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La cada del imperio templario1 ABRIL, 2015 Jaime Rivera Velzquez
Michoacn comienza a liberarse de manera
definitiva de la cruel presencia de Los Caballeros
nexos hoyVIERNES, 3 DE ABRIL DE
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definitiva de la cruel presencia de Los Caballeros
Templarios, ahora que su lder, Servando Gmez
Martnez, La Tuta, est recluido en el penal del
Altiplano. Otra buena noticia, asegura Jaime
Rivera en este anlisis, es la reduccin de la
incidencia de delitos de alto impacto, registrada a
partir de la intervencin federal en enero de 2014.
Para este estado castigado financieramente, sin
embargo, lo ms difcil ser establecer un
gobierno acotado por la ley y la transparencia.
Con la captura de Servando Gmez Martnez,
alias La Tuta, se cerr un ciclo de la intervencin
federal de excepcin en Michoacn. En realidad,
la importancia de La Tuta como capo ya era ms
simblica que efectiva; la detencin o muerte de
los otros jefes de Los Caballeros Templarios, la
2015
LA SEMANA SANTA
La pasinreligiosaJean Meyer
Nuevocatecismo paraindios remisosCarlos Monsivis
Anniedesapareci enSemana Santa
Sabina Berman
guila, nopal ycruz
Solange Alberro
EDICIN IMPRESA
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merma de su poder armado y el
desmantelamiento de la red de proteccin
gubernamental haban hecho de esa organizacin
criminal una sombra de lo que era apenas un ao
atrs.
La
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desarticulacin del crtel de Los Caballeros
Templarios (surgido en 2011 tras una escisin de
La Familia Michoacana) haba empezado en
enero de 2014, cuando el gobierno federal se
decidi por fin a hacerse cargo directamente de la
seguridad y la gobernabilidad de Michoacn, tras
varios aos de deterioro institucional, desorden y
violencia. En diciembre de 2013 la entidad
pareca encaminarse a una guerra civil: las
huestes del Movimiento de Autodefensa
avanzaban por el territorio para enfrentar o
desalojar a los templarios, mientras el gobierno
estatal, impotente, delataba sus fracturas y su
Actualidad delpasado
LaexperienciareligiosaJean Meyer
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Las razonesde latmbola
AMLO yChigurh
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infiltracin por la delincuencia. El gobierno federal
no tena una estrategia definida para enfrentar la
crisis michoacana, quiz ni siquiera un
diagnstico certero de la situacin, pero tampoco
poda esperar ms. El 13 de enero de 2014 el
presidente Enrique Pea Nieto visit por primera
vez Morelia y anunci un plan de rescate de
Michoacn por medio de una Comisin para la
Seguridad y el Desarrollo Integral, encabezada
por Alfredo Castillo Cervantes, un hombre de toda
la confianza presidencial. En trminos prcticos,
se trataba de una intervencin federal directa en
las reas neurlgicas del gobierno local: la
seguridad y las finanzas.
El gobierno federal se fij dos objetivos
inmediatos: combatir frontalmente al crimen
La ciudadque nosinventa
La identidadde gneronos viene dela naturaleza
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organizado y contener a los grupos de
autodefensa. Sin un avance sustancial en pos de
ellos, es decir, sin un mnimo de paz y seguridad,
nada ms se podra hacer. Pero no eran
suficientes. Urga tambin depurar a los gobiernos
locales y reactivar la economa.
La primera tarea requiri un despliegue masivo de
fuerzas de la Polica Federal, el Ejrcito y la
Armada, as como sustituir a los titulares y
mandos de las reas de seguridad del gobierno
estatal. Hubo, adems, un cambio tctico discreto
pero de consecuencias importantes: las fuerzas
federales empezaron a actuar sin coordinacin
con el gobierno del estado, esa divisa con la que
el gobierno de Pea Nieto trat de diferenciar su
poltica de seguridad respecto a la de su
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antecesor, pero que en Michoacn implicaba un
lastre, dada la colusin de algunas reas del
poder local con la delincuencia. La nueva tctica
dio pronto resultados resonantes: en menos de
tres meses casi todos los principales lderes de
Los Caballeros Templarios (el To Loya Plancarte,
el Chayo Moreno, el Kike Plancarte, el Toro
Vzquez y otros de menor peso) estaban presos o
muertos. Slo faltaba La Tuta, el protagonista de
videos que exhibieron la vinculacin con l de
numerosos personajes pblicos. Un factor
relevante de ese xito fue la colaboracin con las
fuerzas federales de los grupos de autodefensa,
quienes conocan el terreno, identificaban a jefes
de plaza de los templarios y sealaban algunas de
sus guaridas. El crtel de Los Caballeros
Templarios, que durante cinco aos haba
mundo. Primer
Reporte 2015
El juego de la
Suprema Corte
Los franeleros
La brjula
Cmo le va al
mercado del arte en
estos tiempos?
La rotativa
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construido un verdadero imperio criminal que
traficaba drogas, contrabandeaba minerales,
secuestraba, expoliaba a productores, se
apoderaba de huertas, dominaba territorios,
controlaba a policas municipales, mandaba sobre
alcaldes y tena cmplices en la cspide del
gobierno del estado, de pronto se vio cercado,
perseguido y decapitado. No desaparecieron
todas las bandas integrantes del crtel, pero
perdieron el mando centralizado, la proteccin de
los gobiernos y la capacidad de dominio territorial.
El imperio criminal monoplico dio paso a bandas
menores y a una delincuencia comn diseminada.
El cambio en la incidencia delictiva no fue
inmediato ni tuvo una tendencia unvoca. En los
primeros meses de 2014 el registro de homicidios
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aument levemente, en parte debido a los
enfrentamientos de las fuerzas federales y los
grupos de autodefensa contra los templarios; las
tasas de secuestros y extorsiones variaron poco
hasta junio. Tras la cada de varios cabecillas de
la organizacin criminal y la detencin de
centenares de mandos medios, sicarios y
halcones, la violencia empez a disminuir. A partir
de julio de 2014 los homicidios muestran un
declive, y los secuestros y las extorsiones una
cada drstica; como contrapartida, los robos de
distintas modalidades persisten con una
tendencia sin grandes cambios (ver grficas).
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Aparte de desarticular a la organizacin de Los
Caballeros Templarios, el otro gran apremio del
gobierno federal era la contencin de los grupos
de autodefensa. Surgidos como una reaccin
legtima frente a la opresin y la impunidad de los
templarios, los grupos de autodefensa no slo se
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hallaban fuera de la ley, sino que implicaban
muchos riesgos: infiltracin por delincuentes,
conflictos armados internos, abusos contra la
poblacin por falta de disciplina y desafos a la
autoridad del Estado. De hecho, todos esos
riesgos se materializaron en algn grado. Por eso
el comisionado Castillo despleg hacia las
autodefensas dos lneas de accin que no eran
fciles de conciliar: aprovechar su colaboracin en
el combate a los templarios y promover su
institucionalizacin o desarme. Para sorpresa de
muchos, Castillo logr en poco tiempo un pacto
con los lderes de las autodefensas para
convertirlas en un nuevo cuerpo de polica
(Fuerza Rural) integrado en la Seguridad Pblica
estatal, que a su vez entrara en proceso de
depuracin y nueva profesionalizacin. Se
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trataba, nada menos, que de devolver al Estado el
monopolio de la fuerza legtima. La
institucionalizacin no fue fcil ni total. Unos tres
mil miembros de las autodefensas y algunos de
sus liderazgos solicitaron su ingreso a la Fuerza
Rural, y de ellos, unos 900 aprobaron los
controles de confianza y fueron aceptados. Otros
guardias optaron por volver a su trabajo, y no
pocos buscaron seguir armados por su cuenta,
fuese para defenderse o para delinquir. Algunos
lderes, como Jos Manuel Mireles, intentaron
convertir a las autodefensas en un movimiento
insurgente y desafiaron abiertamente al gobierno.
Mireles fue detenido y sigue preso. La
heterogeneidad y la precaria disciplina en las filas
de la nueva Fuerza Rural dieron lugar a
rivalidades entre lderes, cuya manifestacin ms
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trgica ocurri el 16 de diciembre, cuando grupos
encabezados por Hiplito Mora y Antonio Torres
se enfrentaron entre s, con un saldo de 11
muertes; ambos lderes estn presos. El
fenmeno de grupos civiles armados sigue
latente, pero ya no tiene la magnitud ni el
potencial explosivo que tena un ao atrs.
La depuracin y reestructuracin de las fuerzas
de seguridad locales tambin han tenido
resultados apreciables. Unos 800 elementos de la
Secretara de Seguridad Pblica estatal fueron
dados de baja por no aprobar los controles de
confianza. En 26 municipios (de un total de 113),
ms de mil 200 policas municipales fueron
cesados, y la Polica Federal se hizo cargo por
entero de la seguridad. En otros municipios
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muchos elementos policiacos pidieron su baja
voluntariamente. Ms de 300 miembros de
policas estatales o municipales, incluidos mandos
directivos y medios, se hallan sujetos a proceso
penal. Adems, todas las corporaciones de polica
estn en procesos de evaluacin y control de
confianza, y el mando unificado estatal abarca ya
a 107 municipios.
En cuanto a la depuracin de los gobiernos
locales, la accin ms notable fue la detencin del
secretario de Gobierno y ex gobernador interino,
Jess Reyna, por presunta complicidad con los
templarios. Adems, cinco presidentes
municipales fueron detenidos y procesados
penalmente por vnculos con el crimen
organizado; uno ms fue arrestado y destituido
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por peculado; no son pocos los alcaldes que an
temen aparecer en un video con La Tuta y correr
la misma suerte. Tambin fue encarcelado, por
motivos semejantes, un hijo del gobernador
Fausto Vallejo. Por otra parte, tres altos ex
funcionarios del gobierno de Leonel Godoy (dos
secretarios de Finanzas y el de Obras Pblicas)
fueron sometidos a proceso penal por peculado;
adems, decenas de mandos medios de la misma
administracin han sido inhabilitados por
irregularidades administrativas.
A la luz de tales resultados, puede decirse que la
intervencin federal en Michoacn ha sido
exitosa. Sin embargo, persisten varios de los
factores que indirectamente produjeron la crisis
de inseguridad e ingobernabilidad y, en
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consecuencia, hay riesgos de recada. En primer
lugar, el gobierno de Michoacn sigue en quiebra,
y con l muchos de los ayuntamientos. La deuda
heredada por el gobierno de Godoy entre
crditos bancarios, adeudos fiscales y falta de
pago a proveedores se aproxima a los 30 mil
millones de pesos. El gobierno de Vallejo trat de
reestructurar la deuda para tener un respiro, pero
logr muy poco; adems, incurri tambin en
desvos y grave desorden administrativo. Muchos
gobiernos municipales tambin se hayan en crisis
financiera, en parte porque el gobierno del estado
no cumpli con sus aportaciones para inversiones
conjuntas (Obra convenida) y otro tanto por los
impuestos que tenan que pagar al crimen
organizado. El gobierno sustituto de Salvador
Jara, con apoyo federal, empieza a poner orden
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en la administracin, pero est semiparalizado
por falta de recursos. Apenas logra pagar la
nmina (abultada como nunca durante los aos
de auge petrolero) y enfrenta continuos reclamos
y paros de los sindicatos de empleados pblicos.
Un agravante es que la ayuda financiera que el
presidente Pea Nieto ofreci en enero de 2014,
estimada por l mismo en 45 mil 500 millones de
pesos, en realidad estaba comprendida en
recursos ya presupuestados para el estado. La
inyeccin adicional apenas ronda los cinco mil
millones de pesos, mucho menos de lo que el
servicio de la deuda absorbe en un solo ao. Un
gobierno sin dinero y agobiado por las deudas
puede hacer muy poco para atender las ingentes
necesidades sociales e impulsar el desarrollo
econmico.
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Otro hoyo negro de las finanzas estatales se
localiza en el sector educativo. Ao tras ao la
Secretara de Educacin gasta cuatro mil o cinco
mil millones de pesos ms de lo presupuestado,
tan slo para apaciguar momentneamente las
presiones del llamado magisterio democrtico. A
falta de otros rubros suficientemente grandes de
gasto pblico, el presupuesto de Salud (incluido el
Seguro Popular) suele ser la principal vctima
proveedora de los recursos extraordinarios para
educacin. As lo han hecho por lo menos los
tres ltimos gobiernos estatales, y ni siquiera el
comisionado Castillo se atrevi a cambiar esa
poltica. En 2014 el gobierno estatal, con
anuencia del federal, volvi a otorgar cerca de mil
plazas docentes automticas a normalistas, sin
concurso ni evaluacin de por medio. En los
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hechos, el gobierno federal ya renunci por ahora
a aplicar en Michoacn la reforma educativa. Y
por los efectos polticos de la tragedia de Iguala,
es poco probable que siquiera lo intente en los
prximos aos.
No se
puede
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menospreciar lo que significa para los
michoacanos que se haya desmantelado un
imperio criminal y recuperado una seguridad
pblica aceptable. Sin embargo, Michoacn
necesita mucho ms que eso. La intervencin
federal directa ha sido muy til para salvar al
estado de su hundimiento total, pero no se puede
suplir indefinidamente a las instituciones locales.
Es indispensable que las fuerzas polticas de la
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entidad asuman la conduccin de sus asuntos. De
hecho, entre la clase poltica local, en los medios
de informacin y aun en algunas franjas de la
poblacin en general hay malestar por un
sentimiento de invasin por forasteros,
sentimiento que influy en el retiro del
comisionado Castillo. Las prximas elecciones de
gobernador, diputados y ayuntamientos cuyo
proceso est transcurriendo en paz y conforme a
la ley ofrecen una oportunidad para renovar las
polticas de gobierno, pero slo a condicin de
que los actores polticos relevantes quieran y
puedan cambiar las reglas del juego. Y eso no
ser fcil. El gobierno y la sociedad locales siguen
atrapados en un entramado institucional vicioso
que los condena al desorden y al atraso.
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Tal vez siga siendo necesaria la intervencin
federal por un tiempo ms, aunque en trminos
diferentes. El nuevo gobierno del estado
necesitar ms dinero para poder actuar y la
entidad requiere ms inversiones federales y
privadas. De otra forma, continuar el deterioro
institucional y la gobernabilidad ser muy
precaria. Pero la inyeccin de recursos debera
condicionarse a un cambio de reglas del juego:
ms aplicacin de la ley, ms control del gasto y
transparencia; menos corrupcin y menos
debilidad y complicidad frente a los grupos de
presin. Michoacn necesita una suerte de Plan
Marshall como el que se aplic en la Alemania de
la posguerra, cuando las fuerzas americanas de
ocupacin no slo aportaron crditos e
inversiones, sino tambin indujeron una
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reconstruccin institucional de carcter
democrtico. La reconstruccin institucional
necesaria en Michoacn se llama imperio de la
ley.
Jaime Rivera Velzquez
Politlogo.
Informacin proporcionada por fuentes de la
Secretara de Seguridad Pblica del estado de
Michoacn.
Se trata de los presidentes municipales de
Apatzingn, Aguililla, Huetamo y Ptzcuaro, del
PRI, y de Lzaro Crdenas, del PRD.
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El alcalde de Tacmbaro, del PAN.
Segn el informe de la Auditora Superior de la
Federacin, en 2013 los gastos desviados de su
objetivo y otras irregularidades del gobierno de
Michoacn suman 6,649.7 millones de pesos. En
el ndice de desempeo de la gestin del gasto
federalizado por entidad federativa, Michoacn
obtuvo en el mismo ao un valor de 37.9 puntos,
el ms bajo de todo el pas ; el valor ms alto,
80.4, lo obtuvo Quertaro. (Auditora Superior de
la Federacin, Informe General de la Cuenta
Pblica de 2013).
2015 Abril, Expediente.
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