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11 de febrero de 2016 Resumen de Prensa Material recopilado por el Departamento de Prensa [email protected]
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11 de febrero de 2016
Resumen de
Prensa
Material recopilado por el Departamento de Prensa
Investigan a 23 policías de la Federal
por los manteros de Caballito Espacio público.
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.
Antes: con manteros. Imagen de avenida Rivadavia desde el centro comercial Caballito Village. Foto: Fernando de la Orden
María Belén Etchenique
En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras
sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar
un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan.
En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos
deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero
la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte
de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.
Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos,
un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la
comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la
Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de
Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.
Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal
Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las
próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa
comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso
indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales
a lo largo de la avenida.
Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos
organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada
sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está
liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra
actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó
a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber
"arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos
de coimas.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la acusación de "Vendedores libres"
llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes
de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que
relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la
protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que
había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado
había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal
general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una
oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.
Leé también: Once polémico: mudarían a manteros a terrenos
ferroviarios
Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían
orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los
comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al
frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni
hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó
otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que
la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En
especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras
comunas.
También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el
destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros
anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de
Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la
División Perros ".
La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código
Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace
actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para
el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía
pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no
implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos
años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los
casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse
en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del
año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la
Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre
saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.
Leé también: En Caballito hubo hasta 611 puestos, casi el 10 % de
Capital
El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con
talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes,
artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios.
En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los
depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia
todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros.
En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones
de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).
"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar
que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres
existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se
usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.
SOCIEDAD › PROTESTA DE LOS VENDEDORES AMBULANTES POR UN DESALOJO
Los manteros en Caballito Vendedores ambulantes protestaron en el cruce de Rivadavia y Acoyte, por el reciente
desalojo. Piden ser regularizados y denuncian discriminación. El mes pasado fueron
expulsados de las veredas del Parque Rivadavia por un ejército de uniformados.
Vendedores callejeros de la ciudad de Buenos Aires manifestaron ayer en la esquina de Acoyte
y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, para exigir una respuesta al Gobierno, que el
mes pasado los desalojó de las veredas de ese barrio. Además, los comerciantes denunciaron
maniobras violentas por parte de la policía, allanamientos sin orden judicial, incautación de
mercadería y la ausencia de una propuesta concreta por parte de las autoridades para
ofrecerles una salida laboral. “Lo único que queremos es trabajar, estamos abiertos a
sentarnos a negociar cómo organizar y regularizar la actividad, pero no vamos a tolerar que
nos roben, nos maltraten y nos demonicen, acá no hay mafias, acá hay trabajadores”, dijo a
Página/12 Omar Guaraz, delegado de la agrupación sindical Vendedores Libres. “En estos
momentos donde los despidos son moneda corriente y se criminaliza la protesta social,
nosotros vivimos allanamientos, deportaciones y amenazas”, agregó el dirigente.
“Hace 15 días estamos sin la posibilidad de vender, que son los únicos ingresos de muchas
familias que hoy estamos acá. Los trabajadores de Caballito comemos todos los días, no
cuando el gobierno dispone”, señaló Silvia Groesman, vendedora de la zona. Para Groesman,
“lo peor de la situación es que no sólo no nos regularizan, no nos incluyen en un sistema, sino
que además nos acusan de mafiosos”. En ese sentido, la mujer señaló que “el Gobierno nos
insulta cuando nos trata de delincuentes” y que esperan una oferta concreta de las autoridades
para solucionar el tema, ya que “al momento sólo nos llegan rumores de trasladarnos a
galpones”.
Pasadas las 6 de la tarde, vendedores y vecinos que se concentraron en la intersección de la
zona comercial de Caballito, ocuparon parte de la calle aunque sin interrumpir el tránsito.
Además de los comerciantes, participaron de la actividad Alejandro Bodart, diputado porteño
por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST-Nueva Izquierda), Osvaldo Balossi,
representante de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria (FpV) y referentes de Unidad
Popular (UP). “El Estado tiene que dar una alternativa a estos trabajadores o discutir la
regularización de esta actividad que empezó después de la crisis de 2001. Los vendedores
están más que dispuestos a buscar una salida al conflicto, quien no parece querer hacerlo es el
gobierno”, aportó Bodart. El diputado recordó el proyecto de ley presentado por su bloque en
2014, que busca regularizar a los llamados “manteros”. “A los estatales los echa por ñoquis y a
los vendedores los echa por mafiosos, así va a ser difícil llegar a la pobreza cero”, ironizó.
Comerciantes callejeros de los barrios de Once, Flores y Belgrano también se sumaron a la
convocatoria y coincideron en denunciar “el nivel de violencia” con el que se maneja la policía
en los procedimientos, así como una constante “incautación de mercadería”.
Los operativos, que demandaron el trabajo de 500 uniformados de la Federal y de la
Metropolitana, comenzaron el 21 de enero último por la madrugada. Luego de desalojar a los
comerciantes e incautar “más de 100 bultos” de mercadería, los uniformados se apostaron
cada dos metros a lo largo de Rivadavia, y permanecieron en el lugar para mantener las
veredas despejadas.
El Consejo de la Magistratura
define al nuevo juez electoral
Es por la vacante que quedó tras la muerte de Munné; avanza la
reforma política
Adrián Ventura
La Cámara Nacional Electoral, el tribunal que controla las elecciones
nacionales, quedó expuesta desde el comienzo de este año a dos frentes
complicados: por un lado, el Gobierno avanza con una reforma política,
y, por el otro, el fallecimiento de uno de sus integrantes, Rodolfo
Munné, abrió una vacante que deberá cubrir el Consejo de la
Magistratura.
Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del
Interior, avanza contrarreloj para redondear el proyecto de ley de
reforma política, a más tardar en marzo o abril, de modo que el
Congreso nacional tenga tiempo a debatirlo y sancionarlo en agosto
próximo.
Cualquier reforma que se aplique en las elecciones legislativas de 2017
debe ser aprobada con más de un año de antelación, para que los
partidos no se sientan sorprendidos con las modificaciones y, además,
para que los jueces y los encargados de organizar las elecciones tengan
tiempo de llevar adelante un cronograma que insume muchos meses de
preparación.
Hay un aspecto que inexorablemente entrará en la reforma y que, a
esta altura, no genera controversias: la boleta única y el voto
electrónico, que se aplicará con un modelo de urna similar al que se
utilizó en Salta y en la ciudad de Buenos Aires. El Congreso no le
pondría obstáculos.
Otro punto de la reforma, en cambio, sí genera recelo entre los jueces:
la posible creación de una agencia electoral independiente, que sería
autónomo de la Justicia y del Poder Ejecutivo.
Mientras que en Brasil todas las elecciones son organizadas y
controladas por el Tribunal Electoral, que es un órgano judicial, en
México existe el Instituto Federal Electoral.
Y en ese punto surgen las preo-cupaciones. En 2009, un decreto de
Cristina Kirchner le sacó competencias a la Cámara Federal y se las
transfirió a la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder
Ejecutivo. La Cámara Electoral, que todavía no fue consultada por el
Gobierno, aspira a que la reforma política le devuelva esas atribuciones
de organizar y controlar las elecciones. Pero el Gobierno, en cambio,
estaría evaluando la creación de una agencia independiente, que
debilitaría aún más al tribunal.
El otro asunto que enfrentará la Cámara tiene que ver con la vacante
que se abrió con el fallecimiento de Munné.
Esta mañana, el presidente de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía,
se reunirá con el titular del Consejo de la Magistratura, Miguel
Piedecasas, para hablar sobre esa vacante. Habrá que llamar a
concurso para cubrirla.
El camarista fallecido había sido nombrado por el ex presidente Raúl
Alfonsín en 1984. Era constitucionalista y catedrático y siempre había
preservado la independencia del tribunal frente al gobierno de turno. A
tal punto que la Cámara, en una acordada, deslizó que, aun sabiendo
que padecía una grave enfermedad, Munné continuó concurriendo a su
despacho para evitar que le nombrasen un subrogante.
Dylan Reales, el golfista villero, destacado por El diario deportivo de Barcelona, uno de los diarios deportivos más importantes, destacó la
figura de Dylan Reales, el joven golfista de la Villa 31 de Retiro. Su historia de vida y su
esfuerzo para entrar en la Asociación Argentina de Golf. El mundo impactado por su historia.
Dylan Reales, de la villa al mundo.
Buenos Aires, 9 feb (EFE).- Dylan Reales, un talentoso golfista de 12 años
que vive en la Villa 31, una de las zonas más pobres de la ciudad de Buenos
Aires, anhela ser "el número uno del mundo", mientras sus vecinos lo ven
como un ejemplo para los chicos del barrio que sucumben ante las drogas y el
delito.
En la Villa 31, un asentamiento precario ubicado en el corazón de Buenos
Aires, la delincuencia y las drogas hacen que la seguridad sea un bien escaso.
Tal vez por eso lo primero que le llamó la atención del golf a Reales fue "la
tranquilidad", dijo en diálogo con Efe.
"Me empezó a gustar el golf de chico cuando lo miraba en la televisión. Me
encantaba sobre todo por la tranquilidad", señaló Reales, quien tiene un
hándicap excelente para su edad e incluso ha ganado varios torneos juveniles.
"Le pregunté a mi abuelo si podía jugar al golf pero me dijo que era un
deporte caro. Me puse mal porque a mí me gustaba", señaló.
Entonces, su abuelo Julio Reales tomó dos maderas y le construyó un palo de
golf improvisado.
"Yo salía a la calle y le pegaba a todo lo que me encontraba, lo llevaba a todos
lados", contó Reales.
A los 8 años, intentó inscribirse en las canchas municipales del barrio porteño
de Palermo, donde había clases gratuitas para menores de 12 años, pero allí
uno de los empleados le dijo que no podía anotarse "por ser de la villa".
"No me dejó anotarme porque somos villeros, gente pobre, humilde. No me
quiso aceptar", relató.
A pesar de la desilusión, Reales quiso ir a ver cómo entrenaban los chicos
golfistas y allí el profesor le dijo que, si iba los sábados, él le iba a dar clases.
"Tengo muchos amigos. Ahora que estoy en la Asociación Argentina de Golf
todos se juntan conmigo. Salimos a jugar y charlamos mucho. Los chicos
siempre me quisieron, a ellos nunca les importó de dónde vengo", sentenció.
Reales es una celebridad en la Villa 31. Los vecinos lo saludan por la calle
con mucho cariño y se enorgullecen de que el barrio sea la cuna de una joven
promesa del golf.
"Todos me dicen que soy un ejemplo, me siento así. Hay muchos chicos que
están drogándose, consumiendo marihuana y todas esas cosas. Eso es muy
malo, porque después dejan el estudio y se arruinan la vida. Después tienen
que ir a robar para tener algo para comer en la mesa. La verdad es que es muy
feo eso", afirmó.
"Los chicos deberían ir a estudiar, terminar la secundaria, tener una carrera y
vivir bien. No tiene nada que ver que seas de la villa, lo único que hay que
hacer es estudiar y esforzarse", dijo.
Sus logros no son exclusivamente producto del talento innato, sino que son el
resultado de la combinación de una férrea determinación con un exhaustivo
entrenamiento.
Reales asiste a clases de martes a viernes, los sábados juega torneos y los
domingos practica alguna técnica concreta.
En su carrera, también ha recibido el apoyo de muchas personas.
Una de ellas fue el entrenador argentino de la Liga de Quito ecuatoriana y
exseleccionador de Chile, Claudio Borghi, quien hace unos años le regaló a
Reales un juego completo de palos de golf.
El joven golfista acude a clases gratuitas es distintos campos, que también le
permiten participar sin costo en los torneos, mientras una de las principales
marcas de palos a nivel internacional le regala los elementos necesarios para
entrenarse y competir.
Hoy, Reales tiene "todo gratis" en el campo municipal de golf de Palermo,
donde practica para ser "el número uno del mundo" en este deporte.
"Siempre pienso en eso. Mi abuelo y yo ponemos todo nuestro esfuerzo para
que yo pueda practicar más todos los días", aseguró.
Uno de sus principales ídolos es el argentino Ángel Cabrera, campeón del
Abierto de los Estados Unidos en 2007 y del Masters de Augusta en 2009.
Sin embargo, el joven dijo que no quiere parecerse a nadie: "Quiero tener mi
propio estilo de juego y que, si llego a ser bueno, que digan: 'Mirá, así jugaba
Dylan Reales'".EFE.
El Gobierno porteño deberá garantizar vivienda para una mujer discapacitada Sociedad
Las autoridades porteñas tienen “un plazo de cinco días para garantizar asistencia”.
La Justicia porteña a través de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario
María Soledad Larrea hizo lugar a una medida cautelar presentada por el matrimonio
integrado por Rubén Walter Romero Rodríguez y Mónica Silvia Manes, para que “se le
provea una solución de vivienda estable y permanente, que brinde una adecuada
solución a sus requerimientos de vivienda”.
En su fallo, la Justicia deja explícito que el “compromiso asumido por la Ciudad de
Buenos Aires no se limita únicamente a la provisión de alojamiento y/o subsidios
habitacionales, sino que esto se complementa con procesos de seguimiento y formación
para que esas personas superen su situación de vulnerabilidad”.
“La Ciudad asumió la obligación no sólo de brindar un subsidio a quienes se hallen en
circunstancias de vulnerabilidad producto de la emergencia habitacional, sino además
de orientar a los beneficiarios de dicha medida para que encuentren caminos o
herramientas que les permitan revertir su situación de carencia” subrayó la sentencia
firmada por Larrea.
Según se comunicó Mónica Manes padece “graves problemas de salud” y junto a su
marido “se encuentran pernoctando junto a siete familiares en una vivienda en la que
deben desalojar con carácter urgente”.
La pareja “realiza venta de comida en la vía pública, pero debido al accionar de los
organismos de control y la Policía, se encuentran sumamente vulnerables”.
Ante esto, su único ingreso se reserva a “la pensión no contributiva por discapacidad de
Mónica y el Programa Ticket Social, del cual es beneficiaria debido a su situación de
inseguridad alimentaria”.
La sentencia ordena entonces al “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el
plazo de cinco días adopte las medidas necesarias a fin de garantizar a los actores
asistencia habitacional suficiente y adecuada, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en
estos actuados”.
PATRIMONIO HISTÓRICO
El Molino: ahora su
recuperación está en duda La expropiación avanza, pero no está completa y aún no se sabe cómo va a ser la
continuidad del proyecto con la nueva gestión.
El 23 de febrero se cumplen 19 años del cierre de la tradicional Confitería del Molino. Durante 2016, en el
centenario de su inauguración, deberían comenzar los trabajos de restauración, pero no hay novedades
por el momento sobre cómo va a seguir el proyecto.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso el 29 de septiembre de 2015 a través del
decreto 2026/2015 que el ministerio de Planificación Federal fuera el responsable de llevar adelante el
proceso de expropiación para convertir al tradicional edificio en museo. Aunque avanzó bastante el
proceso hasta octubre del año pasado, sigue empantanado.
A la disputa entre los herederos, que se niegan a aceptar la ley aprobada por el parlamento, se suma la
incertidumbre de cómo va a continuar la nueva gestión de gobierno nacional el proyecto. El ministerio de
Planificación Federal ya no existe como tal y sus proyectos ahora estarían bajo la orbita de la cartera del
Interior.
Según contaron fuentes del caso a Diario Z, todavía nadie se hizo cargo del tema y no se sabe quién será
el futuro interlocutor para llevar adelante el proyecto. Por el momento, desde el ministerio del Interior no
dicen nada. La experta en patrimonio Mónica Capano indica que espera tener noticias durante las
próximas semanas.
Secretarios como jueces subrogantes: ¿Sí o no? En el marco de un recurso presentado contra la resolución que había declarado válida la designación de un
secretario como conjuez de la Cámara Federal de Tucumán, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Javier
De Luca explicó que el propósito de la Ley de Subrogancias es “un puesto, un juez” y que “no es valioso que
un juez cubra dos o más puestos”.
En el caso, la Cámara Federal de Tucumán dispuso que “ese cuerpo colegiado a los fines del expediente,
quedará integrado, además de los magistrados Marina Cossio y Ernesto Clemente Waynar, por el Secretario
de esa Cámara Federal, Marcelo Fabián Herrera, quien se encuentra en la lista de conjueces que a tal efecto
confecciona el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, conforme surge del Decreto 324/2015”.
En este contexto, el Fiscal General de Tucumán planteó "la nulidad de la designación del Marcelo Fabián
Herrera para intervenir como conjuez en las actuaciones, la inconstitucionalidad de la ley 27.145, la
resolución 194/15 y la Acordada 68/15, por la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso
que el tribunal esté por Clemente Wayar, Marina Cossio y el conjuez Marcelo Herrera”.
Luego, la Cámara Federal de Tucumán resolvió “no hacer lugar al planteo de nulidad formulado por el
Ministerio Público Fiscal, ratificó en todos sus términos la Acordada N° 68/15 de ese Tribunal por haber sido
dictada conforme a derecho y en consecuencia, confirmó la providencia dictada el 28 de julio, por la cual se
declaró integrado el Tribunal con el conjuez de esa Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Marcelo
Fabián Herrera”.
Contra esta decisión, el Fiscal General interpuso un recurso de casación al entender que “no existe el acuerdo
del Senado exigido por la Constitución para que el Marcelo Herrera sea Juez de Cámara Federal de Tucumán
y tampoco concurso de antecedentes y oposición; afectación de la garantía de juez natural;
inconstitucionalidad de la ley 27.145 por contrariar los principios fundamentales que inspiran la forma
republicana de gobierno, el diseño institucional del Poder Judicial, las garantías que aseguran la
independencia e imparcialidad de los jueces y, el principio de juez natural”.
En este sentido, la Cámara Federal de Tucumán resolvió no hacer lugar al recurso de casación deducido por
el Fiscal General. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso la queja
correspondiente.
En su dictamen, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Javier De Luca desistió del recurso presentado por
el fiscal general de Tucumán. Así, destacó que no desconoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación “Uriarte, Rodolfo M. y otro c. Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción meramente
declarativa de inconstitucionalidad”.
“Sin perjuicio de ello, como jurídicamente los fallos de la Corte son llamados a ser cumplidos sólo en la causa
en que se dictan y porque introduciré nuevos argumentos no contemplados en aquella sentencia de la Corte,
me permito disentir con la aplicación de su doctrina esta causa y, por ende, habré de desistir del recurso
interpuesto por el Fiscal General de Tucumán”.
Sobre este punto, el representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que “los jueces permanentes no son
iguales a los jueces interinos (sean llamados conjueces, subrogantes, interinos propiamente dichos, etc.)”. Y
agregó: “Pero ambos tienen la estabilidad y, con ello, la independencia que exige la Constitución. Si para la
designación de jueces interinos se exigiesen los mismos requisitos que para los jueces permanentes, no
tendría sentido que fuesen interinos”.
“Uno de los propósitos de la Ley de Subrogancias es, por decirlo de manera sencilla: un puesto, un juez (…)
no es valioso que un juez cubra dos o más puestos. Ello así porque la garantía del juez natural no es de los
jueces, sino de los justiciables, de la sociedad toda. De ahí que se prefiera que todos los puestos estén
cubiertos, para que los magistrados tengan dedicación exclusiva en los asuntos del juzgado o vocalía a cargo
del cual están. Si un juez ocupa dos despachos, tendrá un 50% menos de rendimiento en cada uno de ello”,
indicó el dictamen.
Para el fiscal, “muchos jueces permanentes que subsisten en sus cargos hoy en día fueron designados
conforme el sistema viejo, sin concurso Ministerio Público de la Nación Fiscalía General N° 4 ante la Cámara
Federal de Casación Penal alguno, por propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado de la Nación, sin
contralor de otros estamentos sociales vinculados a la profesión y al Servicio de Justicia”.
Respecto a la política judicial, el fiscal destacó que “es sencillo vislumbrar que el problema actual de la gran
cantidad de puestos sin cubrir, difícilmente tenga solución con los postulados de la sentencia de la Corte , y
que persistirá mucho más allá de los tres meses que establece el fallo, ya que se pasa por alto el estado actual
de intemperancia, intolerancia, agresividad y falta de ubicación democrática (…) de muchos de los actores
llamados a tomar decisiones en estos asuntos”.
“Será prácticamente imposible que se reúnan los 2/3 requeridos al Consejo de la Magistratura para elegir
jueces subrogantes o conjueces, cualquiera sea la facción que tenga la mayoría en su seno. Y este es un dato
de la realidad actualmente existente que, como repitió la Corte en esta misma sentencia, debió ser considerado
para decidir en este expediente”.
Por último, el fiscal consideró que “debería imperar cierta prudencia al juzgar el sistema de la ley 27.145, que
todos debemos tener presente la realidad centenaria del sistema de justicia argentino y convenir en que esa
ley, no será perfecta, pero es una interpretación razonable de la cláusula constitucional”.
