· Programas del Consejo Sectorial de la Política Fundamentos ... ñada desde Aristóteles hace...

Instituto para el EcodesarrolloRegional Amazónico

eco ae

Agenda Sectorialde la Política

2010-2013

CRÉDITOS

Fotografía: Presidencia de la República, Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana

Producción: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados

Compilación y redacción: Malki Sáenz y Cristina Bastidas

Diseño: Lorena Serrano Islas / Andrés Rodríguez

Impresión:Gráfikos

GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Rafael Correa DelgadoPresidente Constitucional de la República del Ecuador

Lenín Moreno GarcésVicepresidente Constitucional de la República del Ecuador

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA

Doris Soliz CarriónMinistra de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados

Gustavo Jalkh RobenMinistro del Interior

José Serrano SalgadoMinistro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Alexandra Ocles PadillaSecretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y ParticipaciónCiudadana

Juan Sebastián RoldánSecretario Nacional de Transparencia de Gestión

Fernando Alvarado EspinelSecretario Nacional de Comunicación

Carlos Viteri GualingaSecretario Ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico

Alexis Mera GilerSecretaria Jurídica de la Presidencia

René Ramírez GallegosSecretario Nacional de Planificación y Desarrollo

Vinicio Alvarado EspinelSecretario General de la Administración Pública

índice

Presentación

Introducción Ejes de la Nueva Política de la Revolución Ciudadana

El Plan Nacional del Buen Vivir en la Agenda de la política

Rol del Consejo Sectorial de la Política y el Ministerio de Coordinación

Base Legal de Ministerio Coordinador

Programas del Consejo Sectorial de la Política

FundamentosLa agenda política como base del proceso de transformación estructural del Ecuador

Diagnóstico del sector

La nueva institucionalidad del Estado y la concreción de leyes fundamentales

La coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados

El acceso a la justicia

Transparencia en la Gestión pública

Participación ciudadana efectiva y organización social

Lineamientos estratégicos de política pública

Consolidar la nueva institucionalidad constitucional y leyes para la transformación

Lograr una gestión política efectiva del Ejecutivo en territorio

Alcanzar una gestión pública transparente

Aplicar una justicia y participación política para todos y todas

Definir y ejecutar la Agenda política intercultural y plurinacional

Consolidar las Agendas para la Igualdad

Crear mecanismos de capitalización política en organización ciudadana

Programas y proyectos prioritarios

Lineamientos estratégicos del sector

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Ministerio del Interior

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG)

Secretaría Nacional de Comunicación

9

13

17

18

23

2628

33

35

52

55

55

59

60

63

71

73

75

77

79

82

83

85

89

95

97

98

98

100

101

102

103

9

A G E N D A S E C T O R I A L D E L A P O L Í T I C A

pres

enta

ción

Hasta antes del 2006, la palabra política se había convertido en nuestro país en una

despreciable palabra sinónimo de corrupción, clientelismo, toma y daca, pactos antidemocráti-cos bajo la mesa, el hombre del maletín, la pug-na de poderes, el clientelismo y el regionalismo, la demagogia y el chantaje, a punto que ningún ciudadano o ciudadana honesta quería partici-par de ella. La partidocracia lo había corrompido todo.Una política sin la ética del bien común, en función de los intereses de pequeños grupos de poder económico, político, fáctico, que genera-ron un modelo de desarrollo y un estado colo-nial excluyente.

La elevada idea de la política como la búsqueda del bien común de los ciudadanos, esa idea acu-ñada desde Aristóteles hace más de 2.000 años se había distorsionado totalmente. La única ciu-dadanía que existía era la de apellidos, el dinero, las élites. La maravillosa diversidad de este país

presentación

de indígenas, cholos, montubios, afrodescen-dientes, campesinos jóvenes y viejos, solo era fuente de discriminación, desconocimiento y desprecio.

La propuesta radical de la Asamblea Constitu-yente y del Proyecto de la Revolución Ciudada-na, la esperanza de todo este pueblo, fue refun-dar el país, devolvernos la patria, inaugurar una nueva política, y la estamos haciendo.

Luego de seis procesos electorales, estamos ce-rrando el período de transición tras dos años de vigencia de la nueva Constitución, hoy debemos profundizar una nueva etapa de afianzamiento de este proyecto político de cambio. Para ello, requerimos transformar radicalmente la vieja institucionalidad y avanzar en la construcción de los pilares del nuevo estado del buen vivir y de su nuevo modelo de desarrollo, fortalecien-do una sólida unidad de los sujetos sociales y

10


políticos que hemos promovido este cambio y cuyas luchas tienen su síntesis en este proyecto de cambio democrático. Estos requisitos marcan el accionar de la nueva política y de las tareas del Ministerio Coordinador. Pero destaquemos los pilares de esa nueva política que venimos cons-truyendo:

La nueva política tiene como principal pilar la ética del bien común. Esa ética que nos convo-ca a poner por delante a los grandes objetivos nacionales:

En primer lugar, un país soberano y digno, la construcción de la equidad, la justicia regional, de la inclusión intercultural. No hay nueva po-lítica si no somos capaces de construir ese yo colectivo, ese liderazgo, esa hegemonía de los sujetos sociales y políticos progresistas de este país, para hacer avanzar este proyecto de cam-bio. Ello requiere grandes acuerdos nacionales, sumar demandas y propuestas, decidida volun-tad política, forjada con diálogo serio, con deba-te político de ideas, con inclusión real de todas las energías de personas y grupos que creemos en este proyecto y con el afianzamiento de una

cultura democrática de derechos y deberes, que derrote los afanes conspirativos y antidemocrá-ticos que buscan amenazarlo.

La nueva política tiene como segundo pilar a la construcción del poder ciudadano y la más amplia democracia participativa y comunitaria. La participación, que en este gobierno se ha ampliado sin precedentes, debe encontrar más y mejores cauces, mecanismos, instancias y es-tímulos en cada ministerio, en cada política de gobierno, pero también en cada gobierno local: consejo provincial, municipio y junta parroquial.

Un tercer pilar de la nueva política es concretar la interculturalidad y la plurinacionalidad, cons-truir junto a la ciudadanía individual, la ciudada-nía colectiva, y la aplicación plena de los dere-chos económicos, políticos y culturales de todos los diversos.

Un cuarto pilar es la justicia regional: no pode-mos construir el bien común solo desde la di-mensión nacional, necesitamos un esfuerzo ar-ticulado del gobierno nacional y los gobiernos locales y regionales para gestionar y democrati-

11


pres

enta

ción

zar a todos los niveles el uso y disfrute de la ri-queza material y el desarrollo pleno de todos los ciudadanos.

Debemos avanzar en la transformación institu-cional, en la construcción de ese nuevo estado, y para ello las nuevas leyes son un espacio muy importante, de debate de sentidos y propuestas y de construcción de acuerdos. La coordinación de las funciones bajo el prisma de la ética del buen vivir, desempeña para ello un papel muy importante. Nunca más leyes para grupos y pri-vilegios, hoy leyes para todos, para democratizar desde los recursos productivos hasta la cultura, la educación y el deporte. Leyes apropiadas por los ciudadanos, individual y colectivamente, por las comunidades y los pueblos.

Estos fueron los sueños que nos planteamos en los movimientos sociales, el movimiento indí-gena y lo más progresista de la sociedad en la década del 90. Hoy este acumulado histórico tie-ne una enorme oportunidad en el gobierno de la revolución ciudadana. La nueva política nos compete y nos compromete a todos y todas. Te-nemos un margen enorme para construir el po-der ciudadano, el nuevo Estado plurinacional e intercultural y la política del buen vivir. Con estas ideas fuerza, hemos construido la Agenda Sec-torial de la Política, para el período 2010-2013, la misma que ponemos en consideración del pueblo ecuatoriano convocando su plena par-ticipación protagónica, para hacerla realidad y afianzar la ÉTICA DEL BIEN COMÚN como eje de la NUEVA POLÍTICA.

Doris Soliz CarriónMINISTRA COORDINADORA DE LA POLÍTICA Y

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

introducción

15


intr

oduc

ción

La base programática del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2010 del Ecuador fue

el Plan de Gobierno de la Revolución Ciudada-na, sustentado en las cinco revoluciones para el cambio de trayectoria histórica del desarrollo nacional. Dicha propuesta estableció las direc-trices para cambiar estructuralmente el modelo económico y político del Ecuador, con el propó-sito de ir hacia un Estado democrático, equitati-vo, igualitario y multicéntrico.

Posteriormente, y sobre la base de la nueva Constitución de la República, se llevó a cabo una revisión integral de dicho Plan de Desarrollo, misma que dio como fruto el actual Plan Nacio-nal para el Buen Vivir, proyectado para el período 2009-2013. Este Plan incluye los nuevos desafíos del país en lo local y global, y ajusta sus metas al escenario económico mundial, signado por las restricciones que afectan a los países industria-lizados, cuyas secuelas se extienden al Ecuador.

En ese marco constitucional, y principalmente atendiendo al Título IV de la Nueva Constitución, que establece los principios de la Participación y Organización del Poder, se busca promover nue-vas formas de relación entre las instituciones, al interior del Estado, y entre el Estado y la socie-dad.

El Ministerio de Coordinación de la Política, junto con los Ministerios y Secretarías bajo su coordi-nación, trabajaron en la construcción de la pre-sente Agenda, que pretende contribuir con las orientaciones necesarias para hacer realidad la Revolución Constitucional y Democrática, con-cebida para fomentar una comunidad política incluyente y reflexiva y apostar por la capacidad de la nación para construir una sociedad justa, intercultural, plurinacional y soberana.

La construcción de esta Agenda Sectorial parte del principio de que los cambios se logran me-

introducción

16


17


intr

oduc

ción

diante la profundización democrática de la ins-titucionalidad del Estado y un constante diálogo y relación con la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones del Ejecutivo y Funciones del Estado. Establece, también, la necesidad de llegar a grandes acuer-dos nacionales, coordinar acciones estratégicas y políticas públicas para llevar adelante coordi-nadamente la agenda de cambios que la Revo-lución requiere.

Ejes de la Nueva Política de la Revolución Ciudadana

El Consejo Sectorial de la Política propone que la dimensión política esté sustentada en siete ejes, que constituyen un cambio sustancial de visión en la gestión pública. Estos son:

1. Consolidar la nueva institucionalidad consti-tucional y leyes para la transformación;

2. Lograr una gestión política efectiva del Ejecu-tivo en territorio;

3. Alcanzar una gestión pública transparente;

4. Aplicar una justicia y participación política para todos y todas;

5. Definir y ejecutar la agenda política intercul-tural y plurinacional;

6. Consolidar las agendas para la Igualdad;

7. Crear mecanismos de capitalización política en organización ciudadana.

La construcción del poder social se logra a través de la ampliación de la comunidad de ciudadanos que pueden participar en la vida democrática y política del país. Como ejemplo, en lo que tiene que ver con la participación política ejercida a través del sufragio, la nueva Constitución amplió el derecho al voto a jóvenes, migrantes, extran-jeros, militares, policías y personas privadas de su libertad sin sentencia, lo cual es un verdadero hito en cuanto a la ampliación de la comunidad de ciudadanos que participan en la vida pública.

También la Constitución reconoce hoy múltiples derechos políticos y nuevas formas de participa-ción individual y colectiva, mediante las cuales los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales pueden participar en los asuntos de in-terés público y decidir de forma conjunta el des-tino de la sociedad. Corresponde, por tanto, al Consejo Sectorial de la Política facilitar los nexos entre ciudadanía y Estado, para concretar todos los grandes avances constitucionales en este as-pecto.

Incorporar la interculturalidad en las acciones de gobierno es otro reto para una nueva forma de gobierno. La Constitución, al establecer el

18


modelo de Estado Plurinacional e Intercultural, prefigura uno de los primeros elementos en este cambio. Estamos convencidos de que no hay posibilidades de construir un país si no se logra una integración que respete sus diferentes iden-tidades culturales.

Ecuador es un país diverso y, por tanto, el mo-delo de Estado debe ser coherente con aquellas diversidades. Se requiere un pacto común que permita al país contar con una convivencia pa-cífica y tolerante entre las diversas culturas, que evite respuestas etnocéntricas de cualquier tipo y que permita construir el país sobre la base de la integración en la diferencia.

Otro de los grandes avances constitucionales es el establecimiento de una administración esta-tal descentralizada y desconcentrada, basada en una planificación articulada y una gestión participativa del territorio. El Estado adopta un nuevo régimen de organización territorial, cuya principal función es articular a los niveles nacio-nal, intermedio y local de gobierno y lograr una justicia y equidad territorial a través de la asig-nación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, para avanzar hacia una agen-da política coordinada en el territorio.

La descentralización y desconcentración co-rresponden a mecanismos de redistribución del poder y democratización de la sociedad, funda-

mentados en un nuevo modelo de Estado, que se basa en la recuperación de su capacidad de rectoría, regulación, coordinación y redistribu-ción, dentro de un proceso de racionalización de la administración pública y un esfuerzo institu-cionalizado de rendición de cuentas a la ciuda-danía.

El Plan Nacional del Buen Vivir en la Agenda de la Política

Los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vi-vir (2009-2013) y sus correspondientes políticas a los que responde la gestión del Consejo de la Política, atendiendo a un orden de prioridad co-herente a la misión del Sector, son los siguientes:

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política

• Política 10.1. Promover la organización colec-tiva y autónoma de la sociedad civil.

• Política 10.3. Promover la participación polí-tica y electoral con equidad en los cargos de elección popular, de designación y en las ins-tituciones públicas.

• Política 10.6. Promover procesos sostenidos de formación ciudadana reconociendo las múltiples diversidades.

20


Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común

• Política 7.5. Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios públicos permanentes de intercambio entre grupos diversos que promuevan la interculturalidad, el reconoci-miento mutuo y la valorización de todas las expresiones colectivas.

Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir

• Política 12.1. Construir el Estado plurinacio-nal e intercultural para el Buen Vivir.

• Política 12.2. Consolidar la nueva organiza-ción y rediseño institucional del Estado que recupere las capacidades estatales de recto-ría, planificación, regulación, control, investi-gación y participa-ción.

• Política 12.3. Con-solidar el mode-lo de gestión estatal articu-lado que pro-fundice los procesos de descentra-lización y

desconcentración y que promueva el desa-rrollo territorial equilibrado.

• Política 12.4. Fomentar un servicio público eficiente y competente.

• Política 12.7. Impulsar la planificación des-centralizada y participativa, con enfoque de derechos.

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia

• Política 9.2. Promover un ordenamiento jurí-dico acorde al carácter plurinacional del Esta-do Constitucional de derechos y justicia.

21


intr

oduc

ción

• Política 9.3. Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, imparcial, adecuada e integral.

• Política 9.5 Impulsar un sistema de rehabili-tación social que posibilite el ejercicio de de-rechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad.

• Política 9.6 Promover el conocimiento y pro-cesos de formación jurídica para la pobla-ción.

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad

• Política 8.1. Apoyar la construcción de la so-ciedad plurinacional e intercultural dentro de relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo, bajo los principios del Buen Vivir.

• Política 8.2. Superar las desigualdades socia-les y culturales garantizando el acceso uni-versal de toda persona o colectividad a par-ticipar y beneficiarse de los diversos bienes y expresiones culturales.

• Política 8.3. Impulsar el conocimiento, la va-loración y afirmación de las diversas identi-dades socioculturales de los distintos pue-blos y nacionalidades que conforman el

Ecuador, así como la de las y los ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana.

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad

• Política 1.1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigual-dades (en especial salud, educación, alimen-tación, agua y vivienda).

• Política 1.8. Impulsar el Buen Vivir rural.

• Política 1.9. Promover el ordenamiento terri-torial integral, equilibrado, equitativo y sus-tentable que favorezca la formación de una estructura nacional policéntrica.

Con el propósito de que la Agenda Sectorial del Consejo de la Política se vea plenamente refleja-da en los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, se han introducido nuevas propuestas de políticas, complementarias a las existentes, en función de objetivos prioritarios definidos por el Gobierno. Estas se refieren a la importancia de promover la participación de quienes conforma-mos la comunidad política, tendiente a la cons-trucción de una ciudadanía universal, diferencia-da y diversa, pero dentro de la idea colectiva de país.

22


intr

oduc

ción

23

A G E N D A S E C T O R I A L D E L C O N S E J O D E L A P O L Í T I C A

La verdadera participación ciudadana se inicia con la promoción de mecanismos e instrumen-tos de democracia directa, iniciativa legislativa, libertad de expresión, capacidad consultiva y participación social; con la deliberación pública, el acceso a la información, el control social y la cogestión ciudadana, valores centrales de una democracia que combina y articula la represen-tación con la participación.

Rol del Consejo Sectorial de la Política yel Ministerio de Coordinación

La principal atribución del Consejo Sectorial, en-cabezado por el Ministerio de Coordinación de la Política, es la de consensuar y formular políticas públicas en los siguientes ámbitos:

1. Participación ciudadana,

2. Coordinación con gobiernos autónomos des-centralizados,

3. Coordinación interinstitucional con entes del ejecutivo y de los otros poderes del Estado,

4. Relación con organizaciones sociales, movi-mientos sociales y partidos,

5. Rediseño de instituciones políticas y modos de gestión pública, en la perspectiva de ins-titucionalizar mecanismos de participación

que eleven la capacidad de incidencia y de control popular de la acción estatal.

En este contexto, el rol fundamental del Ministe-rio de Coordinación de la Política es coordinar las instituciones y estrategias políticas del gobierno y desarrollar procesos de gestión democrática. Debe velar porque las políticas de los ministerios e instituciones coordinadas sintonicen con las necesidades, expectativas y demandas de la ciu-dadanía y de los sectores sociales organizados.

Las siguientes son las instituciones cuyas políti-cas y acciones deben ser coordinadas por el Mi-nisterio de Coordinación de la Política (MCP):

• Ministerio del Interior (MI).

• Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC).

• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDH).

• Secretaría Nacional de Transparencia de Ges-tión (SNTG).

• Instituto para el Ecodesarrollo Regional Ama-zónico (ECORAE).

• Secretaría General de Comunicación (SECOM)

Acompañan a la gestión, monitoreo y planifica-ción de este Consejo Sectorial, tanto la Secretaría

24


Nacional de Planificación y Desarrollo, como la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Repú-blica y la Secretaría Nacional de la Administra-ción Pública.

El Consejo ha enfocado su gestión principal-mente en dos aspectos:

1. La coordinación interinstitucional, que le ha permitido entablar relaciones y llegar a acuer-dos y consensos entre diferentes instituciones del Ejecutivo, las demás Funciones del Estado y los diferentes niveles de los Gobiernos Au-tónomos Descentralizados (GADs) y otras ins-tancias locales.

2. El fortalecimiento de la participación ciuda-dana, a partir del desarrollo y activación de las capacidades locales, con orientación a un desarrollo equilibrado de los territorios. Se trabaja por la creación de ciudadanía a través del ejercicio de los derechos de participación, organización colectiva y representación polí-

tica, reciprocados en el entendimiento de las responsabilidades sociales de todos.

Con este enfoque, se pretende lograr una gober-nanza participativa, la cual implica la construc-ción de una ciudadanía activa y de fuertes movi-mientos sociales, que trabajen en redes abiertas con los agentes estatales, en cuestiones locales y temas nacionales, así como la institucionaliza-ción de dispositivos participativos para que los actores sociales ganen en capacidad de influen-cia y de control sobre las decisiones políticas.

Se pretende también el desarrollo de un nexo entre la ciudadanía y el Estado, con deberes y derechos de cada uno de ellos, que se convierte en actor protagónico de la historia del país. En este sentido, cualquier diferencia entre ambos actores se resuelve bajo la vía del diálogo y la negociación, regidos por los principios Constitu-cionales y respetuoso de los derechos y obliga-ciones de los demás ciudadanos y ciudadanas.

25


intr

oduc

ción

Presidencia

Secretaría Jurídica de la Presidencia

Actores y Organizaciones

Sociales

Gobiernos AutónomosDescentralizados

Movimientos y Partidos Políticos

Secretaría de la Administración

Pública

LegislativoSPPC

Ministerio de Justcia

Secretaría de Transparencia

ECORAE


Secretaría de Comunicación

Judicial

Electoral

Transparencia y Control

Social

SENPLADESOtras entidades

del Ejecutivo

INSTITUCIONES COORDINADAS FUNCIONES DEL ESTADOMCP

Consejo Sectorial de la Política

26


Base legal del Ministerio Coordinador

El Ministerio de Coordinación de la Política fue creado mediante Decreto Ejecutivo No.117-A de 15 de febrero de 2007 con el objeto de con-certar las políticas y acciones que adopten las siguientes instituciones: Ministerio de Gobierno y Policía, Secretaría General de la Administración Pública, Secretaría General Jurídica de la Pre-sidencia de la República, Secretaría General de Comunicación y Secretaría Nacional de Planifica-ción y Desarrollo. Posteriormente se incorporan como instituciones coordinadas la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Decreto Ejecutivo No.980 de 25 de marzo de 2008, dispone que el Ministerio de Coordinación de la Política funcione de manera desconcen-trada, y el Decreto Ejecutivo No.410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No.235 de 14 de julio de 2010, cambia de deno-minación de: “Ministerio de Coordinación de la Política” por la de “Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentrali-zados”.Además, el Decreto Ejecutivo No.410 de 30 de junio de 2010, dispone que: “El Ministerio del Interior tendrá a su cargo el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, y el cumpli-miento de las funciones, atribuciones, responsa-bilidades y competencias asignadas al Ministe-

rio de Gobierno, Policía y Cultos. En lo referente a municipalidades, demás Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales, que pasan a ser competencia del Ministerio de Coor-dinación de la Política” y finalmente el Decreto Ejecutivo No.478 de 16 de septiembre de 2010, se elimina en el artículo 2 del decreto Ejecutivo No.410 de 30 de junio de 2010 la frase” y regíme-nes especiales”.

El Ministerio para su funcionamiento tiene cua-tro coordinaciones, las mismas que potencian su accionar, tanto en el trabajo de acompañamien-to a las instituciones coordinadas como en la gestión territorial, garantizando la relación con los otros poderes del estado, la participación de los movimientos y organizaciones sociales.

La Coordinación General de Gobiernos Autóno-mos Descentralizados se encarga de desarro-llar un relacionamiento directo con los niveles subnacionales de gobiernos locales, desde sus Consejos como el Consorcio de Consejos Pro-vinciales del Ecuador - CONCOPE, Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME y Consejo Nacional de Juntas Parroquiales - CONAJUPARE, y desde al apoyo a la gestión de cada uno de los mismos, de acuerdo a sus competencias y el nuevo ordenamiento territorial. La Coordina-ción General Interinstitucional trata de generar el diálogo y acuerdos desde el Ejecutivo con los diferentes poderes del estado (Asamblea Nacio-

27


intr

oduc

ción

nal, Función Judicial y Consejo de Participación Ciudadana) para armonizar la visión de com-plementariedad de estos poderes y generar la gobernabilidad necesaria entre ellos. La Coor-dinación General de Actores Sociales y Políticos coordina, articula y potencia las relaciones y pro-

cesos políticos del ejecutivo con los diferentes actores sociales y políticos, sobre la base de los principios de la participación ciudadana plural y la aplicación del ejercicio de sus derechos. La Coordinación General de Planificación y Segui-miento da acompañamiento a la planificación

Estructura Orgánica del Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados

28


tanto operativa como estratégica del ministerio como de las entidades coordinadas y sus com-promisos en el Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática - SIGOB.

Programas delConsejo Sectorial de la Política

1. Programa de análisis y estrategia política

El Consejo Sectorial de la Política se propone formular, articular e implementar la política de la Función Ejecutiva, para la construcción y con-solidación del nuevo pacto social para el Buen Vivir. Busca coordinar los procesos políticos institucionales del Ejecutivo, concertar las polí-ticas y acciones de las instituciones coordinadas y articular su relación con las demás funciones

del Estado, las organizaciones sociales y la ciu-dadanía democratizando el poder político, pro-moviendo la participación directa de la ciudada-nía y logrando los necesarios consensos sociales para la gobernanza participativa.

El Consejo Sectorial de la Política quiere ser un sólido referente de coordinación política de las acciones del Gobierno con los distintos niveles y funciones del Estado y la ciudadanía, en una so-ciedad que genera espacios democráticos y par-ticipativos. En ese marco, el Programa de Análisis y Estrategia Política busca aportar con reflexión política para desarrollar las agendas políticas de las Carteras de Estado, y lograr una gobernabi-lidad democrática. Este programa tiene como objetivo generar pensamiento y construcción de estrategias políticas que orienten la toma de

29


intr

oduc

ción

decisiones en el ámbito político gubernamental, la gestión política central y en los territorios, que fomenten la construcción del poder ciudadano y el protagonismo social y la concreción de una nueva política. Entre sus responsabilidades se encuentran las siguientes:

1. Generar investigación, análisis y pensamiento político estratégico para los actores políticos gubernamentales.

2. Establecer las modalidades operativas y las metodologías para la generación de pensa-miento político estratégico

3. Diseñar eventos, encuentros y foros de deba-te sobre temas político-sociales relevantes

4. Diseñar publicaciones sobre temas políticos de interés para el proyecto político guberna-mental

5. Diseñar programas de capacitación política para los diferentes niveles de gobierno, fun-cionarios y actores políticos importantes.

6. Organizar y dirigir el Sistema de Información Política Territorial- SIPO.

7. Monitorear los impactos políticos de la acción de gobierno en el territorio nacional con el propósito de prevenir riesgos políticos, pro-mover alianzas y acuerdos políticos en los di-ferentes niveles de Gobierno.

8. Facilitar la gestión política para incorporar la planificación política como práctica institu-cional.

9. Brindar el servicio de una biblioteca especia-lizada en Estudios y Pensamiento Político a la ciudadanía.

2. Programa de Coordinación Política en el Territorio

El Gobierno de la Revolución Ciudadana se com-prometió a devolverle a la sociedad ecuatoriana un Estado debidamente articulado en donde su población pueda construir y desarrollar sus múltiples identidades, en un marco de sobera-nía, participación y democracia. Para ello se ha diseñado toda una política y estrategia de coor-dinación territorial que incluye entre otros ins-trumentos los gabinetes territoriales y la imple-mentación de los equipos políticos territoriales. Estos últimos constituyen unidades de produc-ción política, conformadas por el gabinete sec-torial de la política en el territorio en los distintos niveles de gobierno (zonal, provincial, cantonal y parroquial) con el propósito de acercar el gobier-no a la gente para procesar de manera democrá-tica el conjunto de demandas y reivindicaciones de los grupos sociales secularmente excluidos.

Los Equipos Políticos Territoriales tienen la mi-sión de buscar la más alta cooperación de los actores institucionales en el territorio y articular

30


su gestión con los gobiernos autónomos des-centralizados, organizaciones sociales, políticas y económicas, con el propósito de alcanzar las metas de la revolución ciudadana: unidad de la nación, democracia, participación, equidad, de-sarrollo sustentable, interculturalidad. Todo lo que hace el Buen Vivir.

3. Programa de Evaluación Política de la Gestión de Gobierno en el Territorio

La evaluación política es un instrumento de aprendizaje compartido entre los que progra-man las políticas públicas, quienes ejecutan y evalúan; es una herramienta indispensable en los proyectos de gobierno para modificar las situaciones de adversidad, vulnerabilidad y des-igualdad en que se encuentran los grupos socia-les que demandan mayor atención pública. Es un proceso de reflexión sobre la acción pública, fundamentada en procedimientos sistemáticos de acumulación de información, análisis situa-cional e interpretación de la información, con el propósito de emitir “reflexiones validadas” sobre los impactos políticos de la acción del Gobierno en el Territorio y formular recomendaciones para tomar decisiones y mejorar la acción presente y futura de la gestión del gobierno de la revolu-ción ciudadana. Evaluar es analizar qué es lo que se está haciendo en el Territorio, de qué modo y si ello va en la direccionalidad de las metas políticas que el Gobierno se impone, cuales son

los problemas, qué oportunidades se presentan, qué logros se han obtenido, cuál es la diferencia entre ésta y las anteriores administraciones.

El programa se basa en procedimientos siste-máticos (metodología y técnicas) para la reco-lección y el análisis de la información relevante que alimente el conocimiento y fundamente las “reflexiones validadas” sobre la acción de las di-ferentes direcciones provinciales de los diversos ministerios, los resultados y los impactos políti-cos de los planes operativos implementados. Las “reflexiones validadas” (que se expresan también en indicadores) constituyen el centro de la eva-luación, porque le atribuyen un “valor” a la eje-cución de las acciones de acuerdo con las metas políticas que sostiene la revolución ciudadana, cuyo referente es Plan Nacional del Buen Vivir.

Si los resultados obtenidos por las instituciones corresponden a los objetivos y metas políticas propuestas la “valoración” sube, si los resultados se alejan la “valoración” baja. Es decir si mejora o empeora la situación de vida de la gente (desti-natarios de las políticas públicas), como produc-to final de la intervención pública. Evaluar es ha-cer comparaciones entre la situación inicial y la situación objetivo; sobre esta trayectoria se con-feccionan las “reflexiones validadas”. El objetivo de la evaluación política es contrastar “lo que se hace” con lo que “debe hacerse”, este parámetro constituye lo deseable en materia de adminis-

31


intr

oduc

ción

tración pública, porque va en la direccionali-dad política del proyecto. La pregunta es: ¿qué cambio nos permite hacer un juicio acerca de si la situación está mejor, peor o igual, para saber cuán cerca o lejos estamos del Buen Vivir. La eva-luación política no tiene un carácter represivo, es una reflexión sobre la acción de gobierno para mejorar, para ganar en eficacia política.

4. Sistema Nacional de Información Política

El Sistema Nacional de Información Política - SINIP es una herramienta de gestión de información política que se apoya en el uso de tecnologías adecuadas (software especializado) y el diseño de un conjunto de metodologías y herramientas consolidadas para generar información política oportuna y brindar un soporte a la gestión de Gobierno. Se considera “información política” a los datos y registros que tienen que ver con el poder y la influencia de los diversos actores so-cio políticos e institucionales que actúan en los diferentes niveles de gobierno. Cubre la necesi-

dad de producir información para el análisis, la planificación, las estrategias políticas y en gene-ral para sustentar decisiones políticas de calidad. Los criterios para evaluar el valor de la informa-ción política son: relevancia, calidad y oportuni-dad.

El SINIP es un sistema modular que permite ir generando de forma progresiva diferentes mó-dulos de acuerdo a las necesidades que desde la dinámica de la política nacional se crean y con-solidan. Se han definido los siguientes módulos:

1. Evaluación Política de la Gestión del Gobierno en el Territorio (Evaluación Política, Mapa de Actores y Análisis Político),

2. Proceso Político (Información del Espacio, Es-tado Situacional del Territorio, El Problema en el Territorio y Proyectos Estratégicos),

3. Asamblea Nacional (Leyes aprobadas, Proyec-tos de Ley y Estudios Políticos de los Proyectos de ley).

fundamentos

35


fund

amen

tos

fundamentos

En las sociedades modernas las tareas asignadas al Estado son cada vez mayores,

más complejas y se ejercitan en múltiples niveles. Estas características, surgidas en gran medida por el incremento de actores que intervienen en la política, orientan el establecimiento de sistemas de coordinación y redes de política pública. El Ministerio Coordinador de la Política debe promover la existencia de tales redes y facilitar la acción coordinada y dialogada del gobierno con los agentes de la sociedad civil y con las Funciones de Estado.

La coordinación y el establecimiento de redes sólidas se dan sobre la base de una agenda pro-gramática que el gobierno, en diálogo con diver-sos actores, logra establecer. La concreción de dicha agenda implica una capacidad de nego-ciación, de agregación de intereses de diversos actores y de manejo de las complejidades que generan las políticas públicas. Tal trabajo no es

simple, muchas políticas públicas que el gobier-no promueve tocan los intereses de sectores con amplio margen de maniobra y poder por lo cual, además de una cultura de diálogo permanente, se requiere construir acuerdos y respaldos conti-nuos al proyecto político.

La Agenda Política como base del proceso de transformación estructural del Ecuador

El Gobierno Nacional ha definido en la estrategia de largo plazo del país una serie de fases, a tra-vés de las cuales Ecuador pasaría de ser un país exportador primario, a una economía terciaria basada en los servicios del bio-conocimiento, la industria turística y la alta innovación tecno-lógica. En una primera fase, correspondiente a un período de 3 años, los esfuerzos deben con-centrarse en conseguir una economía de acumu-lación para la transición y profundización de la

36


37


fund

amen

tos

redistribución, en la cual la sustitución selectiva de las importaciones es importante.

¿Qué debe hacer el sector de la política dentro del proceso de transformación y cumplimiento de esta primera fase? Dos son los aspectos fun-damentales:

1. Lograr las condiciones socio-organizativas, acuerdos nacionales e implementación de agendas territoriales consensuadas que per-mitan a la población del país entender y res-paldar este proceso de cambio.

2. Crear las bases y niveles efectivos de partici-pación de los Gobiernos Autónomos Descen-tralizados y de los actores políticos y sociales, entendiendo que en un proceso de transfor-mación es necesario llegar a acuerdos de me-diano y largo plazo con todos los niveles de gobierno y representación social.

En el corto y mediano plazos, la guía de acción de la Agenda Sectorial del período 2010-2013 se enmarca dentro de los objetivos definidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que contempla los siguientes lineamientos recogidos por este Consejo Sectorial:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Acumulación para la transición y profundización

de la redistribución

Transferenica de Tecnología Aplicada

Sustitución selectiva de importaciones

Distribución en la acumulación y

consolidación estrategia SSI

I+DTecnológico

Superavit energético y limpio Consolidación de la industria nacional y sectores turísticos

Consolidación de la sustitución de exportaciones

y distribución en la acumulación

Innovacióntecnológica

Diversificación y sustitución de exportaciones:

investigación, innovación, ciencia y tecnología

Reconversión productiva

Biotecnología

Terciario (exportadora) de bio-conocimiento y

servicios turísticos

Primario exportador Nuevas Industrias Bioservicios y tecnología Fuen

te: S

ENPL

AD

ES 2

010

38


El Objetivo 10

Garantiza el acceso a la participación pública y política, y se evidencia en el objetivo de la Cons-titución que apela al fomento de la participación y el control social, con reconocimiento de las di-versas identidades y promoción de su represen-tación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.

Si el neoliberalismo coloca al mercado en el cen-tro de la regulación social y el denominado socia-lismo real colocó al Estado en ese lugar, el nuevo socialismo democrático debe constituirse desde las orientaciones y las necesidades de la ciudada-nía. Esta debe tener el más alto protagonismo en las deliberaciones colectivas que fijan los criterios para orientar la producción, circulación y distri-bución de la riqueza social y generar las normas que rigen la vida de la comunidad política.

El proceso de cambio político que vive el Ecuador debe sostenerse, entonces, en la participación activa de la ciudadanía y responde a una deman-da social estratégica en las últimas décadas. La Constitución del Ecuador -sancionada como ley suprema del Estado por mandato popular desde septiembre del 2008- hace referencia a la cons-trucción del Poder Ciudadano. Con dicha expre-sión se designa al conjunto de iniciativas de or-ganización, participación y control que puedan emprender, de modo autónomo, los individuos

y los colectivos, a fin de asegurar la implicación ciudadana en todos los asuntos de interés públi-co y de procurar el pleno ejercicio de la sobera-nía popular.

La participación queda consagrada como un nuevo principio de acción estatal y gestión pú-blica en todos los niveles de gobierno. El texto constitucional perfila, de este modo, los grandes lineamientos para promover e incentivar la par-ticipación ciudadana y el protagonismo de la so-ciedad en la vida pública del país.

Si el dinamismo de la sociedad civil depende, en gran medida, de las iniciativas autónomas que emprendan los propios ciudadanos y las orga-nizaciones sociales, es deber del poder público crear las condiciones institucionales y materiales adecuadas para que tales dinámicas puedan in-cidir efectivamente en la orientación de los pro-cesos gubernativos. El despliegue del poder ciu-dadano requiere, entonces, de un rol afirmativo y proactivo del Estado en lo que concierne a:

• La distribución y redistribución igualitaria de la riqueza social.- Las capacidades (cognitivas, lingüísticas, reflexivas) de participación y deli-beración están condicionadas, en gran medi-da, por el acceso pleno a servicios de calidad educativos, culturales, tecnológicos, de infor-mación, y a la satisfacción de las necesidades básicas de toda la ciudadanía.

40


• La transformación de las bases instituciona-les y los procedimientos de gestión pública, con la perspectiva de acercar el Estado a la in-fluencia democrática de la sociedad y volver-lo así susceptible de permanente escrutinio y control popular.

• La promoción de los derechos de participa-ción que garantiza la nueva Constitución y la puesta en marcha, junto con la sociedad civil, de procesos de formación, educación y comunicación que amplíen las competencias que los ciudadanos y las organizaciones so-ciales requieren para interpelar e interactuar con las instituciones públicas.

En un escenario en que la sociedad ecuatoria-na parece haber agotado parte de sus energías participativas, este rol proactivo del Estado en la promoción de la participación aparece como una tarea ineludible. Debe darse en el marco del respeto irrestricto a los principios de pluralismo, autonomía y autodeterminación de la sociedad civil, el mismo que depende de fijar los criterios y las condiciones -espacios, procedimientos, con-tenidos, fines- en que van a desenvolverse las interacciones entre sociedad y Estado. La Consti-tución establece una multiplicidad de instancias y mecanismos para canalizar tal interacción.

A pesar de que el Gobierno Nacional y muchos gobiernos descentralizados han abierto impor-tantes espacios de diálogo con la ciudadanía, ta-

les como Gabinetes Itinerantes, mesas de diálo-go, observatorios, etcétera, éstos todavía no son plenamente conocidos. El reto es que éstos se constituyan en espacios de participación perma-nentes y periódicos, institucionalizados, parte de la vida cotidiana de la ciudadanía.

Es necesario desde el Gobierno impulsar a la población a una participación más profunda en los procesos de Estado, para consolidar una ciu-dadanía fuerte y construir el Poder Ciudadano. Para ello es necesario innovar las relaciones con las organizaciones sociales y la ciudadanía, pro-mover una ciudadanía activa y potenciar espa-cios de formación y movilización ciudadana.

Conforme lo establece la Constitución, se debe institucionalizar la participación en todos los ni-veles de gobierno. Se debe informar, incentivar y fomentar la organización diversa, equitativa, re-presentativa, democrática y multisectorial de la ciudadanía, para que trabaje de forma conjunta.

El Estado tiene la obligación de garantizar los de-rechos de los ciudadanos a disfrutar de servicios públicos de calidad. En las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-sos (INEC), la mayoría de personas percibe que existen problemas en la cultura institucional de las entidades públicas: trato discriminatorio, trá-mites engorrosos, deficiencias en la cobertura y calidad de la atención en los servicios públicos,

41


fund

amen

tos

especialmente en áreas rurales y periurbanas. Igualmente, la ciudadanía reclama por la inse-guridad que deteriora la calidad de vida de to-das y todos.

El Objetivo 7

Está enfocado a construir y fortalecer el espacio público y de encuentro. Precisa la construcción

de espacios de encuentro común, como ele-mento fundamental para la creación de una

sociedad democrática. Los espacios pú-blicos potencian y dan a los miembros

de la sociedad un sentido de parti-cipación igualitaria y activa en la

construcción de proyectos que involucran intereses comunes.

Para que exista cohesión social,

debe existir gobernabili-dad. En este proceso debe

primar el diá-logo para

a l c a n z a r acuerdos sobre el buen vivir;

se opone a

las tradicionales formas de gobernar en las cua-les, en lugar de alcanzar acuerdos, se vendía pro-mesas e hipotecaba al mismo Estado. En el nue-vo modelo, el diálogo debe buscar el equilibrio en el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y la ciudadanía.

El Objetivo 12

Busca reformar el Estado para el bienestar colec-tivo y está implícito en los preceptos de la Cons-titución, que plantean nuevas modalidades para la selección de dignidades, nuevas atribuciones y responsabilidades.

El Estado en su forma tradicional, se ha caracte-rizado por estar integrado por un conjunto de grupos diferentes, que luchan por defender inte-reses de facciones. Esto ha generado una pugna de poderes constante entre las diferentes fun-ciones del Estado: Gobierno Central, gobiernos autónomos descentralizados y comunidad, que ha impedido el apoyo mutuo y trabajo coordi-nado hacia un fin común. Institucionalmente, el Estado mantenía un modelo caduco, que no contribuyó a lograr los objetivos del desarrollo humano, y que, por el contrario, entorpeció el proceso. Por ello ha sido necesario rediseñar la Institucionalidad del Estado, como herramienta adecuada para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

42


El neoliberalismo, con su tendencia al debilita-miento del Estado, condujo a que éste se convir-tiera en la expresión de los intereses de grupos económicos, que organizaron las instituciones públicas para extraer recursos a la población y transferirlos a élites privadas, dando lugar a los llamados “Estados predatorios”.

La nueva estrategia para el buen vivir requiere de un profundo proceso de transformación y de-mocratización del Estado, para lo cual el gobier-no trabaja en varios sentidos y dimensiones.

La primera, democratización del Estado, implica la recuperación de sus capacidades de planifica-ción, regulación control y redistribución, des-pri-vatización y representación efectiva del interés público. La reforma institucional persigue cons-truir un Estado inteligente, dinámico y estratégi-co que requiere la consolidación de un servicio civil eficiente y orientado a los resultados.

La segunda, es la construcción del Estado plu-rinacional e intercultural. Supone un amplio proceso de reforma institucional, que permita viabilizar las políticas interculturales y el forta-lecimiento de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, para el ejercicio de los derechos colec-tivos. Dentro de ello, es fundamental el recono-cimiento de sus territorios ancestrales y formas propias de gobierno, dentro de las Circunscrip-ciones Territoriales.

43


fund

amen

tos

La tercera dimensión para la democratización, es la construcción de un Estado multicéntrico, des-concentrado y descentralizado. Un Estado demo-crático es necesariamente cercano a la ciudada-nía, la cual se reconoce en su diversidad territorial y cultural. De ahí la necesidad de impulsar un fuerte proceso de desconcentración del ejecutivo y de descentralización hacia los Gobiernos Autó-nomos Descentralizados.

Construir una gestión pública eficiente y vincula-da a la gente, supone un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno, de modo que la acción pública sea complementaria. Es necesario impulsar una organización territorial equitativa, que favorezca la solidaridad y las autonomías responsables y el fortalecimiento de la planifica-ción y su articulación entre los distintos niveles de gobierno.

Se busca con ello la construcción del estado Plu-rinacional, para acabar con el Estado Colonial; la superación de la inequidad regional, del cen-tralismo y la falta de presencia del Estado en los territorios.

El Objetivo 9

Se orienta a fomentar el acceso a la justicia y tie-ne una fuerte relación con el tema de garantías constitucionales y la nueva institucionalidad.

Para que una sociedad funcione armónicamen-te, es necesario un ordenamiento jurídico que se legitime en las condiciones particulares de cada sociedad. Es necesario también que los ciuda-danos conozcan el contenido de la norma, sus derechos y obligaciones sociales; que respeten y cumplan esos preceptos. Sólo de esta manera la sociedad puede erradicar la violencia, el maltra-to, el abuso y el atropello.

En estrecha relación con lo precedente, la re-forma democrática del Estado supone el esta-blecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública y procesos siste-máticos de rendición de cuentas por parte de las autoridades y funcionarios públicos.

Como propone el Plan Nacional Anticorrupción, es necesario construir un país honesto, que ga-rantice el desarrollo humano y el buen vivir de los ecuatorianos. Para ello es indispensable la pre-vención y el desarrollo de mecanismos de com-bate a la corrupción como la Transparencia de Gestión, Proyectos y Reformas de Ley y la Inves-tigación de Actos de Corrupción en el ámbito de la Administración Pública Central e Institucional.

El Objetivo 8

Tiene relación con la afirmación de la identidad nacional y el fortalecimiento de las identidades

44


diversas y la interculturalidad. El nuevo mar-co Constitucional plasma la aspiración de los pueblos originarios del Ecuador de reconocer a nuestro país como plurinacional. Esto obliga a repensar el Estado y sus relaciones con la socie-dad civil, para reconocer la pluralidad que enri-quece al país y entenderlo como una comuni-dad política más amplia, que ofrece espacios de interacción pacífica entre todos y todas.

Es necesario incorporar el nuevo concepto de “interculturalidad”, que representa un avance significativo respecto a las antiguas definiciones de “multiculturalismo” y de “pluriculturalidad”. Estos últimos describen la existencia de múlti-ples culturas en determinado lugar y plantean su reconocimiento y respeto en un marco de igualdad. Sin embargo, no son útiles para anali-zar las relaciones de conflicto o convivencia en-tre las diversas culturas, no permiten examinar otras formas de diversidad regional, de género, generacionales; pero sobre todo, no permiten analizar la capacidad que cada una de ellas tie-ne para contribuir y aportar a la construcción de relaciones de convivencia, equidad, creatividad y construcción de lo nuevo.

Al asumir el mandato constitucional de recono-cimiento y afirmación de la plurinacionalidad y la interculturalidad de la sociedad ecuatoriana, el Estado adopta una concepción de cultura amplia e incluyente. Acoge concepciones que dan cuen-

ta de la multiplicidad de universos simbólicos, expresados en las diversas memorias históricas, así como las prácticas de la vida de los pueblos y nacionalidades que viven en el país y, al mismo tiempo, reconocen las prácticas de grupos cultu-rales que emergen como resultado de las trans-formaciones sociales contemporáneas. Esta nue-va perspectiva permite examinar otras formas de diversidad, tales como la diversidad regional, de género, generacional y, sobre todo, analizar la capacidad de cada una de ellas para contribuir a aportar a la construcción de relaciones de convi-vencia, equidad, diálogo y creatividad.

Entendida de este modo, la interculturalidad aparece como una apuesta al futuro que, junto con el reconocimiento de la plurinacionalidad y el Buen Vivir, tienen la capacidad de lograr acuer-dos entre los actores culturales, sociales, políti-cos e institucionales diferenciados. Su acción está destinada a la construcción de una sociedad diversa, solidaria, soberana y recíproca, capaz de fundamentar una propuesta de desarrollo a lar-go plazo, que permita enfrentar los desafíos de la globalización y sus contradicciones.

El Objetivo 1

Plantea auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial, y está plasmado en el Plan como un proceso de ampliación / de-

45


fund

amen

tos

46


sarrollo de capacidades y libertades humanas. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social constituyen serias barreras para el desarrollo, pues impiden el acceso de los individuos a un conjunto de bienes y servicios claves para su ple-na realización como seres humanos.

Desde la gestión global del Consejo de la Política, se trabaja por el cumplimiento del Objetivo 1 en el que se busca la cohesión y la integración social y territorial. Al fomentar e impulsar la participa-ción y organización ciudadana, al crear puentes para la resolución y transformación de conflictos, al mantener una relación sostenida, continua y armoniosa con otras Funciones del Estado, Go-biernos Autónomos Descentralizados, comuni-dades y otros actores, se impulsa un Ecuador más equitativo e igualitario en todos los sectores de la sociedad, con plena vigencia de los derechos.

El Ecuador vive un intenso proceso de transición del poder político del Estado unitario y su re-distribución en los diferentes niveles de gobier-no. El poder central, desde la perspectiva de la nueva filosofía constitucional, tiene que delegar competencias y distribuir recursos a los diferen-tes gobiernos autónomos descentralizados, las cuales no pueden ser revertidas por decisión unilateral del gobierno central. En este nuevo modelo de organización del poder político en el territorio, las relaciones del gobierno central con los gobiernos locales se caracterizan por su

horizontalidad, democracia y equidad. Se rompe con el viejo esquema de privilegios territoriales a favor de los grandes centros de decisión política y económica.

El presupuesto general del Estado ya no es la ex-presión política del reparto de prebendas y pre-rrogativas hacia las élites locales, mediante asig-naciones preestablecidas sobre las cuales no se rindieron cuentas. Se implementa un nuevo sis-tema de asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, desde principios de cooperación interterritorial, descentralización y autonomías, para proveer de servicios públicos de mejor calidad a las sociedades locales. Es una nueva práctica institucional para romper con los viejos esquemas de la inequidad territorial, dan-do paso a la construcción de un estado unitario descentralizado, modelo en el cual, el Estado re-distribuye competencias a los gobiernos autóno-mos descentralizados para alcanzar el Buen Vivir en el conjunto de la sociedad ecuatoriana.

El proyecto territorial está marcado por una tran-sición, en la cual la titularidad del poder se re-distribuye en el territorio al conjunto de gobier-nos autónomos descentralizados. Esto supera el sentido delegativo y se inscribe en la “voluntad política” de compartir el poder y construir juntos (Gobierno e instancias subnacionales de gobier-nos) la sociedad del Buen Vivir, dentro del siste-ma nacional de competencias.

47


fund

amen

tos

El sistema de transferencia de recursos financie-ros es determinante en la construcción del Esta-do unitario descentralizado, porque el volumen de recursos en manos de los Gobiernos Autóno-mos Descentralizados determina las capacida-des de intervención de cada nivel de gobierno territorial y su legitimidad. Un poder político sin recursos financieros es un poder que se desle-gitima muy rápidamente. Este modelo facilita la formación de comunidades políticas locales identificadas colectivamente con su territorio y provoca mayor cohesión con la comunidad na-cional. La nueva organización territorial del po-der se enriquece no solamente desde lo funcio-nal (cumplir mejor las funciones de proveedores de bienes y servicios públicos) sino también desde lo simbólico (cohesión desde lo cultural, ideológico y afectivo) para que el sistema y las decisiones sean cada vez más legítimos.

La propuesta de planificación descentralizada y participativa fortalece un nuevo tipo de relación del Estado – a nivel nacional y local - con la so-ciedad, promoviendo relaciones más horizonta-les. La Constitución trae un conjunto de nuevas competencias, derechos, responsabilidades, ins-tituciones y mecanismos de participación que la ciudadanía debe utilizar para viabilizar sus pro-puestas. La contradicción radica en que la socie-dad tiene mayores niveles de incidencia política en lo local, tiene derecho de participación y por lo tanto condiciones ideales para concretar sus

48


proyectos, pero se ve frenada, en algunos casos, por obstáculos burocrático-administrativos, evi-denciando que la tan anhelada descentraliza-ción -sobre todo la administrativa- es más formal que real.

El movimiento social va haciéndose conforme se despliega el conflicto social y político que lo constituye. La noción de este tipo de conflicto está en la base del surgimiento de los movimien-tos sociales y la acción colectiva, sea por modi-ficaciones en la disponibilidad para movilizar recursos, como respuesta a situaciones de pri-vación, o como déficit de representaciones que activan la conformación de identidades antisis-témicas. Pero el conflicto social y político no sólo se remite a las “macroestructuras” sociales, está presente en las formas reticulares que atraviesan a toda la sociedad. Engloba “los macroefectos de los microproblemas y los microefectos de los macroacontecimientos1”.

Es sólo en la interacción con otros actores, con el Estado, con el sistema político y con sus propias dinámicas internas, que el movimiento social procesa su experiencia, aprovecha y crea nue-vas oportunidades políticas, elabora su discurso, construye y activa su identidad. Las diferencias y la discusión pueden aportar constructivamente si son manejados de forma adecuada.

1 Sztompka, p. 34; citado por Barrera Augusto 2002.

El conflicto social se expresa bajo formas de rei-vindicación étnica, económica, ambiental, cul-tural, local, regional o nacional, o resistencia al cambio de modelo administrativo, que en de-terminadas circunstancias pueden desbordar los canales convencionales del escenario democrá-tico, debido a que los grupos tradicionales no resolvieron las demandas acumuladas de las ma-yorías nacionales o a que las fuerzas políticas se resisten a los cambios. Las prácticas de los gru-pos de poder clientelares, paternalistas y patriar-cales, corporativizaron el Estado, despolitizaron a la sociedad en su conjunto y la excluyeron de la toma de decisiones sobre temas que eran funda-mentales para su existencia social.

La razón de que microproblemas (conflictos) transciendan al nivel nacional, a la opinión pú-blica e incluso lleguen a tratarse en los niveles más altos de gobierno, es la falta de capacidad de gestión política, de deliberación, de negocia-ción, concertación y manejo de los funcionarios públicos en las primeras instancias. También, en algunos casos, la falta de delegación explícita de autoridad o la falta de mecanismos de delibera-ción y participación, por ejemplo para procesar las demandas, para consensuar los contenidos de las leyes que se someten a la Asamblea Na-cional.

diagnóstico del sector

53


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

El Sector de la Política identificó los proble-mas de acuerdo con la coyuntura actual y en

contraste con líneas estratégicas de su accionar en los próximos tres años. Este diagnóstico del sector pretende analizar la situación actual del país y orientar las acciones de largo plazo que se deben tomar para afrontar los problemas más importantes en el mediano plazo.

El periodo anterior al ascenso del actual go-bierno fue marcado por el crecimiento de agencias estatales sin capacidad de coordina-ción y problemas ligados a la corrupción y falta de representatividad de los partidos políticos, generadores de las severas crisis que el país experimentó desde mediados de la década de los noventa. La cultura política del país se fue impregnando de desconfianza hacia las insti-tuciones de Estado y los partidos políticos. Un ciclo intenso de protestas del movimiento in-dígena y movimientos urbanos espontáneos

generaron la caída de cinco presidentes conse-cutivos; la volatilidad de las preferencias expe-rimentó un crecimiento abrupto, dando paso a la creación de nuevos partidos y movimientos políticos.

El surgimiento de Alianza PAIS, su ascenso al poder y periodo constituyente han generado cambios intensos en el país. También este pe-riodo ha reconstituido las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, entre funciones de Estado y entre instituciones del Ejecutivo.

La actual coyuntura política se caracteriza por una alta conflictividad, marcada por la agenda política del Gobierno, que remueve intereses anclados en el periodo anterior y por la reconfi-guración de los actores sociales y políticos: par-tidos, movimientos sociales y el Estado mismo. A continuación, los principales elementos que definen el periodo actual:

diagnóstico del sector

55


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

La nueva institucionalidad del Estado y la concreción de leyes fundamentales

La actual Constitución del país se gestó a través de alianzas sólidas entre una innumerable canti-dad de actores del Estado y de la sociedad civil. Una vez aprobada la actual Constitución, uno de los grandes retos es la generación de institucio-nes adecuadas, que aseguren la concreción de las leyes fundamentales.

En cuanto a la estructura del Estado, se puede ha-blar de dos tipos de problemas. A pesar de que la gestión del gobierno actual ha avanzado en la generación de espacios de coordinación, todavía se mantienen conflictos asociados a la falta de adecuadas relaciones interinstitucionales y a la existencia de parcelas institucionales. El periodo actual, post Constituyente, se caracteriza por un difícil proceso de reestructura institucional, que requiere negociaciones constantes y adaptación a las nuevas instituciones, pero que no implica una pausa en la concreción de políticas públicas. Esto provoca que los cambios se den en medio de un ambiente agitado.

La relación Ejecutivo - Legislativo y la concreción de una agenda legislativa no son menos difíci-les. La teoría política ha refutado el argumento de que la autonomía entre funciones de Estado

implica que cada uno se mantenga en su espa-cio. La coordinación entre funciones de Estado es un valor central de la nueva política y un he-cho que asegura la existencia de grandes acuer-dos legislativos, sin deteriorar la autonomía de esa función. En el periodo actual, las relaciones ejecutivo - legislativas son fuertemente atacadas por los medios de comunicación y por los prin-cipales grupos de oposición que buscan reedi-tar la vieja pugna de poderes y la reposición de sus intereses. Pese a ello, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo han tenido un fructífero resultado con la aprobación de 26 leyes en el periódo de la Comsión Legislativa y 27 leyes en el periódo agosto 2009 - noviembre 2010 (ver Recuadro 3).

La coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados

La organización territorial del Estado que el pre-sente Gobierno heredó, se caracterizaba por ser inequitativa, centralizada y por duplicar compe-tencias y funciones, generando conflictos por no representar las necesidades e intereses de gru-pos diversos en el territorio. A la vez, no existía suficiente presencia del Estado en los territorios, como muestra en la encuesta de Gobernabilidad realizada en Junio de 2008 por el INEC, lo cual impedía un acceso igualitario a todos los ciuda-danos y ciudadanas.

56


Presencia Institucional del Estado

88,5%

8,4%

3.1%

32,3%

61,7%

6,0%

Si No NC (No contesta)

4,1

4,4

4,0

4,4

4,3

4,1

4,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Eficaces

Rápidas

Preocupadas

Participativas

Transparentes

Flexibles

Dan confianza

Fuente: INEC (2008) / Elaboración: INEC

La estructura histórica de un Estado centralista y lejano para los territorios, ha generado proble-mas de concreción de la política pública en el territorio y la existencia de grandes disparidades territoriales. El gráfico anterior evidencia que la mayor parte de la población ecuatoriana siente que no existe presencia del Estado en el territorio.

La interrelación entre gobiernos autónomos descentralizados requiere no sólo una nueva institucionalidad, sino una adecuada gestión del Ejecutivo en el territorio. Son necesarios canales de diálogo permanente entre el Ejecutivo y el te-rritorio, para la concreción de acuerdos con los Gobiernos Autónomos descentralizados.

Al aprobarse el Código Orgánico de Organiza-ción Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- el Ecuador ha dado un gran salto en

el proceso de descentralización, se identifican claras competencias y responsabilidades en los distintos niveles de gobierno considerados: Go-bierno Central y de nivel intermedio con los go-bernadores como representantes del Ejecutivo; y, los Gobiernos Autónomos Descentralizados representados por autoridades de elección po-pular – prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, distritos metropolitanos y regiones. El nivel intermedio de gobierno, facilita la rela-ción entre el gobierno central y el sub-nacional. Los gobiernos subnacionales, son responsables del suministro y prestación de servicios básicos, en beneficio de los habitantes de su jurisdicción.

La fortaleza en la implementación del proceso de descentralización, entre otros aspectos, se basa fundamentalmente en alcanzar la autonomía fi-nanciera de los Gobierno Autónomos Descentra-lizados, la generación de ingresos propios es una necesidad para reducir la excesiva dependencia del gobierno central y la baja capacidad de ges-tión local. De allí que es importante, trabajar con los GAD para sensibilizar a sus autoridades en el cumplimiento legal y reconocimiento de su ca-pacidad para generar ingresos propios, contra la prestación de servicios básicos de calidad y eje-cución de obra pública, construyendo una base para la creación de una cultura tributaria y pro-curando el reconocimiento de los ciudadanos no solo de sus derechos sino de sus deberes como actores claves en el desarrollo local.

57


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

Espacios de Coordinación del Ejecutivo en el Territorio

Gabinete Zonal

Gabinete Provincial

59


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

Los gobiernos provinciales presentan un índice de dependencia de las transferencias por ley del Gobierno Central del 91.3% en promedio; en tan-to que los Gobiernos Municipales presentan un índice promedio de dependencia del 86.9%. Las Juntas Parroquiales dependen totalmente de las transferencias por Ley con cargo al Presupuesto del Estado.

El acceso a la justicia

Uno de los grandes ejes del Sector de Política es el acceso a la justicia. Generalmente, la justicia es asociada a la capacidad del Estado para con-trolar delitos y administrar penas. El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha dado un giro al con-cepto de justicia, al establecer que se consigue en el largo plazo, atacando los grandes proble-mas estructurales de la sociedad y superando las desigualdades sociales del país.

Además de estar afectada por los grandes pro-blemas de desigualdad, la justicia en el Ecuador ha experimentado problemas en su administra-ción. Sectores relegados y estratos pobres de la sociedad se han topado con una cara coercitiva del Estado; es decir, un sistema de justicia que

Fuen

te: M

EF 2

010

/ MCP

GA

D (2

010)

60


llega para administrar castigos. Simultáneamen-te, ciertas élites se han beneficiado de la corrup-ción y sus delitos han quedado impunes.

Todo esto derivó en una falta de legitimidad del sistema de justicia. El gráfico que se muestra a continuación evidencia que persiste una situa-ción de alta desconfianza en el sistema de justi-cia aunque, en términos generales, es menor a la registrada en el 2004 o años anteriores.

Confianza en las instituciones del Sistema de Justicia

30% 26%

20% 24%23%

74%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Corte Suprema

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tribunales

Confianza en elSistema de Justicia

Fiscalía General

2008

2006

Fuente: Encuesta de valores LAPOP 2008

Es necesario reforzar las acciones del Estado para generar justicia redistributiva para todos los ciu-dadanos, mejorar la administración de justicia y devolver legitimidad a las instituciones de justi-cia, hoy fuertemente criticadas.

Transparencia en la Gestión pública

En cuanto a la transparencia de la información y de la gestión de las autoridades públicas, el primer mandatario ha dado un claro ejemplo del tipo de gestión que busca el gobierno, efec-tuando semanalmente una rendición de cuentas sobre sus actividades a través de los enlaces sa-batinos transmitidos a nivel nacional en radio y televisión.

Ecuador ha tenido una cultura política de buro-cracia poco transparente para con los ciudada-

61


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

nos. El nuevo servidor público que el gobierno busca generar ahora, debe capacitarse continua-mente en atender al ciudadano, conocer a la perfección el servicio que brinda y ofrecer infor-mación constante y oportuna sobre su gestión.

Percepción de Problemas en Trámites en Oficinas Públicas

88,5%

8,4%

3.1%

32,3%

61,7%

6,0%


4,1

4,4

4,0

4,4

4,3

4,1

4,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Eficaces

Rápidas

Preocupadas

Participativas

Transparentes

Flexibles

Dan confianza


En la administración pública, no ha existido un criterio de servicio a la comunidad. No se ha re-conocido que, en las pequeñas quejas e incon-formidades de los ciudadanos, están las raíces de problemas más serios. Escuchar las deman-das ciudadanas y darles el trato correspondiente puede ayudar a detectar pequeños errores en la gestión y corregirlos a tiempo.

En la encuesta de Junio de 2008 del INEC, sección

de Calidad de los Servicios Públicos, la mayoría de personas percibe que existen problemas en los trámites de las oficinas públicas y otorgan ba-jas calificaciones en algunas variables (Gráfico a continuación). En otro apartado de la encuesta, sin embargo, se reconoce que este Gobierno ha dado muestras de mejoría en la atención públi-ca, en especial en los servicios tecnológicos.

Calificación a características de las Instituciones Públicas (0-10)

88,5%

8,4%

3.1%

32,3%

61,7%

6,0%


4,1

4,4

4,0

4,4

4,3

4,1

4,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Eficaces

Rápidas

Preocupadas

Participativas

Transparentes

Flexibles

Dan confianza


Uno de los esfuerzos en los que más se ha avan-zado es el referente al nivel de cumplimiento del art. 7 de la ley, referente a la difusión de la infor-mación pública. Actualmente el 99% de los Mi-nisterios difunden información pública.

62


Nivel de cumplimiento del Art. 7 de la Lotap en el Gabinete (Promedio)

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

84,19% 83,41% 83,62%

91,05%

93,92%96,19%

99,19%

Corrupción Lentitud al resolver los trámites

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

63.1%

30.5% 27.4%

Filas/colas muy largas

Fuente: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

A pesar de los logros que se han obtenido en la consecución de la Ley, se puede evidenciar que no hay procesos serios de socialización, diálogo y construcción conjunta de la información, lo que denota aún una baja pro actividad de parte de las instituciones y funcionarios públicos, en el tema de transparentar la información pública.

Rango de cumplimiento (%)

No. de instituciones por rango %

100 13 3080-99 25 5760-79 4 940-59 2 5

Fuente: Secretaría General de la Administración Pública

Es claro, además, que falta difusión en el territo-rio de las políticas públicas implementadas por el Gobierno, para mantener informada a la ciu-dadanía y permitir que forme su propio criterio, en lugar de aquellos que difunden medios de co-municación que malversan la información.

A pesar de que la gestión del Gobierno ha sido aprobada mayoritariamente por la ciudadanía, más aún, en comparación con otros gobiernos (Latinobarómetro 2008), aún se percibe que existe corrupción en las diferentes entidades del Estado, como lo muestra la misma encuesta del INEC.

¿Usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno que encabeza el presidente?

(aquí solo aprueba)

30% 26%

20% 24%23%

74%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Corte Suprema

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tribunales

Confianza en elSistema de Justicia

Fiscalía General

2008

2006

Fuente: INEC (2008) aprueba / Elaboración: INEC

63


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

Principal problema por alternativa, en la realización de los trámites

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

84,19% 83,41% 83,62%

91,05%

93,92%96,19%

99,19%

Corrupción Lentitud al resolver los trámites

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

63.1%

30.5% 27.4%

Filas/colas muy largas


Es necesario trabajar en el cumplimiento de esta ley y paralelamente encontrar otros modos de difusión de la información, que sean accesibles al alto porcentaje de la población que no dispo-ne de acceso a Internet, así como incentivar a la ciudadanía a hacer uso de esta información.

Participación ciudadanaefectiva y organización social

Construir un país para todas y todos implica un efectivo involucramiento de la sociedad civil y sus organizaciones en la construcción de los procesos políticos y económicos nacionales. La democracia se afirma, de modo sustantivo, en la plena participación ciudadana en la vida públi-

ca del país, de la mano de un fuerte sistema de representación política. Se trata, entonces, de constituir una comunidad de ciudadanas y ciu-dadanos, pueblos e identidades en la que todas las personas afirmen su sentido de pertenencia a ella, ejerzan sus deberes y demanden sus de-rechos, por medio de la participación activa en la toma de decisiones sobre el bien común.

Uno de los más grandes problemas que vivió el país es el debilitamiento de la organización so-cial colectiva, que se redujo considerablemente a partir del 2002. La década de los 90 estuvo marcada por una acción organizativa fuerte y con gran potencial aglutinador; actualmente, la organización social se encuentra fragmentada, existen pocas alianzas entre organizaciones y una reconfiguración de actores de la sociedad civil como el movimiento indígena.

Históricamente no existían mecanismos y ca-nales claros y democráticos de relación de la sociedad civil con el Estado. Según la encuesta levantada por INEC - SENPLADES, aproximada-mente un 30% de la población asegura haber participado en alguna organización, para el año 2008. Esta cifra contrasta con un 3% de la po-blación que asegura haber participado en algún espacio abierto por el Estado. Estos datos refle-

64


jan las dificultades de las organizaciones socia-les para superar una tradición opositora al poder y convertirse en proponentes con el Estado, así como una dificultad del Estado para capitalizar la organización colectiva de la sociedad y llegar a acuerdos con la misma.

El gráfico a continuación demuestra los niveles de participación asociativa, participación no convencional (protestas, manifestaciones) y par-ticipación en interfaces estado - sociedad civil en el Ecuador.

Niveles de participación asociativa, participación no convencional y participación

en interfaces estado - sociedad civil en el Ecuador

0%

10%

30%30% 31%

Urbana Rural Total

49%

37%

28%

53%

3% 3% 3%

30%32%

50%

20%

Participación Asociativa

Participación no convencional

Participación en interfases socio-estatales

Participación total

40%

50%

60%

El Gobierno Nacional y los gobiernos descentra-lizados autónomos han abierto varios espacios de diálogo con la ciudadanía, tales como Gabi-netes Itinerantes, mesas de diálogo nacionales y locales, observatorios, presupuestos participati-vos, entre otros.

Tanto la Constitución de la República como La nueva ley de participación ciudadana (promul-gada el 9 de septiembre del 2009) permite la ins-titucionalización de varios de los mecanismos de participación efectiva en y desde el sector público, así como, desde los espacios de la ini-ciativa social individual y colectiva.

Entre varios otros aspectos destacamos que la Ley de Participación garantiza la democratiza-ción de las relaciones entre ciudadanía y el Es-tado, la igualdad de oportunidades en la partici-pación, el acceso de la ciudadanía a la informa-ción de las entidades públicas, la creación meca-nismos de democracia directa y control social, la implementación de sistemas de discriminación positiva, el respaldo a las iniciativas ciudadanas en propuestas a las instancias de las diferentes funciones del Estado (por ejemplo propuestas de leyes en la Asamblea Nacional).

Fuente: PNUD-SENPLADES (2008) / Elaboración: PNUD-SENPLADES

65


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

Los espacios abiertos desde el Gobierno muchas veces tienen problemas de coordinación inte-rinstitucional para los procesos de procesos de diálogo, esto dificulta la posibilidad de conseguir acuerdos y ejecutarlos.

Según la encuesta mencionada de PNUD-SEN-PLADES, sobre Participación Ciudadana, los nive-les de asociatividad voluntaria, como son clubes deportivos, culturales, organizaciones cívicas, cooperativas agrícolas, grupos filantrópicos, en-tre otros, son relativamente bajos, siendo las mu-jeres las que buscan asociarse en mayor propor-ción y con mayor concentración en el área rural. Este tipo de acciones, fortalecen el ‘tejido social’ y pueden servir de base para el incremento de la asociatividad, la predisposición a la cooperación pública en distintos ámbitos y, por lo tanto, para el fortalecimiento de la democracia.

Participación asociativa por área

16%

17%

18%

19%

20%

21%

Rural Urbana

17,77%

20,81%

Hombre Mujer

20,04%

17,58%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

Participación asociativa por sexo

16%

17%

18%

19%

20%

21%

Rural Urbana

17,77%

20,81%

Hombre Mujer

20,04%

17,58%

16%

17%

18%

19%

20%

21%


El Consejo Sectorial de la Política ha definido, entre sus acciones en este año, la de avanzar ha-cia la consolidación de espacios reales e institu-cionales de participación, generar alianzas pro-gramáticas con la ciudadanía organizada y no organizada y consolidar un nuevo conjunto de actores organizados, que se integren a los cam-bios sociales impulsados por el gobierno, que impactan positivamente en la calidad de vida de los ecuatorianos.


66


Nueva Institucionalidad Constitucional: se impulsa, en coordinación con Secretaría de Pueblos, el rediseño del Registro de Organizaciones Sociales para constituirlo en un instrumento de análisis, interpretación y estrategia par-ticipativa que genere alertas tempranas y se convierta en un poderoso insumo para la toma de decisiones políticas y guie en la solución de conflictos políticos y sociales, lo cual fomenta la gobernabilidad y la consolidación del buen vivir.

Gestión Política Efectiva en el Territorio y Gestión Pú-blica Transparente: se coordina, junto con Secretaría de Pueblos, Ministerio de Justicia, Secretaría de Transparen-cia y Ecorae, el proceso de implementación de los Conse-jos Ciudadanos Sectoriales, previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Estos se constituyen en una instancia efectiva para el ejercicio de la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; además se establecen como un canal de comunicación y diálogo per-manente entre el ejecutivo y las organizaciones sociales. Se ha previsto su conformación hasta mediados de diciembre de este año, 2010.

Agenda Política Intercultural y Plurinacional y, Justicia y Participación Política: se han establecido procesos de diálogo con los Consejos de Gobierno y organizaciones de las nacionalidades amazónicas con el objetivo de crear las condiciones para llegar a un Acuerdo Político Estratégico entre ellas y el Gobierno Nacional. Este Acuerdo establece-ría mecanismos permanentes de diálogo, diseño de agen-das políticas y de política pública sectorial, que permitan avanzar en la construcción del Estado plurinacional e in-tercultural, en el establecimiento de las circunscripciones territoriales indígenas, de los planes de vida, entre otras

demandas y aspiraciones, de las nacionalidades de la Ama-zonía. En este proceso se ha coordinado con el ECORAE, donde se adelantan diálogos con los pueblos y nacionali-dades, mediante sus respectivos Consejos de Gobierno y Organizaciones para impulsar un proceso de similares ca-racterísticas y objetivos.

Agendas para la Igualdad: se ha venido, en coordinación con Secretaría de Pueblos y Ministerio de Justicia, definien-do rutas y escenarios para avanzar en la conformación de los Consejos Nacionales para la Igualdad de Pueblos y Na-cionalidades, así como de Género. En este marco el gobier-no nacional avanza en la construcción de políticas de igual-dad en todos los ministerios y sus mecanismos inmediatos de aplicación.

Capitalización Política en Organización Ciudadana: se apoya, en coordinación con Secretaría de Pueblos, una serie de procesos, uno de cuyos resultados emblemáticos ha sido la constitución de la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales por la Democracia, la misma que in-tegra en su seno a organizaciones y movimientos sociales de todo el país, y que se articulan en defensa del régimen democrático, del gobierno nacional y en rechazo a los in-tentos de golpe de Estado. En esta línea se han establecido diálogos y acuerdos con organizaciones gremiales de la sa-lud, trabajadores eléctricos, de la CNT, OSUMTRANSA, entre otros; así como con organizaciones campesinas, la cuales se han integrado en la Red Agraria. En este marco se halla en ejecución el Proyecto de Fortalecimiento de Organiza-ciones de Segundo Grado, en la Sierra y en la Costa, el mis-mo que crea las condiciones para una interlocución directa entre las organizaciones indígenas y campesinas de base con el Gobierno Nacional.

Recuadro 1.Acciones realizadas por el Consejo Sectorial de la Política en los procesos de

democratización de la participación y la organización social

67


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

68


Recuadro 2.La nueva cara de la Comunicación en el Gobierno de la Revolución Ciudadana.

La nueva política implica una comunicación indepen-diente, diversa, participativa y plural. La Constitución de Montecristi propone cambios sustanciales en los temas de comunicación, medios e información, que permiten una ciudadanía con mayor acceso a las diferentes fuentes y opi-niones. Revisemos que dice la Constitución:

Comunicación e Información.

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colecti-va, tienen derecho a:

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

El acceso universal a las tecnologías de información y co-municación.

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del es-pectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

Integrar los espacios de participación previstos en la Consti-tución en el campo de la comunicación.

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:

Garantizará la asignación, a través de métodos transpa-rentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de ra-dio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes ina-lámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de co-municación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comu-nicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colecti-va, tienen derecho a:

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir informa-ción veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de informa-ción excepto en los casos expresamente establecidos en la

69


diag

nóst

ico

del s

ecto

r

ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programa-ción de los medios de comunicación, y fomentará la crea-ción de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violen-cia, la discriminación, e! racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y e! secreto profesional y la reserva de la fuen-te a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cual-quier actividad de comunicación.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana creo, en enero del 2008, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) con el firme propósito de democratizar, ampliar y modernizar la comunicación hacia la población a lo largo y ancho de todo el país. Varios son los mecanismos para este propósito. La SECOM coordina el informe semanal del Presidente, el periódico EL CIUDADANO en su edición impresa y digital, así como, los programas EL CIUDADANO Radio y EL CIUDA-DANO TV.

Así también coordina y prepara el Enlace Ciudadano en la que el Presidente de la República hace su semanal rendi-ción de cuentas a la ciudadanía; mantiene una constante

emisión de información y noticias a través del portal presi-dencial (www.presidencia.gob.ec), EL CIUDADANO en línea (http://www.elciudadano.gob.ec). Todos estos mecanismos de comunicación tiene secciones que se publican tanto en español como en quichua.

A través de la Unidad de Contacto Ciudadano, en los dos últimos años la SECOM ha capacitado en herramientas de comunicación a varios ciudadanos y ciudadanas, principal-mente del sector rural, y ha creado una exitosa la red de reporteros parroquiales del Ecuador, así como, el apoyo a medios de comunicación locales en las diferentes provin-cias del país.

Por último, es importante anotar que el Gobierno Nacional, es su importante esfuerzo por democratizar la comunica-ción a todos los ciudadanos/as, cumplió con el mandato constitucional al hacer la auditoría a las frecuencias de radio y televisión (transitoria vigésimo cuarta), así como, iniciar un programa de distribución de frecuencias, una por cada nacionalidad indígena del Ecuador.

TRANSITORIA VIGESIMOCUARTA.- Dentro del plazo máximo de treinta días a partir de la aprobación de esta Constitución, el Ejecutivo conformará una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión, cuyo informe se entregará en un plazo máximo de ciento ochenta días.

Para mayor información sobre la Secretaría Nacional de Co-municación ver la página 103 de esta Agenda.

lineamientos estratégicos de política pública

73


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

El Consejo de la Política ha definido algunas políticas que considera prioritarias de acuer-

do a sus ejes de trabajo y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Cada una de ellas es diseñada bajo el esquema de trabajo inter-ministerial, y está orientada a dar respuesta al objetivo nacional de cambios estructurales. De tal manera son operativizados sus planes de trabajo de las entidades en línea:

1. Consolidar la nueva institucionalidad constitucional y leyes para la transformación

El proceso de cambio político y social en el Ecua-dor necesita de la consolidación todas las fun-ciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y Transparencia y Control Social. Tam-bién requiere la elaboración, promulgación y aplicación de las leyes necesarias para este cam-bio. El acuerdo de Montecristi ya ha establecido todas aquellas leyes indispensables para un pro-ceso de transformación real.

Para lograrlo, es importante mantener un segui-miento y coordinación permanente con cada una de las funciones del Estado, principalmen-te en el aspecto referido a la designación de las autoridades y a las agendas de trabajo con el Ejecutivo. Dentro del Ministerio de Coordinación de este Consejo Sectorial se ha creado una direc-ción que promueve este proceso.

En lo referente a la creación de las leyes para la transformación, es vital el trabajo y coordinación con la Asamblea Nacional, a través de la creación de una Secretaría Técnica compartida, el diseño de una agenda común para la elaboración y pro-mulgación de leyes y un sistema de coordinación Ejecutivo-Legislativo para la discusión y segui-miento de las leyes, conocido como el hexágono (instancia de elaboración y seguimiento de pro-puestas de ley dentro del Ejecutivo).

Adicional a la nueva institucionalidad referida a los nuevos poderes, también se establece una

lineamientos estratégicos de política pública

74


75


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

nueva estructura político- administrativa con la creación de un nuevo nivel de gobierno de carác-ter intermedio, y la reasignación de competen-cias previstas en el proceso de regionalización y descentralización establecidas en la constitución y las leyes correspondientes.

El Ministerio Coordinador de la Política y Gobier-nos Autónomos Descentralizados es el encar-gado de viabilizar políticamente el proceso de reforma democrática, cuya ruta está definida en el COOTAD, para lo cual cumplirá un rol de articu-lador de la relación Ejecutivo- GAD.

La implementación y seguimiento de este hito está a cargo tanto del Ministerio de Coordina-ción de la Política y Gobiernos Autónomos Des-centralizados, como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Acciones Responsable

1. Aplicar, monitorear y coordinar la Agenda legislativa para el cambio.

MCPGAD

2. Sistema de coordinación con la Asamblea: Secretaría Técnica y hexágono.

MCPGADMJDHC

3. Comité político de seguimiento a la nueva institucionalidad.

MCPGAD

4. Diseñar y aplicar la consulta prelegislativa para canalizar aspiraciones indígenas.

MCPGAD

5. Crear el sistema único integrado de registro de organizaciones para consultas prelegislativa.

SPPC

6. Dar seguimiento a la elección de las autoridades de control y contribuir al funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social.

MCPGAD

7. Coordinar la ruta política de la descentralización con SENPLADES y Consejos Sectoriales.

MCPGAD

8. Establecer los mecanismos de concertación del Ejecutivo con los GAD y sus Asociaciones

MCPGAD

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentra-lizados; MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; SPPC: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

2. Lograr una gestión política efectiva del Ejecutivo en territorio

La organización del Estado ecuatoriano, en su conjunto, genera muchas inequidades, lo que ha contribuido por años al aumento de la bre-cha socio-económica y la profundización de di-ferencias entre pobres y ricos, derivando en la

76


focalización de grupos de poder. Existe una gran centralización en la gestión, que perjudica a las personas con menos recursos, para quienes re-sulta más difícil acceder a ciertos beneficios.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha pro-puesto a la sociedad ecuatoriana un cambio fundamental del andamiaje institucional del Ejecutivo en el territorio, basado en el impulso de la reorganización local, para llegar a configu-rar regiones más equitativas, que brinden opor-tunidades similares y permitan la solidaridad entre los más y menos beneficiados.

En el actual período de gobierno, el Consejo Sectorial de la Política ha propuesto, entre otros temas, consolidar los procesos de organización, coordinación y trabajo conjunto entre los Go-biernos Autónomos Descentralizados, las go-bernaciones, tenencias políticas, jefaturas polí-ticas y organizaciones ciudadanas locales. Este proceso permitirá que las diferentes adminis-traciones territoriales cuenten con una efectiva aplicación de las políticas para el manejo del presupuesto del Estado, la planificación y eje-cución de obras, así como desarrollo y descen-tralización local planificada.

Será fundamental institucionalizar las evalua-ciones y capacitación de los representantes del Ejecutivo en el territorio (gobernadores, tenien-tes y jefes políticos, directores ministeriales,

entre otros) como una política esencial de de-sarrollo local y control social de los mandantes sobre sus autoridades. Es imperativo desarrollar las capacidades técnico-políticas en diferentes instituciones del Ejecutivo, así como mejorar las herramientas administrativas dentro del pro-ceso de reforma democrática de las entidades públicas.

Con el fin de fortalecer la relación de coopera-ción del Ejecutivo con los Gobiernos Autóno-mos Descentralizados, el MCPGAD es el encar-gado de la organización y procesamiento de los acuerdos con los GAD en los Gabinetes Itineran-tes y de sistematizar las demandas agregadas por sector y por provincia, para ser canalizadas en los Consejos Sectoriales respectivos.

77


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

Para hacer efectivo este hito, los responsables de su ejecución dentro del Consejo Sectorial de la Política serán el Ministerio de Coordinación del sector, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Pueblos, en coordinación con la Secretaría de Planificación y Desarrollo.


1. Consolidar los gabinetes provin-ciales y las coordinaciones con gobiernos locales.

MCPGADMI

2. Institucionalizar el sistema de evaluación de la acción de los representantes del gobierno en el territorio.

MIMCPGAD

3. Aplicar un programa de edu-cación y capacitación para los representantes del gobierno en el territorio.

MCPGADMI

4. Implementar el Programa de Comunicación masiva (correo electrónico y SMS).

MCPGADMI

SPPC

5. Impulsar los Consejos Ciudada-nos Sectoriales.

SPPCSENPLADES

6. Crear la Agenda con Gobiernos Autónomos Descentralizados (organización territorial, descen-tralización y participación).

MCPGADSENPLADES

7. Culminar el proceso de refor-ma y desconcentración de las instituciones del Sector de la Política.

MPCGADSENPLADES

8. Institucionalizar el sistema de manejo de conflictos socioam-bientales.

SPPCMI

9. Consolidar la Unidad de Análisis Político y el Sistema de Informa-ción Política.

MCPGAD

10. Implementar el sistema de acuerdos entre el Ejecutivo y los GAD en los Gabinetes Itinerantes.

MCPGAD

11. Atender eficientemente las de-mandas de los GAD a través de los Consejos Sectoriales.

MCPGAD

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descen-tralizados; MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; SPPC: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; MI: Ministerio del Interior.

3. Alcanzar una gestión pública transparente

La corrupción es uno de los más graves fenóme-nos que experimentan las sociedades contem-poráneas. Sus manifestaciones han erosionado las bases del sistema democrático, afectando los niveles tanto públicos como privados. La débil participación ciudadana y la característica de es-casa transparencia de la gestión pública y privada son manifestaciones de que la corrupción se ha

78


convertido en un problema que, atravesando la cotidianidad de la vida nacional, está gravitando de manera aguda en la disminución de la calidad de vida de la población y en el desarrollo social del país. Sin embargo, no solo la corrupción, sino la impunidad en los procesos de justicia e inves-tigación de los delitos de corrupción a cualquier nivel han desgastado la credibilidad ciudadana en la institucionalidad pública.

Para enfrentar este problema, tanto en un pro-ceso reactivo como propositivo y de prevención, el Consejo Sectorial de la política la ha propues-to al país desarrollar aspectos prioritarios como la armonización del marco jurídico en temas de transparencia y la coordinación interinstitucio-nal en la lucha contra la corrupción a través de la aplicación del Plan Nacional Anticorrupción. El Plan también interviene decididamente sobre la implementación de sistemas de control sobre los procesos de investigación y seguimiento de las denuncias de corrupción, así como, el incentivo a la ciudadanía para participar en los procesos de prevención, educación y combate a la impu-nidad, a través de veedurías de la gestión pública y privada.

Uno de los grandes retos que plantea la Constitu-ción del 2008, el Código de Orgánico de Ordena-miento Territorial y Descentralización, el Código de Planificación y Finanzas, la Ley de Participa-ción, es el impulso de procesos de gestión lo-

cal participativa, eficiente, incluyente, intercultu-ral, transparente y con procesos de rendición de cuentas; el MCPGAD a través de la coordinación con las Asociaciones de los GAD, promoverá su implementación y difusión.

Por último, el Consejo Sectorial ha propuesto un trabajo de mediano y largo plazo para el mejo-

79


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

ramiento de los procesos en entidades públicas que hacen trámites ciudadanos, fomentando nuevamente la cultura de transparencia y con-trol.

Si bien la mayor parte de las actividades de este hito se desarrollan dentro de la Secretaría Nacio-nal de Transparencia de Gestión, existe la cola-boración del resto de instituciones del Consejo Sectorial como son el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Coordi-nación entre los principales.


1. Aplicar el Plan Nacional Anti-corrupción (armonización del Marco Jurídico en temas de transparencia y coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción).

SNTG

2. Implementar los sistemas de control de procesos de contra-tación e investigación y segui-miento de denuncias (reducir la impunidad de los casos de corrupción).

SNTG

3. Incentivar la participación ciudadana en los procesos de prevención, transparencia, com-bate a la corrupción mediante mecanismos de rendición de cuentas.

SNTG

4. Impulsar las veedurías sociales para el control en la gestión de instituciones del sector público y privado.

SNTGSPPC

5. Mejoramiento de procesos de entidades públicas que hacen trámites ciudadanos, para fomentar la cultura de la trans-parencia y el autocontrol en los servidores públicos.

SNTG

6. Viabilizar la investigación rea-lizada por la Comisión de la Verdad.

MJDHCMI

7. Implementar el programa de ética y valores con referentes ecuatorianos.

MCPGAD

8. Impulsar una gestión participa-tiva, incluyente, intercultural, eficiente, transparente y con rendición de cuentas, en los Gobiernos Autónomos Descen-tralizados

MCPGAD

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descen-tralizados; MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; SNTG: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión; MI: Ministerio del Interior.

4. Aplicar una justicia y participación política para todos y todas

A partir de la creación del Ministerio de Justi-cia, Derechos Humanos y Cultos, el Gobierno del Ecuador tomó la firme decisión de reformar y modernizar la institucionalidad y los procedi-mientos del sector justicia en el país. Este pro-

80


ceso está ligado a la promoción y garantía de los principios de los derechos humanos en cada una de las acciones y políticas públicas promo-vidas por la Revolución Ciudadana. La Justicia no debe ser privilegio de pocos, sino un dere-cho de todos y todas, en igualdad de condicio-nes, en cualquier situación. La Justicia debe te-ner un enfoque integral que trascienda el orden punitivo, avanzando hacia una democracia más plena y justa.

Sin embargo, aún falta mucho por avanzar para alcanzar una justicia y una garantía de los de-rechos humanos plena, equitativa e igualitaria. Así, el Consejo de la Política está trabajando en varios frentes que incluyen: la creación de un sistema de seguimiento y rendición de cuentas del sector justicia, la implementación del có-digo de la función judicial, la regulación de los ámbitos de aplicación de la justicia indígena, el mejoramiento del acceso a los servicios de justi-cia y la universalización del conocimiento sobre derechos humanos y la justicia.

Así también, este gobierno ha visto necesario impulsar la participación política de los ciuda-danos, como parte fundamental del proceso de cambio. Desde el Ejecutivo asumimos la respon-sabilidad de institucionalizar la participación de la ciudadanía en los procesos de Estado siendo consecuentes con el pacto de Montecristi; esto

es por un lado (1) informar, incentivar y fomen-tar la organización diversa, equitativa, represen-tativa, democrática y multisectorial, y por otro (2) proveer mecanismos y herramientas para que la ciudadanía se encamine a un proceso de organizaciones sociales fuertes, que conozcan sus deberes y derechos, y que participen activa-mente en los procesos de Estado de forma cons-tructiva.

Debido a que el proceso debe ser de responsa-bilidad compartida, donde se fomentará la par-ticipación y organización ciudadana, el Consejo Sectorial impulsará que existan espacios en los que la ciudadanía pueda ejercer su participa-ción, por lo que esta política pretende generar estos espacios en los que se diseñen las políticas públicas y se discutan las normas propuestas desde varios sectores, así como contribuir con el seguimiento ciudadano para que se implemen-te de forma efectiva. Del mismo modo, se debe observar los mecanismos de control social pre-vistos en la constitución como la iniciativa po-pular legislativa y las consultas populares.

La mayor parte de las acciones sobre este hito han sido encargadas al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y a la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, con el apoyo del Ministerio del In-terior y la Secretaría Nacional de Comunicación.

81


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

82



1. Regular los ámbitos de aplicación de la justicia indígena.

SPPCMJDHC

2. Crear el Sistema Único de Justicia y Rendición de Cuentas (segui-miento de procesos y causas).

MJDHC

3. Implementación del Código de la Función Judicial MJDHC

4. Resolver institucionalidad de Po-licía Judicial. MJDHC

5. Aplicar la participación en la construcción de las Circunscrip-ciones Territoriales Indígenas y afroecuatorianas.

SPPCECORAE

6. Implementar mecanismos de participación ciudadana a través de la Red de gobiernos autóno-mos descentralizados.

MCPGADMI

7. Implementar escuelas ciudada-nas locales y programas de for-mación y pensamiento político.

SPPC

8. Crear nuevas campañas pro-de-rechos ciudadanos, para promo-ver la educación ciudadana.

MJDHCSECOM

SPPC

9. Transformar el acceso ciudadano a los servicios y el conocimiento so-bre justicia y derechos humanos.

MJDHC

10. Institucionalizar el sistema de voluntariado civil, que involucre la participación juvenil activa.

SPPCMI

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descen-tralizados; MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; SNTG: Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión; MI: Ministerio del Interior; SPPC: Secretaría de Pue-blos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; ECORAE: Instituto para el Ecodesa-rrollo de la Región Amazónica.

5. Definir y ejecutar la Agenda política intercultural y plurinacional

La construcción del Estado Plurinacional y la aplicación del enfoque transversal para la inter-culturalidad es un proceso de corto, mediano y largo plazos. Es necesario delinear un escenario de transición y construcción conjunta, para mo-dificar la estructura de un Estado concebido bajo un modelo hegemónico y dominante.

En esta perspectiva, el Consejo Sectorial de la Po-lítica ha priorizado varias acciones y políticas pú-blicas tendientes a garantizar la aplicación de los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos internacionales vigentes, pa-ralos pueblos, nacionalidades y grupos sociales diversos del país. Para ello resulta indispensable el diálogo entre las diferentes instituciones del Estado, que permita tomar decisiones óptimas y eficientes en la concreción de este proceso.

Una agenda política intercultural y plurinacional significa la aplicación del Plan Nacional contra el Racismo y la Exclusión, la implementación del Plan Estratégico Amazónico, el impulso a la creación de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas y, sobre todo, la continuación y afianzamiento del diálogo para la coordinación con las organizaciones indígenas y afroecuatorianas de base, que permita ejecutar acciones de desarrollo y reivindicación histórica.

83


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

Estamos convencidos que la lucha histórica por la concepción de la plurinacionalidad y la inter-culturalidad plena es también el desafío por la lucha en contra de la exclusión, la inequidad y la pobreza.

Para dar cumplimiento a las acciones sobre este hito, el Consejo Sectorial de la Política ha defini-do el trabajo organizado a partir de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participa-ción Ciudadana y el Instituto para el Ecodesarro-llo de la Región Amazónica, con el apoyo del Mi-nisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y la Secretaría Nacional de Comunicación.


1. Aplicar las políticas intercultura-les para todas las instituciones de cada consejo sectorial (ruta de im-plementación acordada).

MCPGADSPPC

2. Coordinar y aplicar el Plan Nacio-nal contra la exclusión y el racismo.

SPPCSECOM

3. Crear e implementar el Plan Estra-tégico Amazónico (Cumbre Ama-zónica, Universidad Amazónica, Plan Circunscripción Territorial Especial Amazónica y Proyecto de Ley de la Circunscripción).

ECORAE

4. Conformar Circunscripciones Te-rritoriales Indígenas y Afroecuato-rianas.

ECORAESPPC

5. Culminar el proceso de redistribu-ción de tierras a favor de comuni-dades.

SPPCMCPGAD

6. Culminar los procesos de demo-cratización de los medios de co-municación hacia comunidades locales.

SPPCMCPGAD

7. Lanzar la Campaña Nacional Pro Derechos de Pueblos y Nacionali-dades, y grupos de las diversida-des urbanas.

SPPCECORAESECOM

8. Impulsar el diálogo con organiza-ciones indígenas.

SPPCMCPGAD

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentra-lizados; MJDHC: SPPC: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciuda-dana; ECORAE: Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica; SECOM: Secretaría Nacional de Comunicación.

6. Consolidar las Agendas para la Igualdad

En concordancia con las acciones para el hito an-terior, el Consejo Sectorial de la Política cree fun-damental la transversalización de los enfoques de interculturalidad y la aplicación de las políti-cas de igualdad, equidad y combate a la pobre-za. Esto significa la rápida y efectiva implementa-ción de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que fueron consagrados en la Constitución de Montecristi.

Los actuales Consejos y Consorcio de Pueblos y Nacionalidades, afroecuatorianos y montubios

84


deben pasar por un rápido proceso de transi-ción hasta constituirse en los Consejos para la Igualdad. Hablamos del actual Consejo de Desa-rrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecua-dor (CODENPE), la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) y el Consejo de Desa-rrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuato-riana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC).

El seguimiento de la transición y creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad estará a cargo tanto del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentrali-

zados, como de la Secretaría de Pueblos, Movi-mientos Sociales y Participación Ciudadana.


1. Impulsar la creación y aproba-ción de la Ley de Igualdad. MCPGAD

2. Implementar los Consejos Na-cionales de Igualdad.

SPPCMCPGAD

3. Implementar las agendas na-cionales para igualdad por cada consejo.

SPPCMCPGAD

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descen-tralizados; MJDHC: SPPC: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

85


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

7. Crear mecanismos de capitalización políti-ca en organización ciudadana

En el actual gobierno se ha desarrollado una línea de trabajo tendiente a la concreción de agendas programáticas con los diferentes acto-res y movimientos sociales en el país. La Revo-lución Ciudadana está convencida de que sin el apoyo de base será muy difícil proponer y aplicar un proceso rápido y radical de transformación.

El Presidente de la República ha encargado al Consejo Sectorial de la Política un proceso res-ponsable, transparente y duradero de relación

con los actores sociales y políticos del país así como también con los gobiernos autónomos descentralizados. Para ello se necesita mantener una comunicación fluida con múltiples actores en las diversas localidades del país, lograr coordi-nación política en el territorio, entablar procesos de diálogo y concertación política que permitan capitalizar la gestión y programas del gobierno, así como visibilizar los proyectos y obras de la Revolución Ciudadana.

Una limitante, en este ámbito, es el escaso cono-cimiento que tiene la ciudadanía acerca de las acciones y políticas del Gobierno. La informa-

86


ción resulta insuficiente y, en la mayoría de los casos, es tergiversada y expresada en términos de la oposición, a través de algunos medios de comunicación masivos tradicionales. Llegar en forma efectiva a la población implica hacerlo de manera directa, con medios alternativos y demo-cratizados, explicando a la ciudadanía lo que se está haciendo. Solo así podrá tomar una postura informada válida y aportar al mejoramiento del país. Esto, sin embargo, no significa que se exclu-ya la obligación de informar, de manera adecua-da, a través de los medios tradicionales.

Las acciones sobre este hito serán coordinadas tanto por el Ministerio de la Coordinación de la Política, como de la Secretaría de Pueblos, Movi-mientos Sociales y Participación Ciudadana y la Secretaría Nacional de Comunicación.


1. Conformar procesos de organi-zación ciudadana territorializada. MCPGAD

2. Estructurar los programas de ca-pacitación y educación política ciudadana de base.

MCPGAD

3. Concretar las alianzas y agendas programáticas nacionales y loca-les (coordinadora de movimien-tos sociales).

MCPGAD

4. Definir una sólida política de alianzas y coordinación con orga-nizaciones juveniles, sindicales, entre otros, con perspectiva de corto, mediano y largo alcance.

MCPGAD

5. Definir y desarrollar un programa de pensamiento y análisis político. MCPGAD

6. Creación de las escuelas de for-mación ciudadana. SPPC

7. Consolidar los equipos políticos territoriales. MCPGAD

8. Generar espacios de comunica-ción para el debate político (TV, impresos, radio, foros).

SECOM

* MCPGAD: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentra-lizados; MJDHC: SPPC: Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciuda-dana; SECOM: Secretaría Nacional de Comunicación.

87


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s de

polít

ica

públ

ica

programas y proyectos prioritarios

91


prog

ram

as y

pro

yect

os p

riorit

ario

s

A continuación se presenta una descripción de los principales programas o proyectos que, cada una de las instituciones que conforman el sector de la política, implementará durante este

año.

INSTITUCIÓN PROYECTO PRIORITARIO


Fortalecer la gobernabilidad democrática y promover la gobernanza, en coordinación con las demás funciones del Estado

Diseñar y conducir política y estratégicamente la seguridad interna, en coordinación con otros organismos relacionados

Diseñar, ejecutar y evaluar políticas de seguridad ciudadana, con un enfoque integral y un sentido de participación y corresponsabilidad

Diseñar y evaluar las políticas institucionales de la Policía Nacional, para el logro de sus responsabilidades Constitucionales

Regular las políticas públicas para garantizar la libertad de cultos

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

Fortalecer los procesos socioeconómicos, políticos y culturales de la ciudadanía, para con-solidar el poder ciudadano.

Fortalecer las capacidades socio-organizativas y políticas de las y los ciudadanos a fin de que asuman el ejercicio pleno de sus deberes y derechos.

Viabilizar la agenda política entre el Estado y la sociedad, tejiendo redes que articulen las políticas públicas hacia las organizaciones, pueblos y ciudadanía.

Fortalecer a la Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

programas y proyectos prioritarios

92


93


prog

ram

as y

pro

yect

os p

riorit

ario

s

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Generar Herramientas Técnicas y Normas para el Diseño e Implementación de Políticas Na-cionales con enfoque de Derechos Humanos.

Sistema de Indicadores de Justicia y Derechos Humanos.

Coordinar el Diseño y Monitoreo de la Implementación de Políticas de Atención Integral a las personas adultas y adolescentes privadas de la libertad.

Crear espacios de articulación para la implementación y monitoreo de políticas transversa-les que transformen el Sector Justicia.

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.

Incrementar la transparencia de la Administración Pública, a través del establecimiento de un sistema integrado de transparencia de la gestión y de control de la corrupción en el sector público.Reducir la impunidad de los casos de corrupción, mediante la implementación de sistemas de investigación y seguimiento de denuncias.

Incrementar la participación ciudadana en los procesos de prevención, transparencia, com-bate a la corrupción mediante mecanismos de rendición de cuentas.

Incrementar la capacidad operativa de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico.

Fomentar el desarrollo regional amazónico.

Contribuir a la extensión de protección y cobertura universal de la salud y transporte fluvial y aéreo en la Amazonía

Contribuir al mejoramiento de la accesibilidad a las comunidades amazónicas

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Diseñar estrategias adecuadas para la coordinación y aplicación de las políticas sectoriales.

Apoyar el fortalecimiento de capacidades en los GADs para potenciar el desarrollo de sus competencias.

Diseñar las líneas estratégicas para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural

Diseñar e implementar un sistema de comunicación y vinculación permanente con orga-nizaciones sociales


Implementación de ruedas de prensa, cabina de Carondelet, Enlace Ciudadano, cadenas nacionales y módulo de prensa externa.

Hacer las coberturas gubernamentales, implementar el periódico El Ciudadano, el progra-ma El Ciudadano TV y El Ciudadano Online. Implementar la agencia de noticias ANDES.

Coordinar con miembros del gabinete ampliado, implementar el sistema de discurso políti-co unificado, campañas provinciales y cronograma de actividades provinciales

lineamientos estratégicos del sector

97


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s del

sect

or

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados

Misión: Coordinar con el Ejecutivo y demás fun-ciones del estado, políticas y acciones que garan-ticen una correcta articulación con los diferentes niveles de gobierno y con los diversos actores políticos y sociales, en el ámbito nacional e in-ternacional, para construir una conciencia social que lleve a prácticas participativas, democráti-cas, incluyentes, justas y eficientes, coherentes con el Proyecto de la Revolución Ciudadana.

Visión: El Ministerio de Coordinación de la Po-lítica es una institución pública que impulsa la construcción de una nueva sociedad, a través de la participación activa de la ciudadanía, ga-rantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, para consolidar la democracia parti-cipativa, la gestión pública eficiente, descentrali-

lineamientos estratégicos del sector

zada y territorialmente desconcentrada y la inte-gración regional.

Objetivos estratégicos:

•Establecer mecanismos de coordinación in-terinstitucional con el Ejecutivo y otros Po-deres del Estado.

•Fortalecer las relaciones con organizaciones sociales, políticas y ciudadanía, promovien-do la participación ciudadana y potenciali-zando los espacios de formación e informa-ción ciudadana.

•Promover la gestión política en la institucio-nalidad del estado.

•Establecer mecanismos para hacer efectiva la relación fluida entre el estado y la ciuda-danía.

Más información: www.mcpolitica.gob.ec

98


Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Misión: Garantizar acceso a justicia oportuna, independiente y de calidad; asegurar rehabilita-ción social efectiva, promover la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos, me-diante políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones relacionadas con el sistema de justicia; regular y supervisar las or-ganizaciones de cultos.

Visión: El Ministerio de Justicia y Derechos Hu-manos será una institución dinámica, de alta credibilidad y transparencia, efectiva y eficiente, que transforme el sistema de justicia ecuatoria-no en un referente de gestión pública a nivel in-ternacional.

Objetivos Estratégicos:

•Crear espacios de articulación para la imple-mentación y monitoreo de políticas trans-versales que transformen el sector justicia.

•Coordinar el diseño y monitoreo de la imple-mentación de políticas de atención integral a las personas adultas y adolescentes priva-dos de la libertad.

•Generar herramientas técnicas y normas para el diseño e implementación de políticas na-cionales con enfoque en Derechos Humanos.

Más información: www.minjusticia-ddhh.gov.ec*


Misión: Ejercer la rectoría de la política pública sobre el régimen administrativo interno y las po-líticas institucionales de la Policía Nacional, ga-rantizando la seguridad ciudadana, la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado, en el mar-co del respeto a los derechos humanos, la inclu-sión social y la participación ciudadana.

Visión: El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos es reconocido por la sociedad como la entidad que, con estricto respeto a los derechos huma-nos, la inclusión social y la participación ciudada-na, genera las condiciones fundamentales para el Desarrollo Nacional, al garantizar la Seguridad Interna y Ciudadana, al igual que los consensos con los diferentes niveles de gobierno y actores sociales.


•Fortalecer la Gobernabilidad Democrática y promover la gobernanza, en coordinación con las demás funciones del Estado.

•Diseñar y conducir política y estratégica-mente la seguridad interna, en coordinación con otros organismos relacionados.

•Diseñar, ejecutar y evaluar políticas de segu-ridad ciudadana, con un enfoque integral y un sentido de participación y corresponsabi-lidad.

99


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s del

sect

or

100


•Diseñar y evaluar las políticas institucionales de la Policía Nacional, para el logro de sus responsabilidades Constitucionales.

•Regular las políticas públicas para garantizar la libertad de cultos.

•Conducir y evaluar la gestión de las gober-naciones y sus dependencias administrativas sobre la gobernabilidad, prevención de con-flictos, seguridad, riesgos y conducción de la función Ejecutiva en las provincias.

•Generar políticas y proyectos que tengan por objetivo tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en el marco de un nuevo modelo de Estado social de derecho.

•Garantizar el manejo eficiente de los recur-sos de la organización, facilitando la operati-vidad de acciones que coadyuven al cumpli-miento de fines y propósitos institucionales.

Más información: www.mingobierno.gob.ec

Instituto para el EcodesarrolloRegional Amazónico

Misión: Promover y ejecutar una gestión pública en la Amazonía, para garantizar el buen vivir de sus pobladores a través del desarrollo sustenta-ble.

Visión: ECORAE es una entidad técnica, eficiente y transparente, que lidera, implementa, coordina y promueve políticas públicas para convertir a la Amazonía en el espacio de convivencia armóni-ca, bajo los principios de la sustentabilidad, inter-culturalidad, democracia y bienestar colectivo.


•Transformar el ECORAE, bajo un nuevo esque-ma conceptual, estratégico, orgánico y fun-

101


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s del

sect

or

cional, adaptado a los mandatos legales de la Constitución vigente.

•Ampliar la protección y cobertura universal de salud integral, garantizar transporte te-rrestre, fluvial y aéreo en la Amazonía, con servicios de calidad y eliminar las barreras que generan inequidad y exclusión, recupe-rando así la salud como un derecho ciudada-no y bajo criterios de interculturalidad.

•Viabilizar la infraestructura prioritaria de apoyo a la producción y desarrollo de la Amazonía.

Más información: www.ecorae.gob.ec

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana

Misión: La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana es el orga-nismo rector y coordinador de la política pública que garantiza el derecho a la participación ciu-dadana intercultural desde el Ejecutivo, median-te acciones destinadas a estimular y consolidar a los pueblos, los movimientos sociales y la ciuda-danía en las decisiones clave del nuevo modelo de desarrollo.

Visión: Institución pública que impulsa la parti-cipación ciudadana y la interculturalidad, como ejes fundamentales de una democracia inclu-

yente, que garantiza el derecho de las nacionali-dades, de los pueblos, de las organizaciones y de los ciudadanos/as a su pleno desarrollo: el buen vivir.


•Viabilizar la agenda política entre el Ejecuti-vo y la sociedad, tejiendo redes que articulen las políticas públicas hacia las organizacio-nes, pueblos, nacionalidades y ciudadanía.

102


•Fortalecer las capacidades socio-organizati-vas y políticas de las y los ciudadanos a fin de que asuman el ejercicio pleno de sus debe-res y derechos.

•Fortalecer los procesos socioeconómicos, políticos y culturales de la ciudadanía, para consolidar la acción y participación ciudada-na.

Más información: www.secretariadepueblos.gob.ec

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG)

Misión: Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública, garantizar el combate a la corrup-ción en la Administración Pública e Instituciones comprendidas en el sector público, por constituir una Política de Estado, asumir como un servicio y rendición de cuentas a la comunidad, aplicar es-trategias de prevención de actos de corrupción, investigar denuncias, propiciar veedurías con participación ciudadana.

Visión: Ser la entidad referente y líder en el fo-mento e incentivo de la Transparencia de la Gestión, práctica de principios éticos en la Ad-ministración Pública central e institucional, así como también en las corporaciones, fundacio-nes, sociedades civiles compañías mercantiles y empresas públicas en las que el estado tenga participación mayoritaria, a través de promover la transparencia de la gestión, la prevención, e investigación de denuncias para combatir la co-rrupción y la impunidad

Objetivos estratégicos:

•Promover una administración gubernamen-tal transparente, a través de establecer un sis-tema integrado de transparencia de la ges-tión y de control de la corrupción en el sector público.

•Reducir la impunidad de los casos de corrup-ción.

•Promover la participación ciudadana en los procesos de prevención, transparencia, com-

103


linea

mie

ntos

est

raté

gico

s del

sect

or

bate a la corrupción y los mecanismos de rendición de cuentas de las entidades del sector público. Fortalecer mecanismos de coordinación y seguimiento a las institucio-nes de control y entidades judiciales relacio-nadas con la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción.

•Propiciar el fortalecimiento institucional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.

Más información: www.secretariatransparencia.gob.ec


Misión: Diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación e infor-mación del Gobierno Nacional, para garantizar una acción sistemática, orgánica, ordenada y res-ponsable, en procura de los objetivos nacionales del gobierno.


•Difundir de manera oportuna y continua la información sobre las acciones del gobierno, coordinando con los medios de comunica-ción internos y externos la efectividad de sus servicios informativos.

•Crear mejores oportunidades de comunica-ción e información y aprovechar las ventajas que ofrecen los avances tecnológicos para

desarrollar medios alternativos e incorpo-rarlos al sistema estatal de comunicación e información.

•Formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de Comunicación Social del Go-bierno de la República, para servir de la mejor forma como el vínculo entre el Gobierno Na-cional y el Pueblo del Ecuador.

Más información: www.elciudadano.gob.ec

*Desde enero de 2011, se utilizará la denominación “gob”

104


Recuadro 3.Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional

en coordinación entre el Ejecutivo y el LegislativoComisión Legislativa y de Fiscalización (2008- 2009):

1. Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador.

2. Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera.

3. Ley Derogatoria del literal e) del Art. 139 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

4. Ley Orgánica Reformatoria del Mandato Constitu-yente Nº 23.

5. Ley de Minería

6. Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constitu-yente No. 2

7. Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Exterior.

8. Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Ci-vil y Carrera Administrativa y al Código del Trabajo.

9. Código Orgánico de la Función Judicial.

10. Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y otras normas.

11. Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, y a las Leyes del ISSFA E ISSPOL.

12. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Po-líticas de la República del Ecuador (Código de la Democracia)

13. Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica el Delito de Genocidio y Etnocidio.

14. Ley Reformatoria a la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, Consulares y de los Organismos Internacionales

15. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Ali-mentaria.

16. Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Segu-ridad Social.

17. Ley Reformatoria a la Ley de Compañías.

18. Ley Reformatoria a la Ley de Personal de la Policía Nacional

19. Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuer-zas Armadas.

20. Ley Reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional

21. Ley Orgánica de la Función Legislativa

22. Ley Interpretativa al Art. 1 de la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente N° 2

23. Ley Reformatoria al Título V, libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia

24. Ley para el Pago Mensual del Fondo de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado

25. Ley Orgánica Reformatoria de la Disposición Tran-sitoria Primera del Mandato Constituyente N° 14

26. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

105


Asamblea Nacional (Agos. 2009 - Nov. 2010):

1. Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Con-trol Social

2. Ley de Seguridad Pública y del Estado

3. Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Régimen Provincial

4. Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constitu-yente N° 10

5. Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado

6. Ley Orgánica de Empresas Públicas

7. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Con-trol Constitucional

8. Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa

9. Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador

10. Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad

11. Ley Reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal

12. Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos

13. Ley Orgánica de Participación Ciudadana

14. Ley Derogatoria del Art. 38 de la Ley de Migra-ción; y, de exoneración económico tributaria a favor de los ciudadanos Haitianos

15. Ley Reformatoria al Código Penal para la Tipifi-cación de los Delitos cometidos en el Servicio Militar y Policial

16. Ley Derogatoria N° 1 para la Depuración de la Normativa Legal

17. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

18. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación

19. Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publica-do en el RO 971 de 20 de junio de 1996 y Ley N° 2003-5 publicada en el RO 90 de 27 de mayo de 2003

20. Ley Derogatoria N° 2 para la Depuración de la Normativa Legal

21. Ley de Protección de Inmunidad de la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008

22. Ley Orgánica de Educación Superior

23. Ley Orgánica de Organización Territorial, Autono-mía y Descentralización

24. Ley Orgánica de Servicio Público

25. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-blicas

26. Reforma a la Ley de la Seguridad Social (P

27. Ley Orgánica de la Producción, Comercio e Inver-siones

Calle Venezuela E3-66 entre Sucre y Espejo · Segundo Piso, Teléfonos: (593 2) 2953-196 2953-029 · Quito Ecuadorwww.mcpolitica.gob.ec

· Programas del Consejo Sectorial de la Política Fundamentos ... ñada desde Aristóteles hace...

Documents

Transcript of · Programas del Consejo Sectorial de la Política Fundamentos ... ñada desde Aristóteles hace...