año; en tal sentido, los pobladores de la sierra, que en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero tienen que soportar lluvias en forma permanente, nos dirán muchas gracias por la aprobación de esta propuesta legislativa.


Muy agradecido.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Teves Quispe.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señor Presidente: En realidad, lo que advertimos acá es que se está extremando el discurso y se está pensando en que el Poder Ejecutivo ha propuesto este proyec-to de ley con el propósito de hacer un festín, cuando no es así.

Lo que podría ser un buen aporte por parte de los integrantes de la oposición es poner más candados a una norma que pretende agilizar el uso de los bienes que existen en los almacenes aduaneros, justamente para evitar ese supuesto festín. Eso sería lo ideal.

Por ejemplo, en el numeral 1.2 del artículo 2.° de la propuesta legislativa materia de debate se dice: “En caso exista un procedimiento administrativo por reclamo o apelación en trámite se procederá a notificar al propietario de la mercancía…”; y más adelante dice: “En caso exista proceso judicial en trámite, la Sunat dará cuenta al órgano juris-diccional competente que conoce del proceso…” Como se puede observar, acá no se está violando la normatividad para nada, ya que el propietario de la mercancía necesariamente tendrá que ser notificado. El problema radica en que todos sa-bemos cómo funciona el sistema judicial y cuánto tiempo demora el destinar determinados bienes para ser rematados, adjudicados o entregados al sector competente.

Por poner un ejemplo, la Zona Económica Espe-cial de Puno (ZEEDEPUNO), que se creó hace aproximadamente diez años, aún no puede entrar en operaciones, porque, justamente, una parte del terreno en la que se viene instalando aún no puede ser determinada por el Poder Judicial, cuando ni siquiera hay alguien ahí que diga que ese terreno es suyo, que corresponde solo al 8% del área total de dicha zona económica.

Señor Presidente, el Poder Judicial trabaja muy lentamente, eso lo sabemos todos, solo que algunos no lo quieren reconocer. De manera que no hay acá ninguna intención de hacer un festín, ¿o es que aún se está pensando en la lógica antigua? En la lógica antigua estaba involucrada la ONG Apenkai, ¿o acaso no lo quieren recordar? Acá tengo una serie de artículos que fueron publica-



dos por diversos diarios en su momento, en los que aparecen implicados la hermana, el esposo y la hija, que en la actualidad son prófugos de la justicia y que están siendo buscados internacio-nalmente.

Todo esto está debidamente documentado. La Segunda Fiscalía Anticorrupción solicitó diez años de prisión para cada uno de ellos; eso no sucede en este caso, señor Presidente. ¿O acaso es el otro elemento? Me refiero a la esposa de alguien que tiene o tenía una ONG denominada Instituto Trabajo y Familia, que es una entidad privada, pero que recibe donaciones…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista Condori Cusi.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Pero no veamos las cosas por ese lado, no entre-mos en ese esquema de suspicacias o de malos pensamientos.

Señor Presidente, el congresista Mulder Bedoya me habla de una forma muy peyorativa. Lo que yo le puedo decir es que a mí se me ha ido el dedo por una broma torpe, pero no se me ha ido la uña, como ha ocurrido con ellos. Congresista Mulder Bedoya, yo no tengo rabo de paja, para su conocimiento…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Condori Cusi, le pido que evite el diálogo y se centre en el tema materia de la presente discusión.

El señor CONDORI CUSI (NGP).— Señor Presidente, debo decir al congresista Mulder Be-doya que yo tengo toda la integridad moral para hablar de esto; en cambio, él tiene lo que se llama experiencia, también llamada mañosería política. Eso es lo que el colega tiene y yo no.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Condori Cusi.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente: Vamos a intentar bajar la tem-

peratura del debate de esta propuesta legislativa, porque los pecados de los demás a nosotros no nos santifican; por lo demás, seguir con la cultura de echarle la culpa a todos es simplemente un acto que debemos evitar, porque el Congreso es un foro que representa al país.

Por eso, por su intermedio, quiero hacer una invocación a los colegas presente a fin de evitar conjeturas, porque queremos seguir una conducta coherente y hacer un buen gobierno; y si se han cometido errores o si los ha habido, y eso es lo que por costumbre política tenemos que arrastrar, hay que cortarlo cuanto antes.

Lo que queremos con este proyecto de ley es justa-mente dar al país el mensaje de que asumimos con entereza la posición de ir corrigiendo las cosas; y precisamente transparentar es una de las formas más correctas de decir al pueblo peruano “estamos administrando tu dinero y tus recursos bajo los parámetros de la transparencia”. Y los parlamen-tarios tienen todo el derecho de fiscalizar, porque esa es su función. Esa es una de las razones por las que estamos en este Parlamento.

Naturalmente, hay que exigir a los órganos de control, en este caso, a la Contraloría General de la República, que también asuman las conductas de sus funcionarios, para que adecúen los detalles necesarios al Derecho.

Señor Presidente, cuando nosotros…

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— ¿Me permite una interrupción, con-gresista Gutiérrez Cóndor?

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, no he agraviado a nadie, pues recién estaba entrando a la cuestión de fondo; pero con todo gusto concedo la interrupción que me solicita la con-gresista Chávez Cossío, y también a la congresista Alcorta Suero.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, nos están reclamando que actuemos con tecnicismo y con responsabilidad; pero no sé por qué pretenden engañarnos, porque acá se ha venido a decir que lo que hay



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en los almacenes de la Sunat es chatarra. Si fue-se chatarra, por qué se dice en la propuesta en debate que se dispondrá de las mercancías que hayan ingresado a los almacenes aduaneros hasta el 31 de marzo de 2013. ¿Por qué no se autoriza a la Sunat a que disponga de las mercancías que solo tienen 15 o 20 años.

Por otra parte, no se puede decir que esa mer-cancía es chatarra, porque en la página seis de la parte considerativa del propio dictamen se señala que el valor de todo lo que ha está depositado en esos almacenes de la Sunat asciende a 22 mil millones de dólares, señor Presidente. Además nos dicen que necesitan un local, que, por cierto generará gastos.

Señor Presidente, las personas que condenadas por contrabando y las que se encuentran sujetas a procesos judiciales o procesos administrativos son responsables de multas, de costas, de costos…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que con-cluya, congresista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Cómo no, señor Presidente.

Entonces, que no se nos venga a decir acá lo que no es cierto.

Por último, si es tan bueno este proyecto de ley, lo técnico sería que no se apruebe en seis minutos, como ocurrió aquí con una iniciativa anterior-mente. ¿Qué tanto interés hay en que se apruebe el día de hoy?, ¿qué tanto apremio, si ni siquiera está listo el informe del Contralor General de la República? ¿Por qué? Porque, de repente, una paisana, que ahora está desterrada aquí, es la res-ponsable de la imagen de Palacio; y, en este caso, ya estamos hablando de cuestión de identidades étnicas y qué sé yo, señor Presidente.

Por lo tanto, requerimos de un informe sobre el particular; y que no se nos venga a decir que es porque se les va el dedo, o porque se les va no sé qué cosa.

A nosotros no se nos va a pasar este proyecto de ley, señor Presidente, porque es muy peligroso lo que en él se propone.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Gutiérrez Cóndor; muchas gracias, señor Pre-sidente.


Congresista Alcorta Suero, puede hacer usted uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente, aprovechando el tono conciliador y el buen ánimo del congresista Gu-tiérrez Cóndor, debo decirle que la cuestión es que acá no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando.

Entonces, con respecto a la iniciativa materia de debate, con el fin de evitar suspicacias y tratar de hacerla viable, lo mejor que podrían hacer es traernos la información necesaria para saber de qué se trata, cuál es el monto de la mercancía, quiénes son los veedores, quiénes son los fiscales, quién va a llevar a cabo el remate, cómo se va a proceder, etcétera. Por lo menos, más allá de que esos bienes se tengan que rematar, de que los niños pobres de Puno necesiten abrigo, del friaje que hay en esa región, y de tanto rollo, acá lo importante es saber de qué se trata.

No es cuestión de poner acá un papel con dos caras: uno sobre la cantidad de bienes que se van a rematar y otro sobre los recursos que se van a obtener, además de cómo se va a llevar a cabo toda esta situación, quién la va a convocar y quién la va a dirigir, para que después se hable de miles de millones de dólares y nadie sepa dónde diablos está la plata.

Toda esa situación de la suspicacia que se pueda generar y de todo el problema de la corrupción, que todo el mundo ventila y de la que todos aquí hablan, es porque hay acá unos desdoblamientos increíbles: hoy, de repente, en favor de la lucha contra la co-rrupción, y mañana no importa lo que pase.

Por consiguiente, para dar tranquilidad y seguri-dad, es importante contar con esa información.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Alcorta Suero.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Muchas gracias, señor Presidente.

Esto no es grave ni de muerte, pero creo que deberían preocuparse más en traer un informe



sobre el particular para saber qué es lo que real-mente hay en esos almacenes, a cuánto más o menos asciende el monto de las mercancías. Tal vez esto haya que hacerlo a través de un notario; realmente no sé cómo va a llevar a cabo esto la Contraloría General de la República. ¿De qué estamos hablando, señor Presidente? ¿Cuándo vamos a poder contar con ese informe para tener algo más descriptivo de la situación? De manera que no solamente se trata de aprobar esta inicia-tiva, también hay que ver cómo se consigue un nuevo local, cuyo alquiler, obviamente, tendrán que pagarlo los almacenes que quedan.

Entonces, no nos vengan con cuestiones de moral, cuando acá ya todos nos conocemos, sabemos cómo somos y estamos al tanto de lo que pasa en el Congreso; por eso ahora tenemos ocho puntos de aceptación menos.



Puede continuar, congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, escrito está en el dictamen emitido por la Comisión de Economía, Banca, Fi-nanzas e Inteligencia Financiera, el cual pido a los colegas que se sirvan dar lectura para no confundir a la

opinión pública y al país, que no tienen acceso a este documento, a menos que esté publicado en internet, como sí lo tienen los señores con-gresistas.

Debo decir que en este tipo de acciones van a intervenir tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, así consta en el dictamen materia de debate

Las investigaciones que se siguen en procesos que tienen que ver con incautación de bienes no se van a detener, van a seguir su curso.

La Sunat no es dueña de la mercancía que se encuentra en sus almacenes, solo es la adminis-tradora de ella. Es más, la Sunat nunca adjudica la mercancía a personas naturales, sino única-mente a entidades del sector público; y, a partir del Decreto Legislativo N.° 1104, la mercancía ha tenido siempre un orden prioritario y preferencial, que en este caso corresponde tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional del Perú.

Dicho esto, solo quiero repetir una expresión que para mí sí es oportuna. Vivimos un momento de coyuntura en el que tenemos que alentar tanto las inversiones privadas como la inversión pública; ese es nuestro derrotero, ese es el camino que el Parlamento viene siguiendo.

No metamos zancadillas para no seguir avan-zando, pues estamos hablando, en este caso, de infraestructuras que hoy día no están reportando los ingresos que realmente debe reportar y que no están siendo utilizando estratégicamente para el desarrollo vial urbano ni para la logística del transporte de pasajeros. En esa oportunidad, es-tamos hablando un proyecto de ley en el que está inmerso un terreno de 45 mil metros cuadrados, ubicado en el distrito de Santa Anita, donde ac-tualmente se encuentra funcionando un almacén de la Sunat. ¿Quién no se ha dado una vuelta por ahí, por lo menos por el lado de afuera?

¿Quién no sabe que en ese almacén existen bienes de larga data, de hace muchos años, respecto de los cuales los medios periodísticos denuncian que son objeto de canibalización y de actos dolosos. Esos bienes, como todos sabemos, siguen amontonados en los almacenes aduaneros y hasta el día de hoy no se pueden cuantificar.

¿Qué vamos a permitir a la Sunat hoy en día con este proyecto de ley? Que todos esos bienes que se encuentran en sus almacenes puedan ser cuanti-ficados y revisados, a través de un inventario real, para saber a cuánto ascienden los activos que existen en esos almacenes y cuánto de los fondos que se puedan obtener de los mismos van a servir para la ejecución de más obras y más proyectos en beneficio de todos los peruanos.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Gutiérrez Cóndor.

El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, muchas gracias por su com-prensión y por el tiempo adicional que me ha otorgado.

En aras del país, invoco a la Representación Na-cional a que reflexione, a fin de no enfrascarnos en una discusión bizantina, rasgándonos las vestiduras con una propuesta legislativa cuyo contenido es de carácter estrictamente técnico y no político.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Gu-tiérrez Cóndor.

Puede hacer uso de la palabra el congresista León Romero.

La señora LEÓN ROMERO (GPCP).— Señor Presidente, antes de dar inicio a mi intervención, permítame conceder al congresista Bruce Montes de Oca la interrupción que me solicita, y también al congresista Angulo Álvarez.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la interrup-ción, congresista Bruce Montes de Oca.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Señor Presidente, en primer lugar, habría que tener en claro acá algo muy importante. En la esta propuesta legislativa materia de debate no se está hablando de que la mercancía que hay en los

almacenes aduaneros se tiene que vender y que ello va a generar recursos. Digo esto, porque por ahí alguien ha hecho esa afirmación, cuando no es así; eso sería peor, realmente sería fatal.

No debemos olvidar que esa mercancía está rete-nida en los almacenes aduaneros porque hay en ella algo irregular: está subvaluada, ha eludido el pago de impuestos, ha ingresado de contrabando, o por algún otro delito.

Señor Presidente, si esa mercancía ingresa al mercado comercial, sin duda alguna, le ocasionará un tremendo daño a la industria nacional.

Por lo tanto, Aduanas ha cumplido su rol de haber retenido en su oportunidad esa mercancía; pero alguien ha propuesto que esta sea rematada. Cui-dado, porque si se llega a rematar, esa mercancía va a caer en manos de comerciantes que la van a ingresar al circuito comercial, lo que ocasionará un gran daño a la industria nacional.

Lo que plantea la Sunat es que esa mercancía no se remate, sino que se done, de una manera transparente, a las diversas entidades del sector público, con ciertos veedores de la Contraloría General de la República, para evitar que ocurra algo irregular. Eso es lo que se estable en el proyecto de ley materia de debate, lo cual me parece bien.

Yo me opongo a la sugerencia, que con muy buena intención se ha hecho acá, de que la mercancía

que se encuentra en los almacenes aduaneros se remate.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta se-gundos adicionales para que concluya, congresista Bruce Montes de Oca.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Porque si se remata, reitero, esa mercancía caerá en el circuito comercial, y aquello que la Aduana quiso proteger por la puerta principal, sin duda alguna, le hará un daño al país por la puerta del costado. No debemos permitir que eso ocurra, señor Presidente.

Aquí lo que la oposición está planteando al oficia-lismo es una serie de cuestionamientos sobre la transparencia de la donación de esos bienes, por-que han ocurrido hechos que nos llevan a nosotros, como oposición —así como el nacionalismo lo hizo como oposición durante el gobierno pasado— a ejercer nuestro rol de exigir mayor transparen-cia; de lo contrario, no estaríamos nosotros en la condición de tales acá sentados.

Entonces, queda claro que la Sunat va a enviar una serie de veedores al momento en que se ad-judiquen los bienes a una entidad pública; pero lo que hace después esa entidad con los bienes adjudicados ya no será fiscalizado, de acuerdo con este proyecto de ley. Ese es el problema, señor Presidente.

Si tuviésemos toda la cadena de custodia adecua-damente fiscalizada por la Contraloría General de la Pública y otras entidades del Estado, sería extraordinario; pero aquí lo que único que se dice es que solo serán fiscalizados los bienes que la Sunat entregue al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; lo que hará después dicho ministerio con esos bienes, no lo sabemos. Eso es lo que nosotros les estamos advirtiendo, y al respecto hay que ver qué hacemos.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Bruce Montes de Oca.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Cómo no, señor Presidente.

A estas horas de la noche encontramos cierta dificultad para buscar un mecanismo que le dé transparencia a todo el proceso de donación de esos bienes; por eso planteo que la propuesta



en debate ingrese a un cuarto intermedio, para buscar una fórmula que nos permita diseñar los sistemas de transparencia hasta el final del ulti-mo receptor del bien donado, salvaguardando de alguna manera las observaciones que la oposición viene formulando.

Creo que este aspecto, en el lapso de una semana, lo podemos trabajar en la Comisión de Econo-mía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, a efectos de que todos esos bienes puedan ser fiscalizados; pero no solo en lo que respecta a la entrega que hace la Sunat al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino también en cuanto a la forma en que dicho ministerio hace entrega de esas donaciones.

De esa forma, creo que nadie tendrá ninguna objeción para apoyar esta propuesta legislativa, porque no tiene ningún sentido que no se puedan aprovechar esos bienes, pero con toda transparen-cia. Por eso reitero mi pedido de que la ponencia en debate ingrese a un cuarto intermedio, para salir del entuerto en el que estamos y que nos lleva ya varias horas de discusión.

Muchas gracias, señora Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Bruce Montes de Oca.

Congresista Angulo Álvarez, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Señor Presidente: Sa-bemos que aquí de por medio hay un problema tanto jurídico como político; pero más que ello es un problema humano. ¿Qué es lo que ahora tenemos? No tenemos absolu-

tamente nada. En los almacenes aduaneros solo tenemos una gran cantidad de bienes que no son utilizados por nadie. Por consiguiente, si nadie los utiliza, no valen nada.

Esos bienes tendrían mucho valor si van a parar a manos de gente menesterosa o de gente que realmente los necesita. ¿Por qué no hacemos eso?, ¿cuál es la objeción?, ¿es una objeción de carácter político? Acá se dice: “No dejemos que el oficialismo o la bancada de gobierno haga uso de esos bienes”.

Tenemos que cambiar ese pensamiento, porque se trata de un asunto humano; en nuestro país hay muchísima gente que es pobre.

Cuando recorremos nuestras regiones o cuando vamos a la sierra o a las zonas altoandinas, ¿qué es lo que encontramos? Niños que se mueren de hambre, que no tienen qué comer, que no tienen dónde vivir y que ni siquiera tienen qué ponerse.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le solicita que concluya, congresista Angulo Álvarez.

El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Cómo no, señor Presidente.

Tenemos en los almacenes aduaneros miles de bienes que podrían ser de mucha utilidad paran toda esa gente. ¿Por qué no se los damos si ac-tualmente no valen nada?, ¿por qué discutimos tanto al respecto?

Por esa razón, solicito a la Representación Nacio-nal que se sirva respaldar con su voto este proyecto de ley, no perdemos nada con aprobarlo; por el contrario, ganaremos mucho todos nosotros.


El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresistas Angulo Álvarez.

Puede dar inicio a su intervención, congresista León Rivera.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Señor Presidente: Estamos de acuerdo en que hay la necesidad de formalizar el país y de adoptar una serie de acciones a efectos de que no se siga promoviendo el contra-bando ni la defraudación aduanera;

estamos de acuerdo, y en verdad lo entendemos, en que detrás de esta propuesta está en juego la posibilidad de 23 millones de nuevos soles para la Sunat; estamos de acuerdo también en que la presión tributaria se debe ir incrementando, pues estamos ya en el orden del 16%, en forma rápida.

Por eso mi preocupación está centrada en que esta propuesta legislativa se discuta bien, con el fin de pueda servir para alcanzar los objetivos trazados y, finalmente, quitar a los informales y a aquellos que compiten de manera desleal con la economía formal esos casi mil 200 o mil 300 millones de dólares, que el contrabando nos hace perder, como bien señala la Sociedad Nacional de Industrias.



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Señor Presidente, en la propuesta legislativa materia de debate tiene que quedar meridiana-mente claro para qué se va a autorizar lo referido en el artículo 1.°, y específicamente en los seis numerales que lo conforman; porque tengo clara la idea de que cuando a la Sunat se le da la mano se va hasta el codo.

Por eso, con respecto a la presión tributaria, que rápidamente se ha recuperado, hasta valdría la pena pedirle cuentas, para que nos diga cómo lo han hecho; en verdad, parece algo mágico, porque muy rápido han logrado la meta. Insisto, entonces, en que hay que precisar bien en la propuesta en debate de qué se trata, qué se va a ejecutar, cuál es el objetivo.

Esta es una ejecución coactiva, señor Presidente. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? ¿Solo las garantías por defraudación aduanera y por incautación de contrabando?, ¿o también están incluidos los remates de los bienes de los pequeños empresa-rios, de los bodegueros y de los que no pagaron sus tributos? Eso no está claro en este proyecto de ley, señor Presidente.

Porque si bien es cierto que en el numeral 1.1 del artículo 1.° del texto materia de análisis se habla de que corresponde a la Sunat disponer de la mercancía ingresada a sus depósitos en aplicación del Decreto Legislativo N.° 1053, Ley General de Aduanas, y de la Ley N.° 28008, Ley de Delitos Aduaneros; sin embargo, en el numeral 1.2…

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede un minuto adicional para que concluya, congresista León Rivera.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Sin embargo, en numeral 1.2 se habla de que el procedimiento admi-nistrativo sobre el particular se hará en el marco de lo establecido en el

Código Tributario. Por lo tanto, ya me confundí yo también: ¿se van a ejecutar las mercancías por falta de pago de impuestos?

Por esa razón, solicito al presidente de la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que acepte una primera corrección en el numeral 1.1. del artículo 1.° del texto en debate, en el sentido que la facultad que se está otorgando a la Sunat no se extienda a los hechos de naturaleza tributaria, para ponerle un candado y que, por el momento, se entienda que solo es para los casos de delitos aduaneros.

Ese agregado que propone nuestra la bancada, que espero tenga a bien recoger el presidente de la comisión dictaminadora, con el que discrepamos sanamente, sería una de las primeras razones para evaluar la posibilidad de votar a favor de esta propuesta legislativa.

Lo dejo ahí, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista León Rivera.

Puede hacer uso de la palabra el congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Señor Presidente: Evi-dentemente, el tema materia de debate es bastante complejo; por lo demás, hay antecedentes de que las donaciones o adjudicaciones de bienes solo sirven para el cliente-

lismo político, como han informado, incluso, los principales medios de comunicación del país.

Como la Sunat necesita deshacerse de esa mer-cancía por necesidad de espacio, debido a que el terreno donde está ubicado el almacén de Santa Anita va a ser transferido a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y a que sus otros almacenes están abarrotados con bienes —mu-chos de ellos deteriorados— que, en algunos casos, tienen más de diez años, yo creo que la mejor solución es la que hemos escuchado de parte del colega Eguren Neuenschwander, quien ha solicitado dejar en el proyecto de ley solo la modalidad del remate.

Yo sé que a la Sunat le gusta el facilismo, esto es, que le den todo tipo de facilidades. Hay que recordar que en el Perú el IGV, actualmente del 18%, es de un solo tipo de escala, a efectos de facilitar la recaudación y la cobranza. En otras partes del mundo hay tres tipos de IGV; aquí solamente hay uno, para facilitarle el trabajo a la Sunat, que es un poco perezosa para la cobranza y para el desempeño de sus labores.

Ellos siempre quieren lo fácil, esto es, hacer el menor esfuerzo para cobrar más; y eso es lo que están haciendo en este caso. Ellos no quieren la modalidad de remate, prefieren no tenerla, porque la adjudicación la puedan hacer en un par de minutos y, de inmediato, se liberan de la mercancía.



Yo creo que hay que proceder a rematar esa mercancía, como ha señalado con propiedad el colega Eguren Neuenschwander. Dejemos que el proyecto de ley hable solo de la modalidad de remate, que se hará a precios adecuados; porque, como se trata de una mercancía cuya devolución se podría disponer en algún momento, que ne-cesariamente tendría que ser en dinero, porque ya la mercancía no existe, y el producto de ese remate tendría que ir a un fondo, a efectos de ser utilizado para cubrir el valor de la mercan-cía cuando, una vez terminado el juicio, este lo pierda la Sunat.

De manera que lo más conveniente es el remate de esa mercancía. Que se remate todo, señor Pre-sidente. Y, a pesar de que ello implica algún tipo de riesgo, porque esa mercancía puede competir con la industria nacional, será por una sola vez, por excepción. Pero la vigencia de esa medida no debe ser de dos años, sino de solo un año, por-que en un año la Sunat puede rematar todo sin ningún problema y evitar las susceptibilidades que puedan causar el hecho de que esa medida se prolongue por dos años, muy cercanos tanto a las elecciones municipales y regionales como a las elecciones presidenciales.

Por consiguiente, yo creo que se tendría que proceder de esa forma: se remata toda la mer-cancía que hay en los almacenes de la Sunat, se crea un fondo que sirva para cubrir el valor de la mercancía cuya devolución se podría dispo-ner en algún momento, no en género, sino en metálico; y que la vigencia de la medida que sea solo de un año.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede continuar, congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Muchas gracias, señor Presidente.

De esa forma se podría aprobar perfectamente el proyecto de ley materia de debate y se evitarían las suspicacias. Por lo tanto, al no haber adju-dicaciones ni donaciones, toda la mercancía se remataría de manera transparente y pública y se obviaría todo tipo de sutilezas y malos pensa-mientos, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista García Belaunde.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Rondón Fudinaga.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente, el colega Gamarra Saldívar me solicita una interrupción, y también la con-gresista Chávez Cossío; pero esta, de acuerdo con el Reglamento, no debe exceder de un minuto, porque

generalmente los colegas que solicitan una inte-rrupción hacen toda una intervención.

Yo he solicitado formalmente el uso de la palabra; entonces, espero que seamos responsables y no pidamos una interrupción, para luego mandarnos todo un rollo.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede usted hacer uso de la inte-rrupción, congresista Gamarra Saldívar, por el término de un minuto.

El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, simple-mente para precisar que en los casos de bienes que provienen del año de 1992, que a la fecha ya no sirven, la propuesta en debate establece que esos bienes deben ser rematados,

deben ser destruidos o deben ser entregados al sector competente. Es decir, la norma tiene que prevenir todos los casos que se puedan presentar; de eso se trata.

Por otro lado, para precisar también que en el numeral 2.1 del artículo 2.°, referido a las me-didas de transparencia, se dice que, en todos los casos, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria va a publicar en su portal institucional las resoluciones de adjudicación, de remate y de destrucción de los bienes. Es más, va a remitir dicha información a la Contraloría General de la República para su correspondiente fiscalización.

Eso es lo quería decir, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Ga-marra Saldívar.

Congresista Chávez Cossío, puede usted hacer uso de la segunda interrupción que confiere el Reglamento al orador de turno.



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La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Señor Presidente, si queremos hacer un trabajo serio, por lo menos el con-gresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, que entiendo es funcionario de la Sunat con licencia,

por estar cumpliendo la función de congresista, no debiera intervenir en esta materia.

Por otro lado, hablamos aquí de buena fe; sin embargo, algunos congresistas, incluso los aliados del gobierno, quieren justificar su voto a favor de esta propuesta legislativa arguyendo que se nece-sitan almacenes, porque el terreno del almacén de la Sunat en Santa Anita va a tener que ser entregado para la construcción de tal obra.

Señor Presidente, tengo aquí el Plan Estraté-gico Institucional de la Sunat para el período 2012-2016 (Programa de Inversión Pública), aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 017-2012/Sunat, y en ninguna de las hojas que lo conforman aparece ni siquiera la posibilidad ni la voluntad de alquilar ni de comprar ningún inmueble con ese fin. ¿Entonces de qué estamos hablando?

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— La Presidencia le concede treinta segundos adicionales para que concluya, congre-sista Chávez Cossío.

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).— Muchas gracias, señor Presidente.

De lo que se está hablando aquí es de conseguir que quien se encargue de la campaña electoral del año 2016 va a tener dos años para regalar 22 mil millones de dólares; eso es lo que, por cierto, tiene que quedar muy claro.

Muchas gracias por la interrupción, congresista Rondón Fudinaga; muchas gracias, señor Pre-sidente.


Puede dar inicio a su intervención, congresista Rondón Fudinaga.

El señor RONDÓN FUDINAGA (SN).— Señor Presidente: Espero aprovechar provechosa y eficien-temente el tiempo que me han asignado.

En primer lugar, debo decir que hay algunos te-mas, como este, por ejemplo, que no tienen por qué hacernos pelear; sino que, por el contrario, deberían unirnos. Hemos empleado el 73% de la discusión de esta iniciativa solo en hablar del pasado y del presente, lo cual realmente no nos ha llevado a nada.

Creo que es importante señalar que este es un problema que lleva mucho tiempo y que no se debe volver a repetir; por lo tanto, convendría que realmente lo abordemos como debe ser.

En segundo lugar, es verdad que hay toneladas de bienes que se encuentran en los almacenes aduaneros; pero no caigamos, como en anteriores congresos o gobiernos, en el mismo error, porque eso diría muy mal de nosotros. Yo me resisto a esas expresiones que dicen que este es el peor Congreso de todos los tiempos. Eso es mentira; pero avalamos ello cuando no hacemos las cosas bien.

Realmente este es un problema gigante, porque hay toneladas de mercancía en los almacenes aduaneros que se encuentra a cargo de la Sunat; pero no podemos seguir aprobando acá este tipo de proyectos de ley, cuyo dictamen ha sido fir-mado solo por seis congresistas, el cual la Junta de Portavoces ha acordado muy rápidamente la exoneración del plazo de publicación en el Portal del Congreso y de la ampliación de la Agenda para su debate. Ya hemos discutido aquí una iniciativa similar, pero no lo hemos hecho en forma sesuda y práctica como tenemos que hacerlo en esta oportunidad.

Señor Presidente, para ahorrar tiempo, pido que someta usted a votación la cuestión previa que ha sido planteada, para que la propuesta en de-bate regrese a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; porque para este caso hasta debería formarse una comisión es-pecial, dado que todo el tiempo estamos hablando de los gobiernos pasados, de que ya llega el mes de diciembre, de que podría ser aprovechado en la campaña de navidad, de que donamos o que no donamos, de que hay que rematar esa mer-cancía. Me decían los colegas Bruce Montes de Oca y Eguren Neuenschwander, ¿qué pasaría si se remata esa mercancía? Los que la compren la conseguirían a menos precio, le sacarían la vuel-ta a la norma, es decir, no saldría por la puerta, sino por la ventana, y de paso le harían un daño tremendo a la propia industria nacional.

Además, si al consultarse al Pleno se aprueba la ponencia, el problema va a seguir; y si no se



aprueba, nos perdemos la gran oportunidad de resolver un gran problema nacional, porque, sin duda alguna, este es un gran problema.

Por lo tanto, solicito, como cuestión previa, que la propuesta legislativa materia de debate retorne a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, para que, de ser posible, concurra la superintendenta de la Sunat, y ade-más que se conforme una comisión especial para dar solución a este grave problema.

¿Qué apuro hay, señor Presidente? Esta no es una emergencia, tampoco es una urgencia. Si la propuesta retorna a comisión, nadie se va a morir; se lo digo como médico.

He dicho, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, se da el punto por debatido.

Finalmente, puede hacer uso de la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-ligencia Financiera; y luego de ello se procederá a la votación de la cuestión previa.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señor Presidente: Voy a dar algunas explicaciones necesarias, dado a que he tomado nota de las observaciones, propuestas y suge-rencias formuladas por los colegas que han participado en el debate de esta propuesta legislativa.

Con respecto a la participación del congresista Velásquez Quesquén, debo decir que el Decreto Legislativo N.° 1104, que facultó a la Sunat por el plazo de un año para disponer de los bienes ingresados a sus almacenes aduaneros, no se llegó a cumplir, porque no se fijó un plazo para que los fiscales procedan a la toma de muestras de las mercancías y, luego de ello, disponer de esas mercancías. Por esa razón no se pudo cumplir con el objeto de la norma.

En cambio, ahora se establece en la propuesta en debate un plazo de 30 días para que los fiscales puedan proceder a la toma de muestras de las mercancías.

En segundo lugar, sobre las medidas de transpa-rencia, las resoluciones de adjudicación de bienes se publicarán mensualmente en el portal de la

Sunat; y nada impide que pueda intervenir la Contraloría General de la República.

Sobre la participación del congresista Eguren Neuenschwander, en relación a que la Sunat pueda disponer de las mercancías que existen en los almacenes aduaneros en forma permanente, se está incluyendo en la primera disposición complementaria final que esta medida tenga ca-rácter permanente en el caso de las mercancías provenientes de la aplicación del artículo 180.° de la Ley General de Aduanas, y para las infracciones administrativas; y en cuanto a las mercancías incautadas provenientes de los delitos aduaneros, la medida tendría que ser temporal.

En lo que respecta a su segunda propuesta, en el sentido de que el Ministerio de Economía y Finanzas dicte el reglamento de la presente ley, estamos incorporando su sugerencia en la segunda disposición complementaria final. Y en cuanto a la última propuesta del colega, a efectos de que los bienes sean sometidos destinados a remate, debo decir que existen bienes deteriorados que no pue-den ser rematados, que existen bienes peligrosos que requieren ser destruidos y que existen otro tipo de bienes que pueden cumplir un fin social. Por una cuestión de carácter político, no vamos a aceptar que se destruya ningún tipo de bienes cuando se pueden destinar a cumplir un fin social. En algunos casos pueden ser medicinas, ropa y comida; y en otros, bienes sociales.

En lo que concierne a la participación de la colega Chávez Cossío, debo indicar que el monto de la mercancía no es de 22 mil millones de dólares —como señaló en su intervención—, sino de 22 millones de dólares.

Por otro lado, quiero hacer algunas precisiones, porque se han hecho acá afirmaciones que no son exactas. En primer lugar, la Sunat tiene la facultad de incautar los insumos destinados a la minería ilegal, sobre todo, si se trata de combus-tibles e insumos químicos; esos son los bienes que se incautan a la minería ilegal. Según el ámbito de vigencia de la norma, en la práctica las mercancías comprendidas son casi nada en estos momentos.

En segundo lugar, con respecto a la participación de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), esta norma está prevista para los ca-sos en que los bienes tengan que ser rematados o vendidos; pero hay bienes que se encuentran en desuso y hasta deteriorados, que no va a ser posible venderlos, aun cuando se quiere que todas las mercancías sean destruidas.



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En tercer lugar, yo no soy abogado, pero la colega si lo es; por lo tanto, debería saber que existen normas que actualizan y que facultan a la Sunat a disponer de las mercancías ingresadas a sus almacenes, incluso, de las que se encuentran con procesos administrativos y judiciales en trámite. Por ejemplo, de aquellos bienes que son muy ries-gosos o peligrosos o que se encuentran en estado de deterioro, como se prevé en la le Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros.

Adicionalmente, el propio Decreto Legislativos N.° 1104, que modifica la legislación sobre la pérdida de dominio, autoriza a la Sunat a disponer de los bienes cuyo mantenimiento o almacenamiento generé un sobrecosto. En esta oportunidad, la iniciativa en debate está otorgando garantías no solo para que los bienes se destinen o distribuyan, sino también para que los fiscales tomen muestras de las mercancías, sin perjuicio de que se pueda contar con el acta de incautación, con la finalidad de perennizar este medio de prueba.

En relación con la propuesta de la congresista Tait Villacorta, que es similar a la del colega Pari Choquecota, estamos recogiendo su aporte en artículo 2.° del texto en debate, a efectos de que las entidades públicas receptoras, cuenten o no con portal institucional, remitan la información correspondiente a la Contraloría General de la República.

Asimismo, hemos recogido la sugerencia de que las verificaciones por parte de la Contraloría Ge-neral de la República, sobre el destino y uso de los bienes adjudicados, sean de carácter permanente, para evitar cualquier tipo de suspicacia.

En lo que atañe a la propuesta del congresista García Belaunde, hemos aceptado que la medida que se propone en la iniciativa materia de deba-te solo tenga una vigencia de un año, también con el fin de evitar cualquier tipo de suspicacia política.

Finalmente, hemos acogido la propuesta formu-lada por el congresista León Rivera, a efectos de que no se aplique esa facultad a las medidas cautelares contempladas en el Código Tributario, por ser este de carácter interno.

Luego de lo expuesto, le solicito que someta a votación la propuesta legislativa materia de debate.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— A usted las gracias, congresista Valle Ramírez.

Antes de proceder a votar la propuesta legislativa objeto de debate, se va a consultar al Pleno la cuestión previa planteada por los congresistas Chávez Cossío y Rondón Fudinaga, cuya finalidad es que el dictamen en cuestión retorne a la Comi-sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Con ese propósito, solicito a señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia por medio del sistema digital a votar.


—Reasume la Presidencia Fredy Rolando Otárola Peñaranda.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se encuentran presentes en la Sala de sesiones 68 señores congresistas.

Al voto la cuestión previa planteada por los con-gresistas Chávez Cossío y Rondón Fudinaga.


—Efectuada la consulta, se desestima, por 37 votos en contra, 30 votos a favor y ninguna abstención, la cuestión previa planteada por los congresistas Chávez Cossío y Rondón Fudinaga.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La cuestión previa de la referencia ha sido rechazada.

La Presidencia deja constancia del voto en contra del congresista García Belaunde y del suyo en el mismo sentido; y del voto a favor del congresista Galarreta Velarde.

“Votación de la cuestión previa sobre el Proyecto 2729

Señores congresistas que votaron en contra: Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Cárdenas Ce-rrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mama-ni, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar,



Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gu-tiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, Merino De Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Pari Choquecota, Portugal Catacora, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Ro-mero Rodríguez, Tait Villacorta, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron a fa-vor: Acuña Peralta, Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Beingolea Del-gado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Ccama Layme, Chávez Cossío, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, Iberico Núñez, López Córdova, Mulder Bedoya, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Ramírez Gamarra, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tan de Inafuko, Valqui Matos, Ve-lásquez Quesquén y Zeballos Salinas.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Con la misma asis-tencia, se va a proceder a votar el nuevo texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2729/2013-PE, presentado a la Mesa a las 22:46 horas, que ya ha sido distribuido a los señores congresistas, sobre la Ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tri-butara para disponer de mercancías.

Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 38 votos a favor, 25 votos en contra y cuatro abstenciones, el nuevo texto sustitutorio, presentado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sobre la Ley que autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para disponer de mercancías.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido aprobado, en primera votación, el nuevo texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 2729/2013-PE, presentado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

La Presidencia deja constancia del voto a favor del congresista García Belaunde, y del voto en contra del congresista Galarreta Velarde.

—No se inserta el texto aprobado por estar pendiente de segunda votación; la cual se llevó a cabo en la sesión del Pleno de 5 de diciembre de 2013.

“Primera votación del nuevo texto sustitu-torio del Proyecto 2729

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Belaunde Moreyra, Benítez Ri-vas, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Inga Vásquez, León Rivera, Lescano Ancie-ta, Llatas Altamirano, Merino De Lama, Molina Martínez, Nayap Kinin, Pari Choquecota, Rey-naga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Tait Villacorta, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Zamudio Briceño y Zerillo Bazalar.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Alcorta Suero, Bardález Cochagne, Bece-rril Rodríguez, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Ccama Layme, Chávez Cossío, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Grandez Saldaña, Hurtado Zamudio, López Córdova, Mulder Bedoya, Neyra Olaychea, Pariona Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betan-court, Tan de Inafuko, Valqui Matos y Velásquez Quesquén.

Señores congresistas que se abstuvieron: Beingolea Delgado, Eguren Neuenschwander, Iberico Núñez y Zeballos Salinas.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, en su condición de presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señor Presidente: Agradez-co a la Representación Nacional por su respaldo, en primera votación, al nuevo texto sustitutorio que acaba de ser aprobado, respecto del cual solicito que se le exonere la segunda votación.

Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a consultar el pedido.

Previamente, tiene la palabra el congresista Valle Ramírez.

El señor VALLE RAMÍREZ (PP).— Señor Presidente, en vista de que en este momento no hay quo-rum en la Sala, retiro mi solicitud de exonerar de segunda votación a la referida propuesta legislativa.

Muchas gracias.


En consecuencia, queda pendiente de segunda vo-tación la propuesta legislativa de la referencia.

Se acuerda que el próximo lunes 18 de noviembre, a las 10 horas, se realice la sesión de investidura del Gabinete Mi-nisterial, encabezado por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo

de Ministros

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a consultar a mano alzada la reprogramación de la sesión de investidura al Consejo de Ministros, para el día lunes 18 de noviembre de 2013, a las 10 de la mañana, la cual inicialmente había sido acordada por el Consejo Directivo para el 20 de noviembre del mismo año.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la consulta, se acuerda que el próximo lunes 18 de noviembre, a las 10 horas, se realice la sesión de investidura del Gabinete Ministerial, encabezado por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido acordada la nueva fecha para la sesión de investidura del Gabinete Ministerial.

Se acuerdan las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias del período anual

de sesiones 2013-2014 y a la conformación de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de

la República

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar cuenta de una propuesta de modificación al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la conformación de la Comisión Investigadora Multipartidaria encarga-da de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República.

El Relator da lectura:

“Modificaciones al Cuadro de Comisiones co-rrespondiente Al Período Anual de Sesiones 2013-2014.

Comisión de Fiscalización y Contraloría

—Sale como titular la congresista Omonte Durand (Grupo Parlamentario Perú Posible).

—Sale como accesitario e ingresa como titular el congresista León Rivera (Grupo Parlamentario Perú Posible).

Comisión de Comercio Exterior y Turismo

—Ingresa como accesitario el congresista Spa-daro Philipps (Grupo Parlamentario Fuerza Popular).

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

—Sale de titular el congresista Valle Ramírez (Grupo Parlamentario Perú Posible).

—Ingresa como titular el congresista Crisólogo Espejo (Grupo Parlamentario Perú Posible).

—Ingresa como accesitaria la congresista Men-doza Frich (Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio.

—Ingresa como accesitario el congresista Lescano Ancieta (Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio).

—Sale de accesitario e ingresa como titular el con-gresista Gamarra Saldívar (Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú).

—Sale de titular e ingresa como accesitaria la congresista Jara Velásquez (Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú).



—Sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Reggiardo Barreto (Grupo Parlamen-tario Concertación Parlamentaria).

—Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Mulder Bedoya (Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria).

Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-ligencia Financiera

—Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Eguren Neuenschwander (Grupo Parlamentario PPC – APP).

Comisión de Vivienda y Construcción

—Sale de titular e ingresa como accesitaria la congresista Cordero Jon Tay (Grupo Parlamen-tario Fuerza Popular)

—Ingresa como titular y sale de accesitario el congresista Cabrera Ganoza (Grupo Parlamen-tario Fuerza Popular)

Comisión de Salud y Población

—Ingresa como accesitario el congresista Wong Pujada (Grupo Parlamentario Solidaridad Na-cional).

Comisión Investigadora Multipartidaria encarga-da de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República

—Sale el congresista León Rivera (Grupo Parla-mentario Perú posible).

—Ingresa la congresista Omonte Durand (Grupo Parlamentario Perú Posible)”.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a votar, a mano alzada, la referida propuesta de modificación al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la conforma-ción de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República.


—Efectuada la consulta, se acuerdan las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias del período anual de sesio-nes 2013-2014 y a la conformación de la

Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido aprobada por unanimidad la propuesta de la referencia.

—El texto de las modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la conformación de la Comisión Investigadora Multipartida-ria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República es el siguiente:

“Comisión de Fiscalización y Contraloría: Sale de titular la congresista Omonte Durand. Sale de ac-cesitario e ingresa como titular el congresista León Rivera (Grupo Parlamentario Perú Posible).

—Comisión de Comercio Exterior y Turismo: Ingresa como accesitario el congresista Spadaro Philipps.

—Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Sale de titular el congresista Valle. Ingresa como titular el congresista Crisólogo Espejo. Ingresa como accesitaria la congresista Mendoza Frisch. Ingresa como accesitario el congresista Lescano Ancieta. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Gamarra Saldívar. Sale de titular e ingresa como accesitaria la congresista Jara Velásquez. Sale de titular e ingresa como acce-sitario el congresista Reggiardo Barreto. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Mulder Bedoya.

—Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera: Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Eguren Neuen-schwander.

—Comisión de Vivienda y Construcción: Sale de titular e ingresa como accesitaria la congresista Cordero Jon Tay. Ingresa como titular y sale de accesitario el congresista Cabrera Ganoza.

—Comisión de Salud y Población: Ingresa como accesitario el congresista Wong Pujada.

—Comisión Investigadora Multipartidaria encar-gada de investigar la gestión de Alan García Pérez, como presidente de la República: Sale el congresista León Rivera. Ingresa la congresista Omonte.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se consulta al Pleno



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la dispensa del trámite de sanción del Acta para ejecutar los asuntos aprobados en la presente sesión.


—Efectuada la consulta, se acuerda tra-mitar los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la sanción del Acta.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido acordada la dispensa por unanimidad.

“Registro digital de asistencia a la última votación de la sesión (22 horas 49 minu-tos)

Presentes: Los congresistas Otárola Peña-randa, Iberico Núñez, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Crisólogo Espejo, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Elías Ávalos, Fujimori Higuchi, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, León Rivera, Lescano Ancieta, Llatas Altamirano, López Córdova, Merino De Lama, Molina Martínez, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Pari Choquecota, Pario-na Galindo, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Catacora, Ramírez Gamarra, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, Sarmiento Betancourt, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Teves Quispe, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez

Quesquén, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.

Con licencia oficial: Los congresistas Acha Romaní, Acuña Núñez, Anicama Ñañez, Cha-cón De Vettori, Jara Velásquez (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Mavila León, Medina Ortiz, Monterola Abregú, Pérez Tello de Rodríguez, Reátegui Flores, Solórzano Flores y Yovera Flores.

Con licencia por enfermedad: Los congre-sistas Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Capuñay Quispe, Kobashigawa Kobashigawa, Melgar Valdez, Ruiz Loayza, Schaefer Cuculiza, Spadaro Philipps, Tejada Galindo, Uribe Medina e Yrupailla Montes.

En función de representación: Los congresis-tas Condori Jahuira, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, Falconí Picardo, García Belaunde, Lay Sun, León Romero, Rosas Huaranga, Simon Munaro, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia y Vacchelli Corbetto.

Ausentes: Los congresistas Omonte Durand, Luna Gálvez, Abugattás Majluf, Bedoya de Vivanco, Castagnino Lema, Chehade Moya, Chihuán Ra-mos, Cordero Jon Tay, Díaz Dios, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Gagó Pérez, Galarreta Velarde, Huaire Chuquichaico, Isla Rojas, Lewis Del Alcázar, Mendoza Frisch, Mora Zevallos, Neyra Huamaní, Oseda Soto, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Saavedra Vela, Tapia Bernal y Wong Pujada.

Suspendidos: Los congresistas Julca Jara y Urtecho Medina.”

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se levanta la sesión.

—A las 10 horas y 58 minutos, se levanta la sesión.

Por la redacción: Óscar Montes Guerrero

15.ª SESIÓN (Matinal) JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 … · 2016-11-03 · PRIMERA EGISLATURA...

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